Vecinos de El Rosario en el cantón de Naranjo, solicitan información a la Municipalidad por proyecto que usará naciente de la comunidad
En Asamblea de la Asociación de Desarrollo del Rosario (25 de marzo 2023), vecinos de la comunidad aprobaron la moción de solicitar información acerca de un proyecto de vivienda que quiere utilizar la naciente La Estrella, de la comunidad de El Rosario. Entre otras cosas, demandan información clara, ya que la Municipalidad de Naranjo, en este momento, está administrando dicha naciente.
Junto a esto surgen dudas sobre cómo la Municipalidad pretende llevar a cabo la explotación del Tajo Gavilanes. Todo es reforzado por la situación crítica en que se encuentra El Rosario de distrito en peligrosidad de sequía, con peligrosidad de desertificación, según el estudio del Plan de Acción para la Adaptación Climática para el cantón de Naranjo, donde el distrito del Rosario está en color rojo.
La población alerta que la situación es grave, pues afecta directamente a nacientes, áreas protegidas y contamina la comunidad. Asimismo, señalan que se están haciendo denuncias, procesando recursos de amparo y que, ante cualquier eventualidad, seguirán informando sobre estos daños ambientales.
(Imagen de Superintendencia del Medio Ambiente, Chile)
Puerto Montt, Chile – Cristina Bianchi
Las áreas protegidas por el Estado chileno en el sur del país, destinadas a la conservación, sufren la presión industrial de la actividad de las salmoneras.
Estas industrias, con sus enormes inversiones han generado riqueza e impulsado el desarrollo, creando fuentes de trabajo, innovando tecnológicamente y últimamente buscando establecer condiciones de paridad de género en su personal.
Así lo demuestra el Encuentro de Mujeres en Tecnología e Innovación, iniciativa organizada por el Centro de Emprendimiento e Innovación COWO y Duoc UC, junto al apoyo de Corfo y la Municipalidad de Puerto Montt, realizado con ocasión del 8 de marzo.
Sin embargo, las organizaciones sociales y medioambientales exigen mayor regulación y una ley que retire las concesiones acuícolas de las áreas protegidas.
«La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha enfatizado que, en áreas marinas protegidas, las actividades de impacto, como la salmonicultura, son incompatibles con los objetivos de conservación para los que se creó el área y no debieran existir en su interior”, dice Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.
«De alrededor de 1.500 concesiones salmoneras, 415 están otorgadas al interior de áreas protegidas, aunque no todas estén operativas”, señala Juan Carlos Viveros, de la organización Defendamos Chiloé.
Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), ente técnico de la asociación gremial Salmón Chile, que reúne al 60% de la producción nacional con diez productores de salmón y representa a más de 50 empresas proveedoras, indica que de las 400 concesiones ubicadas en reservas, la mayoría están en el área de la Reserva para el Ciprés de las Guaitecas, región de Aysén.
En su opinión, «el objeto de conservación no presenta incompatibilidades con la salmonicultura. Esta reserva fue creada en la década de 1940, cuando quedó de manera ambigua la regulación del área marítima”. Ramírez señala que la superposición entre áreas protegidas y de acuicultura se dio porque estas últimas se establecieron en los años ´80, cuando no existían parques nacionales ni reservas marinas en zonas con concesiones acuícolas. Al declarar las reservas, «no incorporaban cuerpos de agua o su objeto de protección no presentaba incompatibilidad alguna”, observa el representante de Intesal.
Se trata de una polémica en curso, que está teniendo repercusiones. Las medidas reguladoras buscan favorecer la protección del medio ambiente, pero también intentan proteger el entusiasmo de las empresas inversoras. Compatibilizar desarrollo con preservación ambiental, el impulso de las empresas por invertir y crear fuentes de trabajo, la necesaria protección y conservación de los recursos pesqueros y marinos, son todos temas que capturan la atención ya que según cómo se resuelvan irán perfilando el futuro del sector.
“Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. Tatiana Lobo
Mientras con la política pública costarricense respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental se está dando el último paso a su extinción, todo indica que se cumple la sabia sentencia de la gran escritora Doña Tatiana Lobo -q.e.p.d.- en cuanto a que: “Las y los ticos son un pueblo anestesiado que camina detrás del cortejo fúnebre de su patria creyendo que es un carnaval”. En este caso, el carnaval del mercado financiero transnacional que comanda Rodrigo Chaves Robles, un habitante de nuestro Planeta, desarraigado y entrenado durante 27 años para estos y otros trágicos menesteres contra la Patria que lo vio nacer.
Sin embargo, debemos aclarar que, la violencia contra la Naturaleza y obviamente nuestra propia vida, impulsada con dichas políticas, no empezó con este gobierno. Los hechos nos demuestran una tendencia en dicha dirección con casos que, aunque parecieran aislados en ciertos períodos gubernamentales, con el paso de los años no sólo han resultado más frecuentes, sino, también acompañados de acciones contra el sistema normativo. Por ejemplo: Crucitas con sus acciones delictivas antes y después del fallo de los Tribunales de Justicia, la Trocha, el proyecto APMT, libre extensión de monocultivos, Decretos Ejecutivos como el No. 37803-2013, 41815-2019, 41851-2019, las Leyes N° 9610 del 17/10/2018, 9789 del 09/12/2019 y No. 10338 del 21/12/2022 etc.; y otras reformas desregulatorias de actividades impactantes del medio ambiente. Son éstas, únicamente algunas de las decisiones gubernamentales que, abrieron el camino para el golpe de timón en materia ambiental que se apresta a consolidar el gobierno actual. Y probablemente, ocurrirá una vez más a placer de los tres poderes de la República.
Si fuera como parece y se dice, de que en las últimas elecciones nacionales 2022, el electorado costarricense cansado de mentirosos, corruptos y mesiánicos; para conducir el país se decantó por un desconocido, no obstante, su pedigrí de macho y otras virtudes por las que todavía, según encuestas de opinión, ahora inclusive con mayor respaldo lo determina como su salvador. Más debe conocer el mundo que, al menos en asuntos ambientales, el trumpismo en América Latina no desapareció con Bolsonaro u otros. Pues la Costa Rica, protagónica por excelencia en los foros internacionales por su vocación proteccionista y conservadora de la naturaleza, signataria de la Declaración de Río y hasta hace poco promotora del Acuerdo de Escazú; a través de su gobierno Chaves Robles, ha decido honrar la línea de “las políticas ambientales” de Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Su caballo troyano es “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”; es decir, la globalizada estrategia para la concentración de riqueza en unos pocos, y por ende, la gravísima inequidad cuyos elevados costos de la degradación ambiental los paga el resto de la humanidad, presente y futura.
Bajo ese embate, está la sentencia contra la Evaluación de Impacto Ambiental y todo el daño ambiental directo, acumulado y sinérgico que ello acarrea contra los recursos naturales que todavía quedan en este país; sentencia hecha pública durante la conferencia de prensa del pasado ocho de febrero 2023 por medio de una grotesca conferencia de prensa por parte del gobierno. Algunos medios de comunicación como Guanacastealaaltura, Delfino, la Extra y otros; se hicieron eco del anuncio. Por su parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha publicado al respecto las siguientes noticias:
1.”65% de Proyectos de Bajo Impacto Ambiental que Ingresan a SETENA ya no Requerirán Viabilidad. Fecha: 9/2/23”. (DECI 08-2023, 07 de febrero de 2023).
“Esta transformación histórica de la Setena, se da gracias a la firma de un Decreto suscrito hoy por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar la duplicidad de requisitos en tramites a nivel de las instituciones. Además, se elimina el trámite de la Viabilidad Ambiental a los proyectos, de bajo, o muy bajo impacto ambiental, que hoy se solicita a través del formulario D2. “Solo en el año 2022, éstos representaron 1.644 expedientes que requirieron una revisión de SETENA, lo que se traduce en mayores costos para los ciudadanos y la institución.”
