Si no se los sabe examinar con la suficiente agudeza y sentido crítico, los datos o indicadores económicos pueden resultar engañosos, y, al cabo, podría ocultar más de lo que revelan. Así ocurre con ciertas estadísticas fiscales que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, publicita mes a mes.
Resulta que, si excluimos los pagos por intereses de la deuda, tenemos un superávit: los gastos exceden de los ingresos, cosa que no se veía desde hace 15 años ¡Albricias! Al sumar los intereses, reaparece el déficit. Pero, incluso en tal caso, don Nogui nos repetirá la cancioncita: es el déficit fiscal más bajo que se registra desde hace muchos años.
Todo lo cual es cierto, pero eso solo nos cuenta una partecita chiquitita de la verdad.
Tengamos en cuenta, para mejor ubicar el asunto, que nuestra conversación versa sobre una estrategia de políticas frente al problema fiscal que, en su momento, fue liderada por Carlos Alvarado y el PAC, y la cual contó con un amplio apoyo multipartidista en la Asamblea Legislativa (excepto Villata y el FA), incluyendo al PLN, el PUSC y los partidos evangélicos.
Todo lo cual, como ustedes recordarán, se concretó en la Ley 9635, aprobada en diciembre de 2018. Lo cual, tiempo después, se amplió con la Ley del Empleo Público.
La cuestión incluía medidas para incrementar los ingresos y recortar los gastos, contando con la regla fiscal como su arma más poderosa, así como una grosera transformación en los sistemas de contratación y remuneración del personal. En el proceso, y con la complicidad de la Sala Constitucional, se violentaron principios constitucionales de autonomía, a la vez que se imponía un régimen burocrático autoritario y centralizado, que hacía de Hacienda y MIDEPLAN, dos superministerios.
Al cabo de casi 5 años, estamos siendo arrastrados por algunas tendencias sumamente problemáticas:
1) En materia de ingresos, la reforma ya dio lo que podía dar. Tocó techo, pegó con cerca y ello se manifiesta en un marcado declive en el dinamismo de los ingresos recaudados.
2) En materia de gastos, se está ocasionando -tal cual era previsible- un brutal desmantelamiento de la institucionalidad pública, y, en consecuencia, un marcado deterioro de los servicios, con consecuencias sociales y humanas realmente devastadoras.
3) La Ley del Empleo Público, incluso sin haberse implementado a plenitud, ya está dando gravísimos problemas. El director el OIJ lo ilustraba en una entrevista reciente: el OIJ ha venido perdiendo personal altamente calificado, y hoy se le dificulta contratar el personal que necesita, porque esta ley impone salarios que no son competitivos. Este mismo problema sin duda se sufre en todo el sector público, incluida la Caja.
4) La inversión pública está paralizada. Un titular en La Nación de hoy lo ilustra: “Construcción pública atraviesa su periodo de contracción más prolongado en 31 años” (dicen “31 años” porque corresponde al período para el cual hay datos. Posiblemente sea la contracción más prolongada de la historia). Imposible modernizar la economía y levantar su productividad de esa forma. Imposible reactivar así el empleo.
La estrategia de Carlos Alvarado, que es la misma de Rodrigo Chaves, es un fracaso total. Vamos de cabeza al abismo. Es urgente rectificar.
Una vez más, viene don Ottón a decirnos que Alvarado se echó al hombro el titánico cometido de salvar el Estado social y, en especial, de “salvarlo del neoliberalismo”. A lo cual se agrega: “se logró así evitar la crisis”.
La posición de Solís es insostenible, cuando, en realidad, hay mucha evidencia que respalda la tesis de que el gobierno de Alvarado dejó un legado de clara tonalidad neoliberal. No habrá sido neoliberal al 100%, ya que, puestas así las cosas, ni siquiera Margaret Thatcher podría haber sido considerada neoliberal. Pero ese tipo de purismos dogmáticos no merecen que se les preste atención.
Es un legado, neoliberal en lo ideológico, siniestro en sus destructivas consecuencias:
– Los presupuestos para la educación, en todos sus niveles, desde la preprimaria hasta las universidades, van cuesta abajo, en pronunciado declive.
