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Etiqueta: aumento salarial

Unión Belemita se pronuncia en relación con el aumento salarial del personal municipal

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento que se nos envió a nuestra redacción:

Comunicado Oficial

Pronunciamiento de Unión Belemita con respecto al voto de nuestra regidora María Antonia Castro relacionado al aumento salarial de funcionarios municipales

La Unión Belemita, toma nota de las declaraciones realizadas por algunos funcionarios municipales y en torno a ellas desea manifestar a toda la comunidad belemita:

1) Nos solidarizamos, y acuerpamos totalmente el posicionamiento ético y responsable que ha mantenido sobre este tema la compañera regidora María Antonia Castro y la fracción de Unión Belemita.

2) Nuevamente aclaramos que es falso que la regidora María Antonia Castro y la fracción de Unión Belemita se opongan al aumento del salario de los funcionarios de la Municipalidad de Belén. Públicamente se ha reiterado estar de acuerdo con el aumento del 5.5%, pero la fracción de Unión Belemita ha precisado junto a otros miembros del Concejo Municipal que esto será siempre y cuando se mantenga el acuerdo tomado el anterior 3 de agosto en la sesión Ordinaria 46-2023, articulo 1, donde el Concejo Municipal tras recibir el dictamen MB-026-2023 del asesor legal. acordó en la parte quinta:

QUINTO. En resumen, si se cumplen rigurosamente con los requisitos de validez y eficacia previamente mencionados, la propuesta de aumento salarial podrá ser aprobada internamente por el Concejo Municipal. No obstante, se deberá contar con la autorización de la Contraloría General de la República para asegurar su plena vigencia y legalidad.

3) En cuanto al aumento de las dietas del Concejo Municipal en el año 2019 se debe precisar que la misma devino de un estudio realizado por la Administración municipal de actualización del valor de las dietas de Belén, la mismas no se actualizaban desde la década de los noventa. Valga aclarar que la misma no se financió mediante la figura de la modificación presupuestaria. Recordemos que el artículo 109 del Código Municipal, indica que el presupuesto no se puede modificar para realizar aumentos de salarios, salvo algunas excepciones.

4) El aumento de las dietas del 2019, sí se consultó a la Contraloría General de La República, y concretamente fue la regidora María Antonia Castro quien impulsó inicialmente esta idea de consulta, la cual quedó reflejada en el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto CHAP-01- 2019, avalado por unanimidad en la sesión 06-2019, artículo 18 del 29 de enero del 2019 y que literalmente indicó:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Remitir al Asesor Legal para que elabore un acuerdo que sustente y fundamente el aumento de las dietas ante la Contraloría previo acuerdo del Concejo Municipal.

5) El aumento de las dietas para los dos últimos ejercicios presupuestarios de la Municipalidad contó con el voto negativo de la regidora María Antonia Castro. Concretamente, el del año 2024 quedó congelado ante iniciativa de Antonia, tal cual y como puede apreciarse en el artículo 11 de la sesión 48-2023 del 15 de agosto del 2023. Además, el ultimo aumento que se había aprobado en el 2022 tampoco contó con el voto de Antonia, tal cual y como puede corroborarse en el artículo 18 de la sesión 30-2022 del 17 de mayo del 2022.

Así lo expuesto, debe quedar claro que nos encontramos ante una campaña de desprestigio, que pretende mediante ataques al cuerpo, variar el posicionamiento responsable y ético que ha tomado nuestra fracción municipal.

https://acortar.link/mDB4hd

Para su reflexión – Mensaje de SITRAHSAN

Hay momentos en que los ciudadanos y empleados públicos, debemos ponernos la camiseta que nos recomiendan los políticos de turno por el bienestar del país, como sucedió en el caso de la implementación de la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, implementada a partir del 01 de julio 2019, donde, maquillado el asunto por el gran endeudamiento del sector público, no se autorizó hacer efectivo el pago del último incremento salarial aprobado para este sector, por parte de la comisión de salarios, que regía a partir del 01 de enero 2020, el cual no se hace efectivo bajo el argumento de la agobiante deuda pública del país.

Hoy tres años después, de estar suspendido ese incremento salarial y según información del Ministro de Hacienda, la situación fiscal del país ha mejorado sustancialmente, al pasar la deuda del sector público de un 82.8 % del PIB (Producto Interno Bruto), según datos del exministro Adrián Villegas en el año 2020, donde para marzo del 2023 pasa a representar un 59% del PIB, a partir  del comunicado de prensa CP 19/24 de marzo 2023.

