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Etiqueta: Asamblea Legislativa

Memorando de OIT destruye Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

En atención a una consulta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que tramita el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21336, el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza de OIT, rindió el correspondiente Memorándum Técnico.

I.- Contenido del memorando técnico

El informe de OIT contiene varias observaciones y recomendaciones generales, amén de estrictos señalamientos puntuales acerca de varios artículos de ese proyecto, sin dejar pasar inadvertidas las múltiples deficiencias de técnica legislativa que discurren a lo largo del sibilino texto.

Habrá oportunidad para comentar y discutir más profundamente este calificado informe del organismo internacional, pero por ahora, de manera preliminar, podríamos hacer una síntesis, muy acotada, de las contundentes observaciones generales de este memorial, sistematizándolas en cuatro categorías:

1.- En primer lugar, el informe advierte serias inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, relacionadas con la certeza jurídica de las situaciones amparadas y su aplicación en el tiempo, particularmente todas las normas concernientes a las remuneraciones, incluyendo el mecanismo de reajustes salariales.

Además, señala cuestionamientos en materia de derechos adquiridos o en curso de adquisición.

El memorando recomienda revisar las normas transitorias y las asociadas, con la finalidad de evitar controversias aplicativas y conflictos de respeto de los derechos adquiridos.

2.- En segundo lugar, el informe destaca que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Se recomienda, por mínimo, incluir una referencia de los derechos colectivos de las y los servidores y sus organizaciones sindicales, que podría ser un reenvío a las disposiciones normativas pertinentes, normas que efectivamente contiene el propio Código de Trabajo.

Sugiere que se aclare la articulación entre el nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones (la denominada “columna salarial global”) y los procesos de negociación colectiva actualmente aplicables en el sector público, de manera que se cumpla el Convenio N° 98 OIT.

3.- El memorando reconviene el esquema de gobernanza del régimen de empleo público, centralizado en MIDEPLAN, que tampoco contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su legítimo interés.

Recomienda, sin perjuicio de los procesos directos de negociación colectiva, que el proyecto comprenda mecanismos de consulta con estas organizaciones, o que se haga la remisión a las correspondientes fuentes normativas, de conformidad con los principios de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT (aun no ratificado).

Asimismo, tratándose de la desvinculación por reorganización forzosa de servicios, el informe insta revisar si la correspondiente norma del proyecto, configura una causal de desvinculación por motivos económicos, y en consecuencia, recomienda que se incluya un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretenda cesar personal por motivos económicos y estructurales.

4.- Por último, pero no por esto menos importante, el memorando subraya que el proyecto omitió aspectos sustantivos en materia de igualdad y no discriminación, tales como medidas a favor de las mujeres, por ejemplo, para corregir la brecha salarial, y servidores pertenecientes a pueblos originarios.

La OIT previene revisar la redacción del texto, con el propósito que se garantice, de manera plena y efectiva, el derecho de igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, conforme los convenios números 100, 111, 156 y 159 OIT, ratificados por CR.

Hasta aquí el condensado resumen de las observaciones generales que desarrolla el fundamentado memorando de OIT, del cual se puede desprender que no se tratan de señalamientos puntuales, peccata minuta, sino de cuestionamientos estructurales, que trastocan la propia identidad del proyecto, los cuales jamás podría subestimar el Gobierno y la Asamblea Legislativa, no sólo porque las rigurosas observaciones las realizó el organismo internacional especializado en la materia, ajustándose a su consolidada doctrina jurisprudencial, sino, además, porque las censuras están radicadas en la inobservancia de aquellos derechos fundamentales.

II.- Alcances e implicaciones del memorando técnico OIT

El informe de OIT viene así a confirmar la consistente posición de los sindicatos, que denunciaron el carácter autoritario, excluyente, discriminatorio y antisindical del Proyecto Marco de Empleo Público, redactado en los consistorios secretos de OCDE y el BANCO MUNDIAL, que dejó en estado de absoluta interdicción la libertad sindical, la negociación colectiva y los mecanismos de consulta y participación de los sindicatos en las cuestiones que son de su legítimo interés.

Entonces, se trata de un proyecto que desconstitucionaliza la libertad sindical y la negociación colectiva en la función pública, que por un lado, colisiona frontalmente contra la legislación internacional del trabajo, como lo constata inobjetablemente el Memorando de OIT, y por otro lado, no se adecua a los estándares de los ordenamientos democráticos modernos.

Es pertinente recordar que en el texto original del proyecto se reconoció el principio de negociación colectiva:

“Artículo 3.- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

(…) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva corresponde a empleadores y sus organizaciones por una parte y las organizaciones de personas trabajadoras por otra (sindicatos, federaciones y confederaciones), de conformidad con el artículo 688 y siguientes del Código de Trabajo.”

Tan regresiva y fundamentalista es la nueva versión importada del proyecto (texto sustitutivo), acuñada por aquellos organismos internacionales, que intencionalmente se volaron esa mención expresa del principio de negociación colectiva, que remitió al artículo 688 y ss del Código de Trabajo.

Precisamente, el memorando de OIT destaca la carencia, por lo menos, de un principio que reconozca el derecho de negociación colectiva, mención que como ya se explicó, contenía el texto original, pero que en el sustitutivo fue suprimida de un solo teclazo.

No queda la menor duda que este informe de OIT propicia un severo golpe de martillo, en seco, al controvertido proyecto de ley, que lo manda, por la vía rápida, a alguna unidad especializada de cuidados muy intensivos.

En definitiva, el memorando técnico de OIT no deja piedra sobre piedra, y no le queda otra alternativa al Poder Ejecutivo, que no sea retirar, por segunda vez, ese desaguisado de la turbulenta corriente legislativa, y por tanto, en apego a los principios democráticos de diálogo social y consulta, discutir oportunamente con los legítimos actores sociales el impresentable proyecto, con el objetivo, por una parte, de modernizar y fortalecer la prestación de los servicios públicos y por otra parte, salvaguardar los derechos fundamentales de las y los servidores públicos, salvo que se prefiera que el periplo de esa accidentada iniciativa legislativa termine su infausta suerte en un contenedor frigorífico.

28/07/2020

Carta abierta a las señoras diputadas y a los señores diputados – para firmar

Al final de la carta y las firmas iniciales encontrará este mismo enlace para sumar su apoyo.

Lunes 27 de julio, 2020.

Estamos a tiempo de evitar una dolorosa crisis humanitaria

Estimadas señoras y señores:

El mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

La incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para nuestro país. Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década.

Todo esto ustedes lo conocen muy bien, y no ignoramos la complejidad del trabajo legislativo, ni las discusiones en curso sobre tantos temas cruciales que exigen respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, creemos que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales.

Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica.

El reto es cómo financiar estas medidas imperiosas. En el plazo inmediato, creemos, estos recursos deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes.

El ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Paralelo a este gran esfuerzo nacional que demanda la inmediatez de la crisis, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Un dialogo nacional franco y directo sobre estos y otros temas es urgente y estamos en la mejor disposición de participar activamente en el mismo.

Como representantes electos, en ustedes recae la potestad de legislar y confiamos que lo harán con celeridad y sabiduría.

Atentamente,

Monseñor José Rafael Quirós Quirós, cédula 3 0207 0504, Arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal.
Daniel Aisemberg Oberstein, cédula 8 0117 0803
Ana Luz Alfaro Mancía, cédula 8 0071 0645
Patricia Allen Flores, cédula 9 0039 0374
Felipe Alpízar Rodríguez, cédula 1 1049 0305
Ronald Álvarez Tamaris, cédula 6 0067 0944
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 1 0486 0636
Paola Arguedas Marenco, cédula. 115200051
Jorge Arguedas Mora, cédula 1 0411 0109
María Laura Arias Echandi, cédula 1 0618 0948
Rodolfo Arias Formoso, cédula 1 0463 0271
María Luisa Ávila Agüero cédula 105480463
Rolando Barboza Mesén, cédula 104690193
Andrés Barrantes Acosta cédula 112490449
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 5 0141 1193
Rita Benavides Sánchez, cédula 1 0814 0112
William Bolaños Gamboa, cédula 1 0625 0856
María Eugenia Bozzoli Vargas, cédula 1 0240 0633
Dionisio Cabal Antillón, cédula 1 0425 0831
Carlos Brenes Castillo, cédula 3 0194 1174
Alejandro Calderón Arias, cédula 1 1221 0644
Manuel Carballo Quintana cédula 103000515
Carlos Enrique Carranza Villalobos, cédula 302030456
Hugo Cascante Micó, cédula 6 0107 1220
Dennis Castro Rodríguez, cédula 1 1245 0190
Kristel Chacón González, cédula 1 1447 0004
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3 0299 0664
Jorge Andrés Camacho Ramírez, cédula 4 0076 0890
Javier Cambronero Arguedas, cédula 2 0406 0127
Eva Carazo Vargas, cedula 1 0893 0621
Warner Carvajal Lizano, cédula 1 0519 0489
Nury Cartín Herrera, cédula 2 0290 0333
Sandra Cartín Herrera, cédula 2 0343 0634
María José Cascante Matamoros, cédula 1 1166 0261
Marco Antonio Castillo Rojas, cédula 301620262
Gilbert Castro Días, cédula  1 0885 0676
Victoria Chan Chan, cédula 6 0134 0801
María Marta López, cédula 1 0668 0782
María Chaves Marrocchi, cédula 1 0572 0575
Osvaldo Conejo Valverde, cédula 1 0832 0444
Jeannette Cordero Gamboa, cédula 4 0119 0233
Marinela Córdoba Zamora, cédula 3 0297 0351
Alberto Cortés Ramos, cédula 9 0675 0815
Sergio Dávila Chaves, cédula 1 0562 0642
Juan Carlos Durán Castro, cédula 1 0669 0465
Santiago Durán Mora, cédula 1 1458 0791
Julieta Dobles Yzaguirre, cedula 1 0312 0144
Grettel Elizondo Campos, cédula 1 1064 0048
Juan Rafael Espinoza Esquivel, cédula 4 0093 0258
Francisco Esquivel Villegas, cédula 6 0109 0101
Gerardo Alberto Fait Acosta, cédula 9 0085 0296
Helio Fallas Venegas, cédula 1 0346 0413
Héctor Ferlini Salazar, cédula 1 0454 0856
Patricia Fernández Bustamante, cédula 1 0468 0076
Adrián Figueroa Rosales, cédula 6 0300 0536
Elizabeth Fonseca Corrales, cédula 4 0097 0783
Miguel Gamboa Badilla, cédula 6 0179 0359
Jaime Gamboa Goldengerg, cédula 1 0622 0442
Lidieth Garro Rojas, cédula 6 0227 0142
Yamileth González García, cédula 2 0246 0555
Frank González Brenes, cédula 1 0962 0522
Rolando González Ulloa, cédula 2 0274 0540
Ernesto Guadamúz López, cédula 9 0040 0932
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0561 0866
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0453 0822
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0660 0352
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1 0461 0499
Juany Guzmán León, cédula 1 0831 0633
Carlos Hernández Álvarez, cédula 5 0256 0320
Virginia Hernández Esquivel, cédula 4 0097 0377
Rodolfo Hernández Gómez, cédula 3 0186 0057
María Elena Hernández Hernández, cédula 6 0135 0038
Lenín Hernández Navas, cédula 10967 0277
Xinia Herrera Quirós, cédula 1 0422 0059
Danilo Herrera Soto, cédula 4 0103 0076
José Francisco Hidalgo Solís, cédula 1 1503 0822
Juan Alberto Huaylupo Alcázar, cédula 8 0076 0805
Natalia Jiménez Carvajal, cédula 1 0620 0962
Francisco Jiménez Marten, cédula 3 0204 0600
María José Jiménez Pérez, cédula 1 1544 0169
Erika Henchoz Castro, cédula 1 0570 0927
Rafael López Alfaro, cédula 4 0149 0119
Stephenie Madrigal Blanco, cédula 1 1693 0753
Jeannette Madriz Mena, cédula 1 8880 0213
Elizabeth Martínez Hernández, cédula 1 0799 0790
Fabiana Martínez Mena, cédula 1 1672 0794
Álvaro Marenco Marrocchi, cédula 1 0307 0262
Julia Marrocchi Morales, cédula 7 0019 0955
Yendry Martínez Rivera, cédula 1 1080 0645
Madelaine Martínez Rojas, cédula 1 0602 0547
María Eugenia Martínez Rojas, cédula 1 0406 0132
Ana Gabriela Massey Machado, cédula 1 0817 0176
Pedro Méndez Hernández, cédula 1 0827 0664
Juan Carlos Mendoza García, cédula 1 0911 2096
Diana Meza Ramírez, cédula 1 1460 0500
Allan Monge Cordero, cédula 1 0776 0834
Esteban Monge Flores, cédula 1 0937 0882
Melania Monge Rodríguez, cédula 1 0537 0482
Lissette Monge Ureña, cédula 1 0404 0719
Henry Mora Jiménez, cédula 1 0512 0548
José Miguel Mora Rechnitz, cédula 1 0496 0584
Fredy Morera Mena, cédula 1 0954 0494
Glen Moya Núñez, cédula 1 0914 0760
Gladys Muñoz Núñez, cédula 2 0304 0058
Martin Murillo Córdoba, cédula 1 0498 0565
José Antonio Murillo Gamboa, cédula 4 0114 0773
Olga Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Margarita Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Marco Navarro Pérez, cédula 1 1370 0521
Ignacio Navarrete Gutiérrez, cédula 8 0055 0910
José Antonio Navarro Pérez, cédula 1 1215 0918
Steven Núñez Rímola, cédula 1 1237 0693
Dania Obando Castillo, cédula 6 0297 0125
Tatiana Otto Golovina, cédula 8 0077 0391
Nilson Oviedo Valerio, cédula 3 0397 0793
Henry Palomo Palavicini, cédula 1 0425 0415
Carlos Pentzke Pierson, cédula 8 0075 0461
Nancy Piedra Guillén, cédula 1 0586 0455
Alejandro Piedra Hernández, cédula 1 1418 0377
Carmen Piedra Salazar, cédula 1 0666 0155
Adriana Prado Castro, cédula 1 0301 0537
Rosa Julia Quesada Herra, cédula 2 0445 0291
José Rafael Quesada Jiménez, cédula 1 0510 0834
Kennedy Quirós Chinchilla, cédula 6 0414 0944
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 4 0147 0385
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1 0543 0030
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1 483 426
Liuber Ramírez Santamaría, cédula 6 0270 0733
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9 0912 0762
Nancy Rojas Saborío, cédula 1 1147 0469
Roberto Rojas Sojo, cédula 1 0433 0834
Francisco Robles Rivera, cédula 3 0405 0666
José Amando Robles Robles, cédula 8 0052 0054
Jorge Rodríguez Araya, cédula 3 0194 0611
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Fernando Rodríguez Garro, cédula 4 0165 0895
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 2 0385 0652
Eduardo Rodríguez Soto, cédula 1 0434 0742
Maritza Rodríguez Soto, cédula 1 0508 0437
Manuel Rojas Bolaños, cédula 1 0263 0894
Hernán Rojas Angulo, cédula 1 0526 0546
Carlos Rojas Pizarro, cédula 1 1354 0801
Carlos Alberto Rubio Torres, cédula 1 0728 0909
Patricia Salgado Muñoz, cédula 1 0418 0050
Anabelle Sánchez Castillo, cédula 6 0228 0103
María Laura Sánchez Rojas, cédula 1 0764 0264
Patricia Sánchez Gómez, cédula 3 0223 0216
Julián Solano Bentes, cédula 1 0494 0317
Ivania Solano Rodríguez, cédula 1 1092 0040
Antonio Solano Chinchilla, cédula 1 0610 0787
Liseth Sánchez Soto, cédula 1 1469 0123
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6 0161 0193
Deyanira Sequeira Ortiz, cédula 1 0248 0675
Rosa Vargas Calderón, cédula 5 0139 1046
Mario Rojas Vílchez, cédula 4 0110 0683
José Rosales Obando, cédula 5 0133 0132
Ana Cristina Rossi, cédula 1 0407 0914
María Fernanda Saénz Chaves, cédula 1 1330 0583
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9 0029 0602
Olman Segura Bonilla, cédula 4 0113 0272
Oscar Segura Castro, cédula 1 1060 0557
Miguel Sobrado Chaves, cédula 1 0294 0994
Edgar Torres Montero, cédula 1 0752 0899
Deyanira Torres Varela, cédula 1 1231 1930
Liseth Torres Zamora, cédula 1 1367 0821
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9 0041 0880
Ana Tristan Sánchez, cédula 1 0513 0593
Leiner Vargas Alfaro, cédula 2 0444 0266
Calet Vargas Rojas, cédula 1 1547 0319
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2 0327 0373
Gerardo Vargas Varela, cédula 3 0342 0343
Heidy Venegas Walkott, cédula 1 0783 0760
Carlos Vega Rivera, cédula 1 1642 0684
Carlos Manuel Vicente Salazar, cédula 1 0390 0950
Mariela Víquez Ramírez, cédula 4 0111 0780
Edwin Zamora Bolaños, cédula 1 1020 0297
Fernando Zumbado Jiménez, cédula 1 0336 0885
Guillermo Zúñiga Chaves, cédula 4 0100 0263
Mayra Abarca Miranda, cédula 4 0135 0061
Ana Ma Acuña Chacón, cédula 1 0614 0456
José David Aguilar Agüero, cédula 4 0174 0888
Ericka Alfaro Chinchilla, cédula 1-0917-0349
Francisco Alvarado Acuña, cédula 1 0574 0689
Elsa Alvarado Artavia, cédula 1 0791 0085
Heriberto Álvarez Chaves, Cedula 5 0153 0751
Ana Isabel Arias Soto 1 0441 0802
Adriana Arrieta Torres, cédula 1-1129-0335
Jorge Artavia Rodríguez, cédula 1-0668-0483
Pedro Bastos Castro, cédula 2 0372 0155
Luis Alberto Bejarano Morales, cédula 1-0534-0649
Esteban Beltrán Ulate, cédula 1 1286 0718
Roberto Blanco Rojas, cédula 2-553-961
Guido Alberto Bolaños Soto, cédula 1 0662 0166
Hazel Bustos Guzmán, cédula 6-0296-0892
Ana Lucía Camacho Rojas, cédula 1 0435 0961
Marcela Cambronero Avendaño, cédula 4 0122 0196
Gilberth Castro Chavarría, cédula 2-0362-0252
Miriam Cordero Araya, cédula 2-0167-0338
María de los Ángeles Cordero Jiménez, cédula 1 518 231
Olga Patricia Chaves Chavarría, cédula 4 0121 0124
Robert Chaves Chaves, cédula 2 0511 0801
Élida Chaves Díaz, cédula 7-0096-0680
Nidia María Corrales Hidalgo, cédula 1-0673-0269
Juan Pablo Cruz Solano, cédula 1 1019 0569
Maribel Cubero López, cédula 1 0603 0734
Marielos de la 0 Guzmán, cédula 4.110.888
Katina R. de León Rodríguez, cédula 8-0049-0129
Esneider Esquivel Rojas, cédula 1 0890 0543
Elizabeth Fernández Gutiérrez, cédula 1 0331 0895
Ana Cristina Fernández Vásquez, cédula 1-0396-1142.
Alda Mercedes Garro Leitón, cédula 401080481
Gladys María González Cascante, cédula 1-0410-1414
Marlene González Vargas, cédula 4-0116-0855
Hermann Walter Güendel Angulo, cédula 6 0198 0584
Elena González Rodríguez, cédula 1 0333 0763
Fabricio Granados Rojas, cédula 1 0860 0085
Ana Virginia Hernández Aguilar, cédula 4 0138 0115
Guadalupe Hernández Díaz, cédula 7-0072-0050
Carlos Humberto Hernández Venegas, cédula 4 0137 0457.
Yorleni Herrera, cédula 4 0197 0461
Sara Hidalgo Navarro, cédula 2 0315 0279
Divinia Jiménez Jiménez, cédula 1 0368 0703
Roseanne Jiménez Sáenz, cédula 1 0558 0560
Alda Leitón Centeno, cédula 4 0056 0139.
Adela Marchena Cordero, cédula 6-0102-0815
Rodrigo Walter Marchena Cordero, cédula 7 0047 0919
María Gabriela Marchena Rojas, cédula 1-1054-0485
Carmen Masís López, cédula 1-0576-0894
Ana Medrano Sandi, cédula 4 0182 0326
Práxedes Mejías Carranza, cédula 5-0193-0761
Heliberto Mena Cambronero, cédula 2 0539 0925
Pbro. Gustavo Meneses Castro, cédula 2 0425 0197
Rocío Meneses Castro, cédula 2 0412 0040
Juan Manuel Miranda Chavarría, cédula: 4-0117-0987
Lot Eduardo Miranda, cédula 1-1769-0442
Katya Montenegro Elizondo, cédula 1-0764-0063
Mario Moya Berrocal, cédula 3 0391 0965
Marco Monge Rodríguez, cédula 1 0504 0152
Franklin Jesús Moya Artavia, cédula 1 1480 0433
Mayra Elena Navarro Barahona, cédula 3 0238 0273
Melissa Núñez Castillo, cédula 1-1176-0381
Vilma Ocampo Hernández, cédula 4 0132 0501
Elsie María Orozco Fonseca, cédula 4 0106 1134
Roy Pérez Salazar, cédula 1-1158-0897
Wilson Ortiz Téllez, cédula 2 0352 0176
José Manuel Pérez Villalobos, cédula 2 577 0034
Miguel Picado Gatjens, cédula 1 0354 0831
Alexis Francisco Quesada Solano, cédula 3 0225 0623
Lisbeth Quesada Tristán, cédula 1-0407-1429
Jeanneth Ramírez Montoya, cédula 9-0109-0344
Susana Ramírez Rodríguez, cédula 1 0907 0219
Julieta Ramírez Zúñiga, cédula 1-0311-0063
Ana Cecilia Rodríguez Miranda, cédula 4 0106 1386
Haydée Rojas Camacho, cédula 2 0147 0691
Giovanni Rojas Mesén, cédula 1 1192 0730
Fernando Rudín Vega, cédula 1 0484 0457
Marco Antonio Ruiz Mora, cédula 4 0104 0752
Douglas Sáenz Montero, cédula 1 0653 0272
Ana Lorena Salas Calderón, cédula 4-0133-0688
José Antonio Salas Hernández, cédula 4 0150 0643
Francisco Javier Salas Villegas, cédula 4 0236 0755
Gloriana Salas Villegas, cédula 4 0253 0090
Olga Mary Salazar Calvo, cédula 9 0063 0937
Merilyn Sanabria Hernández, cédula 3-0379-0395
María Lizette Sánchez Brenes, cédula 4 0150 0988
Marta Eugenia Sánchez González, cédula 1 0380 0770
Laura Sánchez Valerio, cédula 4 0172 0825
Désirée Segovia Fonseca, cédula
Nidia Segura Eduarte, cédula 4 0125 0176
José Manuel Ugalde Ramírez, cédula 4 0133 0643
Grace María Ulate Camacho, cédula 1 0712 0956
Ileana Ureña Salazar, cédula 1 0671 0386
Yina Virginia Valverde Chaverri, cédula 1-0728-0072
Albertina Valverde Quesada, cédula 1-0439-0273
Leda María Vásquez Aguilar, cédula 1-0720-0500
Luisa María Vázquez Camacho, cédula 1 0269 0222
Rosa Isela Vega Vargas, cédula 4-0147-0135
Xiomara Villegas Ugalde, cédula 4 0149 0211
José Luis Víquez Víquez, cédula 4-0105-0446
Magda Zumbado Segnini, cédula 4 0124 0407
Lot Rafael Miranda, cédula 159100200513

Si está de acuerdo sume su apoyo en este enlace y por favor comparta.

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES

Mujeres en Acción: carta abierta al presidente de la República

San José, 14 de julio de 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

A finales de abril su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un Instrumento de Financiamiento Rápido por $504 millones, correspondientes a la cuota de Costa Rica para la atención de emergencia del Covid-19. En cadena nacional del domingo 12 de julio, usted anunció que, aprobado este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa, su gobierno negociará un convenio stand-by con el FMI, y señaló que este acuerdo es indispensable para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, desde hace semanas, distintas personas con vasto conocimiento en la materia, en cuenta el viceministro de ingresos de la administración Solís Rivera: Fernando Rodríguez, han señalado que no es necesario acudir al FMI, dado que existe la opción de financiarnos a través de las reservas del Banco Central. Como consecuencia, queremos saber ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo, sin abordar públicamente las consideraciones sobre la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?

En su discurso del domingo 12 de julio, usted también señaló que el país logrará la estabilidad económica durante 2020 con la refinanciación de la deuda y recortes por 355 mil millones de colones en el gasto público; sin mencionar el impacto de las significativas reducciones a los ingresos fiscales, tales como las autorizaciones a las y los contribuyentes para postergar responsabilidades tributarias hasta fin de año o la reducción generalizada de hasta el 75% en las cuotas obrero-patronales a la CCSS, aprobadas al inicio de la pandemia. Así, hemos de concluir que el núcleo de la política de su gobierno para lograr la estabilidad económica en 2020 recaerá en una fuerte reducción del Estado. Nos preocupa sobremanera, que esta política de recortes vaya a destruir de forma irreparable la institucionalidad pública precisamente ahora, en que ha quedado claro en todo el mundo, más allá de cualquier duda razonable, que los Estados son la principal fuente de resiliencia de los países frente a crisis corno la actual pandemia. A este respecto, en concreto querernos saber: ¿Cómo propone su gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, incluyendo y especialmente, a la CCSS durante y después de la pandemia?

En relación con la presentación de una propuesta al FMI, el domingo 12 de julio usted señaló que será negociada con los principales actores políticos, y se refirió concretamente a las jefaturas de fracción. Dado el interés público de esa negociación, cuyas consecuencias nos alcanzan a todas las personas que vivimos en este país, demandamos que haga pública la propuesta que su gobierno hará a las fracciones legislativas, y que la discusión se dé de cara a la ciudadanía. Le hacemos una respetuosa, pero enérgica instancia, para que usted y las demás personas que integran el Consejo de Gobierno y Consejo Económico, compartan esa propuesta e informen continuamente, de forma abierta, sobre el desarrollo del proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y luego con el FMI.

En esta misma línea, distintas voces, a las que nos sumamos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno podría estar considerando la venta de activos públicos, como una de las alternativas para enfrentar la actual crisis y como medio de negociación con el FMI, lo cual nos parece peligroso para el futuro del país. Señor presidente, respetuosamente le preguntamos: ¿Está usted y su gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? En caso afirmativo: ¿Cuáles activos y por qué?

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro asombro, de que su equipo de gobierno no se haya referido aún a las propuestas para enfrentar la actual crisis que hemos hecho distintos sectores, incluidas dos propuestas legislativas, para recurrir a contribuciones fiscales del gran capital, y así evitar que Costa Rica salga de la crisis, aún más desigual de lo que es hoy.

Se suscriben de usted,

COLECTIVO MUJERES EN ACCIÓN
CC.

Señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación
Señor Elián Villegas, Ministro de Hacienda
Señor Rodrigo Cubero, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
Señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia
Prensa

Universidad pública: ámbito libre del conocimiento

Rogelio Cedeño Castro*

La intensa campaña desplegada, desde hace ya más de dos años, en los medios de comunicación de más alcance, tanto en los impresos como en los de la televisión y la radiodifusión, como también a través de las redes sociales donde alcanza los estándares más elevados de una violencia simbólica desmesurada, siempre a un paso de la violencia física o como antesala de ella, lo que se evidencia en la agresividad manifiesta de los “comentaristas” erigidos en una especie de vox populi, para desprestigiar, e incluso desarticular a las universidades públicas y a la comunidad académica que existe en su interior,  con una violencia materializada incluso en los ataques directos más rastreros e insultantes hacia las personas de sus rectores, no constituye en sí misma un hecho aislado o casual ni tampoco una conspiración oculta(afirmación esta que algunos buscarán descalificar diciendo que estamos acudiendo a una falaz y paranoica teoría de la conspiración) sino que se pone de manifiesto en el despliegue de una intencionalidad, casi imposible de ocultar por parte de sus gestores, de establecer un control político de naturaleza autoritaria sobre la educación superior en Costa Rica, como un paso previo para el despliegue de los rasgos más característicos de una sociedad totalitaria, la que ha sido siempre una especie de utopía-distopía de una parte del sector empresarial que se oculta detrás de la sigla UCCAEP, un sueño como el de aquel general de triste recordación que gobernó Chile a la fuerza, expresado en la frase “no se mueve una hoja en este país, sin que yo lo sepa”.

El modelo de universidad con el que sueñan estos sectores recalcitrantes de la derecha totalitaria en este, y en los demás países de la región, oscila entre el modus operandi centralista y autoritario que tuvo hasta 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y el de la gran mayoría de las universidades privadas existentes en el país, un tema sobre el que habrá que volver de nuevo, de manera pormenorizada. En el caso del TEC se trataba de una institucionalidad que tampoco estuvo caracterizada por su accesibilidad en términos de becas y en la existencia de criterios de ingreso que favorecieran a aquellos estudiantes de menores ingresos. Cabe destacar que las editoriales universitarias acaban de publicar una obra del historiador Iván Molina Jiménez acerca de la lucha democratizadora de los estudiantes del TEC, durante los primeros años de la década de los ochenta, bajo el título “Huelgas democratizadoras: la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982” CIHAC EDUPUC (Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses) Editorial UCR 2020 que como resulta evidente habrá que leer con detenimiento. El propio historiador ha afirmado que además de la determinación de los estudiantes del TEC, que tuvieron una sagaz y valiente conducción en el despliegue de su lucha, el hecho de que la Asamblea Legislativa de la época estuviera integrada por diputados de todas las fracciones, con gran sensibilidad social y espíritu democrático, fue algo que permitió culminar el proceso de democratización del TEC en 1982, el que dio lugar a cambios muy profundos en el rumbo de esa institución. Lo afirmado por Iván Molina confirma la tesis que hemos venido sosteniendo en otros artículos, acerca de la sostenida degradación de la clase política costarricense, cuyos diputados de todo tamaño y color se orientan hoy, de manera exclusiva, hacia la defensa cerrada de los intereses del grupo más regresivo del sector empresarial costarricense, habiendo tomado una franca deriva totalitaria en su proceder, al criminalizar la protesta social y abanderar la ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores y el modelo democrático de educación superior pública en este país. No se puede homologar a los diputados del presente con los de aquellas generaciones en unos tiempos donde hubo gentes muy ilustradas, dotadas de un gran sentido de responsabilidad histórica.

No olvidemos que los ataques contra la universidad pública costarricense se sustentan en las más grotescas mentiras, las que no se cansan de repetir con el mayor desparpajo totalitario, en el estilo del nazi Joseph Goebbels, su mejor maestro aunque lo oculten y lo nieguen con manifiesta ingratitud. Tal es el caso de los salarios de los trabajadores universitarios, un tema que ya aclaró la diputada Paola Vega en el debate sobre ya mencionado informe sobre el FEES, cuando recordó que sólo en un 4% del total alcanzan a los cuatro millones de colones. Sería bueno, como contrapartida, que habláramos de las exiguas remuneraciones de los docentes y administrativos de las universidades privadas, las que conforman un ámbito donde la democracia no pasa de ser una mera expresión, jamás una vivencia plena.

El control de las dimensiones esenciales de la cultura y su reproducción, como también la elaboración de conocimiento científico y su divulgación en nuestro medio, se han convertido en el núcleo central de la agenda de las élites oligárquicas en el poder. Para ello, les resulta  una condición indispensable el terminar o cercar, reduciéndolos a la mínima expresión, a aquellos núcleos de pensamiento y producción de conocimiento científico que estén fuera de su control, tal es el sentido esencial de los contenidos del Informe de mayoría del grupo de diputados que “investigaron” acerca del Fondo Especial de la Educación Superior FEES en el que figuraron como firmantes, de manera muy notoria, los diputados Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, quienes al parecer lo hicieron con “preocupaciones” de orden presupuestario, o de facilitar el acceso a la educación superior a un grupo mayor de estudiantes provenientes de los sectores populares, cuando en realidad es precisamente lo contrario, dado el modelo que subyace implícito en sus ataques a la universidad pública, a la que acusan de suministrar los cuadros políticos de la izquierda costarricense, aunque si ese fuera el caso los resultados serían notoriamente malos para ese sector del espectro político.

Lo que ya no pueden ocultar los señores de la UCCAEP y sus sirvientes de la clase política es su odio a la cultura, a la inteligencia y al pensamiento libre que conforman una triada esencial para la vida democrática, hoy amenazada de muerte en medio de la puerilidad de muchas gentes que no todavía no terminan de abrir los ojos. El viejo fascismo siempre odió a la intelectualidad, quemó libros, destruyó pinturas y esculturas y persiguió a los escritores, artistas, científicos y pensadores más destacados, allá en los años treinta del siglo anterior, tanto en Alemania como en Italia, y en la España Franquista surgida de la guerra civil. Sucede ahora que el “nuevo”, con sus próceres mucho menos ilustrados que los de entonces, disfrazado con un “ropaje democrático” dada su cobardía y mediocridad, quiere aprovecharse de nuestra perplejidad, de nuestras dudas sobre el desafío que nos han lanzado sobre la mesa. Como recordaba Karl Jaspers, en el título de una de sus obras más famosas, nos encontramos, de nuevo, frente al incesante desafío que experimenta la razón frente a sus enemigos.

Dado este panorama, y asumiéndolo en todos sus alcances, es que estamos en capacidad de afirmar que Costa Rica se encuentra atravesando uno de sus momentos históricos más sombríos, al cabo de muchas décadas, en medio de un clima social y político sólo comparable, en gran medida, al propiciado por aquella dictadura que el pueblo costarricense tuvo que derrotar en las calles de San José, durante la segunda mitad del año de 1919. Debemos estar preparados para defender la democracia verdadera, la libertad y la autonomía universitaria, como uno de los ámbitos esenciales de la libertad de pensamiento y de los derechos esenciales del pueblo costarricense; pues sucede, al parecer que como en el mito de Sísifo, al que hacía alusión Albert Camus en una de sus obras más conocidas, estamos condenados a volver hacia el fondo del abismo, y llevar de nuevo esa gran roca de la libertad hasta la cima de la montaña, nunca podremos estar seguros de haberla conquistado, de una manera definitiva.

* Sociólogo y escritor.

