Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental

La Asociación Conservacionista Yiski denuncia la privatización de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica, esto se daría por el proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental, conocido como Ley DUA.  

El proyecto pretende usar terrenos patrimonio natural del estrado y áreas protegidas, de manera que se podría vender o ceder derechos sobre terrenos a favor de personas que afectarían la protección de las áreas.

“El entreguista y descarado audio es del exministro del Minae, Carlos Ml. Rodríguez de la oligarquía que siempre han pretendido vender a Costa Rica a quién sea, al mejor postor y que el sistema premia enviándolos a Estados Unidos con puestos claves para seguir como marionetas sirviendo al sistema de la línea esclavista, arrasando con todo lo que encuentren, desde el agua hasta el infinito si pueden (…)”, expresaron desde la Asociación. 

En el audio de Carlos Rodríguez, expresa que de parte del ministerio de energía y el gobierno está la disponibilidad y los esfuerzos en Asamblea Legislativa para que se dé una titulación de tierras en áreas como Japdeva , Refugios de Vida Silvestre , zonas protectoras, reservas forestales , zona marítimo terrestre y zonas fronterizas. Además, expresa que la idea es simplificar los proyectos de ley en uno solo donde se autorice al INDER a dar títulos de propiedad en las áreas citadas. 

Sobre este proyecto de ley, tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República se han manifestado sobre sus inconsistencias, jurídica y ambientales. 

Desde la perspectiva de la Asociación, el gobierno y el ministro de ambiente anterior, y lo más probable que la actual, han estado promoviendo dichos proyectos, siendo una muestra de los intereses que defienden.

Acorde con información difundida por semanario UNIVERSIDAD, la Contraloría señala que el proyecto carece de los estudios técnicos suficientes para justificarlo. (Para más información sobre la postura de la Contraloría General de la República puede acceder aquí.)