“El nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, fue firmado por el Poder Ejecutivo el 08 de febrero del presente año.
Dicho Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Durante este periodo de transición, la Setena estará trabajando en la implementación del mismo en las plataformas digitales. Estaremos informando al respecto por los medios oficiales de la SETENA”.
El nuevo reglamento así informado oficialmente, responde al documento DAJ-D-030-2022, aún sin la numeración correspondiente como Decreto Ejecutivo, entendido esto por cuanto no ha sido todavía publicado en La Gaceta. No obstante, según lo comunica Setena, el mismo efectivamente especifica: Artículo 102. – Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia a los 4 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. San José, el veintiuno de diciembre del dos mil veintidós.”
Pero algo más, una tercera noticia publicada por la misma institución aproximadamente cuatro meses antes de las anteriores indica:
Por medio de una revisión de sus procesos internos, contrastándose con la normativa vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Setena-MINAE) elimina 41 cuellos de botella a partir de ahora.
Gracias a este análisis, se están impactando 81 trámites, de los cuales 41 serán eliminados y 40 sufrirán mejoras con el objetivo de evitar solicitudes de aclaraciones a los usuarios, sin provocar ningún tipo de regresión ambiental.”
Según expresó el viceministro de Ambiente, Rafael Gutiérrez, la actualización se realiza acatando la Directriz presidencial de eliminar cuellos de botella y procesos burocráticos innecesarios, y la directriz de dejamos trabajar.
Por su parte Ulises Álvarez, secretario general de Setena, destacó que es un hito muy relevante el que “estemos hoy impactando 81 cuellos de botella, en los instrumentos D1+DJCA, PPGA y el EsIA y en especial, eliminando 40 de ellos”.
En un gráfico que incluye esta noticia del 2022, titulado: “Infografía No1. Estadísticas Cuellos Botella Setena”, se describe cómo acerca de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental D1, PPGA y EsIA; entre los análisis hechos para cada uno, se procedió con la eliminación de un número específico de “cuellos de botella” (2, 30 y 9 respectivamente) y consecuentemente como “Acciones de mejora” para cada uno, se establece “eliminar requisitos” y finalmente concluir que, de 81 impactados 41 fueron eliminados y 40 mejorados. Al pie de este gráfico se lee:
“El Formulario D1, deberá ser utilizado para las actividades, obras o proyectos (AOP) de categoría de bajo, moderado y alto IAP (B2, B1 y A), se le recuerda que toda la información ingresada se presenta bajo fe de juramento.”
Y entre tales noticias, conferencia de prensa y otras divulgaciones, de las incongruencias y falsedades con las que supuestamente nos informa el gobierno, es claro por ejemplo que, con el decreto en espera de publicación titulado: “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”, no estamos ante una simple reforma de reglamentos y manuales. Sino ante una derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” todavía vigente. El propio título es suficientemente revelador de los alcances de esta regresión que, como veremos trasciende la normativa reglamentaria. Al respecto contempla el nuevo decreto (DAJ-D-030-2022): “Artículo 101. – Derogaciones. I. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 28 de junio de 2004 …”.
Aunque no sea todo, vale chequear por ejemplo acerca de lo siguiente:
El nuevo reglamento especifica que, fue dado en la presidencia el 21 de diciembre del 2022, mientras Setena, informa que la presidencia lo firmó el 8 de febrero 2023.
Se eliminaron requisitos técnicos de cada uno de los instrumentos de evaluación legalmente consolidados durante años; sin embargo, se aduce que el proceso que han llevado a cabo, no es regresivo.
Que los proyectos de bajo impacto ambiental con tramitación obligatoria del D2, ya no tendrán que tramitar Viabilidad Ambiental ante la Setena; pero esta reforma que eliminó dicho trámite, está en aplicación desde el año 2019.
Que también los proyectos de bajo impacto ambiental, ya no tendrán que presentarse ante la Setena; sin embargo, además de lo que ya se dijo antes, anotan que el formulario D1 deberá ser utilizado para esta categoría de proyectos.
