En Desayunos de Radio Universidad, Marcia Aguiluz y Héctor Ferlini-Salazar exponen la iniciativa ciudadana que busca, mediante una acción de inconstitucionalidad, lograr la transparencia legislativa en la elección de magistradas y magistrados para asegurar la independencia de la judicatura.
La invitamos a ver el programa, comentar y compartir.
El pasado 11 de setiembre, más de treinta personas presentaron una acción de inconstitucionalidad en relación con los procedimientos para elegir los puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta iniciativa legal recoge una serie de críticas identificadas y propuestas en diversos foros en el país, pero hasta ahora han sido desatendidas por los diputados y las diputadas. A la fecha, Sala Constitucional todavía no ha resuelto la admisibilidad del asunto.
Las personas firmantes, entre las que destacan personalidades provenientes del mundo académico, científico, cultural y de los derechos humanos, solicitaron a la Sala Constitucional ordenar a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que respete el Derecho de la Constitución costarricense y las obligaciones internacionales sobre este tipo de procesos, incluyendo el lapso máximo para la designación, ya que constantemente incumplen el plazo establecido por la misma Constitución Política para hacer esas designaciones.
Según los y las promoventes, los procedimientos actuales no son transparentes, cambian de manera arbitraria de un concurso a otro, y no cumplen con criterios objetivos de idoneidad. Asimismo, los diputados y las diputadas gozan de una alta discrecionalidad y no rinden cuentas por la elección que realizan, pues ni siquiera justifican o fundamentan la selección de personas que hacen.
Hoy, en conferencia de prensa, las y los accionantes se refirieron a la importancia de esta acción que tiene como principal objetivo la defensa de la independencia judicial. Además, expresaron:
“Como habitantes de Costa Rica, tenemos el derecho de contar con jueces y juezas independientes, que tengan la capacidad y las condiciones para juzgar todo tipo de casos sin ningún tipo de presiones. Nos preocupa la falta de objetividad que está caracterizando este tipo de procesos y lo que eso implica para nuestro derecho de acceder a la justicia. No se trata de una acción en contra o a favor de alguien en particular, sino del deseo de mejorar sustancialmente, en forma permanente, un tema que, desde hace décadas ha empezado a afectar la institucionalidad democrática”.
Las y los accionantes hacen un llamado a todas los y las habitantes de Costa Rica para que se sumen a la exigencia de una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos.
Dado en San José, a los 8 días del mes de octubre de 2019.
Enviado por Rosaura Chinchilla Chacón.
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*Imagen ilustrativa.
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El catedrático de la Universidad Nacional y profesor de sociología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de esa casa de enseñanza superior, Alberto Rojas, realizó en el programa Desayunos de Radio Universidad, un análisis de la ruptura que se produjo en la fracción del Partido Restauración Nacional.
Junto a los conductores el politólogo Constantino Urcuyo y el economista Ronulfo Jiménez, AlbertoRojas hizo una amplia y profunda exposición de los elementos sociológicos y doctrinarios implicados en el nacimiento de una nueva fracción independiente afecta a Fabricio Alvarado y la reducción de los votos legislativos del partido que encabeza Carlos Avendaño.
SURCOS recibió de Alberto Rojas el enlace mediante el cual se puede escuchar la conversación, la cual, inicia en el minuto 19 del programa. Siga este vínculo y espere a que cargue el programa:
Este próximo 18 de octubre dentro del marco del Día Mundial de la Alimentación, se llevará a cabo el “Foro político: Retos y desafíos en los sistemas alimentarios sostenibles de Costa Rica” de 8:30 a.m. a 12 m.d. en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea Legislativa.
La actividad pretende rescatar el papel de la Asamblea Legislativa y la necesidad de articular con los diversos actores del gobierno y de la sociedad (sociedad civil, universidades, productores, empresas, entre otros) para lograr la eliminación del hambre y la malnutrición en el 2030.
Para confirmar su participación, escriba a ariana.monge@asamblea.go.cr y a FAO-CR@fao.org
Enviado por Carlos Hernández.
