Hoy 49 años después de la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” el movimiento ambiental clama por justicia ante las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza, los ecosistemas y los pueblos que los habitan.
En los muros de la nueva Asamblea Legislativa se proyectaron los rostros de ecologistas victimas de asesinatos, como forma de protesta hacia un país que se niega a adoptar medidas concretar para protegerlos y un reclamo ante la impunidad en la que se sumergen estos crímenes.
La intención es poner en evidencia que el conjunto de leyes costarricenses no contiene herramientas claras y efectivas para proteger la vida de los que defiende ecosistemas enteros y los honores que hoy presume el país en temas ambientales. En las últimas tres décadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras del ambiente, de estos 13 han resultado en pérdidas humanas.
En el edificio se logró apreciar las caras de Yehry Rivera, Sergio Rojas, Diego Armando Saborío, Jairo Mora, Kimberley Blackwell, David Maradiaga, Jaime Bustamante, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jorge Aguilar, Óscar Quirós, Antonio Zúñiga y Olof Wessberg.
Luis Diego Hernández, Fiscal Ambiental Adjunto en conferencia de prensa señaló que el país vive un incremento de la participación del crimen organizado en actividades destructivas relacionadas principalmente con la agroindustriales, el tráfico de fauna silvestre, la construcción de pistas para aterrizaje dentro de áreas protegidas para uso del narcotráfico y la expansión inmobiliaria sobre ecosistemas frágiles como Zona Marítimo Terrestres o humedales.
Según Angélica Alvarado Barrantes, del Movimiento Ríos Vivos: “la pandemia es una realidad, pero no es posible que la indignación y la rabia no nos mueva a exigir justicia por los compañeros y compañeras amenazadas, violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio. Es inaceptable que un grupo de diputados usen argumentos falsos para oponerse a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que justamente es un instrumento que pretende garantizar el acceso a la justicia”.
Múltiples personas, personalidades, organizaciones civiles y sociales nos pronunciamos, a nivel nacional e internacional, con suma preocupación ante la degradación que sufre el Estado de Honduras, que dejó de ser democrático y de derecho desde la década anterior, donde los vínculos de políticos con actos de corrupción, narcotráfico, asesinatos bajo la complicidad de la institucionalidad hondureña constituyen un grave daño al tejido social del pueblo de Honduras.
Sumado a lo anterior, Honduras se ubica entre los 6 países de mayor criminalización, judicialización, desapariciones y asesinatos de defensoras y defensores ambientalistas.
Repudiamos tácitamente el proceder ilegítimo del Estado Hondureño en su tarea de criminalizar el derecho humano a la protesta social. Instamos a pronunciarse en contra del clima de impunidad perpetua frente a la persecución, represión, tortura y asesinato de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Madre Tierra.
Adjuntamos el documento completo del comunicado oficial:
El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).
Situación en nuestro país, Costa Rica
En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.
La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.
Una herramienta para combatir la situación
El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).
Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.
Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.
Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.
Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.
La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.
Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.
Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).
También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).
Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.
Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.
Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.
La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.
La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.
El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.
El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.
Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).
Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.
Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.
En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.
Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.
Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…
Saber abordar y distinguir lo de control de territorio
Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.
Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.
Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional
Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.
Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.
Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.
Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.
Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.
El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.
Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres
Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.
Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.
Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.
¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.
un cuadro desesperanzador
Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.
A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.
Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON
“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.
En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:
Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.
En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.
Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.
Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.
Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.
Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.
Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.
Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.
En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.
Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.
El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.
La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.
Por eso exigimos;
Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.
También solicitamos a:
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.
Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.
Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,
– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública. – Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ). – Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. – Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta. – Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS). – Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT). – Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá. – Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME). – Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. – Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Alicia Milena Torres, profesora universitaria. – Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. – Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia. – Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria. – Ana Marcela Bueno, docente universitaria. – Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF). – Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados. – Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral. – Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC). – Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina. – Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS). – Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila. – Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN). – Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá. – Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga. – Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR). – Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking. – Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS). – Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA) – Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana. – Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina – Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional. – Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina. – Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur. – Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida. – Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE) – César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut. – Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social. – Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL). – Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria. – Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador. – Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia. – Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE). – Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia. – Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia. – Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC). – Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona. – Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia. – Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle. – Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). – Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Corporación Grupo Guillermo Ferguson. – Cristina Ruiz, Argentina. – David Cuéllar Gálvez, profesor universitario. – Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH. – Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga. – Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia. – Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva – Diego I. Lucumí, profesor universitario. – Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN). – Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME). – Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). – Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín. – Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE). – Elba Luz Martínez, docente universitaria. – Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. – Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). – Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G). – Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. – Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador. – Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria. – Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES). – Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia. – Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM). – Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca. – Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia. – Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP). – Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente. – Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO). – Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN) – Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD). – Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México. – Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá. – Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC). – German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia – Gilberto Ríos, Uruguay. – Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC). – Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia. – Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). – Gloria Leal, profesora universitaria. – Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Haydali Rodríguez, profesora universitaria. – Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD). – Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín. – Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia. – Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI). – Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria. – Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL. – Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia. – Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario. – Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá. – Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos. – Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción. – Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador – José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios. – José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana. – José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB). – José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. – Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL). – Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. – Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina – Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas. – Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA). – Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ). – Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). – Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR). – Katia Cesa, Brasil. – Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores – Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS). – Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario. – Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados. – Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia. – Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). – Luz Marina Suaza, profesora universitaria. – Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina – Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores. – Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina. – Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO). – María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. – María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá. – María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS). – María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua. – María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY). – María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina. – María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia. – Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria. – Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz. – Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile. – Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB). – Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación. – Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP). – Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial. – Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP). – Maylen Rojas, doctora en epidemiología. – Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. – Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud. – Mesa Ecuménica por la paz (MEP). – Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA). – Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES). – Miguel López, comunicador social. – Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). – Sandra Milena Montoya, profesora universitaria. – Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina. – Miryam Rico, presidentes, ACCES. – Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil. – Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento. – Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana – Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia – Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización. – Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI). – Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI) – Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador. – Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT). – Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia. – Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). – Nora Aller, odontóloga, Argentina. – Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). – Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito. – Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología. – Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela. – Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD). – Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC). – Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora – Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina. – Patricia Uribe, profesora universitaria. – Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional. – Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia. – Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Red Colombiana de Salud Perioperatoria. – Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz) – Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ. – Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador. – Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá. – Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública. – Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria. – Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia. – Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE). – Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina. – Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT). – Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina. – Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia. – Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia. – Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria. – Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC). – Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria – Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. – Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina. – Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia. – Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá – Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT) – Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República. – Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista. – Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina – Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC). – William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). – William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial. – William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST). – Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador. – Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia. – Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.
El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).
Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.
El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:
«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».
En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:
«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.
Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado
Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.
Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.
Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:
«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.
El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
El contenido del comunicado conjunto (versión integral)
En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:
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«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.
Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.
“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”
Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.
Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.
Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.
Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.
“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.
La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.
El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.
Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«
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Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).
En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.
La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal
Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:
«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.
El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:
«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.
En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:
«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».
En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:
«42. El Estado parte debe:
c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».
Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.
A modo de conclusión
No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.
(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, como integrantes de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco, expresa su consternación ante lo que considera una política de exterminio de periodistas en México.
En lo que va del 2019 se han asesinado a 13 periodistas y comunicadores sociales sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido llevado a la justicia.
La FEPALC ve con especial preocupación que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando. Por ello hace un abierto llamado a todas las organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales a mirar el horror que ocurre en México. ¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?
Nuestra organización que representa a sindicatos y federaciones de periodistas de América Latina y el Caribe, repudia este nuevo asesinato y se une al clamor de su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una política de protección efectiva y lucha frontal contra la impunidad.
En circunstancias como estas reconocemos más que nunca la necesidad de contar a nivel de Naciones Unidas con un convenio internacional como el que viene impulsando la Federación Internacional de Periodistas, que incrementaría la presión a los Estado para que prevengan y castiguen a los agresores de periodistas y combatan la impunidad.
En los últimos tres años México ha sido el país más peligro para ejercer el periodismo, con más crímenes que territorios en guerra. No aceptamos más las versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello -de manera especial- a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México. No puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad de 98% en los crímenes de nuestros colegas. México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo.
América Latina-Caribe, 25 de agosto de 2019
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)
Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO)
Associations des Journalistes Haitiens (AJH)
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP)
Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP)
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)
Asociación de Prensa Uruguaya (APU)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)
Imagen ilustrativa tomada de https://es.panampost.com
Enviado por Sindicato Nacional de Periodistas de C.R.
