El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) invita al foro “Comunicación pública como política de Estado: propuesta para el nuevo SINART”, que se realizará el jueves 31 de julio de 2025 a las 10 a.m.
La actividad será presencial en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República, en la Asamblea Legislativa. Además, contará con transmisión en vivo y está abierta al público general.
Participarán como panelistas la Mtr. Yanancy Noguera Calderón, presidenta del COLPER; la diputada Vanesa Castro Mora; la defensora de los habitantes, Lic. Angie Cruickshank; y el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli, fundador y exdirector del SINART.
La Asamblea Legislativa tiene un Salón especial dedicado a exhibir en cuadros al óleo a quienes han dirigido el Estado y la República, todos pintados por grandes y reconocidos artistas.
El Salón se conocía como el de Ex Jefes de Estado y de Ex Presidentes, cada uno con una plaquita que indicaba el período de tiempo en el cual cada uno de ellos había desempeñado ese cargo.
El Salón hace poco tiempo cambió su nombre para indicar que allí se exhiben a quienes han ejercido como Jefes de Estado y como Presidentes de la República, y hoy se denomina como debe ser, Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, precisando correctamente que durante el tiempo que se señala en esas plaquitas ejercieron ese cargo, y no como equivocadamente se podía leer en la plaquita que fueron ex Jefes de Estado y ex Presidentes en el tiempo que la plaquita señalaba.
Todavía al Salón le falta destacar, al menos con dos grandes placas en donde se recojan sus nombres, la lista de quienes dirigieron el país en el período que va desde la proclamación de la Independencia, el 29 de octubre de 1821 hasta el momento que asumió como primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández.
Declarada la Independencia el 29 de octubre de 1821, se mantuvo en el cargo de jefe Político subalterno el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, mientras la decisión tomada en Cartago el 29 de octubre se juraba y aceptaba en los pueblos. El 12 de noviembre fue desconocida su autoridad provisional que ostentaba y en su lugar hasta el 8 de setiembre de 1823 “gobiernos” colegiados, con precisas denominaciones, unos de muy corto plazo, otros de un plazo más largo, dirigieron el país.
Los gobiernos de las Juntas, en su orden, fueron los siguientes:
La Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó desde el 12 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1821. Entre otras cosas actúo como Asamblea Constituyente al dejar el 1 de diciembre aprobado el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, conocido como la Primera Constitución Política de nuestro período independiente. Fue presidida por el Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre.
La Junta Interina, que gobernó desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 5 de enero de 1822, la cual fue presidida por el Presbítero Pedro José Alvarado.
La Junta Electoral, que gobernó desde el 5 al 12 de enero de 1822, la cual fue presidida por Rafael Barroeta Castilla.
La Primera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 13 de enero hasta el 31 de diciembre de 1822. Esta Junta tuvo cuatro personas que la presidieron. Ellos fueron, durante todo el año, alternando, Rafael Barroeta Castilla, Santiago Bonilla Laya, José María Peralta y José Rafael Gallegos.
La Segunda Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 1823, la cual fue presidida por José Santos Lombardo.
Le siguió la llamada Diputación Provincial o Triunvirato desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo de 1823, que fue presidido por Rafael Francisco Osejo.
Le siguió el período de los Comandantes Generales, desde el 29 de marzo hasta el 16 de abril de 1823, que fue presidido por Joaquín de Oreamuno desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril y por Gregorio José Ramírez, desde el 5 hasta el 16 de abril de 1823.
Le siguió el llamado Congreso Constituyente desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo de 1823, que fue presidido por José María Peralta.
Finalizó este período con la instalación de la Tercera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 6 de mayo hasta el 8 de setiembre de 1823, la cual fue presidida por el Presbítero Manuel Alvarado.
A partir del 8 de setiembre de 1823 asumió como Jefe de Estado el educador Juan Mora Fernández, en su primer período de gobierno prolongado consecutivamente por dos períodos más hasta el 8 de marzo de 1833, siguiéndole José Rafael Gallegos, quien había presidido durante un breve tiempo la Primera Junta Superior Gubernativa.