Dos diputadas del PLN advierten riesgos contra universidades públicas

Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño y Paola Valladares, alzaron su voz en defensa de la autonomía que resguarda a las universidades estatales y señalaron consecuencias negativas si su financiamiento continúa bajo la mira de ciertos grupos políticos y sociales.

Así lo aseguraron en un foro de organizado por la Alianza por una Vida Digna el pasado miércoles 1 de julio, entidad conformada por un conglomerado de personas e instituciones provenientes de diversos sectores de la sociedad. En esta misma actividad participó el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya; el investigador del Instituto Clodomiro Picado (ICP), José María Gutiérrez; y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), Noel Cruz. El conversatorio fue transmitido vía Facebook Live en la página web del medio digital Surcos.

Ambas diputadas verdiblancas son parte del grupo de legisladores que expresó críticas contra el Dictamen de Mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el análisis de la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual fue aprobado por 31 votos contra 13, el martes 23 de junio.

La diputada Niño comentó que varias veces ha tomado la palabra en el Plenario para evidenciar con vehemencia los datos tergiversados que surgen en el debate, así como aquellos que aparecen en algunos medios de comunicación. Además recordó que se ha reunido con la Federación de Estudiantes de la UCR y con representantes de la academia, así como destacó su participación en marchas.

“Ninguno de los dos informes (de mayoría y de minoría) utilizaron los espacios necesarios para ser un apoyo en el crecimiento y fortalecimiento de las universidades. No hay un pensamiento crítico constructivo. Lamentablemente no fui parte de esa comisión, pero sí tuve el tiempo de dedicarme a estudiar estos dos informes y queda claro que lo que se pretende es atentar contra el modelo universitario”, recordó la diputada liberacionista.

Incluso, la legisladora hizo hincapié en que, pese a ser egresada de una universidad privada, se interesó en estudiar el modelo de autonomía universitaria para no dejarse llevar “por un titular de un medio que muchas veces quiere tergiversar”.

“En Costa Rica tenemos el privilegio de tener uno de los mejores modelos de autonomía universitaria. Bien claro lo definieron nuestros constituyentes para que no hubiera interferencia política. Pero al pasar de negociarse el FEES anualmente y no por quinquenios, como se hacía antes, se ha aumentado la intromisión política. Este es uno de los mayores errores que se han cometido y ocurrió en la administración pasada”, señaló la diputada.

Su compañera de bancada, Paola Valladares, concordó en que el Dictamen de Mayoría era una afrenta  a la autonomía de las universidades estatales y recordó que al asumir su cargo como legisladora juró defender la Constitución Política del país, lo que incluye el hacer valer el respeto a este precepto constitucional. “En la multiplicidad de partidos e ideas encontramos personas que tratan de limitar o dar lineamientos a derechos. Las universidades desarrollan y potencializan estudiantes para que puedan ser críticos ante las realidades y eso se ve amparado en la autonomía. Hay quienes dicen que las universidades deben autofinanciarse: esa es una concepción economicista que supone la captación de capital extranjero, pero su aplicación condiciona lo que el inversionista vaya a exigir en cuanto a carreras que se deben impartir, lo que rompe el pacto social”, criticó Valladares.

La diputada verdiblanca llamó a la opinión pública a poner en una balanza lo invertido en educación superior estatal y lo que el país ha recibido en términos de excelencia en la formación de profesionales, aportes de investigación (sobre todo en productos contra el COVID-19) y proyectos de acción social.

“La institucionalidad del país se ha visto fortalecida a partir de la visión que tenía don Rodrigo Facio de los jóvenes, porque él mencionaba que serían ellos, tras su paso por la universidad, quienes iban a sacar el país adelante. Por eso es que, como legisladores, no podemos decirles a estas instituciones cómo deben actuar o en cuáles carreras deben invertir”, insistió Valladares.

Al finalizar su participación en este foro virtual, el Rector de la UCR, agradeció a las diputadas la defensa que han sostenido de la autonomía universitaria, tanto en el plenario como en otros ámbitos públicos, y subrayó la necesidad de continuar este tipo de conversatorios.

Aquí le dejamos el video para que pueda verlo:

 

*Foto: Las legisladoras Niño y Valladares hicieron énfasis en la necesidad de investigar los frutos de la inversión en educación superior pública y no dejarse llevar por los titulares de algunos medios de comunicación. Foto: captura de pantalla del Foro de la Alianza por una Vida Digna.

Fuente del texto: http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2020/07/col-08-07-20.pdf

Los colores socialistas del diputado Dragos Dolanescu

Vladimir de la Cruz

El diputado Dragos Dolanescu Valenciano ha venido haciendo gala de su ignorancia, de su falta de conocimiento, de su estupidez, de lo tonto que es, en tanto le falta inteligencia, que lo hace parecer un idiota o imbécil, y de gran falta de entendimiento básico en educación y cultura general, y de cultura política en particular, por la forma como se expresa en su Facebook, en el salón Plenario de la Asamblea Legislativa, en sus opiniones dadas a periodistas.

Como tonto que se exhibe hace gala de su escasa inteligencia, de su poca capacidad de comprensión, de su reducida razón, de su falta de inteligencia emocional política.

Es un retrasado mental político, esto es, que no está al día, que no está actualizado, en los conceptos, en los términos, en el lenguaje correcto para calificar o referirse a determinados fenómenos sociales y políticos, que se ha quedado con estereotipos rancios, desactualizados, o lo que es peor, que trata de activarlos en escenarios y contextos que no son los actuales, y por ello suenan desfasados, provocándose un daño a sí mismo por lo que dice, que ha de ser incomprensible para él mismo. Decía Montaige que lo más grave de decir las estupideces, partiendo que cualquier persona las puede decir con libertad, es decirlas con énfasis, como hace el Diputado Dolanescu. El mismo Albert Einstein decía que para él solo había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez, y en este caso parece que la estupidez que adorna al diputado es más que infinita. Por eso cuando el diputado Dolanescu atiende con sus respuestas, o por sus propias intervenciones, ciertos temas, pareciera no emitir palabras, pareciera que está rebuznando, lo que es propio de los burros, que emiten sonidos desagradables.

Hay quienes han establecido tres tipos de estupidez, o que se manifiesta en tres grados. El de la Ignorancia-Confianza, que es el que se considera más alto grado de estupidez, cuando quien la realiza lo hace asumiendo situaciones de riesgo, de cualquier tipo que sea, como esta crítica y las que le han llovido a propósito de sus comentarios, careciendo de habilidad, destreza o conocimiento para resolverlas, siendo consciente de las propias consecuencias de lo que producen. Está el nivel de la Falta de Control, que es un grado medio de estupidez, que se manifiesta cuando su comportamiento, en este campo, es obsesivo compulsivo sin capacidad de autocontrol, que es lo que manifiesta el diputado Dolanescu cuando oye la palabra Socialismo, me imagino que Comunismo también, y ni que decir Anarquismo, y hasta cuando ve Rojo por todo lado como símbolo de socialismo, comunismo, o de bolivarianismo, o de confundir banderas con sistemas políticos o formas de ejercer gobiernos, como confundir el color rojo de la Bandera de Venezuela con el ejercicio de Gobierno que allí se lleva. El tercer nivel de la estupidez, o grado, es la Distracción cuando no resuelven cosas prácticas porque se distraen, que es cuando, por ejemplo, ante una Ministra que viste toda de Rojo, y anda en su cuello, colgándole hasta el frente una pañoleta de diversos colores, de múltiples colores, por ser representativa de todas las banderas, de todos lo países del mundo, que forman parte de las Naciones Unidas, y como los colores básicos son pocos, son usados de diversas maneras para hacer las banderas, y por ello, casi en todas se usa el color rojo. Hay incluso una práctica internacional de confección de banderas oficiales, de modo que no se repitan de manera exacta.

Milagro fue que no hubiera acusado a la Ministra que su pañoleta de múltiples colores defendía y propiciaba el movimiento LGBTIQ.

Cuando el diputado Dolanescu ve un arcoíris, seguramente, sale en carrera a esconderse, debajo de la cama, o donde pueda, creyendo que es un Mensaje del Cielo a favor, y alentando, el movimiento LGBTIQ. ¿O pensará que en el cielo, o en la atmósfera, hay infiltrados socialistas y chavistas, que en el rojo del arcoíris envían algún mensaje cifrado?

La escala de colores reconoce colores primarios, rojo, verde y azul, colores secundarios, amarillo, cian y magenta, y colores terciarios, naranja, lima, verde cian o esmeralda claro, cerúleo o azur, violeta o fucsia.

A propósito de la pañoleta de la Ministra hay que señalar que las pañoletas y bufandas se usan desde el antiguo Egipto. Se han usado para demostrar rango, grados militares, clase, distinción, elegancia, coquetería, atracción, glamour, hasta para incitar al amor y probablemente a las feromonas. ¿Será esto lo que alborotó al diputado Dolanescu? A la Ministra se le veía muy bien, junto con su vestido totalmente Rojo. No podemos negar que atrajo la atención, y las feromonas políticas, del diputado Dolanescu, solo que tontamente.

Pareciera que el diputado Dolanescu nunca ha abierto un manual de ideas políticas, de doctrinas políticas, o como también las llaman, de ideologías políticas. Le encanta presentarse como torpe, soso y bobo. Y como tonto que le gusta actuar solo tonterías dice. La tontería es la cualidad del tonto. El tonto no dice tonteras. Tonteras es donde están los tontos, es su cualidad, es su medio. En otra dimensión podemos afirmar que el color negro se considera la ausencia de colores y el color blanco como la suma de todos los colores.

Empezando por aquí, el ROJO es un color PRIMARIO, que resulta de la visión tricromática humana. El color primario, también llamado primitivo, es el que resulta sin mezcla de ningún otro color. Así puede entenderse que el color ROJO es puro, es por ello en cierta forma símbolo de pureza.

En la simbología o propiedad de los colores se le atribuye al color Rojo lo siguiente, entre otras cualidades, la energía, la vitalidad, el poder, la fuerza, el apasionamiento, el valor, la sangre, la vida, lo prohibido, la sexualidad, la afectividad, la fuerza creativa, la lujuria, la pasión, el amor, el coraje, el sacrificio. ¿Envidia del diputado Dolanescu si le faltan algunas de estas cualidades? Hasta se le atribuye facultad para superar la depresión. Podría vestirse de rojo, el diputado Dolanescu, o por lo menos ponerse una corbata roja, que es similar a la pañoleta de la Ministra, para superar la depresión, y temores, que le causan sus fobias contra este color.

Son los ojos de los seres humanos los que tienen la capacidad, por sus células receptoras, y como respuesta fisiológica, ante las distintas frecuencias de luz y sus interferencias, el poder distinguir los colores. El ojo humano normal responde a las longitudes de onda específicas de la luz roja, verde y azul, lo que se llama receptores tricromáticos, que a la vez son los que permiten, por estimulación, proporcionar la amplia gama de colores que generalmente vemos.

Hay algunos seres, incluidos humanos, especialmente, que tienen la capacidad de ver de manera tetracromática, con cuatro colores, con ultravioleta, y muchas especies animales, mamíferos, son dicrómatas, que solo ven dos colores primarios, lo que genera el daltonismo, que es cuando se ven de manera incorrecta y no se perciben bien los matices, especialmente, del rojo y el verde. En este caso, del diputado Dolanescu, no sé si es daltónico que solo ve ROJO por todo lado, sin ver su propio Rojo, que seguramente lo ve verde o quien sabe cómo lo ve, porque la bandera de su partido político tiene el color Rojo.

Para el diputado Dolanescu la imagen fresca de la Ministra fue una exhibición orgullosa de los colores socialistas del Partido Acción Ciudadana, que incluye en su bandera política el rojo, junto al amarillo, como la tiene mi gran Club Sport Herediano, o como la tiene la Liga Deportiva Alajuelense, que en el caso de la Liga es una bandera típicamente anarquista. Según el diputado Dolanescu salir vestida así, con la pañoleta, no hizo referencia al vestido rojo completo que llevaba la Ministra, era aludir al “chavismo y al régimen comunista cubano”. Probablemente obnubilado, por el rojo de la pañoleta, no vio el rojo del vestido de la Ministra, como el cuento del Rey, por lo que terminó viendo a la Ministra, como si fuera la Marianne de la Revolución Francesa, en la pintura de Eugene Delacroix, de 1830, “La Libertad guiando al pueblo”… como la quería ver, con solo la pañoleta puesta… desnuda políticamente… sin ropa… con la pañoleta apenas cubriéndole finamente sus pechos… solo que Marianne, tenía solo descubiertos sus pechos… ¿Fue así diputado Dolanescu?

La Bandera de Cuba apenas tiene un pequeño triángulo rojo con una estrella blanca al centro, con tres franjas azules y dos blancas. La Bandera de Puerto Rico, al contrario, tiene las tres franjas rojas, dos blancas entre ellas y el triángulo, igual al de la Bandera de Cuba, pero en azul. ¿Sería que el diputado Dolanescu vio la Bandera de Puerto Rico, y en su ignorancia la confundió con la de Cuba?

Y, a propósito de la Bandera de Venezuela, hay una leyenda sobre su gestación. Dicen que el Gran Prócer de la Independencia Francisco Miranda, que luchó en la Independencia de los Estados Unidos, que luchó, y muy activamente en la Revolución Francesa, al punto que su nombre está en el Arco de Triunfo en París, y que fue uno de los grandes gestores de la Independencia de Venezuela y lo que llegó a ser la Gran Colombia, gestionando fondos para financiar la Revolución de Venezuela y de Sur América, en Europa llegó hasta la Corte del Zar de Rusia. Allí convenciendo a la Zarina sobre la importancia de la gesta independentista y de la necesidad de financiamiento, la Zarina le preguntó: “¿Y tienen Bandera en su lucha?”, y él viendo a la Zarina le respondió: “Sí, amarillo como su cabello, azul como sus ojos, y rojo como sus labios” …y la Zarina cayó… con la ayuda que se le pedía. De manera que ese rojo de la Bandera de Venezuela nada tiene que ver con el rojo que después, usaron los anarquistas, los socialistas y los comunistas, y que hoy emplean todos los que quieran usarlo, los socialcristianos de Costa Rica lo utilizan, y hasta los libertarios de Costa Rica lo usan…

Los colores amarillo, azul y rojo lo usan de igual manera, de arriba hacia abajo, las banderas de los países de Venezuela, Colombia y Ecuador, la de Venezuela con 8 estrellas en arco al centro en su franja azul, la de Colombia sin ningún elemento en ella, y la de Ecuador con el Escudo Nacional incorporado al centro. La de Colombia y Ecuador iguales en su franjas, siendo la amarilla ligeramente más ancha que la azul y la roja, mientras en la de Venezuela las tres franjas son iguales. ¿Cuáles Banderas vería el diputado Dolanescu?

La Bandera Roja, como emblema, ha sido usada por las corrientes políticas socialistas y comunistas, también por los socialdemócratas y los laboristas europeos (Inglaterra y Francia). En el movimiento obrero, y sindical internacional, también se ha usado. Está directamente asociado a la Gran Revolución Francesa de 1789, cuando se anunciaba con ella que el Ejército iba a actuar para aplacar rebeliones.

Se usó en el siglo XIX como símbolo de los movimientos revolucionarios y en la lucha de la Comuna de París, en 1871. Con el triunfo de la Revolución Rusa se impuso como Bandera de Rusia, luego de la Unión Soviética, hasta 1991, y del movimiento comunista internacional surgido con la III Internacional Comunista fundada por Lenin, en 1919.

Algunos Estados socialistas la han usado como bandera nacional, la República Popular China, Vietnam, la República Democrática de Afganistán, durante un breve período, 1978-1980, la República Popular del Congo, La República Popular de Kampuchea, la República Socialista de Albania, desde 1946 hasta 1992. Muchos partidos comunistas la han usado como símbolo. Hay países no socialistas que tienen la Bandera Roja como emblema nacional.

Cuando el Rojo se ha usado combinado con el Negro en el movimiento revolucionario y obrero internacional, ha sido como un elemento para significar el rojo por la vida y el negro por los caídos en las luchas. De esta forma era una bandera muy usada por los anarquistas. En el movimiento obrero mexicano cuando una empresa o fábrica entra en huelga cuelgan banderas rojas y negras, en sus exteriores, para significar que se está en huelga.

Movimientos políticos revolucionarios como el Movimiento 26 de Julio, en Cuba, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, han usado la Bandera Roja y Negra, como propia de esos movimientos. En Cuba esa bandera no es la oficial de Cuba ni lo es tampoco en Nicaragua. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador, usó la Bandera Roja, con sus iniciales al centro, y una estrella blanca en la esquina superior izquierda, y en una ocasión con una Hoz y el Martillo, sin que esta Bandera fuera la del Gobierno o del país, cuando gobernaron El Salvador recientemente.

En términos políticos el diputado Dolanescu no sabe en qué país vive, ni sabe qué tipo de gobierno existe. No conoce la historia económica del país ni cual ha sido el desenvolvimiento y desarrollo económico social de Costa Rica.

No tiene idea de qué pasó en la década de 1940, bajo los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y de Teodoro Picado, cuando junto a la Iglesia Católica se aliaron al Partido Comunista de Costa Rica, denominado Vanguardia Popular desde 1943, para producir una gran alianza y atender la difícil época de la crisis de la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en Costa Rica.

Tampoco tiene idea que el Gobierno de Rodrigo Carazo Odio, que tuvo a Rafael Ángel Calderón Fournier de Ministro de Relaciones Exteriores, inició los procesos de privatización capitalista de empresas públicas, como fue el caso de CODESA.

