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Etiqueta: áreas protegidas

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Mala gestión del SINAC compromete conservación de recursos forestales, señala la CGR

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe DFOE-SOS-IAD-00004-2025, en el que advierte sobre deficiencias graves en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente en las áreas de conservación Osa, Pacífico Central y La Amistad Caribe.

El informe concluye que los procesos y controles del SINAC no cumplen, en aspectos significativos, con el marco legal y técnico vigente. Entre los principales hallazgos destacan que más del 83% de los permisos revisados incumplen controles técnicos y de gestión documental, y que 32 de los 49 permisos analizados carecen de informe de regencia de cierre, aun cuando sus contratos ya vencieron.

Asimismo, se reporta la inoperancia del sistema digital de gestión forestal, con un 90% de los expedientes aún sin digitalizar y sin integración adecuada de módulos. A pesar de haberse presupuestado $325.000 para su desarrollo en 2024, estos fondos fueron redirigidos a otros gastos. También se señala la ausencia de un modelo institucional para fomentar la ética, la falta de gestión de riesgos de corrupción y errores graves como la autorización indebida de la tala de 59 árboles en el Refugio Gandoca-Manzanillo.

De acuerdo con la CGR, estas deficiencias comprometen la capacidad del SINAC para garantizar una conservación forestal sostenible, lo que representa un incumplimiento directo de la Ley Forestal.

Le invitamos a descargar el informe completo aquí

Asociación reitera denuncia contra ministro de Ambiente por presuntos delitos ambientales

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) envió el pasado 7 de mayo un oficio al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reiterando su denuncia formal contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntos delitos ambientales.

En el documento AEL-00209-2025, la organización aclara y enfatiza los puntos expuestos en una denuncia previa (AEL-00201-2025) del 3 de mayo, señalando que la respuesta recibida por parte de la Fiscalía General fue inadecuada al remitir el caso a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, instancia que, según indican, carece de potestad para investigar a un miembro de los supremos poderes.

La asociación manifiesta que el ministro Tattenbach Capra emitió la Directriz 09-2023, que habría permitido desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas como humedales, bosques, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, causando daños al Sitio Ramsar 783, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Adicionalmente, la AEL denuncia el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), cuestionando su idoneidad para el cargo por ser especialista en Turismo Sostenible y no reunir, según su criterio, las condiciones necesarias para el manejo de Áreas Silvestres Protegidas.

En el oficio, la asociación refiere la existencia de un expediente penal (23-000041-0611-PE) que, señalan, permanece inactivo. También hacen mención a un insumo (DFOE-DEC-01-00004-2024) dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La organización solicita la intervención directa del fiscal general para detener lo que describen como «desmanes del ministro» y expresan preocupación por una posible situación de crimen organizado en la gestión de recursos naturales. El documento fue remitido también a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía de la República.

Puede consultar los siguientes documentos como referencia del caso:

Directriz No.09-2023-ACLAC (2)

SINAC-SE-DE-0046-2025-

RESOLUCION_DFOE-DEC-5250(20012)-2024

En Lo que importa: Refugio Gandoca Manzanillo

Esta semana en Lo que importa: ¿Cuál es el impacto de la intervención humana en el Refugio Nacional Gandoca Manzanillo?

La bióloga Lilliana Piedra, de la Universidad Nacional, nos comparte su análisis sobre cómo los megaproyectos hoteleros amenazan la biodiversidad del Caribe Sur. «Permitir un megaproyecto hotelero en el Caribe tendría un gran impacto negativo en la conservación de la biodiversidad… y no sabemos cuántos más», advierte la experta.

No se pierda la repetición este domingo a las 12:30 p.m. 

Lo que importa se transmite los jueves a las 7:30 p.m., también los viernes a las 8:30 a.m por el Quince UCR.

¡Sintonízalo!

 

Compartido con SURCOS por Alejandra Fernández.

Denuncia sobre Pozo La Meseta

CONCEVERDE presentó una denuncia hacia el alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría y al Concejo Municipal.

CONCEVERDE señala la negligencia municipal dado que en el 2023 se violenta el área protegida del Pozo La Meseta con obras constructivas. Esto se respalda con la Ley de aguas, que establece un área de protección de 200 metros, incluyendo pozos. Se cuenta con informes del  AyA que dan mérito para realizar dicha denuncia. 

El 6 de noviembre del 2023, Erick Campos, de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial de la Municipalidad, recomendó no otorgar permisos para construcciones en la zona. 

SENARA en el oficio-GG-0136-2024, del 6 de febrero del 2024, establece que se considera área protegida y debe de ser de protección  por el recurso subterráneo, para prevenir el riesgo de contaminación. Estas recomendaciones por SENARA, en dicho oficio, son definitivas y de acatamiento obligatorio para instituciones públicas y privadas. 

