Lo acaecido en el recinto parlamentario el lunes 2 de Mayo merece destacarse, no solo por el hecho de que el discurso del Presidente no se haya dado, como era lo habitual, el 1ro de Mayo, sino principalmente en razón de la coyuntura política que vive el país. Ese fue el trasfondo de una ceremonia, por lo demás, estereotipada. Más que una pormenorizada enumeración, que había enviado de previo con abundante información de lo hecho por su gobierno, el Presidente se dedicó a hacer política en el sentido fuerte del término. Insistió ante el Primer Poder de la República en la responsabilidad, que constitucionalmente le compete, de cogobernar aprobando las leyes que la coyuntura requiere, a fin de paliar la crisis fiscal que agobia al Estado. Ante el hecho de que se ha configurado una nueva alianza entre los partidos de oposición que ha asumido la conducción de la Asamblea Legislativa, el Presidente los ha conminado a que aprueben los proyectos que les ha enviado. Junto con una invitación al diálogo, Luis Guillermo los ha enfrentado a su propia responsabilidad reconociendo, sin mencionarlo explícitamente, que posiblemente uno de esos partidos podría asumir su puesto dentro de dos años; de modo que, si no aprueban lo que él propone, tendrán que apechugar con las consecuencias de la crisis fiscal, que se les convertiría en una hipoteca, no por culpa del gobierno actual, sino por la miopía electorera y prejuicios ideológicos de la alianza opositora. En cuanto a su descenso en la popularidad, al menos en apariencia, da la impresión de no serle particularmente sensible, arguyendo que no está en sus planes futuros aspirar a la reelección.
Luis Guillermo tiró la pelota hacia el campo de quienes hoy son sus adversarios políticos. Al iniciar el segundo tiempo de un partido, cuyo pitazo final debe arrojar como resultado positivo la solución de la crisis fiscal que ningún gobierno anterior había logrado, a pesar de reconocer que ésta azota como una peste medieval, al Estado y, con ello, a la nación entera. En esto nadie, ni en la oposición ni en el gobierno, hay dudas. El quid de la cuestión está en quién pagará el costo. Es allí donde el país se muestra más dividido que nunca desde la década de los 40 del siglo pasado. Es en torno al papel que las fuerzas políticas y sociales asuman que se decantará el criterio, a la luz del cual podremos sopesar la posición que adopten los partidos. Esta es la CUESTIÓN nacional por excelencia hoy día. Todo lo demás, como diría Shakespeare, no son más que “palabras, palabras, palabras…”.
Es en función de este desafío, crucial para los destinos de la nación, que se escogerán los candidatos presidenciales y se hará la campaña electoral. Las reglas del juego, las tácticas y estrategias ya se perfilan, las candidaturas ya despuntan. La segunda parte de este partido de la administración Solís tendrá como trasfondo la campaña electoral que se avecina. Nunca como ahora es tan actual aquello de que el futuro deja de serlo desde el momento en que se asume como parte constitutiva del presente. El hoy define el mañana. Los actores de la escena política nacional están imbuidos de este rol. Los ecos de estas voces han retumbado durante los días 1ro y 2 de este mes, tanto en el recinto parlamentario, como en las calles. El pitazo final de este juego, que se acaba de iniciar en su segunda parte, se dará el primer domingo de febrero del 2018. Estamos advertidos.
Nos dirigimos a la opinión pública en nuestra condición de profesionales en Arquitectura y otros ciudadanos, con fundamento en las normas 28 y 29 de la Constitución Política, para pedir apoyo y advertir al país y a las fuerzas políticas, sobre las graves consecuencias que se vislumbran en torno a la inminente construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.
Primer diseño, elegido en el Concurso de Anteproyectos en enero del 2013, desechado por ilegal y por carísimo según las declaraciones del Directorio presidido por Henry Mora.
Sabido fue el fracaso del primer diseño que fue escogido en un Concurso de Anteproyectos para el edificio más importante del país, pero preocupa que este segundo diseño del mismo arquitecto, se haya mantenido en secreto desde octubre 2015, pues hasta hace muy poco nos enseñaron imágenes y conceptos.
Adversamos categóricamente el resultado arquitectónico y urbanístico porque:
El edificio es una torre de 17 pisos totalmente ciego hacia el exterior (carece de ventanas) lo que le ha valido el mote popular de “bunker” o tumba.
El Plenario y los espacios conexos están bajo el nivel del atrio de ingreso, o sea subterráneos.
La única fuente de iluminación natural provendría de un patio de luz central de 17 pisos de altura.
El Plenario tendrá una capacidad para 114 diputados, que podrían quedar vacías la mitad toda la vida, a falta de una reforma constitucional que nadie ha propuesto.
De aumentarse a 114 diputados habría que expropiar más terrenos vecinos y construir otra torre al lado para las oficinas de los 57 nuevos diputados más.
El edificio carece de ventilación natural suficiente, por lo que todos los espacios deberán estar ventilados con aire acondicionado, lo cual significará un consumo energético descomunal, contrario a las condiciones ecológicas que deben prevalecer acorde con las medidas contra el calentamiento global.
Las condiciones de encerramiento sin posibilidad de acceso visual al exterior de las personas que laboren dentro de ese edificio, incidirán sin duda negativamente en su desempeño y equilibrio emocional.
Es sabido el poder de la arquitectura, entendida como construcción de un espacio de significación simbólica, capaz de provocar en las personas sentimientos e ideas y de incidir en la cultura y la idiosincrasia de los pueblos. La imagen de bunker o fortaleza para el primer poder de la República será nociva ante el pueblo costarricense y producirá un rechazo.
El gasto de 52 mil millones de colones (o más, porque no se ha hecho un presupuesto) en un proyecto con tales características, se sumará a la cadena de desaciertos de los últimos gobiernos.
No se comprende cómo los que tuvieron esa responsabilidad aprobaron ese segundo diseño. Se alegará que cumple con todas las regulaciones, pero eso no es suficiente. Un edificio público sin ventanas y ventilado artificialmente, cumple con las regulaciones, pero es absolutamente inconveniente por razones de salud, ecológicas y por los costos de operación. Un Plenario subterráneo no es ilegal, pero es simbólica y físicamente absurdo e inconveniente.
Segundo diseño, supuesta modificación, ajuste o readecuación del Primer diseño, en realidad como se puede ver es OTRO proyecto totalmente diferente, octubre del 2015, Directorio presidido por Rafael Ortiz, mantenido en estricto secreto hasta hace pocas semanas.
Instamos respetuosamente al Directorio Legislativo a abstenerse de colocar la primera piedra que conllevará el inicio de obras de pre-construcción que serán irreversibles; emplazamos a pronunciarse sobre este proyecto al Colegio de Arquitectos sobre el diseño; al Centro de Patrimonio y al ICOMOS sobre el entorno patrimonial; a la Municipalidad de San José sobre el entorno urbano; y a las escuelas de arquitectura.
Los señores diputados no están exentos de responsabilidad, aunque no formen parte del Directorio. Si los responsables persistieran en el error, las consecuencias los llamarán a cuentas. Nosotros nos limitamos a cumplir con nuestro deber, como profesionales y como ciudadanos conscientes, al advertir las consecuencias.
Como es tradición desde finales del siglo XIX, en el 1ro de mayo se celebra en el mundo entero el DÍA DEL TRABAJADOR. En Costa Rica se llevan a cabo también otras actividades de índole política. Los medios de comunicación se ocupan por igual de las marchas de las organizaciones gremiales como de la elección del directorio de la asamblea legislativa. Esa elección en buena medida sirve a los partidos políticos para medir fuerzas y, con ello, lograr una cuota de poder en el año que sigue. Este último ejercicio político reviste particular relieve debido a que, desde las elecciones pasadas, el país viene sufriendo un cambio sustancial en la configuración del Estado, no formal sino real…que es lo que importa cuando del ejercicio del poder se trata. Me refiero a que ahora no sólo los partidos con mayor representación juegan en este ajedrez un papel protagónico. Las componendas adquieren un rol relevante y, a veces, sorpresivo, haciendo realidad aquello de que “en política no se escogen los aliados”. En los pasadizos de Cuesta de Moras suelen aparecer en los 1ro de mayo fantasmas bailando un aquelarre al ritmo de un “Mayo Negro”. Si en el pasado se compraban los votos con partidas específicas (remember Cachimbal) hoy, al desaparecer éstas, lo que se busca son cuotas de poder, para impulsar la aprobación o rechazo de leyes en concordancia con sus intereses e ideologías. En este año, posiblemente lo que de este aquelarre salga no se sabrá con certeza sino hasta el momento mismo de la elección del Directorio.
Por su parte, los trabajadores organizados desfilan, no solo para honrar la memoria de sus mártires de ayer, sino para impulsar sus luchas de hoy y sus anhelos de mañana. El pueblo costarricense vive dos expresiones de su democracia, la representativa en Cuesta de Moras y la directa en las calles. Ambas, más allá de las apariencias, tienen algo en común: luchan por el poder, tanto para lograr u obstruir reivindicaciones populares, como para promover o rechazar leyes que enrumben los destinos de la Patria. En una época en que en el mundo entero se dan cambios vertiginosos en la configuración del poder, no es de extrañar que, detrás de estas divergencias se encierren enfrentamientos de largo alcance porque tienen su raíz en concepciones ideológicas y buscan transformaciones institucionales.
En el caso de Costa Rica, es el Estado Social de Derecho el que se ve amenazado y asediado. Detrás de la supuesta reducción del gasto público, lo que se pretende es hacer que la crisis fiscal, provocada por la clase dominante, la paguen los de abajo, como siempre, aunque no la hayan causado. Los que desfilan en las calles y sus compañeros que no lo hacen (sobre todo del sector privado) por amenazas de despido, lo hacen en defensa de los derechos laborales garantizados por el Estado de Derecho gracias a las reformas de 1943 consolidadas en la Constitución actual (1949).
En conclusión, este 1ro de mayo expresa, con la mayor firmeza, la verdadera raíz del enfrentamiento político real sustentado en la lucha de clases. Los trabajadores deben unirse, no solo para ganar las luchas en pro de la justicia social, sino en torno a un proyecto nacional más amplio que ponga las bases de la Costa Rica que anhelan las generaciones jóvenes de hoy y de mañana. Para ello deben superar divergencias tácticas y conformar una dirección unificada. Así lo reclama el futuro de la Patria.
Siendo presidente de la Asamblea Legislativa don Henry Mora J., nos quisieron imponer el adefesio no.1; lo defendía el expresidente como algo novedoso y estético. Ya repliqué, en ese momento, acerca de la estética de los adefesios en la era neoliberal. Ahora, voy a centrarme en una interpretación personal del nuevo: la torre legislativa. Las imágenes que han circulado por la prensa y en las redes sociales, anuncian una torre sin ventanas externas que sobresale del resto de las edificaciones circundantes.
En el Tarot, la torre es una carta negativa, anuncia un cambio problemático; previene sobre la urgencia de planear con los pies puestos en la tierra; es decir, recomienda construir sobre cimientos sólidos y no sobre vanas ilusiones, aconseja no vivir en castillos en el aire. Se le asocia con los siguientes aspectos: vandalismo, confusión, desmoronamiento, ruina, rabia, misoginia, peligro, destrucción, colapso, entre otros. Llama la atención a tener cuidado con la ambición desmedida.
La torre suele ser signo de poder. Desventurados e ingenuos quienes crean que se trata de una representación del poder del pueblo costarricense. ¿A cuántos o a cuántas han convocado para que expresen arquitectónicamente una visión del encuentro democrático? Nulo. Se trata de una concepción vertical y autoritaria del poder digna de la dictadura neoliberal que nos entonta desde hace treinta años. Se trata de una torre para maquillar esta tiranía.
Recordemos que cuando Sancho Panza renunció, hastiado de las agresiones y burlas recibidas por su buen y justo gobierno en la ínsula, se fue a consolar con su asno, lo abrazó y, llorando, le dijo:
-Venid vos acá, compañero mío, y amigo mío, y conllevador de mis trabajos y miserias; cuando yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas, mis días y mis años, pero, después que os dejé, y me subí a las torres de la ambición y la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos.
En el universo cervantino, el poder es una torre de ambición y soberbia. Nos imponen, esta vez, una torre sin ventanas; desde la torre no se observa hacia el entorno. Una vez más se niega el mundo circundante, la realidad callejera, esa de los de a pie; los Nadie nos nombraba Eduardo Galeano. La torre se ve a sí misma, puede mirar para adentro, puede regodearse en una autocontemplación; prohibido ver hacia afuera. El ego neoliberal no admite diálogo. La iluminación viene desde el cielo, por una abertura alcanzable, aparentemente, por vista aérea desde una nave, pues no hay edificio cercano que le llegue a mediana altura o la sobrepase. Ellos, los antiguamente, representantes del pueblo, se encierran. ¡Los encierros suelen sinónimos de prisiones! Y hay prisiones simbólicas.
Por otra parte, no nos olvidemos que, en los cuentos infantiles, la princesa siempre está encerrada, secuestrada y aislada en una torre. Generalmente, la torre tiene una ventana única desde la cual la prisionera puede dar señales de vida para ser rescatada por el príncipe o algún aldeano que se apiade de ella. Aquí no hay ventana u orificio que rompa el cerco completo de la mole.
El diseño va tomando tintes de secuestro, terror, ocultismo o algo similar.
No hay que despreciar el lenguaje de Hollywood; su simbología también ha calado en nuestro inconsciente colectivo. Siempre me ha llamado la atención que en los filmes, de pacotilla o de calidad, el ladrón, el malo de la película, el asesino en serie que no logran encontrar o el psicópata inteligente, tiene una guarida en el sótano. El sótano, como lugar donde se fraguan delitos contra seres indefensos, es una obsesión hollywoodense.
Sin embargo, el sótano también es un regreso al origen materno, al útero de la Madre Tierra. Cabe recordar que Odiseo, en su afirmación patriarcal vence a dos diosas representantes de la religión ctónica, de la Madre Tierra, las dos viven en cuevas. Calipso le ofrece la inmortalidad con tal de que se quede con ella, el patriarca griego renuncia a la inmortalidad porque prefiere su patrimonio. Quienes lo idealizan sueñan que es por Penélope pero el texto lo dice claramente es por el patrimonio.
Así que en la torre de la dictadura neoliberal, los y las legisladoras van a ¿refugiarse?, ¿esconderse?, ¿aislarse? en un sótano a ¿legislar?, ¿tramar crímenes contra la Madre Tierra, el pueblo y las instituciones públicas como el Combo del ICE, el TLC o la ley de UPOV?
Lo que sí queda evidente y explícito es que se trata de un refugio del poder que le da la espalda al pueblo costarricense y que se niega al diálogo. En el sótano, los dignos representantes de los intereses de las corporaciones y las inversiones extranjeras no oirán a los y las desesperadas indígenas, a las y los agricultores, a los y las ambientalistas, a esos y esas que, como en la canción de Serrat, llegan y llegan más y más a reclamar sus derechos.
¡Como en los cuentos la princesa democrática está secuestrada! Los Nadie, los del pueblo debemos ir a rescatarla. ¡La democracia participativa solo existe y es efectiva en un diálogo social!
Este jueves 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se estará presentando un nuevo Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario en la Asamblea Legislativa, por lo que el Frente por los Derechos Igualitarios está organizando, para ese mismo día, una concentración pública en dicho lugar.
Además, Marco Castillo estará realizando matrimonios simbólicos a quienes lo deseen.
En estos días se ha abierto un debate sobre si los permisos que debe, según la Constitución, dar la Asamblea Legislativa a naves (aéreas o marítimas) equipadas militarmente, pertenecientes a gobiernos extranjeros y que atraviesan espacios bajo jurisdicción del Estado costarricense, puede hacerlo el Ejecutivo si dichas naves no están artilladas. Siendo el nuestro un Estado derecho, debe regirse por los principios generales de la hermenéutica jurídica; en este caso, de los principios del derecho público, en donde no cabe aplicar la norma “In dubio libertas” solo válida en la esfera privada. Todo lo contrario, el derecho público se rige por el principio “odiosa stricte interpretanda sunt”.
Por ende, el derecho del Poder Legislativo es indelegable. Más aun, tratándose de un país que, por mandato constitucional, no tiene ejército y que ha signado la declaración de la II Cumbre de la Celac que declara a toda Nuestra América como territorio de paz; lo cual es aun más relevante en una región como la Cuenca del Caribe, donde el componente geopolítico juega un papel decisivo en la lucha contra el narcotráfico. Es dentro de este contexto que los costarricenses debemos analizar esta delicada situación. El narcotráfico es hoy por hoy, un poder político y, sobre todo, financiero que ha escapado de las manos los Estados nacionales individuales; por lo que solo puede ser derrotado si éstos se comprometen a cumplir fielmente políticas regionales dentro de las normas del derecho internacional. El narcotráfico, al igual que el tráfico de armas, constituye una de las mayores amenazas a la paz y a la convivencia democrática de los países de la región.
¿Qué hacer frente a esta amenaza infernal? Los Estados Unidos solo ofrecen una solución militar. Aunque ellos son los principales responsables de esta situación, pues son los mayores consumidores de droga, nunca han tomado preso a ningún capo de su nacionalidad en su propio territorio teniendo poderosas redes de policía y de inteligencia dotados de enormes presupuestos. Ciertamente sería ingenuo no reconocer que, para enfrentar tan grave problema el componente policíaco es indispensable pero no único ni principal. La lucha contra el narcotráfico se hace combatiendo el negocio del lavado, en el que están involucrados grandes bancos yanquis. El narcotráfico maneja cerca de 650 millones de dólares. Mientras este ubérrimo negocio no se elimine, habrá narcotráfico para rato. Por lo que, aplicar la Constitución, que exige que la presencia en territorio patrio de helicópteros no artillados pero dotados de sofisticados artilugios con fines militares, requiera la aprobación del Primer Poder de la Nación según lo prescribe la nuestra Constitución, no es atentar contra la seguridad nacional, ni cerrar los ojos ante la mayor amenaza a nuestra juventud. Pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos. Si el problema es internacional, la solución debe inspirarse en acuerdos de los países que conforman la Cuenca del Caribe, desde la Florida hasta el Nordeste brasileño, incluidos los territorios insulares. Su aplicación debe regirse por las normas del derecho internacional y bajo control de Naciones Unidas. Solo así se podrá combatir con posibilidades de éxito y desde sus raíces este infame flagelo. Todo lo demás no son más que paliativos o simple retórica.
Mapa de rutas utilizadas por el narcotráfico en las zonas marítimas de Estados de Centroamérica, extraído de artículo de prensa (Al día, Costa Rica) del año 2012.
Como es sabido, un Estado soberano se muestra particularmente sensible a todo lo que sobrevuela su territorio: el Convenio de Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago en 1944, consagra jurídicamente en su primer artículo el reconocimiento de la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo, al estipular que: “Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio”. La definición de la noción de «espacio aéreo» reviste una importancia fundamental para el derecho internacional público y el derecho constitucional, así como para otras ramas del derecho relacionadas al desarrollo de la actividad aeronáutica de carácter comercial. El derecho internacional público distingue el espacio aéreo del espacio ultraterrestre (también denominado “extra-atmosférico”) sin que a la fecha exista un claro consenso internacional sobre el límite entre ambos (Nota 1). Un artículo publicado en 1996 en Canadá explica que: “Étant donné que de nombreux États, notamment les États Unis et les pays occidentaux, ont estimé qu’il était inutile au bout de 30 années d’exercice des activités spatiales, de chercher à résoudre un tel problème, il n’y a jamais eu de délimitation claire et universellement acceptée » (p. 14).
Al ser el espacio aéreo parte íntegra de su territorio, el sobrevuelo y/o el aterrizaje de aeronaves extranjeras es prohibido, a menos que el Estado haya suscrito un convenio internacional o haya dado su consentimiento previo mediante una autorización o permiso por parte del Estado territorial.
Cuando se trata de aeronaves militares, la sensibilidad es aún mucho mayor: recientemente Turquía reaccionó con vehemencia ante la detección de aviones militares rusos no autorizados en su espacio aéreo cercano a la frontera con Siria (ver breve nota sobre este reciente episodio). En muchos Estados, la responsabilidad de otorgar autorizaciones para sobrevuelo o aterrizaje de aeronaves militares recae en el Poder Ejecutivo (como por ejemplo en el caso de Uruguay: ver procedimiento previsto con fecha del 2003 en el que las solicitudes deben dirigirse al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea). En otros Estados, esta atribución es competencia del Poder Legislativo: es el caso, por ejemplo, de República Checa, cuyo Parlamento procedió a autorizar el sobrevuelo de aviones militares norteamericanos durante una cumbre de la OTAN celebrada en Praga en el 2002 (ver nota de prensa), o de Nicaragua, cuya Asamblea Nacional aprobó recientemente el ingreso de naves y aeronaves de diez Estados, incluyendo las de Cuba, Japón, Estados Unidos y Rusia (ver nota en el sitio de su Asamblea). Es también el caso de Costa Rica: el texto constitucional así lo dispone, y una circular de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del 2005 precisa de igual forma que: “6.3Permiso de sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares. Para la emisión de un permiso de sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares sobre el territorio nacional, deben ser autorizadas por la Asamblea Legislativa de conformidad con AIC-A15/03 del 31 de julio del 2003” (ver documento).
El reciente debate en Costa Rica
El pasado fin de semana, el Presidente del Poder Legislativo de Costa Rica publicó un artículo de opinión con relación a una propuesta tendiente a agilizar los trámites de aprobación de sobrevuelo de aeronaves militares extranjeras, debido a que, según se lee, “el año pasado Aviación Civil recibió más de 700 solicitudes de ese tipo”. Su propuesta pretende que el Congreso sea únicamente solicitado cuando estas aeronaves sean artilladas. En el caso de naves militares no artilladas, el permiso sería otorgado directamente por la DGAC: la misma propuesta fue dada a conocer en el plenario del Congreso unos días antes, el 15 de octubre del 2015 por parte del mismo Presidente del Congreso (ver pp. 23-26 del Acta del 15/10/2015). Al revisar con detalle su iniciativa, además de la diferencia de régimen entre naves artilladas y no artilladas, se incluye una característica que, según el Presidente del Congreso, deben de tener los dispositivos militares de las primeras: “Tratándose de aeronaves militares, la Asamblea Legislativa sólo dará trámite a los permisos de permanencia solicitados para estas categorías de medios de transporte que se encuentren artillados o porten dispositivos militares ofensivos” (p. 26).
Al no haber sido mayormente discutida y consultada de previo a su presentación, esta iniciativa provocó el malestar de varios diputados, recriminando, entre otros, a su Presidente el atribuirse competencias que pertenecen al Poder Legislativo (y no a su Presidente): ello se desprende de la lectura de las posiciones registradas inmediatamente después de presentada la propuesta, y disponibles en el acta precitada.
Aprobaciones de sobrevuelo recientes cuestionadas
En el mes de septiembre del 2015, el aterrizaje en Costa Rica de cuatro helicópteros del Ejército de Estados Unidos sin previa aprobación legislativa causó un malestar muy similar en distintos sectores de Costa Rica (ver nota de La Nación así como la de Informa-tico en la que se exigen sanciones, del 22/09/2015). En esta nota de prensa de La Nación se lee que para el jefe de la diplomacia de Costa Rica, “No sé por qué llama tanto la atención. Estados Unidos lo comunica a la Cancillería y la Cancillería a Aviación Civil, pero pueden ser esos helicópteros de Estados Unidos o el avión privado de un jefe de Estado. No son helicópteros artillados de guerra ni tienen morteros ni cosas parecidas. Es algo normal, sobre lo que están queriendo hacer un poco de bulla”.
En el año 2013, con ocasión de la visita del Presidente de Estados Unidos a Costa Rica (2 y 3 de mayo del 2013), el sobrevuelo de helicópteros de Estados Unidos cuyos permisos no fueron solicitados fue objeto de una fuerte recriminación por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica (ver nota de La Nación del 6/07/2013). En su decisión Res. 01922-2013 del 5 de julio del 2013, el juez constitucional indicó, entre otros, que: «/…/la Dirección General de Aviación Civil, se arrogó una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, al autorizar el ingreso y permanencia en aeropuertos de aeronaves, cuya calificación, si son militares o de guerra, si estaban o no artilladas o por los fines con que ingresaron y permanecieron en el territorio nacional, le corresponde, exclusivamente, a ese órgano constitucional. Consecuentemente, la Dirección General de Aviación Civil infringió el derecho fundamental a la paz» (Nota 2). Se trata de una faceta más del denominado “derecho a la paz” como un derecho humano, desarrollado por el juez constitucional de Costa Rica en los últimos años, y que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente (Nota 3).
Una discusión de cierta data
En su artículo de opinión, el Presidente del Poder Legislativo costarricense precisa que Costa Rica recibió más de 700 solicitudes el año pasado para ingresar a su espacio aéreo con aeronaves militares. Salvo error de nuestra parte, no se ha dado a conocer el detalle de esta lista de 700 solicitudes de sobrevuelo, lo cual no permite valorar cuáles Estados están haciendo un uso tan frecuente del espacio aéreo costarricense con aviones militares. A este respecto sería interesante, además de conocer el detalle de esta lista, poder compararla con el número (y el detalle) de solicitudes recibidas en años anteriores, de manera a tener un panorama más completo, y conocer cuáles permisos son aprobados y cuáles son denegados. Se lee por ejemplo en una memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2011 que para el período que va del 30 de abril del 2010 al 1ero de mayo del 2011, “se diligenciaron 82 sobrevuelos y aterrizajes sobre territorio nacional” (p. 201). En una respuesta a una solicitud de aclaración al Ministro de Seguridad con fecha de agosto del 2003 se indicaba por parte del Procurador para Asuntos Internacionales que: “No es usual que los aviones de guerra modernos, más sofisticados y poderosos, tengan necesariamente que sobrevolar el espacio aéreo nacional «para su tránsito entre dos o más Estados diferentes a Costa Rica», tal como expresa el consultante; pues generalmente dichas travesías se hacen sobre la alta mar o el espacio aéreo internacional, incluso fuera del alcance de los aparatos de radar normales” (ver texto del documento).
En su artículo de opinión, el Presidente del Congreso refiere también a una gran variedad de Estados y de situaciones: «Solo entre el 1° de julio y el 15 de setiembre de este año, hubo 70 peticiones, correspondientes a aeronaves de Bolivia (con el vicepresidente a bordo), México, Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Chile (en el que viajaba la presidenta), Marruecos (visita de turismo de la familia real) y Colombia, entre muchos otros países» precisa el legislador. Nuevamente aquí, el dato aportado reviste especial interés, y un observador podría preguntarse cómo es que se distribuyeron estos 70 permisos otorgados en tan solo 2 meses y medio a Estados que requieren pasar por el espacio aéreo de Costa Rica con aeronaves militares.
La prensa de Costa Rica informó el pasado 17 de octubre (ver nota de Diario La Extra) que dos aviones del servicio de guardacostas de Estados Unidos que apoyan a Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico debieron abandonar el territorio de Costa Rica debido a la falta de permisos por parte del Poder Legislativo. Como bien se sabe, Costa Rica y Estados Unidos acordaron un acuerdo de patrullaje conjunto el 1ero de diciembre de 1998 en ambos océanos (ver texto de aprobación del acuerdo en la ley 7929 de 1999).
Con relación al Océano Atlántico, un convenio regional asociando a Estados Unidos, a Francia, a Países Bajos y a Estados del litoral Caribe, incluyendo a Haití, fue suscrito en el 2003 y aprobado por Costa Rica en el 2010 (ver texto de ley de aprobación).
La noción de “aeronaves de guerra”
Con respecto al acuerdo con Estados Unidos de 1998, surgió, unos años después de su aprobación, la duda de saber si las naves y aeronaves norteamericanas debían solicitar un permiso (o no) por parte del Congreso. En el dictamen 209/2003 del 7 de julio del 2003 (ver texto completo), la Procuraduría General de la República (PGR) respondió a una solicitud de aclaración por parte de las autoridades a cargo de la lucha contra el narcotráfico, con relación a «la eventual exigencia de permiso legislativo para el aterrizaje en nuestros aeropuertos nacionales, de aeronaves no artilladas del Gobierno de los Estados Unidos de América». En su respuesta, la PGR indicó al Ministro de Seguridad que: «3.- Para los efectos del inciso 5° del Artículo 121, de la Constitución Política, son aeronaves de guerra aquellas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un Estado, que lleven los signos exteriores distintivos de las aeronaves de guerra de su nacionalidad, que se encuentre al mando de un oficial designado por el gobierno de ese Estado y cuya dotación se encuentre sometida a las reglas de las fuerzas armadas regulares de su país; independientemente de que sean o no artilladas y de la misión o propósito del vuelo. 4.- La autorización para el sobrevuelo y aterrizaje en los aeropuertos nacionales, de aeronaves de guerra extranjeras, constituye un acto de soberanía propio de las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa por el inciso 5° del artículo 121 de la Constitución Política, y por tal razón es una potestad indeclinable e intransferible, pues constituye el ejercicio puro y clásico de la soberanía; del poder soberano depositado por el pueblo en sus representantes, reunidos en el órgano legislativo. El criterio presente dictamen es que si una aeronave extranjera – cualquiera que fuese su nacionalidad- reúne las características apuntadas en el párrafo anterior, debe ser considerada una nave de guerra, y por ello debe obtener la autorización de la Asamblea Legislativa para sobrevuelo y aterrizaje en nuestro país; independientemente de si está o no artillada y de la misión o finalidad del vuelo».
Este mismo criterio fue el que se estableció en una circular de la Dirección General de Aviación Civil con fecha del 31/07/2003 (ver texto) , siempre disponible en el sitio oficial de esta entidad (al momento de redactar estas líneas), la cual precisa de la misma manera que: “son aeronaves de guerra aquellas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un Estado, que lleven los signos exteriores distintivos de las aeronaves de guerra de su nacionalidad, que se encuentre al mando de un oficial designado por el gobierno de ese Estado y cuya dotación se encuentre sometida a las reglas de las fuerzas armadas regulares de su país; independientemente de que sean o no artilladas y de la misión o propósito del vuelo”. Ante una solicitud de aclaración, el Procurador para Asuntos Internacionales mantuvo el criterio anteriormente avanzado en el mes de agosto del 2003 (ver texto de su nota con fecha del 5 de agosto del 2003).Ante una nueva solicitud para una nueva aclaración, en marzo del 2006, dos Procuradoras respondieron al Ministro de Seguridad sin modificar el criterio expuesto en el 2003 (ver texto del resumen del dictamen).
A mediados del 2004, se leyó que las autoridades consideraban excesiva la interpretación hecha por la PGR (ver nota de La Nación del 26/07/2004), indicando que se habían presentado “situaciones difíciles a gobiernos amigos, cuando aeronaves de guerra extranjeras que trasladan mandatarios o funcionarios de alto nivel deben sobrevolar nuestro territorio en tránsito a terceros países”. La Gaceta Oficial del mes de septiembre del 2004 (ver textode Gaceta Oficial del 29/09/2004, página 1) refiere por ejemplo que la Asamblea Legislativa “aprobó conceder permiso de sobrevuelo para dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, las cuales pretenden atravesar el espacio aéreo nacional los días 14 y 17 de setiembre del año 2004, con el propósito de trasladar al Primer Ministro del Japón, señor Junichiro Koizumi y su delegación, en un viaje a los Estados Unidos de América, México y Brasil”. Una Gaceta Oficial de mediados del año 2005 (ver texto) reporta que la misma Asamblea decidió el 3 de agosto del 2005 “Conceder permiso de sobrevuelo y aterrizaje a una aeronave de la Fuerza Aérea del Reino de España, la cual trasladará a la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Excelentísima Señora María Teresa Fernández de la Vega Sanz, quien visitará Costa Rica durante el período comprendido entre el 1º y el 2 de agosto del 2005”.
Unos días después de ese mismo mes de agosto del 2005, se decidió por parte de los diputados eximir de permisos por parte de la Asamblea Legislativa a naves militares no artilladas (ver nota de La Nación): en esta última, se indica que esta decisión se anunció mediante comunicado de prensa y que se tomó a raíz de «una petición del Ministerio de Seguridad para que se dieran los permisos respectivos a los aviones que trasladarán a Costa Rica al presidente de Corea del Sur y a varios mandatarios de Centroamérica”.
Las más de 700 solicitudes de permisos aprobadas por la DGAC el año pasado mencionadas por el Presidente del Congreso en su reciente artículo parecieran indicar que la interpretación de la PGR del 2003 ya no prevalece y que la decisión de los diputados de agosto del 2005 se mantiene vigente. No obstante, una reciente solicitud de autorización al Poder Legislativo para el sobrevuelo de una aeronave boliviana pareciera indicar que el criterio es variable: al revisar el acta parlamentaria, se puede apreciar que la solicitud enviada a la cancillería de Costa Rica precisaba que se trataba de una aeronave militar no artillada de Bolivia en la que viajaba su Vice Presidente (ver p. 30 del Acta del 8 de octubre del 2015). La autorización de vuelo fue remitida a la Asamblea Legislativa y no a la DGAC.
Recurrentes aprobaciones masivas y el juez constitucional
El antes mencionado acuerdo de patrullaje conjunto con Estados Unidos suscrito en 1998 y aprobado en 1999 merece mención aparte, en la medida en que se intentó subsanar un roce constitucional detectado por la Sala Constitucional mediante un protocolo que no se publicó sino 10 años después de suscribirse. En efecto, en junio de 1999 el juez constitucional declaró en su Resolución 4156 -99 ( ver texto ) que “Todo lo anteriormente expresado nos conduce a dos conclusiones: primera, que es inconstitucional el numeral VIII.2 del tratado, por violación del inciso 5) del artículo 121 de la Constitución Política; segunda, que el tratado, tal y como se formula, lleva implícita la interdicción, de manera absoluta, de todo lo concerniente a la materia militar, pero en el estricto sentido de lo castrense, esto es, que se trate de tropas americanas y naves de guerra del ejército de los Estados Unidos de América”. Con el fin de subsanar el texto, se negoció entre Costa Rica y Estados Unidos un Protocolo al Tratado de 1998, en el mes de julio de 1999. Ante una consulta por parte de un diputado en el año 2010 sobre el contenido exacto del tratado, una Procuradora concluyó su análisis (ver texto de la Opinión OJ-031-2010) manifestando que: “2.En ese sentido, la voluntad real expresada por los señores Diputados fue modificar el Acuerdo por medio de su Protocolo, el cual fue debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa. 3. Por razones que no se determinan, el Decreto Legislativo 7929, texto impreso de la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa, no se corresponde con la voluntad real del Legislativo”. En la sección “Fe de erratas” apareció finalmente publicado el Protocolo al convenio bilateral en la Gaceta Oficial Número 176 del 9/09/2010 (ver texto, en la última sección Fe de Erratas), cuyos dos únicos artículos nos permitimos reproducir: “Artículo I. El párrafo 2 de la Sección VIII del Acuerdo será modificado para leerse en su totalidad de la siguiente manera: “En toda ocasión que lo requiera el artículo 121, inciso 5, de la Constitución Política de Costa Rica, el Gobierno de Costa Rica deberá requerir y obtener de la Asamblea Legislativa el permiso correspondiente para las actividades contempladas en los incisos 8 y 10.b de la Sección IV del presente Acuerdo.” Artículo II. Este Protocolo deberá entrar en vigencia al mismo tiempo y en la misma forma que el Acuerdo”.
Paralelamente a estas inusuales informalidades para un instrumento jurídico internacional, este tratado bilateral ha dado lugar a intentos de ampliar el alcance de algunas de sus disposiciones, llevados a conocimiento del juez constitucional, y que se reseñarán muy brevemente en las líneas que siguen.
Para el período que va del 1ero de julio al 31 de diciembre del 2015, el Congreso de Costa Rica aprobó en junio del 2015 el atraque de 83 naves de Estados Unidos en tareas de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en ambos mares (ver p. 2 de Gaceta Oficial del 9/01(2015). El texto del permiso otorgado en junio del 2015 precisa que se trata de «permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del Guardacostas de los Estados Unidos de América, que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en el apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país». En junio del 2014, se otorgó un permiso similar para un número mucho menor de 44 embarcaciones (ver texto del permiso) desde el 1ero de julio hasta el 31 de diciembre del 2014. No se cuenta con información sobre la razón de ser de esta diferencia de un año a otro. Sobre este punto, vale la pena recordar que la solicitud norteamericana hecha en noviembre del 2013 para el período anterior (1ero de enero – 30 de junio del 2014) también solicitaba la autorización para 43 embarcaciones (ver texto de la solicitud).
