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Etiqueta: beligerancia política

El terrorismo político expresado en las vallas publicitarias

Vladimir de la Cruz

Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.

No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.

Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.

La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.

En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.

El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.

En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.

Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.

La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.

La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.

En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.

Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.

Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.

La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.

Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación

Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.

Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.

La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.

En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.

Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.

Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.

Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.

Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.

Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.

Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.

Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.

Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.

Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.

Compartido con SURCOS por el autor.

El objetivo político más importante de la campaña electoral será cómo integrar la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

Los fuegos electorales ya iniciaron. El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida. Todos los partidos políticos interesados en participar en el proceso electoral nacional hacia las elecciones del primer domingo de febrero del 2026 deben estar en proceso de inscripción este mes. Ahí se cierra la lista.

En algunos partidos políticos suenan precandidatos presidenciales. En el Partido Liberación Nacional estos candidatos tienen plazo de inscripción a pocos días para ser admitidos y poder participar en una convención abierta para escoger el candidato presidencial. Aquí hay tres bien definidos y una silueta adicional que está tratando de meterse. Ramos, Taylor y la diputada que pareciera la candidata del presidente Chaves en ese partido son los más sonados. En el Partido Unidad Social Cristiano, que está partido, que no es unitario, que tampoco es social y menos cristiano, tiene dos candidatos visibles. Uno de ellos claramente identificado con la Casa Presidencial, el diputado Bojorges, que pareciera ser el candidato del presidente Chaves en ese partido. El otro, Juan Carlos Hidalgo, el presidente del Partido que ha sido obligado a renunciar a su presidencia partidaria para poder aspirar a la candidatura presidencial. Su renuncia es un absurdo político. En ninguna parte del mundo se le exige eso a un alto dirigente de un partido político. Al contrario, cuando un partido político escoge su candidato presidencial lógico es que también dirija el partido durante el período de la campaña electoral, como lo ha hecho siempre Liberación Nacional, o al menos que forme parte del núcleo director del partido. Pero, si es presidente del Partido no tiene por qué renunciar o suspender su responsabilidad partidaria, de dirigente del partido. Es tan solo una maniobra politiquera del grupo de Bojorges, contra Juan Carlos, orientada a restarle algo de poder y de supuesta influencia que podría tener como presidente del Partido en el proceso de la convención para escoger el candidato presidencial. Es como si al diputado Bojorges, se le obligara a renunciar a su condición de diputado para evitar que, desde ese puesto, y por la visión pública que le da, pudiera influir en su campaña para la candidatura. No hay nada más estúpido en la política partidaria de la Unidad Social Cristiana y del país esto que está ocurriendo en este partido. Es una falta enorme de visión política, de sensibilidad política y una gran falta de inteligencia emocional política.

Es claro que los diputados Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado serán candidatos presidenciales de sus partidos políticos.

En las otras tiendas políticas conocidas no hay a la vista otros candidatos ni precandidatos presidenciales, por ahora posibles. Una discreta publicidad de datos curriculares de Sofía Guillén pareciera está orientando una tendencia para que en el Frente Amplio se le valore como eventual candidata presidencial.

En la Guarida del Jaguar sí hay movimiento político y electoral. El presidente no descansa de intervenir en asuntos políticos electorales. No tiene medida de su beligerancia política, que la tiene prohibida constitucionalmente, pero poco le vale esa restricción porque sabe que no hay posibilidad real de someterlo a acusaciones por este motivo. Por el contrario, sabe que cualquier crítica y acción que se haga en su contra es mera propaganda a su favor, es mayor imagen pública para sus intereses electorales.

La beligerancia política electoral que tiene el presidente no es, por ahora, a favor de algún partido en particular, porque no tiene todavía un partido con el que se identifique plenamente para la próxima campaña electoral. Eso debilita las acciones en su contra.

La beligerancia política del Presidente es directa, fuerte, intimidante, contra todos los partidos políticos en general, especialmente contra Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, a los que acusó, junto al partido Acción Ciudadana, de haber gobernado el país, desde 1953 hasta su llegada al gobierno, en el 2022, de una forma dictatorial y tiránica, al servicio de camarillas empresariales de esos partidos y de los gobiernos que ellos ejercieron, siempre gobernando contra el pueblo y los intereses populares.

La beligerancia política presidencial es abierta contra los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, como principales partidos que han gobernado, que tienen sus propias bases partidarias y de seguidores.

