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Etiqueta: campaña electoral

Buen intento de engaño al pueblo con tintes populistas de derecha

Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical SIFUPCR – Costa Rica

Desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR), nos parece que Rodrigo Chaves apoyado por Pilar Cisneros ensayan y realizan un buen intento de engaño al pueblo con tintes populistas (populismo de derecha), en relación con el tema de las Nomas Internacionales de Información Financiera (NIIF), al formular que con aplicarlas se reduciría el recibo del ICE en 15%.

Entendemos que las NIIF están aplicadas al 100% desde el cierre del 2020, para el caso del ICE y que tal aplicación hasta donde entendemos se encuentra debidamente documentada por la propia auditora del ICE.

En todo caso, más allá de que esto último sea así o no, lo cierto y altamente deplorable es que, al verse en posiciones de intención de voto tan raquíticas, seguramente en buena parte por los presuntos hechos de acoso sexual del señor Chávez, se debe recurrir a argumentos de este calibre para atraer votantes a partir de un manejo tristemente célebre.

Para el tema del arroz como segundo eje de un corto en el que promete rebaja en el precio del grano, solo decir que el argumento de la «ampliación de la competencia» esbozado por Rodrigo Chaves, es tan general que no dice nada, siendo además lo cierto que ese argumento de la competencia no ha funcionado. Sería mejor que el candidato se comprometa formalmente a reactivar el sector campesino nacional y a reconstruir la reactivación económica en ese sector para aspirar mínimamente a garantizar la seguridad alimentaria del país, según lo ha expuesto la propia FAO, mediante estudios serios.

Hacemos un llamado respetuoso al pueblo a no dejarse engañar Rodrigo Chaves y a Pilar Cisneros la instamos a desarrollar un trabajo que al menos aspire a cumplir con los preceptos básicos que el Papa Francisco ha formulado para un periodismo objetivo, educativo y decente.

Este proceso electoral debe cambiar el rumbo para no hundirnos en el lodazal de la corrupción

José Luis Pacheco

Hoy arranca nuevamente la campaña política en nuestro país, con miras a las elecciones presidenciales y diputadiles el próximo 6 de febrero. Un evento a todas luces trascendental para el futuro del país.
Tenemos una cantidad de candidatos a la presidencia sin precedentes, como si se tratara de un concurso en el que pueden participar por participar, lo que disminuye, desgraciadamente, la importancia del puesto o puestos que se van a elegir. Esa es una debilidad de la democracia que deberá ser revisada más adelante. Hoy es el resultado de lo deteriorado que está el sistema y que desde luego, deberá restaurarse.
El resultado a tan sólo un mes y unos pocos días es incierto. Hay muchísima incertidumbre respecto a la toma de decisión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que es urgente que se tenga presente es que hay que salir a votar. Dos cosas exigen esa decisión de votar: primero, el elevar el porcentaje de participación y por ende bajar el abstencionismo. Eso legitimaría la elección cualquiera que sea. Y en segundo lugar, evitar que con pocos votos se elija en primera ronda a alguno de los candidatos. Si ya de por sí es complicada la elección, el no salir a votar lo complicaría mucho más.
El nuevo año nos trae responsabilidades enormes para con el país, para con nuestra Patria. Están en juego los siguientes cuatro años de la administración política de este país, una responsabilidad que todos delegamos con nuestro voto.
Esa es la ”llave” dice el Tribunal Supremo de Elecciones y es totalmente cierto, el voto abrirá o cerrará puertas a quienes pretenden llegar y esa decisión corresponde a cada uno de nosotros. No nos descuidemos, prestemos atención y analicemos nuestra decisión.
Dios quiera que nos ilumine y que estemos anuentes a asumir la responsabilidad que tenemos en este proceso electoral, cuyo resultado hará que los próximos 4 años sean de cambiar radicalmente el rumbo que llevamos o de continuar hundiéndonos en el lodazal de la corrupción, de la impunidad y de pobreza. Otros países han transitado ese camino y deberían servirnos de ejemplo.
Dios proteja a Costa Rica.

Análisis de coyuntura – Boletín Informativo OPNA

OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA NACIONAL – ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS

El Observatorio de la Política Nacional le presenta el cuarto análisis de coyuntura del 2021: La llegada de «Diamante» y «Azteca» a la campaña electoral. Este análisis aborda los más recientes casos de corrupción y propone observar la capacidad de un sector de las élites políticas y económicas, para controlar y disponer de los recursos e infraestructura del Estado, a través de la infiltración de redes paralelas dentro de este.

La situación actual que vive el país, revela que las fuertes asimetrías sociales ocasionan que el juego político beneficie solo a las élites económicas y políticas, reviviendo el viejo debate de si la pregunta clave en política no es quien gobierna, sino más bien quien manda.

Leer el análisis de coyuntura

Alberto Precht en reportaje de DW: la corrupción viola los derechos humanos

El abogado Alberto Precht, de Transparencia Internacional, señala en un reportaje del noticiario alemán DW que la corrupción viola los derechos humanos y llama a la acción ciudadana para erradicarla.

La producción noticiosa señala que “Costa Rica celebra elecciones en febrero y la corrupción y el narcotráfico están en el debate electoral. El país centroamericano, considerado una de las democracias más limpias de Latinoamérica, se ve sacudido por una ola de denuncias de sobornos y corrupción”. Le invitamos a ver el reportaje de DW:

Reportaje del noticiario alemán DW.

Transformar RECOPE en ECOENA: Un paso tan acertado como urgente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En una campaña electoral, en la cual una de las características más destacadas es la escasez imaginativa y de propuestas originales para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, una de las promesas más reiteradas es el cierre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Varios candidatos han apelado a esta consigna, con el afán de ganar adeptos y votos el próximo 6 de febrero, aprovechándose de que muchas personas no están debidamente informadas sobre el papel que juega RECOPE en la estratégica provisión energética del país. Asimismo, su propuesta de colocarle candados a la institución, parte de una campaña prejuiciosa y superficial, que han venido impulsando algunos políticos y que ha sido acogida por algunos medios, detractores –unos y otros– de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Un elemento común de estas campañas anti-RECOPE, es el trasfondo neoliberal que las orienta y las anima.

Son propuestas tan demagógicas como falsas y efectistas. Veamos por qué: Se basan en la creencia de que los actuales altos precios de los combustibles, son responsabilidad de RECOPE. Se trata de una idea errada ya que las modificaciones de estos precios (hacia arriba o hacia abajo), se fundamentan en gran medida, en el precio internacional de los combustibles y en la relación de cambio entre el dólar estadounidense y el colón. Como demostré en un artículo anterior, en el costo de cada litro de combustible, el componente asociado al rol de esta entidad pública en la importación, almacenaje y distribución, es de alrededor del 7 %; incluso menor al cercano 9 % que obtienen los empresarios dueños de las gasolineras. También dentro de este contexto relacionado con los precios de los hidrocarburos, se ha magnificado cuánto impacta la convención colectiva institucional. Si bien es cierto esa convención ha contenido claúsulas abusivas (muchas de las cuales han sido eliminadas), lo real y concreto es que el impacto en el precio de los combustibles, es limitadamente significativo. Representa menos de cuatro colones del valor de cada litro de combustible.

Otros candidatos a la presidencia han propuesto abrir el mercado de los combustibles para que empresas privadas (presumiblmente extrajeras) compitan con RECOPE. De esta manera, argumentan que los combustibles bajarían de precio. Eso es imposible ya que el afán de lucro de esas empresas privadas que entrarían al mercado de los hidrocarburos, con certeza operarían con un porcentaje superior al 7 % con el que funciona RECOPE; lo cual impactaría en el precio final que pagamos los consumidores. Este aserto quedó patentizado en el “Estudio sobre impactos en el modelo de compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, elaborado por los economistas Leiner Vargas y Katherine Barquero.

Una completa desregulación del mercado de los combustibles, implicaría de cara al año 2025, precios más caros para los consumidores, con una diferencia de ¢ 23 por litro de gasolina Súper, ¢ 20 en la Plus 95, ¢ 61 en el diesel y ¢ 57 en el gas LPG, según lo que se desprende del citado estudio. Asimismo, esta apertura generaría precios diferenciados entre las zonas urbanas y las rurales y remotas, con lo que se verían afectadas comunidades vulnerables.

En ambos escenarios se fabrican espejismos, que no son garantía ni de rebaja del precio de los combustibles, ni del necesario desarrollo –urgido por los tiempos que corren—inclusivo, sostenible y solidario, que requiere el país.

Realmente, el camino justo y acertado es el de la transformación de RECOPE para convertirla en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (ECOENA). Se trata de una ruta para mejorar lo que tenemos, ajustándanos a un contexto mundial y nacional, completamente distinto a cuanto se creó RECOPE. Tal es lo que se propone en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.343, que haría que la ECOENA no sólo importe y distribuya hidrocarburos, sino que también desarrrolle investigaciones en la generación de energías alternativas, como sería –por ejemplo—la utilización del hidrógeno para el transporte automotor.

De esta manera, la nueva entidad pública: “Podrá investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar energías químicas alternativas y productos asociados, con el fin de descarbonizar la economía, reducir la demanda de combustibles fósiles y asegurar la continuidad, calidad, eficiencia, del suministro energético nacional”, como expresa el proyecto de ley.

Un componente clave de este cambio de RECOPE a ECOENA es avanzar en el proceso de la descarbonización de la economía nacional, que tal como lo define el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es “el proceso por el cual los países, individuos u otras entidades apuntan a eliminar el consumo de combustibles fósiles.”

