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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Lucha por el agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Lucha por el agua Daniel Soto Ortega informa:

  • Secuestro de nuestro recurso hídrico

En este momento en el boulevard de la Asamblea Legislativa quienes defienden nuestra agua de quienes quieren privatizarla se encuentran secuestrados, la policía y la seguridad de la Asamblea cerraron el tránsito peatonal, nadie puede salir ni entrar.

En este momento sigue la manifestación de defensores del agua en el boulevard de la Asamblea Legislativa.

Continúa el retén policial-legislativo con vallas metálicas, nadie puede entrar.

Lucha por el agua Mario Cabrera informa:

Estamos secuestrados, no quieren abrir los portones y de aquí no nos vamos a mover. Hasta la lucha siempre.

Hoy todos (as) a las barras de la Asamblea Legislativa; el agua es vida no mercancía; fuera la privatización de nuestra agua. Se estará todo el día.

Compañeros de Pérez Zeledón en la lucha por el agua, frente a la Asamblea Legislativa. Fotos Mario Cabrera.

 

Enviado por Daniel Soto y Mario Cabrera.

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ANDA pide no sacar participación ciudadana de Ley de Aguas

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua

 

A partir de los hechos de los últimos días en torno a la tramitación del Proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico consideramos que estamos en un momento crucial para el futuro del país en un tema sumamente sensible y comprendemos lo complejo del proceso tendiente a dotar a Costa Rica de un marco legal e institucional que permita una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de este líquido vital que garantice el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento.

Desde que varias de nuestras organizaciones, junto a diferentes actores sociales e institucionales, a finales de los años 90, iniciamos la discusión sobre la necesidad de ajustar dicho marco a los nuevos desafíos en materia hídrica, nos percatamos de la multiplicidad de visiones e intereses que giran en torno a la gestión del agua, por lo que llegar a acuerdos mínimos sería una tarea ardua.

Luego de un proceso de muchos años, con una gran cantidad de vicisitudes, se ha generado un acuerdo entre una mayoría de grupos parlamentarios en torno a un texto que, pareciera, cuenta con el aval del sector que más oposición ha externado. En ese sentido, el texto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, si bien no contiene todos los elementos que hubiéramos deseado en una nueva ley de aguas; es el que refleja el mayor nivel de acuerdo político que ha sido posible alcanzar en todos estos años y su aprobación significaría un primer paso en la dirección correcta.

Sin embargo, desde la ANDA consideramos que si bien este texto posee una serie de virtudes que harían que la gestión del recurso hídrico mejore considerablemente a favor de los principios que anteriormente hemos señalado, no podemos estar de acuerdo con la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica que se habían establecido en el proyecto de iniciativa popular.

La participación ciudadana es un elemento esencial del espíritu del proyecto de ley. No puede haber gestión integrada del recurso hídrico ni reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento sin dicha participación. Estos espacios de participación ciudadana estaban contemplados en el texto original, por lo que su eliminación podría implicar falta de conexidad entre lo planteado originalmente y lo que finalmente se apruebe.

Es por ese motivo que solicitamos a las señoras y señores diputados que consideren la permanencia de los artículos relacionados con los Consejos de Unidad Hidrológica. La participación ciudadana es parte consustancial de la vida en democracia, tal y como lo reconoce el artículo 9 de la Constitución Política.

 

Compartido en redes digitales por José Rafael Quesada.

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APSE exige debate transparente sobre Ley de Aguas

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

 

La APSE pone su mira en la Asamblea Legislativa ante el intento de algunas fracciones legislativas por aprobar de forma acelerada y sin debate, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente 17742, que modificará la Ley de Aguas vigente actualmente y regulará todo lo relacionado con el líquido vital, su rectoría, protección y explotación comercial e industrial.

APSE no está de acuerdo con el procedimiento parlamentario aplicado a este proyecto desde el lunes 30 de octubre de 2017, cuando el Plenario acordó tramitar el expediente por la vía rápida según artículo 177 del Reglamento Legislativo.

A partir de ese momento, inició un confuso proceso en el Congreso para intentar convertir en ley, un texto sustitutivo para este expediente, el cual no es de conocimiento público. Se aplicaron medidas de secretismo y nocturnidad, como votar una moción para dispensar al nuevo texto de lectura, así como decidir que el debate del tema se agotase en altas horas de la noche, aún sin que se hayan debatido otros textos o mociones.

