El Movimiento del Este convoca a plantón en la Casa Presidencial este próximo viernes 17 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m., esto con motivo de reclamar por tarifas justas y por un transporte público solidario.
Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.
Sr. Rodrigo Chaves
Presidente de la República
San José – Costa Rica
Cc.
Natalya Díaz Q
Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.
Sra. Paulina Ramírez P
Presidenta Comisión de Hacendarios.
Sra. Nayuribe Guadamuz R
Ministra de Cultura y Juventud.
Sr. Juan Carlos Chavarría.
Departamento de Participación ciudadana.
Señores y Señoras Diputadas
Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Estimado señor Presidente:
Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.
Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.
Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.
Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.
En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.
Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.
No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.
En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.
Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:
Considerando
1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.
2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.
3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»
4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.
6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.
7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.
8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.
9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.
10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.
11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.
Por lo tanto
Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:
– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.
– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.
– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.
– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.
– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.
– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.
– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041
-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.
– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.
– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.
Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.
Sin más por el momento se despiden,
Verónica Vado
Presidenta TUCUA
ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.
adeturismoculturalalajuelense@gmail.com
Edín Solís
Presidente ACAM
Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica
edinsolismusic@gmail.com
Mari Murakami
Presidenta de AGITEP
Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional
juntadirectivaagitep@gmail.com
Esteban Monge
Presidente AIE
Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica
presidencia@aiecostarica.com
Sergio Dávila
Presidente UTM
Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines
presidencia.jd@utm.cr
Coordinadora General AECR
Artes Escénicas Costa Rica
artesescenicascostarica@gmail.com
José G. Pottinger.
Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA
Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa
artistasalajuelsenses@gmail.com
Hazel Torrez
Presidenta
Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA
Leda Segura
Presidenta CIOFF Costa Rica
Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos
leda.segura@cioffcostarica.org
Queilor Garro
Presidente AGICUP
Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.
agicupcr@gmail.com
Álvaro Brenes Arce
Presidente
Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines
Ventas@cedeeventos.com
José Luís Solís H.
Presidente
Cooperativa de Artes R.L
coopeartescr@gmail.com
José Fabio Alvarado R.
Presidente
Sindicato de de las Artes
sindicatodeartes@gmail.com
Alberto Campos B.
Secretario General
Sindicato de la industria cultural obrera
acumestizzo@gmail.com
Antonella Sudasassi Furniss.
Representante
Unión de Directoras de Cine de Costa Rica
directorascinecr@gmail.com
Yahaira Arias
Red Nacional de Teatro Comunitario
reddeteatrocomunitario@gmail.com
Mauricio Penagos V.
Director General
director@ticodecorazon.com
Carlos Soto
Presidente
Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)
direccion@embajadoresdelswing.com
Thais Elizondo Fallas
Vicepresidenta
Asociación Cultural Musical Mestizzo.
acumestizzo@gmail.com
Anneliss López
Presidenta
Producciones Folcloricas S.A
matambufolclorcr@gmail.com
Jorge Castillo
Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.
Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas
atenascasacultura@hotmail.com
Osca Valverde
Coordinador General
Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.
Imagen ilustrativa. UCR.
Pocas veces en la historia de la humanidad, en un lapso de 365 han ocurrido tantos y tan variados acontecimientos. 1933: Dos estilos de gestión, dos mandatarios, y los dos elegidos según la Constitución Política vigente en cada uno de esos países. Alemania y Estados Unidos.
En Estados Unidos resultó airoso Franklin D. Roosevelt. País sumido en la depresión que devoró miles de empleos, muchas empresas pequeñas desaparecieron, muchos suicidios, aumento de violencia, ruptura del tejido social, miles de desahucios en pequeños departamentos, pérdidas y remate de granjas agrícolas, aumento de la desintegración familiar, violencia familiar y asombroso aumento del alcoholismo. Lo más grave, el alma rota de un pueblo y con una gran desesperanza ante el futuro y el porvenir.