En el conocimiento histórico general a todo este período se le resume diciéndole el período de las tres Juntas Superiores Gubernativas.
Empezamos a llamarnos Estado de Costa Rica justamente a partir de ese 8 de setiembre de 1823, cuando empezamos a participar de los gobiernos federales de toda Centroamérica, en un primer momento en las Provincias Unidas del Centro de América y en el de la República Federal del Centro de América.
Bajo la organización federal de Centro América nos mantuvimos hasta 1838, ya que este año Nicaragua, Honduras y Costa Rica se retiraron de la Federación lo que condujo a su desintegración, a pesar del intento que hizo Francisco Morazán en 1842 por restituirla.
Durante el período de la República Federal, Costa Rica participó de sus estructuras políticas institucionales. Se aceptó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y El Poder Judicial, como estructuras superiores de gobierno para toda Centroamérica. Se impuso también la Constitución Política Federal. Estas instancias político institucionales se reprodujeron en cada uno de los países que constituían la República Federal, cada uno con su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno con su propia Constitución Política específica.
De esta manera, en 1825 se organizó Costa Rica bajo la forma del Estado de Costa Rica, hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el Dr. José María Castro Madriz ratificó la declaratoria que había hecho el Congreso, en ese mismo sentido, el día anterior, el 30 d agosto de 1848. Desde entonces nos reconocemos y se nos reconoce internacionalmente como República de Costa Rica.
Así, dentro de la Federación, como Estado de Costa Rica, elegimos desde 1824 hasta 1847 a los Jefes de Estado y a partir de la República en 1848, elegimos a los Presidentes de la República, como las supremas autoridades políticas nacionales. Al Dr. José María Castro Madriz desde el 8 de mayo hasta el 31 de agosto de 1848 se le llamó Presidente de Estado.
Mientras fuimos parte de la República Federal de Centroamérica tuvimos como autoridades políticas superiores, para toda la región, en el Poder Ejecutivo, a los Presidentes de la República Federal, que fueron a su vez presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, como lo son hoy, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos de América, de México, de Venezuela o de Brasil, para los Estados que constituyen esas repúblicas o grandes países, cuyas autoridades estatales son los llamados Gobernadores.
De esta forma, nos falta en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, que está en la Asamblea Legislativa, la placa que también recuerde a los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, que por esa razón fueron presidentes de Costa Rica.
Los Presidentes de la República Federal entre 1825 y 1838, fueron, en su orden: Manuel José Arce (1825), Francisco Morazán (1829), José Francisco Barrundia (un breve período de 1829), Francisco Morazán (1830-1834), José Cecilio de Valle (un breve período de 1834) y Francisco Morazán (1834-1838).
El período de la República Federal fue muy importante para toda la región. Fue la República la que era reconocida internacionalmente, y así asistió al Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, representada por Antonio Larrazábal y Pedro Molina, persona muy importante para la Historia de Costa Rica en esos primeros años de Independencia hasta la Guerra contra los Filibusteros estadounidenses.
El que se reconozca a estos personajes como autoridades superiores de Costa Rica de aquellos años, contribuiría a mejorar el conocimiento de la Historia Patria, y el conocimiento de las raíces de nuestras relaciones intrarregionales, toda vez que en Guatemala, Honduras y El Salvador, particularmente, se cultiva el conocimiento de este período histórico y se exalta, de diversas formas el sentimiento unionista, centroamericanista, que se sigue enseñando y fomentando en las escuelas, colegios y en la vida cotidiana.
Recientemente asistí, para el 1 de julio, a Honduras invitado por su Ministerio de Educación, a celebrar la fecha que ahora exaltan de Independencia de Honduras, relacionándola con el 1 de julio de 1823, cuando el Congreso Centroamericano estableció que ese Día se había declarado la Independencia Absoluta de Centroamérica de España y de cualquier otro país, fecha que Honduras está celebrando nacionalmente como su fecha de Independencia.
