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Etiqueta: brecha

Proyecto Generizar: una propuesta para transformar la producción del conocimiento

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El proyecto Generizar es liderado por un grupo de mujeres científicas, quienes trabajan en una metodología de investigación feminista para analizar el enfoque de género en la producción científica de la UCR (foto Archivo OCI).

Mujeres científicas crean metodología de investigación feminista para analizar el enfoque de género en la producción científica de la UCR

¿Alguna vez nos hemos detenido a reflexionar si las producciones científicas y los libros con los que nos hemos educado han sido permeados por la brecha de género? ¿Hemos analizado por qué la mayor parte del conocimiento ha sido producido por hombres y por qué son pocas las mujeres que han destacado históricamente en la ciencia?

Esta es una problemática que ha sido poco estudiada en nuestro país, razón por la cual, un grupo de mujeres científicas y docentes de la Universidad de Costa Rica, de las áreas de Ciencias Básicas, Artes y Letras, Salud y Ciencias Sociales, se propuso investigar el tema y brindar una solución para erradicar la brecha de género en la producción científica de nuestra Alma Mater.

Se trata del proyecto Generizar, liderado por un colectivo de mujeres investigadoras y científicas de la UCR, quienes desde un enfoque transdisciplinar, trabajan en la creación de una metodología de investigación feminista para el análisis de género en la producción científica- académica del área de Ciencias Básicas.

Las investigadoras que conforman el grupo de Generizar han sido parte de diversas iniciativas institucionales para acortar la brecha de género en Ciencias Básicas, sin embargo, los aspectos relacionados a la producción del conocimiento académico desde la perspectiva de género no habían sido abordados, por lo que se dieron a la tarea de estudiar y trabajar esta problemática por medio de Generizar.

Mariela Porras Chaverri, una de las coordinadoras de la iniciativa explicó que, el objetivo principal del proyecto Generizar es la construcción colectiva de una metodología que permita abordar la problemática de la violencia epistémica hacia las mujeres investigadoras. Es decir, los sesgos de género que permean no sólo las dinámicas sociales de la investigación, sino también las preguntas de investigación y metodologías que se desarrollan, y por tanto, los productos de la investigación académica en general.

“El abordaje de un problema tan complejo como la violencia epistémica requiere no sólo de un equipo de trabajo multidisciplinar, sino también de personas investigadoras que combinen el conocimiento de sus áreas disciplinarias, en este caso de diversas áreas de Ciencias Básicas, con formación en metodologías de investigación de las Ciencias Sociales y las Letras” expresó Porras

Asimismo, señaló que mediante la formación de este personal de investigación con conocimientos híbridos se busca, a largo plazo, potenciar un cambio en los paradigmas de investigación en las Ciencias Básicas, así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Además, el proyecto pretende que, a través de diferentes productos y materiales, se impulse la reflexión y la discusión alrededor de este importante tema, así como contribuir a la sensibilización y capacitación de docentes del área de Ciencias Básicas en torno a la metodología y epistemología feminista, la relación género- ciencia y la pedagogía crítica. También se espera que la iniciativa contribuya al desarrollo de proyectos futuros en los que se estudie la producción de conocimiento en áreas distintas a las Ciencias Básicas o hacia otros grupos poblacionales menos representados en diversas áreas.

Como parte de las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto Generizar destaca la elaboración de un diagnóstico de necesidades de formación y de inquietudes de aprendizaje de las docentes del área de Ciencias Básicas, en torno al enfoque de género y la generación de conocimiento en la ciencia. Además se realizan talleres de sensibilización y capacitación a docentes en este tema, y se está trabajando la creación de un manual pedagógico para la formación en enfoque de género y ciencia de docentes del área de Ciencias Básicas de la UCR.

 

Tatiana Carmona Rizo

Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional

UCR, Voz experta: Los nuevos muros de la pandemia son las brechas de la inmunización

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Por: Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)1 a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones2. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades3. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)4 desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR5.

Chile por su parte, se convirtió en el primer país latinoamericano en implementar el pasaporte, el pasado mes de junio y Costa Rica a su vez, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica6. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos7, que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses8.

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones9, orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria.

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis11, muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 202212. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” 13.

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse14, el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo15 para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

1 Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.
2 www.bbc.com/mundo/noticias
3 www.nytimes.com/es/2021/04/06/
4 www.hosteltur.com/lat/143341
5www.larepublica.net/noticia1
6www.larepublica.net/noticia2
7hosteltur.com/143654
8 www.larepublica.net/noticia3
9www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos
11 www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-
12delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-
13 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364
14 www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas
15 www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/

 

M.Sc. Jenyel Contreras Guzmán
Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

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En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SURCOS comparte la siguiente declaración de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC):

Declaración de REDODICEC en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Derechos de las personas de la región en el 2020: ¡De mal en peor!

La Junta Directiva de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, emite la siguiente Declaración:

1) Considerando que Centroamérica ha enfrentado en este año 2020 una situación muy dura, difícil y desafiante como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los huracanes y otros eventos meteorológicos.

2) Estimando que todo indica que el cambio climático, cuya responsabilidad mayor recae en los países más ricos e industrializados, ha mostrado su peor rostro en las costas y territorios de los países centroamericanos, a través de la sucesión de eventos meteorológicos, que han generado devastación, dolor y muerte así como mayor pobreza y exclusión social.

3) Considerando asimismo que los huracanes Eta e Iota han dejado una marca devastadora y trágica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también han generado daños en Panamá, Belice y Costa Rica, y que han afectado directa y severamente a alrededor de 4 millones de personas, que unas 400.000 personas han tenido que ir a albergues, que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, que han ocasionado casi tres centenas de muertes, que han destrozado viviendas, puentes y otras edificaciones, y que han anegado y dañado extensos campos de cultivo y cosechas, entre muchos otros de los daños ocasionados.

4) Valorando que la pandemia de la Covid-19 ha generado una prolongada y severa crisis sanitaria en Centroamérica y República Dominicana, con más de seiscientas mil personas contagiadas y más de 15 mil personas fallecidas, y que todavía no tiene un horizonte definido con respecto a su finalización.

5) Analizando que la combinación entre pandemia y huracanes, han tenido y tienen un peligroso efecto en la multiplicación de los contagios de la Covid-19, por obligar a millares de personas a hacinarse en refugios, que no presentan las mejores condiciones para el distanciamiento físico y la higiene.

6) Asumiendo que esta devastadora suma de factores han agravado la crisis económica que han venido enfrentando los países de la región centroamericana y el Caribe, y han empujado a más personas a la pobreza y extrema pobreza, y ha acentuado peligrosamente la desigualdad social.

7) Teniendo presente que dentro de este marco desolador de efecto combinado entre pandemia y huracanes, cientos de miles de personas con discapacidad, especialmente, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, han visto agravada su situación de exclusión y aislamiento social.

8) Estimando que el aislamiento histórico que ha afectado a las personas con discapacidad de la región, se ha profundizado y ampliado como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en evidencia la enorme brecha digital que enfrentan las personas con discapacidad y que tiene efectos en el acceso a la educación virtual, el teletrabajo y todos los servicios que se ofrecen exclusivamente en línea.

9) Teniendo en cuenta que las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la situación de mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la pandemia, particularmente, en lo referente a consulta y participación, no han sido tomadas en cuenta, en forma efectiva, por los Estados de la región.

10) Concluyendo que la preocupante situación de los derechos de las personas con discapacidad de los países de la región centroamericana y caribeña, reflejada en distintos informes previos a la pandemia, sin duda se agravará al cerrarse este año 2020, como consecuencia de la falta de compromiso y decisión política de los Gobiernos y Estados de la región para convertir las normas de derechos humanos en políticas públicas inclusivas.

Ante esta situación y el conjunto de argumentos y razones expresadas, REDODICEC:

  1. Demanda que los gobiernos apliquen, con rigor, las recomendaciones de la ONU relacionadas con las personas con discapacidad, que son las siguientes:
  2. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta a la Covid-19 y recuperación posterior, junto con medidas específicas.
  3. Asegurar la accesibilidad de la información, las instalaciones, los servicios y los programas en la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  4. Celebrar consultas sustantivas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta a la Covid-19 y la recuperación posterior.
  5. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la Covid-19.
  6. Solicita vehementemente a los países desarrollados, que incrementen la cooperación para los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de que puedan atender la difícil situación económica y social, generada por los huracanes y la pandemia, priorizando a las personas en situación de pobreza y exclusión social, particularmente a las personas con discapacidad.

III. Solicita asimismo a la ONU que realice un pronto y eficaz ajuste a la Agenda 2030-ODS, en el plano general, con respecto a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia para los países del sur y, particularmente, para las personas con discapacidad, cuya situación de exclusión y pobreza, se ha incrementado significativamente.

  1. Pide al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que elabore y aplique un amplio plan de contingencia para apoyar a los países centroamericanos y a República Dominicana, que coadyuve en sus esfuerzos y acciones para enfrentar los graves efectos sociales que deja la pandemia.
  2. Exige a los Gobiernos de los países de la región que no conviertan a la pandemia de la Covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.
  3. Solicita a los Estados de la región que establezcan un impuesto a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que contribuyan a atender las necesidades de las personas pobres, particularmente, las personas con discapacidad, asegurando un Ingreso Básico Universal (IBU).

VII. Pide igualmente a los países de la región que con recursos propios y de la cooperación internacional, desarrollen acciones inmediatas para reducir la brecha digital, que afecta severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

VIII. Demanda a los Estados de la región que no debiliten sus esfuerzos en cumplir la normativa (nacional e internacional) en materia de los derechos de las personas con discapacidad, ya que de hacerlo se ampliaría la de por si amplia brecha en discriminación y exclusión social.

  1. Solicita, por último, a los Estados y Gobiernos de Centroamérica, que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, realicen el mayor de los esfuerzos para impulsar políticas inclusivas, que aseguren una vida más digna, independiente y más justa para las personas con discapacidad.

¡Sin acción, no hay derechos!
Junta Directiva, Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)

 

Compartido a SURCOS por Luis Fernando Astorga.