– La deuda estatal con la Caja crece y crece, sin que Alvarado nos haya legado ningún arreglo.
-Ni mínimamente transparente y confiable- para atenderla. Todo lo cual vulnerabiliza los servicios de atención a la salud, y entrega pretextos que el gobierno de Chaves aprovecha para dinamitar la sostenibilidad de tan importante institución.
– Las políticas de vivienda popular están prácticamente congeladas.
– Los servicios de atención a las personas mayores y a la niñez viven un proceso de acelerado deterioro.
– La inversión pública está reducida a su mínima expresión.
– En materia de combate al fraude tributario, el legado de Alvarado fue, en el mejor de los casos, muy pobre. Chaves y Nogui Acosta han terminado de desbaratarlo.
– A la policía le toca trabajar en condiciones materiales realmente vergonzosas.
– El presunto combate a los “privilegios de los empleados públicos”, han dado lugar a un deterioro brutal. Hoy los salarios reales promedio en el sector público están en niveles de hace 13 o 14 años e, inevitablemente, seguirán retrocediendo (todo lo cual, no lo dudemos, hace muy feliz a don Ottón).
– Los problemas del empleo son catastróficos, y las políticas públicas carecen de ninguna herramienta eficaz para tratar de por lo menos aliviarlos.
¿Que evitaron la crisis? ¿Y como se llama lo que estamos viviendo, en medio de una espiral de violencia descontrolada, una crispación y polarización política extremas, servicios públicos al borde del colapso y una población hastiada, frustrada y furiosa?
¿Qué había que hacer todo eso, porque otra vía no había? Lo cual es la respuesta más neoliberal que se podría dar. Es el mismo TINA de Margaret Thatcher: discurso único y alternativa única.
Concluyo: los problemas que arrastramos vienen de muy atrás. No nacieron con Chaves ni tampoco con Alvarado. Pero si Alvarado se encargó de agudizarlos, con Chaves vamos de cabeza al abismo.
Un Premio Óscar, pero no el de Óscar Arias Sánchez paladín del Neoliberalismo, para el Ex- Presidente Carlos Alvarado. Es un «Óscar» actoral de nuevo cuño.
¿CAQ con maquillaje «Progresista”, así se llama la nueva obra de teatro? (Lástima el término desvirtuado de «Progresista», hasta el partido de Rodrigo Chaves lo usa).
Canal 7, y otros medios, inician una operación mediática a favor de CAQ. Carlos es un gran actor. Y como buen actor, necesita creerse el personaje. Yo también casi lloro viendo Canal 7… Casi.
No es ni estilo personal hacer leña del árbol caído, muy caído. Ni participar en linchamientos públicos… Pero tanta manipulación mediática y mentira, tanta «película», me impone la necesidad moral, cívica y verdadera Martiana, de hacer este recuento y denuncia política.
¿Pero por qué? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Reciclarse cómo escritor o intelectual «progre»? ¿Cuál es la trama de la película basada en hechos irreales?
¿O sencillamente, en esta época «Globalitaria», se trataría de una operación ideológica mediática, para resignificar hacia la derecha, el imaginario popular y hacer ver al fracaso económico Neoliberal como falsamente «Progresivo»?
¿Cómo si no, disimular su traición política a la ciudadanía que votó, que votamos por él, en Primera y/o Segunda Ronda?
Repasemos:
¿Con qué estómago puede citar el saliente Presidente CAQ, al prócer cubano y latinoamericano José Martí, cuando su política exterior fue la más servil de Trump, del carnicero y torturador confeso Secretario de Estado Mike Pompeo, y del fenecido Grupo de Lima?
Esa imagen con Martí atrás en Canal 7, no tiene precio. Ni decencia.
Ni una pizca de Multilateralismo hubo, en nuestra Cancillería.
Ni en la Colombia de Duque, ni en el Chile de Piñera, ni en la Honduras de JOH, ni en la Bolivia de Áñez, ni en el Brasil de Bolsonaro, se violaban los Derechos Humanos. Servilismo incondicional. ¡Grande Mr. Charlie!
