La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas.
Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.
Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.
La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares.
En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación.
Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.
A 10 de julio de 2024
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.
La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 6 de agosto del 2024, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México remitieron a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sus observaciones con relación al anuncio hecho por parte del Fiscal a la CPI el pasado 20 de mayo, solicitando la emisión de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás y contra dos dirigentes en Israel: su Primer Ministro y su Ministro de Defensa.
Se trata de una solicitud del Fiscal de la CPI a los jueces de la CPI que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1).
Es de notar que el 26 de junio del 204, la prensa israelí se hizo eco de una información sobre la posibilidad de que estas órdenes de arresto se materializaran en cuestión de semanas (véase nota del Times of Israel). 24 horas después, el mismo medio israelí informó de una gestión ante la CPI por parte del Reino Unido para aplazar la emisión de estas órdenes de arresto (véase nota).
El drama indecible que se vive en Gaza
En el último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 5 de agosto del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 1 and 5 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 143 Palestinians were killed and 341 were injured. Between 7 October 2023 and 5 August 2024, at least 39,623 Palestinians were killed and 91,469 were injured, according to MoH in Gaza. Moreover, according to the Gaza Government Media Office (GMO) and Palestinian Civil Defense (PCD), there are some 10,000 people reportedly missing or under rubble in Gaza. The MoH documents the full identification details of casualties and has recently published the breakdown of 28,185 out of 37,900 fatalities as of 30 June for whom full details have been documented by MoH (also available on the Health Cluster’s Unified Dashboard here); according to MoH, these reportedly include 9,351 children, 5,320 women, 2,414 elderly, and 11,100 men. The documentation process is ongoing by the MoH. Fatalities include 885 health workers, MoH further reported«.
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimicen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
Las observaciones remitidas a la CPI por Estados de América Latina en breve
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En cuanto a Bolivia, optó por suscribir un texto conjuntamente con Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica: se trata de un grupo de Estados que tempranamente remitió una solicitud urgente («referral«) a la CPI con fecha del 17 de noviembre del 2023 (véase texto).
El documento presentado por Brasil está disponible en este enlacey se recomienda su lectura.
En el documento presentado por Colombia este 6 de agosto en La Haya (véase texto completo), Colombia (como Brasil) hace ver que la jurisdicción de la CPI debe aplicarse a todos los territorios palestinos ocupados, incluida Gaza, y que de ninguna manera se puede aceptar la idea que los acuerdos de Oslo de 1993 limitan o condicionan la aplicación plena de la jurisdicción de la CPI para examinar, investigar y sancionar a responsables de actos particularmente graves que califiquen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas militares de Israel.
En el párrafo 21 de su comunicación, Colombia precisa que:
«21.Without a doubt, international norms governing accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide, embody peremptory norms of international law accepted as such by the international community as a whole. Because of this high normative statute, States cannot be dispensed from the obligation to comply with these norms based on a bilateral agreement«.
Haciendo eco a lo dictaminado recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del pasado 19 de julio, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2), Colombia señala además que:
«23. The International Court of Justice also referred to the Oslo Accords in its Advisory Opinion concerning ïhe Legal Consequences arisingfrom the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rendered on l9 July 2024.The Court stated that «…the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory«.
La referencia a la reciente opinión consultiva de la CIJ reaparece en un gran número de opiniones enviadas a la CPI en este inicio del mes de agosto: sin lugar a dudas, se trata de uno de los primeros efectos de esta histórica opinión consultiva de la CIJ, llamada a inspirar no solamente a Estados y a los jueces de la CPI, sino a muchos jueces a nivel nacional a los que se les ha solicitado ordenar un cese de exportaciones de armas hacia Israel y de bienes y materiales que Israel utiliza para consolidar la ocupación ilegal del territorio palestino. Se trata de una opinión consultiva de la CIJ que desde ya está llamando a muchos juristas a exigir una revisión completa de las relaciones bilaterales de la Unión Europea (UE) con Israel (Nota 3) y que debería inspirar a muchos otros a exigir una revisión similar en otras latitudes del planeta.
Por su parte, en la opinión conjunta dada a conocer por Chile y México (véase documento), ambos Estados reafirman también la plena competencia de la CPI para examinar la situación en el territorio palestino, lamentando la maniobra del Reino Unido y su efecto dilatorio (véase párrafos 7-8) para la emisión de las órdenes de arresto antes mencionadas, solicitadas desde el 20 de mayo por el Fiscal de la CPI. Cabe recordar que en enero del 2024, Chile y México remitieron de manera conjunta un «referral» de carácter urgente a la CPI (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2024 de Chile).
En el texto suscrito por Bolivia, así como por Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica (véase texto completo), se lee en la parte conclusiva que:
«32. The Court has duly defined the territorial scope of its jurisdiction in the Situation in Palestine. The matter is therefore res judicata. To the extent that renewed challenges to the Court’s jurisdiction are made, these must be undertaken in conformity with the Rome Statute.
The Court at present is only required to determine whether arrest warrants may be issued in terms of article 58, the requirements of which have been met. The Oslo Accords are not a bar to the Court exercising its jurisdiction. Any challenge to jurisdiction in individual cases may only be raised in accordance with article 19«.
La etapa procesal en breve
La comunicación remitida por Colombia a la CPI ha sido precedida por las de Irlanda (véase documento), así como de Noruega, presentada el 5 de agosto (véase documento completo) que van ambas en la misma dirección, así como por Palestina (véase documento).
El hecho que, desde la misma ciudad de Oslo, se precise a la CPI los alcances de los acuerdos de Oslo de 1993 con relación a su competencia, resulta bastante llamativo.
En la dirección contraria, alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar únicamente con un documento emitido por Alemania (véase documento), Estados Unidos (véase documento), Hungría (véase documento) y la República Checa (véase documento); en el caso de Estados Unidos, los párrafos 16-26 de su escrito constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Israel también ha podido contar con las opiniones provenientes de diversos académicos y organizaciones que buscan limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal internacional a los crímenes cometidos por Israel en el territorio palestino ocupado.
Entre las opiniones que emanan de académicos y de organizaciones en materia de derechos humanos, muchas refuerzan significativamente las posiciones sostenidas por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México: véase en particular una de las primeras opiniones en llegar a La Haya de un reconocido académico norteamericano (véase documento), y la suscrita por dos de sus colegas con amplia trayectoria (véase documento); así como la opinión de una ONG basada en Ginebra (véase documento), la de dos ONG radicadas en Francia (véase documento), la remitida por dos entidades basadas en Londres (véase documento), y la enviada por dos organizaciones basadas en Egipto y en Ramallah en Palestina (véase documento), entre muchas más opiniones.
A modo de conclusión
Lo llamativo es que esta etapa procesal no contemplada se debió a una maniobra inicial del Reino Unido formalizada el 11 de junio del 2024, la cual llevó a la Sala de lo Preliminar de la CPI a adoptar una decisión el 27 de junio del 2024 otorgando un plazo para la presentación de escritos sobre lo alegado por el Reino Unido (véase decisión del 27 de junio).
Nótese que en el párrafo 7 se lee que:
«The United Kingdom requests that the Request be reclassified, because ‘[t]he sensitivity of the situation and the need for secrecy in certain aspects do not mean that this particular Request needs to be secret or confidential’ and asks permission to file its observations, if granted, publicly. The Chamber instructs the Registry to reclassify the Request as ‘public’. The Chamber further agrees that given the matter the United Kingdom wishes to address, its observations may be filed publicly«.
El 1ero de julio, el Reino Unido solicitó una prórroga adicional a la Sala de lo Preliminar de CPI para remitir su opinión jurídica (véase solicitud), la cual fue otorgada unos días después, el 4 de julio (véase decisión).
En la doctrina especializada, se ha criticado duramente estas decisiones de los tres jueces de la CPI, al abrir un compás de tiempo innecesario que no se ajusta en lo más mínimo a la práctica de la CPI, ni tampoco a la urgencia de la situación en Gaza (Nota 4). El hecho que, en el caso de Rusia, una Sala de lo Preliminar de la CPI emitiera sin mayor preludios órdenes de arresto contra dos altos dirigentes rusos (incluyendo a su Presidente) debido a la comisión de crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, constituye un dato reciente (2023) de cierto interés.
