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Etiqueta: APRODECO

Organizaciones de personas consumidoras proponen cinco medidas contra la acreencia irresponsable

OMERCON y APRODECO comparecieron ante la Comisión de Asuntos Económicos mientras se discute la posibilidad de elevar las tasas máximas de interés

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO) plantearon ante la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas para lograr lo que llaman «inclusión financiera real, sin desmantelar las protecciones vigentes». Según las organizaciones, el problema no es el límite a las tasas de interés, sino la acreencia irresponsable: el otorgamiento de crédito sin verificar la capacidad real de pago de quien lo solicita.

Jaime Mora y Yeikol Zúñiga, en representación de OMERCON, y Luis Vives, por APRODECO, comparecieron el 17 de noviembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, que debate si el país debe elevar las tasas máximas de interés.

Topes a las tasas en la OCDE

De acuerdo con el comunicado, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no eliminan los topes a las tasas de interés, sino que los mantienen. Francia los revisa trimestralmente, Italia los ajusta por fórmula y Japón los fijó por ley en un 20 %. Según las organizaciones, lo que distingue a esos países es que imponen al prestamista la obligación legal de verificar que la persona que pide un crédito tiene capacidad real de pagarlo, algo que Costa Rica aún no exige.

Las organizaciones señalan que esa omisión tiene consecuencias visibles: alrededor de 776.000 expedientes de cobro judicial activos en el Poder Judicial. Según el comunicado, detrás de cada expediente suele haber una persona o una familia que primero fue buscada activamente por un prestamista, luego se sobreendeudó más allá de su capacidad de pago y finalmente fue excluida del sistema financiero formal con su récord crediticio afectado. Sin acceso al crédito regulado, esa persona queda expuesta al mercado informal, incluido el llamado «gota a gota».

OMERCON y APRODECO sostienen que, cuando la tasa de interés es lo suficientemente alta, una cartera con alta morosidad sigue siendo rentable, porque los intereses de quienes pagan cubren las pérdidas de quienes no pueden hacerlo. Así, afirman, el prestamista traslada el costo del riesgo a la persona deudora, a su familia, al Poder Judicial y a la sociedad. Agregan que si se obligara a prestar únicamente a personas con capacidad documentada de pago, como exige la Directiva (UE) 2023/2225 de la Unión Europea, el riesgo de la cartera bajaría y con él la justificación para cobrar tasas del 36 % o el 51 %.

Las cinco propuestas

  1. Sancionar la acreencia irresponsable. Quien otorgue crédito sin verificar la solvencia real de la persona deudora perdería el derecho a cobrar los intereses, como ocurre, según las organizaciones, en la mayoría de los países de la Unión Europea.
  2. Limpiar los récords crediticios afectados por deudas prescritas. Según el comunicado, miles de personas mantienen anotaciones en el Centro de Información Crediticia (CIC) por obligaciones ya prescritas, y eliminarlas requiere costos legales que no pueden asumir. Se propone que el juez pueda aplicar la prescripción de oficio. Las organizaciones estiman que esto devolvería el acceso al crédito formal a miles de personas y aliviaría cerca de la mitad de la carga cobratoria del Poder Judicial.
  3. Crear un Sistema Nacional de Avales para el Crédito de Consumo del Buen Vivir. Un aval público para operaciones de consumo responsable (electrodomésticos, emergencias de salud, educación, imprevistos del hogar) permitiría, según las organizaciones, bajar la tasa a cerca de un tercio de la actual. Señalan que instrumentos similares existen en Francia, el Reino Unido, Corea del Sur y otros países de la OCDE. Con un aval bien diseñado, afirman, quien hoy paga el 51 % podría acceder a crédito al 15 % o 17 %.
  4. Un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas en Mora no Prescritas. Según el comunicado, bancos y financieras venden sus carteras morosas a empresas de cobro por entre el 10 % y el 20 % de su valor nominal, y luego estas buscan recuperar el 100 %. La propuesta es que la misma entidad que otorgó el crédito ofrezca a la persona deudora condiciones excepcionales: tasa reducida, plazo ampliado y eliminación de costos legales y de la mora acumulada. Así podría pagar una cuota razonable y recuperar su historial crediticio.
  5. Aprobar una Ley de Defensa del Consumidor Financiero con estándares de la OCDE. Las organizaciones indicaron ante la comisión que no hace falta inventar nada, sino voluntad política para adoptar buenas prácticas ya probadas.

El debate sobre el gota a gota

OMERCON y APRODECO cuestionan el argumento de quienes promueven elevar las tasas máximas, según el cual el crédito informal crece porque el formal es demasiado caro o restrictivo. Para las organizaciones, la causalidad es la inversa: el gota a gota es consecuencia de la exclusión financiera, que comienza con el sobreendeudamiento irresponsable, sigue con el impago y la anotación en el récord crediticio, y termina con la salida del sistema formal.

En su criterio, eliminar el tope a las tasas no resolvería ese ciclo, sino que lo alimentaría. Lo que proponen, en cambio, es «poner orden en el mercado»: exigir responsabilidad a quien presta, devolver a las personas con deudas prescritas la posibilidad de empezar de nuevo y crear instrumentos públicos que bajen el costo del crédito sin desproteger a las personas consumidoras.

Alertan sobre una “pandemia social” de sobreendeudamiento

715.780 deudas están en cobro judicial al cierre del 2024

El Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) y la Unidad en Acción Sindical emitieron un pronunciamiento sobre la creciente gravedad del sobreendeudamiento en el país, situación que califican como un fenómeno estructural que compromete la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares.

