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Etiqueta: Argentina

Piden información sobre la remoción de placas relacionadas con los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia de Argentina

Escrito el . Publicado en Derechos.

El documento está firmado por Claudia V. Rocca, presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y por Cristina Caamaño Iglesias Paíz, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Las placas fueron eliminadas del Salón de los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia. Con base en el derecho al acceso a la información pública se pide indicar los detalles de ese hecho.

El Salón de los Derechos Humanos es un importante espacio icónico de la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. En ese lugar se realizó el juicio a las juntas militares.

SURCOS comparte la carta:

30 de diciembre de 2024

Al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Horacio Rosatti

 Nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a los demás integrantes del máximo Tribunal que Ud. preside, a fin de solicitarles tengan a bien informar a quienes suscribimos la presente, como así también a la sociedad argentina toda, la razón o circunstancia por la cual han sido removidas las placas que estaban emplazadas a ambos lados de la Puerta 2045 de la Planta Baja del Palacio de Justicia -Talcahuano 550 de esta ciudad- y que, como es de público conocimiento, hasta hace aproximadamente tres (3) meses atrás señalizaban un importante espacio icónico de la Memoria/Verdad/Justicia de nuestro país y el mundo entero: el Salón de los Derechos Humanos. Para ello, invocamos el derecho al acceso a la información pública que nos asiste de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional N° 27.275, tanto en lo personal como en representación de los colectivos aunados en las organizaciones que encabezamos y citamos al pie.

Dicha histórica Sala de Audiencias, según tomamos conocimiento, sería administrada por la Habilitación de otro de los tribunales que desarrollan sus actividades judiciales también en el más popularmente llamado Palacio de Tribunales. Cuenta con ambas placas desde hace más de diez años, una a la derecha de la puerta de entrada, con la leyenda que la identifica, y la de la izquierda, haciendo mención de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en realidad fue un regalo a la Corte Suprema que usted encabeza. La sala fue bautizada así por su importancia en la lucha contra la impunidad y por la necesidad de investigar la verdad y castigar los crímenes de lesa humanidad. Y es tristemente célebre, como hubiera dicho el escritor Ernesto Sábato, porque en 1985 se llevó a cabo en ella el «Juicio a las Juntas Militares».

Por todo ello es que, solicitamos a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como máximo tribunal de la República Argentina y órgano máximo del Poder Judicial, que entre sus funciones se encuentran: asegurar la supremacía de la Constitución, ser el intérprete final de la Constitución Nacional, y custodiar los derechos y garantías de la Constitución Nacional; nos haga llegar la información solicitada.

Asimismo, le pedimos nos haga saber también las actividades previstas o a agendar por el Tribunal Supremo para 2025 relativas a la manda de la Acordada 42/08, como así también de la Comisión Interpoderes que desarrollaría su actividad en torno a estas cuestiones.

Agradeciendo su atención, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Claudia V. Rocca
Presidenta de la Rama Argentina
De la Asociación Americana de Juristas

Cristina Caamaño Iglesias Paíz
Rectora de la Universidad Nacional
Madres de Plaza de Mayo

Alternativas: Argentina actual y sus perspectivas

Escrito el . Publicado en Derechos.

El 27 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el panel titulado «Argentina Actual y sus Perspectivas», mediante el espacio del Programa Alternativas.

Este evento contó con la participación de destacados panelistas, quienes analizaron la situación actual de Argentina y ofrecieron diversas perspectivas sobre el futuro del país.

Entre los invitados se encuentra Matías Caciabue, analista en CLAE-NODAL, quien aportó su visión sobre la coyuntura argentina. También estuvo presente Roberto Fragomeno, filósofo argentino-costarricense y profesor jubilado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo enfoque académico enriqueció la discusión. Por su parte, Lucía Rincón Soto, filósofa y profesora en la UCR y la Universidad Nacional (UNA), especialista en pensamiento latinoamericano, brindó un análisis profundo desde su perspectiva como doctora en esta área. Finalmente, Roberto Herrera, filósofo e investigador del marxismo y el pensamiento político latinoamericano, contribuyó con su conocimiento en teoría política.

Este programa ha sido elaborado por el colectivo Reflexión-Acción Alternativas, una iniciativa comprometida con la construcción de un país más justo.

El programa fue transmitido en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, lo que permite a una audiencia global participar en la discusión. Además, se retransmitió por varias emisoras de radio.

El panel se enfoca en temas relacionados con la filosofía, la política y el pensamiento crítico, abordando la situación actual de Argentina desde una perspectiva latinoamericana, con la participación de académicos que tienen una profunda experiencia en la región y sus dinámicas sociopolíticas.

Le invitamos a ver el programa mediante este enlace: https://www.facebook.com/share/v/54nUbwD7aNRtdzVB/?mibextid=qi2Omg

Universidades públicas argentinas llaman a marchar ante negativa del gobierno a asignar fondos

Escrito el . Publicado en Educación.

El comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las universidades públicas argentinas anuncia su adherencia a la marcha para defender la universidad pública argentina el 2 de octubre a las 5 de la tarde hacia la Plaza de los Congresos.

Esta marcha tiene como fin solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario, y, en el caso de que se diera un veto por parte del presidente, Javier Milei, la marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar esta ley.

Se menciona que desde hace 20 años no se daba una situación en la que trabajadores y trabajadoras de este sector estaban por debajo de la línea de pobreza.