Ahora bien, la gestión dilatoria inicial del Reino Unido sufrió un imprevisto para sus gestores y promotores: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, las nuevas autoridades británicas no consideraron necesario continuar la gestión iniciada, optando simplemente por no presentar ningun alegato sobre la supuesta limitación a la competencia de la CPI que derivaría de los acuerdos de Oslo de 1993: véase al respecto esta nota de The Guardian del 26 de julio del 2024.
Es de notar que en el hemisferio americano, Israel no pudo esta vez contar con un Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 como Canadá, usualmente muy solícito a los requerimientos provenientes de Israel, ni tampoco con insumos provenientes de Guatemala. En cuanto a la opinión jurídica enviada a la CPI por parte de Estados Unidos, plantea algunas interrogantes muy válidas al provenir de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998. ¿Un Estado no Parte explicando a los jueces de la CPI cómo deben interpretarse las disposiciones del Estatuto de Roma? ¿Cómo así? Como se lee.
En Europa, Israel solamente pudo contar con las gestiones de los aparatos diplomáticos de Alemania, Hungría y de República Checa, optando esta vez otros Estados europeos por no venir a apoyar las tesis jurídicas favorables a Israel: tesis que una Sala de lo Preliminar de la CPI ya descartó en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 5).
No se registra en el sitio de la CPI ninguna opinión legal a favor de las tesis jurídicas de Israel proveniente de Estados de África, de Asia o del Pacífico, siendo está última región del mundo una en la que Israel siempre ha encontrado Estados isleños actuando como aliados indefectibles en defensa de sus intereses.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad «, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase AL TAMIMI Y., «Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement«, EJIL-Talk, 30 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo VASILIEV S., «Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?«, EJIL-Talk, 1ero de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, 5 de febrero del 2021. Texto disponible aquí.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, llegó hoy miércoles 17 de julio, hasta la sede del Partido Republicano, para entregar una Declaración Pública a Ruth Hurtado, presidenta de esa entidad, en la que expresan el rechazo total a sus declaraciones, en las que señaló textualmente que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile”.
La sede del Partido Republicano, está ubicada en la calle Presidente Errázuriz 4305 en la comuna de Las Condes, casi al frente de la casa donde vivía el dictador Augusto Pinochet, barrio emblemático de la ultraderecha y del conservadurismo chileno.
Alicia Lira entregó la declaración pública a una funcionaria del Partido Republicano quien se mostró bastante incómoda con la presencia de miembros de la AFEP en la sede del partido, y luego procedió a leerla ante los transeúntes que pasaban por el lugar.
Los puntos principales de la misiva señalan que las declaraciones hechas por Ruth Hurtado muestran el siniestro rostro antidemocrático que violenta la memoria de las víctimas y sus familiares, que por décadas han luchado por la verdad y la justicia, y agrega que “aún buscamos más de 1.100 detenidos desaparecidos. Este sector político, cuya identificación con la dictadura de Pinochet, se expresa con una criminalidad natural que merece el más profundo rechazo”.
Decir que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile, es lo que pretendió la dictadura civil militar en nuestro país, bajo el amparo de la seguridad nacional y a través de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil como parte de una política articulada e institucional, poniendo al Estado al servicio de una acción criminal, con el resultado de miles de ejecuciones, desaparición forzada y tortura cuyas víctimas no sólo fueron militantes comunistas”.
Además, señaló Alicia Lira que “para nosotros es una actitud repudiable, antidemocrática que nos habla de una derecha fascista. No podemos no estar presentes en esta sede. Queríamos que nos recibieran para presentarles nuestro rechazo, porque aquí, a pesar de los más de 3.500 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, 1.100 personas que aún no se encuentran, tienen la inmoralidad y la mente criminal para ufanarse de la tragedia y del dolor que viven no sólo los familiares, sino esta sociedad. Es inaceptable quedarnos sin venir a enrostrarles la actitud de criminalidad, de negacionismo, el discurso de odio que no permitiremos nunca más. Cada vez que ellos ofendan la memoria y hablen en términos antidemocráticos, aquí estaremos para hacerles presente que en Chile existen personas dignas, que luchamos por la verdad y justicia y por una sociedad más justa e igualitaria”.
Después de leer la carta, procedieron a dejar distintas hojas con la declaración pública en el muro de la sede política. Los funcionarios del Partido Republicano que estaban en el lugar, quedaron muy desconcertados con la presencia de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se esperaban esta visita, y luego de que los miembros de la AFEP se fueron del lugar, procedieron a retirar las declaraciones que habían colgado en el muro.
Gestos como los de la AFEP se hacen cada día más necesarios ante fuerzas que pretenden ser parte de la política de este país con discursos negacionistas, antidemocráticos, peligrosos para la democracia y las garantías necesarias de no repetición.
Alicia Lira un ejemplo de perseverancia en la lucha por los Derechos Humanos y la justicia social
Por Félix Madariaga Leiva Periodista
Cuando faltan pocas semanas para conocer quién recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, miles de personas junto a diversas organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos y exponentes del mundo de la cultura y las artes, ex presos políticos y familiares se han comprometido con Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para que reciba dicho reconocimiento, el que es otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cada 2 años desde su institución en el año 2011.
Algunas personas y organizaciones que apoyan su candidatura son Roberto Márquez, Jorge Coulon, Marcelo Nilo, Natalia Valdebenito, Francisco Estévez, Faride Zerán, Fundación Víctor Jara, Amanda Jara, José Pérez (ANEF), Nelson Caucoto, Ana María Gazmuri, Boris Barrera, Daniel Núñez, Victoria Díaz, Ana Lamas (CTC), Tucapel Jiménez, Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH (cascos azules), Pablo Ruiz, Comisión Ética Contra la Tortura, CODEPU, Corporación para la Memoria Lonquén, Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos, entre muchas otras.
Alicia Lira tiene una trayectoria de décadas en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación en Chile, y como señala Roberto Márquez de Illapu, “es una querida amiga, luchadora de siempre, que no ha claudicado nunca. Ella está siendo postulada al premio Nacional de Derechos Humanos 2024, yo quiero pedirles a todos el apoyo, porque quién más merecido tiene este premio que mi querida Alicia Lira. Así que los invito a todos a apoyarla”.
Para Shaíra Sepúlveda, presidenta de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos “apoyamos la candidatura de Alicia Lira al porque consideramos que en su trabajo en la Agrupación de Ejecutados Políticos, ha logrado establecer puentes de trabajo, de apoyo y de solidaridad con otras organizaciones de Derechos Humanos, tanto vinculadas con el período de la dictadura civil militar, como con nuevas organizaciones que surgen vinculadas a la revuelta e incluso deportivas como el Club Social y Deportivo Colo Colo. La compañera Alicia Lira tiene una mirada integral, colaborativa, solidaria e intergeneracional, en lo que significa el movimiento de Derechos Humanos, y esto es muy importante para la preservación de la Memoria, para su transmisión y para el trabajo organizado y de redes de las organizaciones, especialmente en estos momentos de avance de la ultraderecha, de los discursos fascistas y negacionistas¨.
Tal como lo señala Consuelo Contreras, directora del INDH, en la página web del Instituto, donde invita a las organizaciones de todo el país a presentar candidaturas, destacando que “el Premio Nacional de Derechos Humanos constituye una de las acciones más importantes en materia de reconocimientos que hay en Chile porque se basa en la trayectoria en promoción, defensa, protección y exigibilidad de los derechos humanos”.
Para Alicia Lira este reconocimiento es significativo “para los hombres y mujeres que se han dedicado en forma permanente a luchar no solamente en temas de derechos humanos, también en temas medioambientales, sindicales, culturales, todos temas que nos permitirán construir sociedades más justas y solidarias. Lo importante es que se basa en aportes reales, es decir, personas que realmente han dedicado su tiempo, se han comprometido, se la han jugado en la calle, no solo detrás de un escritorio con un bellos discursos, si no con hechos concretos, recorriendo los territorios y enterándose de las necesidades reales de los distintos lugares. Lamentablemente el premio es solo uno cada dos años, pero es un estímulo que hace bien porque reconoce a una persona y al esfuerzo que ha realizado a lo largo de los años y a su real compromiso para alcanzar una mejor sociedad».
La justicia de un reconocimiento
Cada dos años se otorga este importante premio que ha recaído desde el año 2011 en 6 personas que se destacaron en este difícil y noble trabajo, por ejemplo, en 2011 lo recibió Viviana Díaz Caro por su incansable defensa de los derechos humanos durante y post dictadura; en 2014 lo recibió María Soledad Cisternas por su labor en pro de los derechos de las personas en situación de discapacidad, en 2018 lo recibió la reconocida abogada Fabiola Letelier del Solar, por su trabajo en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura. En 2020, fue para el abogado Roberto Garretón Merino, incansable defensor de los/as perseguidos/as por la dictadura, y en 2022, fue para Elizabeth Andrade Huaringa, defensora del derecho a la vivienda en la Región de Antofagasta, entre otros.
La incógnita será develada a principios de junio, cuando el INDH resuelva entre los postulantes que han presentado diversas organizaciones de la sociedad civil.
Por su larga trayectoria de lucha política y social, Alicia Lira logra un amplio consenso entre las personas y organizaciones que la han postulado y, con su habitual franqueza y humildad, Alicia señala que lo más importante “ha sido el afecto, el cariño y el reconocimiento de la gente porque he sido propuesta como Alicia Lira Matus más que como presidenta de la AFEP, porque mi trabajo ha sido muy amplio y esa es la riqueza de esta propuesta que he recibido con mucho orgullo porque ha sido impulsada por gente común que se organizó en colectivos y por personas y organizaciones que he conocido y con las que he trabajado a lo largo de los años».
Una historia de consecuencia
¿Quién es Alicia Lira? tratar de contar o resumir su historia no es fácil, porque Alicia ha estado ahí, en cada lucha que ha dado nuestro país, antes, durante y luego de la dictadura, ha luchado en contra de cada injusticia que nos han infringido, ha dejado – dicho en buen chileno – los pies en la calle.
Siendo muy joven fue elegida dirigente sindical cuando trabajaba como obrera textil, antes de eso, a los 15 años, había comenzado a militar en las juventudes comunistas. Es en esa organización donde conoce a su marido y compañero de toda la vida, el militante del Partido Comunista Felipe Rivera, con quien se fue a vivir a la población La Victoria, en la zona sur de Santiago, comprometidos con la lucha de los más excluidos de nuestro país, buscando juntos construir un Chile más justo.
A mediados de los años 80, en plena dictadura cívico militar, y a raíz de la detención de su hermano, Diego Lira, quien es detenido, torturado y procesado por la Fiscalía Militar, tomó la decisión de integrarse a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Su lucha fue tenaz y solidaria en cada espacio en el que se requiriera, en la calle enfrentándose de frente a carabineros cuando reprimían sin piedad a los familiares que exigían la libertad para los presos políticos.
Aproximadamente un mes después de la detención de su hermano, sufre otro duro golpe cuando el 8 de septiembre de 1986, a las 2 AM, su compañero Felipe Rivera, es raptado por un comando de la CNI (Central Nacional de Informaciones) desde su casa en la comuna de Pudahuel. Felipe Rivera es secuestrado, no se conoce su destino, horas después aparece su cuerpo ejecutado con 6 balazos en Américo Vespucio, frente a la planta Toyota. Esa misma noche, en distintos lugares de Santiago, fueron secuestrados el Periodista José Carrasco, el publicista Abraham Muskabith y el profesor Gastón Vidaurrazaga ellos también fueron asesinados. Así vengaba la CNI el atentado al dictador Augusto Pinochet.
Y es normal preguntarse de dónde – esta mujer bajita y sonriente – ha sacado fuerzas para seguir adelante, la respuesta sólo la tiene ella. Alicia Lira es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desde el año 2009, durante su gestión se han impulsado distintas demandas, en conjunto con el equipo jurídico de la AFEP, contra ex agentes de policía y del Ejército que participaron en violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1989. Su motivación ha sido «luchar por la verdad, la justicia y la reparación de las decenas de víctimas del golpe» y durante su gestión se han presentado 1.164 querellas por mujeres, hombres y niños cuyos casos nunca se habían investigado.
Es reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su larga y tenaz entrega a la defensa de los Derechos Humanos. En 2016 fue invitada a Palestina como observadora de DDHH por la organización ADDAMER, quienes ofrecen asistencia jurídica gratuita a las presas y presos políticos, defienden sus derechos a nivel nacional e internacional y trabajan para poner fin a la tortura y otras violaciones de los derechos de las personas, a través del seguimiento, procedimientos legales y campañas de solidaridad. En la ocasión también recorrió Jerusalén Occidental, Belén, Cisjordania y Tel Aviv, constatando las atrocidades cometidas por el ejército israelí contra la población palestina.
En septiembre de 2018, la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz le hizo entrega del Premio Paz Internacional 2017, junto al cubano Silvio Platero.
Alicia Lira también ha actuado en favor de las víctimas de violencia policial en la revuelta del año 2019.
En 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile, fue reconocida con la Medalla Derechos Humanos y Democracia otorgada por la Universidad de Chile por su «destacada contribución en materia de derechos humanos y democracia en el ámbito nacional” y en 2019 recibió la medalla al honor en la Defensa de los Derechos Humanos entregada por la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos.
Estamos esperanzados en que Alicia recibirá este reconocimiento, que es un reconocimiento a la consecuencia, a la dedicación y a la convicción con la que ha vivido su vida y en la que miles de chilenos y chilenas – y creo que nos quedamos cortos en los números – nos sentimos reconocidos. Esta postulación es una muestra de nuestro cariño y afecto, es el reconocimiento de sus pares a su labor y a su transparencia en tiempos en que las confianzas son escasas.
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Porqué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«.
Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de Naciones Unidas, 15 de enero del 2024
En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completodel Estatuto).
El artículo 14 de dicho instrumento multilateral faculta a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:
«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante«
México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009, al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.
Breve puesta en contexto
Como bien se sabe, la CPI es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos particularmente graves como el genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).
En 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo. En su conclusión se puede leer (página 60) que:
«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;
FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;
and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».
Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto en la fecha en la que fue dada a conocer (Nota 1).
No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus operaciones militares en el territorio palestino ocupado (Nota 2).
Los comunicados de México y de Chile en breve
En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:
«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».
El texto del comunicado de México también señala que:
«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.«
Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:
«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos en territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí, a menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio.
Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en el estado oficial de firmas y ratificaciones) que:
« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»
Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3).
Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza
Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da justo una semana después de haberse realizado las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 4).
En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en detalle lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.
Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros, Sudáfrica y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 5).
A modo de conclusión
Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como un grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.
Ello con el fin de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.
El último informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casi 25.000 víctimas mortales y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:
«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.
Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.
No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a muerte, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, en el frío, sin acceso a comida ni agua. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios sobrepoblados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.
Tampoco está de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.
Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase textocompleto) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “LibmannotedthattheICCwasthemostdangerousissueforIsraelandwonderedwhethertheU.S.couldsimplystatepubliclyitspositionthattheICChasnojurisdictionoverIsraelregardingtheGazaoperation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.
Materiales / Documentos: Documento 1: Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI)
El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.
La remisión se fundamenta en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.
La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.
A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.
El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.
El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.
México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas«.
Documento 2: Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Chile y México presentan remisión de la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que el embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó hoy, junto a México, un escrito de remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de reforzar la investigación de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel, ilícitos contemplados en el Estatuto de Roma.
Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Desde el pasado 7 de octubre, Chile ha insistido reiteradamente, al igual que muchos países y organismos internacionales, en condenar los ataques terroristas de Hamas y en exigir la liberación inmediata de los rehenes; en reconocer el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; en condenar las operaciones militares en Gaza que no han cumplido con los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario; en exigir el respeto del derecho internacional y los derechos humanos; y en solicitar un cese inmediato al fuego.
Finalmente, Chile reitera nuevamente su llamado al diálogo, que conduzca a la única solución posible para poner fin a este conflicto histórico: dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas».
Los caminos de la política, no son hoy como pensaban quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.
