Organiza: Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica
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La anterior convocatoria la suspendieron a última hora la fecha acordada y ahora le comunicaron a la cónsul la nueva fecha de la audiencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales.
Titula la noticia hoy: «Sala IV no encontró vicios de procedimiento o de fondo en proyecto para ampliar vida útil de autobuses.»
Lamentable noticia para los millones de personas que utilizamos el servicio de transporte público, autobuses.
Es un hecho que la politiquería, la corrupción y los favores electoreros intervienen en la intención de los concesionarios del servicio público de autobuses para alargar «la vida» de los autobuses y acortar la de los usuarios.
Tanto los magistrados que votaron en contra de la Consulta de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el proyecto de Ley 23.782 con el pomposo título de «Ley para garantizar el Servicio de Autobús a los usuarios», como los diputados y diputadas que tramitan este en la Asamblea Legislativa, nunca sufren las consecuencias de viajar TODOS LOS DÍAS en unidades en deplorables condiciones.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió «por mayoría que no encontró vicios de fondo o de procedimiento en la iniciativa», sin contemplar las condiciones reales de las unidades que afectan, no solo a las personas con discapacidades varias, sino al resto de las personas que utilizamos el peor servicio, en las peores condiciones posibles.
¿A quién le deben «favores» magistrados y diputados?, a los empresarios que trasladan votantes a las urnas.
La consulta que se tramitó bajo el expediente judicial 23-026217-0007-CO, y presentada por la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de ley 23.782 «Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios», pretende agregar el Transitorio Nº 25 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dicen que para ampliar «temporalmente» la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por una única vez, pero ya tienen 10 o 15 años, en donde todos los gobiernos anteriores extendieron esa vida útil.
Indica la Sala IV que «la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses», pero por supuesto, afecta todas las personas usuarias.
Los magistrados señalaron que el Transitorio 25 que se pretende incluir no tiene como fin disminuir los estándares establecidos en la Ley 7600, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma «temporal» de las unidades para todas las personas, «esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.», esto demuestra que NUNCA se han montado a un autobús en su vida, no uno de lujo por supuesto.
La magistrada Anamari Garro Vargas emitió un voto separado en el que, «en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria, no porque la propuesta fuera intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta.» Por su parte el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo.
En Costa Rica, las unidades de autobuses quemadas por año son:
2020: 16
2021: 17
2022: 19
2023: 6… por ahora.
Reitero lo que desde hace años vengo diciendo, y como solo es un desahogo personal y a nadie le importa lo que piense, ni siquiera a mis vecinos que utilizan el servicio, son los gobiernos, los corruptos politiqueros de turno, diputados y diputadas, magistrados, autoridades como el Consejo de Transporte Público, COSEVI, ARESEP, serán los responsables por la pérdida de vidas por las condiciones de los autobuses.
La solución SIEMPRE estará en manos del pueblo, de la ciudadanía que se organice, se manifieste y se lance a las calles a EXIGIR que esta desfachatez se termine.
Por lo pronto, la recomendación de siempre, “Apenas vea humo o se sienta ese olor, llame al 911 y «rece» por su vida», luego de las gracias a los magistrados, diputados y presidente.
La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.
Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…
La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.
Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.
El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.
El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.
No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.
Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.
Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.
Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.
En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.
Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.
En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.
Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.
Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.
Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.
No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.
Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.
La Sala Constitucional determinó que el proyecto de jornadas laborales de 12 horas laborales, mejor conocidas como jornadas 4×3 tiene un vicio sustancial legislativo, es decir, no procede su tramitación. En UNDECA celebramos esta resolución que es un paso firme en la ruta de la legalidad costarricense.
El “caballito de batalla” del gobierno de Rodrigo Chaves se vino abajo, porque han tratado a toda costa de aprobar la reforma al Código de Trabajo que pretendía modificar las jornadas laborales, lo que los llevó a cometer un vicio sustancial en el procedimiento, al ser trasladado el proyecto a una comisión legislativa a la que no le competía su análisis.
“Esta resolución evidencia que no tiene futuro el proyecto que pretendía acabar con una de las principales conquistas de la clase trabajadora, la jornada de 8 horas, y da un zarpazo al gobierno de Chaves en sus intentos de imponer una política criminal y depredadora de los derechos laborales, con la que esperaban abaratar los costos de la producción sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Desde UNDECA hemos sostenido que la jornada 4×3 significaba un retroceso en materia laboral y un impulso a la esclavitud moderna en Costa Rica, mientras que en otras latitudes avanzan hacia jornadas más cortas por semana, aquí buscaban aumentarlas.
SURCOS comparte la cara enviada por la Red de Solidaridad con Palestina a las fracciones legislativas.
3 de noviembre 2023
Asunto: Votación a Favor de un Cese al Fuego en Gaza
Estimados señores Diputados y señoras diputadas Asamblea Legislativa Costa Rica
Sr. Jonathan Acuña Soto- Frente Amplio Sr. Andrés Robles Barrantes – Frente Amplio Sr. Antonio Ortega Gutiérrez – Frente Amplio Sra. Rocío Alfaro Molina – Frente Amplio Sra. Sofía Guillen Pérez – Frente Amplio
La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica, integrada hace más de 35 años, por organizaciones y ciudadanos (as) preocupados por la situación de violación flagrante a los derechos humanos de las y los Palestinos, les escribimos para agradecer su voto reciente en plenario legislativoa favor de un cese al fuego en Gaza.
El respaldo suyo, ameliora la vergüenza que sentimos y denunciamos vehementemente en relación al voto de 30 de sus colegas diputados/as, quienes no votaron a favor de un cese al fuego en Gaza, por lo que apoyan el bombardeo y sufrimiento de este pueblo.
El Ministerio de Salud de Gaza, ha informado que más de 9,000 palestinos, la mayoría, población civil, han sido asesinados por los bombardeos de Israel en las últimas 3 semanas. A la fecha de hoy, más de 4,000 niños indefensos han sido masacrados.
¿Cómo es posible que Costa Rica, quien además votó el día 27 de octubre en las Naciones Unidas, junto con 120 países más, a favor de un cese al fuego en Gaza, ahora en la Asamblea Legislativa no respalda esta posición?
¿Cómo es posible que Costa Rica, país conocido en el mundo entero como país que proclama la paz, que orgullosamente abolió su ejército en 1948, que declaró su neutralidad perpetua en el año 1983, toma partido a favor de la matanza de civiles inocentes, miles de niños indefensos que ni siquiera pueden huir porque están encarcelados en las mismas fronteras que impone Israel en Gaza?
Repudiamos este voto y les solicitamos liderar una nueva votación en el plenario de la Asamblea Legislativa, que sea coherente con la tradición pacífica de Costa Rica y coherente con el voto emitido en las Naciones Unidas el día 27 de octubre 2023.
Reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento a ustedes, once valientes hombres y mujeres, los que reflejan el sentir costarricense, compartiendo los valores de humanismo para demandar el alto al bombardeo de inmediato, abrir las fronteras para que los ciudadanos de Gaza reciban alimentos y atención médica y que se inicien conversaciones de inmediato que lleven a una tregua y acuerdos entre las partes.
Asimismo, aprovechamos la oportunidad para solicitar una cita en sus respectivos despachos para recibir a una pequeña comitiva de nuestra agrupación.
Atentamente,
Suy Wong & Isabel Macdonald, por Red de Solidaridad con Palestina Ann Marie Saidy, por Código Rosado Costa Rica (Code Pink)
c.c jefes de Fracción Asamblea Legislativa, Costa Rica Sr. Rodrigo Chaves Robles, presidente República de Costa Rica Sra. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes Organizaciones de DDHH en Costa Rica e Internacionales Sra. Mary Denisse Munive Angermuller, ministra de Salud Sr. Arnoldo Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores Sra. Maritza Chan Valverde, Representante Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas Medios de Prensa Nacional y Prensa Alternativa
Manifiesto del Grupo Economía Pluralista dirigido a la presidencia y a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa Diputado Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de fracción Partido Nueva República Diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa de fracción Partido Progreso Social Democrático Diputado Eliecer Feinzaig Mintz, jefe de fracción Partido Liberal Progresista Diputada Sofía Alejandra Guillén Pérez, jefa de fracción Partido Frente Amplio Diputado Oscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción Partido Liberación Nacional Diputado Alejandro José Pacheco Castro, jefe de fracción Partido Unidad Social Cristina
El plan fiscal heredado del gobierno de Carlos Alvarado, concretado, principalmente, en las leyes número 9635 (“Fortalecimiento de las finanzas públicas”), y 10.159 (“Ley Marco de Empleo Público”), y concebido desde un énfasis austeritario y restrictivo, está dando clarísimos síntomas de agotamiento, con consecuencias sociales y humanas muy serias y preocupantes, lo que, a su vez, multiplica y agrava las amenazas para la paz social y la estabilidad de la democracia.
Los síntomas del problema son múltiples:
La dinámica de los ingresos muestra una tendencia declinante. Al mes de septiembre de 2023, y comparado con los datos de un año antes, los ingresos totales registran una reducción de -2,7%. Obviamente este dato está afectado por la tendencia deflacionaria que se ha registrado durante este año, pero, incluso si consideramos ese factor, lo que se registra es una reducción en términos reales, puesto que, en el mismo lapso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una reducción interanual del -2,2%. La parte correspondiente a los ingresos tributarios aumenta solo un 2,9%, cuando un año antes aumentaban 16,4%. Incluso si descontamos la inflación (que ciertamente era mucho más alta en septiembre 2022 que en septiembre 2023), detectaremos una reducción en el ritmo de crecimiento de este ítem. Sin embargo, es importante observar que lo que mantiene a flote el dinamismo de los ingresos tributarios es el IVA, el cual, al mes de septiembre, crece un 6,5% interanual, cuando los impuestos sobre ingresos y utilidades lo hacen tan solo un 1,3%. Esto último advierte sobre una posible tendencia hacia una mayor regresividad del sistema tributario, el cual, de por sí, ya es sumamente injusto e inequitativo.
Los gastos, sin incluir pagos por intereses, siguen bajo una fuerte presión restrictiva. Al mes de septiembre, su crecimiento interanual es de 0,9%, lo que hace previsible que la proporción correspondiente, como porcentaje del PIB, seguirá a la baja, puesto que el Banco Central anticipa un crecimiento del 5,7% en términos nominales (sin descontar la inflación) para el presente año 2023.
En general, la evolución del gasto del Gobierno Central, durante el período posterior a la aprobación de la Ley 9635, advierte acerca de tendencias muy preocupantes, tal y como se sintetiza en los siguientes datos:
2018
2022
Gasto Total sin intereses (% del PIB)
16,0
14,5
Gasto corriente sin intereses (% del PIB)
14,7
13,1
Gasto de capital (% del PIB)
1,3
1,4
Gastos por intereses (% del PIB)
3,4
4,6
4. La significativa reducción del gasto corriente (sin incluir intereses), relativamente al tamaño de la economía, conlleva una fuerte pérdida de eficacia y calidad en los servicios públicos. La errónea idea de que se puede sacrificar el gasto corriente sin que ello tenga consecuencias importantes, pierde de vista un dato fundamental: el funcionamiento normal de las instituciones públicas, y de los servicios que, cotidianamente, estas prestan, depende de ese rubro presupuestario. Esta severa restricción implica un efecto muy negativo para la población, la paz social y el desarrollo de la economía, y ese efecto persistirá incluso aunque pudieran obtenerse mejoras significativas en la eficiencia, cosa que, sin embargo, es altamente improbable de lograr si no se realizan -como no se están haciendo- inversiones importantes en equipo, tecnología e instalaciones, y mucho menos en vista del desaliento y desmotivación que generan en el personal del sector público, los largos años de congelamiento salarial y toda la incertidumbre y confusión que ha provocado la Ley Marco del Empleo Público.
5. Por su parte, los montos irrisorios, más bien ridículos, que se destinan a gasto de capital, frenan cualquier programa serio de creación de empleos decentes, e implica un acrecentamiento en los déficit acumulados en materia de infraestructura (desde puentes, carreteras y transporte público, a escuelas e infraestructura de cuido), con severas consecuencias para el desarrollo futuro de la economía, para la equidad e inclusión social y, por lo tanto, para la paz social y la estabilidad de la democracia.
6. En cuanto a los pagos por intereses de la deuda, estos siguen arrastrados en una deriva ascendente, agregando presiones restrictivas adicionales sobre el gasto social y la inversión pública. Los datos actualizados a septiembre de 2023, confirman que la estrategia definida para la reducción de este rubro (basada, sobre todo, en la sustitución de deuda interna por deuda externa) no está dando los resultados prometidos, no obstante que la baja tan fuerte del dólar (un -23% desde fines de junio 2022 a la fecha), debería aliviar muy considerablemente los pagos por intereses sobre la deuda expresada en moneda extranjera. Es más que llamativo confirmar que, al mencionado mes de septiembre, los gastos por intereses de la deuda externa crecen espectacularmente, a una tasa interanual del 28.7%, no obstante, la mencionada reducción del precio del dólar ¿Era de esa forma cómo se pretendía reducir los pagos por intereses?
7. La realidad se ha encargado de poner en evidencia los altísimos costos sociales y humanos que estas políticas conllevan, y todo el creciente malestar ciudadano que alimentan. Eso ha repercutido en la Asamblea Legislativa, en la cual hemos visto desplegarse esfuerzos diversos que, en lo fundamental, tratan de flexibilizar o modificar aspectos de la regla fiscal.
8. Apreciamos y aplaudimos lo que hay de positivo y bienintencionado en esos esfuerzos y disposiciones, pero advertimos que es una estrategia reactiva, que conlleva algunos problemas y limitaciones importantes:
Son decisiones fragmentarias, que carecen de una visión integrada, coherente y de conjunto. Si bien alivian algunas de las consecuencias problemáticas derivadas de la estrategia fiscal en aplicación, arriesgan generar nuevas inconsistencias en el abordaje del problema fiscal y, por lo tanto, nuevas fragilidades en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su lugar, es urgente avanzar hacia un replanteamiento integral y coherente, que garantice sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Pero sostenibilidad no solo desde el punto financiero, sino también desde lo social, lo político y lo económico en sentido amplio.
Una de tales inconsistencias tiene que ver con el hecho de que, al liberar secciones o porciones de la institucionalidad pública de la aplicación de la regla fiscal, manteniendo el resto sujeta a esta, se crea la muy plausible posibilidad de un desarrollo asimétrico e incoherente: algunas porciones sometidas a una restricción muy fuerte, frente a otras que gozan de mayor holgura presupuestaria. Lo deseable, en cambio, es lograr un fortalecimiento armónico y coherente de las instituciones públicas en sus distintos componentes. La premisa implícita, según la cual hay servicios públicos prioritarios y otros accesorios es, como mínimo, problemática, entre otras cosas porque desestima las relaciones de complementariedad entre las distintas partes componentes de la institucionalidad pública. Por ejemplo: propiciar que las universidades puedan invertir más en becas e infraestructura y que fortalezcan su oferta académica en las regiones, mientras la investigación y la acción social o extensión se mantienen bajo una presión restrictiva, puede dar lugar a formas de desarrollo institucional desbalanceadas y poco armónicas.
Las decisiones atinentes a reducción de impuestos, por ejemplo, la reciente reducción del marchamo, al margen de la buena intención que pudiera animarlas, deberían no solo cuidar de tener un perfil nítidamente progresivo, sino contemplar fuentes alternativas de ingresos que sustituyan los que se están reduciendo, y las cuales deben quedar definidas de forma igualmente progresiva. De otra manera, al reducir los ingresos, se estarán dando pretextos adicionales para endurecer el enfoque austeritario, que tan nefastas consecuencias está teniendo. Sobre todo, es muy preocupante la reciente decisión, relacionada con la llamada “lista gris” de la Unión Europea, la cual, al exonerar las rentas o ganancias obtenidas por capitales de origen costarricense invertidos en el extranjero, con ello no solo debilita los ingresos fiscales, y no solo favorece directamente a los más ricos de Costa Rica, agudizando en consecuencia la regresividad de nuestro sistema tributario y las desigualdades en nuestra sociedad, sino que incentiva la fuga de capitales y su inversión fuera del país, con todas las negativas consecuencias que ello tiene para la creación de empleos y el desarrollo de la economía. 9 .Conclusión:
El abordaje del problema fiscal por el que se ha optado, está dando signos claros de agotamiento. Es cierto que ha habido una mejora relativa en las cuentas fiscales, lo cual se refleja en el surgimiento de “superávits primarios” (excedentes positivos de los ingresos sobre los gastos, sin incluir en estos últimos los pagos por intereses), como también en una reducción considerable del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los pagos por intereses). Sin embargo, todo eso se logra a un costo altísimo e incuantificable, en virtud de las severas consecuencias sociales y humanas que esa estrategia de políticas tiene, lo cual la hace políticamente inviable. Esa inviabilidad se agudiza en el actual contexto nacional, asediado por una agudizada situación de violencia y criminalidad, la cual parece haberse salido de cauce, al punto que, en algunos lugares, el Estado está prácticamente ausente, sustituido por las estructuras del crimen organizado. Todo esto advierte que insistir en una política austeritaria como la que se viene aplicando, es una apuesta sumamente peligrosa. Es indispensable tener presente que no solamente se requieren más policías, cárceles y represión, sino, y sobre todo, es urgente y necesario un abordaje preventivo, lo cual, inevitablemente, pasa por el fortalecimiento de las políticas de salud, educación, vivienda, cuido, arte y cultura, entre otros, así como, en general, de todos nuestros sistemas de seguridad social y del Estado social de derecho en su conjunto. Hay cosas importantísimas que el mercado y la iniciativa privada no pueden proveer, o, si las proveen, serán a precios que, inevitablemente, excluirán a la mayor parte de la población. Sin un futuro esperanzador, empleos de calidad, estabilidad económica, oportunidades educativas y de esparcimiento, buenos servicios de salud, acceso a vivienda y a un servicio hídrico universal y de calidad, transporte público accesible y de calidad, oportunidades para el cultivo del arte y la práctica del deporte, será imposible frenar la criminalidad y traer paz a nuestras comunidades y vecindarios.
10. Propuesta
Creemos necesario avanzar en una dirección renovada, que contemple aspectos como los siguientes:
Un ejercicio de acercamiento y colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que, cancelando rigideces ideológicas, permita concertar acciones, formuladas con prudencia y razonabilidad, con el fin de reducir la carga de los intereses de la deuda. No debe descartarse una posible renegociación de esa deuda, al menos la parte interna.
Debe tenerse máxima prudencia al tomar deuda externa, dados los riesgos que comporta endeudarse en una moneda que no es la nuestra. Esa deuda externa debería destinarse a fines productivos, para la elevación de la productividad, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, y la diversificación y modernización de la economía, que garanticen la sostenibilidad futura de la misma deuda.
Es urgente avanzar hacia una reforma tributaria realmente progresiva, que haga valedero el principio de que cada quien contribuya según sus reales posibilidades. Deberíamos proponernos un incremento en la carga tributaria (como porcentaje del PIB y sin incluir las contribuciones a la seguridad social), de al menos 5 puntos porcentuales durante los próximos cinco años, lo que implicaría llevarla a los alrededores del 19%, todavía muy lejos del promedio de la OCDE (25%), y mucho más lejos aún de los países de más alto nivel de vida, como los nórdicos europeos, donde usualmente supera el 30%. Esto debería provenir exclusivamente de impuestos sobre los altos ingresos (indistintamente de que estos provengan del capital o del trabajo) y sobre los grandes patrimonios, sin afectar más a los sectores de ingresos medios, ni mucho menos a los de ingresos bajos. Téngase presente que los impuestos sobre ingresos y utilidades aportan, en Costa Rica, solamente un 5,5% como proporción del PIB, cuando el respectivo promedio para la OCDE es del 11,3%, mientras en Finlandia y Suecia excede del 15%, en Noruega está por arriba del 20% y Dinamarca llega al 30%. Esto debe ir acompañado de cambios en la legislación y fortalecimiento organizacional y tecnológico de la administración tributaria, a fin de combatir eficazmente el fraude tributario en sus diversas manifestaciones. No debe perderse de vista el carácter trasnacionalizado, incluso globalizado, de la “industria del fraude tributario”, lo cual exige la colaboración y el trabajo conjunto de los diversos países y sus gobiernos. Todo esto es necesario, para poder contar con la holgura presupuestaria mínima, que nos permita soltarnos de las amarras asfixiantes, y sumamente dañinas, de la austeridad fiscal.
Así sea de forma gradual, y con mucho tiento y prudencia, pero es necesario que el país redefina sus políticas en materia de inversión extranjera. Hemos sido excepcionalmente exitosos a la hora de atraerla, pero sumamente ineptos, si de garantizar ciertos beneficios mínimos para el país se trata. Bienvenidos son los empleos que genera, pero la evidencia demuestra, sin asomo de duda, que son harto insuficientes para satisfacer las necesidades de empleo de nuestra gente, como también son insatisfactorios los resultados logrados en términos de la generación de encadenamientos productivos y transferencia de tecnologías. Y ni hablemos de sus muy escasos aportes al sostenimiento de las finanzas públicas. La resistencia a cualquier avance en ese sentido, no obstante que la necesidad es más que apremiante, se vuelve más clara si recordamos que a nivel mundial se ha discutido, y se han tomado acuerdos, que propician establecer al menos una tasa uniforme del 15% sobre las ganancias de las corporaciones transnacionales. En Costa Rica, y contrariando los intereses nacionales más elementales, la cuestión ha sido silenciada. En resumen: nos urge establecer una relación más equitativa con la inversión extranjera, de manera que esta encuentre en nuestro país un ambiente propicio a sus intereses, pero garantizando que quede a nuestro favor una cuota razonable de las ganancias generadas.
Es importante abrir espacios para el desarrollo de programas de inversión pública que relancen el empleo, dinamicen el mercado interno, avancen gradualmente hacia el cierre de los déficits en materia de infraestructura y conectividad, el avance hacia nuevas fuentes energéticas limpias y sostenibles, y que, asimismo, sienten las bases para una economía moderna, diversificada y de alta productividad. Estos programas y proyectos deberían diseñarse de forma que propicien el empleo para mujeres y personas jóvenes, el beneficio de las regiones y comunidades fuera del Valle Central, y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. También debería considerarse abrir programas de empleo temporal, que propicien el aporte de las personas en labores cívicas de interés de las comunidades y los barrios, y que provea un ingreso mínimo a personas que lo requieren, y las cuales desean obtener un trabajo formal pero que no lo tienen.
Las operadoras de los fondos de pensiones complementarias (fondos de capitalización individual) administran ahorros de la población costarricense, por una cifra que excede de los ₡10 billones de colones, o sea, el equivalente a aproximadamente 21-22% del PIB. Cerca de un tercio de esos fondos -un monto por encima de ₡3 billones- está siendo colocado en los mercados financieros internacionales, los cuales, como hemos podido comprobar, son altamente inestables y riesgosos. Paradójicamente, la inversión pública en muchos ámbitos de máxima prioridad social y económica, sigue paralizada, o reducida a su mínima expresión, porque, según se repite, “no hay cómo financiarla”. O bien, y alternativamente, se apela al mecanismo de “concesión de obra pública”, lo cual significa, para todo efecto relevante, una privatización de hecho, con resultados que reiteradamente han sido contrarios a los intereses de Costa Rica. Deberíamos, en cambio, poner especial interés en aprovechar los fondos de pensiones para el financiamiento de las inversiones públicas. Con ese fin, es posible explorar mecanismos como los de titularización de obra pública, la creación de “vehículos de propósito especial” (SPV por sus siglas en inglés) o los fideicomisos. Pero para hacer todo esto eficaz y expedito, es necesario, primero, que el sistema financiero desarrolle mecanismos idóneos, ágiles y confiables para la canalización de esos fondos, y, segundo, que la legislación y la institucionalidad pública involucrada, se reformen en lo que sea necesario, a fin de garantizar que los procesos de planificación y ejecución de las obras públicas avancen con presteza y con los mínimos obstáculos posibles. Todo esto dentro de una propuesta de políticas que resguarde la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones.
Finalmente, y de forma sumamente respetuosa y encarecida, formulamos una excitativa a las señoras y señores, presidente y jefas y jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para que promuevan la apertura de mesas de diálogo y trabajo, con participación de representantes de las diversas organizaciones y sectores de la ciudadanía, incluyendo, entre otros, sindicatos, organizaciones de mujeres, academia, pueblos indígenas, las iglesias y las diversas organizaciones religiosas, las organizaciones de la agricultura y del ambiente, organizaciones estudiantiles, comunales, solidaristas y de la economía social-solidaria (cooperativas, micros y pequeños emprendimientos, etc.) y cámaras empresariales, con el fin de avanzar hacia la formulación de un programa fiscal, coherente e integral, justo y progresivo, que genere las condiciones necesarias para relanzar el empleo, elevar la productividad de la economía y propiciar un desarrollo sólido y sostenible, ambientalmente muy responsable. Desde luego, es importante que las autoridades del Poder Legislativo inviten y promuevan la participación del Poder Ejecutivo, ya que, sin el compromiso de este último, sería imposible avanzar en este proceso de urgente reorientación y replanteamiento de la estrategia fiscal en aplicación.
Sin más por ahora, quedamos a sus órdenes y a la espera de su respuesta a esta respetuosa excitativa. Cualquier comunicación puede enviarse al siguiente correo electrónico: lpvaso@gmail.com
Cordialmente
Dr. Luis Paulino Vargas SolísEconomista / Cédula 2-0327-0373
Catedrático jubilado
Máster Ana Rosa Ruiz FernándezEconomista / Cédula 3-0248-0440
Representante Administrativa en el Consejo Institucional ITCR
AcciónenBarrasdePúblicoantecomparecenciadelaMinistrade Educación en la Asamblea Legislativa
Comunicado Público
Este martes 26 de septiembre, un grupo de personas comprometidas con la defensa de educación pública y la libertad de expresión nos hicimos presentes en las Barras de Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este acto se llevó a cabo en el marco de la comparecencia de la ministra de Educación, con el objetivo de ejercer nuestro derecho democrático a manifestarnos y participar en este proceso legislativo.
A nuestra llegada frente al edificio de la Asamblea Legislativa, nos encontramos con una situación inusual: el acceso a las Barras de Público estaba bloqueado. Se nos informó que esta decisión obedecía a la presencia de una comitiva de aproximadamente 30 personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública, incluyendo asesorías de la ministra.
Ante esta situación, solicitamos el acceso de al menos dos representantes por cada una de las organizaciones presentes, entre ellas sindicatos, federaciones estudiantiles y estudiantes de secundaria. Finalmente, se nos permitió el ingreso, pero lamentablemente la experiencia dentro del recinto distó mucho de lo que esperábamos.
Las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública presentes en el recinto nos recibieron con actitudes y palabras despectivas, nos instaron a abandonar el recinto alegando que bloqueamos su vista. Incluso solicitando la intervención de los funcionarios de seguridad de la Asamblea Legislativa para que se nos retirara del lugar.
Denunciamos de manera contundente este intento del gobierno de bloquear una vez más la libre manifestación estudiantil y el ejercicio de nuestros derechos democráticos, este acto es una muestra más de cómo este gobierno se niega a construir diálogos y rendir cuentas de manera transparente a la población nacional.
Seguimos en la defensa de la educación pública de calidad, democrática como un pilar fundamental de nuestra sociedad, ante esto, urgen acciones concretas y una inversión real que atienda las necesidades, contrario a los recortes que este gobierno ha impulsado y propuesto.
Eso es lo que, por estos días, dicen varias fracciones en la Asamblea Legislativa.
Podríamos decir que la historia empezó con el asunto de que la Unión Europea puso a Costa Rica en una tal “lista gris”, como un país cuya legislación facilita el fraude tributario. Pero, en realidad, el cuento dio inicio varios meses antes de eso, en relación con resoluciones judiciales que ordenaban que, cuando un inversionista o una empresa domiciliada en Costa Rica invierten en el extranjero capitales originados en nuestro país, necesariamente debía tributar sobre las ganancias obtenidas, una vez que estas fueran repatriadas. Ya entonces algunos diputados -entre ellos, Eli Feinzaig- mostraron su enojo ante tales sentencias, y amenazaron: “esto no se queda así”.
Vino luego lo de la famosa “lista gris” y la cosa pintó lo que se dice “miel sobre hojuelas”. O sea, el pretexto perfecto: “vamos a hacer como que estamos corrigiendo el problema que molesta a Europa y, de paso, metemos el golcito que tanto nos interesa”.