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En el segundo día de votación de las mociones de reiteración del proyecto de Ley 20.580 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las posibilidades de las universidades públicas de lograr una exención en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) se vieron truncadas en el Plenario Legislativo.
Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) votaron en bloque para rechazar las cinco mociones que planteaban el IVA exento para universidades estatales y sus fundaciones, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Durante la mañana de este lunes 1.º de octubre de 2018, también fueron rechazadas otras dos mociones de reiteración que planteaban el IVA exento para la adquisición de bienes y servicios que hagan las universidades públicas, el Conare y el Sinaes, así como el IVA exento para instituciones estatales parauniversitarias.
Al respecto, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la UCR, detalló que, según el proyecto de ley, el pago de matrícula en las universidades públicas seguirá exento del impuesto al valor agregado. Además, el transitorio XIV del proyecto de ley establece que, en el caso de universidades públicas, el Ministerio de Hacienda devolverá el monto pagado por concepto de pago de impuesto sobre las ventas por compra de bienes y servicios (2%). Para tal efecto, incorporará los recursos correspondientes por medio de una transferencia en el Presupuesto de la República.
En tal sesión, fueron rechazadas todas las mociones presentadas ante el plenario, en total eran 29 mociones relacionadas con la exoneración del IVA a sectores como la educación superior, los patronatos escolares, la agricultura orgánica y la población con discapacidad, entre otros.
En este periodo de discusión en el Plenario, los diputados y diputadas están votando 373 mociones de reiteración del proyecto 20.580. Estas incluyen los capítulos del proyecto: IVA, renta, salarios en la administración pública o empleo público y regla fiscal (disposiciones varias y transitorios). Habrá 6 sesiones en las que se permitirá la discusión por el fondo. Aquellas mociones que sean aprobadas conformarán, finalmente, el texto del proyecto de reforma fiscal que pasará a votarse en Primer Debate.
El rector Henning Jensen Pennigton anunció que la UCR estará pendiente de las mociones de reiteración que insistirán en que se elimine el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del producto interno bruto destinado a la educación estatal. Asimismo, de la moción R-304 que solicita que se elimine la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas que asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.
Durante esta semana, la Universidad de Costa Rica continuará realizando distintas actividades de reflexión en torno a la reforma fiscal y, al mismo tiempo, autoridades universitarias, estudiantes y miembros del Sindicato de Trabajadores de la UCR mantendrán presión en las barras de las Asamblea Legislativa mientras se discuten las mociones de reiteración.
Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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En una carta firmada por Marta Rodríguez, la Unidad Sindical dice a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa que:
“El modelo económico impulsado desde la década de los ochenta por medio de los Programas de Ajuste Estructural (PAE´s), promoción de políticas de desregulación y liberación económica; impulso a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC´s) como principal herramienta para la inserción económica del país a nivel internacional, han estimulado que sólo un pequeño sector se beneficie de los resultados de ese modelo, provocando un acelerado proceso de crecimiento de la desigualdad y la exclusión social.
Como sociedad hemos retrocedido dramáticamente 40 años en materia de inclusión social. La desigualdad ha crecido sostenidamente en estos últimos 28 años, estimulando que los ingresos del 20% más rico crezcan 13 veces más que los ingresos del 20% más pobre. Ubicándonos como el quinto país más desigual de América Latina y el noveno país a nivel global”.
Enviado por Albino Vargas Barrantes.
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Desde las 9:00 de la mañana de este jueves, los rectores de cuatro universidades públicas se reunieron en la Asamblea Legislativa con asesores de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, con el fin de conversar sobre posibles acciones que permitan proteger los presupuestos provenientes de leyes específicas.
Los fondos de leyes específicas actualmente proporcionan un aporte vital que impulsa la educación superior a nivel nacional, pues permiten recibir ingresos que son destinados, prioritariamente, al funcionamiento de sedes regionales, así como instruir nuevos profesionales en diversas localidades del país.
Tan solo en la UCR, dichos fondos han incentivado la investigación, promovido el desarrollo y el crecimiento del país, la transferencia tecnológica al sector productivo e, incluso, las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR); todo esto, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables que se benefician con actividades de acción social y de extensión docente.
En el encuentro participaron los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington; del Tecnológico de Costa Rica, el Dr. Julio Calvo Alvarado; de la Universidad Nacional (UNA), el Dr. Alberto Salom, y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el M. Sc. Luis Guillermo Carpio Malavasi.
De acuerdo con el rector de la UCR, es necesario tener claro que las leyes relacionadas con fondos específicos son rentas adicionales, incorporadas dentro del presupuesto universitario, actualmente amparadas por la Constitución Política y que no deben ser afectadas.
“La Constitución Política establece que las rentas de las universidades públicas no pueden ser disminuidas.Entonces, lo que nosotros hemos enfatizado en la reunión de hoy es que, si hay un cambio en las leyes, no debe haber una disminución de esas rentas y, por lo tanto, debe existir una garantía que asegure que no va a darse esa reducción”, afirmó el Dr. Jensen.
Se tiene planeado que la adenda se redacte en horas de la tarde y esté dentro del acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En el documento se buscará proteger los fondos específicos, los cuales actualmente no se encuentra explícita en el expediente 20 580: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Para aprobarlos intervendrá la Comisión de Enlace, ente integrado por representantes del gobierno y del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
“Hemos aclarado, de una manera absolutamente contundente, que estas rentas adicionales propias de las universidades no pueden ser disminuidas y que tampoco deben ser consideradas como parte del FEES. Una cosa es el FEES y otra son las rentas que las universidades públicas perciben por otras leyes que no pueden ser debilitadas según el texto constitucional”, enfatizó el rector.
Otro tema de inequidad es el 2% impuesto a la compra de bienes y servicios por parte de las universidades. El miércoles 22 de agosto, la moción de exoneración para las universidades públicas presentada por el diputado José María Villalta fue rechazada.
Para las universidades públicas, lo anterior significaría una reducción del presupuesto universitario dentro del cual está el FEES. Ante eso los rectores acordaron hacer una presupuestación anticipada, esta se presentaría con el presupuesto institucional pero, en este caso, sin considerar el FEES. El objetivo es fortalecer las finanzas de las instituciones.
Ante el nuevo panorama, momento en que la Comisión Especial de Reforma Fiscal tiene que votar 873 mociones que proponen cambios sustitutivos, la ministra de Hacienda destacó que será necesario pensar si “tiene sentido seguir con un texto que se está drenando o valorar otra opción. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es resolver el problema fiscal y controlar la evasión”, manifestó.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Los expertos del Centro de Investigación de Contaminación Ambiental (CICA-UCR) junto con el vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Fernando García Santamaría, presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa los principales resultados del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”.
Los resultados parciales del estudio, elaborado por el CICA-UCR para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se dieron a conocer a la opinión pública el mes pasado. Estos revelaron la presencia de bromacil y otros plaguicidas como ametrina, hexazinona y diurón en ríos, quebradas, pozos y nacientes de las localidades de Aguas Zarcas, Pital y Venecia de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Sin embargo, el estudio completo concluirá hasta diciembre de este año.
Los investigadores detallaron los puntos donde se tomaron las muestras tanto de ríos y quebradas (aguas superficiales) como de pozos y nacientes (aguas subterráneas) que pertenecen a varias Asadas de la zona. Al respecto, el investigador Greivin Pérez acotó que las muestras se tomaron antes de que el agua llegara a la red de distribución y previo al tratamiento por parte de las Asadas.
El plaguicida bromacil fue detectado en todas las campañas de muestreo realizadas en aguas superficiales en el 2015, 2016 y 2017, en diferentes puntos de las quebradas Huevo y Pital, así como en diferentes puntos del río Toro y del río Cuarto que incluyen las quebradas Grande, El Suspiro y Sonora y el río Caño Negro. En total se tomaron en cuenta 22 puntos de muestreo de ríos y quebradas que atraviesan los distritos de Pital, Aguas Zarcas, Venecia, Río Cuarto y la Virgen de Sarapiquí.
El bromacil también apareció consistentemente en las aguas de pozos y nacientes durante todas las campañas de muestreo que se realizaron entre el 2015, 2016 y 2017, en las localidades de Veracruz de Pital, La Tabla (La Victoria) y Santa Rita (La Flor) de Río Cuarto. En total se muestrearon 10 puntos de aguas subterráneas que incluyeron La Tabla, Santa Rita (Nicrodal) de Río Cuarto, Cariblanco de Sarapiquí y La Legua, Palmar, Los Ángeles y Chirivico, en Pital.
Los investigadores del proyecto, Greivin Pérez y Laura Brenes, explicaron que en el 2016 cuando ya contaban con más datos de los muestreos realizados se reunieron con el presidente y el administrador de la Asada de Veracruz de San Carlos y con representantes del AyA y del Ministerio de Salud de la zona para informarlos. Asimismo, atendieron la invitación de la Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos para referirse a este tema en el 2016.
De esa forma se respondió a la consulta de los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Mario Castillo Meléndez (Partido Acción Ciudadana), quienes consultaron si el CICA-UCR había informado los hallazgos de esta investigación a las Asadas de las comunidades que podrían estar siendo afectadas, como las de Venecia y Pital de San Carlos.
La Asada de Veracruz de San Carlos solicitó al CICA-UCR realizar más estudios en el agua que los abastece. Con estos resultados se tomó, en el año 2016 por parte del Ministerio de Salud, la medida sanitaria de cerrar dos pozos de la Asada, según admitieron los investigadores.
Ante las consultas de los diputados, los investigadores y el vicerrector de la UCR detallaron que desde el 2015, el CICA-UCR recomendó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) elevar esta información a las autoridades competentes para que se tomaran las medidas del caso. En el 2017, el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arúz informó al Ministerio de Salud, no obstante, ellos manifestaron no tener conocimiento sobre las medidas que tomaría el Ministerio de Salud tras esta misiva.
Los diputados cuestionaron el manejo de la información sobre los resultados del proyecto, a lo cual el vicerrector de Investigación de la Universidad, Fernando García, aclaró que aunque la carta de entendimiento entre la UCR y el SFE para realizar el proyecto no incluye una cláusula de confidencialidad, sí existía un acuerdo verbal de que sería el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) la institución que manejaría la información y divulgación del estudio.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Aida Montiel consultó si se han realizado más muestreos después de la prohibición del bromacil que hizo el Gobierno en mayo de 2017, tal consulta fue secundada por el diputado Villalta. Los investigadores del CICA-UCR aclararon que no se han realizado muestreos desde inicios de 2017 ya que el SFE decidió no hacer más, a pesar de que ellos recomendaron continuar con los estudios.
Para continuar recabando información sobre este tema, la Comisión de Ambiente, que investiga la contaminación provocada por el cultivo de piña en Costa Rica, recibirá en audiencia a representantes del Servicio Fitosanitario del Estado el próximo lunes 23 de julio.
Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Territorios Seguros y Participación de la Asamblea Legislativa invitan este próximo 21 de junio al foro: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Costa Rica del siglo XXI, con la participación de los expositores: Carolina Hidalgo, Presidenta de la Asamblea Legislativa; Víctor Morales Mora, Diputado Acción Ciudadana; Román Solís Zelaya, magistrado Corte Suprema de Justicia; Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Carlos Campos Rojas, Territorios Seguros; Silvia Solís Mora, Subcontralora General de la República.
El foro se llevará a cabo en el Salón de Expresidenta y Expresidentes de la Asamblea Legislativa de 9 a.m. a 12 m.d.
Para confirmar comuníquese al teléfono 2243 2280 o al correo mbarrionuevo@asamblea.go.cr
Transmisión por canales 98 de Tigo y 200 de Tele Cable.
Dirección electrónica www.facebook.com/participacióncr/
Enviado por Carlos Campos Rojas.
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