Por Fernando Ayala
Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba
La letra de la canción Los Caminos de la Vida, del compositor y músico colombiano, Omar Geles, se escucha desde el año 1993 en que fue lanzada, en muchos países de América Latina. En el caso de Chile, acompaña muchas de las fiestas de fin de año, especialmente después de la media noche, por su melodía y letra melancólica que contribuye a evocar el tiempo ido, o a los balances personales de vida. Si la aplicamos a la política, describe grandes verdades, tanto para la izquierda como para la derecha. Hoy yacen en la basura los dos proyectos refundacionales de Constitución presentados en los últimos cuatro años a los chilenos, ambos rechazados categóricamente por la ciudadanía, que no aceptó la imposición de modelos de sociedad excluyentes, que no contemplaba las aspiraciones y valores de una parte importante del país.
Lo que hoy día parece obvio para todos, no lo fue para quienes redactaron los proyectos constitucionales, que no quisieron escuchar las voces que advirtieron el carácter maximalista de ambas propuestas. Fueron cuatro años de tiempo perdido, de desgaste y acusaciones recíprocas que provocaron, finalmente, una suerte de fatiga constitucional, donde los partidos políticos y el propio gobierno han dado por cerrado el debate, por lo menos hasta el término del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2026. Los Caminos de la Política, en este caso, no han sido los que soñó él y su generación que asumieron el gobierno en 2022, convencidos de que pondrían fin al modelo ultraliberal impuesto por la dictadura militar chilena, junto con el reemplazo de la vieja guardia de políticos a los cuales denostaron, arrogándose incluso mejores valores morales.
Sin embargo, los viejos políticos hicieron posible una larga transición inconclusa aún, pero que dio estabilidad política y crecimiento económico. Por el lado de la derecha más dura, que escribió la segunda propuesta de Constitución, primaron los conceptos hegemónicos más conservadores en términos económicos y valóricos, hábilmente redactados para hacerlos pasar de manera casi desapercibida a la ciudadanía. Fue el rechazo inmediato de personalidades como la expresidenta Michelle Bachelet, quien, junto a otros políticos, dio la batalla para desenmascarar el proyecto reaccionario apoyado unánimemente por toda la derecha chilena, sin excepción. Los Caminos de la Vida se encargaron rápidamente de mostrar a la novel generación gobernante que la realidad no se cambia «como creían», sino que además de la voluntad se necesita fuerza política. La derecha chilena, acostumbrada a imponer sus ideas, se encontró con que la Constitución que «soñaron», no pasó la prueba de un país que cada vez exige más derechos sociales, mayor respeto e igualdad a las mujeres.
Cada país de la región enfrenta realidades diferentes, pero con problemas comunes como son el narcotráfico que cruza todos los países sudamericanos, la violencia que se ha apoderado de las principales ciudades, la pobreza suburbana y la concentración de la riqueza, que produce sociedades cada vez más desiguales.
Argentina está iniciando una experiencia inédita luego de la alternancia entre peronismo y el gobierno del expresidente Mauricio Macri, sucedido por un peronista que parecía más moderado, Alberto Fernández, y que terminó entregando la banda presidencial a un extremista ultraliberal de derecha, como lo es el actual presidente Javier Milei. Recibe el país con una economía con alrededor de 150% de inflación anual, una pobreza que llega al 40% de la población y un aparato estatal sobrepoblado de funcionarios, que suma un déficit fiscal de alrededor del 1,6% del PIB para el año 2023. ¿Qué podrá hacer Milei, cuyo símbolo en su campaña electoral fue una motosierra? Ha prometido cortar el gasto público a «la casta», reduciendo puestos de trabajo, ministerios, fondos de cultura y aplicando las recetas neoliberales de Chile, introducidas durante la dictadura militar de Pinochet de la cuales quedan varias vigentes. Los Caminos de la Vida ya demostraron que el peronismo no era bueno ni malo, sino que era «incorregible», como decía Jorge Luis Borges. Ahora veremos cómo lo hará Milei para gobernar la cada vez más difícil e ingobernable Argentina.
En el caso de Perú, desde su regreso a la normalidad democrática, en 1980, han pasado por la presidencia 13 jefes de Estado, lo que les da un promedio de 3,3 años de duración, ello debido a diversas causas o crisis institucionales. Desde el año 2000 a la fecha, los diez presidentes que vencieron democráticamente las elecciones, todos han tenido problemas con la justicia por temas relativos a la corrupción, y solo en los últimos cuatro años, Perú ha tenido seis presidentes, con reiteradas crisis con el Congreso.
El exmandatario Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue recientemente liberado, pese a los reclamos de organismos internacionales. El popular expresidente Alan García prefirió suicidarse antes que comparecer ante un tribunal; Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y está en espera de juicio; Pedro Pablo Kuczynski renunció a los dos años de mandato por acusaciones de corrupción y sobornos. El último mandatario electo, Pedro Castillo, quien asumió en 2021, alcanzó a gobernar algo más de un año con un programa muy cercano a la extrema izquierda, donde pretendió cerrar el Congreso, gobernar por decretos hasta llamar a una Asamblea Constituyente. Fue destituido y encarcelado, quedando en el cargo la actual presidenta, Dina Boluarte, primera mujer en la historia en ocupar la primera magistratura. Otra vez Los Caminos de la Vida se encargaron de mostrar a Castillo que las cosas no eran como creía.
Podríamos seguir con lo que ocurre en otros países con plena democracia de la región, como Colombia o Brasil, donde los presidentes están encontrando resistencia a la implementación de reformas profundas en algunos casos. Otros, como en Ecuador, donde se esperaba el regreso de los seguidores del expresidente Rafael Correa, cuya candidata perdió las elecciones. Bolivia, con el exmandatario Evo Morales, en guerra civil con su propio partido, y donde la Corte Suprema rechazó su apelación al «derecho humano» a ser reelegido eternamente. El drama patético de Nicaragua, bajo el cogobierno de Ortega y su mujer, o el régimen semidemocrático de Venezuela, donde el gobierno levanta reivindicaciones territoriales, amenazando la paz en América del Sur, para inflamar el patriotismo como parte de la campaña para una nueva reelección del actual mandatario, Nicolás Maduro, en 2025, quien desde 2013 gobierna al pueblo venezolano.
En definitiva, podemos afirmar que Los Caminos de la Vida, o de la política, no son hoy como pensaban, no son como soñaban ni son como imaginaban, quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.
Fracasado el segundo intento de reforma constitucional en Chile, luego de tres años de un proceso que galvanizó a la opinión pública (no solo en Chile, sino también vastos sectores en el resto del continente), abundan las evaluaciones.
Para el presidente Gabriel Boric, «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». Otros dicen que los resultados expresan el descontento de la ciudadanía con las élites políticas, o que «nadie gana”, sino que “pierde la política», que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos.
Para el vocero del comando del voto «en contra» en el plebiscito del domingo pasado, el exministro Francisco Vidal, el resultado deja en evidencia que los ciudadanos rechazan «las miradas unidireccionales y de un solo lado político».
Cada uno sacó su propia conclusión, pero la mayor parte apunta en esa misma dirección. Para el exembajador y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, los chilenos se siguen ubicando en posiciones moderadas en la escala entre izquierda y la derecha. El triunfo del “en contra” –asegura– es una derrota de los extremos, que se suma a la anterior, cuando fue rechazado el primer proyecto, “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.
El 4 de septiembre de 2022, casi 62% de los votantes rechazó esa propuesta constituyente. Se convocó entonces un segundo proceso y, en mayo del 2023, una mayoría de derecha fue elegida para integrar un Consejo Constitucional encargado de presentar la nueva propuesta. Es la que fue rechazada el domingo 17 de diciembre, por casi 56% del electorado, el mismo que había rechazado la primera propuesta y que había elegido, por amplia mayoría, un Consejo Constitucional particularmente conservador.
Quizás eso es lo que lleva a los analistas a interpretar los resultados como una “derrota de la política” o una expresión de rechazo de los extremos.
La derecha y la política
Si ni el gobierno, ni la izquierda, tenían mucho que ganar en ese plebiscito, sí tenían algo que perder. Como lo señaló el senador socialista, José Miguel Insulza, “aquí no ganó ningún partido político. El país se salvó fundamentalmente de una catástrofe”. En su opinión, la propuesta constitucional en discusión era peor que la constitución vigente. La de 1980, aprobada durante el gobierno de Pinochet, a la que se hicieron diversas reformas desde el fin de la dictadura, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos.
La derecha, por su parte, se sentía cómoda con la constitución actual. Aunque no desperdició la oportunidad de haber logrado una amplia mayoría en el Consejo Constitucional para presentar una propuesta radical de su visión del mundo, que fue rechazada.