En Alemania, Hitler es declarado Canciller, es quemado deliberadamente el parlamento, culpándose de ello a otros – cuál quema de Roma por la megalomanía de Nerón -, los nazis se hacen del poder y de las estructuras del estado con el compadrazgo de otros partidos que pagaron caro su silencio, indiferencia e inoperancia. Se emiten leyes restrictivas y se prohíben los partidos políticos, se emiten leyes depurando el aparato público en contra de funcionarios de origen judío, o que piensen diferente o critiquen el régimen. Se emiten disposiciones para fomentar una cultura que exalta a unos grupos humanos sobre otros, mirando con desprecio a quienes son diferentes, por sus orígenes, sus creencias, su color de piel u orientaciones sexuales.
Sobre este periodo oscuro en la historia de Alemania, en el período entreguerras, cuando un grupo de forajidos y gamberros, o se hicieron del poder construyendo un discurso sólido y quimérico, que ante el silencio y complicidad de muchos que pagaron el precio hasta con la vida, condujo hacia el sometimiento de un pueblo y uno de los episodios más horrendos de la historia, pues el ascenso de un régimen déspota, ruin y autoritario, condujo hacia la perdida de libertades y a fraguar una sociedad inviable. Para ello les invito, a todos y especialmente a quienes aman la lectura les recomiendo el libro El lenguaje de los Nazis de Viktor Kempleler.
La sociedad alemana pagó caro su indiferencia, al ser avasallados por un régimen que poco a poco comenzó a sacar las uñas y cercenó las libertades públicas, los derechos humanos e inspiró la instauración de un camino amalgamado sobre las armas y la violencia.
El presidente Roosevelt sabía que no había tiempo que perder, se arremangó la camisa y se dispuso a trabajar desde un inicio.
Sabía que toda iniciativa para crear y recuperar empleos requería de un amplio y riguroso plan de infraestructura, donde Estado y sector privado jugaban un papel muy importante, complementario, no antagónico.
Estados Unidos vivió en verdadero crecimiento económico y muchos de los beneficios fueron trasladados al sector laboral. No solo se habló de reactivación económica, de creación de riqueza, sino que dichas acciones fueron acompañadas de mecanismos eficaces de distribución de la riqueza. Se crearon aeropuertos, autopistas, nuevos puertos y ampliación de los existentes, construcción de hospitales, escuelas, colegios, edificios federales, ampliación de la red ferroviaria y la construcción de miles de obras civiles para dotar de vivienda en las grandes ciudades a los desfavorecidos y el embellecimiento de parques. O sea, el bienestar y protección del ámbito laboral nunca estuvo ausente. La generación de nuevos empleos lo permitió, pues los trabajadores pusieron pan a sus mesas, y su orgullo y dignidad fueron justamente reestablecidas.
En Costa Rica, hoy el presidente Chaves y su equipo se enfrentan ante la disyuntiva de tomar las mejores decisiones. No sé si su programa gobierno incluye el concepto de Bien Común. Pero sí lo hace nuestra Constitución Política. Habrá que tomar decisiones en torno a frenar y combatir la desigualdad, así como el aumento en el costo de la vida, empujado por el precio de los combustibles y por el creciente valor de los alimentos; sobre esto último, si no hacemos nada, empezaran a escasear. Estos y otros problemas agobiantes no serán resueltos por las fuerzas del mercado o la mano invisible de Adam Smith.
El presidente, y el bloque hegemónico en la Asamblea Legislativa pueden optar por escuchar el pueblo y gobernar al lado de él, o profundizar la altisonante e inmoral desigualdad y brechas existentes entre la GAM y regiones periféricas. Ya el hambre y la desnutrición empujan y tocan la puerta de muchos hogares costarricenses.
Curioso, dentro de los países de la OCDE, Costa Rica es uno de los países donde la fuerza laboral destinó más horas al trabajo, pero también es uno donde la relación entre generación de riqueza y participación de trabajadores en la creación de la misma es uno de las más desiguales. A nivel mundial lo viene advirtiendo la OIT y el Papa Francisco.
Para muchos…. la herradura es símbolo de buena suerte, sinónimo de bienestar, felicidad y poder. Confío en que como pueblo aún no hemos perdido la capacidad de que podamos salir del atolladero en que la clase política tradicional nos ha sumido desde décadas atrás. Ojala hubiese una herradura sobre el marco de la puerta de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa.