No tiene idea de que desde 1982, con el ascenso al Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez se impuso hasta ahora el modelo político estructural de los Planes de Ajuste Estructural y que, desde 1990, arrancando con el líder de su Partido, en la Presidencia de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, se impusieron los Tratados de Libre Comercio como marco general de las relaciones económico, comerciales y productivas del país, hasta hoy. Desconoce que estos elementos son claves del desarrollo capitalista de Costa Rica desde esos años hasta hoy, y que desde el siglo XIX ha imperado un proceso evolutivo de capitalismo como régimen social, económico y político en el país.

El diputado Dolanescu ha pasado por muchas universidades, ha logrado muchos títulos, de distinta naturaleza, y dudosa calidad por sus resultados, que obviamente lo han dejado como un analfabeta político e histórico nacional, como un ignorante extremo en cosas básicas de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra política y desarrollo institucional.

Está claro que el diputado Dolanescu ha pasado por muchas universidades, y algunos cuantos cursos de carácter universitario, pero más claro está que esas Universidades, a las que él asistió, pareciera que no han pasado por él.

En fin, como dice el refrán, lo que la Naturaleza no da, Salamanca no presta, ni las universidades por las que él pasó, a la carrera, tampoco se lo han dado…

Un consejo para el diputado Dolanescu: vaya a ver un oftalmólogo para tratar su daltonismo y le trate de corregir su visión distorsionada del rojo, o a un sicólogo o siquiatra, según el caso, para sus fobias al rojo y para su paranoia y trastorno mental delirante, respecto al color rojo, y a estar viendo la intromisión del socialismo y el comunismo en la gestión del gobierno del Partido Acción Ciudadana, que según usted, ha venido denunciado desde hace dos años.

Le hace falta asistencia médica profesional, que no se la están dando los profesionales médicos de la Asamblea Legislativa.

Consúltele al menos al Dr. Rodolfo Hernández, su líder político inmediato en su Partido, especialista en niños, que lo puede atender como un infante llorón y gritón en política. Tal vez sea algo que trae desde la niñez.

Y, aunque el diputado Dolanescu no lo crea, es el mejor distractor que tiene el Gobierno del Partido Acción Ciudadana. Todo lo que dice y hace el diputado Dolanescu distrae, por las tonterías que dice, de la atención pública de los principales temas nacionales, sociales, económicos, políticos y pandémicos que afrontamos.

Sus intervenciones son distractores políticos que le hacen gran favor al gobierno en las políticas y acciones que impulsa. ¿Será un gallo tapado del Gobierno en este sentido?, o ¿un Caballo de Troya entre y ante las huestes populares? … sin pan pero con circo.

Los días feriados, especialmente los de las Fechas Patrias, no deben moverse del día que está dispuesto para ellos

Vladimir de la Cruz

Al momento de escribir este artículo, se ha venido discutiendo en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, paralizado, me parece que correctamente por el diputado Carlos Ricardo Benavides, el lunes pasado, para mover los días feriados de su fecha original a viernes, o lunes, de cada semana, según “caiga” la fecha del día feriado lunes, martes, miércoles, jueves para que se disfruten los días viernes inmediato posterior, utilizando la modalidad de fin de semana largo, y los sábados o domingos se trabajen el propio día.

En Costa Rica tenemos los siguientes días feriados en el año 2020: el Miércoles 1 de enero: Año Nuevo, el Jueves 9 de abril: Jueves Santo, el Viernes 10 de abril: Viernes Santo, el Sábado 11 de abril: Día de Juan Santamaría, el Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador, el Sábado 25 de julio: Anexión del Partido de Nicoya, el Domingo 2 de agosto: Día de la Virgen de los Ángeles (feriado pago no obligatorio), el Sábado 15 de agosto: Día de las Madres, el Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia, el Martes 1 de diciembre: Día de Abolición del Ejército (feriado pago no obligatorio) y el Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Son once días feriados, nueve de ellos de pago obligatorio. De todos los feriados solo los de Semana Santa se dan de manera continuos, jueves y viernes.

En esta Semana Mayor, se ha venido acostumbrado a suspender jornadas laborales, durante toda la semana, especialmente en todo el sector público, para que toda la semana quede libre, suspensión que se hace sobre deducción de días de las vacaciones a las que se tienen derecho. Esto se produjo hace algunos años debido al ausentismo que se provocaba, de lunes a miércoles santos, por parte de los trabajadores que tomaban esos días para disfrutarlos, añadidos a los días religiosos, jueves y viernes santos, como una larga semana de descanso, o de paseo en el interior del país, o en el exterior para quienes pueden disfrutar su tiempo libre vacacionando o turisteando fuera del país.

El 5 de noviembre del 2019 la Asamblea Legislativa eliminó como día de festejo nacional, que así se tenía feriado, el 12 de octubre alusivo a la llegada de Colón, que luego se denominó como Día de las Culturas, y en su lugar se estableció un nuevo día feriado, de pago no obligatorio, el 1 de diciembre, de cada año, para conmemorar la Abolición del Ejército.

Los días feriados de pago obligatorio y no obligatorio se aplican para aquellos centros de trabajo donde se realiza el pago de manera semanal, que generalmente es en actividades no comerciales, por el trabajo efectivo llevado a cabo en la semana. En este caso si un trabajador no labora, en un feriado de pago no obligatorio, no se le debe realizar pago, mientras que, si lo trabaja, se le debe reconocer el día de salario como un pago sencillo, sin porcentual adicional. Mientras que, en los centros de trabajo comerciales, cuando se paga de manera quincenal o mensual, sí procede el pago de los días feriados en el salario, más allá de si es un día feriado de pago obligatorio o no obligatorio. De este modo, al trabajador que labora en un día feriado se le debe reconocer un salario adicional, de un día normal, para completar el doble pago que le corresponde por trabajarlo.

El Proyecto de Ley que propuso el diputado, también liberacionista, Roberto Thompson, de concentrar en el día viernes, o el lunes siguiente, el feriado respectivo, fue justificado en el llamado fin de semana largo, para aumentar la visita turística y, obviamente, el mayor consumo y gasto posible en las zonas turísticas.

El diputado Carlos Ricardo Benavides, que ha sido Ministro de Turismo, y conoce de este campo, ha demostrado que esto en la realidad no se da, de esa manera, y al contrario, produce más efectos negativos en el proceso productivo nacional. Roberto Thompson lo ha justificado en función de la pandemia que azota al país, para contribuir de esa manera en la reactivación económica, considerando que 3.2 millones de turistas vienen a Costa Rica en los últimos años. Pero, esta cifra no es sustituible de ninguna manera por turismo nacional.

No hay nada en el país que permita esa posibilidad de sustitución, en el supuesto que se mantenga el turismo exterior limitado. Ni tampoco hay capacidad alguna económica de gastar en actividades turísticas por parte de la población que ha quedado cesante, que ha aumentado el desempleo nacional, o de las personas trabajadoras a quienes se les ha reducido su jornada de trabajo y por ello les hayan reducido también sus salarios, o la población que ha empezado a engrosar a la población en categoría de “pobreza” y de “pobreza extrema”.

En Costa Rica no hay una sola política pública, ni ninguna acción de Estado o de Gobierno, que conduzca a un real disfrute de las vacaciones, a las que tiene derecho cada trabajador, no hay ninguna coordinación entre las vacaciones de los empleados con las de los hijos para que puedan disfrutarse en paralelo y conjuntamente, ni siquiera las vacaciones forzadas de medio año escolar o las de fin de año, ni se autoriza a los escolares a dejar sus estudios durante las vacaciones de sus padres, tan siquiera para disfrutarlos en sus casas. Solamente el paro laboral de los diputados, en el mes de julio, se ha hecho empatado con las vacaciones escolares de medio período, para disfrutar, ellos sí, con sus hijos y familias esos días.

Conocí países europeos, y países ex socialistas, que sí tenían estos sistemas vacacionales organizados, que además obligaban a disfrutar las vacaciones. Algunos de estos países ex socialistas obligaban a los trabajadores a disfrutar sus vacaciones en determinados centros de vacación, con diversas opciones, y se coordinaba con las escuelas y colegios de sus hijos, para que todos juntos fueran a disfrutar los días correspondientes. No sé cuál será la situación hoy de esos países ex socialistas, pero en Costa Rica esto es un sueño de opio, me imagino, o algo verdaderamente utópico.

En Costa Rica muchas veces los trabajadores en sus vacaciones se ven obligados a trabajarlas para asegurar ingresos extras, con sus propios empleadores o patrones, o en trabajos informales o “camaroneando”.

Todavía hay costarricenses, y muchos, que no conocen las playas nacionales ni los volcanes. Cuando daba clases en la Universidad, hasta hace siete años, cuando me jubilé, tuve estudiantes que del todo no conocían esos lugares, y algunos que venían de ciudades cercanas del Valle Central al distrito de San Pedro, en la capital, ni siquiera conocían la ciudad, ni…la Biblioteca Nacional, donde muchas veces los enviaba a realizar consultas. Su trayectoria era en el bus que los traía directo a la Universidad, y del bus que los regresaba a su pueblo o ciudad. Eso era todo su conocimiento geográfico local, y seguramente el de su comunidad.

Cuando hay prioridades básicas, como casa, alimentación del trabajador y su familia, pago de alquileres, pago de servicios públicos, como agua y electricidad, que además perversamente los han encarecido institucional y oficialmente, en estos días de pandemia, incluidos lo de pago de peajes, que los han aumentado a partir de hoy, la gente no puede disponer para ir a vacacionar o turistear internamente. Por otro lado, no hay una tabla de tarifas que atraiga ventajosamente a los turistas nacionales, a los hoteles y regiones de montaña o de playa, a los sitios vacacionales o destinos turísticos, que no han cambiado sus tarifas en estas condiciones pandémicas que pasa el país y la población en general.

Y, si se trata de la población, los que quizá tengan más posibilidad de vacacionar son las llamadas clases medias y, obviamente las altas, y los trabajadores del sector público, en todas sus instituciones, que en este momento también pasan por una arremetida contra sus salarios, y las pensiones, de los que ya están retirados o jubilados, limitando sus posibilidades de recreación, de vacación, o de uso del tiempo libre de esta manera vacacional, reduciendo sus posibilidades de consumo y de recreación. Una prueba interesante la han dado estos días los vendedores de carros, nuevos y usados, que han visto caer sus ventas casi a un 40% respecto al año anterior, y a los meses anteriores a la pandemia, y hasta han ofrecido ventas de carros pagaderos, en sus primeras cuotas, dentro de seis meses, a principios del 2021, es decir, le dan el carro hoy a una persona y empieza a pagarlo dentro de seis meses, según entendí la información. Esta es la realidad de los sectores medios, profesionales, y de los milenians que empiezan a volar, ahora bajo, y algunos muy bajo, en sus posibilidades de gustos, gastos y consumismo.

Si el turismo en el Producto Interno Bruto, en el 2019, significó un 8% del mismo, este año aún no se ha dicho cuál será su impacto, pero no será del mismo 8%. Si este es uno de los motores de la economía nacional, hay que ver cómo se repara ese hueco en lo que va a significar, pero no es solo incentivando al sector turístico, eximiéndole de impuestos o favoreciéndole ventajas institucionales. Sería más importante estimular los salarios, los ingresos y las pensiones de las personas para que realmente puedan disfrutar sus tiempos vacacionales conociendo turísticamente Costa Rica, o posibilitando más y mejor su tiempo ocioso recreativamente.

La Reforma que propone el diputado Roberto Thompson está orientada a reformar el artículo 148 Bis del Código de Trabajo, la Ley N°2 y sus reformas de agosto de 1943, para trasladar los feriados a los días viernes. El diputado Carlos Ricardo Benavides se opone a esta reforma. En esta discusión hay que apoyar al diputado Benavides.

Recuerdo una empresa que anunciaba el festejo del Primero de Mayo, hace bastantes años, diciendo: “Hoy Primero de Mayo, lo festejamos trabajando”, y trabajaban todos los empleados…obligadamente.

Ah, otra cosa, cuando los empresarios han tratado de promover la semana de 4-3, en la que se trabajan 4 días de 12 horas, y se “descansan”, teóricamente, tres días, ¿allí tienen incorporada “la semana larga” de los días feriados?, o ¿la van a negociar u obligar a trabajar?

Es mi opinión que los días feriados, especialmente los de las Fechas Patrias no deben moverse del día que está dispuesto para ellos. El 15 de Setiembre, por ejemplo, debe celebrarse el 15 de setiembre caiga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Somos los costarricenses los que nos debemos acoplar a la fecha de la celebración, no la fecha a los intereses de grupos económicos, que por lo demás no contribuyen en nada, absolutamente en nada, a darle contenido patriótico a las fechas que ellos mismos promueven su traslado de festividad.

Entrada la tarde de ayer martes, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la modificación de estos feriados, después de un acuerdo entre los diputados Thompson y Benavides, estableciendo el traslado de los días feriados para los días lunes siguientes, desde el año 2021 hasta el año 2024, quedando la distribución así:

Del año 2020

Sábado 25 de julio de 2020 pasa a lunes 27 de julio

Sábado 15 de agosto 2020 pasa a lunes 17 de agosto

Martes 15 de setiembre del 2020 pasa a lunes 14 de setiembre

Martes 1 de diciembre del 2020 pasa a lunes 30 de noviembre

Del año 2021

Sábado 1 de mayo de 2021 pasa a lunes 3 de mayo

Domingo 25 de julio de 2021 pasa a lunes 26 de julio

Miércoles 15 de setiembre de 2021 pasa a lunes 13 de setiembre (el del Bicentenario)

Miércoles 1 de diciembre del 2021 pasa a lunes 29 de noviembre

Del año 2022

Miércoles 15 de setiembre del 2022 pasa a lunes 19 de setiembre

Miércoles 1 de diciembre del 2022 pasa a lunes 5 de diciembre

Del año 2023

Martes 11 de abril del 2023 pasa a lunes 10 de abril

Martes 25 de julio del 2023 pasa a lunes 24 de julio

Martes 25 de agosto del 2023 pasa a lunes 14 de agosto

Del año 2024

Jueves 11 de abril de 2024 pasa a lunes 15 de abril

Jueves 25 de julio de 2024 pasa a lunes 29 de julio, y

Jueves 15 de agosto de 2024 pasa a lunes 19 de agosto.

De esta manera se generarán 16 fines de semanas largos

Los tres feriados que caen en domingo de este año y el próximo permanecen en su fecha, el próximo 2 de agosto y los siguientes 11 de abril y 25 de julio.

Curioso que los diputados hayan movido la fecha del 15 de setiembre del 2021, que es la que oficialmente celebrará, a nivel centroamericano, el Bicentenario de la Independencia, y también oficialmente en Costa Rica.

Y, más curioso, es que no hayan tomado en cuenta la fecha del 29 de octubre del 2021, que es realmente la fecha en que se celebran 200 años de la firma del Acta de Cartago, donde se acuerda la Independencia Nacional, con relación a lo dispuesto por el Acta de Guatemala, que da origen a la destitución, pocos días después, de la última autoridad colonial, el Gobernador Juan Manuel de Cañas, calificado en ese tiempo de déspota y de opresor.

En este aspecto ni siquiera tomaron en cuenta al Alcalde de Cartago, a Mario Redondo, que ha sido diputado y Presidente del Poder Legislativo, ni al Consejo Municipal de Cartago, que no se van a quedar con los brazos cruzados, viendo para el ciprés, ante tan afrentoso acuerdo legislativo tomado ayer martes.

Estoy seguro que Mario Redondo y su Consejo Municipal se prepararán a lo grande para la celebración de la firma Bicentenaria del Acta de Cartago, ¿o no es así don Mario?

Tierra de nadie o barco a la deriva

Tomada del Facebook de Arabella Salaverry.

Arabella Salaverry

Una sensación de tierra de nadie, de barco a la deriva, de papalote que se lo lleva el viento. Y no es aleatoria. Tiene su origen bien definido y tiene nombres. Sabemos quiénes son los responsables.

Esos nombres son los de un porcentaje muy grande de los nunca más mal llamados «padres de la patria». Se ha creado una especie artera, que de a callado va socavando las bases de lo que ha sido Costa Rica.

Van por las universidades públicas (estas representan para ellos un peligro, allí se enseña a pensar). Las universidades que ocupan en el contexto latinoamericano los primeros lugares, que han formado artistas, pensadores, científicos, ingenieros, en resumen, el verdadero capital, la verdadera riqueza del país. Personas sin ninguna preparación, de una incultura supina, pretender dictar cátedra y cambiar la constitución para meter mano, perdón, zarpa, en la educación superior. ¿Cómo se atreven? ¿Quién los manda?

Van por la naturaleza: pretenden revivir la explotación petrolera. De a calladito y a pasito lento. Y destruir otra de las fortalezas que tenemos como país: nuestra naturaleza, la riqueza de nuestros ecosistemas.

Niegan el concepto de igualdad y creen, en su ignorancia, que los derechos humanos son para unos cuantos. Que algunos son más humanos que otros, o que algunos tienen más derechos que los demás.

Y allí están, en sus curules, destrozando los logros de los que nos enorgullecemos. El país de avanzada, una luz en el continente, navega ahora sin rumbo, da tumbos y parece que se lo tragará el abismo. ¿Cómo se atreven?