Los resultados del domingo 17 tienen, en todo caso, otras repercusiones para los grupos conservadores. Con sus sectores tradicionales desplazados por una derecha más dura en la conformación del Consejo, el rechazo del proyecto no fue un mal negocio para esos sectores, de cara al escenario electoral, dentro de dos años.
Habrá que ver quien paga la cuenta mayor: si el líder de los Republicanos, José Antonio Kast, que contaba con amplia mayoría en el Consejo, considerado el “padre” de la propuesta que algunos llamaban “Kastitución”; o la alcaldesa de la rica comuna de Providencia, Evelyn Matthey, que al principio no la veía con mucho entusiasmo, pero que terminó jugándose por su aprobación.
No es impensable que entre los dos se defina la candidatura de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.
La “izquierda” y la constitución
Si la política ha quedado en deuda con los ciudadanos, habrá que hurgar un poco en la naturaleza de esa deuda. Habrá que ver si es cierto que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos, como dicen algunos.
¡Veamos!
Para Gabriel Gaspar el rechazo a los dos proyectos constitucionales fue una derrota de los extremos. Pero si el proyecto de la derecha fue rechazado el domingo 17, la primera propuesta constituyente, también rechazada, fue otra cosa, como lo sugiere el mismo Gaspar: fue “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.
En un comentario reciente sobre los resultados electorales en los Países Bajos, en noviembre pasado, el economista español Juan Torres López expresaba la opinión de que la extrema derecha crecía porque las izquierdas desaparecían o perdían el norte. Un comentario que vale también –me parece– para el caso chileno, el argentino y, probablemente, para otros más.
“En lugar de centrarse en las cuestiones socioeconómicas”, decía Torres, la izquierda se divide, “dando prioridad a cuestiones identitarias y territoriales, o a decirle a la sociedad lo que es o no es políticamente correcto”.
En la primera propuesta constituyente chilena, dos grandes temas terminaron ocupando las portadas del debate, como dice la misma presentación del texto: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.
Más que las grandes reivindicaciones socioeconómicas, que condicionan realmente la vida de la gente (como el caso particularmente sensible del sistema privado de pensiones en Chile, pero, en general, el de la privatización de los servicios públicos), el énfasis estaba en la idea de la plurinacionalidad y el carácter paritario del proceso.
El resultado fue que el primer proyecto se alejó más de la política que el segundo. Y recibió un rechazo mayor de la población.
El segundo texto se centró de lleno en la política. Pero desde la perspectiva de una política tan conservadora que no logró contar con el respaldo de la mayoría, pese a los enormes esfuerzos realizados para imponerla.
Me ha parecido que la derecha tuvo, en este proceso chileno, más sentido de la política que una “izquierda” con su insistencia en un proyecto plurinacional (cuya discusión no está madura en el país), o en una propuesta paritaria que la derecha no tenía problemas en apoyar (un dirigente decía que las candidatas podrían ser todas mujeres, siempre que fueran como Margaret Thatcher, la muy conservadora primera ministra británica de los años 80 del siglo pasado). El problema no era la “paridad”, sino la posición política de esas mujeres.
Escribo “izquierda” entre comillas porque, para mí, esas cuestiones no definen a la izquierda. En lo identitario se confunden las posiciones políticas más variadas, que terminan dividiendo la izquierda, desdibujando su carácter político, desorientando su lucha. Lo que no quiere decir que, a la izquierda, en general, no le falte definir con más precisión su política en este tema.
Remezón de la política
La vocera del Comando del “en Contra”, la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, demócrata cristiana, calificó los resultados del domingo 17 como “un gran remezón para la política”. Su conclusión es que “Chile nos quiere a todos unidos”, “trabajando por un país que se preocupe de las personas más vulnerables”.
O, como decía Gaspar, “este segundo rechazo también puede ser leído como la incapacidad de las elites políticas y culturales del país para diseñar un pacto social que involucre a la inmensa mayoría de la nación”.
Para el periodista Marcelo Contreras, la inmensa mayoría de los ciudadanos no se siente interpelada por las disputas de los partidos políticos y “no puede entender que no logren acuerdos para resolver sus demandas”.
La derecha reaccionó de forma distinta: –Vamos a impedir que la izquierda insista en refundar Chile, dijo el presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya. El resultado –agregó– no es un respaldo para aprobar las reformas del Ejecutivo.
¿Qué reformas son esas? Las prometidas por el gobierno de Boric en su programa de gobierno. Entre ellas la tributaria, la de pensiones, la de salud. Independientemente del resultado, dijo el presidente, “vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”.
Para el presidente del senado, Juan Antonio Coloma, también de la UDI, hay que hacerse cargo de las preocupaciones de la gente: la seguridad y la economía.
Las llamadas “preocupaciones de las gentes” son normalmente esas, sobre todo la “economía” (que es la manera de manifestar preocupación por la falta de trabajo, de garantías sociales, por los bajos salarios), o la “seguridad”, tema muy presente en el debate político chileno.
Todos los políticos trabajan en lo que llaman las “prioridades de la gente”. El dilema es cómo enfrentar esas prioridades. La manera de entenderlas y enfrentarlas es lo que distingue las diferentes posiciones políticas.
En realidad, no creo en la división entre la gente y los políticos. Lo que hay es un rechazo a ciertas posiciones políticas. Las de derecha, por las razones obvias de sus intereses restringidos; la de la “izquierda” por haber abandonado los temas sustantivos de la política.
Hace dos años me decía Fernando Atria, entonces constituyente, que la forma política chilena había caducado, con las protestas de octubre del 2019, que abrieron la puerta al debate constituyente que acaba de fracasar.
“La constitución de 1980 caducó”, me dijo entonces. “La derecha cree que funciona, como si creyera que, si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo la constitución de 1980”.
Atria pensaba que iba a haber una nueva constitución, pero que también iba a seguir “habiendo política; una derecha y una izquierda con diferentes puntos de vista sobre diversos problemas”. “Es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas”.
Me parece que ahí es donde se abre el espacio para la izquierda (sin comillas), para la recuperación de una agenda perdida…
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El 31 de octubre del 2023, Bolivia anunció formalmente que rompe sus relaciones diplomáticas con Israel, ante el drama absoluto al que se ve sometida la población civil palestina por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Se trata de una campaña de bombardeos intensa, sobre una zona con una alta densidad poblacional, que ya ha causado, desde el pasado 7 de octubre, la muerte de más de 8500 personas en Gaza, de las cuales más de 3500 son niños y más de 2100 son mujeres.
El último recuento (al 31 de octubre) de víctimas mortales y heridos tanto en Israel como en Gaza y en Cisjordania realizado por una agencia de Naciones Unidas está disponible de manera detallada en este enlace y refiere que:
«Since 7 October, 8,525 Palestinians have been killed, including at least 3,542 children and 2,187 women, and about 21,543 have been injured, according to the MoH in Gaza. Among the fatalities, 995 have not been identified yet, including at least 248 children«.
Cabe precisar que, de los más de 21.500 heridos palestinos, muchos de ellos son heridos graves que yacen en hospitales o refugios parcialmente destruidos en condiciones sumamente críticas, sin agua, ni alimentación, ni medicamentos, ni flujo energético, como se detallará a continuación.
El comunicado de Bolivia en breve
En el comunicado oficial emitido por la diplomacia boliviana (véase texto) se lee que:
«consecuente con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos a la vida, la libertad, la paz, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, así como en el Derecho Internacional Humanitario, y en el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo una comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual se hace conocer la decisión del Estado Plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con ese país”.
“Exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza que han provocado, hasta ahora, miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos; así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida, violando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados”.
Es de recordar que, con ocasión de la ofensiva militar israelí terrestre en Gaza en julio del 2014, varios Estados de América Latina habían de igual forma reaccionado ante el carácter desproporcional e indiscriminado de los ataques de Israel contra la población civil de Gaza (véase nota de la BBC). En aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de escribir que:
«Un estudio pormenoriza las declaraciones y manifestaciones de los distintos jefes de Estados de América Latina a la violencia de la ofensiva militar desplegada por Israel, incluyendo el uso del calificativo de “genocidio” por parte del presidente del Uruguay, el de “masacre” por parte de la presidenta de Brasil y las ambigüedades de la posición adoptada por las autoridades de Costa Rica. En un comunicado oficial, la cancillería del Uruguay, encabezada por Luis Almagro (hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos –OEA-), no dudó en calificar de “crimen de guerra” la matanza de civiles palestinos, en agosto del 2014» (Nota 1).