La ley no pone en peligro el equilibrio fiscal, e ir contra esta ley necesaria para la subsistencia de la educación superior pública destruye la excelencia académica de las casas de estudio y ataca el pilar fundamental de irrestricto acceso a la educación, trayendo abajo las becas y no permitiendo que los estudiantes si quiera puedan pagar el transporte del dia a dia

Se advierte como, si no hay universidades que formen a la juventud, qué clase de país se va a tener, la pregunta es de ciudadanía, del futuro de un país, el cual empieza en la educación. (Esto no solo es verdad en Argentina, sino también en Costa Rica y el resto del mundo, sin educación, no hay progreso ni futuro, y las administraciones recortistas buscan traerse esto abajo).

Este comité llama a toda la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a darle un mensaje contundente al presidente: la educación pública no se toca.

Le invitamos a ver el video en el cual rectores y dirigencia estudiantil de Argentina exponen la situación, similar a la que se presenta en Costa Rica.

La batalla contra la memoria avanza en Argentina

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Los diputados oficialistas Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo posan junto a condenados por crímenes de lesa humanidad, 11 julio 2024. (Publicada originalmente por Clarín)

El gobierno toma medidas contra las políticas de memoria sostenidas durante 40 años de democracia, mientras diputados oficialistas visitan a presos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Daniel Cholakian

El pasado 11 de julio, se conoció que seis diputados del partido del Presidente Javier Milei visitó a un grupo de represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina. Con el correr de los días, se supo que lejos de ser un relevamiento sobre las condiciones de detención, como manifestaron los legisladores, se trató de un encuentro relajado con los detenidos, alojados dentro de un pabellón especial en una cárcel de máxima seguridad.

Estos 12 convictos, con quienes los funcionarios se sacaron una amistosa foto grupal, “suman condenas por 4.482 casos de secuestro, asesinato, desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio”, según informó el diputado opositor Hugo Yasky en un entrevista. “Lo que hicieron allí fue discutir distintos planes a través de leyes o a través del decreto para amnistiar o lograr la libertad de los represores. Forma parte de un plan orquestado por el gobierno que está en ejecución”.

La información que surgió tras conocerse la novedad puso en evidencia este intento gubernamental por avanzar en la liberación de los condenados por estos delitos. “Hay que estudiarlo. Me produce mucha indignación la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa de la mano la esposa. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad”, dijo días después el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posible libertad de los represores.

«Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria».

Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria. Quienes están detenidos no conviven con presos comunes, y quienes tienen prisión domiciliaria tiene permiso para salir de sus casas sin control sobre el cumplimiento de esta modalidad de condena.

Félix Crous, miembro de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, dijo “quienes están presos tienen condiciones de absoluto privilegio respecto a cualquier otro detenido. Están alojados en un una suerte de barrio privado. Quienes están en prisión domiciliaria están prácticamente libres, gracias a la permisividad de los tribunales a cargo del cumplimiento de la pena”.

Esa visita fue un paso más en la estrategia del gobierno de Milei por borrar la memoria sobre la represión cometida contra el pueblo argentino. La administración actual simpatiza con la dictadura, el presidente negó que la represión militar haya dejado 30.000 desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar que participó en la represión, forma parte de organizaciones que reclaman la libertad de los presos.

Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudio Legales y Sociales, aseguró que “desde que asumió el gobierno vemos un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que nos habían permitido avanzar desde la recuperación de la democracia. Tenemos políticas de memoria, verdad y justicia que tiene una historia de 40 años”. Bajo Milei, estas políticas están amenazadas.

Pasos hacia la reivindicación de los represores

Para Analía Kalinec, hija de un represor condenado y miembro del colectivo “Historias Desobedientes”, la estrategia de liberar detenidos va más allá de la supuesta humanidad que declama el ministro de justicia, busca negar que tales crímenes se hayan cometido. “No solamente secuestraron, desaparecieron, anularon las ideas y los sueños, sino que además ahora niegan que lo hicieron. Para eso necesitan la impunidad”, afirmó. La pertenencia a la intimidad de los condenados le permite conocer sus intenciones. “Como familiares de genocidas, tenemos mucho para decir acerca de estos criminales, e insistimos en su falta de arrepentimiento, en su negativa a aportar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”.

El contexto en el que se inscribe la visita a los detenidos es el de una serie de decisiones menos visibles que ha tomado el gobierno en los últimos meses. A fines de marzo el ministro de defensa Luis Petri desarticuló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. Este grupo trabajaba en la asistencia del Poder Judicial y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en las causas por delitos de lesa humanidad que hubieran involucrado a personal militar. Esta unidad produjo en 15 años cerca de 200 informes para la justicia, analizando 17.000 legajos en los registros del ministerio de defensa. Además proveyó de información a la CONADI en investigaciones sobre casos de robo de bebés nacidos en campos de concentración.

En mayo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se negó a contestar un pedido de información de la CONADI que, dotado de las atribuciones legales para solicitar estos datos, buscaba tener acceso a 70 legajos. Para negarse a cumplir con la ley la ministra consideró que era una “demanda de información indiscriminada” y que contenía “infundadas solicitudes de un organismo militante”. La CONADI no es un organismo militante, sino que fue creado por ley hace más de 30 años. Esta decisión anticipaba un decreto que el gobierno acaba de publicar, dando un golpe casi letal a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En los últimos días del mes de junio, se produjo otra importante novedad en contra de las políticas de memoria: fueron despedidos 82 trabajadores de la secretaría de derechos humanos, que depende del ministro Cúneo Libarona. Doce de ellos trabajaban en el Archivo Nacional de la Memoria y 28 en los Espacios de Memoria instalados en los centros clandestinos de detención y dependientes del estado nacional. Estos espacios quedaron prácticamente imposibilitados para continuar su tarea de restauración, preservación y articulación educativa.