Que para llevar a cabo estas “transformación de mejoramiento y modernización”, se cumplió rigurosamente con los procedimientos de información y participación pública, así como procedimientos técnicos. Sin embargo, dentro de lo que se ha dicho y aportado, además del lenguaje vulgar y ausencia de fundamentación verdaderamente científica y técnica, lo que más sobresale, es el mencionado análisis de decenas de eso que llaman cuellos de botella, una aparente estrategia para no llamar por su nombre a los requisitos técnicos.
Si hubiera consecuencia con esa reiteración de “cuellos de botella”, deberían más bien, reconocer de una vez por todas, los faltantes y deficiencias en la que por años han mantenido a la institución Setena. Pues, cumplir con eficacia y eficiencia su trascendental función técnica separada de la manipulación política y otros poderes fácticos, seguirá siendo hoy más que nunca su gran deuda con la Nación.
La eliminación de requisitos sobre la cual informan que actuaron, y por ende parece que ya está en aplicación, si bien el acento lo ponen sobre proyectos de bajo y muy bajo impacto ambiental, es de anotar que, lo firmado abarca también a los proyectos de mediano y alto impacto. Pues indican que, los primeros ascienden al 65 % de los expedientes que ingresan a la institución, y “Se reduce en un 32,9% los términos de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), adelgazándolos para que se presenten requisitos que sean solamente competencias de la EIA”.Por lo tanto, con tan fuerte eliminación y adelgazamiento de requisitos técnicos en el funcionamiento básico de Setena: ¿Qué hace o qué hará esta Institución, creada como un Órgano técnico con autonomía suficiente para cumplir cabalmente su función rectora en Evaluación de Impacto Ambiental según su importante estatus de desconcentración máxima; entendamos así un blindaje contra la intervención política y de grupos económicos acostumbrados a la intervención en los asuntos de Estado? Institución que, desde el año 2017 ocupa aproximadamente el 50% de una edificación estatal, de la que, según dicen, después de al menos 10 años de abandono, la remodelaron al costo aproximado de 2000 millones de colones; pero desde la pandemia permanece subutilizada; no obstante, paga cuantiosas sumas de dinero por vigilancia, aseo, mensajería y custodia de documentos (parte de su archivo) por parte de empresas privadas.
En conclusión, a pesar de que la Setena con las intervenciones políticas por parte de los gobiernos de turno y grupos económicamente poderosos (Cámaras empresariales), se volvió experta en “cuellos de botella”; esta nueva especialidad impuesta y autoimpuesta, es evidente que no la usa en favor de las funciones necesarias para cumplir con sus fines; fortaleciendo verdaderamente la democracia ambiental y el Estado de Derecho y Bienestar Social. Por lo tanto, incumple el protagonismo que le corresponde ante las autoridades superiores, en cuanto a las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente; pues retrotraerse 27 años en cuanto a legislación, evidencia hacer lo contrario de lo que le ordena la Ley (No.7554- Artículos 83,84).
Todo parece indicarnos que la suerte para el Ambiente de nuestro país está echada, ya que, junto a los desastres mal llamados naturales, actúan no sólo las prácticas más violentas contra la vida humana, lo cual parece preocupar a los gringos más que a las autoridades ticas, sino contra todas las especies vivientes y los ecosistemas de los cuales dependemos todos. A diario se dan alertas de este antropocentrismo moderno: agrietamientos y deslizamientos de infraestructuras de todo tipo, contaminación de acueductos y escasez de agua potable aún donde debería ser abundante, tráfico de especies animales y forestales, construcción de pozos ilegales, proliferación de vertederos, uso y abuso de agroquímicos, caza y tala ilegales, mutilación de áreas protegidas, aumento alarmante de denuncias ambientales, viabilidades ambientales irregulares, permisos y declaraciones ambientales de obras públicas y privadas que supuestamente no ocupan estudios previos de impacto ambiental, sobrexplotación de pesca, aumento de daños por eventos meteorológicos, etc. Pero no observamos acciones gubernamentales para el “control y seguimiento” efectivo de estos daños que ya afectan y se acumulan.