En agosto de este mismo año 2014, Ecuador anunció que su Presidente cancelaba una visita oficial prevista en Israel, luego de haber llamado a consulta a su embajador en Israel el mes anterior (véase nota de la BBC de agosto del 2014).
Cabe recordar que, en el continente americano, Nicaragua rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en el 2010, a raíz del ataque de Israel a una flotilla humanitaria (véase nota de prensa de LaPrensa de junio del 2010), al tiempo que Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967. Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El Pais /España).
Las conclusiones del informe emitido por la comisión de investigación (creada en el seno de Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos – con relación a la ofensiva israelí realizada entre diciembre 2008 y enero del 2009) siguen siempre interpelando, y en particular a la luz de lo que se vive en Gaza desde el pasado 7 de octubre (Nota 2). De igual forma, en el 2014, se creó en el seno de este mismo Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación el 23 de julio del 2014, con un tablero de votación en Ginebra registrando un único voto en contra de color rojo (Estados Unidos) (Nota 3).
Una extraña sensación de «déjà vu»
Al respecto, cabe señalar que, en el pasado, ofensivas militares en Gaza realizadas oficialmente por Israel para también «eliminar a los terroristas del Hamás» han evidenciado dramáticos saldos mortíferos para la población civil palestina, muy pocamente divulgados en algunos medios de prensa internacionales:
– en el 2014, tras la ofensiva militar en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados ultimados durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen). Invitamos a nuestros estimables lectores a revisar las cifras y establecer un macabro «ratio» de víctimas palestinas por cada vida perdida por Israel.
– en el 2009, la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del este informe de Naciones Unidas). Aquí también, la misma invitación al lector es hecha con relación al precitado «ratio«.
El Anexo II (página 434 en adelante) del precitado informe sobre la operación militar del 2009 incluye la sostenida correspondencia con Israel ante su persistente negativa a cooperar con los integrantes de la comisión investigadora de Naciones Unidas.
Como dato de interés, en un reciente informe sobre los daños ocasionado en Gaza durante la única ofensiva militar israelí del 2014, elaborado por el PNUD, se estima que el monto supera los 1.700 millones de US$ al precisarse que:
«According to this preliminary assessment, the value of damages resulted by this war are estimated to reach up to $1,727,027,316″ (véase informe, p. 26).
Es probable que la respuesta militar israelí que, en estos días, consiste en «vengar» a las víctimas del 7 de octubre pasado, vuelva a condenar a gran parte de la población civil palestina de Gaza al sufrimiento y al dolor, debido a operaciones militares llevadas a cabo por Israel de manera indiscriminada y desproporcional.
El pasado 10 de octubre del 2023, la precitada comisión internacional de investigación – creada en el seno del Consejo de Derechos Humanos desde el 2021 (véase enlace) – anunció que empezaba a recabar información sobre lo sucedido desde el 7 de octubre (véase su comunicado oficial).
Una ruptura de relaciones diplomáticas en momentos en que las víctimas palestinas aumentan de forma dramática
La ruptura de las relaciones entre Bolivia e Israel se da en momentos en que las cifras sobre las víctimas en Gaza aumentan de forma dramática. Las imágenes de una población desesperada y abrumada por bombardeos incesantes, compuesta en su gran mayoría por niños y mujeres, son diarias desde que inició Israel su campaña de bombardeos en la tarde/noche del 7 de octubre.
El último estado de situaciónal 31 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial) indica el saldo siguiente desde que inició el conteo de personas fallecidas y heridas el 7 de octubre en Israel y en Gaza:
– del lado palestino, se registran en Gaza, 8525personas fallecidas y 21.543 personas heridas, a las que hay que añadir – en Cisjordania – 123 personas fallecidas y 2209 heridas; mientras que
– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como 4 muertes en Gaza (y 3 personas heridas) y una muerte en Cisjordania (y 13 personas heridas).
De manera a tener una idea de cómo evolucionan estas dramáticas cifras, el estado de situaciónal 26 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registran en Gaza, 7028personas fallecidas y 18.482 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 103 fallecidos y 1956 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como una muerte en Gaza (y 11 personas heridas) y una muerte en Cisjordania (y 3 personas heridas).
De manera a poder ver cómo evolucionan estas cifras, podemos remontar al estado de situación de hace 10 días (al 21 de octubre). El estado de situaciónal 21 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registraban en Gaza, 4385 personas fallecidas y 13.561 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 84 fallecidos y 1653 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 4932 heridas.
Así las cifras, se puede indicar que entre tan solo el 21 de octubre y el 31 de octubre, fallecieron más de 4100 personas en Gaza.
En una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizada el 30 de octubre del 2023, se leyó por parte de una alta funcionaria de una agencia de Naciones Unidas (véase texto completo) que:
«As you have just heard from [UNRWA] Commissioner-General [Philippe] Lazzarini, the situation for the more than two million people trapped in the Gaza Strip is catastrophic.
They have now endured a siege and continuous bombardment for 23 days. According to the Ministry of Health in Gaza, more than 8,000 people have been killed – 66 per cent of whom are said to be women and children. Tens of thousands more have been injured.
The scale of the horror people is experiencing in Gaza is really hard to convey. People are becoming increasingly desperate, as they search for food, water and shelter amid the relentless bombing campaign that is wiping out whole families and entire neighborhoods.
In their desperation, people have resorted to breaking into UN warehouses in search of food and water. Dehydration is an increasing concern, as is the possibility of the spread of disease and other health concerns due to unsafe water and breakdown in sewage treatment services«.
Tuvimos la oportunidad de analizar el contenido, los alcances y los pocos apoyos recibidos por Israel (y por su fiel aliado norteamericano) con ocasión de la adopción el pasado 27 de octubre por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución exigiendo una tregua humanitaria en Gaza (Nota 4). En esa ocasión, entre los 14 votos en contra que lograron reunir Israel y Estados Unidos, se registró únicamente en América Latina el voto de Guatemala y de Paraguay. En Europa, únicamente votaron en contra Austria, Croacia, Hungría y República Checa.
Chile y Colombia: llamada a consultas de embajadores
Este mismo 31 de octubre, Chile anunció haber llamado a consultas a su embajador en Israel, en señal de profunda indignación ante lo que ocurre en Gaza. Su comunicado oficial (véase enlace) se lee de la siguiente manera (reproducido de manera integral):
«Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, el Gobierno de Chile ha resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal.
Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza – no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños.
Chile reitera su llamado a un término inmediato de las hostilidades, lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles«.
Por su parte, leemos que Colombia ha procedido de la misma manera (véase enlace a su comunicado de prensa), externando por su parte (texto integralmente reproducido) que:
«Bogotá, 31 de octubre de 2023. El Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas, según lo reporta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El Gobierno de Colombia reitera la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional y el DIH.
De la misma manera, el Gobierno de Colombia reitera el llamado del presidente Gustavo Petro a la comunidad internacional, para concretar de manera urgente una Conferencia de Paz que permita adelantar diálogos que hagan posible la convivencia pacífica entre ambos pueblos.
El pleno reconocimiento de los dos Estados por todas las naciones del mundo y el diálogo entre las partes deberá traer la paz a la región.
Ante esta situación intolerable, el presidente Gustavo Petro ha decidido llamar a consultas a la Embajadora acreditada en Tel Aviv, Margarita Manjarrez».
Es muy posible que, además de Bolivia, Chile y Colombia, otras cancillerías en América Latina pero también en el resto del mundo, consideren que ha venido el momento de manifestar alguna forma de repudio ante las acciones militares de Israel desproporcionadas e indiscriminadas en contra de la población civil palestina en Gaza: es el caso de Jordania, que anunció una medida similar este 1ero de noviembre en horas de la mañana (véase cable de la agencia Reuters).
La técnica de la llamada a consultas
La llamada a consultas de un embajador es un gesto político mediante el cual un Estado hace ver a otro Estado su profundo repudio, por acciones consideradas incluso como ofensivas en algunos casos.
Se trata de una técnica bastante depurada en la práctica diplomática internacional, que envía un mensaje claro que todo aparato diplomático sabe leer.
