Comunicado de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua
A partir de los hechos de los últimos días en torno a la tramitación del Proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico consideramos que estamos en un momento crucial para el futuro del país en un tema sumamente sensible y comprendemos lo complejo del proceso tendiente a dotar a Costa Rica de un marco legal e institucional que permita una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de este líquido vital que garantice el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento.
Desde que varias de nuestras organizaciones, junto a diferentes actores sociales e institucionales, a finales de los años 90, iniciamos la discusión sobre la necesidad de ajustar dicho marco a los nuevos desafíos en materia hídrica, nos percatamos de la multiplicidad de visiones e intereses que giran en torno a la gestión del agua, por lo que llegar a acuerdos mínimos sería una tarea ardua.
Luego de un proceso de muchos años, con una gran cantidad de vicisitudes, se ha generado un acuerdo entre una mayoría de grupos parlamentarios en torno a un texto que, pareciera, cuenta con el aval del sector que más oposición ha externado. En ese sentido, el texto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, si bien no contiene todos los elementos que hubiéramos deseado en una nueva ley de aguas; es el que refleja el mayor nivel de acuerdo político que ha sido posible alcanzar en todos estos años y su aprobación significaría un primer paso en la dirección correcta.
Sin embargo, desde la ANDA consideramos que si bien este texto posee una serie de virtudes que harían que la gestión del recurso hídrico mejore considerablemente a favor de los principios que anteriormente hemos señalado, no podemos estar de acuerdo con la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica que se habían establecido en el proyecto de iniciativa popular.
La participación ciudadana es un elemento esencial del espíritu del proyecto de ley. No puede haber gestión integrada del recurso hídrico ni reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento sin dicha participación. Estos espacios de participación ciudadana estaban contemplados en el texto original, por lo que su eliminación podría implicar falta de conexidad entre lo planteado originalmente y lo que finalmente se apruebe.
Es por ese motivo que solicitamos a las señoras y señores diputados que consideren la permanencia de los artículos relacionados con los Consejos de Unidad Hidrológica. La participación ciudadana es parte consustancial de la vida en democracia, tal y como lo reconoce el artículo 9 de la Constitución Política.
Compartido en redes digitales por José Rafael Quesada.
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