Luis Fernando Astorga Gatjens
En una campaña electoral, en la cual una de las características más destacadas es la escasez imaginativa y de propuestas originales para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, una de las promesas más reiteradas es el cierre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Varios candidatos han apelado a esta consigna, con el afán de ganar adeptos y votos el próximo 6 de febrero, aprovechándose de que muchas personas no están debidamente informadas sobre el papel que juega RECOPE en la estratégica provisión energética del país. Asimismo, su propuesta de colocarle candados a la institución, parte de una campaña prejuiciosa y superficial, que han venido impulsando algunos políticos y que ha sido acogida por algunos medios, detractores –unos y otros– de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Un elemento común de estas campañas anti-RECOPE, es el trasfondo neoliberal que las orienta y las anima.
Son propuestas tan demagógicas como falsas y efectistas. Veamos por qué: Se basan en la creencia de que los actuales altos precios de los combustibles, son responsabilidad de RECOPE. Se trata de una idea errada ya que las modificaciones de estos precios (hacia arriba o hacia abajo), se fundamentan en gran medida, en el precio internacional de los combustibles y en la relación de cambio entre el dólar estadounidense y el colón. Como demostré en un artículo anterior, en el costo de cada litro de combustible, el componente asociado al rol de esta entidad pública en la importación, almacenaje y distribución, es de alrededor del 7 %; incluso menor al cercano 9 % que obtienen los empresarios dueños de las gasolineras. También dentro de este contexto relacionado con los precios de los hidrocarburos, se ha magnificado cuánto impacta la convención colectiva institucional. Si bien es cierto esa convención ha contenido claúsulas abusivas (muchas de las cuales han sido eliminadas), lo real y concreto es que el impacto en el precio de los combustibles, es limitadamente significativo. Representa menos de cuatro colones del valor de cada litro de combustible.
Otros candidatos a la presidencia han propuesto abrir el mercado de los combustibles para que empresas privadas (presumiblmente extrajeras) compitan con RECOPE. De esta manera, argumentan que los combustibles bajarían de precio. Eso es imposible ya que el afán de lucro de esas empresas privadas que entrarían al mercado de los hidrocarburos, con certeza operarían con un porcentaje superior al 7 % con el que funciona RECOPE; lo cual impactaría en el precio final que pagamos los consumidores. Este aserto quedó patentizado en el “Estudio sobre impactos en el modelo de compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, elaborado por los economistas Leiner Vargas y Katherine Barquero.
Una completa desregulación del mercado de los combustibles, implicaría de cara al año 2025, precios más caros para los consumidores, con una diferencia de ¢ 23 por litro de gasolina Súper, ¢ 20 en la Plus 95, ¢ 61 en el diesel y ¢ 57 en el gas LPG, según lo que se desprende del citado estudio. Asimismo, esta apertura generaría precios diferenciados entre las zonas urbanas y las rurales y remotas, con lo que se verían afectadas comunidades vulnerables.
En ambos escenarios se fabrican espejismos, que no son garantía ni de rebaja del precio de los combustibles, ni del necesario desarrollo –urgido por los tiempos que corren—inclusivo, sostenible y solidario, que requiere el país.
Realmente, el camino justo y acertado es el de la transformación de RECOPE para convertirla en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (ECOENA). Se trata de una ruta para mejorar lo que tenemos, ajustándanos a un contexto mundial y nacional, completamente distinto a cuanto se creó RECOPE. Tal es lo que se propone en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.343, que haría que la ECOENA no sólo importe y distribuya hidrocarburos, sino que también desarrrolle investigaciones en la generación de energías alternativas, como sería –por ejemplo—la utilización del hidrógeno para el transporte automotor.
De esta manera, la nueva entidad pública: “Podrá investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar energías químicas alternativas y productos asociados, con el fin de descarbonizar la economía, reducir la demanda de combustibles fósiles y asegurar la continuidad, calidad, eficiencia, del suministro energético nacional”, como expresa el proyecto de ley.
Un componente clave de este cambio de RECOPE a ECOENA es avanzar en el proceso de la descarbonización de la economía nacional, que tal como lo define el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es “el proceso por el cual los países, individuos u otras entidades apuntan a eliminar el consumo de combustibles fósiles.”
Este proceso demanda una necesaria transición energética, una transformación estructural que elimine el carbono en la producción de energía. O dicho de otra manera: “Se trata de electrificar la economía en base a energías alternativas limpias que emitan únicamente lo que el planeta puede absorber.”
Actualmente, RECOPE produce un 70% de la energía total de Costa Rica. Eso nos indica que cualquier cambio en la matriz energética del país, pasa inevitablemente por RECOPE. En tal contexto es fundamental el liderazgo que debe y puede asumir la nueva entidad, en la transición hacia las energías renovables.
Un proyecto de ley como el mencionado se convierte en un factor coadyuvante para avanzar en el propósito de convertir al país en carbono neutral, asumiendo un liderazgo que nos convierta en un modelo a seguir. Es oportuno recordar aquí que múltiples estudios sobre este tema indican que los planes de descarbonización aseguran beneficios económicos superiores a los costos de su impulso y desarrollo.
Sin duda que estos temas son componentes fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible de Costa Rica, por lo que deben tomarse con mucha seriedad y rigor por quienes aspiran a gobernar el país desde mayo próximo. No deben ser temas de promesas tan falsas como demagógicas. Un electorado cada vez más crítico lo debe demandar, por el bien de todos.