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Etiqueta: autonomía universitaria

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Luis Muñoz Varela[1]

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

  1. “Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
  2. a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
  3. b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
  4. “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.”

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

  1. “Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

  1. “[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

  1. “Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

  1. “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

  1. […] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

  1. “[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

  1. “[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

  1. Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

  1. “El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

  1. “[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

  1. “Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

  1. “El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

  1. “La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

  1. “En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

  1. “La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

  1. Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

  1. “Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

  1. “Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

  1. “Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

  1. “La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

  1. “El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.

Informe legislativo del FEES y autonomía universitaria – hoy en Radio Universidad

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.

Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.

Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales

La autonomía universitaria y el dictamen de la Comisión Legislativa sobre el FEES

José María Gutiérrez (*)

El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos. Estos cambios son urgentes y deben gestarse por las mismas universidades, en lo que tienen responsabilidad la dirigencia y las comunidades de estos centros de educación superior.

Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública. Este informe requiere ser analizado de manera crítica por parte de la misma Asamblea Legislativa, las comunidades universitarias y la sociedad en general, dada la importancia de estas instituciones de educación superior en la vida del país. En este contexto, es conveniente primero reflexionar sobre los conceptos de universidad pública y de autonomía.

¿Qué es una universidad pública?

Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas, se estudian temas de muy diverso tipo y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Por ser centros de creación de nuevo conocimiento, inciden decisivamente en las sociedades que las amparan. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.

Por su carácter integral, crítico y humanista, las universidades públicas son esenciales para las sociedades. Estas requieren de estos centros de pensamiento diverso y de creatividad permanente, los cuales atienden temas y problemas urgentes del presente, pero también apuntan sus luces hacia el futuro, contribuyendo a buscar y marcar senderos por donde se forje un mejor porvenir para la colectividad. Además, tienen la misión de formar profesionales que sean no solo competentes técnicamente, sino también personas integrales, humanistas, críticas y socialmente responsables.

Por ello, la universidad pública no puede estar al servicio de grupos de poder y de sectores económicos o políticos particulares. Sus rumbos se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Estos centros de educación superior tienen la misión de ser un espacio de pensamiento y acción que no se supedita a los poderes fácticos, lo cual es garantizado por la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.

La autonomía de las universidades públicas se encuentra asediada en el mundo y, en particular, en América Latina. Hace poco más de un siglo, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, en Argentina, gestó un cambio profundo en su universidad, lo que se denominó la Reforma de Córdoba, que luego se extendió por todo el continente. La autonomía universitaria en América Latina surgió, en buena medida, a partir de este hito. En Costa Rica la autonomía tiene rango constitucional, lo cual ha sido clave para defenderla de quienes pretenden que estas instituciones estén al servicio de sus intereses.

Discusiones recientes en Costa Rica sobre el concepto de autonomía han llevado a banalizar este precepto, al caricaturizarse este valor fundamental y hacerlo ver como un interés de estas casas de estudio de ser ‘repúblicas independientes’ y de no dar cuentas a la sociedad. Aunque esto está lejos de ser cierto, dicha banalización ha contribuido para que sectores no aquilaten la relevancia de la autonomía como requisito para que la universidad pueda cumplir el papel estratégico que tiene en la sociedad.

El ejercicio de la verdadera autonomía universitaria puede desnaturalizarse en el interior mismo de estas instituciones, cuando se emplea para defender privilegios, para generar zonas de confort que no responden a las necesidades de la sociedad, y para evadir la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer. En este sentido, la autonomía no puede ser autarquía irresponsable. Por el contrario, la autonomía es un valor fundamental que garantiza que las universidades puedan desarrollar sus actividades esenciales de creación y transmisión de conocimiento, y de aporte diverso a la sociedad, en un marco de libertad, pluralidad y autodeterminación.

La autonomía bajo acecho: el presupuesto

Debido al enorme potencial académico, cultural, económico y social de las universidades públicas, su autonomía siempre ha sido una piedra en el zapato para los grupos de poder en América Latina. Las universidades en la región están sufriendo embates que procuran cooptarlas para los intereses de grupos particulares, y conducirlas por la lógica mercantil que domina nuestras sociedades. Hay diversas formas de debilitar la autonomía, y con ello reducir el espacio de amplitud académica y social de estas instituciones.