La figura de Francisco Morazán es totalmente reivindicada, estudiada, analizada y exaltada. Ese primero de julio hicieron pública una investigación sobre el breve viaje de Morazán a Perú, antes de llegar a Costa Rica, en 1842.
La Asamblea Legislativa debe completar la lista de gobernantes costarricenses en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República.
San José, Costa Rica 22 de julio 2025. Actualmente en la Asamblea Legislativa se realiza el procedimiento de selección de una persona magistrada para integrar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala tiene entre sus diversas competencias, la de juzgar a miembros de los supremos poderes (artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Penal). El procedimiento prevé que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) realice un proceso de evaluación de las candidaturas y haga una recomendación al plenario, que elegirá a la persona magistrada.
Como es de conocimiento público, varias personas diputadas están siendo investigadas penalmente por diversos delitos; incluso, contra algunas de ellas, ya se ha planteado acusación formal por parte del Ministerio Público y se ha efectuado -o está en trámite- el traslado a la Asamblea Legislativa de la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.
Considerando que estas solicitudes de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal contra diputaciones coinciden con el proceso de selección de una de las magistraturas de la Sala que eventualmente tendrá a cargo el juzgamiento final de estas personas, resulta importante hacer un llamado a la Asamblea Legislativa a asegurar que no existan conflictos de interés en este proceso de selección, en aras de no afectar la legitimidad del sistema de justicia y la imparcialidad del órgano decisor.
Es importante recordar que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función públicaestablece (artículo 48) el delito de legislar o administrar en provecho propio, señalando que este se configura cuando un funcionario público “sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”.
Por lo anterior, hacemos un vehemente llamado a las diputaciones que actualmente están siendo investigadas penalmente -particularmente a aquellas cuyo levantamiento de la inmunidad ha sido solicitado o está en proceso- a inhibirse de intervenir en el proceso de selección de la terna así como de votar en el plenario el nombramiento de la persona a integrar la Sala Tercera.
En consecuencia, llamamos al directorio de la Asamblea Legislativa, o en su defecto al Plenario, a realizar las consultas técnicas pertinentes sobre posibles conflictos de interés, previo a dar continuidad a este proceso de selección.
Firman Organizaciones que suscriben el pronunciamiento: Asociación Americana de Jurista, Rama Costa Rica Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Costa Rica Íntegra (CRI)
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
El contrabando de cigarrillos en Costa Rica no solo representa una pérdida millonaria para las arcas públicas, sino que también financia actividades ilícitas y agrava la crisis de salud pública causada por el tabaquismo, advierten expertos a través de los medios de comunicación.
Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos proyectos de ley clave para enfrentar los problemas. Entre ellos destaca el Proyecto de Ley 22.497, que propone el empaquetado neutro de productos de tabaco, una medida que elimina colores y logotipos en los empaques, dejando la marca y las advertencias sanitarias visibles. Esta iniciativa busca reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre niños y jóvenes, y contribuir con la disminución del consumo.
Complementariamente, el Proyecto de Ley 23.880 plantea un aumento del 30% en los impuestos al tabaco, una de las estrategias más efectivas para desincentivar su consumo y aumentar la contribución fiscal destinada a la salud pública. El proyecto de Ley 23880para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco ha sido elogiado por el Banco Mundial, la Organización Panamericana da la Salud (OPS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Costa Rica también ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que fortalece el control y la sanción del contrabando, un problema que facilita la entrada de cigarrillos ilegales al mercado y redes financieras criminales, y que es ley de la república desde el 2016.
Asamblea Legislativa puede poner su granito de arena
Especialistas y organizaciones de salud, entre ellas la Red Nacional Antitabaco, RENATA, llaman a los legisladores a mostrar voluntad política para aprobar estas leyes y aplicar las medidas internacionales, con el fin de proteger la salud de la población y debilitar las fuentes de financiamiento del narcotráfico.
Para la presidenta de RENATA, Dra. Nydia Amador, “es muy importante que se aprueben estos dos proyectos de ley y se cumpla con la legislación ya vigente en el país. La sociedad civil puede colaborar de muchas formas, especialmente denunciando a quienes violan la ley vía el correo electrónico que ha puesto a disposición para ello el Ministerio de Salud:denuncias.minsa@misalud.go.cr .
La combinación de empaquetado neutro, aumento de impuestos y el control efectivo del comercio ilícito representa una oportunidad única para que Costa Rica realmente avance en la reducción del tabaquismo y fortalezca su seguridad nacional.
El pasado 26 de junio, 42 diputaciones votaron a favor de la aprobación del proyecto “Jornadas 4×3” por la vía rápida. De aprobarse, el proyecto permitiría el establecimiento de jornadas laborales de hasta cuatro días consecutivos de 12 horas (con tres días de descanso), sin obligación de pagar horas extraordinarias, bajo el argumento de “jornadas excepcionales”.
Ante esta situación, organizaciones sociales y personas trabajadoras hacen un llamado urgente a informarse sobre el proyecto de ley y las implicaciones que el mismo posee en la población costarricense. Esta medida representa un retroceso de más de un siglo en los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Ante este intento de reforma regresiva, diferentes colectivos han habilitado una plataforma digital para que la ciudadanía pueda pronunciarse. En el sitio trabajodignocr.org, cualquier persona puede enviar un correo electrónico directamente a las diputaciones, exigiendo que voten en contra de esta propuesta.
Desde los espacios organizados se insiste en que la movilización popular es clave para detener este tipo de iniciativas que precarizan las condiciones laborales. Se invita a toda la población a sumarse al movimiento, compartir la información y ejercer presión.
El proyecto de Ley #24.805 presentado en la Asamblea Legislativa busca realizar una reforma constitucional para incluir a los principios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Constitución Política. Actualmente, los principios de la CCSS son enlistados en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus respectivas reformas, no obstante, en la Constitución Política no se mencionan estos principios y la CCSS solo se incluye como una institución encargada de brindar los servicios de salud.
Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a la CCSS de las ideas y tendencias lucrativas de privatización que rodean a la institución. El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) invita a apoyar este proyecto de ley y la importancia de mantener a la CCSS como una institución al servicio de la salud de los costarricenses.
De acuerdo con Fabio Villalobos, médico de la CCSS y miembro del Movimiento Patriótico por Costa Rica, los principios de la CCSS son relevantes ya que constituyen la igualdad, la equidad, la solidaridad, la universalidad y la obligatoriedad de la institución. Para ver el mensaje completo consulte en este enlace.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) condena enérgicamente la aprobación de la vía rápida al proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica, una vergonzosa alianza de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, varios diputados independientes, todos bajo la dirección del gobierno de Rodrigo Chaves.
Denunciamos este retroceso histórico como un golpe directo a los derechos humanos de la clase trabajadora costarricense. Esta intentona por extender las jornadas laborales, disfrazada de modernización y “voluntariedad”, representa una regresión de más de 100 años en las conquistas laborales que con sangre, sudor y lucha fueron conquistadas por el movimiento obrero nacional e internacional.
Este proyecto, además de inhumano, es inconstitucional y contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, como lo han señalado con contundencia destacados juristas y expertos laboralistas. Las supuestas reformas introducidas por el PLN son cosméticas, decorativas y un fraude legal, destinadas a lavar la cara del proyecto, sin eliminar su carácter profundamente regresivo y explotador.
Rechazamos el mito de la «voluntariedad» del trabajador. En una relación laboral existe una asimetría de poder, y lo que se disfraza de elección libre es en realidad una imposición del patrono. La supuesta consulta laboral planteada no garantiza ni transparencia, ni independencia, ni protección contra la coacción patronal. Se trata de un mecanismo fraudulento para imponer jornadas inhumanas bajo presión y amenaza de despido.
UNDECA denuncia que esta embestida legislativa es producto de la presión ejercida por los grandes intereses empresariales de UCCAEP, que han torcido la voluntad política de partidos que históricamente decían defender al pueblo. Hoy se delatan como fieles servidores del capital.
Advertimos al pueblo trabajador: esta no es una reforma laboral, es una agresión directa a nuestros derechos, nuestra salud, nuestras familias y nuestra dignidad, eliminando el pago de horas extra, modificando la jornadas diurna, mixta y nocturna.
Llamamos a la movilización social, sindical y popular en defensa de la jornada de 8 horas, una conquista irrenunciable de la clase trabajadora, protegida por la Constitución Política, el Código de Trabajo y convenios internacionales de la OIT.
¡Ningún retroceso! ¡La jornada de 8 horas no se toca! ¡No al fraude laboral disfrazado de voluntariedad! ¡Sí a la dignidad, la salud y los derechos humanos del pueblo trabajador!
San José, Costa Rica 27 de junio de 2025
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social Por la defensa de la salud, la dignidad y los derechos de la clase trabajadora.
Se anuncia con bombos y platillos que los diputados del Partido Liberación Nacional y del “oficialismo”, que está representado por los diputados que titiritea la diputada experta en enseñar a mentir ministros y altos miembros del gobierno, junto con los del partido Unidad Social Cristiana, que como partido ha renunciado a los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia Católica, de los que hacían su bandera y muchas veces su discurso político, se pusieron de acuerdo para aprobar por la vía rápida el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de trabajo, que quieren imponerse en el país de 12 horas diarias, cuatro días a la semana. A ellos se sumaron Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado, con sus diputados.
Quieren aprobar por debajo, “secretamente”, metiendo gato por liebre, el Proyecto de las jornadas de trabajo esclavista, para lo cual están mezclando la discusión de este trámite reglamentario con la aprobación de otros proyectos de ley. Todo en paquete.
Esta mezcla de intereses muestra que la jornada de trabajo esclavista no es válida ni justa. Indica que la quieren poner a discutir limitando el tiempo de discusión, eliminando a la brava mociones que se puedan interponer contra ese proyecto de ley, que es lo que se busca con el trámite de la vía rápida, evidenciando con ello el contenido negativo de ese proyecto de ley, y poniendo de relieve la perversidad de sus proponentes contra los trabajadores en general, que son los que van a salir afectados en caso de aprobarse la jornada de 12 horas diarias obligatorias de trabajo.
La jornada de 12 horas existe autorizada en el país pagando, de la hora nueve a la hora doce, esas cuatro horas extras sobre la jornada ordinaria, un 50% más, por cada hora trabajada, del valor de esas primeras 8 horas de trabajo. Al eliminar el pago extra perjudican a los trabajadores en sus ingresos mensuales, en el pago de aguinaldo que les corresponde y su futura pensión. Al no pagar esa jornada extra, al eliminarla de facto sobre los trabajadores que serán obligados a trabajar la jornada d, 12 horas, lo que se está implementando en la realidad es una JORNADA FORZOSA, que está prohibida por la legislación nacional e internacional. No es una modalidad laboral lo que se quiere establecer, es una forma de trabajo forzoso lo que se está diseñando como sistema de trabajo nacional en la ramas de actividad económica y productiva que se va a aplicar esta jornada esclavista.
Con el acuerdo tomado por los diputados para el trámite rápido de aprobación del proyecto de ley de la jornada forzosa de 12 horas, lo que han declarado, efectivamente, es que están confabulando por debajo la posibilidad de meter, en una aprobación de bulto, de varios proyectos de ley, el de la jornada de trabajo de las 12 horas. ¿Por qué tienen miedo de discutir ese Proyecto de Ley en trámite ordinario? Porque efectivamente saben en la discusión por el trámite ordinario, no ganan esa discusión. Lo que necesitan es imponerla a la fuerza, porque así los están manipulando y obligando los intereses esclavistas que representan esos diputados y sus partidos políticos.
