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Etiqueta: CCSS

Pensiones y pobreza. Lo que el Gobierno y la Junta Directiva de la CCSS no deben olvidar. (Parte 3)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es “un conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio”. Esta incluye lácteos, carnes, pescado, frutas, cereales, etc. En el año 2020 el costo de la CBA estimada por el INEC fue ₡41.973 la rural y ₡50.245 la urbana.

Para el INEC un hogar es catalogado en extrema pobreza si el ingreso promedio por persona del hogar es igual o inferior al costo de la CBA; por eso a la CBA el INEC también le llama “Línea de pobreza extrema” (LPE). Supongamos que en el año 2020 un hogar tenía un ingreso mensual total de ₡200.000 mensuales y estaba compuesto por 4 miembros, por lo que el promedio por persona era ₡50.000. Como este monto es superior a ₡41.973 ese hogar no estaría en pobreza extrema si fuera de una zona rural; pero si fuera de una zona urbana sí estaría en extrema pobreza, ya que los ₡50.000 son menos que ₡50.245. Lo resumo así, en 2020, un viejo, vieja o joven que mensualmente represente en el hogar un ingreso promedio inferior a ₡48.000 -redondeando el promedio rural y urbano-, estaría catalogado en condición de extrema pobreza.

Aunque a alguien no le suene razonable que esa “línea de extrema pobreza” no utilice otros componentes esenciales para vivir en adición a unos cuantos productos alimenticios, no se estrese, porque esos otros bienes y servicios, como vestido, calzado, vivienda, agua, electricidad, etc., el INEC los utiliza para definir lo que llama “Línea de Pobreza” (LP). Además, el INEC también hace otros análisis con Indicadores de Pobreza Multidimensional (IPM) que utilizan otras variables para medir la pobreza. En 2020 ese instituto estimó la LP urbana en ₡112.266 y la rural en ₡86.439. Un hogar es catalogado pobre, pero no en extrema pobreza, si el ingreso promedio por persona es superior a la LPE, pero igual o inferior a la LP. Los hogares cuyo ingreso promedio por miembro es superior a la LP son catalogados como no pobres. Si usted vive en el hogar del ejemplo del párrafo anterior, sería catalogado como en extrema pobreza si es de una zona urbana y como pobre -pero no tan pobre- si fuera de una zona rural. Si el ingreso total de los 4 miembros fuera ₡400.000 -o sea ₡100.000 cada uno en promedio- sería pobre (pero no tan pobre) si vive en zona urbana; pero sería no pobre si vive en zona rural.

En el gráfico siguiente se presenta la distribución de los hogares costarricenses de 2020 según esos tres grupos definidos por el INEC, usando un promedio redondeado de las líneas de pobreza rural y urbana en el eje horizontal.

Sumando la cantidad de hogares pobres y en extrema pobreza se obtiene un total de 420.433 hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, o un 26,2%; el restante 73,8% de los hogares es considerado como no pobre. Si se cuentan las personas que viven en los hogares pobres la distribución relativa aumenta a un 30% de la población nacional o 1.529.255 personas pobres o no pobres, pues el número promedio de personas que vive en los hogares pobres es 3.6, mientras que en los hogares no pobres viven en promedio 3 personas. En el gráfico siguiente se muestra la población nacional de 2020 distribuida según los tres grupos de pobreza.

Lo mostrado hasta aquí es usando el método de la LP para medir la pobreza; pero como dije anteriormente, el INEC también utiliza el método IPM, el cual considera otras dimensiones tales como acceso a educación, vivienda, uso de internet, salud, trabajo y protección social. Este método es complementario al método LP. Bajo el método IPM en el año 2020 el INEC determinó que un 16,1% de los hogares resultaban clasificados como pobres. De ese 16,1%, un 8,5% también era un hogar pobre usando el método LP y el restante 7,5% no aparecía como pobre usando el método LP. Por lo tanto, al considerar ambos métodos lo que se obtiene es que la proporción de hogares pobres de 2020 aumenta de un 26,2% usando solo la LP a un 26,2% + 7,5% = 33,7% usando ambos métodos; el restante 66,3% es de hogares no pobres. La cantidad de hogares pobres aumenta de 420.433 a 540.904.

En el cuadro siguiente se presentan los hogares y personas de julio de 2020 distribuidos en cinco grupos de nivel de pobreza usando ambos métodos IPM y LP. Como puede verse, la cantidad de personas pobres aumenta de 1.529.255 a 1.971.149, que representa un 38,6% de la población; el restante 61,4% de personas es no pobre.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY99SXppbxAhWMVN8KHXrPANwQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.inec.cr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumetos-biblioteca-virtual%2Frenaho2020.pdf&usg=AOvVaw069WZ5VXaMMyIv5-OuGpfZ

Un régimen de pensiones es un modelo económico que permite a un país o sector, entregar bienes y servicios a las personas que no pueden producirlos y a sus dependientes, debido a que han llegado a una edad poco apta, o bien por causa de otras contingencias, como la incapacidad permanente o la muerte. Esos bienes y servicios deben ser suficientes, para evitar que las personas y hogares entren en condición de pobreza o de extrema pobreza; además, para que inyecten dinamismo y estabilidad a la economía.