Según los datos más recientes del Poder Judicial, al cierre del 2024 existían 715.780 procesos de cobro judicial activos. Dado que cada expediente puede involucrar a más de una persona, las organizaciones estiman que el 40% de la población trabajadora está actualmente excluida del sistema financiero formal, lo que implica que gran parte de ellas debe recurrir a créditos informales, más caros y riesgosos.

Un sistema que excluye y reproduce deudas impagables

Los especialistas participantes del conversatorio que se realiza este miércoles en el Colegio de Abogados señalaron que los créditos de consumo —no los productivos— son los que hoy impulsan el endeudamiento masivo, debido a:

  • Tasas de interés desproporcionadas, que llegan al 36% o incluso 51%, lo cual, según el documento, implica que las entidades financieras asumen pérdidas esperadas de entre 20 y 30 puntos, aceptando de antemano que alrededor de 30 de cada 100 créditos caerán en mora.
  • La existencia de incentivos legales y normativos que permiten sobreendeudar a personas vulnerables sin responsabilidad para las entidades que otorgan créditos.
  • La informalidad crediticia:
    • 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.
    • 28,8% no figura ante el Ministerio de Hacienda.

Esta falta de trazabilidad y control incrementa el riesgo de abuso y legitimación de capitales, además de dejar a miles de personas fuera de mecanismos de protección.

Testimonios y advertencias de especialistas

Adriana Rojas Rivero (APRODECO)

Denuncia “asimetrías groseras” entre consumidores y entidades financieras, donde los acreedores tienen plena ventaja técnica y legal para actuar contra personas vulnerables. Subraya la urgente necesidad de una ley robusta de protección al consumidor financiero, similar a estándares europeos.

Recordó que el crédito debería utilizarse únicamente cuando contribuye a aumentar patrimonio, recomendando no comprometer más del 30% de los ingresos netos en deudas.

David Carreras (SINAE Afines – UAS)

Advierte que el crédito de consumo es el que más crece en el país:
₡33 de cada ₡100 otorgados corresponden a este tipo de financiamiento.
Además, explica que buena parte de los supuestos “créditos de vivienda” son en realidad refinanciamientos de consumo con garantía hipotecaria, lo que distorsiona la estructura del crédito y desvía recursos que deberían impulsar actividades productivas.

Yeikol Zúñiga (OMERCON)

Plantea la necesidad de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas, orientado a personas sobreendeudadas o “manchadas”, que permita:

  • Limpiar el historial crediticio,
  • Reintegrar a las personas al sistema financiero formal,
  • Reducir la sobrecarga del Poder Judicial ante cientos de miles de procesos de cobro.

Asegura que la medida beneficiaría simultáneamente a consumidores, entidades financieras y al Estado.

Un llamado urgente al Estado costarricense

OMERCON, SINAE Afines y la Unidad en Acción Sindical reiteran que el país enfrenta una auténtica pandemia social: el sobreendeudamiento masivo, que deteriora las condiciones de vida, limita el acceso a derechos y excluye a miles de familias del sistema financiero.

Por ello piden a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley de defensa del consumidor financiero, así como políticas públicas efectivas que protejan a las personas de deudas abusivas e impagables.

Conversatorio analizará el endeudamiento de los hogares: ¿qué podemos hacer?

OMERCON, SINAE Afines y la Confederación Sindical Unidad en la Acción Sindical (UAS) convocan a un conversatorio especializado sobre una de las problemáticas más urgentes para la población costarricense: el endeudamiento de los hogares, tema que continúa generando presión económica, social y emocional en miles de familias.

La actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre, a las 9:00 a.m., en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El objetivo es ofrecer elementos de análisis y alternativas prácticas para enfrentar el sobreendeudamiento, desde una perspectiva multidisciplinaria que reúne a especialistas en justicia, finanzas, asesoría social y organización sindical.

Panel de personas expositoras

El conversatorio contará con la participación de profesionales de altísimo nivel:

  • Msc. Daniel Jiménez Rodríguez, Poder Judicial.
    Juez con amplia trayectoria y profundo conocimiento de los conflictos derivados del endeudamiento y sus implicaciones legales.

  • Msc. Adriana Rojas Rivero, APRODECO.
    Abogada experta en conflictos financieros, con amplia experiencia en acompañamiento y asesoría a personas consumidoras.

  • Lic. David Carrera Herrera, SINAE Afines – UAS.
    Presidente de organización sindical que enfrenta diariamente las congojas y dificultades crediticias de trabajadoras y trabajadores.

  • Lic. Yeikol Zuñiga Vargas, OMERCON.
    Profesional con visión integral sobre alternativas y acciones para enfrentar esta problemática desde la organización social.

Un espacio urgente para el país

El sobreendeudamiento se ha convertido en un fenómeno extendido que afecta la estabilidad económica de los hogares, incide en la salud mental, limita la productividad y genera múltiples formas de vulnerabilidad social.
Este conversatorio busca abrir un espacio de reflexión y acción para comprender el origen del problema, las responsabilidades institucionales y las rutas posibles para su atención.

Detalles de la actividad

  • Fecha: Miércoles 19 de noviembre

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

  • Organizan: OMERCON, SINAE Afines y UAS

  • Confirmar asistencia: 8742-4095 (Priscilla Mora)