Por el contrario, se ha legalizado la mutilación de áreas protegidas específicas como reservas biológicas, humedales, áreas de protección de ríos y otras tantas están en la mira; pues la explotación de minerales e hidrocarburos es rentable para magnates que “generan empleos” a siervos de diferente estofa. En igual dirección, se ha resuelto viable la incineración de residuos sólidos, más un acápite especial, merece el archivo por el poder Legislativo del expediente 21.245 sobre el proyecto que, pretendía la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica. No obstante, representar una norma innovadora, la cual, auspiciada por la CEPAL y la ONU, ofrece a los Estados Parte una línea base a partir de la cual, avanzar en el cumplimiento de estándares mínimos en derechos humanos y ambiente. Pero la falaz campaña de desinformación contra dicho Acuerdo, orquestada por los mismos grupos empresariales del poder económico y político, llevaron al país a este indecoroso cambio de rumbo. Paradójicamente, el economista costarricense José Manuel Salazar Xirinachs, a partir del 03 de octubre 2022 es el titular de la Secretaría ejecutiva de la CEPAL, y según el Artículo 17 del Acuerdo de Escazú: “El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ejercerá las funciones de secretaría del presente Acuerdo”. Y por si hubiera duda, avanza en el mismo poder legislativo la reforma regresiva de la Ley Orgánica del Ambiente que, entre otros asuntos, permitirá cortarle los legales a la Setena. La cual, al pasarla de máxima a mínima desconcentración, más los requisitos técnicos eliminados vía decreto; quizás a lo que dará lugar, es a una pequeña oficina que como está previsto, pasará a la tutela del ministro de turno del MINAE. O algo similar a lo que existió, hace aproximadamente treinta años con nombre de Comisión de estudios de impacto ambiental (CONEIA). Esto es parte del “hito de la transformación histórica de la Setena” a que alude su secretario” y la “genial” iniciativa “Le dejamos trabajar”.
Gracias Karen Mogensen (Dinamarca) y Nicolás Wessberg (Suecia), impulsores de las áreas protegidas y los parques nacionales en Costa Rica. En este lugar vivieron y aquí fueron enterrados sus cuerpos. «Buen Vivir Costa Rica».
Puede ver el vídeo del santuario en el siguiente enlace.
Compartido con SURCOS por Édison Valverde Araya de Buen Vivir Costa Rica.
La Asociación Conservacionista Yiski denuncia la privatización de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica, esto se daría por el proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, conocido como Ley DUA.
El proyecto pretende usar terrenos patrimonio natural del estrado y áreas protegidas, de manera que se podría vender o ceder derechos sobre terrenos a favor de personas que afectarían la protección de las áreas.
“El entreguista y descarado audio es del exministro del Minae, Carlos Ml. Rodríguez de la oligarquía que siempre han pretendido vender a Costa Rica a quién sea, al mejor postor y que el sistema premia enviándolos a Estados Unidos con puestos claves para seguir como marionetas sirviendo al sistema de la línea esclavista, arrasando con todo lo que encuentren, desde el agua hasta el infinito si pueden (…)”, expresaron desde la Asociación.
En el audio de Carlos Rodríguez, expresa que de parte del ministerio de energía y el gobierno está la disponibilidad y los esfuerzos en Asamblea Legislativa para que se dé una titulación de tierras en áreas como Japdeva , Refugios de Vida Silvestre , zonas protectoras, reservas forestales , zona marítimo terrestre y zonas fronterizas. Además, expresa que la idea es simplificar los proyectos de ley en uno solo donde se autorice al INDER a dar títulos de propiedad en las áreas citadas.
Sobre este proyecto de ley, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República se han manifestado sobre sus inconsistencias, jurídica y ambientales.
Desde la perspectiva de la Asociación, el gobierno y el ministro de ambiente anterior, y lo más probable que la actual, han estado promoviendo dichos proyectos, siendo una muestra de los intereses que defienden.