Por los motivos anteriormente mencionados la petitoria consta de 10 puntos, entre ellos se menciona, respetar lo indicado por La Ley de Aguas; prevenir la contaminación subterránea; evitar la infiltración de aguas contaminantes al área; exigir un sistema de manejo de aguas residuales; no otorgar los permisos de construcción dentro de los 200m establecidos y para las construcciones ya realizados, establecer un sistema adecuado para el desecho de residuos.

Corredor biológico Paso de las Lapas – Alternativas

El Programa de radio Alternativas, bajo el lema “pensar libremente, para construir un país y un mundo integralmente mejores», transmitió un conversatorio sobre el Corredor Biológico Paso de las Lapas el pasado 8 de setiembre. 

El panel de personas invitadas estuvo integrado por: 

  • Luis Ángel Salazar Oses – exfuncionario SINAC y enlace de corredores Biológicos.
  • Karol Murillo – presidenta del Comité Local CBPL.
  • Guillermo Espinoza – administrador Parque Nacional La Cangreja.
  • Luis Alvarado – gestor ambiental Municipalidad de Puriscal.
  • Pablo Gordienko – gerente general Macaw Lodge.
  • Esteban Fernández – docente CTP La Gloria.

En cuanto a sus orígenes, existe un programa de corredores biológicos del SINAC que inició a finales de los años 90. En este sentido, el SINAC ha venido trabajando en la creación de estos corredores como un complemento de las áreas protegidas, las cuales fueron salvaguardando bosques muy importantes para la protección de los recursos hídricos, de especies y de ecosistemas.  

Esta necesidad de proteger los ecosistemas surge a raíz de la predominancia de un modelo de desarrollo económico que prioriza la producción para la acumulación de capital sobre la importancia de las zonas de vida.  

Ahora bien, los corredores biológicos pretenden fortalecer áreas protegidas y su conectividad estructural y funcional, mantener los servicios ecosistémicos, así como establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 El corredor biológico paso de las Lapas se encuentra entre dos áreas de conservación: el Área de Conservación Central (donde se encuentran territorios de Puriscal y de Turrubares), y el Área de Conservación Pacífico Central (el cual incluye el cantón de Garabito y manglares de Guacalillo). De esta forma, aproximadamente un 25% del territorio se encuentra protegido bajo alguna modalidad de protección. 

Las lapas son una especie clave para la conservación del medio ambiente y para la sociedad costarricense porque posee un valor cultural y simbólico y, además, actúa como sombrilla para la protección de otras especies. Es un gran ejemplo de que sí es posible restaurar los daños humanos a la naturaleza. 

Sin embargo, debido a que el corredor está integrado también por propiedades privadas, algunas de las mayores amenazas que enfrenta es la deforestación y la fragmentación del bosque, la degradación del suelo por cambios de uso inadecuado, la contaminación de fuentes de agua, la cacería ilegal y los incendios forestales.  

Es fundamental, dentro del trabajo que realiza el Comité Local del Corredor Biológico, que las personas habitantes de las distintas zonas que abarca el corredor biológico de las Lapas puedan comprender la importancia de recuperar el territorio; no solo por su indudable riqueza natural que es patrimonio nacional y de la humanidad, sino también porque representa una fuente de oportunidades socioeconómicas y de modelos de vida más sustentables.  

Para escuchar el conversatorio completo haga click en el siguiente enlace: https://fb.watch/n3mRPuHyog/.  

Día de los Parques Nacionales – Conservación en jaque

A pesar de que desde 1999 el turismo es la principal fuente de divisas del país, y gran parte de esta actividad se desarrolla alrededor de la vida silvestre, expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que el país tiene grandes retos para su conservación, de lo contrario estaríamos acabando con la “gallina de los huevos de oro”.

En 51.100 km2 Costa Rica alberga el cinco por ciento de la biodiversidad mundial, dato que no contempla la riqueza de la fauna marina que habita en sus costas. La observación de ranas de ojos rojos, lapas, monos y dantas, ballenas y delfines, es solo una de las actividades que el país promueve para la atracción del turismo, y miles de extranjeros y nacionales, son cautivados por estas y otras especies en las visitas a parques nacionales y áreas protegidas.

Expertos de la Universidad Nacional (UNA), consideran que la falta de capacitación a guardaparques, la escasa educación ambiental y sensibilidad hacia estos recursos, falta de regulación y ejecución de la reglamentación vigente y el inevitable desarrollo urbano, podrían pasarle factura al país, y acabar poco a poco con la “gallina de los huevos de oro”.