La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de desnutrir a estas instituciones es debilitando su presupuesto, al que tienen derecho constitucionalmente, lo que trae como consecuencia la reducción de su contribución a la sociedad; hay múltiples ejemplos de lo anterior en América Latina. Hemos visto con enorme preocupación el ataque violento al financiamiento de las universidades federales brasileñas. El año pasado fuimos testigos de un hecho sin precedentes en nuestro país, cuando el Ministerio de Hacienda modificó la asignación de las partidas del presupuesto de las universidades. No son hechos casuales, se trata de una tendencia en toda la región.

El estrujamiento presupuestario tiene otro corolario: dirige las universidades hacia la lógica del mercado, es decir, a violentar aspectos esenciales de su carácter público para centrar muchas de sus acciones en la búsqueda de financiamiento mediante el vínculo remunerado con el sector externo. Se plantea con frecuencia en nuestro medio la idea de desarrollar modelos universitarios de carácter mercantil que han sido fuertemente criticados en universidades del primer mundo donde se han implementado, por haber contribuido a una privatización solapada de estas instituciones y a un deterioro del ethos universitario.

Si el presupuesto universitario se centrara, cada vez más, en estos vínculos remunerados externos, ello conduciría indefectiblemente al fortalecimiento de ciertas áreas y al debilitamiento de aquellas que, por su naturaleza, no puedan generar recursos por esa vía. Se quebraría entonces la integralidad del desarrollo universitario, para detrimento no solo de la academia, sino del país. Las universidades, como una de sus formas de relacionarse con la sociedad, pueden establecer estos vínculos que promueven el desarrollo económico del país y a la vez le generen recursos frescos. Pero esta no puede ser la ruta por la cual procuren su estabilidad financiera de cara al futuro. El presupuesto de las universidades públicas ha de tener fundamentalmente origen público.

Las universidades no deben centrarse en una visión economicista del desarrollo

Otro ingrediente que gravita con fuerza en las discusiones actuales sobre las universidades públicas se centra en una visión del desarrollo de los países y de las personas, y de cómo las universidades pueden aportar al mismo. Existe una visión predominante de carácter economicista y reduccionista. Se hace equivaler el desarrollo y el bienestar al crecimiento económico y, para ello, se conmina a las universidades a establecer fuertes vínculos con el sector privado como un eje central del quehacer institucional.

Se trata de una visión que se ha convertido en una especie de ‘sentido común’ para los sectores políticos y económicos hegemónicos en la región y en Costa Rica. Se asume que la relación de la universidad con su entorno societario debe priorizar ese contacto con el sector productivo privado, perdiendo de vista que estas instituciones tienen una amplísima gama de relaciones en diversos ámbitos. El bienestar de un país es mucho más que el crecimiento económico, ya que tiene un carácter multidimensional. Esta priorización se observa en la forma como se visualiza la formación profesional, concibiéndose como capacitación principalmente técnico-académica. No se da la importancia que merece a la formación de personas integrales, forjadas en el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

Esta visión reduccionista desmerece el aporte de disciplinas que no tienen directamente que ver con el desarrollo económico y las necesidades del mercado. Al hacerlo, desvirtúa un elemento esencial del desarrollo de las sociedades y de la universidad como centro de pensamiento y formación integral, cual es la importancia del cultivo de una gran cantidad de disciplinas, independientemente del impacto económico de las mismas. Es precisamente la autonomía universitaria la que permite que estas casas de estudio mantengan un desarrollo integral de variadas ramas del conocimiento, resistiendo las corrientes que tratan de cooptarlas para intereses estrechos.

Vale decir, además, que no es correcto afirmar que las universidades aportan poco al desarrollo económico del país, lo cual no tiene un sustento válido. Podemos citar múltiples ejemplos de vínculos fuertes entre los grupos universitarios y el sector productivo; la información que sustenta lo anterior es fácilmente accesible. Se puede hacer más en ese ámbito, pero se hace bastante. Fomentar este prejuicio por diversos medios tiene un efecto negativo en la percepción que de las universidades tiene la comunidad.