Acorde con información difundida por semanario UNIVERSIDAD, la Contraloría señala que el proyecto carece de los estudios técnicos suficientes para justificarlo. (Para más información sobre la postura de la Contraloría General de la República puede acceder aquí.)
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.
Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.
Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.
El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)
La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?
Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).
Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.
Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.
-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional -Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes
(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.
El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.
El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.
PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.
Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.
Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.
Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.
Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.
Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.
Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.
Crímenes ambientales de piñeras dentro de Área Silvestre Protegida quedaran impunes.
Proyecto de ley podría expandir piñeras en la Frontera Norte
FECON, 21/11/2018. Es posible la destrucción de buena parte un Área Silvestre Protegida que en este momento sufre la presión de la expansión Piñera. Se sabe que en 2016 el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Norte fue impactado por unas 300 hectáreas de monocultivo de piña dentro del área del refugio, en la actualidad se reportan nuevos cultivos de piña ilegales y un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dejarían impune estos delitos ambientales.
Al mismo tiempo que se tala el bosque, esta semana se tramita de forma acelerada el proyecto “Ley Para Establecer Un Régimen Jurídico Especial Para El Refugio Nacional De Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, Expediente Nº 20.493. Texto que tienen como centro permitir actividades humanas dentro del refugio mediante un “plan de manejo” para administrar la Franja Fronteriza Norte. Pero esto tiene un trasfondo que huele feo.
El informe de Servicios Técnicos mantiene criterios jurídicos que indican que el proyecto de ley afecta los principios constitucionales ambientales. Claramente es existen numerosos portillos para que empresas que históricamente han talado el bosque, por ejemplo las empresas piñeras, sean las beneficiarias de esta ley.
Lo anterior se entiende cuando se lee el articulo 20 donde determina eliminar el tope del área máxima de trescientas hectáreas y en su lugar será determinado de acuerdo a la zonificación que se establece en el plan de manejo. Según el Departamento de Servicios Técnicos: “esto es aún más preocupante al liberar las concesiones del límite máximo de hectáreas, permitiendo que si los terrenos ya fueron talados y ahora se encuentran de charral o cultivos agrarios pueda concesionarse el número de hectáreas que el SINAC determine en base a la zonificación establecida en el plan de manejo, justificando los cambios de uso que se dieron contrario a lo indicado en normativa ambiental en terrenos de patrimonio natural del Estado.”
Ente otros de los señalamientos a este proyecto es que en su Artículo 22 autoriza la extracción de madera caída o cortada en patrimonio natural del Estado. Permitir esa labor sería abrir el espacio para futuras extracciones de madera e iría contra el principio de no regresión ambiental. En ese mismo orden permitir la apertura a remates de madera dentro del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, sería abrirle la brecha comercial a los recursos naturales y socavar su biodiversidad dentro de esas áreas protegidas. Esto es contrario a los principios para lo que fueron creadas las Áreas Silvestres Protegidas ya que en la práctica significa la reducción de esas áreas protegidas sin cumplir con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Se conoce gracias al Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr/Visor) que existe en total unas 1.112 hectáreas dentro de Barra del Colorado, Franja Fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque invadidas de piña y que el cambio de uso de suelo de estas fincas posiblemente se realizara de forma irregular.
Entre otros de los señalamientos que tiene esta propuesta de ley es que abre portillos para la privatización del Patrimonio Natural del Estado ya que empresas con personería jurídica podrían ser parte de las concesionarias por años indeterminados en el proyecto de ley dentro del Refugio. Lo cual traería dinámicas económicas basadas en estas concesiones que incluso se podrían traspasar de manos por medio de la venta del total de las acciones de la empresa adjudicataria.
Nuevamente las Áreas Silvestres Protegidas están amenazadas en su conjunto. Esta proyecto de ley bajo el Expediente Nº 20.493 es un nuevo experimento por privatizar un bien demanial propiedad de todas las personas que construimos la sociedad costarricense y que en este momento se encuentra en la mira de las empresas destructoras y contaminantes.
Henry Picado Cerdas
Presidente de la Federación Para la Conservación de la Naturaleza