En el documento emitido por BUSSCO, se manifiesta lo siguiente:
BUSSCO-005-2022
San José, 12 de mayo del 2022
Doctor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente
República de Costa Rica
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo.
Nos hemos enterado por otros medios no oficiales del Bloque Unitario Sindical Costarricense BUSSCO, sobre la convocatoria enviada por la señora Zeidy Cedeño Guadamuz para una reunión el día jueves 12 de mayo 2022, a las 4:00 p.m. con su persona en Casa Presidencial. Lamentablemente el medio electrónico utilizado por la persona anteriormente mencionada desde Casa Presidencial para informarnos no es el medio oficial de comunicación que utiliza BUSSCO.
En la sesión plenaria del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense sostenida en horas de la mañana de hoy día, dentro de los acuerdos tomados se decidió respaldar la solicitud realizada por la Unidad Sindical en horas de la mañana hoy 12 de mayo en el que se le solicita una reunión con la totalidad de las organizaciones sindicales aglutinadas en ese espacio unitario.
No omitimos señalar que desde su candidatura presidencial el espacio de la Unidad Sindical por distintas vías hicimos gestiones para poder reunirnos con su persona, algo que finalmente no logró concretarse.
Agradecemos la invitación cursada para el día de hoy y lamentamos los inconvenientes que nos han impedido participar. Le ratificamos nuestro mayor interés de poder conversar con su persona en el menor tiempo posible, quedando a la espera de su invitación al conjunto de la Unidad Sindical.
Quedamos a la espera de su mayor atención al respecto.
Atentamente,
P/BUSSCO
Sra. Fanny Sequeira Mata, Secretaria General CTRN
Centrales Sindicales CGT, CMTC, CUT
El día 10 de abril 2018 se escribió al señor Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República de Costa Rica una carta pública en donde se le felicitaba por su designación como Presidente y se le deseaba el mayor de los éxitos. A la vez las personas, organizaciones sociales y ambientalistas firmantes, en resumen, manifestaron lo siguiente:
Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley N.º LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.
El 16 de abril del 2019 CONCEVERDE se mostró decepcionado con el gobierno del PAC, ya que como mencionaron, hacía un año varios ciudadanos y ONGs enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado siendo en ese entonces presidente electo, solicitándole que realizara una vez que llegara a la presidencia, varias acciones a favor del ambiente y de competencia del Ejecutivo. Lamentablemente el gobierno de Alvarado ignoró la petición ciudadana en tanto no había realizado acción alguna para llevar a cabo algun punto de la petitoria, todo por el contrario en cuanto a la defensa de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos de SENARA, ha suspendido su aplicación, demostrando que se ha entregado a los intereses de los grandes empresarios de la Cámara Costarricense de la Construcción quienes por años han tratado de debilitar y hasta eliminar ese instrumento de protección del agua.
La carta pública completa se encuentra en el siguiente enlace: https://www.elmundo.cr/opinion/carta-publica-al-presidente-electo/
Luego, el 29 junio del 2021, Ma. Elena Fournier le escribió al señor presidente, Lic. Carlos Alvarado con el asunto de “Devolución y aplicación inmediata al Ambiente y al Pueblo de Costa Rica de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, Senara”, en donde se acude al Presidente de la Republica para solicitar que devuelva dicha Matriz y a raíz del escándalo nacional de la «Cochinilla» que involucra a la Casa Presidencial, CONAVI, MOPT, empresas privadas MECO, H. SOLIS, entre otras empresas, Contraloría General de la República, CGR, MINAE…, se solicita vehemente que en forma urgente devuelva junto a la Primera Dama Dobles al país, a la protección de los acuíferos y al Agua…, la aplicación y devolución inmediata de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, Senara, (alcance No. 245, Diario Oficial La Gaceta No. 193, 12 octubre, 2017).
La cual fue eliminada su aplicación en forma impuesta, violentando la misma Constitución Política, sin ninguna consulta al sector social.
El impacto a la sociedad costarricense es y va a ser sin precedentes, ya que este tipo de acciones indebidas e inconstitucionales, de corrupción, crimen organizado, etc., generarán más problemas fiscales, y van a atar más al FMI, más pobreza, más desgracia, aunado a la situación que ya teníamos antes de la pandemia covid-19.
