Por Gerardo Hernández
Es el acontecimiento político más relevante del momento, sobre el que todas y todos los ciudadanos deberíamos estar hablando.
Y es que el fallo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley de Empleo Público determinó que la alianza entre el Poder Ejecutivo, un grupo mayoritario del Legislativo y los poderes fácticos, hizo todo lo posible para tratar de realizar más de 30 reformas contrarias a la Constitución Política que juraron respetar. Es decir, que intentaron alterar mediante una ley el orden constitucional en materias tan fundamentales de nuestro régimen democrático como la división de poderes y las autonomías institucionales establecidas en la Constitución, entre otras.
Lo hicieron, con plena conciencia, premeditación y alevosía pues esas tropelías contra el orden constitucional fueron advertidas y denunciadas por diputados y diputadas que no las consintieron y que fueron leales a su juramento de respetar la Constitución, por las Universidades Públicas, por el Departamento de Servicios Técnicos de la propia Asamblea Legislativa, por Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, por múltiples especialistas en derecho, analistas políticos y por organizaciones sindicales de manera reiterada.
A Todas esas llamadas a respetar el orden constitucional, las y los golpistas les dieron la espalda. Confiados en su poder, aprobaron en primer debate un proyecto que, según la Sala Constitucional, contiene una cifra inédita de inconstitucionalidades pensadas para generar una concentración desmedida, ilegal e ilegítima de poder en el Ejecutivo y particularmente en el Ministerio de Planificación, entre otros excesos.
Dichosamente en Costa Rica hace mucho que no tenemos los clásicos golpes de Estado mediante el uso de las armas. Pero estamos hoy en presencia de un claro intento de golpe al orden constitucional, protagonizado por el Gobierno de Carlos Alvarado, defendido a diestra y siniestra por su Ministra de Planificación Pilar Garrido y por casi todo su Gabinete, así como por los grandes grupos empresariales y sus medios de comunicación.
Que lo hicieran mediante un intento de promulgación de una ley, no los exime de ilegitimidad, violencia, abuso de poder y autoritarismo.
El mensaje es tristemente claro: en el año del Bicentenario, estamos ante un Gobierno y 35 diputadas y diputados que, amparados en poderes fácticos, les importa un comino la Constitución Política y la institucionalidad democrática.