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Etiqueta: bien público

“La luz de Costa Rica no se vende: se defiende”

Welmer Ramos González, economista

Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica

Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.

No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.

Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.

Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.

Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.

Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.

Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.

La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:

País

Modelo eléctrico

Precio hogar (USD/kWh)

Cobertura

Tarifa rural = urbana

Costa Rica

Estatal + cooperativas + ARESEP

~US$0.20–0.21

~100%

Sí (subsidio cruzado)

España

Privadas reguladas

~US$0.28–0.32

~100%

Alemania

Mixto privado-regulado

~US$0.44–0.48

~100%

No completamente

Francia

Predominio estatal

~US$0.30–0.32

~100%

Irlanda

Privado regulado

~US$0.69

~100%

Parcialmente

Italia

Privado regulado

~US$0.66

~100%

Parcialmente

California EE.UU.

Privadas concesionadas

~US$0.30–0.33

100%

No

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).

Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.

La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:

País

Residencial (USD/kWh)

Industrial (USD/kWh)

Veces más caro que CR

PIB per cápita (USD)

Irlanda

~0.69

~0.30–0.35

3.3x

130 000

Italia

~0.66

~0.26–0.32

3.1x

43 000

Bélgica

~0.61

~0.24–0.29

2.9x

61 000

Alemania

~0.44–0.48

~0.27–0.28

2.0x

60 000

Dinamarca

~0.39–0.41

~0.22–0.26

1.9x

77 000

California EE.UU.

~0.30–0.33

~0.20–0.24

1.5x

90 000

España

~0.28–0.32

~0.18–0.21

1.3x

38 000

Costa Rica

~0.20–0.21

~0.12–0.15

referencia

20 000

Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.

Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.

Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.

Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.

Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.

Pero el país tiene memoria.

Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.

Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.

Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:

¿Modernizar para beneficiar a quién?

Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.

Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.

Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.

Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.

Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.

La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.

Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.

Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.

La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.

Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.

Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.

¿Se imagina pagar más por el recibo de la luz y despedazar el ICE y los ríos, solo para que los Arias se hagan más ricos?

Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad

Esto es precisamente lo que hace el proyecto de ley N°23.414 que Rodrigo Chaves presentó en el 2022 para privatizar el mercado de electricidad en Costa Rica. Este mismo proyecto es que el que Laura Fernández está convocando y pide aprobar con urgencia en los próximos días.

Un proyecto que hará más ricos a familias dueñas de generadores privados de electricidad como los Arias. ¿Increíble no? Nos prometen combatir a las élites y a los ticos con corona, mientras al mismo tiempo nos clavan proyectos que los benefician.

El proyecto hace 3 cosas:

1- Desarma el cerebro eléctrico que el ICE usa para despachar electricidad a todo el país (el DOCSE) y se lo pasa a una nueva institución pública que crea con el fin de que los generadores privados puedan estar en su Junta Directiva (el ECOSEN). Esto le quita al ICE la autoridad para dirigir el sistema eléctrico nacional y eleva los costos que pagamos todos los ticos porque ahora hay que pagar el presupuesto de la nueva institución pública que hacen. Sin ese cerebro eléctrico del ICE, se nos vienen apagones y peor calidad del servicio eléctrico.

2- Crea un mercado de subastas en el que el ICE deberá supuestamente competir por los contratos de electricidad (¡después de haberle desarmado su cerebro eléctrico y boicotearle su capacidad!). Sobre esto habría que decir que los mercados de subasta de electricidad en el mundo casi siempre acaban en sobreprecios y alzas tarifarias porque los pocos agentes que participan se ponen de acuerdo para inflar los precios de la subasta, como en España. Con los ricachones dueños de generación privada de electricidad poniéndose de acuerdo, se nos vienen aumentazos en los recibos de la luz.

3- Habilita la exportación de electricidad por parte de los generadores privados. Esto parece inofensivo y lo sería, de no ser porque la mayor transnacional de la región dedicada a la generación privada de electricidad ya anunció que le interesa venir al a país a generar electricidad para exportar. Lo hará construyendo centrales a filo de agua en nuestros ríos, con poquísimos empleados y a costa de las comunidades que usan esos ríos. Pero, además, hay un detalle adicional: cada vez que el ICE exporta electricidad, la ARESEP aplica un rebajo en los recibos de la luz a los ticos, pero si el ICE exporta menos y la transnacional le roba el mandado, no ocurren esos rebajos. Con el ICE siendo desplazado en exportaciones, se nos vienen recibos de luz sin rebajos.

Esto lo quieren aprobar YA

¿Te gustaría pagar más por la luz o vivir con apagones?

¡No dejemos que nos metan gato por liebre, que no nos roben nuestra electricidad!

Le invitamos a ver la conferencia de prensa:

UCR respalda proyecto de ley para garantizar acceso público a las playas

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).

Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.

Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.

Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.

No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.

En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.

El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.

Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.

Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.

En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Dictamen completo: https://drive.google.com/file/d/1qAqqbQroeuwAZ9S7YZdYVJMSRTXJrb6x/view?usp=sharing

¿Frecuencias secuestradas por millonarios y el narco?

Contra el acaparamiento de frecuencias y por la democratización de la comunicación

El Partido Vanguardia Popular denuncia y condena enérgicamente la forma en que el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) han decidido llevar adelante la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica.

Lejos de garantizar el derecho democrático del pueblo costarricense al acceso a la comunicación y la información, este proceso condena a las comunidades y organizaciones sociales a seguir excluidas de la posibilidad de contar con radios y televisoras comunitarias, al tiempo que se favorece descaradamente a quienes poseen mayor poder económico.

La historia reciente demuestra que la concentración mediática en pocas manos ha creado verdaderos oligopolios de la información, que censuran, manipulan y niegan el acceso a una información veraz, objetiva y plural. Este modelo no hace más que someter al pueblo a “las versiones oficiales” de los grandes millonarios, reforzando una estructura mediática que invisibiliza las luchas sociales y las voces populares.

La subasta impuesta profundizará la concentración de frecuencias en menos manos, con el riesgo aún mayor de que estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico, encuentren la vía para legalizar recursos a través de la compra de frecuencias, dada la ausencia de verdaderos mecanismos de control democrático y popular.

No podemos olvidar que, en el pasado, organizaciones sociales, comunitarias y sindicales impulsamos la democratización del espectro radioeléctrico mediante propuestas de una nueva Ley y un nuevo Reglamento de frecuencias, precisamente para garantizar espacios de comunicación popular. Estas iniciativas fueron bloqueadas por el poder de los grandes consorcios mediáticos, interesados en mantener su privilegio.

Hoy, con la digitalización y el nuevo esquema de subastas, lo que se nos presenta es la consolidación de un sistema profundamente antidemocrático y excluyente, las comunidades quedan fuera, la sociedad organizada queda fuera, y las frecuencias, que son patrimonio del pueblo costarricense, se entregan al mejor postor.

Para el Partido Vanguardia Popular el proceso de subasta se debería detener, llamar a las personas y organizaciones a sociales a discutir como país sobre la forma en que debería de desarrollarse este proceso, amplio, democrático y en el cual no se limite, por tema de dinero, el acceso a las organizaciones sociales.

También, que se dé la construcción de un nuevo marco legal y reglamentario para garantizar el acceso democrático al espectro radioeléctrico, priorizando radios comunitarias, educativas y sociales en todas las regiones del país. Todo esto en defensa del derecho humano a la comunicación y a la información, que no puede seguir siendo un privilegio de grupos económicos poderosos ni una herramienta para reproducir las visiones oficiales y empresariales.

El espectro radioeléctrico es un bien público y un patrimonio de la Nación. Su uso debe responder al interés colectivo y no al lucro privado.

¡El pueblo tiene derecho a comunicar y a ser informado con verdad!

Partido Vanguardia Popular
29 de septiembre 2025

Lanzamiento de la Campaña Mundial del Agua Bien Público Mundial

El agua sigue siendo una mercancía, saqueada, sometida a una devastadora dominación comercial y financiera. El agua está enferma en todas partes, contaminada, explotada hasta agotar sus fuentes. Los ríos se están muriendo, los lagos se están secando. Más de un tercio del agua de los acuíferos del mundo no es apta para el uso humano. Más de mil niños menores de 6 años mueren cada día por enfermedades causadas por la falta de agua o su mala calidad. 2.100 millones de personas no saben lo que es el agua limpia. 4.200 millones de personas no tienen un baño en buenas condiciones.

Hoy en día, no se puede detener la brutal y depredadora toma de posesión del agua de la Tierra por parte de intereses privados ávidos de dinero. Este 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, el Ágora de los Habitantes de la Tierra lanza una campaña para una lucha por el

 Agua bien público mundial

El objetivo: detener la devastación del agua perpetrada por las poderosas oligarquías mundiales que siguen tratando el agua para la vida (antes un bien común) como una «mercancía» cada vez más escasa y, por tanto, rentable. Al cotizar en bolsa el 7 de diciembre, estos verdaderos depredadores han confirmado explícitamente que no tienen intención de detener su saqueo del agua y de la naturaleza. En un contexto de creciente escasez, la inseguridad del agua se ha convertido en una característica de la vida en nuestra Tierra. Detengamos a los saqueadores.

La campaña tiene tres objetivos principales:

Liberar el agua de las finanzas depredadoras, empezando por prohibir que las empresas que cotizan en bolsa especulen con el agua necesaria para la vida, y entregar la gestión de los servicios de agua a nivel de cuenca a un gobierno público comunitario del agua;

Asegurar el agua garantizando su salvaguarda, su buen estado ecológico y su capacidad de regeneración natural, como un bien público global que no puede ser enajenado ni privatizado, y reconociendo los derechos de la naturaleza otorgando personalidad jurídica a los ríos, los lagos, los humedales, etc.

Sacar el agua de la cultura de la rivalidad y la violencia promoviendo prácticas de vida, desde lo local hasta lo planetario, basadas en la corresponsabilidad, el compartir, el respeto a los derechos universales a la vida de todos los habitantes de la Tierra, la solidaridad y la fraternidad. Al contrario de lo que está ocurriendo y de lo que seguramente ocurrirá si no se invierten las tendencias, la resiliencia debe ser colectiva, mundial.

Para más detalles, consulte la breve descripción de la campaña en: https://agora-humanite.org/es/

Las expresiones de interés y apoyo son bienvenidas

Escriba a: agora.humanity@gmail.com

Primera reunión web informativa: 15 de abril a las 18:00 horas.

El enlace se enviará a petición.

 

Imagen de Pezibear | https://pixabay.com/fr/photos/personne-humain-fille-enfant-face-775073/

Fuente: https://www.pressenza.com/

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Wall Street abrió otro frente en la guerra del agua

Nota periodística de La 99.3

El agua del estado norteamericano de California empezó a cotizarse en los mercados de futuros de Wall Street, y aunque la información se ocupó de aclarar que los contratos son puramente financieros y no requieren entrega física del elemento, la novedad abre “un escenario en el que efectivamente se va a agudizar la condición del agua como mercancía, y como tal va a entrar en las disputas relacionadas con cualquier forma de crecimiento económico, con cualquier forma de producción, con cualquier forma de comercio de bienes y de productos en el mundo, y esto es lo realmente peligroso”, advirtió el sociólogo costarricense Osvaldo Durán Castro.

Investigador, docente en la universidad pública Tecnológico de Costa Rica, decidido defensor de las causas ambientales, Durán Castro le explicó a Contala como quieras “cuál es la dinámica en que el agua está entrando. Aquí entran todos los metales: oro, plata, cobre, aluminio, acero, hierro, uranio. Incluso se cotizan y se venden futuros basados en la temperatura de la Tierra, en las lluvias, en las nevadas, en los huracanes, porque son posibles riesgos que se van a correr. En esa dinámica se está metiendo el agua”.

La explicación requiere de una diferenciación básica: los mercados Spot o físicos, en los que se cotizan precios de compra y venta “pagando la materia como tal en un momento determinado y de inmediato”, y los futuros, también llamados “fordwards”, en los que hoy se pactan transacciones que establecen precio, cantidad y vencimiento a determinado plazo.

Estos últimos son “un pago de derechos a futuro sobre una mercancía en sí que no es, como tal, que se va a comprar y vender un poco de agua: se pacta un negocio, se pacta en este caso un producto a un precio y a un plazo de discusión del contrato. De tal forma que, como dicen los más optimistas y los que impulsan esto, es una garantía para que, como algunas noticias han dicho, los agricultores, los municipios o las empresas podrán protegerse de los cambios en el mercado del agua. En realidad, para mí no es una cosa de que venga a protegerse sino más bien que lo que se hace es un camino de especulación”, sostuvo.

La cotización del agua fue lanzada en la Bolsa neoyorquina por CME (Chicago Mercantile Exchange) Group, “que creó el índice NQH2O (Nasdaq Veles California Water Index), basado en un indicador de precios de los futuros del agua en California que cotiza a cerca de 500 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.

Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez de agua se ha agravado en los últimos años, ese valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.

Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022. Según CME Group, permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.

“Esta es una compañía, la más grande del mundo, que maneja acciones en bolsa para cotizar cualquiera de los bienes que son letales en la Tierra. Es una fusión de varias compañías de los Estados Unidos que transan en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Chicago y en otros lados que prácticamente consolidan el manejo de mercancías en el mundo. Hablo de mercancías, de que aquí se transa el agua como se transan contratos a futuro sobre productos agrícolas”, aclaró.

“Estamos hablando de un nuevo paso en la escalera de una disputa global y nacional sobre el dominio del agua: la disputa es el agua como bien de dominio público, como derecho humano de los pueblos frente a las distintas vías de la privatización. Pienso que los países más bien deberían estar haciendo esfuerzos enormes y totales para asegurar que el agua sea, efectivamente, un bien y no una mercancía”, reclamó

Recordó que “cuando hablamos del agua hablamos casualmente de un elemento fundamental para la vida, y los diagnósticos que se pueden hacer son muy parecidos, no importa si vienen del Banco Mundial –que ha contribuido a la privatización del agua por distintas vías– o si vienen de organizaciones no gubernamentales o del gobierno. Lo cierto es que hay más de dos mil millones de personas que no tienen servicio de agua, hay más de 4.200.000 personas en el mundo que no tienen ni los mínimos seguros de saneamiento”.

Durán Castro advierte sobre distintas formas en que el capital privado se ha adueñado del aprovechamiento de ese bien que debería resguardar el Estado como garante de la calidad de vida de todos quienes lo habitan: “Las concesiones han sido en toda América Latina una vía mediante la cual los Estados dicen que mantienen el dominio sobre los bienes públicos, pero en realidad los están prestando, los están alquilando y muchas veces los están regalando, donando para que el capital privado, en sus distintas modalidades, lo utilice como medio de enriquecimiento”, señaló.

“En todos los países nuestros y en todo el mundo también tenemos formas de agua privada, por decirlo de esta manera. Y el agua privada se comporta como tal», consideró, para citar enseguida el ejemplo de la energía hidroeléctrica, «utilizada por empresas locales, nacionales o transnacionales para generar electricidad de carácter privado que luego es vendida a las poblaciones, ya sean nacionales o que se exporte para lucrar con esta energía”.

Específicamente para la Argentina, y en conjunto con los territorios de Paraguay y Uruguay y el sur de Brasil, el entrevistado apuntó a “lo que ya ha llegado a llamarse la república de la soja transgénica: el maíz, la soja, la harina de soja, el aceite de soja, el arroz, la palma, el cacao, el café, el algodón, el azúcar, para decir algunos productos, se transan y se venden como futuros en el mercado, y eso evidentemente permite que compañías transnacionales controlen”.

El abanico abarca otras regiones, y es fácil advertirlo cuando el experto invita a pensar “qué otras cosas se transan en este tipo de empresas, de ventas de títulos, por decirlo así, valores a futuros para controlar productos: todos los productos que tienen que ver con petróleo en sus distintas formas, el gas natural… Estamos hablando de fracking”, una tecnología que insume cantidades descomunales de agua.

«Si usted toma por ejemplo la enorme Cuenca del Plata, que prácticamente viene de Brasilia, incluye todo Paraguay, países como Bolivia y llega hasta Puerto Madero en La Boca, estamos hablando de 1.194.000 kilómetros cuadrados que están por debajo de la tierra. Es como si usted juntara todo el territorio de España, Portugal y Francia, y dijera que todo eso es el Acuífero Guaraní. Estamos hablando de una cantidad de agua que ya se explota, que ya se utiliza en términos de comercio, que incluso se exporta a algunos países”, consideró.

Para el experto, «cuando, por ejemplo, se permite el uso de la tierra, del agua, del aire, cuando se permite el uso de los territorios, incluidas las poblaciones, para explotaciones tan grandes como la soja en países como Argentina, estamos hablando de cesión de soberanía nacional«.

«Cuando digo cesión de soberanía nacional hay que verlo a partir de los impactos que esto tiene sobre la gente que allí vive. A partir de los impactos negativos que tiene esto sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre los bosques que se destruyen, sobre la salud de las personas. Es decir, cómo, por ejemplo, en la zona Norte de la Argentina se encuentran cantidades desproporcionadas de elementos venenosos, como los utilizados en la minería, en la sangre de las personas y en la leche materna; (ahí) ya estamos hablando de impactos que son brutales en la vida cotidiana, en la salud, en la integridad de las personas y eso es lo que estamos perdiendo. Cuando se permite utilizar el agua de esta manera haciendo contratos y convenios estamos hablando de una explotación que ya es efectivamente comercial en contra de las personas«, señaló.

“Cuando los países ceden jurídicamente para que haya tratados que vulneran los territorios nacionales que quedan en condiciones para cierto tipo de inversiones que, efectivamente, donan los recursos para que sean utilizados comercialmente por otros países y potencias, ahí estamos hablando de pérdida de espacios de soberanía, de pérdida de los espacios de controles nacionales”.

“El fondo de todo esto es que se agudiza la competencia entre los usos del agua”, afirmó. Para Durán Castro «estamos viendo cómo el agua entra en una disputa que tiene que ver con el control de territorios y con el control de un elemento fundamental».

 

Compartido con SURCOS por Osvaldo Durán Castro de la Federación Ecologista (FECON) y docente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.