Dicho y hecho: ahí tenemos -respaldado por lujosa mayoría legislativa- el proyectito que dice que, si una corporación transnacional repatría hacia Costa Rica ganancias obtenidas fuera, deberá tributar, pero que si es una empresa o un ricachón costarricense, pues no: aunque los capitales hubiesen sido originalmente obtenidos en Costa Rica y solo después de eso invertidos en el exterior, de todas maneras se les exime de pagar.
Bonita cosa: no solo es la alcahuetería sino que, además, se crea un incentivo para invertir fuera, en vez de impulsar la producción y crear empleos en nuestro propio patio.
¿Será que don Rodri –“el que se come las broncas”- a va a vetar este proyecto? Al principio ponía cara de bulldog, pero últimamente se le vio carita de pequinés maltés. Como que ya no le molesta tanto la idea ¿Será que algunos de sus amigos le llegaron a hablar al oído, y el hombre no pudo evitar enternecerse?
Pero, por favor, no olvidemos los enormes portillos que se han abierto en zonas francas, gracias a lo cual empresas que siempre funcionaron bajo el régimen impositivo tradicional, ahora se metamorfosean como “empresas de zona franca” y pasan a gozar de la ambrosía de los privilegios tributarios.
Es claro que los ricos de Costa Rica disfrutan de una inmejorable red de cuido.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende regalarle a grandes empresas 21 mil millones de colones. El proyecto fue aprobado con los votos del PLN, PUSC, el partido de Eli y los neopentecostales. La propuesta fue impulsada por Eli, lógicamente, el PUSC, lógicamente, los neoevangélicos, lógicamente, y el vergonzante partido Liberación, que supuestamente se está renovando.
Decimos que les regalan a grandes empresas, especialmente bancos privados, ¢21 mil millones porque lo que pretenden es por vía legal, cambiar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala Primera que ya los había obligado a cancelar esas sumas. En otras palabras, ya estaban obligados a ese pago.
Aprovechando que era urgente aprobar una ley que sacara al país de la llamada lista gris de los paraísos fiscales de la OCDE, se apresuraron a introducir en el proyecto, bajo la presión del fuerte lobby de la Asociación Bancaria, una reforma al artículo 1 que liberará a esas grandes empresas de pagar los impuestos que generan rentas pasivas en el extranjero por fuentes productoras de renta en el país. Actualmente, dice el diputado Jonathan Acuña del FA, esas grandes empresas sí tienen que pagar ese impuesto, pero los diputados pretenden que no lo paguen. Es un regalo sustancioso a empresas como la Coca Cola, Meco, Durman Esquivel y bancos como BAC, Lafise, Promérica, Improsa, General y otras más.
El día de mañana pretenden aprobarlo definitivamente. Estamos en presencia de una nueva burla a los costarricenses: mientras los impuestos se cargan sobre las espaldas de los trabajadores y se mantienen congelados los salarios, a los grandes bancos y empresas los liberan de pagar impuestos. Tenía razón Ángela Merkel cuando dijo que el problema de América Latina es que los grandes ricos no querían ni pagaban impuestos.
El Presidente Chaves anunció por boca del ministro de Hacienda que vetaría el proyecto. Esperemos que cumpla la palabra y no se acojone ante la presión de los grandes evasores.
Estamos ante un proyecto que es una de las grandes vergüenzas nacionales y un desprestigio internacional.
Mientras algunos políticos, especialmente de Liberación Nacional, gritan hasta quedar afónicos que luchan contra la evasión, por otro lado la legalizan y favorecen el enriquecimiento de unos pocos a costa de la educación, salud, carreteras y en general, el bien común. De verdad que han perdido la vergüenza y la dignidad.
ACOJUPEMA (Asamblea de Cotizantes de los Regímenes de Pensiones de Jupema) informa sobre el contenido de los proyectos de ley sobre pensiones que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Y exige sean rechazados y archivados inmediatamente por el grave perjuicio que causarán a los dineros ahorrados por todos los trabajadores del país.
Como cotizantes y ciudadanos nos corresponde defender el derecho constitucional y humano a una pensión digna.