Este proceso demanda una necesaria transición energética, una transformación estructural que elimine el carbono en la producción de energía. O dicho de otra manera: “Se trata de electrificar la economía en base a energías alternativas limpias que emitan únicamente lo que el planeta puede absorber.”

Actualmente, RECOPE produce un 70% de la energía total de Costa Rica. Eso nos indica que cualquier cambio en la matriz energética del país, pasa inevitablemente por RECOPE. En tal contexto es fundamental el liderazgo que debe y puede asumir la nueva entidad, en la transición hacia las energías renovables.

Un proyecto de ley como el mencionado se convierte en un factor coadyuvante para avanzar en el propósito de convertir al país en carbono neutral, asumiendo un liderazgo que nos convierta en un modelo a seguir. Es oportuno recordar aquí que múltiples estudios sobre este tema indican que los planes de descarbonización aseguran beneficios económicos superiores a los costos de su impulso y desarrollo.

Sin duda que estos temas son componentes fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible de Costa Rica, por lo que deben tomarse con mucha seriedad y rigor por quienes aspiran a gobernar el país desde mayo próximo. No deben ser temas de promesas tan falsas como demagógicas. Un electorado cada vez más crítico lo debe demandar, por el bien de todos.

¿Existe el ciclo de la violencia electoral? *

Isabel Ducca D.

Si bien la violencia doméstica puede darse sin que exista un ciclo definido, su presencia ha sido más estudiada y visibilizada desde un ciclo que tiene sus propias reglas y que, con variantes particulares y específicas según los actores –agresores y víctimas-, se repite al infinito hasta que alguno de los actores muere o la víctima rompe el círculo y busca la ayuda requerida para recomponer su amor propio y la autoimagen que había sido destruida por las palabras y los actos del agresor.

Dicho círculo catastrófico de sumisión-dominación sigue principalmente las siguientes facetas: aumento de la tensión en la relación con la irritabilidad, hostigamiento emocional, sexual o físico de parte del polo dominante –generalmente un varón- hasta llegar al abuso emocional o físico con el consabido estallido de violencia. En la culminación de esta etapa, la víctima es literalmente castigada por algo que dijo, hizo, dejó de hacer o simplemente quien agrede imaginó la afrenta.

Evidentemente, hay amenazas de castigo, ocultas o evidentes, que pueden ser desde alzar la voz hasta advertirle los posibles castigos. Con la amenaza, la víctima entra en pánico y se paraliza. El propósito es ver sufrir a la víctima y castigarla para lograr la obediencia y la sumisión. La amenaza se hace realidad. Este momento es la culminación de la agresión y es en el que más atención se pone. Sin embargo, hay aspectos del ciclo menos visibles y muy difíciles de comprender para quienes estamos fuera. Se trata de los momentos de perdón y olvido.

¡Perdón y olvido! Si los seres humanos no tuviéramos que incorporar ese lema como parte de la dominación, no seríamos la base fundamental y el sustento de toda relación asimétrica o de explotación. En el manejo del ciclo, después de la agresión, el polo dominante, es decir quien agrede, sabe que cometió un acto despiadado y utilizó la fuerza contra un ser indefenso o más indefenso. Por eso culpabiliza a la víctima. La víctima se lo buscó: “Si no me sacaras de quicio, yo no sería capaz de eso…” La culpabilización de la víctima le permite al agresor quedar; impune: él no es el culpable, e invisibilizar su verdadera responsabilidad, llega a la irrealidad de convertirse en la víctima porque lo llevaron a esos extremos, sin quererlo. Pero además de culpabilizarla, se muestra arrepentido y suplica el perdón. Y viene la faceta del ciclo que más me interesa destacar: junto con el arrepentimiento surge la promesa de cambio. Se muestra cariñoso, tierno, caluroso y zalamero; vive pendiente de la víctima porque sin ella no podría ser feliz. La víctima cree en la promesa de cambio, ES SU ESPERANZA y no puede concebir que se trate de una manipulación.

Vuelve y retorna a la normalidad, pues el polo dominante le ofrece los momentos más dulces, si acepta regresar y todo vuelve al ciclo. Siempre que escuchamos un caso de agresión, nos indignamos y nos preguntamos: ¿Cómo le cree que va a cambiar?

Hay dos componentes esenciales: la parálisis o minusvalía aprendida. La víctima cree que sola no puede salir adelante y, además, no se percibe a sí misma con derechos y virtudes. El otro componente es un modelo mental basado en dos actos lingüísticos: la promesa y la amenaza. Aunque no se den contemporáneos, son interdependientes, el uno depende del otro. La amenaza paraliza por el miedo que produce de recibir el castigo. La promesa paraliza por la esperanza del cumplimiento. Y en la realidad que vive la víctima únicamente la amenaza se cumple; sin embargo, la promesa es la que alivia la herida. Es el analgésico de la relación de dominación, opresión o explotación. La promesa permite olvidar o evadir el dolor de la realidad.

La minusvalía aprendida es una escuela social, cotidiana e invisible donde los y las alumnas incorporan la regla de tres: no valgo nada, no tengo derechos y me puede ir peor si hago algo que le desagrade al poder dominante.

Desde mi perspectiva, podemos salir del ámbito doméstico e ir al social. Y, por eso, afirmo que, sobre todo en los últimos cuarenta años, como parte del cinismo neoliberal, se da un ciclo de violencia electoral en nuestro país. Un campesino de Guanacaste, uno de los tantos que están luchando por no perder su derecho de posesión en la zona costera, lo sintetizó asÍ: “Se acuerdan de nosotros cada cuatro años…” Luis Paulino Vargas en un texto acerca de la democracia planteaba la presencia de las promesas, pero pasa desapercibida la existencia de las amenazas. Mi parecer es que no se dan la una sin la otra.

Por ejemplo, si pensamos en la Inquisición, con todos sus terribles rituales de tortura, lo que las poblaciones veían convertirse en realidad eran las amenazas: muertes, ejecuciones, hogueras, persecuciones, etc. Pero lo que amarraba a una religión sangrienta, sacrificial y opresora era la promesa de salvación eterna. El miedo al castigo paralizaba tanto como la promesa de salvación.

En nuestro país, el discurso de la prensa comercial y los políticos neoliberales acerca del Tratado de Libre Comercio estuvo marcado por una lluvia torrencial de promesas, entre las que cabe destacar: salir del subdesarrollo, ser como los países ricos, miles de empleos, inversiones extranjeras, defender los valores patrios y, sobre todo, defender el ICE. Cuando el cuento de Caperucita dejó de funcionar, trajeron a Zoellick a que le golpeara la mesa a Abel Pacheco y entonces apareció en escena la amenaza, nos sacarían del paraíso terrenal, pues nos dejarían fuera del CAFTA.

Ahora, en campaña todos y todas las neoliberales se ponen el disfraz de justicieras sociales y defensoras de los pobres, reparten bonos de vivienda para los más pobres y los seducen con la promesa del cambio.

La dulzura de la promesa no funcionaría si no estuviera quitándole el sabor amargo a la amenaza de que les puede ir peor, de que si luchan por sus derechos, que, a veces, desconocen totalmente, podrán recibir el castigo que estos políticos manejan muy bien: la represión popular.

¿No es el pueblo costarricense víctima de una minusvalía aprendida? Va de la promesa a la amenaza y lo único que se le hace real es la amenaza. Desconoce o no osa recordar sus derechos y sus potencialidades, pues cada vez que los recuerda y los quiere hacer realidad, aparece el castigo. En el año 2000, los bloqueos no eran ilegales. Ahora lo son. Las promesas llueven durante las campañas; las amenazas se reproducen cotidianamente durante los siguientes cuatro años; las leyes son cada vez más injustas y las instituciones más importantes están siendo destruidas paulatinamente.

Lo fundamental para romper cualquier ciclo en que se viven relaciones de opresión, es tomar conciencia y empezar a romper el círculo:

  • ¡No creamos en sus promesas de campaña!
  • Recordemos lo que han sido cuarenta años de neoliberalismo.
  • ¡No comamos cuento, pidamos cuentas!

* Este texto se publicó en diciembre del 2009, ¿conservará vigencia?

Imagen: http://extremaduraprogresista.com

Observatorio de la Política Nacional: “La antesala electoral”

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), se complace en presentarle el tercer análisis de coyuntura del 2021: “La antesala electoral” Con este análisis proponen una valoración de las consideraciones y disputas que coinciden con el inicio formal de la campaña electoral de cara a febrero de 2022.

Asimismo, un repaso por el último proceso de convención abierta que eligió la candidatura presidencial del Partido Acción Ciudadana. Posteriormente se analizan un seguimiento al caso Cochinilla y la elaboración y presentación del proyecto de ley del presupuesto ordinario de la República para el 2022.

Finalmente se abordan los tres principales discursos pronunciados en el marco de la llegada al hito del Bicentenario de la independencia: los discursos del presidente de la República, la presidenta de la Asamblea Legislativa y del alcalde de San José.

Puede leer el análisis de conyuntura en el siguiente enlace: https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/catalogo-5/analisis-de-coyuntura/237-analisis-de-coyuntura-agosto-setiembre-2021

 

Compartido con SURCOS por Observatorio de la Política Nacional – Escuela de Ciencias Políticas.

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Ante un inmediatismo político vacío

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

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Foto: UCR.