En el cuadro siguiente se presenta la población nacional del año 2020 distribuida según nivel de pobreza y edad, por condición de aseguramiento en el seguro de salud de la CCSS. Hay que tener presente que los datos son de una encuesta, por lo cual podrían presentar desviaciones de los datos reales; no obstante, ayudan a tener algún conocimiento de la situación real que no se tendría de otra forma. Estos datos sólo incluyen la medición con LP.

Fuente: Misma fuente.

Las políticas públicas de los Estados deben enfocarse a eliminar los dos primeros grupos del cuadro anterior y evitar los retrocesos en materia social. Sin duda, como veremos, los regímenes de pensiones ayudan con esa tarea. El cuadro anterior contiene la información vista al principio de este documento; pero agrega la edad y la condición de seguro en salud, lo cual es importante para la toma de decisiones.

Abajo se presentan distribuciones relativas totales y marginales de la población nacional según varios grupos. Por ejemplo, diríamos que el 6,9% de la población nacional está pensionada por el IVM, el 3% por el RNC y un 1,3% está pensionada por otros regímenes de pensiones. Como el aseguramiento en salud y en pensiones es obligatorio, salvo casos excepcionales, se concluye que la mayoría del 30,3% que aparece asegurada como familiar de asegurado, el 15,6% como no asegurada y otros grupos, están excluidos de cobertura de pensión. Un importante grupo de ellos ni siquiera forman parte de la población económicamente activa, lo cual los excluye de los regímenes de pensiones contributivos, salvo que se afilien de manera voluntaria.

Nótese que una proporción de los asegurados por cuenta del Estado aparecen clasificados como no pobres. Esto podría deberse a varias causas que no están claras para mí. Podrían ser errores de la encuesta, que aparezcan como pobres bajo IMP, que sean realmente no pobres con el seguro u otras razones.

Como era de esperar, casi todos los pensionados por otros regímenes de pensiones (Otros pen) distintos a IVM y RNC aparecen clasificados como no pobres. En el caso de pobreza extrema es importante notar que solamente un 1,3% es pensionado de IVM y 2,5% del RNC, que suman un 3,8%, reafirmándose la importancia de los regímenes de pensiones para evitar la extrema pobreza. Pero al mismo tiempo, se observa el problema de exclusión o falta de cobertura al ver la edad, principalmente en los grupos “Fam Aseg”, “No Aseg” y “Estado”.

Desafortunadamente no sucede lo mismo en el caso de pobreza no extrema, en la cual los pensionados de IVM tienen una participación de 17,3%, que sumada al 1,6% en extrema pobreza da un total de 18,9% de pensionados de IVM en pobreza o pobreza extrema (55 mil pensionados en 2020). Los pensionados de IVM surgen del aseguramiento como asalariados, independientes, convenio y voluntario en IVM, los cuales tienen una participación de un 85,5% en el nivel “No pobres” en salud. El porcentaje de 81,1% de pensionados de IVM que aparece como No pobre sugiere que, al pensionarse, aproximadamente un 5,4% de ellos pasa de No pobre a pobreza no extrema. De ahí la importancia de evitar que este valor se incremente, dado que sería un retroceso.

Como la ayuda que otorga el RNC es de solamente ₡82 mil mensuales, era de esperar que no estuviera ayudando de manera adecuada, pues un 36,6% permanece como pobre, proporción que es parecida a la de los asegurados por cuenta del Estado, que en teoría no reciben la pensión del RNC; aunque esto también podría ser un problema de captura de información por parte de la encuesta. Sumando a esa proporción los que están en extrema pobreza se tiene un 43,7% de pensionados del RNC en pobreza no extrema o en extrema pobreza, que representa aproximadamente 56 mil pensionados. Esto me recuerda las sugerencias de algunos sectores de trasladar dineros de estos sectores al IVM, en lugar de exigir que se usen para los fines que fueron creados.

Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 18 de junio, en el programa Alternativas se estuvo conversando sobre «Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas«

Se contó con la participación de:

  • Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
  • Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical, Secretaría General Adjunta UNDECA

En este programa los (as) panelistas conversaron acerca del origen e importancia del régimen del IVM, así como del acontecer actual de este; De acuerdo a Jorge Coronado el régimen del IVM ha garantizado seguro de salud y pensiones a la población, además junto a la CCSS ha permitido que este país tenga indicadores de salud reconocidos a nivel mundial, garantizando la protección social; A pesar de esto este sistema se ha venido deteriorando, y con la crisis provocada por la pandemia del COVID 19, esta crisis se ha incrementado, provocando que la sostenibilidad del mismo se vea a amenazada.

Lo anterior ha provocado que la cobertura de este régimen se disminuyera, generando que miles de trabajadores y trabajadoras no tengan la posibilidad de acceder a esta protección social, precarizando las condiciones de vida de muchas personas.

Del mismo modo Martha Elena Rodríguez menciona como el gobierno y algunos partidos políticos han impulsado una serie de reformas que lejos de mejorar deterioran aún más este régimen. Desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando una serie de reformas regresivas para los regímenes de pensión, además, la OGDE plantea que debe haber un solo régimen, a la medida de lo que quieren los organismos financieros internacionales. Estos modelos históricamente han fracasado.

Asimismo, se señala como es necesaria una reforma al régimen del IVM, sin embargo, la que se está proponiendo no solucionar la crisis de este régimen, todo lo contrario, su implementación afectaría a toda la clase trabajadora, por lo que se hace un llamado a una reforma en la cual se convoque al dialogo social, que cuente con la participación de diversos sectores.

Necesaria una reforma, pero no la actual, se debe dar a través del diálogo social, que incluya a todos los sectores

Para ampliar la discusión de este tema en el siguiente enlace pueden acceder a la transmisión completa del programa https://fb.watch/6cXH3CdIU4/

Crisis del régimen de IVM y de la CCSS, causas, realidad y perspectivas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Se le invita a sintonizar el programa radial Alternativas; éste se transmitirá el día viernes 18 de junio a las 6:00 p,m. Se hablará del tema: “Crisis del régimen de IVM y de la CCSS, causas, realidad y perspectivas”.

Se contará con la participación de:

  • Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
  • Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical secretaria General Adjunta UNDECA

Puede sintonizar el programa por medio de Radio 16: 1590 am o en el Facebook Live de Alternativas.

FRENASS pide a la CCSS no generar confusión en torno a elección de juntas de salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Frente Nacional Por La Seguridad Social (FRENASS) solicita a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa a que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de octubre del 2021.

San José, 09 de junio del 2021

Sr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo
Sra. María de los Ángeles Solís Umaña, Directora
Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Directora
Sra. Marielos Alfaro Murillo, Directora
Sr. Christian Steinvorth Steffen, Director
Sr. José Pablo Ross Araya, Director
Sra. Martha Elena Rodríguez González, Directora
Sr. José Luis Loría Chaves, Director
Sra. Maritza Jiménez Aguilar, Director
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL C.C.S.S.

Señoras y señores:

Recientemente la Junta Directiva de la C.C.S.S. dispuso la realización del proceso de elección de las Juntas de Salud para el próximo 20 de octubre del 2021, ya que sus actuales integrantes cesarán sus funciones, dado que el período por el que fueron electos vence el próximo 31 de diciembre del 2021.

Estas Juntas de Salud, fueron creadas mediante la Ley denominada Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 7852, “como entes auxiliares de los hospitales y las clínicas, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana”.

Esta Ley dispone que “los integrantes de las juntas de salud permanecerán en sus cargos cuatro años, contados a partir de la fecha de su designación, y podrán ser reelegidos”.

También otorga a la Junta Directiva de la Caja, la facultad de emitir “los reglamentos y las disposiciones necesarios para regular los procedimientos de proposición y elección de los miembros de esas juntas, asimismo, su funcionamiento”.

En concordancia con la mencionada Ley, se dictó el Reglamento de las Juntas de Salud, estableciendo que:

“los lineamientos para la asesoría, la capacitación, el acompañamiento y la definición estratégica y logística del proceso de elección estarán a cargo de la DICSS o la instancia que, en su defecto, sea delegada por la Junta Directiva. En ese sentido, queda debidamente facultada para atender y aprobar cualquier diligencia, trámite y acción que resulte necesaria para la adecuada ejecución del proceso de elección de Juntas de Salud a su cargo, y así garantizar el cumplimiento del espíritu y principios tutelados por la Ley 7852 “Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social” y sus reformas para estos efectos.

El mismo Reglamento, en su Artículo 20, dispone en lo que es de interés, que “las elecciones se realizarán cada cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por la Ley número 9280 del 27 de octubre del 2014 y en las fechas que apruebe la Junta Directiva, en el transcurso del segundo semestre del año anterior a que las Juntas de Salud cesen sus funciones”.