La llamada a consultas de un embajador se considera generalmente como una primera señal, abriendo generalmente un compás de tiempo para que el Estado cuyas acciones son cuestionadas ya sea rectifique, o bien aclare o bien, proceda a cambiar su actitud.
Puede constituirse en el preámbulo para acciones posteriores más significativas de muy diversa índole, en particular cuando se considera que el Estado cuya conducta originó la llamada a consulta no ha modificado sustancialmente su actuar y ha hecho caso omiso de esta primera advertencia.
Sudamérica y lo ocurrido en Israel y Gaza desde el 7 de octubre del 2023
Es de notar que tanto Chile como Colombia habían externado, como muchos otros Estados de América Latina y del planeta, su profunda solidaridad con las víctimas israelíes a raíz del ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre en territorio israelí, en términos que tuvimos la ocasión de reproducir en su momento (Nota 5).
Por su lado, este 1 de noviembre, Brasil cuyo comunicado oficial inicial del 7 de octubre también mereció ser reproducido y se encuentra en la precitada referencia, externó su profunda satisfacción por la posibilidad de poder repatriar a 34 personas (entre nacionales y familiares) desde la Franja de Gaza (véase comunicado de prensa).
Por su parte, en un comunicado de prensa (véase enlace oficial) con fecha del mismo 1ero de noviembre, se lee desde Argentina lo siguiente:
«La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna.
Nuestro país condena, por tanto, el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados.«
Tal como se puede apreciar, la solidaridad inicialmente externada por Estados a las familias israelíes que sufrieron el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre también ahora se extiende a la población civil indefensa atrapada en Gaza frente a la campaña de bombardeos aéreos a los que procede desde esa fecha Israel bajo el argumento de querer «erradicar a los terroristas del Hamás» ya escuchado en el 2009 y en el 2014.
A modo de conclusión
Al igual que en el mes de julio del 2014, es América Latina la que ha decidido alzar el tono con Israel ante el drama que se vive en Gaza por parte de la población civil palestina, asediada por bombardeos continuos desde la tarde/noche del pasado 7 de octubre.
Las gesticulaciones habituales de Israel (véase nota de prensa del Times of Israel que recoge reacciones oficiales al gesto de Bolivia) no deberían impresionar mayormente. Muchos aún guardan en memoria el hecho que las máximas autoridades de Israel calificaran a la Corte Penal Internacional (CPI) de «antisemita» al tramitar su Fiscalía una investigación sobre lo ocurrido en Gaza en julio del año 2014 (véase nota del mismo Times of Israel de marzo del 2021).
Es muy posible que el gesto de Bolivia así como los de Chile y Colombia, así como el comunicado de Argentina, inspiren a otros Estados, ya sea recurriendo al mismo tipo de anuncio (suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas o llamada a consulta de embajadores en Tel Aviv), o congelando las relaciones comerciales con Israel, o procediendo a algún tipo de sanción de otra índole, o de recriminación pública de sus máximas autoridades: ello en señal de profundo repudio por la forma con la que Israel pretende «erradicar a los terroristas del Hamás» con su ofensiva militar en Gaza.
– Notas –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «A un año del inicio de la operación “Margen Protector”: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional«, Estudios del CURI (Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales), Núm. 7/2015, p. 14. Texto integral disponible aquí.
“1891. Las pruebas obtenidas por la Misión demuestran que la destrucción de instalaciones de aprovisionamiento de alimentos, sistemas de saneamiento de agua, fábricas de hormigón y viviendas fue el resultado de una política deliberada y sistemática de las fuerzas armadas israelíes. Esta destrucción no se ocasionó porque esos objetivos presentaran una amenaza o una oportunidad militar, sino con el fin de hacer más difícil para la población civil la vida cotidiana y las condiciones de vida dignas”. Además, el informe Goldstone indicaba que: “1929. La Misión constata asimismo que las fuerzas armadas israelíes atacaron y destruyeron ilícita y arbitrariamente, sin necesidad militar, diversos bienes e instalaciones de producción o elaboración de alimentos (incluidos molinos, tierras e invernaderos), obras de agua potable, explotaciones agrícolas y animales en violación del principio de distinción. A la luz de los hechos que pudo comprobar, la Misión constata que esa destrucción se realizó con el propósito de privar de sustento a la población civil, en violación del derecho consuetudinario que plasma en el artículo 54 2) del Protocolo adicional I. La Misión constata, además, que las fuerzas armadas israelíes realizaron una destrucción generalizada de viviendas particulares y pozos y tanques de agua, en forma ilícita y arbitraria. 1930. Además de constituir violaciones del derecho humanitario internacional, esos actos arbitrarios y generalizados de destrucción contravienen las obligaciones de Israel de respetar el derecho a un nivel de vida adecuado de la población de la Franja de Gaza, que incluye los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda y también el derecho al máximo nivel posible de salud, amparados por los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Nota 3: El tablero y el detalle del voto registrado pueden ambos revisarse en la nota que se elaboró el mismo 23 de julio del 2014. El informe de dicha comisión de investigación está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas e incluye un juego de mapas, tomas satelitales y datos estadísticos que revisten enorme interés al observarse lo que ocurre en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«, edición del 27 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ataque del Hamás en Israel y el «asedio total» anunciado como respuesta israelí: algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público«, La Revista cr, edición del 20 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.
Con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Gobierno de ese país le entregó una medalla conmemorativa a la Universidad de Costa Rica por ser una de las instituciones costarricenses que acogieron a chilenos y chilenas en el periodo de exilio forzado y, de esta manera, generar una oportunidad para su desarrollo profesional, académico y personal. Foto: Embajada de Chile.
Influencia chilena en las aulas universitarias
El gobierno de Chile homenajeó a la UCR por acoger a parte de su población exiliada hace 50 años
“No hay mal que por bien no venga”…
…o para quienes son creyentes: “Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra existencia”.
El golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973 pisoteó los derechos fundamentales de muchísimas personas y el régimen que se instauró persiguió a cuanta persona creyera como enemiga. Fue así como no pocos docentes universitarios se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y, quienes se dedicaban a generar más oportunidades para la educación en zonas rurales, fueron asociados con ideas de izquierda, una mala palabra para las nuevas autoridades, motivo suficiente para ser encarcelado, en el mejor de los casos.
Esa situación obligó a gran cantidad de intelectuales, pensadores, artistas y personas dedicadas a la academia y a la investigación a emigrar fuera de Chile. A pesar de que las redes sociales como hoy se conocen estaban muy lejos de existir, Costa Rica se convirtió rápidamente en tendencia entre las familias que se vieron forzadas a huir, por ser un país sin ejército, con estabilidad política y buenas condiciones sociales.
Tan pronto comenzó el exilio, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a la comunidad desplazada en lo que pronto se convirtió en una simbiosis de mutuo beneficio: por un lado, quienes recién llegaban “con una mano atrás y otra adelante” lograron estabilidad laboral de forma inmediata y permanente y, por otra, la Universidad dio un salto cualitativo en la docencia y en la investigación en muchas disciplinas, gracias a la incorporación de personas con alta formación académica y amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.
Uno de ellos es el filósofo y escritor Helio Gallardo Martínez, quien pronto se jubilará, luego de cinco décadas completas de ejercer la docencia y de estimular el pensamiento crítico en sus estudiantes. Al igual que la mayoría de sus coterráneos, Gallardo tuvo que salir apresuradamente de su país luego de que los militares cerraran la universidad en la que trabajaba al sur de Chile, vaciaran su cuenta de ahorros, lo encarcelaran por algunos días sin ninguna justificación y le dijeran a su padre que no podían garantizar la vida de su hijo, lo cual se interpretaba como una sentencia de muerte.
Fue así como, primero, se trasladó a la capital, pensando que ahí pasaría desapercibido. Sin embargo, al notar el miedo imperante en su círculo más cercano de amistades, decidió trasladarse a México, donde ya había una buena cantidad de migrantes chilenos. Gracias al apoyo económico de algunos conocidos, reunió el dinero para viajar primero a Costa Rica y, posteriormente, a México. No obstante, decidió no llegar hasta su destino final porque en el país centroamericano encontró las condiciones sociales con las que muchos soñaron con Allende en Chile.
