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Etiqueta: autoritarismo

De colmillos desafilados y felinos desdentados

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Celebro que en Costa Rica desde hace más de 170 años, tengamos una prensa libre capaz de criticar a sus gobernantes y escribir sobre lo que deseen. Grandes presidentes como Juan Rafael Mora y José Maria Castro Madriz allá por 1850, enfrentaron duros ataques de la prensa, posiblemente muchas veces justificados y en otras no tanto, pero ninguno fue capaz de amenazar y mucho menos cerrar algún medio. Desde los albores de la vida republicana y más atrás, saliendo del periodo colonial, en Costa Rica existían periódicos para una pequeña comunidad que desde muy temprano poseía el germen por la lectura e informarse. Con la independencia, llegó pocos años después prensa libre e independiente como el Noticioso Universal.

Hago este necesario señalamiento, pues gracias a la libertad de prensa e independencia de la misma, nos damos cuenta de matráfulas y actos de corrupción, una vez consumados o evitando que se materialicen, habiendo de por medio enriquecimiento inmoral para algunos pocos y el sonrojo y furia para todos los demás, al ver cómo se festinan las arcas públicas. Guardamos la esperanza de que aún hay periodismo investigativo y decente, que ventile las cosas, que de no ser de esa manera, difícilmente la población se daría cuenta, de la conducta inescrupulosa de unos y otros. La otra forma es a través del control político que ejercen los diputados serios y estudiosos, y las denuncias ciudadanas ante los órganos de control o el mismo Poder Judicial.

Llevo tres años escribiendo en torno a las características de la administración Chaves Robles y nuestra desazón es cada vez mayor. En el poder político…el traje se lleva por dentro (4-V-23); Songo le dio a Borondongo(14-VII-24); De cómo Tío Conejo no aparece en el cuento Domingo Siete (14-I-25); De aprendices y absolutistas (27-I-25).

Los costarricenses hemos estado preocupados por la retórica incendiaria, poses autoritarias y de matonismo, con que esta administración ha intentado dar solución a los problemas nacionales. De los gestos y ademanes no han pasado. El presidente Chaves ha desaprovechado ese gran regalo que es el tiempo; renunció a gobernar desde muy temprano, tuvo la oportunidad de desarrollar importantes obras, dejar tras de sí un importante legado histórico positivo, cumplir algunas de sus promesas y apuntalar aún más nuestro bicentenario régimen democrático. No ha sido así. Se la ha pasado repartiendo culpas, buscando enemigos un día sí y otro también. Chaves Robles y el grupito que le acompaña, profundizan hoy una peligrosa y antidemocrática ruta de desmantelamiento del Estado Social de Derecho, dejan sin financiamiento programas sociales como: becas, red de cuido infantil, atención de personas en situación de discapacidad, abandono del adulto mayor; menos recursos para educación, salud, transporte estudiantil, comedores escolares; propician una mayor desregulación de las empresas; se descuida la infraestructura pública al no invertirse; constriñen derechos y libertades civiles, propician el atentar contra nuestra biodiversidad y patrimonio natural; y se lucen con una absoluta y monumental incapacidad para atender temas apremiantes desde el Ejecutivo en materia de crimen organizado, tráfico de drogas, contrabando y violencia social. No les ha bastado mostrar torpeza y estulticia cuando la mitad del tiempo de la agenda legislativa le corresponde a ese poder de la república proponer iniciativas de ley, tal y como reza nuestra Constitución. Se han peleado con la prensa, con los diputados, la contralora y el poder judicial. No me sorprendería que pronto inicien sus ataques al Tribunal Supremo de Elecciones. Los pocos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa han sido tan mal hechos que denotan una gran falta de conocimiento y de cuidado. Las poses fascistas y de matonismo, características en estos tres años, riñen con las profundas y sabias tradiciones costarricenses de cómo vivir en democracia, donde convivimos y cada uno tiene su espacio. Hace casi un año el presidente anunció un referendo y la fenestrada ley Jaguar, ambos tan descabellados como mal planteados. En el fondo interesaba restar potestades a la Contraloría General de la República. En vez de optar por la vía constitucional y las formas definidas por ley, buscaron otra ruta, done pareciera que lo que interesaba era meter ruido y generar mayor distracción sobre la agudización de los problemas nacionales y el que salga a la luz pública, posibles actos de corrupción que se han estado incubando. Tan escaso es su talante civilista y de vocación democrática que renuncia también a establecer un vínculo político con la Asamblea Legislativa, desconociendo que el Primer Poder de la República es la representación legal y constitucional, de la esencia misma de la soberana de un pueblo. Ese grupo de diputados, hombres y mujeres, unos muy buenos y capaces y otros no tanto, queramos o no nos representan por este periodo de cuatro años.

El cacareado combate a la corrupción, del presidente Chaves y sus acólitos, de “que los corruptos son otros y ellos no”, se desgasta y en estas semanas vamos viendo las verdaderas dimensiones de lo que enfrentamos, una rapaz conducta carroñera para enriquecerse rápidamente y a costa de millonarios contratos de algunas empresas con el sector público. No olviden que en el sector público los tres instituciones más grandes con presupuestos multimillonarios, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE y el MEP. El país absolutamente, es testigo del escándalo que estalló el año pasado en la Caja Costarricense del Seguro Social cuando la presidenta Ejecutiva y algunos de los miembros de su junta directiva propiciaron el otorgar nuevos contratos para tercerización de servicios médicos en diversos EBAIS en áreas de salud de la Gran Área Metropolitana, pagando sobreprecios, lo que hubiera costado a los costarricense más de 126 mil millones; donde era evidente y manifiesto la existencia de precios inflados. Voces a lo interno de la institución y de otros sectores, alertaron sobre semejante desaguisado fraguado ante la vista y paciencia de Marta Esquivel, expresidenta Ejecutiva, y directivos representantes del sector empresarial y del gobierno, así como gerencias alineadas con semejante despropósito. Hoy hay 8 investigados y más de 300 correos electrónicos borrados de forma siniestra y sospechosa, de los servidores que podrían construir importante prueba en este infernal y desafortunado hecho de corrupción, propiciado desde las altas esferas de la institución y en colusión de empresarios del ámbito del sector salud. Doña Marta fue separada del cargo, para luego ser premiada por el presidente Chaves al nombrarla como ministra y aún hoy no devuelve dineros cobrado de más. Este el Caso Barrenador, así bautizado por autoridades judiciales donde hay colusión de intereses empresariales y de funcionarios de dudosa honorabilidad. Esta semana -gracias a Dios- hemos sido testigos de que la Junta Directiva con votación de 6 a 7 acuerda anular dicho contratos. Ya la fiscalía y Contraloría General de la República están tras el caso, de la actuación indebida, irregular, ilegal, inmoral y hasta criminal, al pretenderse festinar recursos públicos dedicados a la salud pública de todos los costarricenses. Aquí la prensa ha jugado un papel muy importante, en sus ámbitos de denuncia e investigación.

En esta administración y apenas iniciando, impulsaron la ruta del Arroz, en la que en tres años, el precio no ha bajado, destruyeron a los productores del sector y eso sí, se han enriquecido un puñado de importadores granos básicos, algunos de ellos importantes contribuyentes en la campaña de Chaves Robles y en la constitución del espurio fideicomiso Costa Rica Prospera para financiar su campaña electoral. Repito, el precio no ha bajado y el fisco ha dejado de percibir miles de millones colones. Ofrecieron bajar los medicamentos y ello no ha ocurrido. En tres años intentaron vender el Banco de Costa Rica para que, con varios proyectos torpemente elaborados una y otra vez, fuese adquirido por los financistas de su campaña y ya el tiempo no les alcanzó. El intentar drenar las finanzas de la CCSS y agudizar su eficacia y calidad con que presta servicios a la población, gracias a Dios, ha topado con diversas resistencias.

Pero en medio del mutismo y la oscuridad, estaban fraguando un oscuro negocio con las finanzas del ICE y la adquisición de tecnologías para echar adelante la red 5G y todo lo que ello implica.

Gracias a la curiosidad de un medio como Semanario Universidad y la perspicacia y profesionalismo y disciplina de sus redactores -principalmente tres de ellos-; desde febrero de este año este medio nos ha venido regalando una serie de notas, todas ellas referidas a la presumible comisión de actos de corrupción en el ICE. Al tenor del liderazgo histórico que dicha institución ha mantenido por décadas de desarrollo y progreso, el mismo requiere de tomar importantes medidas para que dicha condición estratégica no se pierda. Tan noble aspiración no debe servir jamás como oportunidad para que algunos se aprovechen. En el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de infraestructura moderna, deben tomarse las mejores y más sagaces decisiones. Ante el fenómeno de la corrupción no perdamos de vista, la existencia de dos partes: el corrupto y el corruptor. Y en este caso particular que nos ocupa, estamos en presencia de que se consuma una posible contratación donde hay de por medio el favorecimiento a una sola empresa por más de 160 millones de dólares, contrato fraguado en las sombras de las oficinas del ICE, casa presidencial y el MICITT y en menor proporción COMEX. Hablo de esta administración, no en la de don Rodrigo Carazo, ni en la de don Ricardo Jiménez, ni en la de don Cleto González, o don Próspero Fernández; ¿es en esta administración, donde ha habido mucha alharaca y ruido contra de la corrupción… por qué tanta mentira y cinismo? Criticar y señalar a otros como corruptos y sinvergüenzas. “Ellos son los sinvergüenzas y nosotros no”, dicen: han venido a “acabar con la corrupción, a combatirla y a desenmascarar”,somos diferentes, somos distintos a ellos”. Sobre ello, lo único que hemos visto desde hace meses, es ver teatralmente al presidente Chaves con la señora Esquivel, llevar varias cajas con papeles viejos a la fiscalía, alegando que son actos de corrupción a lo interno de la CCSS, que deben ser investigados. ¡No! El combate a la corrupción no alcanza con asumir una retórica vacía, hueca e inoperante; tampoco vociferando y despotricando, jugando con la honra de muchos.

Muestro un conjunto de casos que a todos debe movernos a la reflexión y sobre todo a desenmascarar una serie de acciones poco transparentes, en las cuales están en juego miles de millones de colones y el colapso de importantes servicios públicos, que deben garantizar el desarrollo económico del país y el funcionamiento normal de empresas pequeñas y medianas, así como instituciones y diversidad de estable cimientos; pues al encarecerse los servicios y desmejorar la calidad de los mismo, se pone en riesgo la competitividad y equilibrio financiero de las mismas.

A) Tras la adjudicación por parte de RACSA de contratos a DATASYS; esto generó que 5 empresas interpusieran recursos contra dicha adjudicación. Ante ello la fiscalía decide actuar en salvaguarda de los recursos públicos. Dicha contratación ligada al despliegue de la red 5G, pasó de 3 millones de dólares a más de 25 millones de dólares en menos de un año -desde 1 de diciembre 2022 a 2 de noviembre 2023. También este hecho es investigado por la Contraloría General de la República.

B) En un año, las compras a la empresa CISCO, una de las chineadas y miradas con mayor simpatía desde Zapote, en el ámbito de las telecomunicaciones y desarrollo de software y diversos servicios; aumentaron sus ventas al sector público, pasando al cabo de 12 meses, de un millón de dólares a 13 millones de dólares; o sea un monumental aumento de 1 248%. Dichas compras son de equipos y de licencias. Antes de este periodo 2022- 2023, las compras de equipo tecnológico a dicha empresa alcanzaban un promedio de $1,4 millones de dólares. Y aquí entre las instituciones que adquirieron dichos equipos y servicios, destacan el ICE y RACSA. Dentro de este contexto bajo una forma excepcional de contratación la Comisión Nacional de Emergencias cedió un contrato por $2,4 millones de dólares, para adquirir 100 000 licencias en 2023.

C) Desde mediados de 2022 y hasta el 2024 continuaron los coqueteos entre esta administración -sobre todo ICE, MICITT y casa presidencial- con CISCO. A fines de 2022, personal de alta gerencia de dicha empresa establece contactos con Chaves y otros jerarcas de esta administración, de manera que se propicia un vínculo más fuerte, entre la empresa y esta administración, tanto es así que la ministra que hoy ocupa la cartera MICITT, señora Vega, viaja varias veces a EEUU a la sede dicha empresa y a diversos foros ligados a telecomunicaciones. También diputados de diversas fracciones lo hicieron.

D) El tiempo en su marcha inexorable, genera que en el ámbito nacional se suscite la discusión en torno a la red 5G. Chaves y su grupo se inclinan por favorecer a CISCO con un contrato superior a $160 millones de dólares; propuesta notablemente más cara que todas las demás ofertas que hubo sobre la mesa. Detalles de este posible contrato se han afinado en Zapote. Desde ese momento en que se empiezan a materializar dichas reuniones en Casa Presidencial, a lo interno del ICE se levantan diversas voces alertando sobre las presumibles irregularidades que rodean dicho contrato. Se ha intentado mantener en la oscuridad la negociación del mismo, alejada del escrutinio público, carente de transparencia; y si no es por este medio nacional -Semanario Universidad-, a lo mejor todavía no conociéramos nada de lo que se está fraguando. Es que hablamos de una formidable y exorbitante cantidad de $160 millones de dólares y no con cualquier institución, sino una en régimen de competencia y que resulta estratégica para el desarrollo nacional. Dicho proceso licitatorio inicialmente fue concebido como un proceso abierto, como debe ocurrió en un régimen democrático, respetuoso de la ley, ello ocurre en marzo de 2024. Luego se toma la decisión de que sea “un proceso de contratación directa” para la sustitución de la red IP. Según expertos y las mismas empresas en competencia, el costo de dichos cambios sería de aproximadamente $42 millones de dólares. Desde agosto de 2024 circulan informes a lo interno del ICE, advirtiendo sobre dicho sobrecosto, injustificado y astronómico. Sin embargo, los poderosos intereses y de cúpula que se mueven en el ICE, respaldados por casa presidencial, MICITT, COMEX, hacen que desde noviembre 2024 la balanza se vaya inclinado por este leonino contrato.

Esta semana que recién concluye desde Casa Presidencial notifican al pueblo costarricense, distraído con topes y corridas toros, que se descarta la implementación de la salida más barata y se opta sospechosamente por la más onerosa, ya no $160 millones de dólares sino $187 millones de dólares si sumamos el complemento con RACSA.

Esto de designar y otorgar contratos a dedo es propio de regímenes espurios, opacos y totalitarios sistemas de contratación pública similares a los que operan actualmente en El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Pare gestar esas formas rápidas de enriquecimiento indebido, desde lo público estorba el control la fiscalización. Por eso interesa debilitar a la Contraloría y las leyes que rigen dicha materia, alegando que obstruyen. Claro, dicha institución, los controles existentes y una prensa libre independiente, estorba a quienes desean operar de esa manera.

¿Han desaprovechado tres años, lo harán este último? Dios quiera que no. Nunca es tarde. La democracia siendo imperfecta es la mejor forma de gobierno. Y la corrupción se ataca con acciones vigorosas y leyes robustas, no con demagogia ni poses teatrales, mucho menos despotismo. Hace un año anunciaron un jaguar, nunca fueron claro qué entender por ello, por esa especie de felino. El jaguar, salvaje bestia silvestre, posee hábitos alimenticios nocturnos; que la oscuridad no se convierta en una triste analogía y augure un escenario escogido por estos gobernantes, para maquinar generosos negocios y burlarse de la paciencia y buena voluntad del pueblo costarricense. Bien decía mi abuelita, lo que se hace de noche, se ve de día.

Gracias a este conjunto de valientes jóvenes periodistas que no se cansan de denunciar aquello que está mal y que durante los últimos días otro medios han replicado satisfactoriamente. Veremos que tendrán que decir la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, en caso de que se materialice dicho contrato.

30-III-25

Chaves, pequeño émulo de Trump

Luis Fernando Astorga Gatjens

En muchas más cosas, acciones y decisiones, Rodrigo Chaves quiere parecerse a Donald Trump, que a partir de asumir el poder en Estados Unidos el 20 de enero pasado, ha pretendido convertirse en el emperador del mundo.

Ambos han buscado concentrar un poder omnímodo por encima de leyes, de instancias legislativas y de los poderes judiciales de ambos estados. Les incomoda y molesta cualquier cuestionamiento a sus decisiones, por más justo y con sólidas bases legales que se esgrima.

Sueña Rodrigo Chaves en ganar con la fuerza política taxi o propia, que él lidere en las elecciones de 2026, una cantidad de unos 40 diputados jaguares, para gobernar como lo ha venido haciendo su referente regional, Nayib Bukele. Con ello buscaría dirigir el ejecutivo a través de alguien que le represente en sus designios, propósitos e intereses, desde Zapote. Buscaría asimismo dominar el Poder Judicial y todos los órganos de control, para ejercer ese soñado poder autoritario unipersonal. Su sueño incluye, desde luego, convertirse en presidente en un periodo próximo.

El éxito que ha alcanzado Chaves en mantener su popularidad, en algunas encuestas de opinión, ha exacerbado su aupamiento y sus deseos mesiánicos de conservar su poder autoritario, ya sea siendo diputado en el periodo legislativo 2026-2030 o mediante algún representante que reconozca y sea fiel a su liderazgo.

Empero esa popularidad, desafortunadamente para el país, no la ha alcanzado mediante avances sociales que reflejen un mejoramiento de la calidad de vida, particularmente, de las mayorías que han venido enfrentando condiciones de pobreza y exclusión social.

La base de la popularidad sostenida por Chaves tiene como causas profundas, el cansancio acumulado por amplios sectores de la población por las promesas incumplidas y por la corrupción manifiesta de los sucesivos gobiernos del PLN, el PUSC y el PAC. Los avances sociales alcanzados al desarrollar un Estado Social de Derecho (ESD) entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, esos gobiernos no los sostuvieron y desarrollaron. Todo lo contrario. De distintas maneras, los empezaron a debilitar y a dilapidar. En este periodo entre los años ochenta anteriores y el año 2022, el ESD que el país construyó, se erosionó y lo que el pueblo palpó es que pequeños grupos políticos y económicos se enriquecieron. La riqueza se concentró en pocas manos mientras el país se convirtió en uno de los más desiguales del planeta, según los datos del Banco Mundial.

Así un pueblo hastiado, elevó a la presidencia a un demagogo con ínfulas autoritarias, como Rodrigo Chaves. Y ya desde Zapote y sus teatrales y efectistas conferencias de prensa de los miércoles, y con el apoyo de un escuadrón de troles, que utilizan sistemáticamente las redes sociales, ha logrado sostener tal popularidad.

Así como Trump arremete contra un juez federal que ordenó suspender la decisión de enviar a El Salvador a migrantes venezolanos, amparado en una ley de guerra del siglo XVIII, hoy Rodrigo Chaves arremete contra el fiscal general, Carlo Díaz, al hacer avanzar causas penales contra el mismo presidente y miembros de su gabinete.

A ambos les perturba e incomoda cualquier estado de derecho que afecte sus decisiones políticas. Esperemos para el bien de la democracia, real y verdadera, y de los pueblos de aquí y todo el mundo, que ambos fracasen en sus respectivos sueños mesiánicos.

Y todo indica que en el caso de Chaves eso ha empezado a aflorar, al fracasar la manifestación anti-fiscal general, pese a los autobuses ofrecidos a los manifestantes alquilados, en distintos puntos del país, más almuerzos y pagos por su participación, y al intensos trabajo de los troles chavistas y a los “bots” (usuarios automáticos), que apoyan a Chaves desde Vietnam, Colombia, México, Perú y otros países. Qué bueno que la realidad concreta todavía pesa más que los discursos de odio y la fantasía que emerge de las redes sociales, en una de sus caras más sombrías y nefastas.

Todo el sistemático esfuerzo político-electoral que realiza hace varias semanas, desde Zapote y en sus giras proselitistas; más la exhaustiva campaña por redes sociales; más los recursos económicos empleados, no llenó las expectativas de los organizadores. Por más que digan que una movilización medianita fue una gran movilización, los hechos muestran la realidad. Una cosa es movilizar personas por redes sociales y otra muy distinta, movilizarlas presencialmente, más aún cuando no hay una causa justa que las inspire.

(18 de marzo, 2025)

El berrinche del presidente Chaves ante la candidatura a la presidencia legislativa de Rodrigo Arias Sánchez

Vladimir de la Cruz

El animal de Zapote, el Jaguar, ha perdido el horizonte político. Ha perdido el límite donde se juntan los poderes políticos del Estado costarricense, que justamente este año cumplen 200 años de existencia. La cueva donde se guarece en Zapote solo le ha permitido conocer ese escenario, como si fuera el único existente a su alrededor. Está, con tres años de morar en esa guarida, descontextuado, sin perspectivas de su entorno político, sin entender cómo deben ser las relaciones entre los poderes públicos, sin respetarlos, creyendo que solo el Poder Ejecutivo es el único válido, y creyendo además que el Poder Ejecutivo debe dirigir autoritariamente a los otros poderes del Estado.

Nunca en la Historia Política, en la Historia Institucional costarricense, había sucedido nada así. Hasta la llegada del actual y transitorio inquilino en Zapote siempre se habían respetado los poderes públicos, se había ejercido un respeto a la Independencia, a la Autonomía y a la Libertad de ejercicio funcional de dada uno.

Los tres Poderes estatales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se originaron en el siglo XIX, hace 200 años, con poderes independientes entre sí, con funciones propias, exclusivas e indelegables entre ellos. Eso significa que ninguno de los poderes puede “meterse” a decidir en los otros, que ninguno de los poderes debe indicar, señalar, o exigir quienes deben dirigirlos cuando de su interior institucional y constitucional, su propios miembros son los encargados de hacerlo, con absoluta INDEPENDENCIA, de los otros poderes.

Por su origen los Poderes Ejecutivo y Legislativo surgen del voto popular, del sufragio libremente de los ciudadanos, por las personas autorizadas para ejercer ese derecho de voto, expresado por medio de partidos políticos que postulan candidatos para integrar esos poderes.

Así, el Poder Ejecutivo se integra en su totalidad, por la elección del Presidente y sus dos Vicepresidentes, siendo el Presidente el único que puede nombrar sus Ministros de Estado o de Gobierno. El Presidente puede escogerlos de la forma que mejor le parezca. En el caso actual se dijo que una empresa le preparaba hojas de vida, currículos, de candidatos para que de esa forma los seleccionara. En ello influyó que el Jaguar no tenía vida política nacional, estaba desarraigado, había merodeado por distintos países y continentes, carecía de partido político con experiencia de gobierno, y con un partido político que lo postuló sin líderes políticos nacionales con historia política conocida.

Probablemente por su trabajo, en la selva internacional que habitaba, acostumbrado a imponer programas a gobernantes débiles, autoritarios, poco democráticos y corruptos, pensó que la ínsula que se le presentó para ejercer un gobierno, que la redujo a su guarida de Zapote, podía ser administrada de esa misma forma, autoritaria, despótica, dictatorial o tiránicamente, de manera poco democrática, alterando o rompiendo todos los límites constitucionales entre los poderes públicos existentes.

El Poder Legislativo, a contrario del Poder Ejecutivo se integra de manera más amplia por ciudadanos, llamados diputados, que son electos, como el Presidente de la República, por distintos partidos políticos que logran los votos suficientes para que sus candidatos propuestos sean electos. En la actualidad, la Asamblea Legislativa se integra por representantes de seis partidos.

Esta representación popular más amplia, que la que se expresa en la votación del Poder Ejecutivo o presidencial, hace que se reconozca al Poder Legislativo como el más importante, políticamente, de los tres poderes, porque constitucionalmente ellos se consideran absolutamente iguales entre sí. Es decir, porque en la Asamblea Legislativa hay una mayor representación popular, de más partidos políticos en el ejercicio parlamentario.

La Asamblea Legislativa tiene, además, como función importante ejercer lo que se llama “control político” sobre las autoridades del Estado y del gobierno. El control político se ejerce especialmente por los diputados, que pueden convocar a los funcionarios para que “rindan cuentas”, “den informes” o para ser interrogados por sus actuaciones, con posibilidad de que resultado de esas indagatorias puedan elevarse sus investigaciones a investigación judicial. Las autoridades políticas o de gobierno que se convoquen o llamen a Comisiones legislativas no pueden negarse, pudiendo si fuera del caso ser llevados por la policía. En el caso del Presidente por protocolo y trato especial se le puede interrogar en su Despacho presidencial sin obligarlo a ir a la Asamblea Legislativa.

Este control político pasa constantemente por la crítica pública que se le hace al Presidente, a su gestión y sus funcionarios, lo que no le gusta al Presidente. De allí sus constantes ataques a los diputados y al Poder Legislativo como institución. El control político lo realizan los diputados prácticamente todos los días por una hora en su sesión plenaria.

La Asamblea Legislativa también elige a las autoridades superiores de la Contraloría General de la República, que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que en sus funciones tiene el control presupuestario de toda la Administración Pública, que puede parar acciones del Poder Ejecutivo en general, lo que tampoco le gusta al presidente Chaves, por lo que quiere eliminar esas potestades de control y de nombramiento de las autoridades de la Contraloría General de la República, para gobernar y administrar el Presupuesto Nacional sin controles institucionales…manejando la plata o el erario público por la libre, prácticamente.

En la elección nacional que se elige a los diputados no se elige a uno solo de ellos como Presidente del Poder Legislativo, como sí sucede con el Poder Ejecutivo, que el electo presidente lo es Presidente del Poder Ejecutivo.

Así, los miembros del Poder Legislativo, los diputados de los distintos partidos, por acuerdo entre ellos, tienen que decidir quién los representará oficialmente como su máximo jerarca, como Presidente del Poder Legislativo, que es un personaje de gran nivel político, porque en caso extremos, de ausencia de los miembros del Poder Ejecutivo, los puede sustituir, como sucedió con Francisco Antonio Pacheco, en la segunda administración de Oscar Arias, en varias oportunidades. Por ello, el Presidente Legislativo debe ser un diputado de altos kilates personales, políticos, morales, por lo que debe ser bien escogido.

Esta decisión se hace cada primero de mayo, cuando inician las labores anuales de la Asamblea Legislativa, que se conocen como Legislaturas.

Los miembros del Poder Judicial no son de elección popular. Los magistrados, sus autoridades superiores, los nombra la Asamblea Legislativa. Ellos constituyen la Suprema Corte de Justicia, que en su seno nombra su Presidente, su Vicepresidente y su Secretario, sin intervención directa de partidos políticos ni de ciudadanos.

La Suprema Corte de Justicia a su vez nombra los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, que internamente también elige, sin interferencia directa de los otros poderes, ni de una elección popular a sus propio Presidente. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene hoy rango y reconocimiento de Poder de la República, con la misma Independencia, Libertad, Autonomía, Soberanía, exclusividad e indelegabilidad de funciones, como los otros poderes públicos.

Las elecciones nacionales eligen presidentes, vicepresidentes y diputados por un período de cuatro años. Esta ha sido una característica dominante en la vida política del país desde el siglo XIX, lo cual es también un valor democrático nacional que distingue a Costa Rica, en su estabilidad institucional.

Estos cuatro años de gobierno se caracterizan por dividirse en cuatro Legislaturas. En el caso actual, la Primera, del 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2023, la Segunda, del 1 de mayo del 2023 al 30 de abril del 2024; la Tercera, del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril del 2025, que es la que está terminando, y la Cuarta, del próximo 1 de mayo, de este año 2025 hasta el 30 de abril del 2026, cuando termina oficialmente sus labores la Asamblea Legislativa, para dar paso a la nueva que se nombre en febrero del 2026 y asume su ejercicio el 1 de mayo del 2026.

La escogencia de quienes dirigen la Asamblea Legislativa, en cada Legislatura, es potestad decisoria de los diputados. Escogen su Presidente, su Vicepresidentes, sus Secretarios y Prosecretarios, que generalmente son diputados de distintos partidos, porque así lo acuerdan.

En el actual gobierno, para las tres primeras Legislaturas ha sido nombrado Presidente de la Asamblea Legislativa el diputado Rodrigo Arias Sánchez. Así se ha decidido por los diputados, como resultado de negociaciones propias de los partidos políticos, y sus diputados, que están representados en la Asamblea Legislativa.

Para nombrar al Presidente legislativo se necesitan 29 votos de los 57 que representan la totalidad de los diputados.

Rodrigo Arias Sánchez, de los diputados actuales, es quizá el que más experiencia política ha tenido. Empresario y abogado de profesión le ha permitido conocer muy bien el mundo político e institucional del país.

Regidor, que ha sido, diputado y Ministro de la Presidencia, le ha formado como un gran conocedor del mundo político, empresarial, financiero, económico, y social nacional.

Como Ministro de la Presidencia que fue en dos ocasiones, 1986-1990 y 2006-2010, le formaron mejor en entender las relaciones de los podres públicos, porque el Ministro de la Presidencia, de cada gobierno, es el que debe manejar, negociar y representar, ante los distintos poderes públicos y ante los distintos sectores de la sociedad costarricense, los intereses y políticas del Poder Ejecutivo.

Como Presidente de la Asamblea Legislativa le ha tocado vivir una relación de atropello, de intimidación, de agresión, de desvalorización, de desprestigio que se ha lanzado, con toda la fuerza, contra este Poder de la República y contra sus diputados en general, cuando no de manera directa contra bastantes diputados por parte del Presidente de la República, situación que nunca se había dado.

De todos los diputados, el que mejor ha defendido a la Asamblea Legislativa de los ataques que le profiere el presidente Chaves es Rodrigo Arias Sánchez, en su condición de Presidente Legislativo. La defensa de Rodrigo Arias es de la Asamblea como institución, como Poder de la República independientes y es la mejor defensa que ha tenido los diputados de su condición representantes populares. Por eso también es que el presiente Chaves está contra la posible y eventual elección de Rodrigo Chaves como Presidente legislativo, porque el presidente Chaves no acepta opositores políticos, no acepta en su condición de iguales a los otros presidentes de los poderes públicos.

De la misma manera, de la forma más soez, grosera, irrespetuosa, ofensiva, de manera denigrante, el presidente de la República se ha lanzado contra la persona de Rodrigo Arias Sánchez, en su condición de persona, de ser humano y de Presidente de la Asamblea Legislativa.

En su agresión a Rodrigo Arias Sánchez el Presidente ha violado la independencia, la soberanía, la autonomía que la Asamblea Legislativa tiene, al intervenir directa y públicamente pidiéndoles a los diputados que el próximo primero de mayo NO VOTEN por Rodrigo Arias Sánchez para la presidencia de la Asamblea Legislativa. Se ha inmiscuido, ha tomado parte sin tener autoridad para ello, en los asuntos internos de los diputados y sus partidos. Los ha amenazado directamente de que si proceden votando por Rodrigo Arias tomará represalias contra los diputados y contra la Asamblea Legislativa. Ha intervenido al interior de los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias tratando de dividirlos para que le ofrezcan resistencia electoral y política a la postulación que pueda tener Rodrigo Arias Sánchez para la presidencia legislativa.

El presidente Chaves ha metido caballitos de Troya, en algunos de los partidos políticos y fracciones parlamentarias, con la intención de “tener” sus propias “candidaturas” en la lucha que quiere ocasionar para la escogencia del próximo Presidente de la Asamblea Legislativa.

