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Etiqueta: Carlos Alvarado

Posición de la CGT ante la rendición de cuentas de Carlos Alvarado

SURCOS comparte la siguiente información

La Central General de Trabajadores hace un llamado a tener cuidado de las intenciones del gobierno el bicentenario. Un gobierno que consideran va a derribar la Constitución Política, los servicios públicos, las condiciones y derechos laborales con la ley de empleo publico y la agenda con el FMI.

Según Mario Rodríguez, Secretario General de CGT, se incentivan a buscar otros mecanismos para solventar la crisis sin destruir los derechos y servicios públicos. Además, expresó que repudian las declaraciones realizadas por el mandatario.

Para conocer sobre la posición completa puede ver el video aquí.

Posición de ANEP ante el discurso de Carlos Alvarado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos realizó un análisis del discurso de rendición de cuentas emitido por el presidente Carlos Alvarado.

Según Roberto Zeledón, asesor legislativo de ANEP, el discurso está lleno de frases bonitas y planes a futuro, sin abarcar temas que promuevan el bienestar de la clase trabajadora.

En el posicionamiento de la Asociación se cuestiona la situación que afecta al país relacionada con los bajos salarios y el desempleo.

Zeledón expone que el presidente evadió hablar de la situación del PIB en el país. Y que su gobierno se ha basado en crear políticas públicas que favorecer al sector rico del país, una minoría del 3%.

Para observar el posicionamiento completo puede hacer click aquí

DESDE LA OTRA ACERA: Tentáculos empresariales en el gobierno Alvarado

El Programa Desde la Otra Acera (APSE), se trató el tema: “Tentáculos empresariales en el gobierno Alvarado”, con el fin de dar a conocer a los grupos de poder con más influencia sobre el Gobierno de Carlos Alvarado y sus estrategias para ejercer presión sobre las políticas públicas en discusión.

Compartimos el video:

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?


[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

Puntualizan pedido para poner pausa a proyectos del Ejecutivo

“Don Carlos Alvarado le sigue mintiendo al pueblo de Costa Rica, a los sectores sociales, socioproductivos, productivos, empresariales y organizaciones sindicales”, esas fueron las palabras de Lenin Hernandez Navas, secretario general del SINAE, y representante de 37 diferentes organizaciones, que buscan mediante la elaboración de un documento que se pausen durante un mes todos aquellos proyectos de ley que puedan relacionarse con el préstamo y las negociaciones que se coordinan con el Fondo Monetario Internacional. Lo anterior, tiene la finalidad de generar tiempo para poder revisar y dar propuestas, ya que según Hernandez, no es justo que en este momento de crisis se le brinden más responsabilidades a la clase media costarricense con el tema del déficit fiscal.

En relación a lo anterior, Hernández también señala que en el país hay un sector económico poderoso que no se ha visto afectado con los proyectos que se han gestionado desde la institucionalidad, y que, por el contrario, se ha visto una clara vinculación por parte del gobierno de Carlos Alvarado, tal es el caso de Horizonte Positivo y Alianza Empresarial para el Desarrollo.

En el video se destaca también la participación de ciertas figuras políticas-económicas del país como André Garnier, que ha representado los intereses de las zonas francas, mismas que están exentas de impuestos y en época de pandemia han sido de los sectores que han presentado mayores ganancias. Hernández, reitera la injusticia que sería para la sociedad costarricense y la clase media trabajadora la imposición de nuevos impuestos y recortes al gasto público.

Por último, Lenin Hernández demanda a que se escuche y se tome en consideración la posición de más de 1 millón de personas que representa las diferentes organizaciones antes mencionadas, ya que lo que se necesita es “una política real de reactivación económica” (Hernández, 2021), un gestionamiento responsable de los recursos y una toma de decisiones que tenga presente la necesidad y los derechos de la clase trabajadora del país y de los sectores vulnerables.

Seguidamente, adjuntamos las declaraciones que puntualizó el secretario general del SINAE con respecto a los proyectos del ejecutivo:

Referencias:

Hernandez, L. [Periódico Surcos]. (2021, febrero 7). Puntualizan pedido para poner pausa a proyectos del Ejecutivo. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vy5I9UkSYlo&feature=youtu.be

Renta global, un proyecto regresivo

Óscar Madrigal

Por regla general se considera que la renta global es un impuesto progresivo, que grava más a los que más tienen. Sin embargo, los aspectos generales del proyecto presentado por el Gobierno de Alvarado en el marco del acuerdo con el FMI no parecen ser así en lo sustancial.

1-. El monto mínimo imponible para calcular la renta de los asalariados disminuye de ¢840.000 a ¢683.000. En otras palabras, un mayor número de trabajadores asalariados que solo reciben su salario, que hoy están exonerados del pago de renta, tendrán que pagarlo una vez aprobada esta ley.

El Gobierno argumenta que exonera a la mayoría de los asalariados, pero la realidad es que pone a pagar renta a una cantidad considerable más de trabajadores, del sector público y privado.

De igual manera se encuentran los pensionados y jubilados ya que el monto tributable se reduce considerablemente.

Si ahora un salario o una pensión de ¢840 mil colones no pagan impuesto de renta, con este proyecto tendrían que tributar. Es un claro retroceso para miles de trabajadores privados y públicos, por tanto, es una regresión.

2-. El monto máximo que tendrán que cancelar los grandes propietarios que reciben jugosos ingresos, contrariamente a lo pensado, la tasa impositiva, la tarifa de la renta, se disminuye de un 30% a un 27,5%.

A un mayor número de asalariados se les obliga a pagar renta al bajar la base imponible, mientras que a los que recibe gigantescos ingresos, se les reduce la tarifa. Esto significa una regresión o un retroceso tributario.

La idea de la renta global fue un acuerdo de las conversaciones con el Gobierno. Pero como todo puede pervertirse, probablemente las organizaciones populares que apoyaron este impuesto no imaginaron la perversidad que iba a realizar este Gobierno, sea cargar de más impuestos a los asalariados.

Y de esta carga no se escapan los trabajadores del sector privado.

Las organizaciones sociales que firmaron este acuerdo con el Gobierno deberían ofrecer una explicación al país o exigir cuentas a Alvarado.

Pero lo que sí es claro es que se trata de uno de los proyectos tributarios más regresivos en muchos años.

UCR: Costarricenses priorizan los problemas cotidianos frente al COVID-19

Encuesta del CIEP

Las medidas sanitarias continúan con un amplio respaldo ciudadano y la democracia se mantiene firme pese al impacto de la pandemia

Investigadores del CIEP señalan la aceptación de la vida con pandemia por parte de la ciudadanía costarricense. Foto: Karla Richmond, UCR.

Costa Rica registró los primeros casos de COVID-19 el pasado 6 de marzo, y en abril la pandemia ya era considerada por la ciudadanía como el principal problema del país. Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la población vuelve a priorizar temas cotidianos mientras lidia con la amenaza del virus.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se aplicó entre el 2 y 9 de noviembre a 969 personas mayores de edad localizadas en todo el territorio nacional.

Según la medición, el 26,7 % de las personas —al igual que en la consulta de agosto anterior— considera que el desempleo es el principal problema del país; seguido por la situación económica y la mala gestión del Gobierno, destacadas por el 21,4 % y 13,1 % de la muestra, respectivamente.

Por primera vez en las mediciones realizadas desde la presencia del coronavirus en el país, este se colocó fuera de la principal triada de preocupaciones ciudadanas y ahora figura como el cuarto problema más destacado. Según la investigadora, María José Cascante Matamoros, los datos evidencian una “aceptación de la vida con pandemia” por parte de los costarricenses.

“Ya se dejó de priorizar el encierro y la exclusividad que había tenido hasta ahora la pandemia en la vida y, de alguna manera, se está buscando el modo de volver a una forma de vida que también incluya esto”, explicó Cascante.

Según la experta, las preocupaciones cotidianas, que estaban nubladas en abril tras la llegada de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, vuelven a surgir en la población y aparecen radicalizadas como resultado del impacto económico y social de la crisis sanitaria.

“Empezamos a ver huracanes y otras cuestiones regulares de la dinámica social de nuestra vida, tensiones que nos obligan a priorizar. Todo esto genera mucho estrés en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones y hasta en las medidas que se toman”, reconoció Cascante.

La ciudadanía señala malestar con el Gobierno y con la situación económica

En medio de la diversidad de temas que vuelven a surgir en la dinámica social costarricense, el apoyo de la ciudadanía a las medidas sanitarias se mantiene en un 69 %. También se registra una mejor valoración de las acciones económicas que, tras un incremento de 16 puntos porcentuales, reciben el respaldo del 43 % de las personas.

En contraposición con las mejoras descritas, la gestión del presidente Carlos Alvarado recibe el apoyo más bajo que ha tenido su gobierno desde noviembre del 2018, al registrar solo un 15 % de opiniones positivas frente a 66 % de valoraciones negativas.

En cuanto a la situación económica, el pesimismo se mantiene como tendencia en esta encuesta. El 87 % de personas considera que el panorama nacional es malo o muy malo, en contraposición con apenas un 4,2 % que lo valora de manera favorable.

Según el investigador Ronald Alfaro Redondo, el resurgimiento de otras preocupaciones en la ciudadanía, relacionadas con el desempleo y su situación económica, genera un “castigo” al trabajo del Gobierno y a su reciente actuación en el manejo de las tensiones con diversos grupos sociales.

Además del desempleo, las personas destacan la situación económica y la mala gestión del Gobierno como los principales problemas del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La democracia se mantiene sólida pese al impacto de la pandemia

Pese a los enfrentamientos y manifestaciones violentas que vivió el país durante octubre, esta nueva encuesta del CIEP señala que la democracia costarricense se mantiene sólida en medio de los múltiples desafíos que ha planteado la pandemia.

Los resultados de la encuesta reconfirman, una vez más, el respaldo social a principios como la libertad, la democracia, la paz y la protección de la naturaleza, los cuales forman parte importante del imaginario del ser costarricense.

Al mismo tiempo, aunque se reconoce la existencia de diversos perfiles identitarios dentro de la población, existe un rechazo generalizado a las acciones antidemocráticas como los bloqueos de carreteras o la paralización del país.

Según Alfaro, los resultados de la encuesta evidencian que la ciudadanía sigue apostando por el diálogo y por la negociación para resolver sus diferencias. Esto es parte de una respuesta positiva a la vigencia de mecanismos democráticos.

“A veces la democracia es lenta, pero tiene mecanismos diseñados para procesar los conflictos y entregar resultados. Aun en sus horas más difíciles, la democracia costarricense está demostrando que tiene una reserva de confianza en la gente para procesar todas estas presiones y tempestades”, concluyó el experto.

El panorama más reciente del desempleo

Según la nueva encuesta del CIEP, el 48 % de las personas encuestadas reconoció una afectación propia o en su núcleo familiar por la pérdida de empleo durante el último mes.
El 19 % de la muestra consultada señaló una afectación directa y el 29 % restante atribuyó esta circunstancia a algún miembro de su hogar. El mayor impacto directo lo experimentaron hombres entre los 35 y 54 años de edad, mientras que las mujeres mayores de 55 años son quienes reportan el mayor impacto en sus familias.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón agrupan la mayor cantidad de personas que perdieron el trabajo durante las últimas semanas.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.

Carta abierta: preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad

Unión de Productores Independientes y Actividades Varias -UPIAV-

San Isidro de El General

21 de setiembre del 2020

SG-044-2020

Señor

Carlos Alvarado

Presidente

República de Costa Rica

S.O.

Señor Presidente

Hemos conocido la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada por el Gobierno que Usted preside.

Desde la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), compartimos la preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad. Hemos sido estudiosos de las medidas adoptadas y ahora, de la propuesta anunciada.

En virtud de lo anterior, y vistas las acciones propuestas para negociar con el FMI, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifiesta su rechazo a dicha propuesta y su oposición a que la misma se llegue a concretar en la Asamblea Legislativa.

Las razones para oponernos son, entre otras, las siguientes:

1) No coincidimos en que la negociación con el FMI sea la única opción que como país tenemos. Existen otros mecanismos que pueden implementarse y en donde el Banco Central debe jugar un rol de liderazgo.

2) El propósito de un Gobierno en Democracia es velar por el bienestar de su población. Por consiguiente para lograr ese propósito, debe definir Objetivos e instrumentos para lograr el bienestar deseado. La propuesta para negociar con el FMI no contribuye con el logro del Objetivo de bienestar de la población y prioriza en favorecer el equilibrio fiscal (muy necesario pero es un medio y no un fin) como propósito único y con ello golpea a los sectores medios y en especial a los más vulnerables como lo son nuestros asociados y sus familias.

3) Las propuestas planteadas recaen sobre las espaldas de quienes menos tienen y por consiguiente son regresivas. Un aumento triplicando el impuesto a bienes inmuebles, o gravar sin distingo todas las transacciones bancarias o aumentar las contribuciones de renta al primer segmento de 800 mil a 1.2 millones son medidas absolutamente regresivas.

4) La propuesta de venta de activos, entre ellos FANAL, además de no contribuir con la situación fiscal por su pírrico aporte, pareciera obedecer a una postura ideológica interesada. En este punto en específico, una venta tendría un efecto negativo inmediato para la vida de los productores agropecuarios por la afectación al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y al propio CNP.

Señor Presidente, es hora de recurrir a gravar las grandes riquezas y en particular la riqueza del sector financiero.

Es necesario e imperativo reestructurar la deuda pública y auditarla para crear condiciones para una renegociación razonable y transparente.

No es digno ni aceptable que sean los pequeños y medianos trabajadores del campo, los trabajadores y trabajadoras privadas y públicas los que sostengan la carga tributaria.

Es una lástima que Usted señor Presidente, no haya comprendido que la Democracia se fortalece con el Diálogo Social, hoy con esa propuesta nuestro único camino es de lucha por la defensa de la Democracia, la equidad social y de un Estado que dé respuesta real a las demandas de una sociedad inclusiva, justa y solidaria.

Señor Presidente, se requiere un cambio radical en su hoja de ruta económica y social. Su propuesta de negociación con el FMI, y su decisión de cargar sobre los más necesitados el costo de la crisis es para nuestra organización inaceptable. De persistir en su iniciativa, tendremos que alentar un movimiento social que defienda en las calles nuestros derechos de vivir y reconstruir el bienestar social que deriva de una sociedad más justa y equitativa.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente Junta Directiva UPIAV, dirigencias y afiliados.

Luis Román Chacón Cerdas, cédula 1-0823-0870, Secretario General UPIAV

Jaime Rojas Mena, cedula 1-0665-0154, Secretario Adjunto

Luis Ángel Garro Godínez, cedula 1-0697-0558, Secretario de Actas y Correspondencia.

Olger Fonseca Salazar, cédula 1-0681-0380, Secretario de Finanzas.

Xinia Rojas Vargas, cedula 9-0084-0842, Secretario de Organización y Formación.

Roger Vargas Bonilla, cédula 1-0859-0277, Secretario Vocal #1.

Jesús Bonilla Sánchez, cedula 1-0321-0095, Secretario Vocal #2.

Ana Luisa Corrales Castro, cedula 1-0828-0532, Suplente #1.

Pablo Céspedes Jiménez, cedula 3-0417-0827, Suplente #2.

Omar Valverde Martínez, cédula 1-0697-0392, Fiscal.

Texto completo, personas y organizaciones firmantes aquí