¿Por qué tienen miedo los proponentes de esta jornada esclavista que el proyecto de ley se discuta por la vía ordinaria, por la vía normal de discusión de todos los proyectos de ley? También tiene miedo de que ese proyecto de ley se discuta en los meses cercanos, a partir de setiembre y octubre, a la campaña electoral, porque temen que en ese ambiente el tema de la jornada de 12 horas, que no lo han podido justificar, se pueda convertir en un tema de discusión electoral que pueda afectar a estos partidos y la elección de sus futuros diputados, tal vez, también de sus candidatos presidenciales.
Si los diputados no quieren llegar al período de la campaña electoral para discutir este proyecto de ley, son los sindicatos y las organizaciones sindicales y sociales en general los que están obligados a llevar la discusión a la palestra pública y enfrentar a los diputados y sus partidos con los trabajadores y con los electores.
Son los sindicatos los que deben emplazar a los partidos políticos, uno por uno, que ya están inscritos electoralmente sobre si apoyan o no el establecimiento de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias.
También deben enfrentar a los candidatos presidenciales, que ya existen, y los que surjan posteriormente, para que se pronuncien sobre este modelo de trabajo forzado y esclavista que quiere imponerse, para saber cuáles de ellos están en el camino de debilitar más, o de terminar de acabar con el Estado Social de Derecho, que se viene minando desde hace varios años.
En las últimas horas, el candidato Álvaro Ramos de Liberación Nacional, ha sido obligado a pronunciarse a favor del trámite rápido de discusión parlamentaria de la jornada esclavista y forzada que quiere establecerse. Así, Álvaro Ramos no está significando ninguna renovación en Liberación Nacional. Con su cambio de opinión, puesto que ya se había pronunciado a favor del trámite ordinario y no por el rápido, muestra también cuales sectores políticos y empresariales están dominando en Liberación Nacional, y está mostrando que este partido ha dejado de lado sus viejas banderas social demócratas, izando a plenitud sus nuevas posturas de neoliberalismo, que harán que el candidato Álvaro Ramos en nada se distinga de los otros candidatos como Eli Feinzaig, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora, Natalia Díaz y los candidatos de los partidos jaguares, aliados y continuadores del actual presidente Rodrigo Chaves, como son Laura Fernández, Luis Amador, Francisco Gamboa. En la perspectiva pareciera que solo los candidatos presidenciales del Partido Frente Amplio, Ariel Robles; y del partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar son los que están en contra de la jornada esclavista de las 12 horas. Todavía no he oído pronunciarse sobre este extremo a la candidata del Partido Acción Ciudadana, Claudia Dobles.
El escenario nacional no es muy halagüeño en posibilidades electorales hacia un nuevo gobierno. Pareciera que por ahora todo se encarrila hacia la continuidad del actual gobierno en todas las esferas del quehacer político nacional.
Las jornadas 4/3 dañarán física, emocional y sicológicamente la vida personal, familiar y comunal de los trabajadores, reduciendo además sus ingresos, actuales y futuros.
Las jornadas 4/3 agravarán la crisis de injusticia, desigualdad y frustración que en su desesperación ha llevado a los electores, a los votantes, a las posturas político-fascistas que se están instaurando en el país con el chavismo incrustado. Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.
Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.
ACCEDER – Carta a la Asamblea Legislativa: Condena pública a la negativa de exigir el cese del genocidio en Gaza y de proteger la ayuda humanitaria
El martes, una mayoría legislativa rechazó una moción que giraba en torno a exigir a Israel un alto inmediato al fuego y al genocidio en Palestina. Fue rechazada precisamente por mencionar la realidad: existe un genocidio en marcha. En su lugar, aprobaron una moción genérica sin peso ni sentido.
Desde ACCEDER redactamos una carta para exigir a la Asamblea Legislativa reconsidere su posición cómplice y omisa con el genocidio y, en su lugar, rectifique su posición mediante la aprobación de la moción que fue anteriormente rechazada.