En el Partido Unidad Social Cristiana, y en el propio Liberación Nacional, el Presidente de la República ha logrado permearlos, ha logrado que en esos partidos “aparezcan” candidatos. En un caso aduciendo la necesidad y la importancia que una mujer pueda ser la Presidenta Legislativa, como parte de las políticas nacionales de género, que de paso la Guarida de Zapote no respeta, utilizando a esa diputada en sus legítimas aspiraciones que podría tener pero moviéndola más por las bajas pasiones políticas que se agitan en las peroratas presidenciales. En esta ocasión no está en discusión un tema de igualdad de género para la presidencia legislativa. Quien así lo quiera ver le hace el juego a la división parlamentaria y se pone al servicio, casi de alfombra de la Casa Presidencial., de la guarida del Jaguar. O, con el discurso de “darle oportunidad” a otro diputado de que dirija o presida el Poder legislativo, como un acto de “democracia”. En el caso de Liberación Nacional, estimulando, de la misma manera bajas pasiones dentro de ese partido y dentro de esa fracción, tratando de dividirlos.

Estos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana son los que con más saña el presidente Chaves ha atacado, porque ha sido los partidos más gobernantes del país, de los 19 gobiernos que ha habido desde 1953, estos dos partidos los han ejercido 16 veces. Los ha llamado dictadores y tiranos que han gobernado solo para sus amigos y grupos corruptos, y le ha echado la culpa de todos los males nacionales. ¿Qué confianza pueden tenerle los diputados de estos dos partidos al presidente Chaves si los mantiene en la mira de sus ataques? ¿Acaso no se han dado cuenta que el discurso político, de beligerancia política que tiene Chaves, para las próximas elecciones es llamando a la gente a no votar por estos dos partidos principalmente? ¿No tienen claro que cuando Chaves llama a que en la próxima Asamblea Legislativa haya 40 diputados nuevos, distintos, se refiere a que no haya diputados de estos dos partidos?

Los elementos que en Liberación Nacional y en la Unidad Social Cristiana no entiendan ese discurso, y promuevan candidatos propios contrarios a la postulación de Rodrigo Arias, le está provocando un gran daño a la institucionalidad y a la democracia nacional.

El Frente Amplio y el grupo de Eli Feinzaig harían muy mal si deciden no votar por Rodrigo Arias. El próximo primero de mayo NO se está decidiendo en la Asamblea Legislativa el futuro de Rodrigo Arias. Se está decidiendo el futuro de Costa Rica, de su institucionalidad, de su democracia, de la estabilidad política nacional. Esto es lo que está en juego con los desplantes autoritarios y despóticos de Rodrigo Chaves en Zapote contra los poderes públicos. El Frente Amplio y los diputados de Eli Feinzaig, y los llamados diputados independientes deben hacer frente común con la candidatura de Rodrigo Arias. Es también lo que más les conviene a ellos. Los ataques, las burlas y los bajonazos de piso del presidente Chaves a los diputados del Frente Amplio y a los de Eli Feinzaig son credenciales para enfrentar cómo debe ser, desde la Asamblea Legislativa, el desgobierno que impulsa el Presidente Chaves en estos últimos meses de su desastre de gobierno.

La amenaza más tonta e idiota del presidente Chaves contra los diputados es advertirlos que si nombran Presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias NO NOMBRARA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA. ¿Para qué sirve y a quien le sirve el Ministro de la Presidencia?

La Asamblea Legislativa, en cada una de sus cuatro legislaturas trabaja en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en un total de seis meses cada una. Es decir, de los doce meses de cada Legislatura la Asamblea TRABAJA SEIS MESES, de manera exclusiva, única, que no puede alterar, SOLAMENTE PARA ATENDER, en las Sesiones Extraordinarias, LOS PROYECTOS DE LEY QUE LE ENVIE EL PODER EJECUTIVO, es decir, EL PRESIDENTE para su trámite. Si el Presidente no envía Proyectos de Ley, los diputados en esas Sesiones Extraordinarias no pueden sesionar, no pueden reunirse a tramitar Proyectos de Ley, porque la Agenda de estas Sesiones Extraordinarias la hace el Presidente o el Poder Ejecutivo.

Para eso es que se necesita un buen Ministro de la Presidencia, para que negocie con los diputados, con los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, los Proyectos de Ley que envía el Poder Ejecutivo. Si no hay Ministro de la Presidencia, ¿quién los va a negociar? ¿El Presidente insultando a los diputados?

La amenaza del Presidente solo muestra su falta de entendimiento político, su falta de cerebro y de inteligencia emocional política, sino que a pocos meses de dejar el gobierno, a nueve meses de las próximas elecciones, no tiene nada en sus manos como grandes proyectos políticos, como acciones políticas legislativas, que le contribuyan a buscar votos para sus partidos jaguares o para él mismo si se tira al ruedo en julio próximo para buscar una diputación.

Si el Presidente está enojado y furioso con la Asamblea Legislativa, con los partidos y los diputados que la integran; si está enojado con Rodrigo Arias Sánchez, por sus apellidos, por su partido y por ser el mejor vocero parlamentario a sus diatribas y peroratas, y el mejor representante parlamentario en defensa de la institucionalidad y la democracia nacional, y por ser el Presidente Legislativo que lo recibiría, con respeto como él lo hace, lo que debe hacer el presidente Chaves es NO PRESENTARSE A LEER el Informe Anual, que constitucionalmente está obligado a hacer y entregar el primero de mayo.

Está obligado a enviarlo NO a leerlo. Tradicionalmente se ha hecho un acto público, político, de recepción de ese Informe, en el cual el presidente, acompañado de sus ministros, se presenta a leer ese Informe, en una ceremonia muy protocolaria.

Si NO se presenta personalmente, el Informe enviado de la gestión de gobierno, lo leería el Secretario de la Asamblea Legislativa en la fecha señalada para ello, el viernes dos de mayo. La Constitución Política estaría cumplida y el presidente Chaves feliz de no haberse presentado hipócritamente sonriente, y amigable, ante los diputados.

Los ministros están igualmente obligados a entregar un Informe anual de sus labores, en los primeros quince días de mayo. Esos Informes de ministros NUNCA se han leído como se hace con el del presidente. Tan solo se presentan. Los diputados tampoco los leen porque nunca se les da tiempo de análisis y discusión, entre los diputados, como se hace con el Informe presidencial, al que se le dedican tres sesiones parlamentarias para que se hable a favor o en contra de ese Informe. Si el presidente Chaves sigue sin nombrar Ministro de la Presidencia, seguirá sin que nadie le acepte el cargo, que puede ser el problema que tiene; sigue sin poder negociar sus proyectos de ley e iniciativas ejecutivas en la Asamblea Legislativa y, seguirá mostrando que no tiene nada en sus manos para dirigir el país; que seguimos sin brújula, sin sextante, sin astrolabio, sin velas y sin rumbo.

En Costa Rica: manifestación desafía el autoritarismo de Rodrigo Chaves en defensa de los derechos humanos

Este miércoles 5 de febrero, se realizó una movilización en defensa de los derechos humanos y contra las políticas del gobierno de Rodrigo Chaves, partiendo del Parque Viviana Gallardo y llegando hasta Casa Presidencial en San José. Distintos sectores, entre ellos colectivos estudiantiles, feministas y de la diversidad sexual, se unieron para exigir medidas concretas en seguridad, educación, derechos de mujeres y poblaciones vulnerables, medio ambiente y gobernabilidad.

Mientras la manifestación se desarrollaba fuera de Casa Presidencial, en su interior, el presidente Rodrigo Chaves ofrecía su conferencia de prensa habitual de los miércoles. En ella, desestimó la protesta y, en tono burlón, se refirió a las personas manifestantes como “un puñado de costarricenses que vinieron a hacer ruido sin razón aparente”.

Entre las principales exigencias de la “Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” destacan la demanda de una estrategia efectiva contra el crimen organizado, la restitución de programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+, el acceso real a servicios de atención a víctimas de violencia de género, la despenalización del aborto en casos urgentes y la investigación del financiamiento ilícito en campaña electoral.

Finalizada la manifestación, la Policía de Tránsito intentó detener a Luis Salas, chofer del “tumbacocos”, alegando infracciones de tránsito. A pesar de que ya le habían realizado un parte, los oficiales continuaron persiguiéndolo hasta las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, donde intentaron arrestarlo, generando tensión y denuncias de amedrentamiento por parte de los manifestantes.

La movilización dejó en claro que diversos sectores seguirán en las calles exigiendo respuestas ante el avance del autoritarismo, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el desmantelamiento de derechos en Costa Rica.

Escuchá aquí la información:

Fuente: https://vocesnuestras.org/informativo-mesoamericano/audio/cr858/

La polarización será por la democracia no por nuestros derechos ya conquistados

Por Allison Quintanilla Hernández
Gestora comunitaria
Planificadora Económica y Social
Viernes 31 de enero, 2025

El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.

En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.

Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.

Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.

Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.

Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.

Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.

Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.

En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.

Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.

Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.

Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.

El terrorismo político expresado en las vallas publicitarias

Vladimir de la Cruz

Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.

No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.

Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.

La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.

En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.

El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.

En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.

Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.

La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.

La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.

En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.

Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.

Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.

La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.

Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación

Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.

Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.

La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.

En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.

Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.

Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.

Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.

Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.

Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.

Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.

Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.

Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.

Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.

Compartido con SURCOS por el autor.

El reto del Jaguar contra los Presidentes de la Asamblea y de la Corte

Vladimir de la Cruz

Vivimos inevitablemente la sociedad de la información y del conocimiento en la cual, por todo lado, nos llegan datos procesados, mensajes de todo tipo, puntos de vista sobre temas diversos, referencias de la actualidad inmediata que vivimos. El conocimiento y la información que nos llega es mezclada. Hay que saberla distinguir para valorar lo que nos interesa y lo que hay que dejar de lado o desechar, porque no tenemos todo el tiempo del mundo para entretenernos con esos mensajes informativos.

Esa información, la generalizada del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del TikTok, y de otras redes digitales similares, se vuelve adictiva por lo atractiva que es y por la simpleza de contenido que trasmite.

Lamentablemente, este mundo informático y digital ha ido creando una población analfabeta, que cada vez escribe y lee menos, que reduce las palabras a signos y garabatos, de ignorantes, sin cultura alguna, ni general, ni histórica y mucho menos política. De continuar en ese camino, el peligro es que avancemos hacia una población de analfabetos por desuso, es decir, de personas que aprendieron a leer y escribir que por no practicar la lectura y la escritura se les olvida cómo hacerlo. El analfabetismo y al analfabetismo por desuso, ha aumentado.

Los analfabetas y analfabetas por desuso son más fácilmente influidos y dirigidos también, por demagogos, por demagogos populistas, quienes apelan ante ellos con prejuicios, con emociones, con miedos, sembrando esperanzas, identificándose con sus frustraciones sociales, económicas y políticas, buscando ganar su apoyo, el apoyo popular, usando recursos de oratoria desinformada, con datos errados y engaños, halagando al pueblo, al bajo pueblo, al populacho con actitudes populistas que los identifican simbióticamente.

El proceso educativo nacional, hace bastantes años empezó a aceptar prácticas que se orientaban en esas direcciones, cuando ante la lectura completa de libros y textos, introdujeron y aceptaron las prácticas de lecturas de resúmenes de libros, prácticas que llegaron a las universidades, con igual daño formativo. Hay gente que se queja de leer más de 3 minutos, menos de una página.

La información como tal, como concepto latino que es, procede del verbo latino “informare”, que significa “dar forma a la mente”. De allí instruir, disciplinar, enseñar.

De modo, que quien no lee y no escribe, o no practica la lectura y la escritura, posee menos palabras, no desarrolla su mente. Con ello disminuye su capacidad de entendimiento y comprensión de textos, libros o discursos, se aumenta su ignorancia, es decir, la ausencia completa del conocimiento y, por ello, el desconocimiento de la realidad concreta, específica. En la escuela nos enseñaban a usar el diccionario, obligado como texto escolar. Hoy los niños y jóvenes estudiantes no lo tienen a mano.

En esa época, no hace mucho, aunque pareciera una eternidad, por la descerebración que se ha producido nacionalmente, sin estas redes informativas y de comunicaciones interpersonales, existía una cultura nacional, una educación nacional, relaciones familiares más estrechas y formales, más respeto, cultivo de valores personales, familiares, sociales, cívicos. Había tiempo y disciplina de lectura.

Las personas, los niños y estudiantes, los jóvenes como los adultos y personas mayores rendían culto y respeto a las tradiciones históricas nacionales. Aun sin mucha información histórica, las fechas patrias y las efemérides nacionales tenían peso, se respetaban, su cultivaban en su enseñanza básica. Hoy, esto se va diluyendo cada vez más, y más rápidamente. No interesan estas identificaciones con el país, con la Nación, con la Patria, con su Cultura, su Historia, con su Patrimonio.

Hoy se orienta hacia un cosmopolitismo vacío, hacia la creencia de que formamos parte de una misma comunidad universal sin pertenecer en la realidad a ninguna, porque se tiende a borrar esas identidades particulares. Se impulsa una globalización por encima de las diferencias nacionales, culturales, geográficas o políticas, donde los hombres universales se venden como los modelos.

Con fuerza se venden y promocionan de la misma manera los que han servido a organismos o instituciones mundiales, o internacionales. Por ello, no son casuales los personajes al estilo de héroes de ficción como Rodrigo Chaves, quien así se presenta ante una población de analfabetas, de analfabetas por desuso, y de analfabetas políticos que se identifican con el soldado universal, arropado de presidente, capaz de resolver los problemas de la población, y de saldar las cuentas con quienes por años han engañado a ese pueblo ignorante, como él lo ha dicho, por medio de sus dictadores y tiranos que usufructuando el poder solo para ellos, sus partidos y sus camarillas han gobernado, y que “no le dejan gobernar”.

El demagogo populista siembra el engaño, confunde para vender un producto o ganar un favor. Estos demagogos no se mueven en la sociedad de la información o del conocimiento. Afirman deliberadamente con sus actos, con sus acciones, con sus discursos, la sociedad de la ignorancia desde los medios de comunicación masiva, de sus redes sociales, de las redes que pagan troles, donde la condición de ignorante la presentan como virtuosa, donde los ignorantes se sienten sabios o identificados con la sabiduría del demagogo populista, sabiduría que asumen como propia, lo que los envalentona de modo agresivo.

Los demagogos populistas procuran provocar animosidad, fuertes sentimientos identitarios, reacciones fuertes, guerreristas, confrontativas. Viven azuzando, irritando, hostigando, aguijoneando para confrontar, para embestir, para luchar, para atacar. Viven ladrando, mejor dicho, gruñendo como jaguares.

Hace una semana el animal de Zapote, el Jaguar, gruñó fuerte. Al menos así lo hizo en un spot, un corto televisivo y en redes digitales, que trasmitieron muchas veces por todos los sistemas de comunicación que manejan en la Guarida de Zapote.

El Jaguar se abalanzó directo al pecho, y a las yugulares, de los Presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre. Se lanzó violentamente, tratando de sorprenderlos, para depredarlos, para cazarlos, para eliminarlos como las figuras más importantes de los Poderes Públicos, que el Jaguar no controla y domina, para evitar que figuras como ellos, representantes y defensores de la Democracia, nazcan, se reproduzcan y aumenten, y pueda evitarse el descarrilamiento de la Democracia que se impulsa desde la Guarida de Zapote.

El ataque fue directo: “Los invito, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, sin asesores, en cadena nacional en Facebook o donde ustedes quieran, donde nos sentemos a conversar sobre el desempeño de cada uno de los tres poderes que presidimos”.

El ataque fue el resumen apretado de una nota que les dirigió el pasado 12 de diciembre. En ella afirmó que “la democracia no es silencio, es la claridad con que exponen, se analizan y se discuten los problemas y los medios para resolverlos”. Frase contundente que es válida para quienes también critican al Presidente, sus actos y acciones u omisiones de gestión gubernativa.

Agregó el Inquilino de Zapote que “el silencio constituye, muchas veces, complicidad con lo que está mal en nuestra patria”. Por eso nadie, ninguna persona sensata, se puede callar frente a la mala, casi nula, conducción del país.

Recordó que el miércoles 11, en su montada conferencia de prensa, “los invitó a debatir en vivo, pública y transparentemente, sobre los desafíos y cambios que debemos llevar a cabo en los poderes de la república, por los que tanto clama el pueblo”.

El pueblo no clama. El que ha estado exigiendo, clamando, gritando desbocadamente contra los poderes públicos, como la Asamblea Legislativa, sus integrantes, sus diputados y, contra la Corte Suprema de Justicia, su Sala Constitucional, la Fiscalía General de la República y sus integrantes, los magistrados o funcionarios, es el Presidente Chaves.

Para el presidente que acepten la invitación al debate es “un sublime ejercicio democrático”. Pero, él no acepta debates con los periodistas independientes, no pagados por casa presidencial, o que no tienen el guion de las preguntas obligadas que hay que hacerle, para las cuales están preparadas las respuestas y hasta los funcionarios listos a contestar.

Propuso que el debate se hiciera en la Casa Presidencial, que llamó “la casa de todos los costarricenses”, o estar dispuesto a desplazarse a cualquier otro lugar en la fecha y hora que a los Presidentes del Poder Legislativo y del Poder Judicial lo prefieran.

¿Cuáles son los “desafíos y cambios” que el presidente quiere discutir de los otros poderes? No los señaló, ni siquiera hizo una caricatura de ellos. Así no se puede ir a un debate, donde no están bien definidos los temas y las reglas del debate.

En esas condiciones el encuentro va a estar montado, para la casa presidencial, solo para servirle a él y para atacar, como lo ha venido haciendo constantemente, a los Poderes Públicos, dañar su imagen, disminuir y falsear la confianza pública ciudadana que deben tener y se les debe rendir. Para atacar especialmente a los Presidentes de la Asamblea y de la Corte y desprestigiarlos.

La carta enviada, y el spot que la promueve, son una falta de respeto a los Poderes Judicial y Legislativo. Se pasa de la raya del respeto institucional que se debe tener de la independencia y autonomía de los Poderes Públicos.

El presidente no ha entendido, en casi tres años de morar en Zapote, que los Poderes Públicos en Costa Rica tienen 200 años de existencia. No ha entendido que esos Poderes Públicos tienen funciones propias, específicas, exclusivas e indelegables. Uno, para ejecutar las leyes y acciones de gobierno que derivan de ellas, otro para aplicar las leyes y desarrollar y asegurar la justicia y, el otro, para hacer las leyes, con una función adicional propia, indelegable y exclusiva, la de ejercer control político sobre el quehacer de todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente y su administración o gestión de gobierno. No ha entendido que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo son los únicos Poderes Públicos de carácter político, que podrían reunirse a discutir sobre temas políticos y electorales, como el presidente provoca. El presidente no ha entendido que el Poder Judicial, por su naturaleza no puede participar de debates políticos, donde puedan estarse mezclando, como lo pretende el presidente, temas también electorales. De la Independencia institucional que los poderes tienen, el que más independiente debe ser es el Judicial, por la imparcialidad que institucional, constitucional y jurídica tiene para poder mantener y asegurar la confianza e integridad de la función judicial encomendada ante la sociedad y la ciudadanía.

El Presidente ha venido enfatizando hacia el público analfabeto políticamente, que le sigue fanática y ciegamente, que esos poderes no le dejan gobernar; que hay que reformarlos o controlarlos con una mayoría de diputados afines a él, como está llamando a los ciudadanos a organizarse y a votar en las próximas elecciones de esa manera, contra todos los demás partidos políticos y a votar por los diputados de los llamados partidos jaguares, que llevarán ese emblema electoral, no importando el nombre que tengan.

Es el presidente quien ha venido minando las estructuras institucionales de control que públicamente existen, porque desea gobernar sin controles, entre otras cosas porque es una manera fácil de gastar dineros públicos con empresas o “socios”, o amigos empresarios del gobernante… porque lo que hay en el Gobierno, como él dijo de los otros gobiernos anteriores, es un grupo de amigos, de todo tipo de actividades empresariales, productivas, financieras y que produzcan riqueza, gobernando por medio de él.

Al presidente Chaves le urge y le es necesario despedazar, desprestigiar y hacerle perder credibilidad y confianza, ante el pueblo costarricense, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. Desea y trabaja para quedar como el único Poder Público válido y legitimado.

La forma en que el presidente del Ejecutivo Nacional se ha referido a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa es burlona, irrespetuosa, agresiva, baja pisos, intimidante. Nunca se había visto algo así en el país ni en la historia republicana que hemos vivido.

La carta, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, les fue enviada al momento en que la Asamblea Legislativa entró en receso parlamentario hasta el 6 de enero próximo.

El Presidente Rodrigo Arias Sánchez no tiene por qué responderle esa nota antes del 6 de enero. Si lo hace, ese día, será como un regalito del Día de Reyes para el inquilino de Zapote.

No están obligados los ciudadanos presidentes de estos Poderes Públicos, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, de aceptar el show político que, publicitariamente, quieren montar en Zapote para iniciar el año electoral del presidente Rodrigo Chaves Robles.

En ese tablao zapoteño, a lo flamenco, lo que se quiere hacer sonar es el zapateado de las botas presidenciales, que se pondrá ese día el Jaguar, donde lo que se pretende, como en los tablaos originales españoles, es que los participantes del espectáculo muestren atención y disfruten el show, en este caso del “bailongo” a la tica.

Para este espectáculo presidencial, no se han mostrado más que a dos “bailaores”, a Rodrigo Arias y a Orlando Aguirre, sin anunciar el repertorio de músicos, canciones y coreografías que Chaves tiene montadas para el jueves 9 de enero a las 2 p.m, día del baile llamado “Debate”, cuando quiere lanzarse el presidente a la arena electoral del 2025, preparando el ambiente electoral para su candidatura a diputado en las elecciones del 2026.

Bien harían los presidentes, de la Asamblea y de la Corte, de no aceptar el baile que les proponen en ese local, del Cabaret presidencial que quieren hacer funcionar ese día.

Casi se le ocurre al Jaguar, en lugar del tablao presidencial que les propone, haberlos llevado al Tablado de Zapote, a pocos metros de la guarida del jaguar, a tratarlos como toros de lidia, ya debidamente preparados para el sacrificio y muerte, como llevan a esos toros a esas plazas de toreo, a esas arenas de combate… donde está todo amañado contra los toros… como está ese debate estructurado contra los presidentes de la Corte y de la Asamblea.

Lo correcto en este momento, antes del show cabaretesco que se quiere montar, es que el Presidente Chaves se ubique correctamente en la historia republicana costarricense, en la historia de independencia y respeto que históricamente han tenido los Poderes Públicos.

El año 2025 es muy peligroso para el país, para la Patria, para Costa Rica, para su institucionalidad. Chaves procurará descarrilar el proceso histórico de la mejor manera que pueda. Para Chaves será el año en que tratará de montar su candidatura a diputado, o de sus candidatos a diputados y a presidente, a base de dinamitar todo lo que se le oponga política e institucionalmente.

La tensión política nacional será llevada al máximo posible, como nunca se ha visto, para tratar de provocar con ello la fórmula salvadora del autoritarismo militarista que se quiere instaurar en Costa Rica.

El Presidente se meterá en la campaña electoral, sabiendo que no puede hacerlo, pero sabiendo también que no hay condiciones políticas ni legales que lo puedan llevar a las sanciones máximas si se mete en la política electoral, ni que le puedan evitar su beligerancia política como lo está haciendo. Tiene el panorama despejado. Le falta iniciarlo con el show del reto al debate que ha propuesto.

A favor del presidente está que los partidos tradicionales, los que están en la Asamblea Legislativa y los que están por inscribirse para las elecciones del 2026, no tienen músculos desarrollados ni fuertes. Los partidos políticos parecieran tener una distrofia muscular, que es la enfermedad que progresivamente les ha creado debilidad y pérdida de la masa cerebral y muscular política, junto a sus militantes, partidarios y simpatizantes, que se han contagiado, cuando no se han ido a buscar otros partidos más sanos… aunque sean de populistas demagógicos, o a refugiarse irresponsablemente en el abstencionismo, como sucedió en la segunda vuelta electoral del 2022.

Costa Rica al borde del autoritarismo

Adriano Corrales Arias

A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.

No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.

La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.

Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.

Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.

Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.

La rebelión de los cabreados y el neofascismo

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

El globalismo neoliberal y libertario (liberticida, Rogelio Cedeño) han enriquecido a un puñado de personas, el 1%, mientras han precarizado a los sectores medios y empobrecido a las mayorías, quienes pagan los platos rotos de sus extravagancias. Ninguna novedad, para quienes consideran que el mundo es de los audaces, y salados los que carecen de esa cualidad; sobrevivan o muéranse.

                Son estos sectores mayoritarios, los cabreados (molestos, enojados, indignados…), quienes en su desesperación se han convertido en la clientela electoral de una “nueva” clase política que les ofrece salir de su condición de marginalidad y precariedad a cambio de su adhesión incondicional. De esta manera, ha sabido aprovechar y capitalizar su enojo, desesperación y resentimiento, utilizando un discurso grandilocuente cimentado en una promesa de futuro próspero en lo económico, socialmente beneficioso y hasta pacífico. Está creando, así, las condiciones para legitimar su autoritarismo antidemocrático -revestido de una falsa democracia-, mostrándose como defensor y garante de derechos económicos y sociales de las mayorías.

                Al respecto, cabe destacar, el señalamiento de Benjamín Tijerina sobre la correlación entre los porcentajes de los electores protestantes, tanto en zonas rurales como urbanas, y a través de todas las capas sociales y generacionales, y los triunfos de Hitler. De ahí, se concluye que el Partido Nacional Socialista no era simplemente un partido de las clases medias radicalizadas, sino un partido popular de la protesta (Tijerina, B. 1998). Efectivamente, en la Alemania de posguerra, primera Mundial, el discurso racista y supremacista de Hitler, así como sus acciones genocidas se vieron favorecidos por las condiciones leoninas y precarias a que fue sometida (Tratado de Versalles). En ese contexto, se supo capitalizar el resentimiento social de las mayorías populares, incluidos por supuesto los protestantes que eran la mayoría religiosa. Un sector de la jerarquía católica y uno minoritario protestante: la Iglesia Confesante, mantuvieron oposición al régimen fascista de Hitler; incluso, uno de sus miembros, el destacado teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue víctima y mártir de la causa antifascista.

                Hay un sustrato religioso popular en el apoyo que recibió Hitler de protestantes y católicos, así como por los rasgos propiamente religiosos que asumió el fascismo. Este fenómeno, con nuevos matices, tiende a replicarse en el neofascismo contemporáneo. Gravita con fuerza el factor religioso en su versión tanto secular como confesional. La economía se convierte en religión neoliberal (de mercado, Franz Hinkelammert) y la religión en economía neoliberal (pseudoteología de la prosperidad). Es el revestimiento religioso de la economía y económico de la religión. Por lo tanto, ahora, religión y política no requieren legitimarse recíprocamente, a la manera del régimen de cristiandad, vía lo ideológico, simbólico y ritual -aunque esta legitimación se continúe dando- sino que, manteniendo su “autonomía”, se ven integradas, haciendo causa común alrededor de un proyecto económico y cultural: el neoliberalismo, que se comporta religiosamente, favoreciendo un neoecumenismo de corte fundamentalista. Este fenómeno explica, en alguna medida, la emergencia de los partidos confesionales evangélicos en alianza, siempre, con aquellos sectores y partidos que impulsan el proyecto neoliberal, pero disputándose un espacio propio para acceder al poder.

                De esta manera, el neofascismo ha encontrado asidero político-electoral en esta nutrida clientela de cabreados sociales, que asumen como ideario las nuevas promesas mesiánicas de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman) de la nueva religión neoliberal. Por lo tanto, no es casual el apoyo, por ejemplo, recibido por Donald Trump en la reciente contienda electoral, tanto por los sectores medios precarizados, también “radicalizados”, y los empobrecidos (contando ahora con un alto porcentaje del voto de afroamericanos y latinos), donde el factor que incidió e inclinó la balanza electoral fue, en buena medida, la promesa de salvación económica. Con un apoyo, desde arriba y desde abajo, avanza peligrosamente, por los derroteros del autoritarismo que induce a nuevos genocidios (hoy, particularmente, de rostro palestino) y ecocidios. El neofascismo neoliberal es intrínsecamente violento; se comporta como un cerco o gueto que está conduciendo al “suicidio colectivo”. A los cabreados se les ofrecerá “pan y circo” (también represión si se portan mal) y, mientras se entretienen, la riqueza seguirá fluyendo hacia arriba.

La prosperidad para todos, al igual que la “paz” que anunciaban los falsos profetas en tiempos de Jeremías, es la gran mentira del neofascismo, que resulta más digerible cuando asume los rasgos de la ficción literaria (la novela como la “mentira bien contada”, con la gran diferencia de que en la literatura esta “mentira” está al servicio de la bondad, la justicia, la belleza…) o se reviste de religiosidad, bajo el carisma de sus agentes (legitimidad carismática, Max Weber) y la fe de unos seguidores, cuyo fanatismo induce al odio y la violencia. El neofascismo se articula, así, desde un discurso de distracción, por lo consolador y lúdico, y socialmente polarizador, por lo confrontativo, apologético y violento.

Un análisis del régimen posfascista de Jair Bolsonaro en Brasil, señala, siguiendo los planteamientos de Antonio Negri, por un lado, que el posfascismo corresponde a una “fase dura” del neoliberalismo, propia de un período donde este se muestra incompetente para generar modelos de equilibrio político, atender las demandas sociales y enfrentar la fuerte resistencia social. Por otro lado, se trata de una transformación autoritaria del Estado para el salvataje del programa neoliberal; un período en el cual se da una “fuerte recuperación de soberanismo”, donde la multitud ocupa el centro de la lucha de clases como protagonista de los procesos históricos; una implosión de esta multitud “en términos de inseguridad económica o ambiental y de miedo al futuro” y de un repliegue sobre la “defensa de la identidad” (Diego Sztulwark https://www.revistaanfibia.com/lula-bolsonaro-neofascismo/)

Sí, estamos ante el avance político de un neofascismo o posfascismo de rasgos decididamente autoritarios y violentos, cimentado, en buena medida, en una religiosidad secular y confesional, que hace causa común alrededor de una promesa de salvación económica (el reino de Dios en este mundo) y de la seguridad que ofrece el retorno de los valores tradicionales para encarar las incertidumbres; desde ahí, utiliza y manipula la desesperación y el desencanto de las mayorías. La rebelión de los cabreados al servicio de sus victimarios.

Sin embargo, ahí donde está su fortaleza también está su talón de Aquiles. Como bien señala Paul Krugman en un reciente artículo, donde el resentimiento está conduciendo al poder a gente mala, este poder no se sostiene a largo plazo, pues cuando despotrican contra las élites la gente comprende que ellos también son elites; asimismo les cobrarán sus promesas incumplidas, y buscarán a quienes procuren decir la verdad. (https://www.nytimes.com/es/2024/12/10/espanol/opinion/elites-multimillonarios-tecnologia-gobierno.html).

                El gran desafío para enfrentar la creciente ola neofascista es continuar develando sus contradicciones, la inconsistencia de su discurso grandilocuente, cínico, demagógico y propiciador del odio y la violencia. “La verdad nos hace libres”.