El Artículo 21 de este Reglamento referente al periodo de nombramiento y reelección, reitera lo señalado por Ley, al disponer que:

“Los integrantes de las Junta de Salud durarán en funciones cuatro años, pudiendo ser reelectos. Asumirán sus funciones a partir del 1 de enero del año par hasta el 31 de diciembre del año impar siguiente. Al inicio de su gestión y previo a asumir funciones, deberán de ser juramentados por la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia Médica en el caso de Hospitales Nacionales y Centro Especializados; la autoridad regional competente y en defecto de ambas instancias, por las Direcciones Médicas correspondientes”.

Ahora bien, a pesar de encontrarse firme el Acuerdo de la Junta Directiva que fijó la fecha para celebrar el proceso de elecciones de las Juntas de Salud (mes de octubre) y de las disposiciones legales y reglamentarias ya indicadas, la Dirección de la Contraloría de Servicios mediante el oficio No. PE-DICSS-DIR-0793-2021, sobre la designación del representante de la comunidad ante el comité electoral local, señaló:

“… como se mencionó al inicio, las elecciones fueron programadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Institución para el próximo 20 de octubre, sin embargo, tanto la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud como el Equipo de Juntas de Salud, somos conscientes de la situación actual que estamos enfrentando como institución y como país, a causa de la pandemia por la COVID-19, por lo que hemos realizado la consulta correspondiente a efectos de que a nivel superior se valore la situación – teniendo en cuenta que la realización de elecciones es mandato de ley- y de proceder, se giren las instrucciones necesarias con respecto a la realización o no de dichas elecciones. Por tal motivo, dado que aún no se cuenta con disposición en contrario, es deber de esta Dirección velar por el cumplimiento de la normativa en materia de elecciones de Juntas de Salud, así como continuar con la planificación procedente, no obstante, ante cualquier directriz emanada de las jerarquías institucionales, se les estará comunicando oportunamente”.

Señoras Directoras y señores Directores, del oficio referido y de las diferentes insinuaciones y comentarios en las capacitaciones o en redes sociales, se desprende una intencionalidad que prepara las condiciones para que la realización de las elecciones no se efectúe conforme lo indicado por la Ley y por la propia decisión de la Junta Directiva. Lo anterior preocupa a este Frente porque ese ambiente de inestabilidad y confusión pone en duda la celebración de las elecciones, generando una clara inseguridad jurídica al contravenir disposiciones jurídicas y los acuerdos de la instancia jerárquica superior de la Institución.

Si eventualmente la Dirección de Contraloría de Servicios insiste en la reprogramación para la realización de las elecciones de las Juntas de Salud, como consecuencia inmediata se dejaría sin Juntas de Salud a las Áreas de Salud y a los Hospital, haciendo nugatorias las disposiciones legales y constitucionales en protección de la participación ciudadana, tan echada a menos en las épocas actuales, a pesar de los discursos políticos que tratan de disuadirnos de lo contrario.

Lo anterior se torna más grave porque ni las autoridades de la Administración ni la Junta Directiva de la Caja poseen la competencia necesaria para prorrogar el período por el cual fueron nombradas las Juntas de Salud que cesan sus funciones el 31 de diciembre del 2021. No hay ley o reglamento que faculte a la Caja prorrogar de oficio la competencia ya sea territorial, del tiempo, de la materia u otra de las Juntas de Salud, en este caso, una vez superado y vencido el plazo por el que fueron nombradas, todo ello de conformidad con los artículos 59 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Por otro lado, somos absolutamente consientes del esfuerzo sobrehumano y magnánimo del personal de la Caja en la atención de la pandemia y en el logro de altos índices de vacunación en la población contra el COVID 19. Por eso dudar de que para el mes de octubre 2021 no alcancemos la vacunación y la inmunidad necesarias para proteger a la población, es dudar de la capacidad de nuestra querida institución y del esfuerzo demostrados durante todos estos meses por su personal. Por eso, tal argumento no puede ser de recibo para suspender el proceso de elecciones.

En razón de lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa, que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de Octubre del 2021, todo ello en resguardo de la legalidad institucional y en apego del Acuerdo que en su oportunidad tomó la Junta Directiva en tal sentido.
De Ustedes con toda consideración,
Por FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

UNDECA exige transparencia y rendición de cuentas en compras de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

COMUNICADO DE PRENSA; 8 de junio, 2021

Debe priorizarse el derecho a la salud y la vida; y realizarse una investigación hasta las últimas consecuencias.

El Gobierno de la República, a raíz de la pandemia, declaró estado de emergencia nacional, desde el 16 de marzo del 2020. Esta declaratoria implicó para la CCSS refinanciar el Fondo de Contingencias y destinar un presupuesto de 125.000 millones, para la construcción de infraestructura. remodelaciones, adquisición de equipos de protección personal, equipo médico, insumos y otros.