Así las cosas y esperando la reciprocidad de los políticos, de aplicar lo que  la  ley señala, la camisita de la clase trabajadora y empleado público, como su persona lo realizó en el caso de la Ley de Usura, le emplazamos respetuosamente, Sr Ministro, ya que estimamos es hora de que, dé otra señal de buena fe, haciendo efectivo ese incremento salarial suspendido desde enero 2020. En esta ocasión, le motivamos con el argumento de que la deuda pública ha disminuido por debajo de lo normado en la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en su apartado regla fiscal.

SITRAHSAN el sindicato que defiende los derechos de los trabajadores.

Lenin Hernández Navas se refiere a decisión del gobierno de remover integrantes de la junta directiva de la CCSS

En el siguiente video el secretario general del SINAE Afines, el señor Lenin Hernández Navas, explica cómo la decisión del Consejo de Gobierno de remover a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja atenta contra la institucionalidad y la autonomía, pues esta decisión arbitraria va en contra del artículo 147 constitucional y a los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley Constitutiva de la Caja se determina cómo se nombran a los miembros. 

Esta decisión, explica, deja a la Junta Directiva de la Caja sin la capacidad de sesionar, pues no cuenta con el quorum necesario, lo que ocasiona un atraso en las decisiones que no se están pudiendo tomar.

Se atribuye esta decisión por parte del Consejo de Gobierno como una medida revanchista por el justo y legal aumento salarial a los empleados de la Caja, medida a la que el gobierno se opuso.

A continuación puede observar el pronunciamiento completo.

Unión Médica Nacional: Gobierno violenta la autonomía institucional

COMUNICADO DE PRENSA 

La Unión Médica Nacional deplora la actitud del Gobierno Central, respecto a la Junta Directiva de la CCSS y al Expresidente de la misma, Dr. Álvaro Ramos Chaves quienes, cumpliendo con su deber, ejecutaron el aumento salarial de ley decretado desde el 2019, el cual estuvo congelado durante toda la pandemia. 

En una actitud de revanchismo político, sin precedentes y violentando la autonomía institucional, el Presidente de la República y el Consejo de Gobierno toman una decisión a todas luces arbitraria y lejana de la actitud de diálogo que debe prevalecer entre el pueblo costarricense y el gobierno de turno. Este tipo de actuaciones riñen con la democracia costarricense. 

Aduciendo la cercanía familiar de cinco miembros de la Junta Directiva con alguno de los más de 63.000 empleados que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Consejo de Gobierno toma una decisión que deja sin dirección a la CCSS en uno de los momentos más delicados de su historia, esto a pesar de que la Junta Directiva de la Caja no fue el ente que avaló el aumento, sólo lo ejecutó. 

Consideramos que las actitudes de revanchismo que ha tomado este gobierno en contra de los empleados públicos costarricenses, representados en este caso por los 63.000 funcionarios de la CCSS, no tiene precedentes en nuestra historia moderna. Olvidó pronto este gobierno el sacrificio que los empleados públicos dieron de cara a la pandemia, incluso se sacrificaron vidas humanas, pero esto le parece poco. 

Este accionar, no solamente es peligroso para nuestra democracia, sino llamativamente inoportuno, justo cuando está a punto de cumplirse con el Decreto de Ley de aumento del año 2019, que el mismo Presidente de la República, siendo Ministro de Hacienda, firmó. Esto no es democracia. 

Desde la Unión Médica Nacional expresamos nuestra más enérgica protesta y nuestro apoyo total al Expresidente de la Junta Directiva de la CCSS, el doctor Álvaro Ramos Chaves, y a los cinco miembros de la Junta Directiva suspendidos por el Consejo del Gobierno, visto que considerarnos este acto alejado completamente del ser costarricense. No queremos pensar que este es el inicio para quebrar a la CCSS, institución emblemática de todos los costarricenses. 

 

Imagen ilustrativa.

SEC y CONADECO demandan respeto al Estado de Derecho y condenan la intervención en la Junta Directiva de la CCSS

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo CONADECO, alzan la voz, ante lo sucedido en la sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles 7 de diciembre, cuando se tomó arbitraria e inconstitucionalmente el acuerdo de destituir a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS: Martha Rodríguez del Sector Sindical, José Luis Loría del Sector Cooperativo, Jorge Arturo Hernández del Sector Patronal, Maritza Jiménez del Sector Solidarista y Carlos Salazar representante del Poder Ejecutivo. A estas destituciones, se le suma el despido del Presidente de la institución, Dr. Álvaro Ramos, el pasado 17 de setiembre.

De esta forma abrupta y sin cumplir el debido proceso constitucional, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, descabezó al máximo órgano de dirección técnica y política de la CCSS, interfiriendo en  su autonomía constitucional y violentando el artículo N°8 de la Ley Constitutiva de la Institución N° 17 del 22 de octubre de 1943, el que expresamente establece que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”; además, no corresponde al Gobierno el nombramiento o destitución de los representantes sectoriales que son nombrados por el Movimiento Cooperativo, el Movimiento Solidarista, el Sector Patronal y el Sector Sindical, sin que sea legalmente posible la injerencia del Presidente en sus designaciones.

El afán de controlar políticamente a las instituciones públicas es una constante en la Administración Chaves ya que el 1° de junio destituyó a tres integrantes de la Junta Directiva del ICE y tomó control político y administrativo de esa Institución mediante el nombramiento de tres personas allegadas al Presidente. También, el pasado 22 de julio intervino la Junta Directiva del Banco Popular destituyendo a las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores ante la Junta del Banco y nombrando a cuatro personas afines con el Gobierno.

Esta actuación arbitraria es incompatible con el principio democrático de representación y de especialidad técnica en la gestión administrativa de las instituciones públicas y revela el interés del Presidente por controlar y politizar la toma de decisiones en toda la institucionalidad pública, incluyendo aquellas que al igual que la CCSS, la Constitución Política y la Ley, han colocado al margen de las decisiones políticas para garantizar una administración técnica y democrática de las mismas.

El caso de la CCSS es especialmente significativo, porque el enojo del señor Presidente con el Dr. Álvaro Ramos tal y como lo ha denunciado con toda seriedad, se debe a que los directores y las directoras destituidas en estricta aplicación de la ley y reconociendo los derechos de sus trabajadores, autorizaron el pago de los aumentos salariales aprobados desde antes de la Pandemia.

Es por estas razones que el SEC y CONADECO advierten al país, sobre el peligro de esta deriva autoritaria e inconstitucional en la conducta del Presidente Chaves y llama a cerrar filas para que se respete el Estado de Derecho, devolviendo la Autonomía Constitucional de la CCSS y demás instituciones públicas intervenidas ilegalmente.

Moción respecto de la política de aumento salarial sostenida por la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

La moción presentada por el encargado del Estado de la Junta Directiva es malintencionada, puesto que el decreto fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia, por ende, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio no grato, además, se le pide a la Junta Directiva que ordene en base al acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año, se dirija una instrucción directa al Gerente General de la CCSS para que con base a los criterios existentes proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo a los funcionarios.

Ante moción malintencionada, SIFUPCR declara non grato a representante del gobierno en directiva de la CCSS

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR informó que la moción presentada por el representante del gobierno en la junta directiva de la CCSS “es malintencionada, puesto que el decreto al que alude fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia”.

“Por ende, agrega el dirigente, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio non grato, además, se le pide a la junta directiva que ordene, -con base en el acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año-, al gerente general de la CCSS que proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo de los salarios pendientes. Esto tiene respaldo además en la resolución de la Contraloría General de la República, según la cual, debe prevalecer la autonomía institucional”.

Moción presentada por representante del gobierno Juan Ignacio Monge Vargas en junta directiva de la CCSS:

Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica solicita criterio jurídico sobre presunto conflicto de intereses en votación de aumento salarial

En declaraciones para SURCOS, el dirigente Juan Carlos Durán Castro en representación del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, nos da a conocer los presuntos pactos por puestos y demás concesiones políticas que se están presentando en la CCSS. 

Se alerta sobre los grandes intereses de ciertos grupos en relación a la Junta Directiva de la CCSS, además de lo que significa no llegar a tener representación sindical, cooperativista y solidarista en dicha institución. 