Ya en suelo nacional, por poco tiempo se dedicó a vender libros y a cuidar casas de familias amigas, porque la Universidad de Costa Rica lo contrató como profesor en 1974, gracias a la intervención de los llamados “chilenoides”, entre los que destaca al escritor Isaac Felipe Azofeifa, quien había estudiado en Chile y guardaba un gran aprecio por el país suramericano y su gente.
“Al inicio se organizaron algunas reuniones a las que llegábamos unos 25 o 30 profesores chilenos que había contratado la Universidad de Costa Rica, la mayoría varones. Recuerdo que tomamos el acuerdo de no aspirar a ningún cargo porque ya era suficiente con que la Universidad nos diera trabajo. Pero muchos no cumplieron su palabra y, tan pronto terminó la reunión, salieron a postularse a puestos de dirección”, recuerda Gallardo entre risas.
La estabilidad que Gallardo encontró en Costa Rica sepultó sus intenciones de retornar clandestinamente a Chile y, poco a poco, fue arraigando su corazón a la nueva tierra que lo recibió. Su corazón rebosa de agradecimiento al recordar la generosidad de la UCR y sus autoridades, quienes siempre cuidaron de suplirle trabajo a él y a sus compatriotas exiliados. “Lo que más se puede resaltar es el agradecimiento de la recepción y el hecho de que para el 74 ya estábamos todos trabajando acá, cosa que en Chile no lo hubiéramos conseguido”, recalcó el escritor.
Gallardo y su entonces esposa, Lilian Arriagada Morales, contribuyeron con la academia en el Centro Regional de San Ramón de la UCR (actual Sede de Occidente), al igual que Enrique Margery Peña y su esposa, Mafalda Bertoglia Richards, quienes lo hicieron desde la investigación de lenguas originarias costarricenses y la enseñanza de lenguas modernas, respectivamente. A estas dos parejas chilenas las recuerda muy bien Luis Fernando Arias Acuña, director del Centro Regional de San Ramón de la UCR entre 1973 y 1977.
“Llegar a San Ramón en aquella época era toda una epopeya, se tardaba muchísimo. Esa circunstancia, junto con la escasez de recursos, no convencía a la gente del Valle Central a trabajar en el Centro Regional. La mayoría éramos muy jóvenes y nos faltaba experiencia. Así que la llegada de los chilenos la vimos con muy buenos ojos, porque nos abría la oportunidad de consolidar y mejorar académicamente en un Centro Regional que estaba dando sus primeros pasos”, recordó Arias.
Y así fue. Helio, Lilian, Enrique y Mafalda invirtieron alma, vida y corazón en el incipiente proyecto de regionalización universitaria que había iniciado la Universidad de Costa Rica tan solo cinco años antes del golpe de Estado en Chile. A falta de una estructura y una normativa que definiera con claridad los objetivos de lo que posteriormente se llamó Centro Universitario de San Ramón, Arias tuvo en las dos parejas chilenas una asesoría de altísimo nivel para darle un norte a la primera sede regional de la UCR, en vista de que ambas ya contaban con amplia experiencia académica y de investigación en universidades chilenas de gran trayectoria.
“Nombré a Enrique Margery como coordinador de investigación porque esa era su pasión y tenía mucha experiencia de esa índole en el campo de la filología y la lingüística. Se interesó mucho en las lenguas originarias amerindias y creo que es la persona que más ha incursionado en ese campo, junto con Adolfo Constenla. Ambos hicieron de su quehacer un campo fenomenal, de crecimiento intelectual y una ayuda de conocimiento para el país de lo que son los ancestros filológicos de la gente originaria de Costa Rica”, resaltó el exdirector de la actual Sede de Occidente de la UCR.
La actividad también sirvió para inaugurar una exposición del pintor chileno Julio Escámez, quien también vivió su exilio en Costa Rica. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos, 50 personas de origen chileno han laborado para 35 distintas unidades dentro de la Universidad de Costa Rica desde 1997. Este número podría ser mayor si se incluyen a las personas que salieron del sistema antes de ese año. Foto: Embajada de Chile.
Adicionalmente, Margery y Bertoglia contribuyeron a concretar proyectos que pusieron a San Ramón en el radar de la educación superior costarricense, como un laboratorio de idiomas de última generación, el primer circuito cerrado de televisión, el mejoramiento de los laboratorios y adquisiciones estratégicas para la biblioteca.
Años más tarde y sin abandonar la docencia y la investigación, ambas parejas se trasladaron a ejercer otros cargos en la sede Rodrigo Facio de la UCR, donde coincidieron con otros exiliados chilenos, ya fuera como colegas o como estudiantes. Este fue el caso de Ximena del Río Urrutia, una chilena que arribó al país a sus 13 años, pocos meses antes del asalto al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile en 1973.
“Conocí a la gente chilena que llegó con el exilio hasta que entré a la U en el 76. Ahí conocí a Helio Gallardo y tuve profesores como Enrique Margery y Gastón Gainza, entre otros. Pero vino gente no solo de Letras, sino también de Ciencias Sociales, de Salud Pública, de Biología, de Teatro, de Danza. La mayoría de ellos ya eran profesores universitarios que les vino muy bien ser contratados por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Nacional porque pudieron continuar desempeñándose en la academia. Prácticamente, en todas las áreas hay algún chileno de los setenta detrás que impulsó, que abrió y que tuvo un efecto positivo en la gente”, subrayó del Río.
La hoy profesora jubilada de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura considera que el cálido recibimiento que Costa Rica le dio a la comunidad chilena exiliada obedeció a una larga y positiva relación entre ambos países, vínculo que se ha mantenido en el tiempo y que ha permitido la llegada de nuevas generaciones de docentes a lo largo de cinco décadas, como el caso de Adrián Vergara Heidke, quien se radicó en el país por razones familiares entrado el siglo XXI y ahora se desempeña como docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas.
Para Vergara, la huella que han dejado sus compatriotas en la Universidad de Costa Rica le ha permitido gozar de un excelente recibimiento y acogida por parte de la comunidad nacional y universitaria. Sin embargo, también es consciente de la responsabilidad que ello implica al tener que honrar el legado de sus antecesores y verse en ellos como en un espejo.
“Eso lo obliga a uno a seguir los mismos pasos, a exigirse y a entregar. Algo que ellos hicieron, y que considero muy importante, fue entregar las cosas a Costa Rica: su conocimiento, su experiencia, su trabajo, no en una visión egoísta de aprovecharse personalmente de la oportunidad, sino de entregarse a la universidad, a los colegas, a los estudiantes y al país. Esa fue la medida que dejaron para quienes llegamos después”, enfatizó el investigador.
De aquel grupo inicial, Vergara resalta su pensamiento crítico, su energía y su proactividad en la generación de conocimiento y en la ejecución de proyectos novedosos. De acuerdo con el docente, estas características nutrieron y reforzaron el papel social y académico de la Universidad de Costa Rica.
Esa entrega total es la que María Bonilla Picado, exdirectora de la Escuela de Artes Dramáticas, recuerda de Sara Astica, actriz chilena de gran trayectoria que laboró como docente en esa misma Escuela. De ella, resalta que su talento siempre lo acompañaba con muchísimo trabajo, con una férrea disciplina y con un respeto absoluto al trabajo de actores, directores y diseñadores en el escenario, cosas que solo se pueden transmitir a los estudiantes mediante el ejemplo, con una práctica constante en cada ensayo, en cada clase, en cada función, en cada temporada.
“Era una mujer de una ética muy sólida y con una convicción ideológica, política y social importante. Ella entendía que hacíamos teatro también para comunicarnos, para expresar nuestras dudas sobre las cosas que estábamos viviendo, para rescatar hechos históricos, para denunciar problemáticas sociales y eso se lo transmitió y se lo aportó a los estudiantes, a sus compañeros y colegas”, apuntó Bonilla.
Y así como los casos aquí reseñados de Gallardo, Margery, Arriagada, Bertoglia, del Río, Vergara y Astica, existen muchísimos más que han dejado una huella profunda, más que en la academia y en la investigación, en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlos, porque más allá de generar conocimiento, se dedicaron a sembrar vida, con lo que sí dieron un golpe definitivo, pero un golpe a la muerte que en algún momento los asedió.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, recibió la medalla conmemorativa a nombre de toda la Institución. Foto: Embajada de Chile.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