Un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República. de carácter especial, DFOE-BIS-IF-0003-2021, de 31 de mayo 2021, acerca de las contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el escenario de la emergencia sanitaria del COVID-19, desnudó las graves omisiones y evidencia las serias anomalías de control interno en las compras realizadas a través del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, en el 2020.

«En el estudio del órgano contralor se advierten deficiencias en las compras realizadas, amparadas a procedimientos de excepción, cual más de todas graves, como incumplimiento de los requisitos iniciales en las contrataciones, omisiones en las especificaciones técnicas del objeto contractual y los criterios de evaluación de las ofertas, entre otros desaciertos, que comprometieron los recursos institucionales», detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

Si bien una emergencia permite realizar compras por excepción, como mecanismo para agilizar la adquisición de bienes y servicios, éstas no se pueden realizar a la libre, porque existe una serie de principios que no se pueden obviar, como el de publicidad, control, transparencia y rendición de cuentas, que desafortunadamente fueron incumplidos en estas compras.

No estamos hablando de compras de un termómetro, de una camilla: son miles de productos que se adquirieron y que representan miles de millones de colones.

Además, el informe advierte serias omisiones en la publicidad de las compras, que debilitan el control ciudadano y opacan la democracia.

La CCSS debe implementar estrictos mecanismos de control, que garanticen y demuestren que las compras se realicen con mayor objetividad, donde prevalezca la sana administración y el interés público.

UNDECA exige que la Auditoria Interna, con base en el Informe de la Contraloría, profundice la investigación, con la finalidad de contribuir a mejorar los procedimientos administrativos de compras de emergencia y valore la eventual responsabilidad administrativa y hasta patrimonial, si fuera del caso, de aquellas instancias superiores de la institución que puedan resultar responsables, porque se trata de recursos de los trabajadores y el pueblo, que deben destinarse a resguardar el derecho a la salud y la vida de todo el pueblo costarricense.

Información con Martha Rodríguez 8398-3527

El oro nuestro de Crucitas para la salud de 700 mil ancianos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Desde antes de la terrible pandemia, las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, ya estaban ocupados por venerables ancianitos en más del 65%. Decenas de miles de familias habrán sufrido al ver las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones. Espacios por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad. Incluso hemos sufrido mucho al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal de enfermería que los pudieren atender de día y de noche. Unas veces son los medicamentos los que faltan, otras los equipos modernos que no se pueden adquirir; hasta una simple cama adecuada. Siempre hay necesidades insatisfechas.

Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida a los que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por esa penalidad.

Y es que, por más amor aportado, NO tiene nuestro buen sistema hospitalario, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a la edad.  A los que les llegó el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen, tarea que hijos y nietos, y la misma CCSS, muchas veces no puede cumplir pues, aunque lo deseáramos, es IMPOSIBLE garantizarles una atención médica de calidad, bajo las circunstancias actuales.

Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en menos de 30 años, cuando esa población mayor de 65 años rondará la cifra de 1.200.000.  Es una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡SI NO HACEMOS LO CORRECTO HOY! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.

¿Cómo enfrentar tal problema si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted. Pues resulta que SÍ CONTAMOS CON RECURSOS FINANCIEROS suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos con un YACIMIENTO DE ORO que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$133 millones anuales (más de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes.

Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio.

Ha de quedar claro, que tal sueño se puede realizar sin necesidad de modificar el deficiente Código de Minería, que prohíbe otorgar en concesión la explotación de oro en Crucitas y otros lugares indeterminados. Y no hace falta esa gestión legislativa porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión cual si se tratara de un ente privado.  Por eso, desde hace más de dos años, acudimos a todas las instancias gubernamentales con nuestra propuesta, no obteniendo las respuestas esperadas.  Pero como la urgencia es ahora más evidente, ahora nuevamente, hacemos un llamado para que vean NUESTRO ORO DE CRUCITAS, como una solución a los crecientes problemas que ya sufren cientos de miles de CIUDADANOS DE ORO.

Rogamos para que la idea del sistema hospitalario que hemos llamado “HOSPITAL DEL ORO”, sea recibida seriamente por los políticos sensibles que lo quieran así.  Se trata de que la Caja Costarricense del Seguro Social diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1043 EBAIS que ya ven superada su capacidad de servicios de primera clase, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para la atención de ese sector de pacientes. Ciudadanos de Oro que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, cuando se puede, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan necesidades especiales y facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.

Los expertos en salud que tenemos en Costa Rica, harían los planes que mejor consideren adecuados en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. En la de menos podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especiales para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales de geriatría o incluso, en uno central especializado en enfermedades predominantes en ese sector de población. En fin, no se trata de un hospital, sino de UN SISTEMA hospitalario, integral, donde también se habrá de considerar mejores servicios para los familiares que han de estar asistiendo a sus abuelitos internados.

Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esos recursos frescos para dedicarlos exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se tendrían que ver disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos.  En poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos, se irán liberando, y por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!

Por lo resumido, creemos tener la grandiosa oportunidad de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones para los costarricenses, como lo es quizá el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40. Pero para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que esperamos en notables estadistas. No conocemos de ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus ciudadanos de oro, de los que más lo necesitan y, más importante, lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que por azar político se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica? La idea, que habrá de estructurarse en un proyecto por los que, luego de un diálogo fructífero, habrá de forjarse, podemos afirmar que es conocida por la gran mayoría de los dirigentes políticos y jerarcas gubernamentales. No solo por las notas que les hicimos llegar personalmente, sino también por los reportajes que desinteresadamente divulgó Noticias Repretel, no ha caído en terreno fértil. El silencio fue la respuesta, e incluso alguno políticos “copiaron” la idea llevándola a cifras fantasiosas de cuarenta mil millones de dólares que, supuestamente, se vendería en la bolsa de Wall Street para así sacar a Costa Rica de la pobreza.

Por eso, es una buena noticia que ya un precandidato presidencial nos dijo personalmente, y ante personas de alta honorabilidad, que aunque él tenía una idea diferente para resolver el conocido problema de Crucitas y aprovechar ese mineral, la nuestra “es una idea mil veces mejor que la mía, por lo que la acojo con entusiasmo”. Compromiso del expresidente José María Figueres.

¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “HOSPITAL DEL ORO” que, por supuesto, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.

Perfil de personas pensionadas del IVM fauleadas y a la espera de zancadilla. Derecho al acceso a información pública transparente

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Rodrigo Arias López

Perfil de los pensionados del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) fauleados y a la espera de zancadilla

Derecho al acceso a información pública transparente

(Parte 2)

Recordemos que en el año 2018 la Junta Directiva de la CCSS (JD-CCSS) -luego de más de 70 años de dejar en el olvido una adecuada gestión de IVM- decidió, para que IVM no colapsara dos años antes de lo previsto, que tenía que evitar que las pensiones más bajas llegaran a ser iguales al 50% del salario mínimo, sin importar que el balance neto para la CCSS fuera negativo (Ver https://surcosdigital.com/la-logica-de-la-junta-directiva-de-la-ccss-fauleadas-154807-pensiones-bajas/?fbclid=IwAR0D2piMsP5i5WodNR47bI6NEn4f4m2ePREfFBZHA6si6SnIdiqmxT4Lu50). A ese grupo formado por más de la mitad de los pensionados de IVM con pensiones por debajo de medio salario mínimo, lo llamaré “Fauleados en 2018”, sin descartar que vuelva a ser zancadilleado en los próximos tres meses con el anuncio reciente de la JD-CCSS, para darle cuidados paliativos al paciente que ella misma dejó sin atender durante más de 7 décadas. Al grupo restante, que también podría ser invitado a “darle oxígeno” al moribundo, como seguro serán llamados los 3 millones de afiliados actuales y los futuros, le llamaré “A faulear en 2021”. En el Cuadro N° 1 se presentan ambos grupos distribuidos según quinquenios en que sus integrantes se pensionaron, por riesgo (Invalidez, vejez, viudez, orfandad, padres y hermanos). Los datos corresponden a la planilla de noviembre de 2020; en el caso de muerte los datos son estimados, pues no dispongo de la información completa.

En este cuadro queda claro que en 2018 la JD-CCSS eliminó la expectativa de crecimiento de la zanahoria que con bombos y platillos anunció en el año 2005, cuando engañó a la población diciéndole que le había dado oxígeno a IVM hasta el año 2045, orientada por los expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Me pregunto si en esta ocasión esos consejeros que hoy se esconden, han sido reemplazados por expertos de la OCDE para hacernos creer que las mentiras son verdades (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451359/ocde-tras-pensi-n-a-los-67-a-os).

No me extrañaría que el perfil del grupo de fauleados que hoy recibe la pensión mínima en IVM, sea el ejemplar idóneo que doña Rocío Aguilar Montoya anhela para convalecer al enfermo y completar el proyecto de quienes viven de las cuentas individuales (Ver Cuadro N° 2 y “Fijemos la ruta para el futuro de las pensiones” en La Nación del 9/5/2021).

Si mi sospecha se materializa -espero que no- el 100% de los pensionados de IVM, incluyendo los futuros, podría estar en el grupo de los fauleados.