La beligerancia político electoral del presidente es para descalificar, ante la opinión pública y el electorado, a los diputados que integran la Asamblea Legislativa, exceptuando a los ocho que le son fieles. Para él, en toda la Asamblea Legislativa está mal representada la voluntad popular, la soberanía popular. Para él ninguno de los diputados sirve. Por ello, su beligerancia política se orienta en sus diatribas a llamar a votar por nuevos diputados, por diputados que cambien toda esa representación partidaria allí expresada en la Asamblea Legislativa, para que los partidos tradicionales y los que han tenido diputados electos no vuelvan a elegir diputados.

Su beligerancia política es por su intervención política llamando a votar por nuevos diputados de nuevos partidos, que estén dispuestos a cambiar la Constitución Política, para agilizar trámites administrativos, para eliminar controles institucionales de la gestión directa del Poder Ejecutivo, para poderle dar continuidad a las políticas que su gobierno ha impulsado y materializado. Su beligerancia política es creando la imagen de que se debe continuar con las políticas de su gobierno, para lo cual hay que dominar todo el espectro político, de los tres poderes de la República, lo que ya está diciendo con vehemencia.

La beligerancia política electoral del presidente es para descalificar y hacer perder la fe y la confianza en las instituciones políticas como son la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, las Defensorías ciudadanas. Por eso reta cuando puede, con cualquier pretexto, a los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia.

Recientemente fue muy claro y directo en su discurso. Para él se necesita una Asamblea Legislativa que pueda nombrar nuevos Magistrados, para que la Asamblea Legislativa junto con la Corte Suprema de Justicia puedan armonizar mejor la acción estatal y gubernativa. Para el presidente no hay división de poderes públicos, hay acciones conjuntas que deben ser dirigidas desde el Poder Ejecutivo. Así de claro lo dijo. Bukelización, Orteguización o Maduración del país le faltó decir. Hay que reconocer que de estos tres países El Salvador, Nicaragua y Venezuela, el que más le apasiona y le tiene enamorado es El Salvador.

Con El Salvador, se dice públicamente, firmó un Pacto Confidencial. En lo que ha corrido en noticias es un pacto de gobernabilidad centroamericana, donde Bukele impulsa un nuevo proyecto unionista, sintiéndose un Morazán moderno, del Siglo XXI y Chaves se siente su segundo al mando. Pero, es también un pacto de gobernabilidad policial, para establecer en Costa Rica un sistema policial carcelario y militar como el existente en El Salvador. Es un pacto para impulsar, como en El Salvador, procesos constantes de estados de excepción, donde se suspenden las garantías, derechos y libertades por lapsos de tres meses. En El Salvador han hecho ya 32 estados de excepción de este tipo, lo que le permite al gobernante actuar prácticamente sin ningún control sobre toda la población y sobre toda la actividad política, económica y social del país.

Lo más peligroso del Pacto confidencial es lo que no se ha dicho sobre el tráfico de droga en Centroamérica, siendo Costa Rica la principal bodega prácticamente de todo el continente y de esta región. Pareciera que se buscan nuevas rutas internacionales para el narco comercio, debido a que en Europa tienen bien controlada la llegada de la droga que se exporta, con bastante tolerancia oficial, desde el Caribe costarricense, que carece de controles importantes, y desde las costas pacíficas del país, donde el Ministerio de Seguridad ha desmantelado y descuidado intencionalmente, los controles que habían, debilitando, y casi desapareciendo, los cuerpos de seguridad y de lucha contra las drogas que estaban altamente especializados en esas zonas costeras.

En el campo político electoral el Pacto de Confidencialidad abarcó el apoyo y la presencia del bukelismo en las próximas elecciones nacionales, con dos partidos políticos aparentemente en proceso de inscripción con miembros de la familia Bukele, que pueden participar en las elecciones nacionales costarricenses. Con ello posiblemente se habló del financiamiento de esos partidos y de lo se le pueda ayudar al presidente Chaves si decide lanzarse a diputado en agosto, porque la campaña a diputado va a requerir más dinero que la campaña para un candidato presidencial, debido a que para Chaves hay que hacer girar la campaña no sobre los candidatos a presidente sino sobre los candidatos a diputados, siendo él candidato.

Esto de ser correcto va a ser un reto mucho mayor para todos los partidos políticos que quedarán obligados a presentar candidatos de altos calibres políticos y profesionales.

El objetivo político para Chaves no es quien continúe en el gobierno del 2026, si seguidor suyo o no. El objetivo político más importante de esta campaña electoral probablemente será cómo integrar la Asamblea Legislativa. La lucha es por el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se puede marcar la pauta de gobierno si se tiene una mayoría legislativa fuerte, altamente beligerante e inteligente.

Queda en deuda la posibilidad de construir una gran coalición política electoral. En 1958 contra Liberación Nacional se logró una coalición de fuerzas políticas que impulsó la candidatura de Mario Echandi Jiménez. En 1966 contra Liberación Nacional se logró una coalición de fuerzas políticas que impulsó la candidatura de José Joaquín Trejos Fernández. En 1978 contra Liberación Nacional se logró una coalición de partidos políticos y fuerzas políticas que impulsó la candidatura de Rodrigo Carazo Odio. Las tres coaliciones ganaron las elecciones. Mario Echandi Jiménez, José Joaquín Trejos Fernández y Rodrigo Carazo Odio fueron nombrados presidentes de la República.

Hoy el tema no es desplazar a Liberación Nacional o a la Unidad Social Cristiana de ganar la elección. El tema es desplazar y eliminar de la institucionalidad pública lo que el presidente Chaves es, significa y puede proyectar a un nuevo gobierno, e impedir que sus afanes destructivos puedan continuar.

¿Habrá capacidad para realizar una coalición política, de la manera más amplia posible, en esta dirección? Yo lo veo difícil cuando los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana ya están con sus propias candidaturas, y cuando en el seno de ambos partidos hay fuerzas que son como agua y aceite, que se rechazan unas a otras. Solo recuerdo el esfuerzo nacional de 1943 cuando a Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Partido Republicano Nacional, encabezado por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el Partido Comunista, encabezado por Manuel Mora Valverde, los tres hoy Beneméritos de la Patria, para impulsar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, las grandes Reformas Sociales de esos años, y cómo para las elecciones de 1944, se creó la Coalición del Bloque de la Victoria, del Partido Republicano y del Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, apoyada la coalición por la misma Iglesia Católica, para darle continuidad a las Reformas Sociales. Repito la pregunta: ¿Habrá capacidad para realizar una coalición política, de la manera más amplia posible, en esta dirección?

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El discurso presidencial ante las próximas elecciones

Vladimir de la Cruz

La gente habla o se expresa cotidianamente, sin pensarlo, y quizá sin saberlo, en forma de prosa, es decir sin reglas de expresión sujetas al verso, donde las frases no riman, o son muchas veces sin entenderse, como sucede en el habla del Jaguar de Zapote, que al menos él reconoce, que no habla, que gruñe, que con frecuencia no liga su lengua con su cerebro.

El habla es la forma como se expresan ideas, pensamientos, razonamientos, por medio de los sonidos vocales que emitimos articuladamente.

Cuando hablamos discurrimos, hacemos, sin saberlo también, un discurso, como una construcción lingüística que nos permite comunicar nuestros pensamientos, de forma oral con elementos verbales y no verbales, incluso corporales.

Los discursos que hacemos, cuando hablamos, pueden ser para persuadir, convencer, entretener, intimidar o meter miedo, para amenazar, para construir una realidad, para proponer una realidad o un mundo para vivir mejor.

Los discursos son herramientas de comunicación. Generalmente se pretende que sean potentes o fuertes, y que respondan a estrategias de comunicación, los cuales pueden provocar reacciones a favor o en contra de quien los realiza. Se pueden hacer en forma oral o de manera escrita, dependiendo ante quién y dónde se hagan, de manera que pueden ser narrativos, expositivos, argumentativos, informativos y publicitarios, entre otras formas.

Con el discurso se pretende llegarle a un receptor del mismo, individual o colectivo, a grupos pequeños o grandes auditorios, pretendiendo obtener de quien lo recibe una respuesta positiva.

La clave del discurso está en el inicio para lograr que los receptores se interesen y pongan la atención debida, en el resto de lo que les quiere manifestar.

Debe procurarse que el discurso sea claro, comprensible y apto para quien se dirige. Debe procurarse credibilidad en los temas que se tratan, con sus propios desarrollos e ideas básicas.

Los discursos transmiten y exhiben comportamientos sobre temas generales como específicos. Por ello se dice o se refiere al “discurso de izquierda”, “discurso de la derecha”, “discurso de los comunistas”, “discurso de los anticomunistas”, “discurso de los populistas”, “discurso de los liberacionistas”, “discurso de los socialcristianos”, “discurso de los liberales o neoliberales”, y así se podría seguir. Con estas formas queda claro que se transmite un contenido, se comunican ideas, significados, y comportamientos políticos por el emisor respectivo.

El próximo año entramos activamente al año electoral, hacia las elecciones presidenciales y de diputados, que se realizarán el primer domingo de febrero del 2026, dentro de trece meses. Ya están encima. Así como han pasado casi tres años del gobierno de Rodrigo Chaves.

Más rápido se sentirá que pasa el tiempo hacia las elecciones. Todo lo que gire alrededor de ellas provocará esa sensación de que el tiempo vuela, lo que es cierto especialmente para los partidos y candidatos, que están sujetos al calendario oficial electoral, que ya publicó el Tribunal Supremo de Elecciones, que funciona a partir del primero de enero próximo, sin que pueda ser modificado desde esa fecha, dando toda la seguridad jurídica y electoral al proceso de las elecciones y a los partidos que van a participar.

Es claro y evidente que el Presidente Rodrigo Chaves está en campaña electoral. La legislación electoral y la Constitución Política le prohíbe al Presidente participar, en el escenario público, en asuntos políticos o electorales. Si participa comete el delito de Beligerancia Política, que si se le comprueba puede ocasionarle la suspensión de su condición de Presidente de la República.

De proceder esta situación se debe acusar al Presidente ante la Fiscalía General de la República. Por ser un Presidente de un Poder de Estado, la investigación la realiza el Fiscal General, a quien el presidente constantemente ataca, cuestiona, le hace escándalos y deslegitima. Probablemente, lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque sabe bien, el Presidente, que el Fiscal es el primero que tiene que instruir sobre una acusación de este tipo. Por esta razón necesita debilitar esta figura institucional para provocar la desconfianza publica del Fiscal y de su Oficina, la Fiscalía.

De comprobarse los hechos, el Fiscal tiene que pasar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que allí se proceda en lo que sigue. Por ser un Presidente de un Poder de la República el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que pasar el caso a la Asamblea Legislativa, para que levante la inmunidad legal que goza el presidente, para poderlo procesar.

De allí también, se puede entender por qué el Presidente Chaves ataca constantemente a la Corte Suprema de Justicia, a su Presidente, a la Sala Constitucional, ampliando sus ataques a la Sala Penal, a la Fiscalía como parte del andamiaje institucional de la Corte, para debilitar sus credibilidades institucionales y eventualmente procesales.

Una vez recibido el caso en la Asamblea Legislativa se tiene que integrar una Comisión Parlamentaria, encargada de conocer el caso, en lo que se llama un Ante Juicio.

La Comisión Legislativa, como todas las comisiones estudia el caso, con los trámites internos parlamentarios, y termina dando un resultado, que puede ser negativo o positivo sobre lo que se le acusa al presidente. Si el resultado es negativo, de rechazo de la acusación, el expediente pasa al archivo legislativo. Si el resultado es mayoritariamente positivo, con dictamen favorable, y negativo con dictamen minoritario, se pasa todo el expediente al Plenario Legislativo, para que todos los diputados resuelvan si se levanta la inmunidad o no.

Allí, como en las Comisiones, se dan los debates correspondientes entre los diputados y se vota el levantamiento o no de la inmunidad que tiene para ser procesado judicialmente. Personalmente, veo que no hay ambiente legislativo para levantarle la inmunidad.

En el supuesto, de lo que expongo, que se le levante la inmunidad, entonces se procede a devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que así se juzgue al Presidente.

De encontrarse culpable se procede a calificar la sanción y la máxima es destituirlo de su condición de Presidente e inhabilitarlo políticamente.

En este momento hay dos acusaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conoce de delitos electorales contra el Presidente por beligerancia política, una de un ciudadano y otra del Presidente del partido Liberación Nacional. De igual manera, lo que disponga el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que pasarse por la Corte para el trámite del levantamiento de la inmunidad.

Como se puede apreciar no es tan fácil destituir al presidente por la violación constante que hace en sus intervenciones y discursos, de meterse a opinar contra partidos políticos y sobre temas electorales, lo que le está prohibido. Menos fácil es hacerlo en año electoral, por los plazos procesales de estos trámites, que pueden ser lentos. Pero, también porque un juicio así, en el año electoral, le puede ser muy útil al presidente para mantenerse activo en la campaña electoral, como gran protagonista, defendiéndose de las acusaciones que se le hagan y haciendo campaña, eventualmente para él mismo en caso de que quisiera, como se dice que aspira a ser diputado en el 2026, para lo cual tendría que renunciar a la presidencia en el mes de julio. Ya no gozaría de la inmunidad que tiene. Si se le quisiera continuar la acusación para lograr una sentencia que lo inhabilite de participar se podrían llevar en el tiempo el resto del año y el de las mismas elecciones.

La beligerancia que impulsa el presidente le permite estas discusiones y la posibilidad de su activismo político in extremis.

NO le veo posibilidades reales a procesos de este tipo contra el presidente en este momento. Lo que procede a los opositores al presidente es articular una alianza de fuerzas opositoras con una Coalición Electoral de partidos y de fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas que lo puedan superar electoralmente en número de diputados, que es su propósito político, de lograr la mayor cantidad posible de diputados, ojalá una cantidad superior a los 29, para poder palanquear todas las reformas constitucionales y legales que le permitan volver a la presidencia en el 2030 con reelecciones consecutivas, al estilo de cómo están procediendo en Centro América y en el continente los distintos presidentes, y sus procesos electorales.

La construcción lingüística de los discursos e intervenciones del presidente está en esta lógica y perspectiva de afirmar su figura como el nombre fuerte y necesario para sacar adelante política, social y económicamente.

Sus discursos son potentes, al foro de sus ciegos seguidores, y al foro de sus intimidados opositores. Para sus discursos de los miércoles lleva un guion bien estructurado, con una buena guía de los temas que quiere tratar, de los fundamentos que los sustentas, de los actores que los justificarán y de los periodistas, ya contratados, para que le hagan las preguntas para las tienen las respuestas adobadas.

De los garabatos de sus guion, o apuntes a mano, se ve que a como habla y explica así tiene la guía. No hace frases grandilocuentes, pero sí enfatiza en los ataques, en el contenido del ataque y en los personajes por él abordados siempre de manera intimidante, baja pisos, mintiendo sobre ellos en algunos aspectos, creando con ello verdades falsas, que cuando se dicen en abundancia y repetitivamente se llegar a creer como verdades. Sus lemas han de ser: “miente, miente que algo queda” y “una mentira cien veces dicha llega a ser verdad”.

En sus discursos e intervenciones crea historia, algunas con cierta autenticidad, y hasta personajes ficticios con los cuales trata de identificarse y hasta defender…la Señora del Purral…

Tiene buen control de su comunicación no verbal, gesticular o corporal, incluso cuando se mete en el vestido del jaguar y en sus gruñidos, y sus manos actuando como garras…

Le gusta lanzar cuestionamientos provocadores. Recientemente ha aminorado los ataques personales, pero no deja de insinuar hacia quienes van dirigidos y cuáles personas se refiere, siempre burlescamente o bajándoles el piso de distintas maneras.

Hasta ahora no recuerdo que use estadísticas convincentes de su gestión. Lo que más le entusiasma son los resultados de encuestas sobre su persona. No es el presidente de citar personajes, no los necesita para sus tonterías discursivas, pero también porque debe ser de una baja cultura general. Este no sería su pecado, porque a veces quien pasa citando personajes es por la debilidad de sus propios argumentos y necesita darles la fortaleza de los personajes que cita, de manera que si actuara así, con solo quitarle las citas se quedaría sin discurso.

Quien lo está asesorando me parece que, para el genio y figura que es, lo está haciendo hasta ahora bien. Sin duda alguna el que más se cree sus discursos es él mismo. Curiosamente, no está publicando sus discursos, al menos los principales, los que le preparan y escriben, que para eso hay funcionarios especializados en los palacios presidenciales. En eso ha de ser vanidoso de publicar bajo su nombre lo que otros escriben.

Esta práctica la debe haber aprendido en los organismos internacionales en que trabajó. Allí se acostumbra que los informes y trabajos que se realizan salen con el nombre principal del director, del jefe o de la principal figura que está sobre quien o quienes redactaron el informe, el trabajo o la investigación. Si no aparece nada con el nombre del presidente como principal redactor o escritor es que no hizo nada relevante. Habría que revisar su currículum de publicaciones. De todas maneras esto no sería un pecado en esas experiencias laborales. Tan solo n os permitiría conocer el discurso, expresado en investigaciones y publicaciones hechas por el Presidente.

Estaremos atentos al discurso presidencial del candidato electoral oficial, sea cual sea, si es para presidente o para la diputación que salga de la Guarida de Zapote.

No tengo duda de que el discurso presidencial ante las próximas elecciones va a ser muy confrontativo, de pelea callejera, sin grandes contenidos, escogiendo como contrincantes a quienes vaya viendo mejor en posibilidades organizativas electorales o que empiecen a despuntar en encuestas. A todos ellos les montará sus policías políticas y represivas para buscarles cualquier lunar que tengan o haya tenido, no importa si de ahora o hace treinta, vente o diez años. Lo importante es buscar escándalos posibles descalificadores que puedan someterse acusaciones e investigaciones judiciales para limpiar el terreno electoral. Esta será, probablemente, la campaña más sucia y asquerosa electoralmente hablando de la historia reciente del país, que resultará de quienes así la orienten, la diseñen y la hagan.