Se espera una respuesta de parte del presidente indicando que ya quedará reactivada la Matriz, para que las comunidades, ONG, Asadas, entre otros, y que se pueda continuar trabajando para la protección real de los acuíferos, que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, para que podamos continuar trabajando en la defensa, protección y conservación del Agua, porque lamentablemente no podemos contar con el SINAC-MINAE para muchos de los problemas socio ambientales que tenemos que enfrentar todos los días.
También le recuerdan al presidente, que como funcionarios públicos está la obligación de acatar sobre todo el Artículo 11 y el Artículo 194-Juramento Constitucional del cual fue objeto cuando tomó la administración responsable de este país.
También se adjunta lo siguiente:
ANTECEDENTES: del caso sin vigencia, (por directriz desde Casa Presidencial y el despacho de la señora primera dama Dobles), la MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCION DE ACUÍFEROS, alcance No. 245, Diario Oficial La Gaceta No.193, 12 octubre, 2017.
Compartido con SURCOS por María Elena Fournier y CONCEVERDE.
Tengo grandes diferencias con el rumbo económico Neoliberal del actual Gobierno CAQ, sin duda, pero creo que hay prioridades no electorales acá, y que tienen que ver no con los 5 minutos de fama de cada Diputado o Diputada, ni con el descrédito sostenido de la figura Presidencial… Eso no es saludable para nuestra República.
En fin… Viendo a Dolanescu con sus infantiles Teorías de la Conspiración, realmente me da pena ajena el nivel de pobreza política de la Asamblea Legislativa y hasta del Ejecutivo.
(No porque no existan medios antidemocráticos de control social, sino porque no se discuten en serio frente al Totalitarismo invisible del Mercado, y ni siquiera les pasa por la cabeza a nuestros Representantes).
Nota política: Cómo es posible que haya sindicalistas y gremios que dialoguen o desfilen con esa especie de Trumpista local.
Lamentable como siempre, el Diputado Prendas y la mayoría de las intervenciones.
A otra Diputada Neocon, – cuyo nombre desconozco y será olvidado para siempre en un par de años-, le preocupan los «Chiquillos» (sic), los mentados Asesores, tres muchachos con computadoras personales dice Pedro Muñoz (sic), el Diputado defensor de las Garroteras…
Don Pedro acaba de reinventar una nueva categoría jurídica, el «Juicio Político», yes man… (Él se siente en el Senado Norteamericano; pero no Diputado, no vea tanto CNN o será más bien Fox News).
La telenovela sigue… Los allanamientos en la Casa Presidencial no fueron suficientes. Las renuncias de ministros tampoco, ni siquiera el decomiso de los dos celulares del Presidente.
Se ponen políticamente correctos en la Asamblea, ahora con la intervención casi electoral de la Diputada Corrales Chacón del PLN, Fisioterapeuta de profesión…
Doña Carolina (PAC oficial) y Don Pedro (PUSC por derecha socio del «Gobierno de Unidad Nacional”) … mientras se sacan la lengua fuera de micrófono, «no dije o no dije su nombre», o sino ¿cuál es o no el objetivo o no de esta comparecencia Presidencial? (No hay ni en esto un acuerdo mínimo).
Pedro Muñoz, abogado, se luce de nuevo, con sus nuevos aportes al Derecho Constitucional y confunde y deriva «control político» con «juicio político» (Mucha CNN).
Por cierto, la pregunta importante acá es a dónde está almacenada esa información obtenida a partir del procesamiento de datos, y quién la accesa.
Se pierde así, sin embargo, una gran oportunidad cívica de una crítica de fondo a la defensa de la intimidad de los datos personales. Y de cómo utilizar o no estas herramientas estadísticas invaluables. Esto debió ser el verdadero tema de la comparecencia presidencial.
Mientras el Presidente pide permiso para ir al baño… Sólo 5 minutos, literal. (Cuidado se escapa).
Por favor… Todos mejor a almorzar en el Kinder.
Antes ya, la Presidencia había señalado, – muy tímidamente-, que es inconstitucional esta comparecencia frente al Poder Ejecutivo.