Recordemos que con la zancadilla de marras la JD-CCSS se “ahorrará” unos 42 mil millones de colones en 2021, cifra que representa un 15% del gasto anual en pensiones de los fauleados (ver Cuadro N° 3); un 4% del gasto anual del grupo que espera ser gorreado y un 3% del gasto total. Esa es la lógica que prevalece en los directivos que integran la JD-CCSS; pero con ello le recordaron al grupo más débil que debe seguir de rodillas en primera línea, similar a quienes dependen de los fondos de FODESAF.

Los datos sobre cuotas y salarios promedio de referencia de IVM anteriores al año 2001 no están completos debido a que la CCSS no cuenta con toda la información anterior al año 1975. Además, no dispongo de suficiente información sobre fallecidos activos y pensionados de IVM. Por tales motivos en el Cuadro N° 4 solamente presento información de quienes se pensionaron por invalidez y por vejez a partir del año 2001.

Para comprender mejor los datos del Cuadro N° 4 es necesario tomar en cuenta lo siguiente. 1) En el período 2001-2005 se aplicó obviamente el reglamento vigente antes de la reforma de 2005. 2) De 2006 a 2010 se aplicó principalmente el reglamento de antes de 2005, y el retiro anticipado con 300 cuotas. 3) De 2011 a 2015 se aplicaron los dos reglamentos, con mayor intensidad el de la reforma de 2005. 4) En el período 2016-2020 básicamente entró a funcionar la reforma completa de 2005 y la eliminación del retiro anticipado acordada en 2015 por la JD-CCSS. 5) Las tasas de reemplazo (Monto de pensión inicial / Monto del salario promedio de referencia) no pueden comparase unas con otras de manera directa, porque el salario promedio de referencia cambió y se han aplicado dos reglamentos.

Teniendo claro lo anterior las principales conclusiones que se derivan del Cuadro N° 4 sobre quienes se pensionaron en 2001-2020, son las siguientes. 1) La JD-CCSS fauleó principalmente a los pensionados más viejos, que aportaron menos cuotas y obviamente a quienes tenían pensiones más bajas. 2) Los pensionados por invalidez fauleados cotizaron 15 años en promedio y los de vejez 22 años; con tasas de reemplazo promedio de 73% y 75% en promedio, respectivamente; se pensionaron a los 55 años y a los 65 años de edad en promedio, respectivamente y actualmente tiene 65 años y 71 años de edad, en promedio, respectivamente. Los valores respectivos para quienes esperan ser fauleados son: 25, 35, 60%, 64%, 53, 62, 62 y 69. 3) Con la reforma de 2005 prácticamente al 100% de aplicación en 2016-2020, tanto los fauleados como los que están a la espera de zancadilla, tuvieron una tasa de reemplazo del 61% en caso de vejez; en invalidez estos valores son 63% y 57%, respectivamente. Los fauleados en caso de vejez se retiran a los 65 años de edad con 21 años cotizados en promedio; los aún no fauleados se retiran a los 62 años con 35 años cotizados en promedio.

Sin menospreciar el buen entendimiento ni la inteligencia de los lectores de Surcos, me permito mencionar que la RAE define claramente lo que es un “faul” (como podría ser una zancadilla) y lo que significa “transparente” (de transparencia), el primero muy utilizado y el segundo muy rara vez usado. La RAE define “Faul: En una competición deportiva, infracción del reglamento consistente en una entrada brusca de un jugador contra un rival”. Todo apunta a que las cifras presuntamente maquilladas que tuvo la JD-CCSS la nublaron, por lo que se alistó sin pensarlo dos veces para un match no avisado y sin árbitro contra el equipo más débil. ¿Recuerdan los lectores lo que dice el Artículo 29 del Reglamento de IVM en conjunto con el acuerdo del año 2013 de la JD-CCSS? ¿Será un faul aún más brusco y artero el que la JD-CCSS ocasionará a pensionados y afiliados cuando juegue el segundo tiempo, esta vez anunciado para dentro de tres meses? ¿Se jugará sin árbitro? Recordemos que los asegurados pagamos ₡5 mil millones anuales para que la Auditoría Interna de la CCSS revise que los fondos y reservas que administra la CCSS se gestionen conforme a la normativa legal vigente, con transparencia y para la satisfacción del interés público, como lo ordena el artículo 3 de la “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” que dice lo siguiente:

“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”.

Nadie dudaría que un árbitro pite en contra de quienes anualmente con sus aportes pagan su salario; mucho menos que permita zancadillas arteras o goles fuera de fuego que todos los espectadores pueden ver.

La RAE define “Transparente: Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Sobre un asunto tan importante como la transparencia de la información para la toma de decisiones, como en el caso de IVM, muchos se preguntarán: ¿Antes de tomar las decisiones que ya tomó y las que tomará en tres meses, la JD-CCSS ha sido transparente? ¿Le ha mostrado a la población estadísticas como las que se presentan en esta humilde publicación? ¿Ha dicho la verdad a los asegurados en el tema de las proyecciones actuariales? ¿Cuál es la suficiencia de los montos de las pensiones y la condición de pobreza de los pensionados de IVM? ¿El envejecimiento de la población, la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento de la informalidad son los verdaderos responsables de llevar a la bancarrota al IVM?

En la página 15 de la obra “El derecho de acceso de los Ciudadanos a la Información Pública” su autor Alejando Fuenmayor nos comunica lo siguiente (Descargar en https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/06/El-derecho-de-acceso-de-los-ciudadanos-a-información-pública-Fuenmayor-UNESCO.pdf):

“En este orden de ideas, también se puede apreciar la definición sobre el derecho de la información de los autores Jean Marie Auby y Robert Ducos-Ader, quienes lo conciben como el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la información en su sentido activo y pasivo; es decir, tanto la difusión de la información como la recepción por sus destinatarios. Este derecho frente al público consiste en reconocer a los individuos no solamente el derecho a recibir la información existente, sino además la aptitud jurídica de ser beneficiario de una información “efectiva” y conforme a lo que establece la propia noción de información “objetiva”. Los citados autores consideran que la noción de información implica “la neutralidad” en todo lo concerniente a su finalidad, y “la objetividad” en lo concerniente a su contenido. La doctrina del derecho a la información es la base fundamental para el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública del Estado”.

Gracias por leer las publicaciones de Surcos y por compartirlas. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático.

SURCOS recomienda leer el anterior artículo sobre este tema: https://wp.me/p6rfbZ-eWJ

 

Foto Semanario Universidad.

Primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Marcos Chinchilla Montes

Mi agradecimiento

Finalmente, vacunado con la primera dosis se comienza uno a sentir medianamente más tranquilo, sin aflojar en ninguna de las medidas. Esto es de vida o muerte.

Pero la vacunación no solamente es ese momento de aplicación.

En los años 40 del siglo pasado, fruto de importantes movilizaciones sociales, nuestro país fue desarrollando un vigoroso modelo de seguridad social que nos cobija hasta el presente; así que mi agradecimiento a mis abuelos, a Manuel Mora, a Carmen Lyra, a Calufa, a Luisa González, a Calderón Guardia, a Monseñor Sanabria, a los miles de mujeres y hombres que materializaron la institucionalidad pública que hoy tenemos y que ha sido clave para atender a la población en esta compleja coyuntura. A casi 80 años de esas conquistas, aquella generación ni se imaginaba que la semilla que estaban sembrando, sería un día fundamental para atender esta pandemia.

Mi agradecimiento sincero también a personas como Mario Devandas o Marita Arce, entre otros miles de personas, que fueron claves para que la Caja Costarricense del Seguro Social no fuera privatizada por los intereses de la burguesía neoliberal costarricense.

Honrar la memoria de quienes no llegaron a esta etapa de vacunación, son casi 4 mil las personas muertas; mi solidaridad con los otros miles que padecen de COVID-19 largo y que posiblemente nunca lo superen.

Mi indignación absoluta para con aquellos políticos y cámaras empresariales que nunca pensaron en clave de solidaridad y si de voracidad; poco les importó el valor de la vida humana, prefirieron ver a empleados y clientes contagiarse, antes que perder la oportunidad de llevarse un colón a la bolsa. A ellos le debemos buena parte de esa tragedia que vive nuestra sociedad.

Pensiones de la C.C.S.S. y del Magisterio Nacional

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El pasado miércoles 02 de junio del 2021 la seccional de jubilados del SINDEU UCR llevo a cabo un conversatorio, en el cual se desarrolló el tema: Pensiones de la C.C.S.S. y del Magisterio Nacional

Se contó con la participación de:

  • Antonieta Fernández, Frente Nacional Seguridad Nacional (FRENASS).
  • Yamilette Jenkins, Asociación Jubilados en Acción.
  • Ana Cecilia Jiménez, Presidenta ACODEHU.
  • Israel Pacheco, Vicepresidente JUPEMA.
  • José Antonio Segura, Director Pensiones JUPEMA.
  • Jorge Coronado, Representante BUSSCO y Asesor LATTINDAD.

Especialistas invitados/as:

  • Hazel Vargas.
  • Guiselle Bolaños.
  • Rosemary Gómez.
  • Miguel Hernández.
  • Trino Barrantes.

Las paradojas de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.

Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.

El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.

Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.

De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.

La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.

Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.

El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.

Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.

El “arte” de hacer dinero

La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.

El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.

 Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.

Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil

En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.

Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.

Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.

¡Cosa más grande¡; diría Tres Patines.

 

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R