Según Crous, los ERyA, la información de los legajos de las fuerzas de seguridad, el Archivo y los Espacios de Memoria fueron nodos de recopilación de información documental dentro del propio estado, que sirvieron para que jueces y fiscales llevaran adelante las acusaciones. “Todo lo está desactivando sin necesidad de dictar leyes o decretos”, dijo el fiscal. “Solo toman medidas administrativas. Con no renovar contratos de empleados públicos logran una política de destrucción inteligente y silenciosa”.

El golpe de gracia a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio

La CONADI es el organismo del estado creado para colaborar en los casos de sustitución de identidad de menores, especialmente  “de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”. El organismo colabora con la justicia en la investigación administrativa sobre estos casos, pudiendo pedir información a distintos organismos públicos, y solicitando al Banco Nacional de Datos Genéticos que realice estudios para evaluar si pueden ser los niños buscados, aquellos nacidos durante la detención ilegal de sus madres.

En 2004 se creó la “Unidad Especial de Investigación de La Desaparición de Niños como Consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado” dentro de la CONADI, que fue esencial para mejorar y sistematizar la búsqueda de los niños robados en cautiverio. Esta unidad fue recientemente eliminada por decreto firmado por Cúneo Libarona y Milei el día 13 de agosto. Aquello con sus actos habían anticipado el ministro de defensa al desmantelar el ERyA y la ministra de seguridad al negarse a responder a los requerimientos sobre legajos de las fuerzas a su cargo, lo confirmaron ahora en una resolución legal. En los considerandos del texto indican que la investigación debe quedar a cargo de la justicia, pero como explicó Torras, “en los últimos años, los casos que se han logrado resolver en relación con la apropiación en un 90 por ciento surgen de gestiones de la CONADI y no el Poder Judicial”. Esto implica que la resolución es un golpe durísimo contra la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Borramiento de memoria

Para Yasky, “hay un intento de revertir todo lo que constituyó una política de Estado, desde la recuperación de la democracia a la fecha, que con mayor o menor entusiasmo cumplieron los gobiernos de distinto signo”. Torras sostiene que este intento de desandar ese camino y combatir las verdades que se conocieron a través de años de procesos judiciales demuestra que “los temas vinculados con la última dictadura entran dentro de la agenda de restauración cultural del gobierno, tiene similitudes con la perspectiva que la propia dictadura tuvo de sí misma”.

«El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social».

El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social. Es en la destrucción de los cuerpos donde se borra toda construcción social cultural. La desaparición de los mismos sería un dispositivo central para ese borramiento.

“La memoria es la restitución de la verdad y la justicia que fueron destruidas en el acto originario,” Kaufman dijo en una entrevista. “No hay ninguna memoria completa, sino perpetración de genocidios que se interrumpen en su ejecución pero que no concluyen en su designio, por ello el crimen es imperdonable e imprescriptible. Así la perpetración habrá de ser también transgeneracional”.

La memoria es un hecho emancipador frente al acto de extrema opresión. La acción política del gobierno negacionista argentino no es re escribir esa memoria, sino borrarla. “El derecho a la existencia requiere condiciones sociales, políticas, jurídicas y educativas que son desafiadas por los opresores, en la actualidad bajo la forma de un auge ultraderechista y neofascista que viene a destruir por completo todo lo logrado, con el fin de restaurar un orden anterior a la modernidad”, concluye Kaufman, enlazando lo que sucede en Argentina con el programa de las derechas a nivel global.

En esta tensión entre la búsqueda de construir memoria para avanzar con la justicia y la reparación, y la política de borramiento que habilite un régimen de opresión donde el derecho a la existencia pueda estar en cuestión, la resistencia continúa. Así lo propone Kalinec al concluir “si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron en un contexto mucho más adverso, cómo no vamos a poder nosotros ahora”.

Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.

Fuente: https://nacla.org/la-batalla-contra-la-memoria-avanza-en-argentina

Petitorio. Libertad a las y los detenidos de la Ley Bases y cese de persecuciones

Escrito el . Publicado en Derechos.

Firmar en este formulario: (https://forms.gle/NmV9YWUs3jFBpQ8DA)

Las y los abajo firmantes reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada “Ley Bases”, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta. La mayoría de las detenciones se produjo a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos.

Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en “terroristas” que actuaron en un “intento de golpe de Estado”, imputaciones totalmente absurdas e infundadas. Durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales.

Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes.

