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Etiqueta: cantones

La UCR ofrece capacitación sobre ordenamiento territorial y gestión municipal

Uno de los objetivos principales del curso que ofrecerá ProDUS a los gobiernos locales está enfocado en promover la elaboración e implementación de los planes reguladores en los cantones que aún no cuentan con esta herramienta de planificación territorial (foto: Archivo OCI, UCR).

ProDUS abre curso gratuito dirigido a gobiernos locales

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS- UCR) ofrecerá un curso dirigido a autoridades municipales sobre los principios relacionados a los temas de ordenamiento territorial y gestión municipal eficiente.

El objetivo del curso es propiciar el conocimiento de los tomadores de decisiones sobre el tema del desarrollo urbano sostenible, principalmente desde la base legal, planificación e implementación de los planes reguladores en Costa Rica.

Este curso es gratuito y es exclusivo para personal de alcaldías, concejos municipales e intendencias electas para el periodo 2024-2028. El mismo se ofrecerá de forma virtual por medio de la plataforma de zoom, los días 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 de junio, en horario de 6:00 p.m. a 8:30 pm.

Según el M.Sc. Félix Zumbado, investigador de ProDUS, la iniciativa pretende contribuir al avance, en materia de elaboración y aprobación de planes reguladores en los diferentes cantones del país que aún tienen pendiente esta tarea, así como solventar dudas generadas por las campañas de desinformación y noticias falsas que se han generado alrededor de este tema, en los últimos meses.

Las clases serán impartidas por el equipo interdisciplinario de ProDUS- UCR, y el contenido del curso está ligado a la experiencia adquirida por este programa de investigación, en materia de desarrollo de planes reguladores y otros proyectos vinculados con el ordenamiento territorial, a lo largo y ancho del país.

Las personas interesadas pueden inscribirse al curso por medio del siguiente enlace:

https://forms.gle/wxvTRgDgQEAYurAb8?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3zqskSvqaIqXpixla5oS4lcF4dT9gvGVcSH2N0KhP-7a7ftx6MZ25Ea94_aem_AeIkPWDFczA67cqkTX0mmq4fCn184k04RAqQPdMRdllNOevGf1GB04095oi4Ni-1MMoYQ1tGkWiL_490t5uwXzGH

Tatiana Carmona Rizo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

¿Más cantones o más provincias?

Vladimir de la Cruz

Se sigue insistiendo en crear más cantones por parte de los diputados. Cuando se propone un nuevo cantón se hace sobre la base de un distrito que pertenece a un cantón, que se quiere independizarlo y darle fisonomía propia, como cantón. Ello significa una segmentación del cantón, con los efectos negativos que tiene para el mismo, y su municipalidad, como ente administrador, junto con su alcaldía. Se le reduce territorio, se le resta recaudación de impuestos y de ingresos por las actividades productivas, o turísticas, que muchos distritos y cantones tienen; se generan nuevas opciones y problemas alrededor de la prestación de servicios públicos cantonales, como la base económica necesaria de arranque para el nuevo cantón donde tienen que asumirse esos gastos municipales.

Los nuevos cantones exigen, de igual manera, un presupuesto especial porque requieren construir instalaciones propias del Concejo Municipal y de las alcaldías que les correspondería, con la contratación de personal, que le sería también necesario a cada uno de estos nuevos cantones, con sus respectivas municipalidades, porque estarían empezando desde cero.

En el picadillo cantonal que están haciendo los diputados no toman en cuenta las normas legales que existen para crear cantones, como es la Ley de la división Administrativa de la República, que señala los pasos para la creación de cantones, entre ellos un mínimo de población, equivalente al 1% de la población nacional, que sería una cifra aproximada a los 50.000 habitantes. Se han creado cantones que tienen 5.000 habitantes.

En 1848 se creó la división territorial de Costa Rica, con provincias, cantones y distritos. En aquel momento se establecieron solo 5 provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Puntarenas y Limón se desarrollaron primero como Comarcas y, luego, como Provincias, proceso que culminó en 1909.

En la Administración de Alfredo González Flores, 1914-1917, los distritos de Lepanto, Cóbano y Paquera, ubicados en la Península de Nicoya, se agregaron al cantón de Puntarenas, distritos que ahora se quieren convertir en cantones, cada uno de ellos, de la Provincia de Puntarenas.

Desde 1848 hasta 1980 se fueron segregando, al interior de las provincias, sus cantones para crear nuevos cantones. Así llegamos en 1980 a 81 cantones, cuando se creó el cantón de Garabito. Desde el 2017, en estos últimos siete años, se han creado 4 cantones, Río Cuarto, en el 2017, separado del cantón de Grecia; Monteverde, en el 2021, separado del cantón de Puntarenas; Puerto Jiménez, en el 2022, separado del cantón de Golfito y, en trámite positivo, en estos días, en la Asamblea Legislativa, de separación del cantón Abangares el nuevo cantón de Colorado.

En el picadillo nacional, que quieren los diputados, están en trámite, de proyectos de ley, de creación los siguientes nuevos cantones: San Rafael de Alajuela, que se le daría el nombre de Cantón de Ojo de Agua; el de Peñas Blancas, que se segregaría del cantón de San Ramón; el de Jicaral, de Puntarenas, el de Cóbano y el de Lepanto, ambos de la provincia de Puntarenas, y el de Tucurrique, que se segregaría del cantón Jiménez, de la provincia de Cartago.

Pareciera que los diputados no consultan al Instituto Nacional de la Estadística y Censos, al Ministerio de Planificación Nacional, a la Comisión Nacional de División Administrativa, así como también podría consultarse a las Escuelas de Geología y Geografía, de la Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional, que podrían dar sus aportes en este sentido.

Los mini cantones que están en trámite son iniciativas de diputados que parten básicamente del criterio de que las municipalidades no atienden debidamente las necesidades de los distritos, que se quieren segregar como cantones, lo que evidencia realmente una mala administración municipal, que puede corregirse, con una mejor coordinación, con voluntad política, al interior de los Concejos Municipales y las Alcaldías.

En algunos de estos casos los distritos, que se propone crear como cantones, tienen Intendencias y Concejos distritales, como autoridades superiores del Distrito, que son también minúsculos órganos de poder político, que tienen representación popular. Las Intendencias tienen autonomía financiera y capacidad para gestionar recursos públicos. Estas Intendencias, generalmente, las pocas que existen, siete en el país, tienen problemas presupuestarios y de gestión con las municipalidades a las que pertenecen.

La tendencia de los diputados, por ahora, es convertir las Intendencias en cantones. La creación de cantones es potestad de la Asamblea Legislativa. Al interior de ella se necesita un acuerdo de al menos 38 diputados para crearlos.

Recientemente, de manera pública, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, ha llamado la atención sobre esta partición del territorio nacional, preocupación que comparto. Para ella, con reformas parciales a la legislación municipal se resolverían problemas que se aducen para impulsar los nuevos Cantones.

De seguir así, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta partición territorial?

Hay que abrir un gran debate nacional sobre la Planificación y la División Territorial del país. En esta discusión hay que considerar la necesidad de dividir provincias, para crear nuevas provincias, más que para crear nuevos cantones. Hay regiones provinciales que requieren una mejor definición territorial, que no implicaría crear estructuras de gobierno provincial, como sí se necesita cuando se crea un nuevo cantón.

En la Planificación Nacional hay seis regiones socioeconómicas. En época del Presidente Daniel Oduber, 1974-1978, se habían establecido otras regiones: Central, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Atlántica y Norte. La Región Central, a su vez, algunos la dividen en Central Norte, Central Occidental, Central Oriental y Central Sur.

En el gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982, se estableció la regionalización, propia del Ministerio de Economía: Brunca, Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central y Chorotega. La Región Pacífico Central que fue absorbida por la Región Central y se establecieron 22 subregiones.

En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se recuperó la Región Pacífico Central y se eliminaron las 22 subregiones con sus respectivos consejos subregionales, división que se mantiene hasta el presente.

El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier estableció como regiones a las provincias de Heredia y Cartago, que luego fueron eliminadas.

Estas regiones se hicieron considerando criterios de desarrollo y social, así como factores políticos, sociales y económicas. En cada una de estas regiones se comprendieron cantones de diferentes provincias. Del mismo modo, los ministerios tienen sus propias divisiones regionales. Así, por ejemplo, el de Educación tiene 33 direcciones regionales; el de Salud tiene 27 direcciones regionales; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 11 direcciones regionales.

El desarrollo de las regiones, en la Administración Pública del país, supuso que las provincias eran anacrónicas, por las deficiencias de comunicaciones, transportes y por las necesidades de la economía de base agropecuaria, y por la desigualdad cantonal existente. La regionalización actual obedece a estudios y criterios geográficos, de geofísica y socioeconómicos.

Hoy las provincias no tienen autoridades provinciales como existieron hasta 1998, con los Gobernadores y las Gobernaciones provinciales. Una redefinición territorial, con nuevas provincias, no exigiría crear, de nuevo, las gobernaciones y establecer a los Gobernadores.

Los efectos prácticos de una nueva redefinición provincial sí podría mejorar la representación popular en la Asamblea Legislativa, y responder mejor a las regiones que la realidad ha impuesto, como las Zonas Económicas Especiales, que plantean mejores estrategias de desarrollo económico, que les dan más dinamismo a esas regiones ya establecidas. En este sentido se han señalado zonas especiales cómo la del Norte, desde San Carlos hasta Upala y Los Chiles; la del Sur, con los cantones de Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores. La región de Pérez Zeledón y cantones aledaños podrían constituir una nueva provincia; Puntarenas podría dividirse en la parte central norte y central sur de la Provincia; Guanacaste, aparte de algunas particularidades podría comprender los cantones de la llanura y los cantones de la altura guanacasteca. Con Limón se podría proceder igual, considerando los cantones no costeros. Cito estos casos por poner ejemplos.

Creando más mini cantones hay que ponerle más atención, a la propuesta que he venido planteando, de que al interior de las provincias, se establezca por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, potestad y capacidad que tiene por su propia ley constitutiva, regiones de población, que permita electoralmente, a cada una de estas regiones internas, elegir sus propios diputados dentro de la cuota de diputados provinciales que le corresponde a cada provincia. Así se daría una mejor representación política y ciudadana y una más efectiva representación popular. Mejoraría el interés de elección de diputados al interior de cada provincia, y se acercaría más el diputado a sus respectivos votantes.

La distribución regional de los diputados provinciales fortalecería el régimen de partidos políticos, impulsaría el fortalecimiento real de liderazgos y disminuiría, sin dudas, el abstencionismo. Los partidos que a nivel provincial participen fortalecerían sus presencias. Los partidos nacionales se obligarían a escoger mejor sus candidatos a diputados. Las organizaciones sociales y los grupos productores, de los diversos cantones, también pondrían más atención en la postulación que se haga de candidatos regionales, como igual interés pondrían asociaciones de diverso tipo, cooperativas, sindicatos, asociaciones sociales, culturales, feministas, ecologistas etc.

El Tribunal Supremo de Elecciones puede acordar esta nueva forma de elegir los diputados. Tiene la potestad y capacidad legal sin cambiar la Constitución Política para hacerlo. De asumir este liderazgo institucional tiene que hacerlo pronto, porque debe definirse esta forma de elección antes del 1 de enero próximo, del 2025, solo faltan 10 meses, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones haga público el calendario electoral desde el 1 de enero del 2025 hasta el 4 de abril del año 2026, en el supuesto que hay una segunda ronda electoral ese año.

No tendría razón alguna el Tribunal Supremo de Elecciones para no impulsar una reforma como ésta que enriquecería y fortalecería el proceso electoral y democrático. Contra ella solo podría operar el conservadurismo político, las presiones políticas de los partidos políticos, principalmente tradicionales, porque dentro de ellos operarían grupos que controlan, esos partidos, a modo de “sindicatos” o de “mafias políticas” que desearían seguir controlando la selección y posible elección de postulantes a diputados, cuando al interior de estos partidos han desaparecido o se han debilitado, en la toma de decisiones, los organismos superiores de los partidos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Voces locales resuenan en las elecciones municipales

Por Ihann Paniagua

En la víspera de las elecciones municipales, liderazgos locales han alzado sus voces, destacando la importancia de votar por candidaturas que representen verdaderamente a la comunidad. Diego Miranda, del partido Juntos, expresó su escepticismo hacia la vieja política, afirmando que es difícil que esta brinde soluciones a problemas que desconoce y que le interesan poco.

Desde Santa Ana, Marianela Lobo, del partido DEL SOL, hizo un llamado a los votantes para que depositen su confianza en aquellos que son conocidos en la localidad. «En estas elecciones municipales, vote por la gente que usted conoce», instó.

Diego López, de SOMOS Moravia, abogó por la importancia de elegir a vecinos comprometidos con la comunidad, aquellos que viven y experimentan de primera mano los desafíos locales. En la misma línea, José Luis Pacheco, de Renovemos Alajuela, animó a los votantes a elegir a personas que realmente entiendan quiénes son y cuáles son sus preocupaciones.

Olman Víquez, de Sentir Heredia, propuso la idea de votar por partidos cantonales, resaltando la importancia de respaldar a aquellos que comparten la realidad local. Jorge Santamaría, del partido Bienestar Rafaeleño, hizo hincapié en la necesidad de votar por soluciones reales y transparencia, buscando el bienestar de la comunidad.

Roberto Gonzáles, del Movimiento Avance Santo Domingo, llamó a la acción para que en esta jornada electoral, el 4 de febrero, los votantes elijan opciones que pongan fin a la vieja política.

En un coro unánime, estos líderes locales concluyeron con un mensaje claro y contundente: «Votemos por los de la casa… por los partidos cantonales… En estas elecciones municipales, hagamos historia eligiendo historias 100% locales; cambiemos a Costa Rica». Con sus palabras, resuenan las voces de quienes buscan transformar el panorama político desde lo más cercano, con la esperanza de construir un futuro más prometedor para sus comunidades.

Este será un año electoral

José Luis Pacheco Murillo

Se avecinan las elecciones municipales y con ellas las actividades proselitistas de los diferentes partidos políticos. Este será un año de prueba para la ciudadanía en cuanto al avance en su madurez política y en cuanto al entendimiento sobre lo importante de su participación.

Si algo ha caracterizado a las elecciones municipales es la indiferencia de esa ciudadanía y por ello la cifra triste y vergonzosa de un 70% y más de abstencionismo. Ese es el reto para esa ciudadanía indiferente y de alguna manera irresponsable de cambiar la actitud y asumir el compromiso con su cantón para elegir a quienes hagan las mejores propuestas y presenten a las mejores personas para los cargos de elección popular.

Se debe entender por parte de esa ciudadanía que esta elección, para efectos de su calidad de vida, es más importante que la presidencial. Son las autoridades municipales, alcaldes, alcaldesas. Regidores municipales, síndicos y consejos de distrito los que tomarán las decisiones que impactarán directamente en esa calidad de vida que tanto requerimos mejorar.

Es necesaria esa participación ciudadana en forma tal que se escojan a los mejores para la administración de los impuestos que pagamos y que deben ser utilizados para el desarrollo cantonal y no solo para pagar dietas y salarios.

Es importante que se entienda que existen municipalidades en las que las autoridades principales han estado por más de veintitantos años en esos puestos y en el entorno cantonal no ha cambiado nada para bien. Las mismas calles llenas de huecos, los distritos sin aceras donde transitar con seguridad, los mismos puentes para carrera que existen desde hace más de 80 años y que se convierten en cuellos de botella para el tránsito vehicular. Cobros excesivos y abusivos de tasas e impuestos y en muchos casos por servicios que no se prestan, lo que los convierten en verdaderas estafas al ciudadano.

Desde ya el llamado a esa ciudadanía a que asuma su responsabilidad y que deje de lado la desidia y la indiferencia y se haga sentir no solo con su voto sino con las denuncias y opiniones sobre el acontecer cantonal.

Es evidente que el desarrollo cantonal debe ser el inicio, la base fundamental para el desarrollo del país en general y por eso la importancia de estas elecciones municipales que se avecinan, en donde son muy necesarias las lecciones para algunos partidos políticos, como sucedieron en las presidenciales pasadas, que teniendo la oportunidad de hacer mucho y bien no hicieron lo bastante y lo que hicieron lo hicieron mal. Aparte de la corrupción galopante que existe en muchas municipalidades y que ya se han descubierto muchos casos en los que están denunciadas muchas de esas autoridades.

Dios quiera que la ciudadanía entienda lo importante de hacer palpable la responsabilidad que tenemos para con nuestros Barrios, distritos, cantones y el país en general, a través de una participación masiva y decidida en las próximas elecciones municipales.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

Regionalización de la matriz insumo-producto costarricense

Los autores del Departamento de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) Carlos Brenes Soto, Santiago Campos Rodríguez y Kerry Loaiza Marín publicaron el documento “Regionalización de la matriz insumo-producto costarricense”.

La Matriz Insumo Producto (MIP) es una herramienta contable que muestra los movimientos de producción y valor agregado, a lo largo de un período determinado, que ocurren entre los distintos sectores que componen una economía.

En el documento se describen los aspectos principales del proceso de regionalización por cantón de la MIP nacional 2017 de la que dispone el BCCR y utiliza información del Repositorio de variables económicas del Banco. Por otro lado, se muestran estadísticas detalladas de la red de producción y de comercio nacional y la aplicación de un modelo de comercio cantonal bilateral. Finalmente, se visualiza una aplicación de la MIP cantonal mediante el análisis del impacto de la pandemia por COVID-2019 y la afectación respectiva en cantones y actividades económicas.

En los anexos podrá encontrar los cantones con mayor producción por actividad económica y las principales actividades económicas por cantón.

UCR: Planes reguladores son vitales para el desarrollo sostenible de las ciudades

ProDUS UCR trabaja junto a varias municipalidades para concluir requerimientos y contar con una planificación territorial adecuada

Un plan regulador es un proyecto cantonal en el que se incluye la organización del uso de suelo y direccionarlo para que apoye el desarrollo integral del cantón. Foto Cristian Araya.

¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y no exista el peligro de que se encuentren en zonas de riesgo?, ¿cómo deben idearse los accesos y salidas para que exista una red vial eficiente?, y ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del ordenamiento del territorio?, estas son algunas de las aristas más importantes a las que da respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso de los cantones y por ende del país entero.

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS UCR) trabaja actualmente con nueve municipalidades para lograr concluir todo el proceso que conlleva la aplicación de un plan regulador.

Se trata del distrito de isla Chira y el cantón de Flores, que ya cuentan con la viabilidad ambiental de SETENA; los cantones de Alajuela y Santa Ana, cuya obtención de viabilidad ambiental se encuentra en su última fase; los cantones de San Carlos, Garabito, San Ramón y Orotina están en la fase final de elaboración; y el cantón de Goicoechea que está iniciando el proceso.

En Costa Rica, ProDUS UCR ha desarrollado planes de ordenamiento territorial para más del 25 % del territorio fuera de las áreas silvestres protegidas, convirtiendo este tipo de investigación científica en uno de los principales aportes de esta Universidad a la solución de los problemas nacionales.

Un proceso que asegura bienestar

El Ing. Jonathan Agüero Valverde, coordinador general de ProDUS UCR, indicó que un plan regulador está constituido por una serie de etapas que inicia con el diagnóstico, en la que se señalan las fortalezas y las debilidades del cantón, se identifican las posibilidades de mejora, y se enumeran los aportes que pueden surgir.

“Siempre se incluye la participación ciudadana dentro de la elaboración de un plan regulador, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; escuchamos a la comunidad, hacemos un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que nosotros encontramos en el diagnóstico, se les pregunta qué les parece, cuáles son los principales problemas del cantón y en que puede ayudarles la planificación territorial, pues esto define qué se puede hacer, dónde y cómo, por ejemplo: el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona”, describió Agüero.

Sin embargo, Agüero aclaró que un plan regulador no va a resolver todas las problemáticas que tenga un cantón, pues cada trabajo de planificación territorial tiene un perfil muy determinado sobre lo que sí o no se puede hacer, o sea, no va a resolver los problemas de vivienda, pero sí puede ayudar a que la localización de las casas sea mejor, además de cuáles actividades son permitidas y cuáles no.

Una de las aristas que analizan los especialistas de ProDUS UCR es el recurso hídrico, que se incluye dentro de la elaboración de los planes reguladores. Foto cortesía ProDUS UCR.

“Es muy importante poder llegar a las comunidades y comunicar claramente sobre la planificación territorial y dejar claro que siempre se va a buscar un equilibrio; existirá regulación que dejará hacer unas cosas y no se podrán hacer otras, pero es parejo para todos, tanto para la industria y el comercio como para las urbanizaciones y particulares”, reflexionó Agüero.

Entre más orden mayor confianza y crece la productividad

Durante la fase de propuestas se les plantea a las municipalidades los aspectos de zonificación y regulación, se identifican las zonas adecuadas para el desarrollo de la industria, los proyectos residenciales y las zonas para el establecimiento del comercio o para el sector agrícola, así como las zonas de protección, etc.

“Ahí es cuando se aterriza la propuesta del plan regulador, que es el resultado de los estudios que se hicieron en la etapa de diagnóstico. La principal propuesta dentro de un plan regulador es la zonificación, pero también están la de fraccionamiento y la de vialidad. No se puede hacer ciudad sin hacer vialidad, pues hay que revisar muy bien la conectividad para que la ciudad sea como una red; trabajamos muy fuerte en el aspecto vial precisamente para mejorar la conectividad y la redundancia vial de cada cantón, lo que repercute positivamente en todo el país”, manifestó Agüero.

Por su parte el Ing. Félix Zumbado Morales, investigador de ProDUS UCR, comentó que uno de los aspectos más relevantes que conlleva generar un proyecto de investigación, en el contexto del ordenamiento territorial, es comprender que un plan regulador es una herramienta indispensable para el sector público y privado, ya que facilita las inversiones en el cantón al ofrecer seguridad a los empresarios.

Además, permite fomentar la inversión pública y privada por medio de herramientas como la captura de plusvalías, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan un cantón.

“Si dentro de la planeación se establecen áreas con vocación para permitir los usos zonas industriales, comerciales o de servicios, entonces el empresario interesado en invertir sabe que va a tener todas las condiciones y facilidades para que pueda desarrollar su actividad productiva de la mejor manera. Por ejemplo, asegurando el acceso al transporte (movilidad), servicios básicos, y seguridad jurídica por compatibilidad de uso con los vecinos. De esta forma se evitan muchos conflictos territoriales que resultan de la falta de ordenamiento territorial. En los cantones en donde no existe un plan regulador hay inseguridad jurídica para el sector empresarial, lo que hace a esos cantones menos competitivos y atractivos para la generación de inversiones”, recalcó Zumbado.

El problema es que en Costa Rica no se ha adoptado todavía la cultura de la planificación territorial, señaló por su parte Agüero, pues en muchas de las municipalidades en donde han trabajado nunca han tenido un plan regulador.

La comunicación con las y los miembros de las comunidades es vital para poder crear un plan regulador efectivo y eficiente. Foto cortesía ProDUS UCR.

Protección del medio ambiente

Otro de los ejes de trabajo de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, aseguraron ambos expertos de ProDUS UCR, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.

“Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídrico de un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un plan regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza”, expuso Zumbado.

Desde hace 29 años ProDUS impulsa el desarrollo sostenible a través del ordenamiento territorial, gracias a la ardua labor de profesionales en áreas como ingeniería civil, antropología, arquitectura, computación e informática, derecho, agronomía, geología, biología entre otras.

Algunas de las instituciones con las que ProDUS UCR mantiene un estrecho contacto y con las que trabaja para concretar los planes reguladores son: Secretaría Técnica Ambiental (Setena), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Geográfico Nacional (IGN), y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Las municipalidades que ya tienen un plan regulador tienen una visión completamente diferente, una vez que tienen esta cultura entonces ya pueden usar esta herramienta con todo su potencial y de manera eficiente. Lo que se debe hacer es llevar la regulación territorial a todo el país para que conozcan sobre las ventajas que esto conlleva”, planteó Agüero.

Un plan regulador no es eterno, hay que actualizarlo constantemente, advirtió finalmente Zumbado, porque las condiciones del entorno cambian, la población pueden variar, los proyectos públicos que surjan pueden afectar la plusvalía de la zona, los proyectos inmobiliarios modifican la dinámica de un territorio, etc.

“Una vez que un plan regulador es aprobado por SETENA y el INVU, se organiza una audiencia pública y seguidamente el consejo municipal respectivo aprueba finalmente el plan. En el caso de los Planes Reguladores Costeros también se debe dar la aprobación por parte del ICT”, concluyó Zumbado.

El ordenamiento territorial forma parte de los aportes que realiza la UCR al país para mejorar la calidad de vida y sumar al desarrollo sostenible, ayudar a los cantones a atraer inversiones y promover el uso adecuado de los recursos naturales.

 

Otto Salas Murillo

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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