Más allá de la Pandemia, ¿cómo disimular el gran servicio al modelo del Neoliberalismo y a las clases dominantes de CAQ? Repasemos más.
¿No había crisis, pobreza creciente, y crecimiento de la Desigualdad Social aún antes de la Pandemia?
¿Cómo olvidar la imposición a vil garrote de una Contrarreforma Fiscal Neoliberal y fundamentalmente Regresiva?
¿El orden fiscal burgués, la Paz Imperial interna, que disimula la gigante Evasión y Elusión es tan eficaz y eficiente?
No lo creo, y pronto lo sabremos con su Ex- Ministro de Hacienda, convertido en el nuevo Presidente Rodrigo Chaves… Muerto el Rey, viva el Rey. Advertidos están.
Sin hablar del Neoliberal Nogui Acosta como nuevo Ministro de Hacienda, continuación del Gobierno CAQ. ¿El Gatopardo?
Nota sarcástica: cuidado y terminamos extrañando a Mr. Charlie y su Gobierno, frente al próximo gobierno Neocon/Neoliberal. Atención.
En realidad, la Soberanía fáctica recae sobre el modelo Neoliberal impuesto, con diferentes caras, y que para crecer y autorreproducirse, necesita destruir al Estado Social de Derecho. El Neoliberalismo avanza junto a la crisis y nos coloniza más y más, aún en nuestro fuero cotidiano.
El canibalismo híper-mercantil sustituyó al sentido común y al Principio de Realidad propio de un imaginario social, ideológico o no, de búsqueda igualitaria e inclusión.
La crisis económica continua y sin horizonte utópico, sólo agravará esta deshumanización acelerada del tejido social.
Gracias Neoliberalismo. Gracias Gran Capital Financiero. Gracias Gobierno CAQ.
¿Ahora que el Exministro de Seguridad Michael Soto, canta a Soda Stereo en el Parque de Francia de Barrio Escalante… ¿Olvidaremos sus garroteadas?
A don José María Figueres Olsen, vilipendiado en su giro Socialdemócrata, lo persiguieron por casi 30 años. Y se lo sacaron desproporcionadamente, cada vez que pudieron.
¿Estas garroteadas de CAQ sí las olvidarán los/las «Progres»? Veremos.
¿Cómo olvidar, además, la más reciente imposición de sus Leyes Anti-Obreras y Anti-Sindicales? ¿De dónde tanta hipocresía ahora?
¿Hay que olvidar la impunidad del asesinato de líderes indígenas? ¿O el abandono cruel del Sector Cultura? ¿O los escándalos de corrupción? (Estos últimos no son sólo invención de CAQ ni del PAC, seamos honestos).
¿Cómo olvidar incluso, la destrucción total de su propio partido PAC, que alguna vez quiso funcionar como referente de centroizquierda o al menos de paraguas anti- Neoliberal?
Muchas gracias.
¿Cómo olvidar la injerencia vulgar, plutocrática y antidemocrática de Horizonte Positivo y del Ministro millonario André Garnier? Muchas gracias.
Pero como le citó un connotado líder sindical: «Roma no paga a Traidores»… ¿Lo usaron y lo botaron? ¿Por eso el intento de maquillaje «progre»? ¿Fueron errores involuntarios sus pifias? No lo creo.
¿Recargar todo el peso de la crisis nacional e internacional en los más pobres? No lo vamos a olvidar. Muchas gracias.
Afirmar lo contrario es pura demagogia y acaso, el verdadero «populismo».
¿Y se atreve a citar su pasado biográfico y decir que estuvo contra el Combo del ICE y contra el TLC?
Una vergüenza para los y las luchadores sociales que nos partimos la vida ahí. Y que por cierto nunca lo vimos.
Un Gobierno saliente que entró con expectativas de Progresistas y de cambio social, y que queda situado a la salida, como el más Neoliberal y Anti-Obrero, aún más a la derecha económica que los diferentes gobiernos del viejo bipartidismo.
Por otra parte, la destrucción de la credibilidad política y legitimidad popular en un posible y necesario proyecto político Progresista, de Centro- Izquierda, Socialdemócrata, anti-Neoliberal, fue un regalo muy valioso, un «Bonus Track», para los operadores políticos de las clases dominantes. Matando así, preventivamente, toda esperanza de las clases subalternas. PAC incluido. Muchas gracias.
Nos quieren sectarios y testimoniales. Nos necesitan tontos y tontas. No gracias. Tampoco.
No faltarán los Ultras y Sectarios de Izquierda, hablando contra los Frentes Populares desde ya. CAQ y su fracaso Neoliberal, contribuyeron a este prejuicio sectario.
Muchas gracias.
Incluso: ¡Sino fuera por el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca siquiera se habría avanzado en materia de Derechos Humanos LGTBIQ+!
¿Tanta inutilidad política para crear consensos sociales fue accidental? No lo creo. Igualmente, muchas gracias.
Sí de acuerdo, fue un Gobierno sin mayoría legislativa y de Unidad Nacional, pero, ¿eso justifica su sesgo Neoliberal y Anti-Sindical? (Más allá de los errores de las diferentes dirigencias sindicales y populares).
¿Los pobres más pobres y los ricos más ricos siempre?
Muchas gracias.
Habla CAQ contra la polarización social innecesaria, pero fue el primero en vivir políticamente de ella. Muchas gracias.
Repito, no hay que refugiarse en el Sectarismo. Tampoco. Una cosa es ser tolerante, patriota, e incluso construir amplias alianzas, Consensos, Coaliciones, y otra muy diferente es imponer, dividir, conspirar, manipular y concursar para un Óscar.
Esto no es un llamado ni al sectarismo, ni al odio personal contra Carlos. Sí a sentar responsabilidades políticas y éticas.
Es un llamado a no ser tan manipulables. A que no sigan jugando con nuestras emociones los medios. Y a construir futuras alianzas políticas sólidas y honestas.
No hay que ser tan crédulos… Al menos, no otra vez.
La verdad del «pudding» (budín) está en comérselo, Engels dixit.
Y con Charlie y su Gobierno comimos «en palangana», y no fue «pudín».
Un Óscar, que no un Óscar Arias, por su actuación política, Don Carlos Alvarado. Lo felicito.
Pero recuerde la sentencia apocalíptica: «Pero cuando eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.» (Ap. 3:16).
Gracias, mi opinión sincera y respetuosa. ¡Mejores tiempos vendrán para nuestra República y nuestro Estado Social de Derecho!
Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias.
El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre). El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm).
En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.
Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.
Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.
Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.
Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:
– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.
– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.
(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).
La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.
Sobre las declaraciones del Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado en el foro «Bosques y Uso del Suelo» que se realizó el lunes 1 de noviembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26 – Escocia), y en las que dijo «los mayores guardianes del bosque y la tierra son los Pueblos Indígenas» y además resaltó el Programa de Servicios Ambientales (PSA) como un mecanismo para la conservación de bosques; consideramos importante aclarar ante la opinión pública:
El Estado de Costa Rica no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política para garantizar la vida e integridad personal de los Pueblos Originarios; prueba de ello, son los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre el 18 de marzo de 2019 y de Jerhy Rivera del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero de 2020, dos asesinatos en menos de un año; hermanos que fueron asesinados defendiendo sus territorios y Pueblos.
Además, según el Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020 elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas líderes y lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos.
También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones, de las cuáles el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
TODAS las agresiones y violaciones se mantienen hasta el día de hoy en la impunidad.
En los territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur, se mantiene una ocupación ilegal de un 40% de esos territorios por parte de personas no indígenas, ocupación que en algunos Territorios alcanza hasta un 75%.
El Estado de Costa Rica no ha cumplido con sus obligaciones de entregar la totalidad de los Territorios a estos Pueblos y esta deuda histórica no ha sido saldada por el actual gobierno.
En este sentido, debemos resaltar que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (PRTI); iniciativa Estatal que inició en el 2017, hasta el momento no ha logrado devolver ni un solo terreno a estos Pueblos; las únicas fincas que esta Administración dice que «devolvió», es el caso de 2 terrenos ubicados en el Territorio Bribri de Salitre, terrenos que ya habían sido recuperados por el Pueblo Bribri de Salitre y que además contrario a lo que este Pueblo solicitaba, los terrenos fueron entregados a la Asociación de Desarrollo Indígena, organización considerada como Estatal por el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, organización propia y autogobierno de este Pueblo Originario.
La Administración de Carlos Alvarado, a través del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), entidad encargada del PRTI, anunció el año anterior que dicho plan tendría un atraso mínimo de 3 años.
El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019.
Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución); fallos que fueron apelados en tiempo y forma; pero que 3 de ellos todavía representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
Sobre el Programa de Servicios Ambientales, omite decir el Presidente Carlos Alvarado, que los mismos son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur, son consideradas como instancias institucionales o estatales y además impuestas; tampoco señala Alvarado los muchos casos en los que se encuentra denunciadas y en procesos judiciales, algunas de estas ADI, no todas, por el manejo irregular de los fondos provenientes de PSA y la poca participación real de las comunidades y propietarias/os de estos bosques, en las decisiones y beneficios económicos.
Desde los territorios en resistencia compartimos un par de mensajes al respecto y le recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial de los Pueblos Originarios.
“Que seamos los guardianes de los bosques nos ha costado dos asesinatos de defensores de nuestros derechos como Pueblos Originarios, muchas personas más no podemos ni siquiera dormir tranquilas con nuestras familias por las amenazas de los terratenientes; somos guardianes, pero tenemos a los poderes del Estado en contra de nuestros derechos.”
“No se vale que el mundo escuche estas mentiras del Presidente Carlos Alvarado, ya que nuestras luchas son muy desiguales y nosotras como mujeres indígenas sufrimos toda clase de atropellos por seguir acompañando y conservando a nuestra madre tierra para evitar que las empresas transnacionales con sus proyectos extractivos la sigan matando.”
“Nuestra lucha continuará por defender nuestras tierras que son un todo: Bosques, Agua, Aire, Espiritualidad, Cultura y Autonomía; aunque nos tengan amenazadas y aunque el Presidente Alvarado mienta en los foros internacionales”.
Recuperadora de Crun Shurin del pueblo Naso-Brörán.
«Nosotros no somos guardianes de nuestras tierras, nosotros somos parte de la tierra y la cuidamos de forma innata, natural. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos, para nosotros el bosque es un ser vivo como cualquier otro elemento que compone esta tierra. Debemos vivir en un equilibrio que es parte de nuestra esencia como pueblos originarios, no necesitamos dinero para cuidar nuestros bosques y tierras, porque a la hora de que se ofrece dinero por cuidar nuestros bosques y tierra, se pierde el sentido de vivir en equilibrio y se cuida solo por dinero. Nuestra cosmogonía dice como debemos vivir con nuestro bosque y tierra, el hacerlo pagado distorsiona esa forma de hacerlo.”
«El Presidente dice que reconoce que cuidamos los bosques, no deberían haber muertos por defender la tierra, ni siquiera deberíamos estar en esta lucha».
Lesner, recuperador Bribri del clan Tuádiwak del pueblo Bribri de Salitre.
En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.
¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.
No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.
Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.
Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.
No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.
No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.
Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.
En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.
Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.
Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.
¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.
Es el acontecimiento político más relevante del momento, sobre el que todas y todos los ciudadanos deberíamos estar hablando.
Y es que el fallo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley de Empleo Público determinó que la alianza entre el Poder Ejecutivo, un grupo mayoritario del Legislativo y los poderes fácticos, hizo todo lo posible para tratar de realizar más de 30 reformas contrarias a la Constitución Política que juraron respetar. Es decir, que intentaron alterar mediante una ley el orden constitucional en materias tan fundamentales de nuestro régimen democrático como la división de poderes y las autonomías institucionales establecidas en la Constitución, entre otras.
