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Etiqueta: caribe sur

Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

La fragilidad de las medidas de protección

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero….¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.

Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

  • Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
  • Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
  • Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
  • Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
  • Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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Crónica visual

2013

2017

2023

Cuidar lo que otros quieren destruir: crónica del monitoreo ambiental

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.

En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.

En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.

Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.

Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.

Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio

Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.

Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.

Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur

Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.

El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.

La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.

Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.

Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica

En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.

Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.

La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.

Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.

Fuente: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuidar-lo-que-otros-quieren-destruir-cronica-del-monitoreo-ambiental

Ciudadano de Limón solicita investigación al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en MINAE

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.

La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.

Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.

El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.

La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.

En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:

  1. La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.

  2. La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.

  3. Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.

La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.

SURCOS comparte los documentos de referencia:

Directriz No.09-2023-ACLAC
SINAC-ACTO-AL-055-2019
Comunicación de Acuerdos Corac Aclac (2)
2022 nov 11 ACUERDO COLAC

¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

Observatorio de Bienes Comunes

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

  • Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.

  • Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.

  • Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.

  • Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.

  • Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema

Acciones Realizadas

  • Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.

  • Uso de parte del terreno para actividades comerciales.

  • Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

  • Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.

  • Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.

  • Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

  • 2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.

  • 2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.

  • 2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.

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Tocando Madera en el Caribe Sur: Verdades Ocultas y Justicia Reparativa

Mujeres afro descendientes de la Asociación Mujeres y Mitologías celebran el premio en el Congreso.

Por María Suárez Toro y Maraya Jiménez Taysigüe

“Toco madera” dice el dicho popular que en antaño, para las culturas celtas europeas desde hace miles de años significaba reconocer que la madera de los árboles era la fiel expresión de la naturaleza pura y por tanto tocarla, trae la suerte porque atrae la “pura vida”. Los celtas abrazaban los árboles para atraer la suerte de la vida.

En nuestro Caribe, en sus mares, los hombres y mujeres de la pesca artesanal que se realiza desde botes de madera tocan el fondo con el remo o un palo para espantar la sardina, obligándola a salir de debajo del bote para capturarla para pescar. Otro ejemplo, en este caso marino, de tocar madera para la suerte “pura vida”.

Pero en este momento en el Caribe sur de Costa Rica, la juventud buceadora del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEM) está esperando los resultados de otra madera tocada para la suerte.

Madera de la estructura de una embarcación en el sitio de los Ladrillos, 2023.

Traerá la suerte de aportarle a sus comunidades, a sus clanes, a sus tribalidades, a su país y al mundo, SI LOS NAUFRAGIOS QUE HAY EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA SON LOS BARCOS ESCLAVISTAS daneses el Federicus IV y el Christianus V. de 1710 que llegaron allí por equivocación y producto de un amotinamiento, desembarcaron a unos 650 africanos y africanas en las costas.

De comprobarse la historia la juventud del Caribe estará haciendo historia.

Por un lado, la historia oficial no reconoce que hayan llegado esclavizados/as directamente por barco a nuestro país porque aquí no hubo puertos esclavistas. Como consecuencia, ningún esclavizado/a llegó directamente de África y todos fueron traídos por tierra procedentes de Nicaragua.

Por otro lado, aunque la cantidad exacta de personas esclavizadas que desembarcaron de esos barcos es incierta en un rango entre 136 (Andreas Bloch, Conferencia de Prensa, 2023) o 650 en fuentes escritas varias en archivos de Dinamarca, entre otras, lo cierto es que hay datos de apenas 105 de ellos en fuentes en los archivos nacionales de Costa Rica (ANCR) y del resto se sabe que muchos huyeron hacia las selvas. Posiblemente están en nuestro mestizaje de la época.

Tercero y muy importante: es la juventud local, afro, bribri, mestiza y cruzada las que ha guiado, conducido y buceado ese proceso de ocho años para encontrar la identidad de las embarcaciones de los naufragios. NO SON HISTORIADORES, PERO ESTÁN HACIENDO HISTORIA.

A fin de cuentas, la historia la hacen los pueblos, no la ciencia sola. Esa juventud ha aprendido desde el 2016 que para hacer historia se necesita ciencia también y por eso diseñó intergeneracionalmente un proyecto comunitario de ciencia ciudadana que combinara el método científico de la arqueología subacuática con sus conocimientos ancestrales del mar.

Estaba claro a la altura del 2016 que había que bucear sostenidamente para encontrar la identidad de las embarcaciones de esa historia.