Y el Presidente aclara en público, que ninguno de los 5 millones de costarricenses han sido espiados. Veremos.
Google, Microsoft, Facebook, WhatsApp, Cambridge Analytica, el Brexit, etc., son meros detalles… Inventos «conspiranoicos» supongo yo.
Qué desperdicio de tiempo y recursos y que fragilidad la de nuestras instituciones democráticas. Lamentable.
Persisto en el error sin embargo, de escuchar este circo.
Comunicado de Mujeres por Costa Rica
Con motivo del allanamiento de la Casa Presidencial llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, en febrero del año anterior, por la publicación del Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), manifestamos nuestra preocupación por los procedimientos y el ambiente de crispación política que este acto generó.
Ahora la Asamblea Legislativa, llama a comparecer al señor presidente de la República sin que la Fiscalía General haya concluido el proceso de investigación y en flagrante oposición a las normas constitucionales que aseguran la división de poderes, sustento de nuestra institucionalidad democrática.
Si algo requiere nuestro país para enfrentar los grandes desafíos que nos ha generado la pandemia y sus consecuencias, es precisamente la seguridad jurídica y el respeto a los principios constitucionales.
Los procesos electorales no pueden, de ninguna manera, vulnerar los principios constitucionales que dan sustento a nuestra democracia.
Por la salud de la democracia instamos a los diputados y diputadas a respetar la investidura presidencial y el sano ejercicio de la división de poderes.
Manifestamos nuestra preocupación por el ambiente de crispación política que se ha generado como resultado de la publicación del Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), su posterior derogatoria y la proliferación de comentaristas con argumentos desproporcionados, tendenciosos y falaces que anteponen el oportunismo interesado a la justa y conveniente crítica ciudadana para generar desconfianza, caos y deterioro de la institucionalidad democrática.
Esta situación de agitación se ha visto amplificada con el enorme despliegue de agentes judiciales y medios de prensa que caracterizó el operativo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República en el allanamiento a la Casa Presidencial y otras instituciones, así como por las manifestaciones imprecisas y contradictorias de la jerarca de la Defensoría de los Habitantes al referirse a las bases de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
El acto jurídico que llevó a cabo la Fiscalía es legal y es derivado de denuncias presentadas. Sin embargo, ello no impide que nos cause preocupación la forma en que se realizaron los allanamientos: un despliegue excesivo y llamativo que también lesiona la imagen de la Fiscalía al dar pie a que surgieran voces y criterios que desconfían del procedimiento y la intencionalidad de este órgano judicial.
En un escenario internacional y regional de entronización de fuerzas políticas antidemocráticas apalancadas por militares, organizaciones y dirigentes políticos ultraconservadores e irrespetuosos del Estado de Derecho, es necesario que, en nuestra nación, ante un problema político e institucional, se extreme el cuidado por parte de los actores públicos por conservar la necesaria coherencia con nuestra historia democrática, respetuosa del derecho y la vida republicana.
Como mujeres comprometidas activamente con el bienestar de nuestras familias, la convivencia social pacífica y democrática en Costa Rica, manifestamos nuestra preocupación por los acontecimientos de los últimos días.
Las voces altisonantes y la pérdida de las proporciones de actos como los descritos, nos alejan como sociedad de la posibilidad de la crítica política constructiva, de la investigación apegada a protocolos y evidencias; en contraposición nos pone en la ruta de la confrontación, el rumor, el encono y la opacidad.
Consideramos que el debate, el diálogo, la rendición de cuentas de los actores públicos y el adecuado funcionamiento de los pesos y contrapesos entre los distintos poderes de la República, deben fortalecerse como ruta para las condiciones complejas que nuestro país (y el mundo) debe enfrentar con urgencia y acierto de manera cohesionada y concertada.
Mujeres por Costa Rica une su voz a las crecientes manifestaciones de llamado a la cordura, la sensatez, el respeto por la investidura presidencial y a colocar de primero el interés de Costa Rica.
Nuestra tradición civilista nos guía para encontrar salidas mediante el camino del respeto a la institucionalidad y en el marco de la independencia de poderes que nos ha caracterizado.
Sea parte de SURCOS:
He leído y escuchado opiniones que así lo afirman.
Y, sin embargo, noto que se ha hecho usual decir eso, cada vez que hay un allanamiento que resulta mediáticamente atractivo. Por ejemplo: hace unas semanas, el banquero Gerardo Corrales descalificó como un show aparatoso la actuación de la fiscalía en su casa, para enseguida procurar convencernos de su diáfana inocencia y de su condición de víctima sacrificial.
Desde luego, resulta chocante, realmente dramático, lo que vimos acontecer en casa presidencial, pero, en fin, suponiendo que la fiscalía hubiese optado en cambio, por una actuación reducida al mínimo indispensable -todo un dechado de discreción y de reverencial respeto a la investidura del presidente- ¿no estaríamos quizá oyendo críticas por el trato diferenciado -en último caso privilegiado- que se le daba al presidente?
Y acerca del “secuestro” de la computadora y el celular del presidente. Me parece que no es la primera vez que se hace ¿no debió entonces hacerse “por tratarse del presidente”?
¿Debería acaso existir un protocolo uniforme que estandarice este tipo de intervenciones? ¿O acaso un protocolo especial, de exclusiva aplicación a miembros de los supremos poderes y en especial del presidente?
Y, desde luego, las tesis conspirativas, tan gustadas por su capacidad para evitar la fatiga mental. Cierto que hay gente -Gloria Navas, Juan Diego Castro, Fabricio Alvarado, etc.- que le pone máxima presión al asunto con el indisimulado propósito de traerse abajo a Alvarado. Pero afirmar que la Fiscalía -y la Defensoría y los magistrados y magistradas de la Sala Tercera y váyase a saber quiénes más- son tan solo marionetas en un tinglado controlado al centímetro, es realmente abusivo.
Puede ser ilustrativo comparar el manejo que diferentes medios le han dado al asunto. En particular es notable el contraste entre La Nación y CrHoy.
Creo que ello es indicativo de los desacuerdos que esto suscita al interior de los grupos más poderosos de Costa Rica, y pone entre signos de preguntas los simplismos excesivos de ciertas tesis conspirativas.
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Las cinco universidades públicas del país y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) marcharán el 22 de octubre rumbo a Casa Presidencial en defensa de la educación superior, de la autonomía universitaria y de la Constitución Política.
La movilización denominada «Somos U públicas», convocada por el movimiento estudiantil y respaldada por las administraciones universitarias, se da luego de que el Ministerio de Hacienda desviara ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FESS) a inversión de capital.
La inversión de capital condiciona el uso de los recursos a gastos exclusivos de construcciones y equipamiento, lo cual irrespeta lo establecido constitucionalmente respecto al manejo del FEES y, por tanto, violenta la autonomía universitaria.
La medida limita la posibilidad de que cada universidad pueda administrar su presupuesto en razón de sus necesidades específicas a fin de subsanar rubros como becas, investigaciones y acción social.
Pese a los esfuerzos de diálogo impulsados por las universidades, la medida sigue vigente y obliga a los universitarios a movilizarse para pedir una reclasificación presupuestaria y, de esta forma, evitar que se comprometan sus operaciones.
Para la comunidad de la Universidad de Costa Rica (UCR) la marcha saldrá a las 9:00 a. m del pretil y a las 10:00 a. m se realizará un encuentro con las comunidades de las otras universidades estatales en la Fuente de la Hispanidad, a partir de ahí continuarán el recorrido de forma conjunta.
La Rectoría de la UCR extendió el llamado para que estudiantes, docentes y funcionarios administrativos de todas las sedes y recintos de la Institución se sumen a la protesta. Para esto se otorgó un permiso general durante todo el día.
El rector Henning Jensen Pennington oficializó la cancelación de las evaluaciones y giras durante este día. Asimismo, solicitó a los docentes que decidan no participar en la marcha, generar espacios de reflexión con sus estudiantes sobre el panorama que enfrenta la Universidad.
El jerarca instó a las diversas unidades que ofrecen servicios esenciales para la Institución generar las coordinaciones internas que sean necesarias.
Para el día 23 de octubre, la UCR prevé el desarrollo de jornadas de análisis y reflexión sobre la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la realidad universitaria y el contexto nacional.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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