PRIMERAS FIRMAS

Dirigentes y Organismos de Derechos Humanos: Adolfo Pérez Esquivel; Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo; Elia Espen y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Sueco Lordkipanidse, Encuentro militante Cachito Fukman; Marta Ungaro, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas La Plata; Eduardo Tavani, Presidente de la APDH; Graciela Lois, Familiares de Ex Detenidos-Desaparecidos por razones políticas; Mabel Careaga, Familiares de ExDetenidos-Desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz; Comisión Provincial por la Memoria; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Tucumán; Iris Avellaneda, Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Liga Argentina por los DD.HH. (LADH); Asamblea Permanente por los DD.HH. (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Liberpueblo; H.I.J.O.S. Capital; H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires; Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia; Hermanxs de Detenidxs Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); Familiares de ex detenidos-desaparecidos, Córdoba; Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Ana María Molina, Coordinadora Argentina por los DD.HH. (CADH); Movimiento Ecuménico por los DD.HH. (MEDH); Myriam Bregman, presidenta del CeProDH; Pablo Vasco, Centro CADHU; Centro Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Borón; Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Luis Alen; Angel Cappa; Fernando Signorini; Sabina Frederic; María del Carmen Verdú; Stella Calloni; Ana María Careaga; Lita Stantic; Luis ‘Lucho’ Paz; Alberto Santillán, papá de Darío Santillán; Jueces de la Doctrina Franciscana; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Pastoral Social Evangélica (PSE); Justicia Legítima Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los DD.HH. (CODESEDH); Nicolás Alessio, Grupo sacerdotal Enrique Angelelli; Fátima Cabrera, Espacio Interreligioso Patrick Rice; Graciela Lois, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Diana Kordon, Liberpueblo; AciFaD (Asociación Civil Familiares de detenidos); siguen firmas…

Organismos Internacionales: Judith Galarza Campos, Presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Brigitte Domergue, de Familiares de desaparecidos franceses; Fernanda Aguirre, Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (Uruguay); Silvia Bellizzi, Familiares de Uruguay; Luis Ruiz, Secretario de Derechos Humanos del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Uruguay; Alicia Castro, Soberanxs Miguel Velo; Lorena Donaire, Mujeres en Resistencia (Chile); Liliana Castillo Rojas, Agrupación Detenidos-Desaparecidos (Chile); Mariana Pereira Ambrossi, Resistencia Feminista (Uruguay); Ligia Liberatori, Ni una menos – Berlín (Alemania); Juan Moreno García, Izquierda Unida (España); Márgara Millán, Red Feminismos Descoloniales (México); Nuria Alabao, periodista, Zona de Estrategia (España); Yumac Ortiz, CPAZ (Ecuador); Malen Otaño, YoNoFui, colectivo abolicionista penal; Francesc Relea, periodista y documentalista (Cataluña); Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Secc. Argentina (WILPF/LIMPAL); Asociación Educación y Solidaridad-Francia; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALTJ); Vidal Aragonés, Diputado (mc), Cataluña; Equipo de abogados de la querella contra crímenes del franquismo – Gerardo Caviglia; Agustín Romero, Izquierda Unida (España); Marcos Roitman Rosenmann, Sociólogo, académico Universidad Complutense de Madrid; Alicia Lajmanovich, Presidenta Association Grenobloise Solidarité Argentine – Grenoble, Francia; Norma Ciuffo, Embajadora de Ville Apprenante de la UNESCO, Francia; Olga: Hernández, Collectif pour la Mémoire, Vérité et Justice de Rhône Alpes, Francia; Victoria Grabrois, Coordinadora Colectiva de O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ Brasil; Alirio Uribe, Congresista de Colombia en el Parlamento Nacional; Marcela Sánchez, Directora de Colombia Diversa; Luz Marina Monzón Cifuentes, Presidenta Otras Voces, Colombia; Erika Hennings, Presidenta Colectivo Chileno Londres 38; Marta Cisternas, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile; Alejandro Núñez, Presidente de corporación Parque por La Paz, Villa Grimaldi, Chile.

Diputados y Senadores Nacionales: Paula Penacca (UxP); Leopoldo Moreau (UxP); Nicolás del Caño (PTS/FITU); Christian Castillo (PTS/FITU); Alejandro Vilca (PTS/FITU); Romina del Plá (PO/FITU); Vanina Biasi (PO/FITU); Esteban Paulón (PS); Juan Marino (UxP); Vanesa Siley (UxP); Julia Strada (UxP); Blanca Osuna (UxP); José Glinsky (UxP); Verónica González (Diputada Nacional FPV Tierra del Fuego, mc); Claudio Lozano (Unidad Popular, mc); Verónica Mercado, Diputada Nacional (FPV Catamarca, mc), María Rosa Martínez, Senadora (Frente de Todos, PBA); Mariano West (FPV, PBA, Diputado Nacional, mc); Verónica Benas, diputada (PARES en el Frente Amplio por la Soberanía, Santa Fe); Marina Riofrio, Senadora Nacional (PJ San Juan, mc); Nanci Parrilli Senadora (PJ Neuquén, mc); Haide Giri, Senadora Nacional (Córdoba, mc);

Legisladores y Concejales: Victoria Montenegro (UxP, CABA); Gabriel Solano (PO/FITU, CABA); Celeste Fierro (MST/FITU, CABA); Alejandrina Barry (PTS/FITU, CABA-mc), hija de detenidos-desaparecidos; Alejandro Bodart (MST/FITU, CABA mc); Vilma Ripoll (MST/FITU, CABA mc); Néstor Pitrola (PO/FITU, PBA, mc); Luciana Echevarría (MST/FITU, Legisladora Córdoba); Soledad Alonso, (UxP, PBA); Gustavo Pulti (UxP, PBA); Noelia Saavedra (Movimiento Evita, PBA); Alejandro Dichiara (Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires); Santiago Vasconcelos, (PO/FITU diputado provincial Chubut); Tomas Andrés Blanco (PTS/FITU, diputado Neuquén); Jesús Escobar (Libres del Sur, Neuquén, mc); Betina Rivero (MST/FITU, concejal Palpalá, Jujuy); Priscila Ottón (MST/FITU, Neuquén concejal); Sergio Piguillem (UCR Ciudad de Córdoba, Concejal); Héctor Toty Flores (Cambiemos-La Matanza, Concejal); María José Lubertino (CABA, mc) Emmanuel Fernández (UxP, Presidente del Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Noemí Aguilera (UxP, Presidenta de bloque en el Concejo Deliberante de Moreno, PBA); Lucas Franco (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Marisol Gallardo (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Zulma Gil (UxP, Concejal por Moreno, PBA); Araceli Bellota y Federico Fongi (UxP, concejales por Moreno); Pablo Lopardo (MST/FITU, Moreno concejal); Erica Seitler (PTS/FITU, Concejal Moreno, PBA);  Susana Verón (MST/FITU, Merlo concejal); Valeria Bibiano (MST/FITU, Concejal José C. Paz, PBA); Roldán Mariela, (UxP, Concejal José C. Paz, PBA); Ivan Ponce (Concejal mc José C. Paz, PBA); Sandra Becerra (Concejal mc, José C. Paz, PBA); Anabela Colli (PTS/FITU, Concejal José C. Paz, PBA)

Periodistas y artistas: Alejandro Wall, periodista; Telma Luzzani, periodista AM 530, Tamara Bezares, periodista Crónica; Adriana Meyer, periodista; Nora Bär, periodista El Destape; Diego Pietrafesa, periodista, delegado SiPreBA; Adriana Vanoli, periodista; Miguel Alejandro Iademarco Ponce, La voz de Tandil; Oscar Martínez Zemborain, Periodista; Pablo Salguero, Radio Sudaca, Universidad Nacional de la Patagonia; Agustín Ronconi, Arbolito músico; Andrés Fariña, ARBOLITO; Ezequiel Jusid, Arbolito; Nora Chirom, artista plástica; Julio Alberto Vilches, actor (Asociación de Cineastas de Córdoba); Carlos Berraymundo, actor; Nara Carreira, Actrices Argentinas / Unidxs x la Cultura; Lis Marcia Viviana Di Marco, Asociación Argentina de Actrices y Actores Delegación Mendoza; Guillermo Saposnik, ADF Cinematografía; Luciana Kohn, Cine Arg. Unido; Daniel Di Mauro, Teatro de títeres La Pareja; María Andrea Boffo, actriz;

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y estudiantiles: MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU); PO (Partido Obrero en el FITU); PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas en el FITU); IS (Izquierda Socialista en el FITU); Libres del Sur; PCR (Partido Comunista Revolucionario); Nuevo MAS; Política Obrera; Partido Humanista; Movimiento Mayo; Martín Fierro; OLP; PL (Partido de la Liberación); PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores); Vía Socialista; Aldo Casas, Herramienta; Laura Berardo, Subsecretaria de Derechos Humanos de Lomas de Zamora; Camila Canales, Movimiento Evita Centro Padre Múgica; Elisabet Caminos, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; Héctor Andrés Poggi, Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur; Ricardo Pablo Marino, La Cámpora, HIGA San Martín; Central de Trabajadorxs de la Argentina – Autónoma (CTA-A Nacional); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); ATE Capital; CTA Autónoma Pcia. de Bs. Aires; CTA Autónoma Capital; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina; Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Abogados Laboralistas de Rosario; Llamamiento Argentino Judío; Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo, MST “Teresa Vive”; Eduardo Belliboni, Polo Obrero; Sandra Vila, MTL Rebelde; Mesa de las niñeces José C. Paz; Laurel Fagni, Chiques del Pueblo; Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Mirka Elizabeth Fernández; Secretaria General del Gremio de Docentes Autoconvocados Formosa; Nilda Beatriz Patiño, Secretaria Gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Formosa; Sebastian Tomas Patitucci, Secretario de Prensa del Gremio de los Docentes Autoconvocados Formosa; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU, gremio de docentes universitarios, Entre Ríos; Anahí Rodríguez, Secretaria General de ADIUNT; Lucía Hellín, Sec Gremial AGD FFyL UBA; Fortunato Mallimaci, CONiCET y UBA, FSOC y CEIL; Melina Tarnoski, Sec. Género y Diversidad Sexual, Facultad de Sociales, UNLZ Universidad de Lomas de Zamora; Marcelo Wiñazky, FCE UBA; Juan Carlos Radovich, UBA/CONICET, Facultad de Filosofía y Letras; Juventud Socialista del MST-FITU; En Clave Roja; ¡Ya Basta!; La Marea MST, Universidad Nacional del Comahue; Juan José Barrionuevo, Marabunta – Corriente Social y Política, Colegio Nacional de Monserrat – UNC; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; Jubiladxs de Izquierda-MST; UTEP Secretaría de DD.HH.; Frente 22 de Agosto; ATTAC Argentina; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Red en Defensa de la Humanidad; Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN); Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA); El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Proyecto Generar; Colectiva Andina; Frente de Abogados Populares (FAP); Nace un Derecho; Frente de Abogados de la AABA; Corriente de Abogados Porteños; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Regional CABA; Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA); Grupo de Litigio Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria; Sociedad Argentina de Bioética y DD.HH.; Capítulo Argentino Red Bioética; Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Ciudadana por los DD.HH. (ACDH); Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social del IEF-CTAA; Secretaría de DD.HH. CTA-A Nacional; Secretaría de DD.HH. CTA-A Capital; ATE Congreso; Secretaría de DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección de DD.HH. Municipalidad de Moreno; Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Asociación de Abogadxs Bonaerenses; Abogados Peronistas de Moreno; Asociación Civil Moreno por la Memoria (MxM); Federación de Cooperativas y Mutuales del Oeste de la provincia de Bueno Aires (FEMOBA); Cooperativa de Comunicación CARTA; Mirador Patrimonial Ciudadano – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Unidxs x La Cultura – Regional La Plata-Berisso-Ensenada; Centro de Pensamiento Jurídico Crítico; Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir; Multisectorial Villa Gesell; Asamblea Permanente por los DD.HH. – Regional Jujuy (APDH Jujuy); Familiares de Detenidos y Liberados (FADELI); Dirección de Políticas Post Carcelarias de la Municipalidad de San Martín: Corriente Eva Perón; CPS 29 de Mayo; Organización 25 de Mayo; Asamblea Permanente por los DD.HH. Regional Jujuy; Centro de Estudios e Investigaciones en DD.HH. prof. J.C. Gardella, Fac. de Derecho, UNR (CEIDH Gardella); Uruguayxs en Argentina por los DD.HH.; Agustina Guimaraes, Furia Trava; Liliana Jensen, Red Provincial de Mujeres contra la violencia de género; Comisión de Mujeres, Género y DD.HH. del Instituto Patria; Juntas y a la Izquierda-MST (FITU); Pan y Rosas; Mabel Di Leo, rama femenina Movimiento peronista; Incidencia Feminista; Carlos Álvarez, periodista Radio Gráfica; Vivas y Furiosas, Educadoras feministas; Germán Pinazo, vicerrector UNSAM; Leandro Tresols, Varones Desobedientes; Patricia Vaca Narvaja, exdiputada; Esteban Castro, UTEP; Julieta Bandirali, Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires; Asociación de abogados y abogadas laboralistas – Guillermo Pajoni; Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Guillermo Pacagnini, FESINTRAS (Federación Sindical Nacional de Trabajadorxs de la Salud); Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud, Córdoba); César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano – ATSA; Andrea Ramírez, Secretaria General ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería de CABA); Norma Lezana, Secretaria General APyT (Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan); Claudio Mora, Directivo SUTNA Nacional; Mariano Veiga, Secretario General AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano); Raúl Laguna Bosch, Secretario de Organización de CICOP; Alicia Rivas Zelaya, CTA Autónoma Misiones, Universidad Nacional de Misiones: Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA (Instituto Nacional de Cine); Leonardo Nicolás Rando, Delegado ATE Ministerio de Cultura; Ignacio Cámpora, CD ATE Capital Agricultura; Flavia Fernández Brozzi, Vocal Consejo Directivo ATE Capital; Marcela Artigas y Nadin Smith, Consejo Directivo ATE Capital, Agustina Panissa, Defensoría del Pueblo CABA, Sandra Di Claudio, Consejo Directivo de Ate Capital, Ministerio de Economía; Raúl Eduardo Suárez, Asociación de Médicos Municipales, Hospital Piñero CABA; Liliana Ortega, Gremial Banco Nación; Héctor Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense; Diego Carrizo, Secretario de DD HH de ATE y CTA Autónoma de Malvinas Argentinas (Prov. de Bs. As.); Soria Raúl, 1° de Mayo ATE Moreno; Augusto Wiemann, Despedido GPS – Aerolíneas Argentinas; Maxi Masquijo, Secretario de Prensa de ATECH Provincial (Chubut) / Francisco Torres, Secretario Gremial de la FND (Federación Nacional Docente); Lucrecia Cocha, Secretaria de Organización de UEPC Córdoba; Facundo Fernández, Secretario de Cultura de AMSAFE Rosario; Consejo Directivo SUTEBA Moreno; Jesús Espíndola, Secretario General SUTEBA Moreno; Angélica Guiot, Secretaria General de SUTEBA Marcos Paz; Andrea Lanzette, Congresal Multicolor de SUTEBA Lanús; Daniela Rodríguez, Secretaria de DDHH de SUTEBA Bahía Blanca; Vanesa Gagliardi, Consejo Directivo de Ademys; Ailen Beraldo, Secretaria Acción Social de Ademys; Andrés Machuca, SUTEBA La Matanza; Sergio Cordova, Docentes de Base de La Matanza; Alternativa Docente; Docentes en Marcha; Tribuna Docente; Marrón 9 de Abril; ATE Verde Roja-Moreno; METRAM – Asociación civil ecológica y trabajo ambiental; Red Ecosocialista-MST (FITU); Red Del Encuentro, educación popular y comunitaria; Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Alicia Graziano y Oscar García, Agrupación de Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura y Carlos Monestes, DDHH CTA Ciudad; Movimiento No Matarás; Asamblea Desobediente; Asamblea Autoconvocada Mercedes; SIGUEN FIRMAS

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Solicitud de pronunciamiento realizada al Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Escrito el . Publicado en Derechos.

La Asociación Americana de Juristas realizó una solicitud de pronunciamiento al señor T. Raja Kumer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que esta organización realice un análisis del Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) en la República de Argentina, incluido en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que está siendo discutido por el senado de Argentina. 

La GAFI es un organismo intergubernamental que establece los estándares para la gestión de riesgos y prevención de fraude, así como las buenas prácticas en el desarrollo de las actividades relacionadas con el sector financiero. Por ello, la Asociación Americana de Juristas extiende su preocupación sobre este proyecto: afecta directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y -de consolidarse- convertirían a este país en una guarida para la inversión y blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas. 

En palabras de la Asociación Americana de Juristas; el gobierno argentino encabezado por Javier Milei se encuentra llevando adelante un conjunto de medidas de supresión de garantías constitucionales, modificaciones a la estructura, composición y función del Estado, y el desmantelamiento, tanto de recursos estratégicos como de capacidad de intervención y control en factores troncales de la economía y la sociedad en la República Argentina.

Proyecto de instaurar un Régimen de Regularización de Activos: El título II del proyecto de ley propone un nuevo blanqueo de capitales, una amnistía para los evasores de impuestos que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios. 

Este nuevo proyecto de ley es cuestionable desde el punto de vista de la eficiencia impositiva, pues esta herramienta usada en forma recurrente, aborda la disposición de los contribuyentes a cumplir con las obligaciones fiscales. Para continuar, es unánime la opinión a nivel internacional que estos programas de cumplimiento tributario voluntario deben implementarse en el marco de un gran acuerdo fiscal que permita financiar deudas, exteriorizar capitales y personal no declarado, pero que incluya una reforma integral del sistema impositivo, una mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión. Es todo lo contrario de lo proyectado por el actual poder ejecutivo argentino, que propone diluir todos los controles y aliviar las sanciones.

En declaraciones públicas el presidente Milei durante el Foro del Hotel Llao Llao, en Bariloche, y frente a numeroso empresarios y economistas, consideró héroes a quienes fugan divisas -sin importar si ese dinero proviene de orígenes ilícitos- avalando la evasión, a la par que recomendaba realizar transacciones de divisas en el mercado ilegal. Recordemos que durante su campaña manifestó su decisión de establecer un blanqueo para capitales no declarados, vociferando que no le importaba el origen de éstos.

El régimen que se propone exceptúa de impuestos y sanciones a todos los activos por debajo de los U$S 100.000 y aquéllos que superen esa cifra, pero sean invertidos en Argentina por lo menos hasta diciembre de 2025. Por otra parte, la recaudación obtenida no tiene un destino especificado (a diferencia del régimen de 2016, que tenía como asignación específica el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados).

Además, los sujetos alcanzados por este proyecto van desde los residentes, que incluye a las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias -universo que contiene muchas de las estructuras jurídicas utilizadas para el blanqueo de fondos de origen ilícito- (Ver artículo 18 del Proyecto). También incluye a sujetos no residentes –“sean personas, sociedades, o cualquier otro tipo de ente, contrato, o patrimonio de afectación”- por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, e incluso a quienes perdieron su residencia fiscal en el país, premiando su decisión de trasladar su residencia fiscal a jurisdicciones con menores cargas tributarias.

El artículo 25 enumera los múltiples tipos de bienes que pueden ser objeto de este programa, tales como moneda nacional o extranjera, acciones, todo tipo de títulos de crédito o títulos valores, créditos de diversa naturaleza, bienes intangibles, etc. También incluye las criptomonedas, criptoactivos o bienes similares -instrumentos muy utilizados por las organizaciones criminales-.

En el procedimiento, se establece que los interesados deberán manifestar su adhesión, y luego presentar en el plazo previsto una mera declaración jurada (art. 22 y 23). En caso de tratarse de dinero (residente en el país o en el exterior), los mismos deberán ser depositados en una cuenta especial para ello, denominada “Cuenta Especial de Regularización de Activos”, para cuya apertura el Banco Central establecerá “en forma taxativa” los documentos y requisitos, estableciendo que las entidades financieras no podrán exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central de la República Argentina, ni tampoco podrán solicitar al depositante información adicional a la taxativamente regulada por la autoridad bancaria, ni negarse a la recepción de los fondos a ser depositados en dichas cuentas por el contribuyente (ver artículo 27), bajo pena de recibir las sanciones allí indicadas. 

Ya que el Argentina es país miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se espera que por medio de la solicitud de pronunciamiento se logre una aproximación al proyecto de ley y un análisis de las consecuencias que ello conlleva para el país. 

AAJ-SOLICITUD-DE-PRONUNCIAMIENTO-GAFI-Descarga

 

Compartido con SURCOS por la Asociación Americana de Juristas.

¿Qué nos detiene?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

La América Latina sufrida que reclama victorias celebra con gran entusiasmo el resultado de las recientes elecciones en la hermana México. Una mujer defensora y luchadora progresista las ha ganado con un amplio margen de diferencia con sus inmediatos contrincantes.

Enorme contraste con lo sucedido en Argentina en donde un desequilibrado mental se ha hecho de la Presidencia. A cinco meses de esa monstruosidad sobran las razones para un Juicio Político de destitución. A alguien que, con sus temerarias acciones, está poniendo en grave riesgo la Paz Social de los argentinos y la propia Soberanía del país.

Ante esta cruda realidad nos surgen las siguientes preguntas:

¿Cuál es la razón por la cual no se somete ya a ese Juicio Político a alguien que no solo avergüenza a los argentinos sino a la gran mayoría de los Latinoamericanos que ven el fenómeno como algo inexplicable, un sinsentido total?

¿O es que el consabido orgullo argentino nos impide reconocer que permitimos tener un loco como presidente que un día sí y otro también habla barrabasadas, incluso en la materia que pregona dominar? (Opinión de destacados economistas en el mundo).

¿Masoquismo político?

Lo cierto es que se le está legitimando en el cargo al reducir la crítica solo a aspectos ideológicos y partidistas. Vergüenza no solo para Argentina sino para toda la América Latina y Caribeña.

En cuanto a las quejas constantes y a esas repetitivas expresiones de ánimo futbolero, que no van con la seriedad de la política, plagadas algunas de plañideras expresiones, ya cansan.

Bueno sería ante estas crudas circunstancias que los argentinos nos discutamos, tan siquiera un poco a nosotros mismos, poniéndole tal vez más atención a cómo nos ven los demás.

En proceso de cierre sitio Juicios de Lesa – Argentina

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

El 10 de abril despidieron al último trabajador en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina que estaba a cargo de mantener la página web juicios de lesa humanidad: http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/#!/

Por ello se extiende una invitación a recorrer la página antes de que la den de baja. Es una herramienta que se construyó para que no olvidemos el terror que tuvo lugar en nuestra Argentina. Como si fuera una vidriera nacional de los juicios de lesa humanidad, ahí van a ver las estadísticas con más de los 1200 condenados, los accesos a las audiencias que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país todas las semanas y los relatos de los testimonios más duros que uno puede encontrarse jamás en una sala de audiencias. Muchos de ellos obreros y obreras que representaban los intereses de sus compañeros en los lugares de trabajo.

Quizás, como forma de resistencia hoy, es oportuno hacerla conocer a todos los que puedan. Como dijo Rodolfo Walsh:

Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información.

Asociación Americana de Juristas

¿Preparan Argentina y Estados Unidos una ruta alternativa al Canal de Panamá?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz López – Analista

La estrella del firmamento neoliberal argentino, Javier Milei se habría convertido en el vivo reflejo de la incongruencia trumpiana y habría conseguido suplir su bisoñez en la gestión pública con el impacto mediático de sus intervenciones públicas al tiempo que se habría convertido en una «rara avis» que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional. Asimismo, Milei sería portador de un peligroso virus político que podría arrasar con los principios de la democracia argentina al poseer un ADN dotado de la triple enzima DXH (dictadura blanda, xenofobia y heteropatriarcalidad) y cuyo primer efecto visible fue el finiquito de lo «políticamente correcto».

¿Hacia una democracia iliberal?

El cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Democracia no liberal), tesis defendida por Milei y que consiste en la implementación de una democracia no liberal, siguiendo la estela del húngaro Viktor Orbán.

Dicho régimen bebería de las fuentes del paternalismo de las dictaduras blandas y de las tesis económicas neoliberales y devendrá indefectiblemente en un régimen autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona, especie de parásito endógeno de otros sistemas de gobierno (incluida la llamada democracia formal). Así, partiendo de la crisálida de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres, llegado al poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes totalitarios (xenófobo, neoliberal y autoritario), lo que confirma el aforismo de Lord Acton «El Poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

El paraíso económico neoliberal de Milei

Según el Banco Central Argentino, la inflación en Argentina seguirá desbocada en el 2024 (superior al 130%) lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos argentinos con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial que desembocará en una tasa de paro desoladora del 13% prevista para el 2024.Una inflación descontrolada conlleva la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracción del consumo interno y la desincentivación del ahorro y búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas que podría desembocar en una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Igualmente, la economía argentina estará más expuesta a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, lo que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (década de los 80).Ello conllevará un notable incremento de la inestabilidad social que tendrá a los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de los Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), como puntas de lanza de la lucha callejera, al aumento de las tasas de pobreza (cerca del 40 % de los argentinos rozaría el umbral de la pobreza), y un severo retroceso de las libertades democráticas.

¿Argentina en la órbita estadounidense?

Dada la miopía política del FMI al no aplicar una quita a la deuda argentina heredada de la etapa neoliberal de Macri, el presidente Fernández inició un acercamiento a Rusia y China para estimular las transacciones comerciales mutuas, así como atraer inversiones que se antojan imprescindibles para reflotar la maltrecha economía argentina.

Así, Fernández en su visita a Putin le ofreció la posibilidad de ser “la puerta de entrada a América Latina” y en su encuentro con Xi Jinping, confirmó la adhesión argentina al Proyecto de la Franja y Ruta de la Seda que podría significar para Argentina la escalofriante suma de 24.000 millones de dólares en inversiones y el dejar de pivotar en la órbita de Estados Unidos. Ello encendió las alarmas en la administración Biden quien manifestó su sería preocupación por la creciente presencia de China y Rusia en el país y en especial por la posibilidad de que China instalara una base militar conjunta con Argentina en Ushuaia a cambio de respaldo financiero chino para instalar un gigantesco Polo logístico en la provincia de Tierra del Fuego.

Así, Milei anunció una «nueva doctrina de política exterior de Argentina basada en una relación especial con Estados Unidos» tras reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson para tratar sobre la instalación de una base conjunta EEUU-Argentina en Ushuaia que controlará el tráfico de mega contenedores por el paso de Drake.

Así, tras el triunfo de Milei, asistiremos al alejamiento de Argentina de los países Brics tras la entrada de Argentina en la Alianza del Pacífico y el veto a las inversiones chinas, lo que aunado con la futura instalación de una base pseudocientífica de Gran Bretaña en las islas Shetland del Sur, asegurará el control marítimo del eje anglo-estadounidense de una ruta que será la alternativa al Canal de Panamá.

Chile-Argentina: Seguridad y Criminalización

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina

Por Pablo Ruiz*

Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.

El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.

«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.

Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile. 

¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse. 

En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado. 

En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.

Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.

“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”. 

El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”. 

Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.

Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.

“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje. 

Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.

Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”. 

Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.

El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.

En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social. 

Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.

Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana. 

* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile