Ir al contenido principal

Etiqueta: Asamblea Legislativa

El Día de Acción de Gracias no se debe aprobar como un día de celebración nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Un grupo de diputados pareciera americanizados, especialmente de los grupos parlamentarios no católicos, de los partidos cristianos anticatólicos, de los llamados popularmente ramachecos, que arrastraron, seguramente por ignorancia a otros diputados, como Pablo Heriberto Abarca, Aracelly Salas, Oscar Cascante, del partido Unidad Social Cristiana, Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, Jonathan Prendas, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Harllan Hoepelman, del partido Nueva República y de los llamados diputados independientes Shirley Díaz y Erick Rodríguez Steller, han presentado el Proyecto de Ley No. 22.807, ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que propone celebrar, en Costa Rica, el último jueves de noviembre, en concordancia con el cuarto jueves, en que se celebra en Estados Unidos, el llamado Día de Acción de Gracias.

Este Día se celebra en pocos países, en Estados Unidos, en Canadá, en algunas islas angloparlantes del Caribe, y en Liberia, que es un país africano, que a principios del siglo XIX la Sociedad Estadounidense de Colonización definió como el lugar donde se podían enviar a los esclavos negros afroamericanos que eran liberados. Los que así se trasladaron, fueron considerados emigrantes, como fueron los primeros colonos de los Estados Unidos, que llegaron de Inglaterra.

En 1847, el 26 de julio, se declaró la República de Liberia y los colonos allí afincados se autodenominaban “americanos”, identificados en muchos aspectos con la tradición y costumbres de los Estados Unidos.

Liberia desde su fundación recibió el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y se estructuró con base en el modelo democrático de los Estados Unidos, siendo hoy una República presidencialista, que en su desarrollo en el siglo XX y siglo XXI ha tenido muchas crisis políticas.

El Día de Acción de Gracias también se celebra en Canadá pero se hace el segundo lunes de octubre. En Canadá tuvo un origen similar a los Estados Unidos, por los colonos leales a Inglaterra que iban llegando, resultado de la Guerra de Independencia de las 13 Colonias.

También se celebra por las comunidades estadounidenses en el extranjero, en otros países, y por quienes han vivido, trabajado o estudiado en los Estados Unidos, que se identifican con esta festividad, porque la aprendieron a vivir, religiosamente como lo es, o en la parte secular, no religiosa, de esta tradición, que se hace, en ambos casos, con una gran comida de pavo. Igualmente, se celebra en las familias donde hay un miembro de nacionalidad estadounidense, como en mi familia paterna, que una tía de origen norteamericano estaba casada con un tío ya fallecido, y organizaba una cena, ese día, para toda la familia, motivo de una gran reunión familiar y de algunos amigos.

La esencia de la festividad del Día de Acción de Gracias o celebración es agradecer a Dios por los alimentos, y las cosechas, de manera más particular. En las diferentes tradiciones de los pueblos se hacen distintas celebraciones relacionadas con los cultivos, especialmente con relación la época de las cosechas.

La tradición que da origen al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se asocia directamente a la presencia de la Iglesia Anglicana, primero, por la Reforma Anglicana que se da durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra, que redujo los días festivos religiosos, que antes de 1536, eran casi 100, junto a los domingos de la celebración de las misas, días que no se trabajaban. Con esta Reforma los días festivos se redujeron a 27.

Los de tradición cristiana puritana querían eliminar todos los días feriados o festivos religiosos, incluyendo la Navidad y la Pascua, sustituyéndolos por días de ayuno, también llamados de Acción de Gracias, como reacción a los eventos de la naturaleza, entre ellas las sequías, inundaciones o plagas en los cultivos, consideradas entonces, acciones de Dios, por lo que se debía dar gracias a las bendiciones, de los buenos períodos.

También se asoció el Día de Acción de Gracias al triunfo de los ingleses sobre los españoles en 1588, a la Reina Ana Estuardo, de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, en 1705, educada en la tradición protestante, cuando sus padres fueron católicos, así como a la llamada conspiración de la pólvora, un conflicto de católicos y protestantes a principios del siglo XVII, de manera que el 5 de noviembre de cada año, se celebra en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Terranova, Canadá, San Cristóbal y Nieves, en algunas partes de Estados Unidos y antiguamente en Australia el fracaso del complot, lo que se conoce como la Noche de Guy Fawkes, la Noche de la Hoguera y la Noche de los Fuegos Artificiales, que recuerda el descubrimiento a tiempo de la conspiración del 5 de noviembre de 1605 que impidió el derrocamiento de la dinastía protestante de los Estuardo, y la llegada de un monarca católico.

En los Estados Unidos es una fiesta nacional, de los pocos días feriados que tiene ese país. Su festejo se origina en 1623, en el Estado de Massachusetts, agradeciendo las buenas cosechas, compartiendo alimentos con colonos y nativos que carecían de ellos, y enseñándolos a sembrar y a pescar, mediante un festival de la cosecha que se convirtió en tradición. Hay historiadores que refieren que esta fecha y esta actividad se originó antes, por colonos españoles en las regiones de Florida y en Texas.

La tradición de la celebración del Día de Acción de Gracias es de una gran reunión familiar, con amigos cercanos de las familias, alrededor de una gran comida, que tiene por plato principal un pavo que se estila preparar relleno, y acompañar postres, licores, bebidas de distintos tipos, y queques de nueces y manzanas.

Con el desarrollo de la sociedad de consumo capitalista se ha hecho de esta fecha una celebración de gran movilización comercial, por los elementos de las comidas y porque también se realizan actos asociados, culturales como comerciales propiamente dichos, para movilizar turistas y compradores, “consumidores” de los grandes almacenes, que con motivo de esta fecha hacen rebajas importantes en sus productos. Así se ha establecido el llamado “Viernes negro”, que corresponde al viernes posterior del Día de Acción de Gracias, que es cuando inicia, en Estados Unidos, la temporada de compras de los días de Navidad, temporada que aquí en Costa Rica, ya se está viendo en las calles, en negocios y en iluminación pública y residencial, y hasta con la misma celebración de “viernes negro”.

Según el diputado Jonathan Prendas, y los diputados americanizados que le apoyan en aprobar la celebración de Día de Acción de Gracias, para el último jueves de noviembre, al igual que en Estados Unidos, es para “fortalecer los valores familiares y la convivencia pacífica en el país”, para “atraer turistas que conmemoran esa fecha en sus países, para generar desarrollo, crear fuentes de empleo y bienestar”, para “aumentar los servicios de la oferta de visitantes extranjeros, así como acciones dinamizadoras en restaurantes y comercio”, y para “dar gracias en el seno de cada hogar para sanear la sociedad y crecer como país”.

Nada de estas afirmaciones son válidas. Los valores familiares no se fortalecen con una cena, que es más comercial, en un país como Costa Rica, que en Estados Unidos, donde sí reúnen familias, y provoca el desplazamiento de familiares de distintos lugares para encontrarse en esa fecha.

Por otra parte hay que ver las ofertas que se han publicado de restaurantes para celebrar este día. No bajan los precios de $40 (cuarenta dólares por persona). Para la situación económica que viven la inmensa mayoría de las familias esto es ofensivo, con el desempleo, la reducción de jornadas y la reducción de salarios, pensiones e ingresos de las personas. Solo la clase media media, con esfuerzos, y la media alta, y la alta, pueden darse ese lujo o gusto de ir a celebrar esta fecha a un restaurante.

En la realidad las familias que practican o celebran este día lo hacen en sus hogares. Y los ingredientes de esa cena ya son caros para la venta de ese día.

La convivencia pacífica tampoco se fortalece con una cena de pavo.

La fecha no atrae turistas. Para celebrar esta fecha turísticamente es mejor ir a un restaurante en Estados Unidos en esa fecha, haciendo la reservación con tiempo, porque la celebración se hace en la familia, principalmente en la casa, en el hogar. Solo el extranjero norteamericano, o el que celebra esta fecha, lo hará en Costa Rica, si se encuentra ese día en el país, cenando en el Hotel en que se encuentre, o yendo a un restaurante que promocione la cena de pavo, o si vive en el país.

Ningún desarrollo, ni bienestar se produce asociado a esta celebración de una noche del año, ni tampoco genera fuentes de empleo. Lo que puede generar es que en algunos hogares, de clase media para arriba, se puedan contratar servicios de atención, “catering”, para suministrar la cena y atender a los comensales, servicios que tampoco son baratos. La dinamización de los restaurantes será solo por esa noche.

Dar gracias para sanear la sociedad en el hogar, se puede hacer todas las noches, en cada cena, o en cada comida, especialmente en aquellas familias religiosas que todavía dan gracias a Dios por los alimentos que se van a consumir, que son cada vez menos los que practican estas “gracias” al instante en la mesa.