En julio del 2010, una solicitud de la Embajada de los Estados Unidos (que fue aprobada por la Asamblea Legislativa) para apoyar con flota militar fuertemente artillada (incluyendo portaaviones de su marina, la cual lleva las siglas de USS) a las naves de su servicio de Guardacostas (siglas USCGC) en los mares de Costa Rica provocó ya no un malestar, sino una profunda indignación de varios sectores en Costa Rica (ver nota de Semanario Universidad). Al revisar las actas del Parlamento de finales de junio del 2010, se evidencia la gran reticencia del Presidente del Congreso para leer en su totalidad la nota diplomática enviada por la Embajada de Estados Unidos (ver acta del 30/06/2010, pp. 19-24). A la nota inicial (reproducida en las pp. 6-9) solicitando permiso para 53 embarcaciones, se añade un documento más (pp.14-18) que solicita el permiso para 46 embarcaciones: su lectura se debe a la insistencia de un diputado para que sea leída. Finalmente, la insistencia del mismo diputado es la que obliga a la lectura de la traducción no oficial de la nota 062 que se reproduce en la página 24 y que establece que: “El Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos no formularán reclamos con excepción de aquellos contractuales en contra del otro por daño pérdida o destrucción de la propiedad del otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades a las cuales se les aplica este acuerdo. Los reclamos de terceros que surjan de las actividades de la operación deberán ser referidos al supuesto gobierno responsable para que estos sean resueltos según las leyes de dicho gobierno, se entiende; sin embargo, de conformidad con la Ley número 7929 del 6 de octubre de 1999, publicada en La Gaceta número 209 del 28 de octubre de 1999, que el Gobierno de Costa Rica no renuncia a su jurisdicción penal, aun en casos relacionados con compensación ordinariamente resueltos por el derecho privado o administrativo. La Embajada agradece la cooperación que el Gobierno de Costa Rica brinde para cumplir con estos requisitos y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores remitirlos a las autoridades correspondientes con el propósito de coordinar estas visitas a puerto y las subsiguientes operaciones”.
Leídos (a duras penas) los tres documentos, finalmente el Presidente del Congreso se sintió obligado a precisar (pp.24-25) que: “Diputado, únicamente para hacer la aclaración. Si bien es cierto son tres notas, son dos permisos; uno es del permiso que se está discutiendo, que es el primero de Guardacostas; el otro es de la Armada Marina, o sea, que son dos actos distintos; y el otro es un anexo a los dos permisos, pero es un anexo como para información, digamos que nosotros lo tramitamos en un solo expediente. Vamos, para evitar dudas, a hacer dos votaciones para que quede cada una de las solicitudes debidamente votadas”.
Ante tanta improvisación, varios diputados y ciudadanos presentaron un recurso ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra la aprobación realizada por los parlamentarios de esta solicitud. En su sentencia Res. 2010-021680(ver texto integral), emitida el 24 de diciembre del 2010, la Sala Constitucional precisó que: “… en nuestra opinión el inciso 5) del artículo 121 constitucional no admitiría una interpretación restrictiva, porque es irrenunciable e implicaría una negación a la autoridad normativa expresa otorgada por la Constitución Política, al cuerpo deliberativo y representativo de la soberanía popular, por lo que de ninguna manera sería admisible que sirviera un Tratado Internacional para minar tal atribución que le es inherente al Parlamento. Más aun, se afectarían los principios constitucionales de supremacía constitucional y de su rigidez, de eficacia directa e inmediata aplicación de la Carta Magna, sin que ni siquiera se hubiesen observado los procedimientos constitucionales que pudieran afectar aquella jerarquía y rigidez, con lo cual se vacía de contenido una importante parte orgánica de la Constitución, su supremacía, así como su regularidad jurídica. Por último, las partes han interpretado el Acuerdo y su Nota Diplomática en el sentido de que para su ejecución es válido el autorizar el ingresos de naves militares para fines pacíficos, civiles, de policía, lo que constituye un elemento esencial en su interpretación a tenor de lo dispuesto en el numeral 31.3, inciso b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado-, y avalada por esta Sala Constitucional”. Es de notar que esta decisión se tomó por un estrecho margen, ya que de siete magistrados, tres se separaron del voto de mayoría: con relación a la parte de la nota diplomática que debió ser leída por el Presidente del Congreso por insistencia de un diputado, los tres magistrados indicaron que: “Ciertamente consideramos que el acuerdo impugnado viola el derecho que le asiste a toda persona costarricense a obtener justicia y pronta reparación por cualquier daño sufrido en el territorio nacional, acudiendo a los Tribunales de Justicia de Costa Rica y “ocurriendo” a las leyes costarricenses (artículos 41 y 153 de la norma fundamental). Además, implica una clara denegación de justicia, pues una gran mayoría de los habitantes de la República no cuentan con medios económicos, materiales sociales y culturales para trasladarse a Estados Unidos de América a exigir el reclamo de sus derechos en casos de haber sufrido daños en su persona, propiedad o intereses morales. Así entonces, quienes suscribimos el voto particular consideramos que, también en cuanto a este aspecto, el acuerdo deviene en inconstitucional”.
Resulta oportuno señalar que este recurso interpuesto en julio el 2010 contó con la firma de varios diputados: uno de ellos fue Ministro de Seguridad en la administración 1998-2002, y conoce con mayor detalle el alcance exacto de los términos acordados en el tratado de patrullaje conjunto suscrito a finales de 1998.
En una resolución anterior de la misma Sala Constitucional(ver texto integral de la Res. 2009-005426) del 31 de marzo del 2009, se lee que también en el 2007 se procedió a este tipo de solicitud “ampliada” por parte de la Embajada de Estados Unidos, consistiendo en completar una primera lista de barcos con las siglas USCGC con naves fuertemente artilladas de su marina (con las siglas USS): «Se solicita el permiso para diecisiete embarcaciones con el acrónimo USCGC (servicio de guardacostas del país indicado). También se tramitó la nota diplomática #004 del 3 de enero de 2007 requiriendo el ingreso de cinco barcos con el acrónimo USS (marina de guerra de los Estados Unidos). Pudo comprobar que las embarcaciones que corresponden a la segunda nota son de la marina, debidamente artilladas, con lanzadores de misiles y diseñadas para misiones de corto alcance. No pertenecen al servicio de guardacostas y tienen el doble de longitud de las naves de ese servicio, con lo que son inútiles para persecuciones de lanchas rápidas en el mar». En aquella ocasión, el juez constitucional rechazó el recurso interpuesto e indicó que: «Es precisamente en la sede Parlamentaria donde debe discutirse la conveniencia o no de ese ingreso, como en efecto ocurrió. No hay elementos de juicio suficientes en este caso que permitan concluir que los motivos del ingreso sean distintos de los que expresó el entonces Ministro de Seguridad en la nota dirigida a la Asamblea y que permita de alguna forma concluir que en el ejercicio de la competencia constitucional en cuestión la Asamblea Legislativa se hubiera apartado del valor constitucional de la paz, cuyo contenido ha fijado la propia Sala en los términos que ya se transcribieron». Cabe señalar que esta aprobación en mayo del 2007 por parte de la Asamblea Legislativa se debió también, según la misma Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, a su propia labor de cabildeo. Se lee en este cable diplomático del 27/05/2007 publicado por la organización Wikileaks, que “4.This vote caps our behind-the-scenes lobbying campaign over the past six months, which was highlighted by Berrocal and the Ambassador hosting key legislators (and media) aboard the USCGC Rush in Golfito in January”. En el mismo cable también se señala que un pequeño detalle pasó desapercibido para muchos en Costa Rica: “6.COMMENT: These votes clear the way for ship visits until after the CAFTA referendum, which is good news by itself; if the new visit window leads to even less stringent visit approval requirements in the future, even better. (No one seems to have noticed that the period approved — May 1-November 30, 2007 — is actually seven months.)”.En otro cable diplomático hecho público por Wikileaks del mes de diciembre del 2008 (ver cable) se detalla lo provechoso que resultó para la imagen de Estados Unidos la estadía de la embarcación USS Underwood en Golfito en el mes de noviembre del 2008 para convencer a diputados costarricenses, entre otros: “Costa Rica’shyper-legalistic political system and the anti-military, pro-disarmament views of the government and society often made it very difficult to provide military assistance here in the past. As Reftels
illustrate, challenges remain, even when providing humanitarian assistance, and we should proceed carefully, but the Underwood’s visit illustrates how far we have come. The willing participation of skeptical, often-critical legislators from the main opposition party (the PAC) was critical to provide them a clear understanding of the USN’s «role» in law enforcement. We believe they now grasp the nuance that whether from a USCG cutter or a USN warship, it is always a law enforcement team that conducts boardings and the actual hands on searches, seizures and arrests under the bilateral maritime agreement with Costa Rica”.
Encontramos también una resolución del año 2006 de la Sala Constitucional que merece mención, en la medida en que señalaba en aquel momento el carácter estrictamente policial de las operaciones realizadas en materia de patrullaje conjunto en términos que hoy parecen haberse desvanecido: “Al respecto, debe tenerse presente la naturaleza de cuerpo policial, y no militar, del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América. Asimismo, en la jurisprudencia parcialmente transcrita, ya la Sala señaló que el Acuerdo de referencia establece un sistema de vigilancia policial conjunta, a través de lo que convencionalmente se denominan fuerzas de orden público, utilizando naves que no son de guerra en estricto sentido, ni tampoco tropas, ni militares, del Ejército de los Estados Unidos de América, sino mediante la conformación de fuerzas y equipos policiales, como parte de la ejecución de los compromisos asumidos por ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Adicionalmente, la Sala dijo que la naturaleza de la operación conjunta del patrullaje como medio para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes lo distingue de las operaciones militares, por cuanto los fines que persigue no son militares, ni se fundamentan en actuaciones bélicas, sin que el tratado autorice la permanencia de fuerzas militares en territorio nacional” (ver texto de la Resolución 2006-017744 del 11 de diciembre del 2006). La última frase evidencia el cambio de posición del juez constitucional, si la comparamos con el “regalo” navideño del 24 de diciembre del 2010 antes mencionado.