Para Laura Porras, académica del Icomvis-UNA, uno de los principales desafíos se centra en la interacción entre la gente y los animales silvestres. “En los parques tenemos un rótulo que dice prohibido alimentar a los animales, pero tanto los visitantes como el sector turístico desarrollan esta práctica porque con ello los atraen y llevan la mejor foto”.

Según Grace Wong, también investigadora de dicho Instituto, el sector tiene contradicciones. “Un hotelero llama al Sinac porque hay un cocodrilo cerca de la playa y ellos consideran que es una amenaza para el turista, los funcionarios remueven el animal, pero resulta que este individuo era un controlador de poblaciones de mapaches, con el aumento de mapaches hay más personas mordidas por estos animales que se han acostumbrado a robar comida de los visitantes y el sector hotelero llama de nuevo porque los mapaches ponen en riesgo al turista. ¿son los animales responsables de este comportamiento?”.

De acuerdo con la investigadora hace falta la aplicación de la normativa legal, pero también es necesario educar a los visitantes para que comprendan que los animales silvestres no deben de recibir alimento de los turistas porque los afecta negativamente.

Tal es el caso del Parque Nacional Manuel Antonio que se ha visto en el ojo de la polémica por la cantidad de visitantes que ingresan. “Manuel Antonio es una zona protegida y tiene como prioridad conservar la biodiversidad que alberga, además, tiene la peculiaridad de proteger una subespecie endémica del país en un área bastante pequeña. Es importante mantener esa prioridad de conservación, se puede visitar claro que sí, para eso se hacen las zonificaciones de áreas de uso público pero esas zonificaciones tienen que aclarar cómo, cuándo y dónde pueden estar los turistas. Cabe resaltar que la mayoría de las interacciones las provoca la presencia de alimento de los turistas, y la necesidad de los asistentes de acercarse a la fauna para las fotografías, el contacto y ese tipo de cosas”, detalló Porras.

Para Eduardo Carrillo, académico jubilado de la UNA, quien por más de 35 años ha trabajado en estimar el estado de salud de los bosques a través de especies indicadoras como el jaguar y sus presas, existen suficientes políticas para la protección pero que no se ponen en práctica.

“El país hizo un gran esfuerzo en los 70 con la creación de las áreas protegidas, pero después de eso las abandonamos paulatinamente, los guardaparques no tienen la suficiente capacitación ni el equipo para trabajar, todos sabemos que hay extracción ilegal de oro en Corcovado, pero hacemos muy poco para resolver el problema. Políticas nos sobran, lo que hace falta es ponerlas en práctica”.

Carreteras asesinas

Por otra parte, la creación de infraestructura, aunque necesaria para el desarrollo económico, tiene su impacto en la vida silvestre. Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA, fue uno de los pioneros en evaluar el impacto de carreteras construidas y en ampliación, en el futuro se plantea ver los impactos de los parques eólicos y represas, y de acuerdo con sus investigaciones, es urgente que el país norme este tipo de construcciones.

“En carreteras nacionales como la de la Ruta 32, Carara o la que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, puede haber entre 1000 y 3000 animales muertos por año, siendo este un dato conservador porque son producto de un muestreo en un tiempo específico; anfibios y reptiles son las principales víctimas, pero en 10 años hemos podido observar jaguares y pumas”.

Según Sáenz, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt), incluya una norma o disposición en el Manual de Carreteras para mitigar el impacto tanto en el diseño, como durante la construcción y funcionamiento de la infraestructura.

También es vida silvestre

Para Lilliana Piedra, investigadora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la conservación está más relacionada a una parte ética y moral del ser humano. “Si me limitan a acercarme a 20 metros de una ballena, quiero estar a cinco, esto no se arregla con una ley, yo coincido en que hace falta educación ambiental y una mayor sensibilización de que aquello no es un objeto, sino un ser vivo que al igual que yo merece respeto”.

De acuerdo con Piedra, en materia marítima existe además mucha inseguridad jurídica. “El Sinac maneja una parte, el Incopesca emite ciertas regulaciones, pero el control es del Servicio Nacional de Guardacostas, y hacer de estas entidades un engranaje es algo complejo. Los procesos de gestión y manejo están concentrados en la parte continental, eso limita a que haya buenas iniciativas para conservar los recursos pesqueros”.

Acciones como el pésimo manejo de aguas residuales, la deforestación en la zona continental, técnicas de producción agrícolas poco sostenibles, sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado de los desechos sólidos, asfixian, según Piedra, la vida marina.

Los investigadores coinciden en que el país no necesita de más leyes para la conservación de la vida silvestre, sino de una aplicación más efectiva de las mismas, de lo contrario, uno de los principales atractivos del país estaría en riesgo.

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Universidad Nacional, Costa Rica