Un peligro de estos planteamientos es que los mismos sirven de base para sugerir que la asignación de presupuesto a las universidades esté condicionada a que estas se ajusten a lo que se considera que son ‘las prioridades del país’. Cabe preguntar, ¿cuáles prioridades?, y ¿cómo se establecen? Existen visiones variadas de las rutas que puede seguir el país, y no necesariamente lo que plantean los sectores políticos y económicos dominantes es la única salida al futuro. Es ahí donde la autonomía de las universidades les permite discutir alrededor de las propuestas que se plantean y sus aspectos benéficos y perjudiciales para el colectivo social, y tomar así sus propias decisiones en cuanto a su quehacer.

Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Autonomía no es autarquía y las universidades requieren responder a la sociedad y a sus requerimientos de manera dialógica. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad son las que establecen los sectores políticos y económicos dominantes. Esos sectores tienen sus prioridades, pero existen muchos otros actores sociales, comunitarios, productivos e institucionales a los que las universidades se deben con su trabajo.

El informe y las recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES

Con base en estas reflexiones generales acerca de la naturaleza y esencia de las universidades públicas, caben las siguientes consideraciones con respecto al dictamen de mayoría de la Comisión Especial Legislativa que estudió la administración del FEES.

  • Más allá de la urgencia de hacer reformas en los sistemas salariales universitarios, lo cual debe ser efectuado con urgencia al interior de estas instituciones, el informe tiene grandes limitaciones en las concepciones que maneja de lo que es una universidad pública, a lo cual se suma una percepción muy estrecha de las visiones de desarrollo y bienestar. Se agrega a lo anterior una carga de estereotipos con respecto a las universidades públicas, reflejados en descripciones muy sesgadas, parciales e infundadas de lo que aportan estas instituciones al país. Como consecuencia, el diagnóstico global que se hace en el documento es deficitario.
  • La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores, y se toma en cuenta la situación fiscal del país. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán. Este sería un paso muy peligroso para la educación superior pública costarricense.
  • A lo largo del documento se percibe una concepción particular de lo que la comisión entiende por desarrollo y bienestar. Se trata de una visión de carácter predominantemente economicista, la cual asume como verdades establecidas aspectos que han sido cuestionados en muchas latitudes, ya que pierden de vista la multidimensionalidad del concepto de bienestar. En buena medida, el informe concentra el aporte universitario a su relación con el sector productivo privado y deja de lado un amplio espectro de proyecciones de estas instituciones a la sociedad. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, como se desprende del dictamen, se está afectando directamente la autonomía universitaria.
  • El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria. Los destinos de los fondos del FEES se establecen, por precepto constitucional, en el seno de las mismas universidades y no pueden estar condicionados por el gobierno. Se puede discutir y consensuar al interior de la Comisión de Enlace, pero no condicionar.
  • La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Se critica fuertemente al Plan Nacional de Educación Superior (PLANES) y se dice que está “desconectado de las necesidades del país y de las regiones”, lo cual es una generalización que no contribuye a un análisis objetivo de los hechos. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad; los planes de desarrollo no pueden ser una camisa de fuerza para estas instituciones.
  • La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea. Esta recomendación, por ende, no cabe.
  • Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades, y dicha coordinación existe en gran medida. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.

En conclusión

Pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente. Las comunidades universitarias y la sociedad en su conjunto deben estar muy claras del peligro que muchas de estas recomendaciones entrañan para estas casas de estudio y, dada la relevancia de estas instituciones, para el país en general.

La ‘universidad del futuro’, para usar un término presente en el informe legislativo, sería aquella que mantenga su capacidad de desarrollo integral en una gran cantidad de campos del saber, que genere profesionales competentes, y a la vez críticos y socialmente comprometidos. Que sea centro de reflexión crítica permanente, y que se proyecte a la sociedad ofreciendo respuestas a los problemas del presente, pero atisbando los senderos futuros por los que transitemos hacia formas de convivencia más equitativas y justas, en el marco de una autonomía fortalecida. La ‘universidad del futuro’ debe responder a las necesidades de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. En estos momentos de crisis es indispensable defender a ultranza los fundamentos esenciales de las universidades públicas y, muy particularmente, su autonomía.

(*) José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
(jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

 

Imagen de portada: Semanario Universidad.

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FEUNA: “Innovar y reformar presupuesto para defenderlo”

“Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional hemos insistido en generar cambios estructurales para mejorar la inversión en lo estratégico”, afirmó Noel Cruz, presidente de esta agrupación estudiantil, quien es enfático en que los cambios que sugiere la comisión legislativa que analiza y estudia el FEES deben surgir a lo interno de las universidades, en ejercicio pleno de la autonomía.

El dirigente estudiantil explicó que desde la Feuna consideran fundamental que las universidades públicas, y la UNA en particular, generen acciones contundentes que garanticen la sostenibilidad financiera y la posibilidad de invertir en lo estratégico, incluyendo un plan de fortalecimiento del Fondo de Becas Estudiantiles, atención al modelo de regionalización, modernización de la oferta académica y atención de la condición de interinazgo del sector académico.

“La mejor manera de defender el presupuesto universitario es innovando y reformándolo”, subrayó.

En su criterio, esto es necesario para poder atender las necesidades actuales de nuestra sociedad costarricense frente a una crisis inminente.

La posición del presidente de la Feuna es compartida por Andrea Carazo y Darío Segura, ambos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario de la UNA.

“Hemos sido contundentes en que el estado y las instituciones públicas exigen cambios que les permitan atender las necesidades actuales de la sociedad”, aseguró Carazo.

Además, recalcó que en el marco de la autonomía universitaria, la Feuna ha propuesto un ejercicio de autocrítica en la distribución del presupuesto universitario, para que se continúe atendiendo a los sectores más vulnerables a través de prioridades: las becas estudiantiles, regionalización, derechos humanos y calidad académica.

Por su parte, Darío Segura considera que la defensa del presupuesto universitario tiene que pasar por una revisión interna, haciendo los ajustes necesarios y correspondientes, específicamente en partidas salariales, con el fin de mejorar las condiciones y oportunidades que se le ofrecen al sector estudiantil.

Por una reforma a lo interno

Los líderes estudiantiles recordaron que desde 2018, la Feuna presentó una agenda de reforma y reestructuración universitaria a las autoridades (#LaUQueMerecemos), desde una perspectiva autocrítica de la gestión universitaria.

La propuesta se presentó con la intención de ser una federación propositiva ante los retos país que enfrenta nuestra sociedad, con la convicción de que la educación pública es necesaria para reducir las brechas de desigualdad.

Después de casi dos años, los representantes de la Feuna sostienen que aún no se han tomado medidas contundentes que atiendan la sostenibilidad financiera, una claridad sobre la innovación de la oferta académica y un modelo de regionalización.

“Esa ha sido la postura política que la Feuna ha promovido en todos los espacios, incluida la comisión legislativa que analiza y estudia el Fees”, reitera Noel Cruz, presidente de la agrupación estudiantil de la UNA.

No obstante, Cruz reiteró que los problemas señalados por la comisión legislativa deben de ser atendidos por las propias instituciones de educación superior, en el ejercicio de la autonomía universitaria.

“Consideramos peligrosas algunas declaraciones que han surgido de esta comisión, ya que pueden rozar con los principios constitucionales y la autonomía universitaria”, subrayó el presidente de la Feuna.

Insistió en que desde la agrupación estudiantil defenderán los principios resguardados por la Constitución Política; “rechazamos cualquier intento que violente los principios constitucionales y debilite la autonomía universitaria”.

Añadió que la actual crisis por la covid-19 ha dejado en evidencia el rol clave de las universidades públicas para nuestra sociedad, por lo cual, de este contexto las universidades deben salir fortalecidas, como una estrategia país para reducir la desigualdad. “Eso inicia por decisiones que permitan garantizar el uso de recursos a lo interno en las áreas estratégicas”, resaltó.

Cruz anunció que próximamente la Feuna propondrá otra serie de medidas a distintas autoridades, con la intención de concretar acciones sobre la línea de la sostenibilidad financiera y con esto dar señales a la sociedad costarricense que indiquen que las universidades y las instituciones públicas sí pueden emprender la ruta de reforma interna.

 

 Información enviada a SURCOS por la Oficina de Comunicación UNA.

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Cerco mediático, censura y posverdad

Organización Política Carmen Lyra

Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.

Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.

La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.

A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.

Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?

Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.

Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.

Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.

¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!

 

Enviado a SURCOS por Fernando Bermúdez.

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Marcha por derecho a educación superior pública

Desde distintos espacios del movimiento estudiantil se convoca a una marcha por la defensa del derecho a la educación superior pública. La movilización surge «ante la insistencia de los sectores que favorecen la privatización de la educación y la injusticia tributaria al recortar el Fondo Especial para la Educación Superior, al mismo tiempo, violan la autonomía universitaria al definir partidas para el destino de los fondos».

Compartimos distintos afiches que circulan con la convocatoria y los detalles.

Información compartida con SURCOS por Angélica Alvarado Barrantes, Mauricio Álvarez Mora y Alberto Gutiérrez Arguedas.

Invitan a comunidad universitaria a defender educación superior pública – pronunciamiento

Pronunciamiento de un grupo de docentes de la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, en relación con la coyuntura política nacional y universitaria

San Ramón, Costa Rica

12 de noviembre 2019

A la comunidad universitaria de la Sede de Occidente, la Universidad de Costa Rica y demás Universidades Públicas de Costa Rica

A la sociedad costarricense en general

● El pueblo costarricense está viviendo momentos difíciles. Luego de tres décadas de implementación de políticas neoliberales, Costa Rica se encuentra actualmente dentro de los diez países con mayor desigualdad social y concentración de la riqueza en el mundo.

● Es posible percibir, sobre todo a partir de 2018, una profundización del proyecto neoliberal en Costa Rica, cuya más clara manifestación fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580, mediante la cual se materializó una reforma fiscal con notable orientación regresiva. De hecho, como parte de esta reforma, se abre la posibilidad de aplicar la Regla Fiscal, la cual autoriza el recorte del presupuesto de instituciones públicas. La mencionada ley fue impuesta desde el Gobierno de manera autoritaria y vertical, desconsiderando la amplia oposición popular en contra de la misma.

● Además de la reforma fiscal, se han venido impulsando otras iniciativas que amenazan con lesionar derechos fundamentales del pueblo costarricense, como por ejemplo los proyectos de ley No.21.049 y 21.097, los cuales buscan prohibir el ejercicio de las huelgas en el sector público y amenazan con la disolución de sindicatos.

● Tanto la reforma fiscal, como los proyectos de ley “anti-huelgas”, entre otras iniciativas, más allá de simples reformas jurídico-legales, representan un intento por imponer un nuevo “pacto” social en favor de los intereses de oligarquías político-económicas, nacionales y transnacionales. Este proyecto implica un estrangulamiento del Estado Social de Derecho y del ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad costarricense, dicho sea de paso, derechos arduamente conquistados en épocas pasadas a través de luchas sociales.

● En este contexto, se viene gestando un grave ataque en contra de las universidades públicas costarricenses, cuyo papel en la sociedad costarricense es y ha sido fundamental. Para legitimar estos ataques, se ha dado a través de los principales medios de comunicación nacionales una campaña sistemática y fraudulenta para desprestigiar estas instituciones en la opinión pública.

● El más grave y amenazante de estos ataques es el “redireccionamiento” de 70 mil millones de colones en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020, el cual fue presentado por el Ministerio de Hacienda a Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional para el próximo año.

● Este “redireccionamiento” implica que 70 mil millones de colones del FEES fueron clasificados como “gastos de capital”, es decir, como aquellos gastos que se realizan una única ocasión y que no son permanentes, como por ejemplo, construcción de infraestructura. En la práctica, significa que estos recursos no pueden ser utilizados para “gastos corrientes”, tales como becas estudiantiles, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, todas ellas actividades fundamentales del quehacer universitario.

● Más que un “redireccionamiento” del presupuesto, estamos frente a un flagrante atropello del principio de la Autonomía Universitaria, reconocido en la Constitución Política de Costa Rica en sus Artículos 84 y 85. Como parte de la autonomía que le reconoce la Constitución, las universidades públicas gozan de total independencia y criterio propio para definir en qué rubros o actividades destinan sus recursos.

● Vale mencionar, como antecedente, que ya la Asamblea Legislativa había hecho un recorte de 10 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para el año 2019, el cual implicó medidas de contención del gasto a lo interno de estas instituciones, con impactos sensibles sobre el quehacer universitario. Si bien la Universidad de Costa Rica presentó una Acción de Inconstitucionalidad sobre este hecho, mientras no haya una resolución al respecto, la institución se ve imposibilitada hacer uso de dichos recursos.

● A raíz de este ataque en contra de las universidades públicas, se puso en marcha una fuerte movilización estudiantil, la cual inició desde mediados del mes de octubre y se mantiene, con altos y bajos, hasta la fecha. A lo largo de este proceso, las y los estudiantes universitarios han protagonizado diversas acciones de lucha organizada, entre ellas, la toma de edificios en diferentes sedes y recintos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional.

● Asimismo, el día 22 de octubre se realizó una masiva marcha en San José, con amplia participación de la comunidad universitaria, proveniente de diferentes regiones del país. Ese día se reunieron, en Casa Presidencial, miembros del Gobierno con los rectores de las universidades públicas y representantes de las federaciones estudiantiles, con el fin de re-negociar los términos del FEES para el año 2020. Los resultados de dicha negociación quedaron reunidos en un acuerdo, publicado ese mismo día, en el cual el Gobierno reconoce la potestad de las universidades públicas de utilizar sus recursos según el principio de la Autonomía Universitaria.

● No obstante, consideramos que este acuerdo es insuficiente y engañoso, en primer lugar, porque no es legalmente vinculante; a lo sumo, es una muestra de “buenas intenciones” por parte del Gobierno, del cual hay razones de sobra para desconfiar. Además, para poder hacer realidad los términos del acuerdo, se está en función de terceros, es decir, de actores que no estuvieron presentes en la negociación, específicamente la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, cuyo accionar reciente ha demostrado un alto grado de hostilidad en contra de las universidades públicas.

● Frente a este escenario, complejo y lleno de riesgos, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y reflexión, tanto a lo interno de la universidad, como con otros sectores sociales. El conflicto se encuentra abierto e indefinido, motivo por el cual debemos mantenernos informados(as), politizados(as) y movilizados(as) como miembros de la comunidad universitaria, en defensa de nuestros derechos.

● En relación con la situación específica de la Sede de Occidente y la toma de edificios por parte de la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente -AGASO-, manifestamos la urgente necesidad de establecer canales de diálogo y negociación entre las diferentes partes (movimiento estudiantil, cuerpo docente-administrativo y Dirección), con el fin de encontrar una resolución lo más rápido posible.

● Somos conscientes que la comunidad universitaria es heterogénea y que existen diferentes visiones y posicionamientos dentro de ella, así como diferentes formas de praxis política. Asimismo, reconocemos que a lo interno de nuestra institución también se reproducen desigualdades e injusticias, tanto en términos del régimen salarial (funcionarios propietarios e interinos), como en términos de la asimetría entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales, entre otros. Mucho se puede hacer, a lo interno de la universidad, para distribuir el presupuesto de manera más equitativa y sensata.

● No obstante, más allá de las diferencias que existen dentro de la propia universidad, consideramos fundamental, en este momento en específico, no perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos: los sectores de poder político-económico que pretenden debilitar y privatizar la educación superior, tendencia que se puede observar en toda América Latina. Esta unión es necesaria para tener mayor claridad política de hacia dónde direccionar nuestros esfuerzos y nuestra lucha.

● Urge salir de la universidad e ir a las calles, así como incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública, para presionar en aquellas instancias que finalmente decidirán sobre el destino de todos(as) nosotros(as). A más tardar el 30 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa decidirá el presupuesto nacional para 2020, lo cual significa que durante el mes de noviembre debemos hacer todo lo posible por defender el presupuesto y la autonomía universitaria en este espacio.

● Invitamos a la comunidad universitaria en general, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, a luchar activamente en defensa de la educación superior pública. De ello depende nuestra propia sobrevivencia.

FIN DEL PRONUNCIAMIENTO

Firman:

María de los Ángeles Acuña León

Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Lissy Villalobos Cubero

Eduardo González Ayala

Jorge Marchena Sanabria

Alberto Gutiérrez Arguedas

José Mora Calderón

Alexia Ugalde Quesada

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas

Manifestación artística este lunes 28 en Puntarenas

Estudiantes de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica promueven una manifestación artística este lunes 28 en Puntarenas.

Mediante el siguiente comunicado hacen el llamado:

“Como bien saben, un considerable número de población estudiantil ha llegado al día 12 de la toma en las instalaciones de El Cocal. En este proceso se ha contemplado diversos escenarios para reforzar la lucha y obtener las respuestas necesarias con mayor prontitud. Esta lucha busca el derecho a la educación no solo de las y los estudiantes de la Sede sino de toda la futura población, niñas y niños como los de Juanito Mora, Cóbano, Esparzol, entre otras comunidades que se han visto involucradas positivamente con la Universidad.

Esta lucha se acordó llevar de la mano de la Asociación de Estudiantes, SINDEU y el Movimiento Estudiantil de la Sede del Pacífico puesto que en la agenda permanente de la toma se tiene la conciencia que las afectaciones tanto como los logros en el momento de levantar la toma pasan por las y los profesores, estudiantes y la comunidad puntarenense.

Por ello, hacemos un llamado, para que acompañen al movimiento estudiantil este lunes 28 de octubre del presente año, a unirse en la primera manifestación artística, que se realizará a las 3:00 p.m. iniciando el recorrido en las instalaciones de El Cocal para llegar hasta el Faro de Puntarenas.

Se convoca música, circo, danza y toda expresión artística que desee manifestarse. Se ha convocado a la comunidad en general y ya se ha recibido una respuesta positiva por parte de algunos sectores».

NOS VEMOS EN ESTA LUCHA, EN UNIÓN PACÍFICA. PACIFICO RESISTE.

¿Ahora que sí nos ven?

Los movimientos estudiantiles latinoamericanos se han caracterizado por la resistencia frente a gobiernos de corte neoliberal-conservador, así como las mujeres estudiantes nos hemos caracterizado por la resistencia frente, no solo a estos gobiernos, sino, a los movimientos mismos, autónomos o no, de corte misógino-heteropatriarcal. La lucha por el FEES se une a la lista de denuncias que como mujeres hemos demandado a lo interno de las universidades públicas costarricenses durante los últimos años. Por tanto, el movimiento estudiantil no empieza y mucho menos termina con los recientes acontecimientos sobre las demandas al presupuesto universitario, muy por el contrario, todxs hemos sido testigxs del levantamiento histórico de movimientos estudiantiles de mujeres en ambientes violentos, repletos de desigualdad y exclusión. 

Hace poco más de un año mujeres, estudiantes de universidades públicas, iniciaron su propia toma: la de los espacios públicos y privados para denunciar la violencia y el abuso, tanto dentro como fuera de las aulas. No, Rectoría no es la primera toma que sucede durante el presente año y por ende, se deben sumar las demandas acaecidas producto del hostigamiento sexual. La declaratoria de estado de emergencia que se anunció el pasado 27 de mayo del 2019 es un precedente en la lucha histórica por la educación pública en nuestro país tanto como lo es el reclamo por la autonomía universitaria.

Más allá de la declaratoria, las estudiantes continuaron alzando sus demandas en torno a los abusos producto de una convivencia social machista, misógina, sexista y heteropatriarcal. Sin embargo, la naturalización de estas prácticas, catalogadas como “culturales” y justificadas por la misma razón, ha generado que a lo interno de los movimientos estudiantiles se acepten acciones donde las mujeres enfrentan el doble de violencia, así como una invisibilización de su accionar político.

Así, la organización estudiantil de las últimas semanas ha irrumpido en la tradición masculinizante de la revolución. Mujeres de las distintas sedes y recintos universitarios han tomado la palabra y el liderazgo en los distintos movimientos, así como han decidido denunciar la violencia en el marco de las demandas al Estado. Sin embargo, en una universidad pública donde, hasta el día de hoy, no se han aceptado las peticiones de la declaratoria de emergencia y en una coyuntura costarricense donde los medios de comunicación son incapaces de resaltar la participación política de las mujeres como un elemento disidente en la lucha por el FEES, ¿cómo resistir la revolución, cuando en una misma se viven dos?

Por ende, ser parte de los movimientos estudiantiles latinoamericanos debe dejar de significar hostigamiento sexual, abuso de poder, recargo de funciones, imposición de roles de género, invalidación de la palabra y descuido personal. Asumirse parte de la lucha por las universidades públicas no nos deja exentas de asumirnos parte de espacios que, mientras buscan acabar con los recortes presupuestarios, acaban por ignorar, cubrir y desmentir actitudes abusivas sobre las mujeres. Por tanto, en medio de las resistencias en torno a la educación pública denunciamos rebeldía libre de violencia y exigimos desmantelar la exaltación de revoluciones que ocultan abusos cometidos hacia las mujeres, ¿ahora sí nos ven?

Mónica González
Estudiante de Sociología Universidad Nacional

¡La lucha por la educación pública

será feminista o no será!

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas traslada lucha a otros espacios

26 de octubre del 2019 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

Comunicado sobre toma del Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales -Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (AECP)

Debido a la situación relacionada a la toma del edificio de Ciencias Sociales, incentivada por el cierre de las distintas unidades académicas y propiciada por las mismas Asociaciones de Estudiantes de la Facultad y por todo el conglomerado del Movimiento Estudiantil Universitario, tenemos el deber y la responsabilidad con la comunidad estudiantil de mantener una comunicación asertiva y transparente con respecto a la toma de decisiones y posicionamientos de la Junta Directiva y Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil de la AECP.

Cabe destacar que desde el inicio hemos utilizado los medios a nuestro alcance para llevar a cabo, tanto dentro como fuera del edificio, las labores como representantes de Ciencias Políticas, sin embargo, el Movimiento Estudiantil es autónomo, por lo cual nuestra representatividad y reconocimiento dentro del mismo pasa a un segundo plano.

Desde la AECP hemos mantenido un constante diálogo entre las y los asociados dentro de la toma, en busca de una articulación satisfactoria de las personas involucradas para promover un espacio ameno, por lo que se ha llegado a la conclusión de la necesidad de un plan de acción estratégico, el cual se llevará a cabo a partir de este momento, con el fin de realizar una labor tanto a nivel interno de la toma como a nivel externo de la misma.

Es por esto que como Junta Directiva reconocemos el esfuerzo, trabajo y dedicación de cada una de las personas que han aportado durante este periodo de suma importancia para el Movimiento Estudiantil.

La toma y cierre del edificio representa un medio, más no un fin para los múltiples objetivos propuestos por el Movimiento, además, tomando en cuenta que la población estudiantil pasiva y activa de Ciencias Políticas es de aproximadamente 1098 personas, consideramos pertinente velar por el bienestar de la totalidad de las y los asociados, tanto dentro como fuera del espacio de la Facultad.

Por ende, en decisión unánime, desde la Junta Directiva y Representantes ante el Consejo Superior Estudiantil de la AECP se ha acordado trasladar la lucha a otros espacios, tomando en cuenta que la población estudiantil en su gran mayoría se encuentra fuera del edificio e inactivo en la toma de decisiones dentro del mismo, por lo cual buscamos incentivar la participación colectiva entre la comunidad universitaria, además, acotamos que seguiremos participando activamente de todos los espacios como estudiantes de la Facultad, acuerpando a las y los compañeros en las distintas formas de lucha.

Se acuerda en asamblea interna de estudiantes de Ciencias Políticas dentro de la toma, que tres personas quedarán a cargo del espacio físico, esto con el fin de hacer uso de los distintos bienes de la AECP como su derecho de asociadas y asociados así lo dicta. Esto ya que se reconoce que todas y todos somos la AECP y continuamos en lucha por nuestros derechos estudiantiles, sin embargo, destacamos la importancia de una coordinación del plan operativo de la gestión 2019 – 2020 luego de esta coyuntura, con el fin de integrar con objetivos claros y acciones concretas el bienestar de la población estudiantil de Ciencias Políticas.

Dicho esto nos comprometemos a un constante apoyo y trabajo en bienestar de todas y todos, trabajando desde lo externo del edificio para fortalecer la lucha realizada con gran entusiasmo desde el edifico de la Facultad de Ciencias Sociales.

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas AECP

Publicado el 26 de octubre del 2019 en la página de Facebook de la AECP