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Etiqueta: CEJIL

La Corte IDH escuchó al pueblo de Sarayaku en audiencia de supervisión

CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.

El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.

Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.

Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.

Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.

El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.

Fotos: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

Estado mexicano pide disculpas por su responsabilidad en la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López

En conmemoración del Día del Maestro en México, el 15 de mayo se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada del maestro Gregorio Alfonso Alvarado López, ocurrida el 26 de septiembre de 1996 en el estado de Guerrero.

Durante el acto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Gregorio Alvarado y ofreció una disculpa pública a su familia y a la sociedad, en cumplimiento de las medidas de reparación derivadas del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gregorio Alvarado era maestro, poeta, padre y líder social indígena. Su labor comunitaria y educativa lo vinculó con procesos organizativos en la región de la montaña de Guerrero en un contexto de fuerte violencia y persecución contra integrantes de movimientos sociales y comunitarios en la década de los noventa. Tras meses de que Gregorio y su familia enfrentaran vigilancia constante, persecución y hostigamiento, su desaparición forzada ocurrió en septiembre de 1996 y desde entonces su paradero continúa sin conocerse.

En representación del Estado, el Subsecretario de Derechos Humanos reconoció que como Estado “no solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”. A casi 30 años de los hechos, este caso permanece en la impunidad.

El Subsecretario reconoció también la labor de defensa de derechos humanos que realizó Gregorio en sus comunidades y que lo enfrentó a la persecución y la desaparición forzada. En particular nombró que hasta la fecha su labor “beneficia a niñas y niños indígenas en Guerrero; debido a que durante su ejercicio promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe, mismas que persisten. Lo cual fue y es un acto de amor, convicción y compromiso para mejorar su entorno social”.

Según reconoció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la desaparición de Gregorio se dio en el contexto de “una política de terror” implantada por el gobierno mexicano donde “Guerrero fue el epicentro de la contrainsurgencia, siendo el ejército el principal responsable de las graves violaciones de derechos humanos que se consumaron en ese período. (…) años cruentos en los que se castigaba la organización independiente y el pensamiento autónomo, como lo documentó la Comisión de la Verdad que se encargó de investigar los hechos ocurridos durante aquellos años y cuyo informe no ha sido plenamente asumido por el Estado mexicano”.

Así, el caso de Gregorio ha representado no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino también una afectación profunda para su comunidad y su familia, que ha sostenido durante casi tres décadas una búsqueda permanente de verdad y justicia, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y la ausencia de investigación efectiva.

En el acto, Norma, esposa de Gregorio y quien ha liderado su búsqueda, hizo un llamado a investigar y juzgar a las personas responsables de su desaparición y demandó que la desaparición forzada deje de lacerar a las familias mexicanas. Norma recordó que “pese al paso inexorable del tiempo, Gregorio, “Goyito” sigue siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan nuestros pueblos, su trabajo, su ejemplo sigue vigente, por el y por todos los desaparecidos: ni olvido, ni perdón”.

La ceremonia realizada este día representó un acto de reconocimiento a la lucha por verdad y justicia, así como una medida de dignificación de la memoria de Gregorio Alfonso Alvarado López, cuya vida estuvo dedicada a la educación, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la familia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acompañaron este acto y reiteraron que, si bien constituye un paso importante en el reconocimiento de responsabilidad y en la reparación del daño causado, persiste la obligación del Estado mexicano de garantizar plenamente los derechos a la verdad y la justicia.

Las organizaciones recordaron que “el caso de Gregorio no es un caso aislado. México enfrenta hoy una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 133.000 personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras no dejan de crecer. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayado que la desaparición forzada en México constituye un fenómeno generalizado y sistemático que demanda una respuesta integral y efectiva por parte del Estado. No solo con mecanismos reactivos, sino políticas de prevención, búsqueda con perspectiva de derechos, verdad, justicia y reparación”.

Y afirmaron que “Gregorio sigue desaparecido. Mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia. (…) Hoy, en este Día del Maestro, le rendimos homenaje con la certeza de que su lucha continúa —en la voz de Norma, en los pasos de sus hijos, en cada escuela comunitaria que lleva su nombre, y en todos los que seguimos comprometidos con que la desaparición forzada no tenga cabida en ningún rincón de este país”.

Para que las esperanzas tengan larga vida y mañana amanezca más temprano”
Gregorio Alvarado

Emergencia climática y derechos humanos: un nuevo marco jurídico para las Américas

El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva (OC) 32/25, un marco jurídico innovador que reconoce el cambio climático como una emergencia mundial. En respuesta a una solicitud conjunta de Colombia y Chile, la Corte declaró que todos los Estados miembros de la OEA tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de responder con medidas urgentes, concretas y basadas en la ciencia.