Y se necesitaba hacerlo en un proyecto sostenido en el tiempo porque (1) había mucha información importante pero dispersa; porque (2) todo lo que había era documental y todo era (3) a partir de fuentes que se contradecían.

¿Por qué buceo en el fondo del mar?

Porque, aunque otros hubiesen dicho que los naufragios podían ser los barcos esclavistas de Dinamarca, todas sus afirmaciones estaban – hasta ahora – basadas en documentos de unos juicios referidos a la ilegalidad o no de lo ocurrido con los africanos y africanas que desembarcaron de los naufragios de dos barcos esclavistas daneses.

Hubo juicios de la Corona Española contra colonos en Costa Rica (ANCR), hubo juicios en Dinamarca y hasta hubo juicios en Panamá. Esos juicios fueron citados por estudiosos y estudiosas, escritores y escritoras como la escritora Tatiana Lobo y Mauricio Meléndez en “Negros y Blancos Todo Revuelto”, (1997) donde tiene fuentes y habla de 3 barcos esclavistas daneses cuyos naufragios están por Gandoca, según sus fuentes documentales. Otras fuentes como la historiadora Rina Cáceres en el Seminario 2016 UCR, nos sugirió debidamente que buscamos más cerca de Matina porque allí fueron capturados algunos africanos y africanas del desembarco, según fuentes documentales de los juicios estudiados por ella. Y otros, como el etnógrafo Russel Lohse en su libro “Africans Into Creoles: Slavery, Ethnicity, and Identity in Colonial Costa Rica“ (2014) escribió que los de Cahuita eran los barcos esclavistas daneses, pero no presentó evidencia sustentable.

Y desde entonces y hasta hoy, se sabe que en los juicios cada quien expone SU “verdad” para ganar SU caso, no necesariamente para escribir NUESTRA veraz historia.

Fueron juicios tan complejos que desde el 2016 cuando iniciamos nuestro proyecto, escuchamos con atención el planteamiento que nos hizo la historiadora Dra. Rina Cáceres (https://escuelabuceocaribesur.blogspot.com/2016/07/quince-duncan-evidencias-de-aportes-de.html= en el 1 er Seminario sobre el tema, cuando dijo que había que buscar en el fondo del mar, sosteniendo debidamente que dado que mucho del tráfico transatlántico de esclavizados y esclavizadas era ilegal y por eso no se podía saber todo siempre a ciencia cierta.

¡Buscar en el fondo del mar!

A eso nos dedicamos y podemos decir, después de ocho sostenidos años, que estamos tocando madera.

La madera en la investigación sobre la identidad

Encontrar madera de la estructura de las embarcaciones en los sitios de los naufragios era un imperante para la investigación de la identidad de los barcos por cuanto ya habíamos documentado o encontrado documentación científica de (1) la existencia de manillas o pulseras “esclavas” (Gluckman, 1985), (2) habíamos podido comprobar que al menos 3 de los ladrillos en los sitios eran procedentes de Dinamarca (Reporte del CCBEM a SINAC, 2022), habíamos encontrado un mapa en los archivos de Sevilla que mostraba geográficamente al contorno de Cahuita en los 1700 y habíamos probado en fotogrametría con el arqueólogo subacuático especializado en modelos tridimensionales de embarcaciones, Kotaro Yamafune (Reporte CCBEM a SINAC, 2019), que lo que definitivamente eran dos barcos en los dos sitios arqueológicos.

Fotogrametria del Sitio de los Ladrillos, 2019.

¡Pero no era suficiente! En arqueología subacuática, lo que se encuentra en un barco o alrededor de un barco constituye evidencia que acerca a la hipótesis pero no la demuestra.

¿Por qué? Porque en los barcos de carga de todo y de todos lados que viaja, y por eso su carga no es necesariamente una muestra de su identidad.

Se necesitaba madera de la estructura de la embarcación. Todo el acumulado era relevante pero no suficiente.

Solo la madera de la estructura nos permitiría hacer la prueba de dendrocronología que nos daba la fecha y lugar de procedencia de la madera con la que se construyó la embarcación.

La fotogrametría del Sitio de los Ladrillos con Kotaro Yamafune nos había mostrado que podía haber madera bajo los promontorios de ladrillos.

Eventualmente en la Expedición del 2022-2023 del CCBEM tocamos madera con nuestros arqueólogos subacuáticos invitados, procedentes del Museo Nacional de Dinamarca, David Gregory y del Museo Vikingo, Andreas Bloch y acompañados por el Museo Nacional de Costa Rica, la Comisión Arqueológica Nacional y el SINAC.

Y en una acto de “justicia reparativa” no formal, fue nuestro joven afro/bribri, fundador de la nueva directiva CCBEM y Dive Master, Pete Stephens Rodríguez, en su calidad de asistente técnico de los especialistas que condujeron la parte de excavación, el que subió la pieza estructural de madera que nos dará el resultado final.

Pete Stephens Rodríguez honor a quienes el honor merecen, 2023

¿Qué es eso de justicia reparativa?

Que una historia oculta en fondo el mar, que esconde un capítulo oculto y desconocido de la historia de la población afrodescendiente y sus raíces, está por ser DEVELADA por un trabajo tesonero de mucha gente y muchos expertos y muchas instituciones y del entidades de la co-gobernanza, PERO guiados por una juventud cuyos orígenes y raíces están en esa historia.

Y si esa juventud ha guiado ese proceso, que esa juventud sea la que sea destacada por todos y todas, como hacedora de su historia. Eso es tan relevante como la historia misma y ES la historia.

¡Toquemos madera por nuestra juventud!

Publicado en: https://escuelabuceocaribesur.blogspot.com/2025/03/tocando-madera-en-el-caribe-maria.html

Compartido con SURCOS por María Suárez Toro.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

Alerta en el Caribe Sur: la denuncia que evitó mayor impacto ambiental

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.

En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.

Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún másSe decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargoEsta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.

Prácticas conocidas para cometer delitos

Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.

Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.

Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.

Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.

La importancia de denunciar

Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.

Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía AmbientalLa persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.

El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.

Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria

A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.

Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorioLa vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúenSin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.

Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papelLa articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgoLa acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.

Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica

Aspecto Clave Descripción
Definición La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.

Playa Negra en alerta: Retiran material de finca que afectaba humedales

Por el Observatorio Bienes Comunes UCR

Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.

Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:

«Es una decisión demasiado buena, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevo luchando. Que, en el mismo momento, se diga: ‘saca esa vara de vuelta’. Y, por supuesto, se abrirá un expediente contra esa compañía…»

¿Qué está pasando? Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.

Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.

La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.

¿Por qué importa el cuidado de los humedales? Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.

Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.

Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.

Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.

A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Las comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.

A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.

Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.

Defensores ambientales: Un pilar clave en la protección del Caribe Sur

Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.

Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.

Perifoneo recorre las calles de San José pregonando contra el ministro Franz Tattenbach y en favor de Gandoca Manzanillo

Comunicado:

  • Población reacciona con alegría y afinidad por la defensa de los ecosistemas y en contra de este gobierno ecocida.

(31/01/2025) La mañana de este viernes un grupo de manifestantes integrantes del Bloque Verde recorrieron las principales calles de la capital para llevar, con música y alegría, un mensaje de protesta contra la gestión del ministro de Ambiente Franz Tattenbach Capra. Una acción ecologista no violenta que se ha vuelto popular en redes sociales.

Al son de la canción “El ministro aserrín” compuesta por Bloque Verde e interpretada al ritmo de calipso cuyo coro denuncia la deforestación en el humedal de Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Caso de destrucción ambiental que destapó una cadena de actuaciones ilegales y de aparente tráfico de influencias a favor de empresarios inmobiliarios en contra de los ecosistemas del Caribe Sur.

Para Federico Lizano, activista de Bloque Verde: “la jornada de perifoneo en contra del ministro Tattenbach fue una acción contundente y necesaria ante la alarmante destrucción ambiental que está ocurriendo en Costa Rica. Fue muy alentador ver a la gente en las calles apoyando el movimiento, alzando la voz y reforzando un discurso que defiende nuestros recursos naturales frente a políticas que favorecen su deterioro.”

Además del perifoneo, se entregaron pronunciamientos en defensa de Gandoca Manzanillo en la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, en el MINAE y en la Contraloría de la República.

Para la licenciada en derecho y ambientalista Silvia Matamoros fue evidente el respaldo de la gente cuando escuchaba el mensaje en defensa de los ecosistemas. Tanto en el Mercado Central, como en las distintas calles y avenidas josefinas hubo cientos de muestras de simparía por el mensaje ecologista. Muchas personas dieron su adhesión por medio de la recolección de firmas para pedir la renuncia de Franz Tattenbach como ministro de Ambiente.

“El respaldo ciudadano demuestra que el país no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras se toman decisiones que comprometen nuestro patrimonio ambiental. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la protección de nuestros ecosistemas.” Señaló Matamoros.