Consideramos que este proceder no es transparente y genera dudas válidas en la población acerca de las verdaderas intenciones que se gestan sobre este proyecto. No es correcto que el Plenario pretenda legislar sobre un tema tan sensible para la vida humana y el ambiente, de manera atropellada, al amparo de secretismos y tratando de silenciar cualquier oposición a un texto que el país aún no conoce.

Exigimos a los diputados y al Gobierno de la República que se detenga este procedimiento atropellado, para permitir un debate amplio y profundo. Cabe recordar que la Sala Constitucional devolvió el proyecto al Plenario en 2014 por encontrar vicios de inconstitucionalidad, entre ellos, haber modificado el espíritu original del expediente, que fue presentado por la vía de Iniciativa Popular con miles de firmas de respaldo. La instrucción que dictó el alto tribunal, fue dictaminar un texto que no se distanciara del proyecto original, pero todo hace sospechar que esta no es precisamente la intención que se desea alcanzar con el procedimiento aplicado esta semana.

APSE llama a su afiliación y la ciudadanía costarricense a estar informada sobre este tema de importancia trascendental para nuestro país, y en caso de ser necesario, manifestarse en defensa de nuestra agua y nuestros recursos hídricos.

 

Ricardo Molina Vega, Presidente

Marvin Padilla Lemus, Vicepresidente

Hugo Marín Guillén, Secretario General

*Imagen con fines ilustrativos.

Compartido en redes digitales por Herberth Contreras.

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Delegación indígena Ngäbe Buglë viajó a San José para denunciar violaciones a sus derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Las actividades se realizaron el pasado 12 de octubre en Casa Presidencial y en Asamblea Legislativa y contó con actos culturales y conferencia de prensa
  • Presentaron proyecto de ley que busca agilizar, abaratar y humanizar el proceso de regulación migratoria para las y los indígenas Ngäbe Buglë
  • Visita se enmarcó en la conmemoración del 12 de Octubre, como una forma de reconocimiento de su identidad como pueblo originario

 

Bajo la bandera “No somos extraños, somos un pueblo originario” la comunidad de indígenas Ngäbe Buglë proveniente de Sixaola movilizó a más de 60 personas a San José este pasado jueves 12 de octubre.

Las actividades dieron inicio a las 10 de la mañana en Casa Presidencial, donde la comunidad se reunió con autoridades del Gobierno, para luego trasladarse a la Asamblea Legislativa a la 1:30 p.m., donde presentó un acto de baile Jeegvi, tradicional de su cultura, y una conferencia de prensa.

En dicha conferencia se anunció el proyecto de ley “Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y garantía de integración de la Persona Indígena Transfronteriza”, el cual les permitirá obtener un documento de identidad, indispensable para acceder a atención médica, ayuda social para la educación de sus hijos y el reconocimiento de sus garantías laborales.

“Las fronteras que nos puso la gente blanca no nos permiten tener participación política o derecho a la salud, educación o trabajo digno, queremos que se reconozcan nuestros derechos como población indígena originaria” reclama la comunidad.

La comunidad Ngäbe Buglë que habita en Sixaola tiene tres características que la hacen especialmente vulnerable: es indígena sin territorio, es transfronteriza y vive en extrema pobreza.

Las actividades y el proyecto de ley surgen de un trabajo de acompañamiento que la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica ha realizado desde enero del 2016 con esta comunidad, en vista de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

 

Enviado por Allan Monge, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR.

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Gol macabro legislativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

 

GOL MACABRO, BAJO, INDECENTE ejecutado en la ASAMBLEA LEGISLATIVA. Presentado cual si fuere un »inocente» proyecto que buscaba desafectar »un terreno municipal» para construir en él un »Centro Tecnológico», el Plenario Legislativo aprobó LA PROFANACIÓN MASIVA que Johnny Araya quiere ordenar en el CEMENTERIO CALVO. Creyendo que era un »proyecto chayote» (porque el título incluido en la lista, escondía el nombre de »Cementerio Calvo») buena parte de los diputados no se percataron del GOL que les estaban metiendo. ¡Así de grande es el cinismo que permea la sede legislativa!

Se están, entre otros, saltándose lo dispuesto en el PLAN DIRECTOR URBANO DE SAN JOSÉ, en cuyos planos y gráficos aparece muy bien delimitado el CEMENTERIO CALVO. Para modificarlo existe un único procedimiento, que incluye la aprobación pública en Cabildo del cantón, convocada al efecto. Algo que por supuesto NO se hizo.

ASIMISMO, tampoco existen sendos estudios de dos departamentos del MINISTERIO DE SALUD, aprobando los CIENTOS DE EXHUMACIONES que habrían de ejecutarse. Eso en términos de las formalidades. En cuanto a la moral y el respeto a los difuntos allí enterrados, sobran argumentos, entre ellos la carta del señor Arzobispo y la edición del semanario ECO CATÓLICO donde se denuncia el sacrilegio, la profanación masiva.

Y este martes 21 de agosto, ya enterados de lo que se trataba, aprobaron  en 2° debate el proyecto suscrito por Antonio Álvarez (conversado con Johnny Araya) en votación 31 a 9…

 

Enviado por el autor.

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Pueblos Indígenas: En Defensa de su Autonomía

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 9 de agosto en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoró en nuestro país el Sexto Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha.

La lidereza indígena Luisa Bejarano Montezuma del Pueblo Ngöbe en Punta Burica, recuerda el desalojo como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.

Según los y las indígenas las propuestas de solución que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, NO respeta los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de Autonomía de los pueblos indígenas. Sergio Rojas, líder indígena Bribri denunció a La Cabuya que el proceso de consulta que ha implementado el gobierno en los últimos años no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.

Para que en nuestro país exista paz social, es necesario que el Gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año, del Artículo primero de la Constitución Política, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

Los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos y a que se respeten los límites territoriales de sus comunidades.

Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, afirma que este es un tema de paz social en nuestro país. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellos y ellas quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno.

El sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas, no obstante los gobiernos “de turno” no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos que violentan emocional y físicamente a personas indígenas.

El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas pasa también por un tema de información y comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Para el dirigente indígena Leonardo Buitrago el rol de los medios de comunicación tradicionales ha sido el de invisibilizar o tergiversar el tema indígena.

Desde La Cabuya queremos motivar a conocer los procesos de lucha y autonomía de los pueblos indígenas en nuestro continente. Denunciamos la forma en que la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas, se sigue omitiendo o atendiendo desde el asistencialismo y nos unimos en un abrazo de lucha a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en nuestro país y en la región.

 

Publicación hecha por Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, Costa Rica, tomado de http://www.vocesnuestras.org

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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

 

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), en conmemoración del 23° aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), aprobado por la Asamblea General de la ONU, mediante resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,

MANIFIESTA:

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue constituido con la finalidad de fortalecer y reconocer: la cooperación para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud; el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de los pueblos; la importancia de establecer un foro permanente para los pueblos indígenas en el Sistema de la ONU; el desarrollo de las pueblos indígenas en sus países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y ambiental de todos los países del mundo; y la capacidad humana e institucional de los pueblos indígenas para que puedan encontrar soluciones propias de sus problemas.

Año tras año, los pueblos indígenas vienen denunciando el incumplimiento de sus derechos por el estado nacional, y demandando, proponiendo y recomendando la adopción de soluciones concretas a los temas de fondo que obstaculizan su desarrollo autónomo y el buen vivir.

Recordamos y condenamos enérgicamente el histórico y triste hecho de la Asamblea Legislativa,  que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2010, expulsó violentamente de su edificio a un grupo de hermanas y hermanos indígenas, cuando demandaban la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

Ante las constantes denuncias indígenas en los entes de derechos humanos e indígenas de la ONU, estas instancias han llamado la atención y emitido recomendaciones para que el estado costarricense cumpla con los derechos indígenas, entre otros temas: tierra y territorio; salud; educación; niñez, adolescencia; gobernabilidad; migración y trabajo; actualización de la normativa indígena (aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente N° 14.352). El estado ha emitido informes de cumplimiento de las recomendaciones, mismos que no necesariamente responden a la realidad, por lo que la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y otras organizaciones indígenas, han presentado informes alternativos. Las recomendaciones que en su inmensa mayoría no han sido atendidas por el país.

Los pueblos indígenas desde su propia visión, a iniciativa propia propusieron al estado costarricense una agenda indígena que incluye: a) Tierra y territorio (Seguridad Territorial); b) Gobernabilidad en los Territorios Indígenas; c) Estrategia de Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas desde su Propia Visión; d) Consulta y Participación Indígena; e) Nueva institucionalidad para la relación Gobierno – Pueblos Indígenas; y f) Actualización e Implementación de la Legislación Indígena.

Celebramos los primeros pasos del poder ejecutivo en el abordaje de los temas de seguridad territorial; estrategia de desarrollo nacional indígena; y consulta y participación indígena.

Lamentamos el desinterés de los poderes ejecutivo y legislativo, a los  23 años de demanda y propuesta indígena para la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, tiempo que coincide con la fecha de creación del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Destacamos que en los últimos cuatro años (tanto del periodo gubernamental anterior como actual), el proyecto de ley ha pasado durmiendo el sueño de los justos.

Deploramos que la Asamblea Legislativa, continúe desconociendo en la práctica la consulta indígena en todos aquellos proyectos de ley que les afectan directamente.

 

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)

Correo electrónico: mesaindigena@yahoo.com

Mesa Nacional Indigena

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la UCR.

Enviado por MNICR.

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FRENAPI: a siete años del desalojo violento en la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) conmemoró el Sétimo Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas. FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo de organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, iglesias, universidades, asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente, siete años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

No olvidamos este lamentable hecho de racismo y desprecio para con una de las raíces de la sociedad costarricense. A partir de este hecho, la asamblea de FRENAPI decidió regresar a sus comunidades a construir la Autonomía recuperando sus territorios y otros derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Para mayor información comunicarse al teléfono 2223-4472 ó al correo serpajcostarica@gmail.com

 

Enviado por Coecoceiba.

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Docentes de Ciencias Penales de UCR se pronuncian sobre Extinción de Dominio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.

El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:

“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.

No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.

En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.

El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.

En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:

Extinción de dominio

 

*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.

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Alerta costarricenses, diputados despilfarran fondos del pueblo en edificio absurdo y de costo impredecible

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cuatro años ha consumido la Asamblea Legislativa en diseñar una nueva sede que tendremos que pagar los costarricenses, con el desastroso resultado que se ha visto: un gigantesco cajón de concreto de 21 pisos, que parece más una cárcel que lo que se esperaría de un parlamento democrático.

Después de haber contratado un proyecto que fracasó y que nos costó más de 2 millones de dólares perdidos, se realizaron dudosas negociaciones en que se adjudicó a dedo al mismo arquitecto del primer proyecto fracasado, para que diseñara el proyecto del cajón, a un costo de otros 3 millones de dólares.

Una obra que se había estimado en $76 millones ha aumentado a $100 millones, pero se espera que aumente aún más por varias razones, como una excavación gigantesca, una estructura de concreto del cajón nada convencional que consumirá miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Ya el mismo Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, promotor del proyecto, ha admitido públicamente que el costo aumentará significativamente.

Un edificio de condiciones laborales lesivas para cientos de funcionarios, que tendrían que laborar dentro de la caja de concreto y muchos bajo el nivel del suelo, totalmente aislados visualmente del exterior, lo cual incidiría negativamente en aspectos de salud ocupacional y sicológica.

Hasta dónde llega la irresponsabilidad de nuestros legisladores, que obligarían al pueblo costarricense a pagar por el edificio más absurdo jamás concebido. Se hacen números alegres de ahorros en alquileres, vigilancia y otros por ¢1.500 millones al año, pero no se dice que el pago al Banco de Costa Rica aumentará a ¢7.500 millones al año.

Ya adjudicaron la licitación de movimiento de tierras por ¢3.000 millones, pero hay una apelación que deberá resolver la Contraloría General. Si la Contraloría rechaza la apelación quedará en firme y tendrá una consecuencia funesta: la Asamblea tendría que construir el edificio CUESTE LO QUE CUESTE y tendríamos que pagarlo.

¿Seguiremos tolerando a estos diputados tan irresponsables?

 

Enviado a SURCOS por Marité Valenzuela.

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