El sindicato SIFUPCR hizo llegar un oficio a la CCSS mediante el cuál se les solicitaba criterio jurídico sobre el posible conflicto de interés derivado de la participación de miembros de Junta Directiva en el acuerdo del aumento general de salarios en la Caja Costarricense del Seguro Social, a lo cual dicha institución indicó que esto está siendo tramitado, por lo que resulta improcedente realizar cualquier gestión al respecto o emitir criterio alguno. Esta respuesta confirma que la auditoría interna de la CCSS, investiga a los directivos que votaron al acuerdo de pagar el aumento salarial.

Afirman que esta es una  táctica y estratégica de ataque por parte del Poder Ejecutivo y el gobierno de Costa Rica. El señor Juan Carlos Durán menciona que “Posiblemente estén desarrollando un proceso altamente riesgoso para la CCSS y en general para la institucionalidad, el estado social de derecho y la democracia misma”.

SIFUPCR aseguran que toda esta situación podría traer efectos e impactos enormes, así nos señala el señor Durán diciendo que “las señales que vemos en otros escenarios, como la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de asuntos Económicos, nos auguran un alto grado de potencialidad en nuestra hipótesis”.

El estilo geren-dictatorial del presidente Chaves

Luis Fernando Astorga Gatjens

El día, jueves, 27 de octubre escuché decir, en una entrevista que realizó la periodista, Evelyn Fachler al presidente Rodrigo Chaves, que él había destituido a Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la CCSS porque no cumplió sus expectativas como gerente y que lo había remplazado por una excelente gerente.

Se refería a quien ocupaba el cargo de ministra de Trabajo, Marta Eugenia Esquivel, quien ha sido jueza y magistrada suplente en la Sala Constitucional. A decir verdad, no se le conoce una trayectoria significativa en puestos de carácter gerencial.

Lo que dijo don Rodrigo para justificar el despido de don Álvaro Ramos no se lo cree ni el mismo presidente Chaves. Aunque posee algunos dotes de actor no fue nada convincente. Quizás a quien si pudo convencer es a su legión de troles y a su séquito de seguidores fanatizados.

Lo que realmente sucedió es que don Álvaro Ramos no siguió los dictados unilaterales del señor presidente con respecto al aumento salarial, el cual fue adoptado con amparo legal por la Junta Directiva que presidía el destituido.

La nueva presidenta ejecutiva de la Caja llegó con dos únicas misiones: ser súbdita del “gerente general”, Rodrigo Chaves, que la única línea que le complace es la vertical y evitar que se haga efectivo el incremento salarial a las y los trabajadores de la institución, buscando violar con ello un acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Caja que está en firme y está plenamente fundamentado en estudios técnicos, económicos y jurídicos.

Afirmar que don Álvaro no es buen gerente y que doña Marta Eugenia es excelente, no es de ninguna manera justo, ni tiene fundamento alguno. Cuando el señor presidente nombró a don Álvaro, se deshizo en merecidos elogios con respecto a su trayectoria, formación académica y compromiso con la institución. Por supuesto que fue antes de la justa insubordinación de don Álvaro.

Es seguro que, por formación, experiencia en responsabilidades ejecutivas y trayectoria, don Álvaro merece el calificativo de excelente gerente. Contrario a ello, afirmar eso con respecto a doña Marta Eugenia, de cara su pasado como funcionaria, no se sostiene. Se trata de una afirmación antojadiza para justificar una decisión política errónea. Quizás la señora Esquivel podrá convertirse en una “excelente gerente”, pero eso por ahora, está en el orden de las expectativas y no de los hechos.

Cuando don Álvaro Ramos se despidió de su cargo –para el infortunio de la Caja y del país—, mostró en un texto enteramente patriótico que si entendía perfectamente el papel histórico y actual de la institución, tanto como baluarte de la salud de los habitantes de Costa Rica como de la salud de nuestro desvencijado Estado Social de Derecho.

Considero que esta parte del estilo del presidente Chaves relacionada con el despido de don Álvaro Ramos, retrata el todo. Estilo vertical, intolerante, marcado por la arrogancia y por formas irónicas inoportunas, que no son ni buenas, ni útiles para alguien que quiera gobernar, en un país democrático. Dialogar y negociar (especialmente, con la Asamblea Legislativa y sus distintas fracciones), con un partido que solo cuenta con diez diputados, requiere sustituir la prepotencia de un gobernante, que contó para ser electo solo con el 10 % del padrón, por la humildad y el incremento de su capacidad de escucha.

Han transcurrido menos de seis meses y ese ha sido el estilo del presidente, Rodrigo Chaves. Si quiere gobernar bien debe empezar a flexibilizarse y estar dispuesto a negociar con todos los sectores: Políticos (partidos y Congreso), sociales y judiciales. No hacerlo significará un progresivo e inevitable aislamiento.

Esperemos que no haya que esperar que el apoyo social actual disminuya tanto ante el incumplimiento de las efectistas promesas que ha hecho, y que no le quede más que el apoyo de sus seguidores fanatizados y su legión de troles.

(29 de octubre, 2022)

¿Aumento o un ajuste salarial? versus una amnistía tributaria: un ejercicio comparativo

Mainier Barboza Soto

Mainier Barboza Soto

El año 2019, es referente de lo que a continuación compararemos:

  1. Se aprueba el ajuste salarial, para los empleados de la CCSS, que, de forma particular, es eso, un ajuste, de ¢7.500 por mes, (hablar de aumento, es una forma mañosa de los grupos de poder y enemigos del sector Público y de la CCSS, en particular, de agredir al sector laboral).
  2. Al final del 2018, imponen una «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», (o de los grupos económicos más poderosos, que postpandemia aumentaron su riqueza), esa ley trae un «regalo», para los grupos más ricos, que es la llamada «amnistía tributaria» (1 de cada 4 grandes empresas le declaraba CERO ganancias al Ministerio de Hacienda. (Mora, 2018).
  3. El caso es que la amnistía se da sobre cobranzas de Hacienda en juicio, que ya tenían que pagar, es decir, una condonación de una deuda, en «cobro judicial»; ¡que fácil, que descaro, con ley y todo!
  4. Con la pandemia el pago aprobado a los y las trabajadoras de la CAJA, (trabajando bajo una presión increíble, sacrificando tiempo, familia, arriesgando su vida,) y congelan el pago por esa pandemia.

Aquí el primer comparativo:

Los Trabajadores (as) de la CAJA aceptan la congelación de ese ajuste. Y por otro lado, los grupos más ricos aplican la amnistía y dejan de pagar ¢194.000. mil millones, es un regalo de 5O, % de su deuda.

Otro comparativo:

El 23 de mayo 2019, el Frente Amplio, da a conocer: «El monto que no recibió Hacienda por amnistías tributarias equivale a casi 6 años de recaudación de IVA a la canasta básica» (Ducca, 2019). 

Los empleados de la CAJA siguieron siendo los héroes y heroínas, y unas pocas personas (25 empresas se beneficiaron en un 90% de los 194 mil millones).

Ahora comparativo en números a la vista:

Ajuste salarial a las trabajadoras (es) de la CAJA, (ajustamos el monto de ¢7500.00, a 14 pagos, es decir, aguinaldo y salario escolar por persona da ¢105 mil colones, anuales; esa suma por 3 años 1920-1921-1922, de enero a diciembre… total por persona ¢315 mil colones, no incluye los rebajos).

La suma anterior la multiplicamos por 64 mil empleados, nos daría un gran total de ¢20.160.000.000, unos $41.488 millones aprox.

Ahora: Amnistía:

Si aplicamos esa amnistía, primero a las 25 empresas citadas con un beneficio de 90%. Cada uno se «gano» porque dejó de pagar ¢6984.000.000.00, o si lo quiere ver de esta forma; solo 2,8 de esas empresas y/,o sus dueños, absorbe todo el pago que se ha calculado para 64 mil Trabajadores (as) de la CCSS. ¿Lo habrá visto algún diputado por ahí o don Rodrigo Chaves?

Un último dato comparativo:

Si esa amnistía se hubiese cobrado y se aplica para el pago de esos ¢,7500.00 colones a los 64 mil Trabajadores(as,) de la Caja, alcanza para pagarles aproximadamente 10 veces el ajuste mencionado.

Por último, si asumiéramos hipotéticamente, que los beneficiarios de la amnistía fueran 64 mil personas que evadieron, cada uno tendría ¢3.013.250 de regalía, pero como sabemos, solo se beneficiaron 25 grandes empresas.

Juzguen ustedes, quiénes provocan los déficits, el aumento de la deuda; porque esos ¢194 mil millones, ocasionaron un faltante, que se cubrió con deuda. ¿Tenemos muy malos políticos, muy malos economistas y muy malos cobradores? o, por el contrario, ¿tenemos una élite ambiciosa, abusadora de la democracia y de la economía, de la riqueza que debe ser distribuida?

Pensemos y actuemos bien.