Este dictamen sienta un precedente jurídico histórico, al ofrecer una hoja de ruta vinculante basada en el derecho internacional y la ciencia, que afirma que la acción climática no es opcional; es una obligación para proteger los derechos humanos.

El CEJIL, se enorgullece haber apoyado este proceso desde el principio, aportando su experiencia, facilitando la participación regional y contribuyendo al desarrollo de esta poderosa herramienta jurídica para proteger a las personas de los graves efectos del cambio climático.

Profundice en esta histórica opinión explorando y compartiendo el nuevo sitio web con toda la información relacionada a la OC32, incluyendo:

El texto completo de la Opinión Consultiva N.º 32 y el resumen oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un resumen analítico para facilitar su lectura.

Próximos eventos sobre clima y derechos humanos.

Blogs de personas expertas que analizan el alcance de la OC32 sobre la emergencia climática y los derechos humanos.

Asamblea Legislativa debe evitar posibles conflictos de interés en la selección de magistratura para la Sala III

San José, Costa Rica 22 de julio 2025. Actualmente en la Asamblea Legislativa se realiza el procedimiento de selección de una persona magistrada para integrar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala tiene entre sus diversas competencias, la de juzgar a miembros de los supremos poderes (artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Penal). El procedimiento prevé que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) realice un proceso de evaluación de las candidaturas y haga una recomendación al plenario, que elegirá a la persona magistrada.

Como es de conocimiento público, varias personas diputadas están siendo investigadas penalmente por diversos delitos; incluso, contra algunas de ellas, ya se ha planteado acusación formal por parte del Ministerio Público y se ha efectuado -o está en trámite- el traslado a la Asamblea Legislativa de la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.

Considerando que estas solicitudes de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal contra diputaciones coinciden con el proceso de selección de una de las magistraturas de la Sala que eventualmente tendrá a cargo el juzgamiento final de estas personas, resulta importante hacer un llamado a la Asamblea Legislativa a asegurar que no existan conflictos de interés en este proceso de selección, en aras de no afectar la legitimidad del sistema de justicia y la imparcialidad del órgano decisor.

Es importante recordar que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública establece (artículo 48) el delito de legislar o administrar en provecho propio, señalando que este se configura cuando un funcionario público “sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”.

Por lo anterior, hacemos un vehemente llamado a las diputaciones que actualmente están siendo investigadas penalmente -particularmente a aquellas cuyo levantamiento de la inmunidad ha sido solicitado o está en proceso- a inhibirse de intervenir en el proceso de selección de la terna así como de votar en el plenario el nombramiento de la persona a integrar la Sala Tercera.

En consecuencia, llamamos al directorio de la Asamblea Legislativa, o en su defecto al Plenario, a realizar las consultas técnicas pertinentes sobre posibles conflictos de interés, previo a dar continuidad a este proceso de selección.

Firman
Organizaciones que suscriben el pronunciamiento:
Asociación Americana de Jurista, Rama Costa Rica
Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Costa Rica Íntegra (CRI)

A 30 años de su asesinato: se erige un monumento en memoria de Jeannette Kawas

Tela, Atlántida, 16 de mayo de 2025.- A más de 30 años del asesinato de la ambientalista y defensora Blanca Jeannette Kawas Fernández, organizaciones que formamos parte de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) alzamos la voz por su memoria y legado. Hoy, 16 de mayo, celebramos la instalación de un monumento en su memoria, un símbolo de su lucha por la vida.

El acto que se realizó el día de hoy en el Parque a La Madre en Tela, Atlántida, es resultado de una las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como garantías de no repetición en la sentencia de 2009 que responsabilizó al Estado de Honduras por el asesinato de la defensora Kawas.

Como organizaciones que hemos acompañado este caso, reconocemos este acto como un paso necesario para preservar la memoria, para hacer justicia para la familia de Jeannette Kawas y para que este tipo de hechos no se repitan. Este nuevo símbolo será un recordatorio de que el espíritu de Jeannette sigue vivo en cada persona que defiende los bienes comunes, los recursos naturales y la vida desde sus territorios.

Desde la Mesa de Seguimiento reconocemos la importancia de este acto como un paso necesario en el camino hacia la justicia integral para el caso de Kawas y de todas las personas defensoras en Honduras. Pero a su vez, insistimos en que a más de tres décadas del crimen que arrebató la vida de Jeannette, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de los hechos es una deuda pendiente del Estado. Sin el combate a la impunidad de violaciones a derechos humanos perpetradas contra personas defensoras, la historia está condenada a repetirse, como ha sido demostrado en decenas de asesinatos de defensores en los últimos años.