Lo hicieron, con plena conciencia, premeditación y alevosía pues esas tropelías contra el orden constitucional fueron advertidas y denunciadas por diputados y diputadas que no las consintieron y que fueron leales a su juramento de respetar la Constitución, por las Universidades Públicas, por el Departamento de Servicios Técnicos de la propia Asamblea Legislativa, por Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, por múltiples especialistas en derecho, analistas políticos y por organizaciones sindicales de manera reiterada.
A Todas esas llamadas a respetar el orden constitucional, las y los golpistas les dieron la espalda. Confiados en su poder, aprobaron en primer debate un proyecto que, según la Sala Constitucional, contiene una cifra inédita de inconstitucionalidades pensadas para generar una concentración desmedida, ilegal e ilegítima de poder en el Ejecutivo y particularmente en el Ministerio de Planificación, entre otros excesos.
Dichosamente en Costa Rica hace mucho que no tenemos los clásicos golpes de Estado mediante el uso de las armas. Pero estamos hoy en presencia de un claro intento de golpe al orden constitucional, protagonizado por el Gobierno de Carlos Alvarado, defendido a diestra y siniestra por su Ministra de Planificación Pilar Garrido y por casi todo su Gabinete, así como por los grandes grupos empresariales y sus medios de comunicación.
Que lo hicieran mediante un intento de promulgación de una ley, no los exime de ilegitimidad, violencia, abuso de poder y autoritarismo.
El mensaje es tristemente claro: en el año del Bicentenario, estamos ante un Gobierno y 35 diputadas y diputados que, amparados en poderes fácticos, les importa un comino la Constitución Política y la institucionalidad democrática.
Después de una reunión que se llevó a cabo en Hotel Suerre se concluyeron algunos puntos sobre el caso de corrupción de la ruta 32, por lo que se conoce que tanto CHEC como Conavi no coordinan nada y que entre ambas instituciones no hay comunicación. Que hay incertidumbre sobre el destino del dinero de la Ruta 32, hasta el momento no se tiene cuánto dinero era, ni quien ordenó el traslado de fondos, mucho menos a qué manos fue a parar.
Además CONAVI expone que en el contrato original se establece que la empresa CHEC es la responsable de reconstruir los puntos viejos, sin embargo, esta institución responde que eso no es cierto, que no hay fondos para expropiar ya que ese dinero algún jerarca del MOPT ordenó trasladarlo a otros proyectos en otras partes del país.
En medio de ese debate también se expone que la empresa CHEC solicitó una carta para mayo de 2022 en donde CONAVI acepta que las obras están al día y que este organismo estatal corrupto se niega a aceptar esa carta ya que no es cierto que haya tal avance.
Los diputados de Asamblea Legislativa, alcaldes, dirigentes provinciales, conocen la situación desde hace mucho tiempo pero se han quedado en silencio pues no tienen la determinación para organizar las protestas que como sociedad se deben hacer.
Ahora que salió todo a la luz la situación es de incertidumbre, ya que esta ampliación es un desastre, nadie sabe cuándo se terminará la construcción, incluso nadie sabe a ciencia cierta si ese proyecto se terminará algún día, y que a la luz de los hechos le tocará al pueblo golpear la mesa, salir a la calle aunque algunos se asustan y obligar al presidente Carlos Alvarado intervenir, pese a que se convocó a este, a algunos ministros y a JAPDEVA a reunión para discutir el tema que personal de la Municipalidad de Pococí y ninguno acudió.
Adjuntamos algunas fotografías de esta reunión llevada a cabo en el Hotel Suerre:
El día 10 de abril 2018 se escribió al señor Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República de Costa Rica una carta pública en donde se le felicitaba por su designación como Presidente y se le deseaba el mayor de los éxitos. A la vez las personas, organizaciones sociales y ambientalistas firmantes, en resumen, manifestaron lo siguiente:
Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley de aguas o recurso hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos.
Apoyamos sin reserva que las competencias de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA, se mantengan en esta institución y las mismas sean consolidadas, tal como está señalado con base al criterio legítimo de constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República
Denunciamos las acciones realizadas por la Cámara Costarricense de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otras entidades, para intentar menoscabar y hasta eliminar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos
Solicitamos respetuosamente una vez que usted entre en funciones como Presidente de la República, velar por que no se permita se lleven a cabo actividades constructivas o de otra naturaleza por parte de particulares en la zona que es inalienable por la Ley 65 de 1888
Igualmente solicitamos, se inicie sin más dilación la recuperación de los terrenos que abarca la ZONA INALIENABLE, creada por la Ley 65 de 1888 y así además se cumpla el voto de la Sala Cuarta No. 2008-12109.
Solicitamos que se haga lo necesario y lo que corresponde, para que se aplique el Decreto No. 39259-MINAE, el cual DECRETÓ LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BRAULIO CARRILLO, en tanto en la zona ampliada se siguen realizando actividades por particulares que atentan contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el mismo, índica:
Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley N.º LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.
Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias, para que se lleve a cabo la reforma de la actual Ley Forestal
Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias para que se retire y no se apoye el proyecto de Ley 20.407, denominado LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO, proyecto impulsado por el MINAE
El 16 de abril del 2019 CONCEVERDE se mostró decepcionado con el gobierno del PAC, ya que como mencionaron, hacía un año varios ciudadanos y ONGs enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado siendo en ese entonces presidente electo, solicitándole que realizara una vez que llegara a la presidencia, varias acciones a favor del ambiente y de competencia del Ejecutivo. Lamentablemente el gobierno de Alvarado ignoró la petición ciudadana en tanto no había realizado acción alguna para llevar a cabo algun punto de la petitoria, todo por el contrario en cuanto a la defensa de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos de SENARA, ha suspendido su aplicación, demostrando que se ha entregado a los intereses de los grandes empresarios de la Cámara Costarricense de la Construcción quienes por años han tratado de debilitar y hasta eliminar ese instrumento de protección del agua.
Luego, el 29 junio del 2021, Ma. Elena Fournier le escribió al señor presidente, Lic. Carlos Alvarado con el asunto de “Devolución y aplicación inmediata al Ambiente y al Pueblo de Costa Rica de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, Senara”, en donde se acude al Presidente de la Republica para solicitar que devuelva dicha Matriz y a raíz del escándalo nacional de la «Cochinilla» que involucra a la Casa Presidencial, CONAVI, MOPT, empresas privadas MECO, H. SOLIS, entre otras empresas, Contraloría General de la República, CGR, MINAE…, se solicita vehemente que en forma urgente devuelva junto a la Primera Dama Dobles al país, a la protección de los acuíferos y al Agua…, la aplicación y devolución inmediata de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, Senara, (alcance No. 245, Diario Oficial La Gaceta No. 193, 12 octubre, 2017).
La cual fue eliminada su aplicación en forma impuesta, violentando la misma Constitución Política, sin ninguna consulta al sector social.
El impacto a la sociedad costarricense es y va a ser sin precedentes, ya que este tipo de acciones indebidas e inconstitucionales, de corrupción, crimen organizado, etc., generarán más problemas fiscales, y van a atar más al FMI, más pobreza, más desgracia, aunado a la situación que ya teníamos antes de la pandemia covid-19.
Se espera una respuesta de parte del presidente indicando que ya quedará reactivada la Matriz, para que las comunidades, ONG, Asadas, entre otros, y que se pueda continuar trabajando para la protección real de los acuíferos, que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, para que podamos continuar trabajando en la defensa, protección y conservación del Agua, porque lamentablemente no podemos contar con el SINAC-MINAE para muchos de los problemas socio ambientales que tenemos que enfrentar todos los días.
También le recuerdan al presidente, que como funcionarios públicos está la obligación de acatar sobre todo el Artículo 11 y el Artículo 194-Juramento Constitucional del cual fue objeto cuando tomó la administración responsable de este país.
También se adjunta lo siguiente:
ANTECEDENTES: del caso sin vigencia, (por directriz desde Casa Presidencial y el despacho de la señora primera dama Dobles), la MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCION DE ACUÍFEROS, alcance No. 245, Diario Oficial La Gaceta No.193, 12 octubre, 2017.
Compartido con SURCOS por María Elena Fournier y CONCEVERDE.