Algunas valoraciones
Más allá de los diversos intentos a lo largo de los años para ampliar progresivamente el alcance de lo establecido en 1999 por parte de Costa Rica y de Estados Unidos, de la tendencia a militarizar la lucha contra el narcotráfico (que se promueve en otras latitudes con resultados cuestionables en cuanto a su eficacia), y de los diversos ejercicios realizados ante la justicia constitucional costarricense, al momento de redactar estas líneas, se cuenta con pocos elementos para saber exactamente qué tipo de aeronaves militares sobrevuelan con tanta regularidad el espacio aéreo de Costa Rica. La cifra de más de 700 permisos aprobados en un solo año merecería mayores detalles por parte de las autoridades a cargo de la aviación civil en Costa Rica. Adicionalmente, se cuenta con pocos datos sobre los logros, los aciertos (y los desaciertos) del convenio de patrullaje con Estados Unidos, el cual adolece de una evaluación integral, pese a haber cumplido 15primaveras en el2014.
En una carta de entendimiento suscrita entre Costa Rica y Estados Unidos en junio del 2009 con relación a la Iniciativa de Mérida (ver documento, Programa Interdicción marítima y terrestre regional) se indicaba brevemente que: “En reconocimiento a los efectos nocivos que ha tenido el incremento del tráfico ilícito en las aguas costeras y dentro del territorio costarricense en la seguridad interna de Costa Rica, este proyecto buscará dar apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Costa Rica (GOCR) para combatir el tráfico por tierra y en sus aguas costeras”.
En nuestra modesta opinión, se trata de un primer(y como puede suceder con un primerizo, tímido)“reconocimiento” (según el término usado)de los efectos no contemplados del patrullaje conjunto que debería merecer mayor atención por parte de las autoridades nacionales: en efecto, es muy probable que la presión ejercida en alta mar (debido a la capacidad de vigilancia desarrollada desde 1999) haya sustancialmente modificado las rutas del narcotráfico, acercándolas cada vez más a las costas de Costa Rica. A inicios de los años 2000, las rutas marítimas de trasiego se ubicaban a más de 130 millas náuticas: ver por ejemplo la ubicación del decomiso realizado en noviembre del 2002 al que refiere esta nota de prensa. A este respecto, el mapa de esta otra nota de Al día editada 10 años después (2012) es sumamente ilustrativo: recientes decomisos en el 2015 refieren a distancias menores a las 10 millas (ver nota del Diario La Extra de marzo del 2015).
Otro efecto, poco estudiado, que merecería igual – o hasta mayor – atención es el siguiente: en los últimos años, son muchas las familias de pescadores costarricenses las que han visto a sus integrantes involucrarse en tareas de apoyo a los narcotraficantes. Muchos pescadores jefes de hogar han sido sancionados como tal y se encuentran cumpliendo una pena en un centro penal: en varios casos, por encontrarse en el mar con sus embarcaciones artesanales con una inusual cantidad de gasolina, en labores de abastecimiento a las lanchas rápidas usadas por el narcotráfico. El Plan Nacional sobre Drogas 2013-2017 (ver documento) precisa que: “Los barcos pesqueros artesanales de bandera nacional, han sido intensivamente utilizados para el trasiego de drogas, bajo la lógica de su capacidad de confundirse con el resto de buques costarricenses que se dedican a la pesca a pequeña escala” (p. 17). El Plan Nacional no contempla mayores iniciativas para remediar a esta delicada situación en las costas de Costa Rica, que se puede ver como una consecuencia previsible del acuerdo de patrullaje conjunto de 1999.
Es también muy probable que buena parte de la droga que navegaba en alta mar entre Colombia y México destinada al mercado norteamericano en los años noventa sea ahora trasegada por bandas organizadas en el mismo territorio de Costa Rica: a este respecto, merece mención la referencia que hace el Instituto Costarricense sobre Droga (ICD) en su informe (ver texto) al indicar que: “Es muy evidente que el patrullaje en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos da frutos que impiden que esta droga llegue a ser consumida en las calles de la potencia del norte y las nuestras ya que la mecánica actual de pago de los cárteles a los costarricense por los servicios que estos brindan incluye el pago con drogas, misma que luego se procura vender en territorio costarricense” (p. 28). Lamentablemente el ICD no precisa la proporción existente entre la droga incautada destinada a Estados Unidos y la destinada a Costa Rica, que permitiría valorar mejor las ventajas y desventajas de estos operativos conjuntos desplegados en el mar para Costa Rica. Tampoco propone iniciativa alguna para resguardar y proteger a sus comunidades costeras. Más generalmente, el ICD se muestra un tanto discreto sobre el patrullaje conjunto, con un único y modesto gráfico para el período 2008-2013 en su informe anual (pág. 30 del informa antes mencionado). Lo cierto es que las retribuciones por este trasiego otrora realizado en el mar ya no se realizan en dinero en efectivo, sino que se pagan con porciones del mismo producto trasegado, destinado ahora a suplir la creciente demanda del mercado nacional.
Encontramos en otro informe anual para el año 2013 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (ver documento) una interesante aseveración: “El éxito de las labores de patrullaje conjunto entre Costa Rica y los EE.UU – particularmente entre 2007 y 2008- obligó a los traficantes a modificar su trayecto. En primer lugar, acercándose más a la costa con la intención de pasar inadvertidos para los sistemas de detección; y utilizando embarcaciones pequeñas, comúnmente de 2 motores, que pueden cargar entre 400/900 kg” (p. 35). Este mismo informe (que tampoco procede a algún análisis más profundo sobre los efectos del patrullaje conjunto) reconoce además que “La mayor parte de la cocaína que llega hasta Costa Rica lo hace por vía marítima. De la droga que llega hasta suelo costarricense, solo una pequeña cantidad permanece para abastecer el mercado local mientras que la mayor parte continua en dirección al mercado del norte mediante diferentes combinaciones en rutas aéreas marítimas o terrestres” (pp. 14-15). El mismo informe oficial de la OIJ precisa además que “Las incautaciones de cocaína más cuantiosas son aquellas realizadas en intervenciones marítimas o en provincias costeras” (p. 74).
En definitiva se puede avanzar, con base en esta breve información recopilada – que no pretende ser exhaustiva – producida por las mismas dependencias del aparato estatal costarricense, que: el desplazamiento inicial de las rutas de cargamentos de droga destinadas a abastecer la demanda del mercado norteamericano hacia las costas de Costa Rica; el grado de vulnerabilidad de algunas comunidades costeras ante la presión ejercida por los narcotraficantes; el desplazamiento ya no solamente a las costas, sino al mismo territorio costarricense de las rutas otrora marítimas; el hecho que el narcotráfico haya ideado desde el territorio costarricense nuevos circuitos de distribución hacia los mercados situados al Norte de Centroamérica que antes se realizaban en alta mar; son, entre muchos otros, complejos temas que tienen todos y cada uno implicaciones muy serias para las autoridades policiales y el Estado costarricense, para las comunidades costeras y para la sociedad costarricense como un todo. Ante esta previsible situación, se hubiese esperado del Estado costarricense y de su aliado norteamericano medidas para desarticular y contener la presión sobre las comunidades costeras que implicaría el patrullaje conjunto acordado en 1998: en una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el Comisionado Antidrogas en el 2010 fue enfático sobre la poca preparación de Costa Rica para resguardar lo que ocurre en sus costas y en las primeras 20 millas de mar adyacente (Nota 4).
Conclusión:
Independientemente de aspectos meramente represivos en los que insisten muy a menudo los cuerpos policiales y de seguridad en sus informes anuales, con claras tendencias a militarizar la lucha contra el narcotráfico en algunos casos, y a considerar “exitoso” cualquier aumento en las cantidades de decomiso de droga, es posible que la actual discusión planteada en Costa Rica sobre permisos a aeronaves vuelva a dar lugar a discusiones en el seno del Parlamento y, eventualmente, a un nuevo ejercicio ante el juez constitucional. Un momento oportuno para incluir, en algún momento de la discusión, las consecuencias (al parecer no previstas) del acuerdo de patrullaje conjunto suscrito en 1999 con Estados Unidos.
—–Notas—–
Nota 1: Se lee en este artículo que: “En cuanto al límite exterior del espacio aéreo, su debate continúa, como indicamos, en la citada comisión de la ONU. Son numerosas y diversas las teorías que se han expuesto sobre este particular, por lo cual se las ha reunido en dos grandes grupos, a saber: las teorías espaciales, fundamentadas en consideraciones técnicas o físicas, y las teorías funcionales, que se basan en el concepto de la actividad espacial”. Véase MOYANO BONILLA C., “El Protocolo de Montreal de 1984 y la violación del espacio aéreo por aeronaves civiles”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Disponible aquí.
Nota 2: La Sala Constitucional indica además con especial acento que: “Le corresponde al órgano legislativo, como representante y encarnación del pueblo costarricense, de sus valores, principios, tradiciones y derechos colectivos de los que es titular, discutir y discernir si se trata de “tropas extranjeras” o no, si estamos o no ante “naves de guerra” y, en definitiva, autorizar su ingreso o no al territorio nacional, según los fines que tengan propuestos esas tropas extranjeras o naves de guerra /…/. Bajo esa inteligencia, ningún otro órgano o entidad pública puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras o de naves de guerra o discutir, si se trata de unos u otros, tales extremos le están reservados, exclusivamente, a la Asamblea Legislativa en procura de actuar el valor constitucional y el derecho fundamental a la paz, consustanciales a la sociedad costarricense. El órgano o la entidad que se arrogue esa atribución o competencia exclusiva y pretenda efectuar distinciones que son competencia del órgano legislativo, será, por consiguiente, manifiesta y absolutamente incompetente y cualquier acto que dicte será sustancialmente disconforme con el parámetro de constitucionalidad».
Nota 3: Véase BOEGLIN N., “Hacia la consolidación del derecho humano a la paz”, publicado en el sitio Tribuglobal, edición del 4/02/2014, disponible aquí.
Nota 4: Leemos en esta acta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso de Costa Rica del 21/09/2010, que para el Comisionado Antidrogas de Costa Rica y Vice Ministro, “El patrullaje conjunto marítimo también establece la posibilidad del patrullaje aéreo y la interdicción aérea sigue siendo uno de los recursos más efectivos. Y aquí también nosotros dentro del replanteamiento de la estrategia del patrullaje hemos optado por utilizar el recurso aéreo también. Me refiero a tecnología, me refiero a radares, a capacidad de detección para poder nosotros intervenir cuando esas embarcaciones se van acercando a la costa. Pero en este momento con los recursos que tiene el país se hace prácticamente, como lo dice nuestro pueblo, burro amarrado contra tigre suelto en la lucha. Nosotros no tenemos en este momento esa capacidad de interdicción marítima, y estamos focalizando la acción en hacer puntos de contención específicos y poder tener mayor apoyo en la detección. Porque Costa Rica tampoco cuenta con los recursos tecnológicos de radar, para poder estar estableciendo y aunque los tuviéramos no tenemos la capacidad para dar una cobertura adecuada al abordamiento, al acercamiento de esas lanchas a esas lanchas a nuestras costas, que es lo que tanto golpea” (p. 29). En la página 21 de esta misma acta se transcribe lo oído por un diputado en la cadena norteamericana de CNN por parte de la Presidenta de Costa Rica, y que según este mismo diputado fue luego “borrado del mapa“.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
ANDE, junto con organizaciones sociales que integran el Bloque Sindical Unitario y Social Costarricense, convocó a las y los educadores(as) y a los(as) trabajadores(as) en general, a marchar este viernes 16 de octubre, a partir de las 10 a.m. en la Fuente de la Hispanidad para salir rumbo a Casa Presidencial, en defensa de la clase trabajadora.
Se finalidad de la marcha fue:
En contra de los proyectos de Educación Dual, que se encuentran en la Asamblea Legislativa
La dignificación de los(as) funcionarios(as) del sector público
Contra los proyectos de Ley de Empleo Público (Salario Único)
En defensa de la educación pública, gratuita e integral y en contra de una educación dual al servicio de las transnacionales
Contra el congelamiento de los salarios y la política salarial
Por el derecho a negociar convenciones colectivas
Por un plan fiscal justo, que no responsabilice a la clase trabajadora de la crisis fiscal que enfrenta el país
“Marcharemos Contra Las Propuestas Que Buscan Eliminar Los Derechos De La Clase Trabajadora Y Que Atentan Contra La Educación Pública”.
Información tomada de la página de Facebook de la ANDE.
Lidiette Guerrero Portilla, Periodista Oficina de Divulgación e Información
En el Salón de Expresidentes de la República se rindió un homenaje a la Universidad de Costa Rica en la celebración de sus 75 años de vida académica y de contribución a la sociedad costarricense (foto: Laura Rodríguez).
Las grandes y diversas contribuciones que ha hecho la Universidad de Costa Rica (UCR) a lo largo de 75 años de historia institucional fueron reconocidas por los jefes de fracción de los partidos Alianza Demócrata Cristiana (PADC), Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) en un acto de homenaje a esta Benemérita Institución de la Educación y la Cultura.
La actividad se efectuó la tarde del 26 de agosto, en la Sala de Expresidentes de la República, en la Asamblea Legislativa, en donde el Dr. Henning Jensen Pennington expresó en nombre de la institución, la gratitud hacia los legisladores que con su voto hicieron posible la creación de esta gran institución costarricense, un 26 de agosto de 1940.
“De esta manera la Universidad de Costa Rica quiere rendir un tributo y queremos expresar con inmensa gratitud la decisión tomada por la Asamblea Legislativa hace 75 años”, afirmó.
El Rector expresó que en el marco de esta celebración, es propicia la ocasión para celebrar los logros alcanzados, pero siempre con espíritu crítico y autocrítico y la mirada puesta en el horizonte de progreso que paulatinamente se hace visible.
El presidente del directorio legislativo, Rafael Ortiz, en su alocución manifestó que “la UCR es una institución que ha marcado huella y que ha hecho de Costa Rica un país con oportunidades para los hombres y mujeres que han ingresado a esta casa de estudios”. Destacó su labor el campo académico, de la investigación y en la acción social y en especial “esa formación que nos dieron a quienes pudimos formarnos en ella, esa formación humanista y crítica que nos permite colocar en el centro de nuestra acción al individuo, al costarricense, en condiciones de mayor vulnerabilidad”, expresó.
Para el jefe de bancada del PUSC, Johnny Leiva, la UCR ha venido a darle “desarrollo al país, ha contribuido con la formación de miles de costarricenses, de empresarios, de políticos y de una gran cantidad de personas de bien de esta sociedad”. Agregó que hoy celebramos lo que hicieron hace 75 años los antepasados y “debemos preguntarnos qué es lo que quieren que celebren dentro de 75 años, con base en lo que nosotros construyamos hoy, creo que ese es un gran reto que tenemos hoy, cada uno desde nuestras trincheras, en nuestros campos de trabajo”, afirmó
Por su parte, el jefe de bancada del PAC, Marco Vinicio Redondo, hizo un homenaje al contexto histórico de la década de 1940, momento en que se gestó la Universidad de Costa Rica, y expresó que incluso la Guerra Civil de 1948 no impidió que las reformas sociales avanzaran, sino que más bien las reforzó.
En nombre de la institución, el Rector Henning Jensen Pennington, expresó su inmensa gratitud a los legisladores que aprobaron la ley de creación de la UCR, hace 75 años (foto: Laura Rodríguez).
“Cualquiera hubiera pensado que esos grandes logros desaparecerían, sin embargo el costarricense llegó a tener esa claridad de pensamiento, que en lugar de hacer caer esos logros, más bien estos se repuntan”, indició. Para su criterio “no importa quién lo haya gestado, lo importante es para que lo gestamos”.
Mario Redondo, diputado del PADC, reconoció que ha sido crítico con el financiamiento de la UCR en momentos en que el Estado pasa por una situación fiscal complicada, aunque también felicitó a la UCR por sus logros académicos, de investigación y acción social, que la han posicionado como una de las mejores de América Latina.
“Algunos somos más estrictos con la UCR y yo me quiero incluir ahí, porque creo que tener un peso tan importante en la historia de este país es una gran responsabilidad, hacia el presente y hacia el futuro, y alrededor de esto un debate nacional que no puede esconderse, que es el debate para el uso óptimo de los recursos limitados de por sí del Estado costarricense”, manifestó.
Además del Rector estuvieron presentes en el homenaje, todos los Vicerrectores de la UCR, otras autoridades universitarias y estudiantes que presiden las asociaciones de diferentes escuelas y facultades de la institución.
Foro de celebración del 75º aniversario de la UCR en la Asamblea Legislativa
La UCR es luz, es faro, es guía del desarrollo, y en sus 75 años de existencia, ha iluminado todos los rincones del país y más allá de nuestras fronteras
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
El Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa fue el marco para la celebración de un foro de reflexión sobre los logros y perspectivas de la UCR, en celebración de su 75º aniversario (foto Rafael León).
Con el objetivo de reflexionar sobre los logros y perspectivas de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde su creación, esta institución organizó el foro “UCR: pieza angular de la sociedad costarricense”, realizado este 25 de agosto en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en colaboración con la presidencia del Congreso.
La actividad contó con la participación como expositores de cinco académicos de diversas disciplinas de esta casa de estudios, del presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Rafael Ortiz Fábrega, diputados, autoridades universitarias, profesores e invitados especiales.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, investigador y catedrático de la Facultad de Microbiología y del Instituto Clodomiro Picado (ICP); de la Dra. Marta Eugenia Bustamante Gutiérrez, directora de la Escuela de Tecnología de Alimentos; del Dr. Julio Mata Segreda, catedrático e investigador de la Escuela de Química. Asimismo, de la Dra. Patricia Vega Jiménez, catedrática de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y del director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Dr. Randolph Steinvorth Fernández.
En su intervención, el presidente del Congreso trajo a la memoria el origen de la UCR, en los primeros años de la década de 1940, durante la administración de Rafael Calderón Guardia y el impulso de su ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco Castro. Dijo que este período marcó “nuestros derroteros, al sembrar raíces esenciales del ser costarricense” y puso fin a una etapa de “oscurantismo universitario”, ya que Costa Rica era el único país de Centroamérica que carecía de una institución de enseñanza superior.
Ortiz se unió a la conmemoración de este hecho histórico: “Hoy es un día para alegrarnos todos en este país. Celebramos con regocijo sus aportes (de la UCR) al sistema democrático costarricense”, expresó.
Y añadió, “por todas las mujeres y todos los hombres formados en su historia en múltiples disciplinas y especialidades, por todos sus aportes al desarrollo en diferentes campos, por todos sus logros en investigación e innovación, y por los aportes en los programas de extensión, todos concebidos en el marco de una profunda convicción humanista”.
No obstante, dijo, al igual que cuando nació, la Universidad tiene hoy algunos detractores que “no quisieran que la Universidad brinde estos servicios a la patria, al igual que aquellos que clausuraron la Universidad de San Tomás y otros que se opusieron a su creación considerando limitaciones presupuestarias en aquellos años”.
Por último, el diputado socialcristiano hizo un llamado para que, en el marco de su autonomía, la UCR dé el ejemplo en la actual coyuntura fiscal que vive el país e incorpore “nuevas técnicas administrativas para reducir todo costo superfluo” y mejore “la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos a la sociedad costarricense”.
Autoridades universitarias, entre ellas el vicerrector de Docencia, Dr. Bernal Herrera Montero y la vicerrectora de Vida Estudiantil, M.Sc. Ruth de la Asunción, participaron en la actividad, así como también invitados especiales, docentes y diputados (foto Rafael León).
Integralidad y solidez
Para el Dr. José María Gutiérrez, la UCR es una institución madura, que ocupa una posición de liderazgo a nivel internacional, gracias a la combinación de tres ejes sustantivos: la formación de profesionales basada en la excelencia académica, la formación humanista y el compromiso social, la investigación científica y tecnológica para la generación de conocimiento y la proyección a la sociedad por parte de docentes y estudiantes.
“Y es esa triple combinación de formación de profesionales, de generación de conocimiento científico y tecnológico y de proyección de ese conocimiento hacia la solución de los problemas nacionales lo que le da integralidad y solidez al aporte de nuestra institución y la convierte como un pilar esencial del desarrollo nacional”, opinó Gutiérrez.
El investigador pidió el apoyo de todo el país para continuar desarrollando y ampliando las líneas de acción de esta casa de estudios, con el fin de dar más oportunidades a estudiantes de escasos recursos, crear nuevas carreras e incursionar en áreas de investigación más ambiciosas.
Finalmente, el ex director del Instituto Clodomiro Picado (ICP) se refirió a la labor de este centro de investigación en la producción y distribución de antivenenos de serpientes, lo que salva la vida a 600 personas al año en Costa Rica y a 4000 en Centroamérica. Además, este programa se ha extendido a varios países africanos que también tienen un problema de salud pública debido a la mordedura de serpientes.
Este es un caso de proyección social –indicó Gutiérrez– que ilustra muy bien el aporte de la UCR a un problema específico.
Alimentación, energía y ambiente
La Dra. Marta Bustamante expuso sobre los aportes de la UCR a la industria alimentaria y puntualizó que esta institución “ha dado un fuerte impulso al sector agroalimentario del país” por medio de la investigación y la transferencia de tecnología a empresas y organizaciones sociales.
Lic. Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa: “Hoy es un día para alegrarnos todos en este país. Celebramos con regocijo sus aportes (de la UCR) al sistema democrático costarricense” (foto Rafael León).
Bustamante recordó que las carreras de Ciencias Agroalimentarias son las más antiguas de la institución, y en ellas se forman profesionales “capaces, críticos, solidarios y en contacto con la realidad del país”.
En cuanto a la investigación, dijo que de los proyectos de investigación vigentes en la UCR, el 13 % corresponde al área de ciencias agroalimentarias, lo que muestra la importancia que esta institución le ha dado a las ciencias agroalimentarias.
La académica mencionó varios proyectos de investigación exitosos en los que ha habido una vinculación con diferentes sectores productivos, entre los que figuran uno sobre transferencia tecnológica en sistemas de información geográfica a 17 cooperativas con el fin de mejorar prácticas agrícolas; otro sobre generación de semillas de la nueva variedad de papa ELBE con características importantes para la industrialización y un mapa digital de suelos para representar las clases de suelos del territorio nacional, de utilidad a los sectores productivos para la toma de decisiones de cuándo y dónde sembrar.
También mencionó la invención del híbrido de la papaya Pococí, conocida como Perfecta, que se cultiva en el país y se exporta a otras latitudes; la producción de semilla de frijol para el mejoramiento de variedades y el desarrollo del hídrido de chile dulce Dulcitico.
También dicha área ha trabajado en la producción de bebidas de frutas con alto valor agregado, entre estos de mora y de piña, mediante nuevas técnicas que permiten conservar el sabor natural de los productos. Ya algunos de estos han sido transferidos a varias empresas y saldrán al mercado próximamente.
“Todas las actividades de Ciencias Agroalimentarias son abiertas, se han desarrollado en conjunto con entidades públicas y privadas y sus beneficios se transfieren al sector productivo nacional”, recalcó Bustamante.
En cuanto al tema de energía y ambiente, el Dr. Julio Mata expuso algunas acciones que tienen una incidencia social y económica a corto plazo, aunque justificó la importancia también de realizar estudios de ciencia básica que tienen resultados a largo plazo.
Mata resaltó el apoyo técnico del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el control de la calidad de los combustibles fósiles en 350 estaciones de servicio en todo el país, en planteles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y en aeropuertos.
La Escuela de Ingeniería Eléctrica acompañó su exposición de un robot humanoide Nao, para explicar algunas aplicaciones de esta disciplina (foto Rafael León).
También el Celeq monitorea la adición de la sustancia química metilmercaptano al gas licuado de petróleo, ya que esta por su olor desagradable sirve para detectar fugas de este producto, ampliamente utilizado en viviendas y en establecimientos comerciales para la cocción de alimentos.
La UCR efectúa esfuerzos para la búsqueda de fuentes alternativas de energía y el mejor aprovechamiento energético de residuos agroindustriales que se utilizan con el propósito de producir energía.
En materia ambiental, el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) se especializa en estudios sobre infraestructura urbana de cara a los efectos del cambio climático, en particular de ordenamiento territorial, con una alta incidencia en las municipalidades del país para “generar calidad de vida en la población”.
Además, la Comisión Institucional de Carbono Neutralidad analiza los mecanismos de captación de CO2 en las reservas forestales de la institución para buscar “la manera de avanzar hacia un balance cero de las emisiones de carbono”, explicó el químico.
Comunicación y alta tecnología
Al dar a conocer algunos de los principales logros y aportes al país en el campo de la comunicación, la Dra. Patricia Vega manifestó que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) incursionó en los últimos años en el desarrollo de aplicaciones interactivas por medio del laboratorio Beta Lab, con el afán de convertirlo en “el centro líder de los estudios de interactividad en el país”.
Según la comunicadora e historiadora, este tema es de gran importancia para el país ante el advenimiento de la televisión digital terrestre, lo que a su juicio “cambiará el paradigma actual”.
Asimismo, expresó que la Escuela, con 50 años de existencia, junto con el Posgrado en Comunicación, con 20 años y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), con tres años de creado, han caminado juntos a la vanguardia de los cambios tecnológicos y conceptuales que se han producido en el campo de la comunicación social. Un ejemplo de esto es el impulso que se le ha dado a la producción audiovisual en el país.
El ex rector de la UCR, Lic. Fernando Baudrit Solera y miembro de la Asamblea Constitutuyente de 1949: “Lo que perseguimos (con la autonomía) es evitarle a la Universidad la amenaza de futuros Congresos movidos por intereses politiqueros. Mañana, si la Universidad no se adapta al ambiente político imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla, lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado. Es necesario, indispensable, dotar a la Universidad de Costa Rica de una auténtica independencia administrativa, docente y económica”.
“La preocupación de la UCR es fomentar la formación académica integral y enfatizar en la responsabilidad de quienes ejercen o ejercerán la profesión”, afirmó la directora del Cicom.
La reforma a la Ley de las Telecomunicaciones –agregó Vega– es de interés del Cicom, que desarrolla un proyecto en materia del derecho a la información, con el fin de promover un debate en procura de la reforma de la Ley de Radio y Televisión.
Por último, en el área de la Ingeniería Eléctrica, el Dr. Randolph Steinvorth se refirió al salto que ha dado esta unidad académica al evolucionar hacia campos de alta tecnología como el diseño de microprocesadores, telecomunicaciones y en áreas aplicadas de la robótica a campos tan disímiles como el deporte y la lucha contra el cáncer.
“Ingeniería Eléctrica contribuye en tanto podamos acercarnos a las fronteras de otras disciplinas y podamos participar de la interdisciplinariedad que tiene nuestra universidad”, expresó Steinvorth.
Dijo que la ingeniería eléctrica no es ajena al desarrollo tecnológico y de Internet, lo que impone un reto a la preparación de estos profesionales.
Es así como de la UCR surgió el primer grupo de diseño de microprocesadores de Costa Rica y de redes para compañías transnacionales establecidas en el país como Intel y Hewlett Packard. “Aquí se da un micro Silicon Valley”, indicó, donde se comienzan a multiplicar las empresas dedicadas al diseño de circuitos integrados.
Sin embargo, llamó la atención sobre la deficiente preparación en matemática de los estudiantes que ingresan a la UCR, lo que dificulta su desarrollo.
La Escuela de Ingeniería Eléctrica también tiene un convenio con la Aresep para el monitoreo de la calidad del suministro de la energía eléctrica en el país.