Hoy, Honduras continúa siendo uno de los países más peligros para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde el 2022 a la fecha hay un saldo de 35 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el país; la mayoría, en la impunidad. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, ocurrido en septiembre de 2024, como represalia por su labor de defensa y a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la grave situación de riesgo en que se encontraba.

Como organizaciones integrantes de la Mesa, llamamos al Estado a mantener el compromiso que asumió el día de hoy con la memoria de Jeannette Kawas para acatar las medidas de reparación pendientes decretadas por la Corte IDH en casos de similar naturaleza, velar por su cumplimiento íntegro y garantizar justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos del país. Por ello, solicitamos al Estado:

  • Garantizar una investigación real, imparcial y eficaz sobre el asesinato de Jeannette Kawas Fernández, que desmantele la impunidad y prevenga la repetición de estos crímenes contra quienes defienden nuestros bienes comunes.

  • Fortalecer de manera urgente el Mecanismo Nacional de Protección, dotándolo de recursos adecuados y un enfoque preventivo que responda a las crecientes amenazas que enfrentan las defensoras y defensores del ambiente y en general, de derechos humanos en Honduras.

  • Acelerar la aprobación e implementación del Protocolo Carlos Escaleras, como una herramienta fundamental para el combate a la impunidad, asegurando investigaciones diligentes, y con un enfoque diferenciado en los crímenes perpetrados contra quienes defienden los derechos humanos y el ambiente.

Que el honrar de la vida de Jeannette Kawas se traduzca en acciones firmes, en la voluntad política y en la consecución de la justicia integral. Que actos como estos y los que faltan, sean el inicio de un camino firme hacia el cumplimiento total de las obligaciones del Estado con la justicia, la verdad y la no repetición.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con la familia de Jeannette Kawas y reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad y la justicia de todas las mujeres que defienden derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

Viviana Krsticevic recibe Premio Mujeres Destacadas en Derecho Internacional 2025

La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, ha sido galardonada con el Premio Mujeres Destacadas en Derecho Internacional 2025, otorgado por la Sociedad Americana de Derecho Internacional (ASIL).

El reconocimiento destaca su labor en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el ámbito del derecho internacional. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 18 de abril en Washington D.C., durante la Reunión Anual de ASIL.

Helen Mack, presidenta del Consejo Directivo de CEJIL, expresó sus felicitaciones a Krsticevic y al equipo de la organización por este reconocimiento que honra décadas de compromiso en la lucha contra la impunidad.

Krsticevic ha dedicado su trayectoria profesional al servicio público desde sus inicios como abogada en Buenos Aires, continuando con sus estudios en Stanford y Harvard, hasta su actual función como directora ejecutiva de CEJIL.

Bajo su liderazgo, CEJIL ha impulsado litigios emblemáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre graves violaciones y ha promovido casos sobre igualdad de género, libertad de expresión, reparaciones, justicia climática y protección a personas defensoras de derechos humanos.

Entre sus contribuciones destacan el desarrollo del Protocolo de la Esperanza —herramienta para investigar amenazas contra personas defensoras— y la cofundación de la Campaña GQUAL, que promueve la paridad de género en espacios internacionales de toma de decisión.

Actualmente, Krsticevic también se desempeña como experta en la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, creada por la ONU, donde visibiliza las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas durante las protestas iniciadas en 2022.

CIDH conocerá sobre situación general de los derechos humanos en Costa Rica

El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica.

Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial.  El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH),  Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)  y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).

Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.

Para seguir la Audiencia:

DÍA:  miércoles 5 de marzo

HORA: 1:00 (CR) /2:00 pm (Washington DC).

TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_GOXVRXDUQyehgA5Wrzl32w#/registration

CIDH conocerá sobre impunidad y obstáculos para la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala

El martes 4 de marzo de 2025 a la 3:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la impunidad y los obstáculos a los que se enfrenta la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala. El Estado deberá responder a las denuncias hechas y atender las recomendaciones que haga la Comisión.

Este espacio fue solicitado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, la Guatemala Human Rigths Comissión y representantes de los casos Mujeres Achi y Masacre de la cumbre de Alaska.

Para seguir la Audiencia:
DÍA: martes 4 de marzo
HORA: 15:00 (GT) /16:00 pm (Washington DC).
TRANSMISIÓN: en vivo a través de las redes sociales de la CIDH.

REGISTRO PARA ASISTIR POR ZOOM:
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_zJGUS-GEQYCcY0AU_H4_hQ#/registration

Mesa de Seguimiento de Sentencias: “Tras 30 años sin justicia, decimos: BLANCA JEANNETTE KAWAS, PRESENTE”

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.

Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las  tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.

Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas