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Etiqueta: bienes comunes

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente:
Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente:
Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes:
Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Nosara defiende lo público

Observatorio de Bienes Comunes

Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.

El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.

Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.

Lea más sobre el caso y sus implicaciones aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nosara-recupera-la-voz-sala-iv-exige-proteger-bienes-comunales-frente-a-apropiaciones-privadas/

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/

Pueblos originarios denuncian apropiación de sus memorias sagradas

Esta nota es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR y del Colectivo Antonio Saldaña, quienes alzan la voz desde los territorios para denunciar cómo los sitios sagrados de los pueblos originarios se han convertido en escenarios de disputa, apropiación y mercantilización. Más que recuerdos estáticos del pasado, estas memorias son bienes comunes vivos que sostienen identidades, vínculos espirituales y formas comunitarias de habitar el mundo.

Según lo planteado en el artículo Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en “botín”, existe una creciente preocupación por la forma en que símbolos, territorios y saberes ancestrales son absorbidos por lógicas de consumo o por proyectos turísticos y estatales que ignoran —e incluso excluyen— a quienes los han custodiado históricamente. Las denuncias no solo se centran en la apropiación material de estos lugares, sino también en la manera en que sus sentidos originales son desplazados o trivializados.

Este testimonio colectivo constituye un llamado a reconocer las memorias indígenas como parte de un tejido vivo, que no puede ser reducido a adorno ni convertido en mercancía. La defensa de estos espacios no es solo una causa simbólica, sino una forma concreta de resistir al despojo, de afirmar la dignidad de los pueblos y de reclamar el derecho a nombrar, recordar y habitar el territorio desde sus propias cosmovisiones.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes y el Colectivo Antonio Saldaña se invita a reflexionar y sumarse a la defensa de las memorias como parte de los bienes comunes culturales y espirituales de los pueblos.

¡Las memorias no se venden, se defienden!

Lee la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sitios-de-memoria-en-disputa-cuando-el-recuerdo-se-convierte-en-botin/

Solicitan la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo

Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.

De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.

Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.

Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.

Puede leer la nota completa en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/

Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.

Patrimonio invisible en riesgo por el futuro aeropuerto del sur

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) alerta sobre las repercusiones culturales y arqueológicas que tendría el megaproyecto aeroportuario previsto para la zona sur del país. La investigación —que analiza el caso desde la perspectiva de los bienes comunes culturales— advierte que el énfasis en la “monumentalidad” como criterio de valor patrimonial deja fuera paisajes, toponimias, senderos y microcontextos arqueológicos capaces de narrar la historia ancestral del territorio.

Entre los principales hallazgos se señala que:

  • El área donde se proyecta la terminal concentra rastros “silenciosos” —fragmentos cerámicos, fogones, terrazas agrícolas, rutas antiguas— cuya ausencia de estructuras imponentes no disminuye su relevancia histórica.

  • Argumentar que “ya no existe el pueblo” para legitimar la intervención desconoce que la memoria permanece en la tierra, en los nombres y en los usos del espacio.

  • Diversos marcos jurídicos internacionales (Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, Convención del Patrimonio Mundial) obligan a proteger la memoria colectiva más allá de lo visible.

  • Especialistas proponen diez criterios para reconocer territorios como bienes comunes culturales: vínculo espiritual con el paisaje, persistencia de toponimias, rastros arqueológicos no monumentales, relaciones eco-históricas, rutas ancestrales, memoria colectiva, potencial científico, representación de procesos silenciados, participación local y principio precautorio.

La investigación concluye que construir un aeropuerto sobre un territorio sin monumentos aparentes, pero cargado de significados, equivale a “borrar parte de la historia en silencio” y recrudece la tensión entre lógica de mercado y responsabilidad ética con la memoria colectiva.

Para profundizar en el análisis y revisar la propuesta completa del OBC-UCR, visite:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-aeropuerto-que-pretende-enterrar-la-memoria/

Tejiendo comunidad desde los bienes comunes de Grecia

Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) nos comparten una valiosa producción fruto de un proceso colectivo que tuvo lugar entre marzo y mayo de este año en el cantón de Grecia. Se trata de un trabajo colaborativo con el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, que dio como resultado una serie de materiales que documentan una experiencia de diagnóstico participativo desde los vínculos comunitarios y el cuidado de los bienes comunes.

Más que una investigación convencional, este proceso fue una construcción profundamente arraigada en el territorio y en sus múltiples voces. A través de recorridos, encuentros y acciones conjuntas, se tejió una mirada compartida sobre la riqueza social, cultural y ambiental que habita en Grecia. Desde el Puente de Piedra hasta la ASADA de San Roque, pasando por ferias, talleres, limpiezas de río y espacios de reflexión, se pusieron en diálogo las memorias, los afectos y las formas de vida que sostienen el cotidiano de la comunidad.

El resultado es una colección de boletines, podcast y materiales audiovisuales que no solo documentan este proceso, sino que también se ofrecen como herramientas vivas para quienes sueñan y actúan por territorios más justos, participativos y sostenibles.

Esta propuesta destaca cómo los bienes comunes no son solo recursos, sino también relaciones, saberes, cuidados y resistencias que se cultivan desde abajo, desde la vida cotidiana de las comunidades.

Te invitamos a conocer y descargar los materiales completos en el siguiente enlace:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/tejiendo-comunidad-desde-los-bienes-comunes-de-grecia/

Semillas y Saberes alerta sobre el ingreso de Costa Rica al Tratado Transpacífico

Esta producción radial fue realizada por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica y transmitida por Radio 870 UCR.

En un nuevo episodio del programa radial Semillas y Saberes, conducido por Marcela Dumani, se abordaron las consecuencias del posible ingreso de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La entrevista central estuvo a cargo del abogado y economista Renzo Céspedes Vargas, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en comercio internacional.

Durante el programa se explicó de forma detallada el funcionamiento del tratado, sus orígenes, los países que lo conforman, y sus graves implicaciones para sectores productivos sensibles como el arroz, el café, la leche, la piña, la palma aceitera y el sector hortícola costarricense. Se alertó que esta adhesión, de concretarse, afectaría severamente la seguridad alimentaria, la soberanía productiva nacional y el bienestar de más de medio millón de personas vinculadas al agro.

Uno de los aspectos más discutidos fue la imposibilidad de renegociar condiciones específicas para proteger a sectores estratégicos, dado que las reglas del bloque están predefinidas. También se abordó cómo este modelo de apertura comercial desregulada se suma a otras políticas internas que ya han debilitado al agro, como la “ruta del arroz” o la eliminación de aranceles sin medidas compensatorias.

Céspedes hizo un llamado a la ciudadanía para informarse, generar presión social y dialogar con diputaciones y gobiernos locales para evitar que el país entregue su soberanía productiva a intereses que no consideran las particularidades de la economía nacional.

Escuchá el programa completo aquí:

Webinario «Fuera Mekorot de Abya Yala»

El agua como bien común en disputa

El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.

Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.

Temas a discutir:

  • ¿ Ordenamiento territorial ?

  • ¿Ordenamiento hídrico ?

  • ¿Ordenamiento jurídico ?

  • ¿ Desarrollo urbanístico ?

  • Y la distribución del agua.

Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.

En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.

Fecha del evento: miércoles 3 de julio

Webinario disponible en el canal YouTube de Revista Biodiversidad TV: https://youtube.com/@revistabiodiversidad-tv

Informarnos es también defender el agua como derecho, no como mercancía.