Defensoría emite alerta sobre Plan Regulador Costero Caribe Sur

Recomendó a alcalde y Concejo Municipal de Talamanca suspender cualquier acto de aprobación

La Defensoría de los Habitantes, en seguimiento a la investigación que lleva a cabo respecto al proceso del Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, emitió una alerta temprana donde comunicó a la Municipalidad de Talamanca hallazgos preliminares que deben ser atendidos en tres puntos importantes.

Una de las advertencias emitidas por la Defensoría tiene relación con la falta de consulta a los pueblos indígenas, donde se constata el incumplimiento del procedimiento establecido en el Convenio 169 de la OIT y el Mecanismo Nacional de Consulta Indígena; se evidencia la inobservancia de un elemento formal para la constitución del acto administrativo como es la consulta. La Defensoría solicitó información a la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quienes informaron que no consta ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo o del Gobierno Local de Talamanca, para la apertura del proceso de consulta indígena relacionado con el Plan Regulador en la Zona Marítimo Terrestre del Distrito de Cahuita.

Considera la Defensoría que las autoridades nacionales y locales deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, por tanto, el derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, incluyendo su derecho a la consulta respecto de toda actividad que afecte sus derechos e intereses.

La otra situación que se planteó al ayuntamiento tiene relación con los derechos a la información y participación de la población local, pues si bien se realizaron algunas charlas informativas y una audiencia pública según la Ley de Planificación Urbana, previamente no se aportó a las personas interesadas copia del expediente ni información sustantiva para garantizar una participación activa e informada, ni se hizo la devolución de las inquietudes manifestadas por los y las habitantes.

Adicionalmente a ello se abordó el tema sobre la rectificación de los límites del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo y la delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del cantón de Talamanca, previo a la adopción del plan regulador, siendo que se estima que las instituciones involucradas en la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca – Distrito Cahuita, elaboraron un plan regulador a partir de la ley 9223 que la Sala Constitucional declaró inconstitucional en el año 2019, y que a la fecha, continúa sin cumplir con dicha resolución.

Llama la atención que las distintas instituciones consultadas por la Defensoría sobre el trámite actual del Plan Regulador, externaron criterios que no se corresponden entre sí. Por ejemplo, la municipalidad señala que ya cumplió con lo dispuesto por la Sala Constitucional al llevar a cabo la audiencia pública y de esa manera realizar la consulta a la población indígena, y que el trámite del Plan Regulador Costero ha estado a cargo del INVU, de manera tal que el expediente administrativo se encuentra en poder de dicha institución.

No obstante, el INVU indicó a esta Defensoría que el plan regulador debe ser ajustado a una nueva resolución de la Sala Constitucional que ha ordenado al SINAC a través del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) actualizar la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y a la Municipalidad y al INVU el ajustar la Zonificación del Plan vigente a esta nueva delimitación del PNE, para lo cual se está a la espera de que el ACLAC desarrolle lo que le corresponde para poder establecer un plan de trabajo y un cronograma de actividades que nos permitan ajustar la propuesta. Mientras tanto el ICT indicó que luego de la resolución de la Sala Constitucional, se llevó a cabo la audiencia pública, la municipalidad solicitó la conformación de la “comisión tripartita” para analizar las “nuevas” observaciones que se derivaron de la segunda audiencia y que a la fecha está a la espera de ser convocada para el trabajo de esta comisión.

La Defensoría recomendó al Alcalde de Talamanca realizar la consulta indígena tal  como se indicó anteriormente y se le solicitó que, en un plazo de tres meses, presente a esta Defensoría un listado de canales de información a la ciudadanía y de mecanismos de participación que serán habilitados para continuar la construcción participativa e informada del Plan Regulador y de otras políticas, planes y programas que impulse y que afecten los intereses de las y los munícipes, de manera que se puedan subsanar las limitaciones que ha tenido hasta ahora el ejercicio de este derecho fundamental.

Adicionalmente se recomendó al Concejo Municipal de Talamanca que, en virtud del incumplimiento en que ha incurrido el gobierno local respecto de la consulta previa, libre e informada a la población indígena, así como el desacato de lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia 31756-2023 del 7 de diciembre de 2023, suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero del distrito de Cahuita, hasta que se cumpla con ese derecho fundamental y requisito formal para la validez del acto.

Además, en virtud del incumplimiento en que han incurrido otras instituciones respecto de la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y del consiguiente desacato de las sentencias 12745-2019, 3959-2024, 4692-2024, 10951-2024 y 26300-2024 emitidas por la Sala Constitucional, se alerta a ese Concejo Municipal a efecto de suspender cualquier acto de aprobación del Plan Regulador Costero en el distrito de Cahuita, hasta tanto no se haya cumplido con la debida delimitación de ese Refugio natural.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes