Hoy 49 años después de la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” el movimiento ambiental clama por justicia ante las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de la naturaleza, los ecosistemas y los pueblos que los habitan.

En los muros de la nueva Asamblea Legislativa se proyectaron los rostros de ecologistas victimas de asesinatos, como forma de protesta hacia un país que se niega a adoptar medidas concretar para protegerlos y un reclamo ante la impunidad en la que se sumergen estos crímenes.

La intención es poner en evidencia que el conjunto de leyes costarricenses no contiene herramientas claras y efectivas para proteger la vida de los que defiende ecosistemas enteros y los honores que hoy presume el país en temas ambientales. En las últimas tres décadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras del ambiente, de estos 13 han resultado en pérdidas humanas.

En el edificio se logró apreciar las caras de Yehry Rivera, Sergio Rojas, Diego Armando Saborío, Jairo Mora, Kimberley Blackwell, David Maradiaga, Jaime Bustamante, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jorge Aguilar, Óscar Quirós, Antonio Zúñiga y Olof Wessberg.

Luis Diego Hernández, Fiscal Ambiental Adjunto en conferencia de prensa señaló que el país vive un incremento de la participación del crimen organizado en actividades destructivas relacionadas principalmente con la agroindustriales, el tráfico de fauna silvestre, la construcción de pistas para aterrizaje dentro de áreas protegidas para uso del narcotráfico y la expansión inmobiliaria sobre ecosistemas frágiles como Zona Marítimo Terrestres o humedales.

Según Angélica Alvarado Barrantes, del Movimiento Ríos Vivos: “la pandemia es una realidad, pero no es posible que la indignación y la rabia no nos mueva a exigir justicia por los compañeros y compañeras amenazadas, violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio. Es inaceptable que un grupo de diputados usen argumentos falsos para oponerse a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que justamente es un instrumento que pretende garantizar el acceso a la justicia”.

Compartido con SURCOS por Herny Picado.