Lo que realmente evidencian estos diputados es su lamentable estado de aculturación, de pérdida de la cultura costarricense, si alguna vez la han tenido fuerte y arraigada, y su adaptación de patrones culturales extranjeros como propios. Probablemente ninguno de ellos, antes de este año, haya celebrado ese Día de Acción de Gracias. Pura pantomima, pura imitación aculturizada.

Solo les faltará, en esta perspectiva de ocurrencias, proponer también la celebración del Día de Martin Luther King Jr., el tercer lunes de enero, el Día de los Presidentes, que se hace por George Washington y Abraham Lincoln, que se ha generalizado a todos los presidentes de Estados Unidos. Aquí lo podríamos celebrar por Juan Mora Fernández y por Juan Rafael Mora Porras, si no se les ocurre otros, porque tal vez serían de los pocos presidentes que tendrían un gran consenso nacional.

Aquí también se les podría ocurrir a estos diputados celebrar el Día de la Recordación. En Estados Unidos se hace en memoria y tributo de los que han perdido sus vidas en servicios a la Nación, generalmente en guerras. Aquí, como no participamos ni inventamos guerras, como negocio de armas, y de la industria de la guerra, podríamos establecer el Día de Recordación a los caídos en la Guerra Nacional contra los Filibusteros Norteamericanos, de los caídos en los conflictos fronterizos con Colombia, Panamá y Nicaragua, sin exaltar a los caídos en conflictos militares internos, que los hemos tenido, o como lo celebró don Pepe Figueres en el Monumento en Dota, del 25 aniversario, de la Guerra Civil, “a los caídos de ambos bandos”.

En Costa Rica ni siquiera tenemos Tumbas o Mausoleos, en las cabeceras de Cantón o de Provincia que recuerden a los caídos, originarios de esos cantones, en la Guerra contra los filibusteros norteamericanos, que se conocen porque existe la lista de los fallecidos. Sería más importante impulsar una Ley que obligue en este sentido. Así el 20 de marzo, Batalla de Santa Rosa, el 10 de abril, Batalla de Sardinal, el 11 de abril, Batalla de Rivas, el 22 de diciembre, la Batalla de la Trinidad, por citar algunos de los enfrentamientos contra los filibusteros, se podrían hacer actos recordatorios con escolares y colegiales en memoria de nuestros héroes y caídos en defensa de la Patria, su Soberanía e Independencia, y por la Libertad de los pueblos centroamericanos.

Con la celebración del Día de la Independencia del 29 de octubre de 1821, los diputados no han podido hacer una Declaración definitiva de la Asamblea Legislativa, de manera que el feriado del 15 de setiembre, que se celebra la Independencia de Centroamérica, con la de Guatemala como detonante, se cambie al 29 de octubre como día feriado nacional alusivo a la Independencia Patria, pero sí corren y enloquecen de felicidad para celebrar un día festivo de otro país como propio.

Entre otras ocurrencias que podrían tener los diputados es pasar el Día del Trabajo, que se celebra en Costa Rica el 1 de mayo, para festejarlo como en Estados Unidos, el primer lunes de setiembre, en virtud de que el 1 de mayo es feriado obligatorio, desde 1858, para recordar eternamente, a perpetuidad, la rendición de William Walker y su horda filibustera, que es lo que menos se recuerda y se festeja en el país en esa fecha. El feriado del 1 de mayo no es por el Día de los Trabajadores, es por la rendición de Walker, que ese día tampoco se recuerda en los actos oficiales que hace la Asamblea Legislativa.

Por quienes están impulsando esta fecha de celebración del Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, en inglés, sin lugar a dudas, por su militancia no católica, de la mayoría de los proponentes de este proyecto de Ley, es para hacer más fuertes las tradiciones no católicas en el país y disminuir, y debilitar, las tradiciones religiosas católicas, porque, al menos en Estados Unidos, como fecha, es más importante el Día de Acción de Gracias, y de más solemnidad, que la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, que se asocia al nacimiento de Jesús, y la Pascua, día que también es festividad nacional en Estados Unidos.

Ya los diputados metieron la celebración del Día de la Biblia de una manera poco amplia y democrática, porque la Biblia, como libro importante, es de la tradición cristiana, católica y no católica.

Si querían establecer un día de celebración de un Libro Sagrado, debieron los diputados haber aprobado el Día de los Libros Sagrados, de todas las Religiones, donde se vean reflejados al menos la Biblia de los Cristianos, el Corán de los Musulmanes, la Torá y el Talmud de los judíos, el Libro de los Mormones, los Cánones del Budismo o Tipitaka, y la misma Constitución Política, que no siendo un libro religioso, en sí mismo, es el Libro más Sagrado y más importante de todos los costarricenses.

Si de celebración del Día de Gracias asociado a las cosechas se tratara, se debió haber impulsado, por estos diputados americanófilos, el día de la Celebración de Halloween, que se celebra tradicionalmente el 31 de octubre, lo que se hace ya en el país, con bastante pomposidad en distintos círculos sociales, en barrios populares que se ha metido, y en condominios residenciales, ya que esta fecha tradicionalmente, se originó en Irlanda, al terminar las cosechas, o cuando estas llegaban a su fin e iniciaba el “año nuevo celta”.

Como Noche de Brujas, que se conoce esta fecha, que también se celebra en Costa Rica, se acude a la propia tradición nacional de las brujas, así como en México, Argentina y otros países, que tienen su Día de Brujas. En Costa Rica se ha agregado a esta celebración el Día de la Mascarada Tradicional, así celebrado desde 1997, pero no faltará algún diputado que trate de inmortalizar el Día de Halloween, al estilo estadounidense.

Por favor, señores Diputados, no aprueben el Proyecto de Ley No. 22.807, presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que propone celebrar en Costa Rica, el último jueves de noviembre, en concordancia con el cuarto jueves, en que se celebra en Estados Unidos, el llamado Día de Acción de Gracias.

No es un día que tenga que ver con nada nacional, con nuestra cultura, ni con nuestra tradición histórica, la costarricense.

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021

Pago bisemanal en la CCSS -avance de la lucha

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Desde el SINAE afines se ha desarrollado un proceso de defensa para mantener el pago bisemanal en las instituciones, esto vendría a beneficiar a todos/as los/as trabajadores/as de la CCSS. 

Con rigor técnico se han generado propuestas que han ayudado a concientizar y sensibilizar a las y los diputados/as en necesidad de la generación de un proyecto de ley que dispensa a la CCSS del pago mensual con adelantos quincenales, parte del trabajo y los logros alcanzados es que en este momento el proyecto de le 22667 se está dispensando de todo trámite legislativo, es decir, se le está aplicando la vía rápida por, por eso hacen un llamado a incidir para que en las próximas semanas ese proyecto sea aprobado.

Piden archivar expediente #22553 que afectaría a habitantes de las costas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Nosotros, los habitantes costeros de Costa Rica estaríamos en un gran problema si se aprobara la ley con el expediente# 22553. Si así fuera el caso, estaríamos amenazados por el desalojo ya que modifica la actual ley 6043 de la zona marítimo terrestre eliminando los artículos 8 y 69 de dicha ley.

Además, nos pondría a competir con los grandes inversionistas porque las municipalidades tendrían la potestad de entregar nuestras tierras al mejor postor en concurso público. Lo que en realidad necesitamos es el título de propiedad en la zona restringida para que la reactivación se haga efectiva.

Por favor apóyenos enviando esta petición a los diputados de la Asamblea Legislativa como ya lo hemos hecho muchos habitantes costeros, inclusive negándoles el voto a los partidos de los diputados proponentes de esta nefasta ley. 

En el enlace adjunto puede firmar la petición: https://www.change.org/p/comision-gobierno-asamblea-go-cr-archivar-expediente-22553

 

Compartido con SURCOS por Victoria Quirós.

Recurso de amparo contra la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Carlos Campos Rojas, en la condición de Coordinador Nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros y en calidad de persona ciudadana responsable como lo establece el Art. 9 de la Constitución Política, interpuso un recurso de amparo contra el artículo 20 de la sesión No. 42-2021 de 11 de octubre del 2021, en el cual la Corte Plena escogió a los integrantes de la lista para optar por magistrados suplentes de la Sala Constitucional, obviando principios y derechos constitucionales de la ciudadanía.

De previo y por la índole del amparo que se presenta, al estar involucrados todos los magistrados titulares y la mayoría de los suplentes, se estima inevitable, que por primera vez en la historia de esa Sala Constitucional se cumpla con lo que dispone el precepto del numeral 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De no hacerlo, estarían incurriendo en violación al principio de legalidad.

Para conocer más de este recurso de amparo, adjuntamos el documento oficial:

TS-C-064-21-RECURSO-DE-AMPARO-CONTRA-LOS-MAGISTRADOS-DE-LA-CORTE-SUPREMA-DE-JUSTICIADescarga

Compra de mármol vino con premio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Freddy Pacheco León

Los empresarios del mármol del municipio de Almería, en Andalucía, promocionan la venta del mármol de su región, premiando, por ejemplo, a personas y edificaciones latinoamericanos que consuman cantidades significativas de sus piedras. Este año le dieron ese reconocimiento al feo y muy problemático edificio de la Asamblea Legislativa, que parece un gran block de cemento olvidado por ahí, construido sin estudio de impacto ambiental. Los empresarios andaluces lo que premiaron fue «la superficie Dekton by Cosentino, nacida en la Comarca del Mármol de Macael, en su color Blanc Concrete», usado como «revestimiento de los cuatro pilares» del edificio. Obviamente, no se está premiando el anti diseño de ese edificio. Si no hubiesen importado esas piedras del sur de España, ¡jamás habrían considerado tal adefesio como premiable! ¡No coma cuento!

ACOJUD: persiste opacidad en selección de nómina para magistraturas suplentes

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • La Corte mantiene en secreto razones para conformar lista de postulantes recomendados para Sala IV

  • Asociación insiste en derecho de la ciudadanía a conocer motivos en ese tipo de decisiones

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) sostiene que en el proceso de selección de las nóminas para recomendar a la Asamblea Legislativa los candidatos a magistraturas suplentes persiste la opacidad, pues la Corte Plena no hace públicos los criterios de la escogencia. Han sido reiterados los llamados a que estas escogencias se realicen en forma pública y motivada.

 Precisamente esa situación se presentó en la reciente selección de candidatos y candidata a las suplencias de la Sala Constitucional, en la cual la Corte excluyó de su nómina a postulantes recomendados por la propia Sala, luego de que ésta efectuó un proceso de escrutinio interno, en el cual se valoraron los atestados de las personas participantes, quienes además fueron entrevistadas por tres magistrados (as) En la votación realizada en Corte Plena, no solo no hay evidencia de las razones para excluir de la lista a quienes la Sala recomendó, sino que tampoco la hay sobre las justificaciones para incluir en dicho listado a otras personas postulantes no recomendadas. El voto sigue siendo secreto y no razonado.

 «Para nuestra Asociación, la aparente inexistencia o peor aún, el mantener en secreto esas razones violentan el principio de transparencia, mediante el cual se le garantiza a la ciudadanía que las personas escogidas son las idóneas, pues no hay explicación que le permita conocer los criterios utilizados para ratificar si las personas seleccionadas cumplen o no con los requisitos objetivos de idoneidad para conformar la lista de personas recomendadas a la Asamblea Legislativa», señaló Adriana Orocú, presidenta de ACOJUD.

Para la organización de la Judicatura, dicho método puesto en práctica por los magistrados y magistradas de la Corte Plena reafirma la opacidad persistente en los procesos de elección de las magistraturas suplentes, como en las titulares. La falta de transparencia en un tema tan importante no puede pasar desapercibido, ya que es una forma de debilitamiento institucional, que afecta no solo el funcionamiento del Poder Judicial, sino la credibilidad en el modelo democrático. De sobra conocida es la lucha que ACOJUD ha venido dando durante los últimos años con el fin de replantear todo el modelo actual de selección y elección de magistrados y magistradas, incluido como uno de los acuerdos del último Congreso Nacional de la Judicatura, por lo que la organización no claudicará en seguir promoviendo una reforma integral al sistema de elección, que reduzca al mínimo los actuales márgenes de subjetividad en dichos procesos. 

San José, 22 de octubre del 2021 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD

 

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Los Reconocimientos y Declaraciones Honoríficas Nacionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa es el órgano institucional que puede declarar reconocimientos a ciudadanos, nacionales o extranjeros, o instituciones, que se denominan Honores.

Es facultativo, potestativo y exclusivo de la Asamblea Legislativa este tipo de reconocimientos, que una vez hechos no pueden ser revisados ni apelados. Se aprueban por simple mayoría, por votación de 29 diputados a favor del reconocimiento respectivo. Así está regulado en la Constitución Política y en el Reglamento Legislativo.

Al decretar estos Honores de los Benemeritazgos, que se hace a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes, sobresalientes, se las reconoce como acreedoras a esas distinciones. También se hace a instituciones que hayan realizado o se le reconozca una destacada labor a favor del país, o de una proyección social o regional amplia cuando así se considera. Cuando se refiere a instituciones no es a clubes, ni a asociaciones o instituciones de barrio, o de pueblo, o ciertos tipos de instituciones demasiado precisas de una comunidad. En esto hay que tener cuidado, pero ocurrencias de diputados en ese sentido no faltan.

En los Benemeritazgos están de manera precisa el Benemeritazgo de las Ciencias, las Artes o las Letras Patrias, o el que la propia Asamblea establezca en esta distinción, como el que se acaba de reconocer para José Figueres Ferrer como Héroe de la Paz, y los Benemeritazgos de la Patria.

Esta categoría de Héroe de la Paz, o Benemeritazgo de la Paz, si se le pudiera llamar de esta manera, quedó abierto para otras personas que la Asamblea Legislativa pueda darle el reconocimiento de luchar contra el militarismo y el armamentismo, contra la guerra, que luche por la desmilitarización en general, por la producción y el control de armas, por la abolición de ejércitos, que son gestas indudablemente a favor de la Paz.

Los Benemeritazgos, en principio, solo pueden ser otorgados a personas con más de siete años de fallecidas. Sin embargo, muchos Benemeritazgos fueron otorgados en vida de los declarados Beneméritos. Se pueden dar en vida si lo llegare a estimar y aprobar la Asamblea Legislativa.

Entre los Honores que la Asamblea Legislativa puede reconocer está la Ciudadanía de Honor, que se hace por una valoración de servicios notables prestados a la República y por los reconocimientos de mérito que la propia Asamblea Legislativa haga de una persona extranjera a la que se le quiere distinguir con la Ciudadanía de Honor, por lo que también esa Declaración ennoblezca y exalte a Costa Rica, y proyecte positivamente al país.

La declaración de Ciudadano de Honor no tiene restricciones, y se puede hacer tanto a personas vivas como fallecidas, a nacionales y extranjeros.

En teoría la Comisión Permanente Especial de Honores de la Asamblea Legislativa trabaja en secreto, y su integración es igualmente secreta, de nombramiento potestativo del presidente de la Asamblea Legislativa, cada primero de mayo. Esta particularidad es para evitar presiones a favor o en contra de quienes se estudian para dichos reconocimientos.

La Comisión de Honores puede hacer consultas, llamando expertos o conocedores de las personas o instituciones, en proceso de estudio, para enriquecer el trabajo de la Comisión de Honores, sobre los méritos que justifiquen el reconocimiento que se proponga y las opiniones negativas que igualmente se hagan, todo esto como informes confidenciales.

Hecha la propuesta por la Comisión de Honores al Plenario Legislativo, su discusión es secreta, y su votación se decide por simple mayoría, 29 votos a favor, sin recurso de revisión ni apelación alguna. El resultado de la votación se anuncia como Declaración aprobada o rechazada.

Es de mala leche que miembros de la Comisión de Nombramientos hagan públicas sus discusiones, o desavenencias, con lo que se va resolviendo en la Comisión, con el ánimo de presionar, con opinión pública, o desde la opinión pública y los medios de comunicación, a sus compañeros de Comisión, y de influir para que se presione en tal o cual dirección lo que se discute en la Comisión. Esa discusión se puede dejar para cuando el expediente con el Informe positivo de la Comisión vaya al Plenario Legislativo, donde adquiere publicidad el posible homenajeado.

Si en la Comisión se rechaza un Homenaje de estos no se pasa el expediente al Plenario Legislativo, igual que como se hace con los proyectos de ley que se rechazan en comisiones y se envían al archivo.

En la práctica legislativa, y por regulaciones establecidas, los Benemeritazgos no deben darse más de cinco, en cada categoría que se reconozca, por cada período constitucional, por cada Legislatura. En el caso de las Ciudadanías de Honor pueden darse sin límite.

Recientemente se han venido haciendo estas distinciones en cascada, a montones, posiblemente para destacar algo de actual Gobierno de la República, y con motivo del Bicentenario, hacer reconocimientos a mujeres, para mejorar y elevar la cantidad de ellas con relación a los Benemeritazgos masculinos que eran y siguen siendo dominantes.

Desde 1966 se estableció en la Asamblea Legislativa un Salón especial dedicado a estos reconocimientos, como digno homenaje a los ciudadanos e instituciones que hubieran recibido estos homenajes de la Patria, otorgados por la Asamblea Legislativa.

Estas distinciones también se dan o realizan en muchos países, entre ellos, en América Latina, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Paraguay.

Los Reconocimientos y Honores que la Asamblea Legislativa hace son en las siguientes categorías:

Benemeritazgos en Artes Patrias, Ciencia y Tecnología, Cultura y Arte, Educación, Enseñanza, Letras Patrias, Defensores de la Libertad, Ciudadanos de Honor, Instituciones Beneméritas

También el de Ciudadanos Esclarecidos. Este reconocimiento se le dio al Juan José Flores, que fue presidente de Ecuador, quien no aceptó este reconocimiento.

Los Benemeritazgos se han hecho a jefes de Estado, presidentes de la República, clérigos, Obispos, arzobispos, diplomáticos, historiadores, médicos, científicos, abogados y juristas, políticos, educadores, escritores, economistas, pensadores o filósofos, Primeras Damas de la República, compositores de Música, poetas, pioneros en algún campo, reconocidos líderes sindicales, feministas y regionales, ingenieros, empresarios, artistas.

Dentro de estos Benemeritazgos destacan dos con referencia a la actividad militar, el de Gregorio José Ramírez, líder de proceso de la Independencia que se le reconoce como comandante General de las Armas a Gregorio, y el de Jorge Volio Jiménez, en el que se le menciona como militar que no fue su oficio. Si por esto fuera es importante destacar que este tipo de reconocimientos no se ha hecho históricamente a militares, valorando su función, lo que refuerza, desde el siglo XIX las tendencias civilistas del Estado y la sociedad costarricense.

En el campo de los Benemeritazgos hay una categoría extraña establecida, que se arrastra parlamentariamente, que la llaman “Beneméritos no reconocidos”, que debería modificarse, y a las dos personas que allí están se le coloque en la categoría de Beneméritos. Aquí se encuentran dos personajes asociados a los días de la Independencia, Rafael Francisco Osejo y José María de Peralta y La Vega, que merecen el título de Beneméritos, no el título extraño de “Beneméritos no reconocidos”. ¿Son o no son Beneméritos?

A propósito de la Independencia y de la celebración del Bicentenario se deberían considerar algunas de las personas que jugaron un papel muy importante, de nuestros Próceres, en aquel proceso y en la Declaración de Independencia de Costa Rica, del Acta del 29 de octubre de 1821, cuyo Bicentenario está por celebrarse en pocos días, entre ellos Pablo Alvarado Bonilla, quien produjo, lo que podríamos llamar el primer grito de independencia el 15 de setiembre de 1808, lo que lo llevó a la prisión en Guatemala, donde estudiaba Medicina, y quien también preparó las bases de la Primera Constitución Política de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821.

Igual procede la Asamblea Legislativa con el establecimiento de los llamados Símbolos Nacionales. Estos símbolos podemos distinguirlos entre Símbolos Nacionales Mayores y Símbolos Nacionales Menores.

Los Símbolos Mayores son los correspondientes a La Bandera Nacional, el Escudo Nacional, El Pabellón Nacional, El Himno Nacional, en su Música y Letra. Estos son los Símbolos que nos identifican como nación, como pueblo, como Estado y República. Son los que representan la esencia de la nacionalidad costarricense, que en su dimensión cubren y protegen a todo el territorio nacional y a toda su ciudadanía y habitantes. Son a la vez una síntesis de la Historia Nacional, la Independencia, la Libertad y la Soberanía Nacional, que expresan también la unidad del pueblo costarricense, su destino común y su afirmación de La Libertad.

Los Símbolos Menores son aquellos que destacan alguna particularidad de nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra orografía, nuestra flora y fauna, nuestra biodiversidad.

En estos Símbolos Menores hay una tendencia, también, a la declaración en cascada de ellos.

En estos actos legislativos hay que tener cuidado, para no “charralear” las declaraciones y reconocimientos que de este tipo realiza la Asamblea Legislativa, que no deben obedecer solo a ocurrencias de legisladores. Por su especificidad deben ser bien estudiados, meditados y analizados para que su Declaración corresponda a una real necesidad y distinción.

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.

Foto: UCR.