Haciendo memoria de la historia, de los caídos y los que nos mantenemos en proceso de reivindicación de los derechos y la vida de los pueblos.
Reafirmamos desde una construcción colectiva de los pueblos, mediante almuerzos comunitarios la agenda propia de los pueblos indígenas.
En medio de los procesos de asimilación y enajenación sistemática del gobierno contra los pueblos, mediante sus acciones planificadas y financiadas, lo cual no fortalece la autonomía y territorialidad de los pueblos.
Citamos algunos hechos agresivos que nos viola y amenaza: construcción centralizado de reglas, directrices, cambios de decretos de financiamientos forestal, someter a los pueblos en los negocios de carbonos REDD+, desfinanciamiento de planes sobre las necesidades, construcciones de líneas de acciones sobre las políticas públicas, plan RTI sin resultados significativos, la falta de adopción de medidas administrativas, como acciones afirmativas, en favor de los derechos de los pueblos, en todos los poderes del estado, incluyendo al Tribunal Supremo de Elecciones, robos de identidades, incluso cambiando códigos propios de los pueblos, para beneficiar usurpadores de tierras e identidad, ataque de nuestra espiritualidad por parte de las iglesias y los asesinatos impunes de los dirigentes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera. Estos procesos irrespetando derechos fundamentales y omitiendo la responsabilidad del Estado.
Denunciamos la violenta agresión de interpretación del poder judicial en las resoluciones contrarias al derecho territorial de los pueblos como el caso de Hilda usurpadora de Territorio Térraba.
Este colectivo insistimos en la agenda propia construida desde el COIN–Congreso Indígena Nacional, del 08, 09 y 10 de agosto del 2019, construido desde la palabra, propuestas y recomendaciones de las comunidades de los pueblos, en espacios denominados PreCOIN.
El COIN acordó la agenda indígena nacional, que componen los derechos y ejes prioritarios: derecho a las tierras y territorio, la espiritualidad como eje transversal de toda acción, salud y derecho propio, soberanía alimentaria, recuperación de las áreas naturales, reivindicar el idioma y la identidad propia, restablecer las estructuras organizativas y de gobernanza de los pueblos, protección y derecho al agua. Mediante los cuales se instala la autonomía y autodeterminación.
Inspirados en el proyecto de vida de los pueblos, consagrados en los derechos y legislaciones sobre los pueblos, nuestra lucha es colectiva, es por el bien común, es por las mínimas condiciones y respeto a los derechos, seguiremos reafirmando y posicionando, en el estado derecho que añoramos y que debe asumir desafíos.
#SergioRojasVIVE #JerhyRiveraVIVE ¡La lucha sigue y se extiende!
Complejo de oficinas del Programa de Cooperación y área administrativa de la Planta Procesadora de Palmito.
Piedras Blancas, Puntarenas – En un grito por la autonomía y el desarrollo comunitario, la Cooperativa Agrícola Agricoop R.L. en Piedras Blancas, Puntarenas, alza la voz para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Con más de 20 años de presencia en la zona, las instalaciones que albergan la Planta Procesadora de Palmito y su complejo de oficinas son el epicentro de una lucha que va más allá de los límites físicos de la cooperativa. Así se desprende de una conversación de Tatiana Chaverri Rodríguez con SURCOS.
Además, en una publicación reciente en su página de Facebook, Agricoop R.L. cuestionó la necesidad de solicitar permisos para acceder a sus propias instalaciones, comparando la situación con el concepto de entrar a su propia casa, en una comunidad que ve en estas estructuras el motor de su desarrollo y progreso.
«Nos salimos del juego y la manipulación en la que IDA (hoy Instituto de Desarrollo Rural, Inder) ha sometido por años a la Cooperativa. No se renueva ningún permiso de lo que es nuestro», expresaron en la publicación evidenciando la necesidad de respeto su autonomía y derecho al patrimonio.
Detrás de este enfrentamiento legal y burocrático, se encuentra una historia que se remonta a más de dos décadas atrás. Las instalaciones fueron creadas para el procesamiento de palmito, en un momento crucial para la comunidad tras la salida de la Bananera. En un acto de cooperación con la CEE (organismo de la Unión Europea), se gestó el Programa de Desarrollo Rural (PDR) Osa Golfito, con el propósito de dotar a las organizaciones locales de las herramientas e infraestructuras necesarias para su crecimiento.
Planta procesadora de palmito construida para Industrias Palmitos del Sur SA posteriormente Agricoop Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur RL.
Sin embargo, a pesar de las promesas y acuerdos establecidos, las instalaciones permanecen en un limbo legal, sin que se cumpla el compromiso de entrega por parte del gobierno costarricense. El problema es que este abandono no solo afecta a la cooperativa, sino que tiene un impacto directo en las comunidades circundantes.
Según Tatiana Chaverri Rodríguez, representante de Agricoop R.L., el rezago económico y social en el cantón de Osa, específicamente en Piedras Blancas, es evidente. Con una población de 4530 habitantes y una falta notable de fuentes de empleo e inversión pública, el abandono de estas instalaciones representa un golpe devastador para la región.
«La falta de entrega de estas instalaciones ha tenido un impacto significativo en nuestras comunidades», continuó Chaverri Rodríguez. «Según datos del Inec, el cantón de Osa, y en particular Piedras Blancas, enfrenta un fuerte rezago económico y social. La falta de empleo e inversión pública afecta directamente a nuestros habitantes, quienes se ven privados de oportunidades de desarrollo».
Al abordar la razón detrás del abandono de las instalaciones, Chaverri Rodríguez señaló: «Las abandonaron para evitar entregar los activos a la cooperativa. Agricoop fue sometida a la inseguridad jurídica con la intención de desaparecer o entregar las instalaciones a grupos alineados con ciertos intereses». En el monumento erigido en las instalaciones, el cual agradece el aporte de la Unión Europea al desarrollo local, se encuentra una prueba tangible del derecho de Agricoop R.L. sobre estas tierras, así como la placa que conmemora la fundación de estas instalaciones desde el 5 de enero de 1991.
Sin embargo, Agricoop R.L. no se rinde ante esta adversidad. Con una visión clara de desarrollo regional, han propuesto iniciativas que no solo beneficiarían a la cooperativa, sino que tendrían un impacto positivo en toda la comunidad. Enfatizan su papel como productores de fibra de abacá, un material altamente versátil con más de mil usos en la industria y un mercado prometedor en Europa. De contar con las instalaciones, establecerían un centro de acopio y valor agregado de abacá, lo que no solo generaría múltiples fuentes de empleo, sino también oportunidades comerciales significativas para la región. Adicionalmente, la cooperativa realiza prácticas de reciclaje y compostaje.
Agricoop resalta su participación en el Programa de Descubre de Procomer 2022, otorgándoles una posición privilegiada para impulsar la producción de abacá. Destacan su condición como beneficiarios de una donación de Red de Vinil, destinada a la fabricación de diversos productos como bolsos, delantales, manteles y tapizados, con el fin de generar ingresos para las mujeres de la cooperativa. Además, han firmado un convenio con el MICITT para establecer un Centro Comunitario Inteligente, conscientes de la amplia brecha digital en la zona.
En términos de iniciativas comunitarias, la cooperativa está activamente involucrada en la organización de una feria comunitaria para apoyar a emprendedores y agricultores locales, y cuentan con un área de cocina para formalizar iniciativas gastronómicas; así como en la gestión de capacitaciones en conjunto con el INA para fortalecer las capacidades de la población circundante. Entre otros aspectos, tienen su papel como Punto Seguro Inamu, brindando apoyo a mujeres que sufren acoso callejero, y su alianza con Sula Kaska Agricoop para desarrollar un proyecto de cacao que busca rescatar el valor nutricional, cultural y ecológico del cultivo en la zona.
Todas estas iniciativas, que abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, podrían estar en pleno funcionamiento si el Inder cumpliera con su obligación. Agricoop R.L. hace un llamado urgente al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y a las autoridades competentes para que cumplan con su compromiso y entreguen los predios e instalaciones que legítimamente les pertenecen. Solo así, afirman representantes de Agricoop, podrán desatar todo el potencial de desarrollo que yace latente en la región.
La lucha de Agricoop R.L. va más allá de la defensa de unas instalaciones. Es la lucha por el derecho a un futuro digno, por la autonomía de una comunidad y por el desarrollo sostenible de una región olvidada.
Compartido con SURCOS por Tatiana Chaverri Rodríguez – Agricoop R.L. y por Renier Canales Medina.
El pasado 10 y 11 de febrero, miembros del Concejo Ditsö Iríria Akjunok Wakpa de Salitre, Consejo Iríria Sätkök de Yabamï Di Kata (Cabagra), Finca San Andrés de Térraba compartieron con recuperadores del Territorio Cabécar de China Kichá en una sesión de trabajo de la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
De esta forma, la CLSS comparte: “En este 2024 continuaremos con la recuperación de los territorios que nos pertenecen, construyendo autonomía, mejorando nuestra calidad de vida y economías, cuidando a Iríria, luchando por el acceso a la justicia y ejerciendo nuestros derechos”.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
Mesa de negocación de la comisión de enlace, este 22 de agosto del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores.
Financiamiento de la educación superior pública tendrá un aumento del 2 % para el 2024
Las autoridades universitarias y la representación estudiantil logran la defensa de la Autonomía Universitaria y evitan interferencia del Ejecutivo en la gestión y planificación universitaria
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
Miembros de la Comisión de Enlace previo a conferencia de prensa ofrecida en la noche de este 22 de agosto.
Sólida postura de Conare: Es 8 %
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
Acuerdo FEES 2024 reconoce la inflación
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR) reafirma que la Contraloría ratificó la autonomía institucional de la Caja y ahora el plazo operativo para que se pueda ejecutar el acuerdo de la junta del 08 de septiembre vence el 21 de noviembre.
Se adjunta video del Lic. Óscar Gerardo Cruz Morales, Secretario General del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR)
En el Foro Confluencia Solidaria, la Organización Carmen Lyra le invita a dar su criterio sobre el siguiente concepto de Dignidad.
“Hola! Iniciamos este foro con la siguiente intervención:
La dignidad es el valor de cada persona, un valor que no es monetario, ni material, ya que no puede ser intercambiable o transferido, sino que es intrínseco e inexpropiable, la dignidad es el derecho que posee cada ser humano de ser respetado tanto individual como socialmente. No se puede renunciar a la dignidad, como no se puede vivir sin agua. La dignidad es un elemento base para la humanidad. Hoy enfrentamos un modelo económico que impone ideas y formas donde la dignidad humana parece no tener lugar, enfrentamos tiempos en los que se despoja nuestra dignidad a través del avance permanente en la destrucción de la naturaleza y de las instituciones que han desarrollado a la sociedad costarricense. Defendemos una vida digna donde nadie esté por encima de nadie, indistintamente de su tipo de religión, de su condición económica, sus ideales políticos o su orientación sexual. Una vida donde se respeten los plenos derechos a la libertad y la autonomía de poder decidir, donde se respete la cosmovisión de las personas y los pueblos. Consideramos que es fundamental resguardar los recursos naturales que aún están protegidos y se deben de buscar las formas para poder mejorar todos los espacios que se han degradado; rescatar nuestro entorno es rescatarnos a nosotros mismos, ya que solo tenemos un planeta. Y no es justo que mientras algunas pocas personas acceden a un ambiente limpio en medio de fortalezas amuralladas, una gran mayoría vive sumida en contaminación permanente de los ríos, valles, montañas y playas. Sostenemos que no existe una vida digna sino existe la justicia en los diferentes espacios de nuestro territorio, no puede existir una vida digna mientras unos pocos ganan millones, no pagan impuestos y viven tranquilos; mientras por otro lado una gran mayoría de personas apenas subsiste con unos cuantos colones. Vivir con dignidad es tener acceso a una vivienda, a una alimentación saludable, a una educación de calidad, a tiempo de ocio y a un servicio de salud, sin importar la condición social, económica o geográfica que se tenga. Hoy mientras hay más de medio millón de personas en el país sin el acceso a un salario mínimo, recalcamos la necesidad de que dicha condición no justifica que las personas no tengan acceso a una vida digna.
¿Está de acuerdo con esta definición de Dignidad?
¿Qué otros elementos podrían sumarse a este texto para contar con una Vida Digna?”
Compartimos el cuaderno «Ecofeminismos Decoloniales: Construir Puentes». En este número, se podrá encontrar el artículo «Feminismos en otras palabras: caminos de semilla, defensa del territorio y autonomía», basado en una entrevista a Cindy Vargas Ortiz del Pueblo Brörán de Térraba y elaborado por Ana Marcela Montanaro.
En la semana de las Jornadas de Estudios Ecologistas en el marco del Mes por la Tierra y Contra el Capital, están dedicadas a la Jornada por la memoria y defensa del territorio en memoria de la defensora del territorio, lideresa indígena Lenca del COPINH, feminista y ecologista Berta Cáceres, que al oponerse a un proyecto hidroeléctrico y luchar por la autonomía para su pueblo – territorio fue asesinada por la empresa privada DESA y las fuerzas armadas del estado de Honduras. En esta semana apuntaremos nuestros esfuerzos para conversar con personas de comunidades en lucha por la defensa de su territorio y autonomía, además con activistas ecologistas que nos refrescaran la memoria sobre el movimiento ecologista y la represión que ha recibido por proteger de la tierra, los bienes comunes y la vida digna. Recordando que en la democracia más antigua de Latinoamérica también encarcelan, reprimen, desaparecen y asesinan a les luchadores sociales.
¡Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas!
Ni perdón ni olvido por nuestros compañeros y compañeras: Berta Cáceres, Jairo Mora, Jehry Rivera, Sergio Rojas, Óscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero, David Maradiaga, Óscar Quirós, Viviana Gallardo, Antonio Zúñiga, Luis, Kimberly Blackwell, Diego Armando Saborío, Carlos Fletes y por quienes nos faltan por luchar.
Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.
Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.
La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.
De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.
Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:
Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.
En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos. Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.
La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional le invitar a la tercera actividad del 2021, este martes 13 de abril a las 6:00p.m. Solamente debe ingresar al siguiente enlace:
