Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.
EI: A 51 años del golpe de estado en Chile ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?, ¿seguimos teniendo justicia en la medida de lo posible?
PR: en primer lugar señalar que a 51 años del golpe de Estado, los familiares y las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos siguen luchando por conocer toda la verdad y lograr justicia total, lo que demuestra que se ha avanzado lentamente desde el retorno a la “democracia” desde 1990 hasta hoy. Muchos familiares han muerto sin obtener justicia, muchos familiares de detenidos desaparecidos aún desconocen el destino de los suyos.
El año pasado el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de quienes sufrieron desaparición forzada y desde el anuncio hasta hoy no han habido resultados concretos, no hay equipos nuevos que estén operando, buscando a nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, no hay avances en la identificación de los restos óseos que están en manos del Servicio Médico Legal, lo que demuestra que todo ha seguido en la “medida de los posible”.
Sería muy largo responder cómo estamos en materia de derechos humanos. Sólo quisiera agregar algunos hechos importantes: han seguido registrándose casos de tortura, abuso policial, desaparición forzada; siguen existiendo presos políticos, chilenos y mapuches, en las cárceles; aún hay muchas familias sin acceso a la vivienda, a un trabajo digno, siguen las largas listas de espera en los hospitales. En otras palabras, sigue existiendo desigualdad en Chile.
En la marcha por los Derechos Humanos del pasado 8 de septiembre, la policía volvió a reprimir, lanzando incluso gases lacrimógenos a los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
EI: Y sigue la Constitución de 1980…
PR: Claro que continua y es una vergüenza que Chile, que se declara un país democrático, siga siendo regido por la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura encabezada por Pinochet. Si bien es cierto, hubo posibilidades de cambiarla, los poderes reales, la derecha, la oligarquía, y muy posiblemente las agencias estadounidenses, realizaron una enorme campaña del terror, desinformativa, psicológica, con un alto financiamiento, para confundir e influir en la población para que rechazara la primera y mejor propuesta constitucional. El interés de los grandes poderes es que se mantenga la desigualdad y el modelo neoliberal que garantiza sus privilegios y negocios.
EI: ¿Cuál cree que es la señal que está dando el gobierno de Gabriel Boric al permitir que su Ministra de Defensa se reúna con destacados generales del Comando Sur de los Estados Unidos y se firme, además, un acuerdo de “cooperación” en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa del país?
PR: La señal para Estados Unidos y el mundo es que nuestro país sigue bajo el mandato estadounidense y que somos dependientes de ellos, tanto a nivel económico como político. Para nosotros, es una vergüenza que Chile, que su Ministra de Defensa y que el gobierno, se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarizando del mundo, siguen las guerras, y Estados Unidos es responsable.
EI: ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina y dónde están desplegadas?
PR: Se estima que en América Latina existen más de 70 bases militares y no me refiero únicamente a las típicas, como la que existe en Guantánamo – contra la voluntad de Cuba – o la que existe en Honduras, en Soto Cano, o las que existen en Colombia. También consideramos bases a todos los radares, a los acuerdos para usar pistas de aterrizaje; la base NAMRU-6 en Perú que hace investigación de enfermedades infecciosas y que representa un peligro para todo el continente. También existe presencia militar y la base en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, la OTAN. Existe una fuerte presencia militar estadounidense y ejercicios militares conjuntos permanentes. A esto debemos sumar que EE.UU. sigue dando entrenamiento a militares y policías en la nueva Escuela de las Américas, la que actualmente se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). También existe la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que opera en El Salvador, y donde se forman policías, fiscales y jueces de América Latina. En fin, de distintas formas EEUU sigue manteniendo su influencia y hegemonía en nuestro continente como el “gran hermano” que se siente.
EI: Cambiando de tema, ¿Cómo se podría resolver el conflicto entre palestinos e israelíes para alcanzar la paz?
PR: Este tema es muy complejo, ya que el Estado de Israel fue creado en territorios del pueblo palestino. Entonces, la única solución es que Israel devuelva todas las tierras que son palestinas, libere a todos los prisioneros palestinos, y cese la violencia contra la población. Para que esto ocurra, Israel debería dejar estas tierras, debería comprar o llegar a acuerdos con otros países para disponer de territorios, en otra parte del mundo, para establecerse, y sin duda es un ese es un escenario muy complejo.
La otra alternativa, es que pudieran convivir pacíficamente en los territorios asignados por la ONU, que entregó, en 1947, una parte de las tierras palestinas a Israel. Para eso deben llegar a un acuerdo y lo principal, debe cesar la violencia contra el pueblo palestino y la acción de los colonos israelí que se han ido apropiando de territorios que habían sido asignados a los palestinos.
Ha sido muy triste, muy desgarrador, la guerra contra el pueblo palestino. Han sido asesinados principalmente mujeres y niños. En este conflicto, Estados Unidos es responsable ya que financia y envía armas al ejército israelí.
EI: ¿Qué piensas del conflicto entre Ucrania y Rusia?
PR: Nosotros lamentamos esta guerra provocada entre dos pueblos que han sido hermanos. Comenzó el 2014, cuando Estados Unidos apoyó e instigó un golpe de Estado en Ucrania, las nuevas autoridades comenzaron a perseguir a la población lingüística y culturalmente rusa en el Donbás, y a pesar de que se firmaron los acuerdos de Minsk, el 2014 y 2015, para cesar la violencia y donde se comprometían a dar autonomía a esta zona, siguieron asesinando a ucranianos-rusos, incluyendo a muchos niños. El gobierno ucraniano no respetó los acuerdos. A eso, debemos sumar que Ucrania se fue militarizando y que tiene la intención de ingresar a la OTAN, que quiere tener armas nucleares. Toda esta situación fue vista como amenaza por Rusia y finalmente se desencadenó la guerra que dura hasta el día de hoy.
Esta guerra ha sido provocada, detrás de ella se encuentra Estados Unidos, hay intereses geopolíticos, económicos, de dominación. Por un lado, y desde mucho antes, se tiene la intención de destruir a Rusia, de debilitarla, de ponerla de rodillas, y para este plan se está usando a Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, ha logrado mediante las sanciones, que Europa deje de comprar gas y petróleo a un precio muy económico a Rusia y comprárselo a ellos. La guerra ha beneficiado también al Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una Rusia con poder ni menos que Europa vaya creciendo. Algo parecido, está ocurriendo contra China que EE.UU. también quiere destruir.
Tanto Estados Unidos como la OTAN están muy involucrados en la guerra en Ucrania contra Rusia. Pedimos un alto al fuego y negociaciones de paz ahora.
EI: ¿Cómo llegamos a este momento en que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?
PR: Mi pensamiento es que Estados Unidos siempre va tener o encontrar un pretexto para seguir militarizando y controlando el mundo. En teoría, nos quiere supuestamente ayudar y proteger, pero realmente no hay más que su intención de mantener su dominio, hegemonía, el destino manifiesto. Tanto las drogas, el crimen organizado, como el fenómeno del terrorismo son posibles por la presencia del modelo neoliberal que destruye y deshumaniza a la persona.
EI: ¿Qué esfuerzos se están realizando para detener la militarización del continente?
PR: Existen muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la paz. Entre ellas está el Consejo Mundial por la Paz, la Red Internacional No a la Guerra No a la OTAN, la Alianza CONVIDA-20 o el Servicio Paz y Justicia por toda América Latina, que realizan acciones para denunciar la militarización, para oponerse al gasto militar, para oponerse a la guerra y promover una cultura de paz. Es una vergüenza que nuestros países y en todo el mundo se gasten enormes sumas de dinero en armas para la muerte mientras, no hay trabajo, no hay hospitales, no hay buena educación, hay niños y personas viviendo en la calle. Queremos un mundo en el que podamos vivir como hermanos y recordando a Víctor Jara, tenemos El Derecho de Vivir en Paz.
Foto Archivo: Pablo Ruiz al lado izquierdo del ex sacerdote Roy Bourgeois fundador en Estados Unidos del movimiento contra la Escuela de las Américas (2015).
»Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor», dijo el Dr. Salvador Allende aquel tenebroso 11 de setiembre de 1973, instantes antes de morir.
El asesino vitalicio Augusto Pinochet, fiel a los deseos de Richard Nixon y los «aristócratas» chilenos que ante la presencia de «los rotos» veían perder el «señorío» palaciego del Palacio de La Moneda, cobardemente ordenó bombardear con aviones Hawker Hunters el palacio presidencial. Su objetivo: asesinar al Presidente Constitucional de Chile. Dignísimo «compañero» quien rechazó rendirse y refugiarse en una embajada de nación amiga, como la de Costa Rica, a la que don Pepe le instó asilarse.
¡Jamás! podríamos olvidar el momento de las firmes palabras del Presidente, a través de la radio, con interferencias provocadas por los fascistas, en medio del ruido macabro de las armas pesadas, los tanques y camiones por las calles y el vuelo de los aviones a reacción.
Para entonces vivíamos en un apartamento en calle Mac Iver con Huérfanos, a pocas cuadras de La Moneda, desde donde la pesadilla dejaba de ser tal; el anunciado golpe de Estado se estaba ejecutando. Fue el inicio de una larga y sangrienta dictadura militar, donde los asesinatos, la tortura, los desaparecidos y los robos al Estado, eran cotidianos. Ya Víctor Jara no cantaba en el Teatro Municipal, ni se escuchaba la voz grave y lenta de Pablo Neruda, el eterno poeta que murió de pena.
Pero un día la estrella de la bandera chilena volvió a brillar, y por fin, se abrieron de nuevo las grandes alamedas, se condenó a Pinochet y otros criminales uniformados, se expulsó a los que usurpaban el poder político y, por karma del destino, el siniestro Richard Nixon fue expulsado cual vil delincuente de la Casa Blanca…
A días de cumplirse 51 años del golpe de Estado en Chile, aún le duele el alma a este país, aún tenemos justicia en la medida de lo posible, aún tenemos familiares de las víctimas exigiendo por una verdad total, por reparación y por garantías de no repetición, aún tenemos un pueblo que hace 5 años salió a las calles con la esperanza de grandes y necesarios cambios, una nueva Constitución que nos permitiera construir un país más justo y solidario para todos y todas. Y sí que nos duele el alma al mirar dónde estamos, al mirar el rostro de Fabiola Campillai, de Gustavo Gatica y de los más de 400 lesionados oculares.
Estamos en medio de una realidad que nos avergüenza, en medio del avance de un negacionismo impulsado por una derecha corrupta que se jacta de su poder, estamos en una realidad en que los responsables de los crímenes de la dictadura de Pinochet han ido muriendo en silencio y sin condena, sin el mínimo de humanidad para decirnos dónde están los cerca de 1100 detenidos desaparecidos que aún claman ser encontrados.
Y aun así muchos se atrevieron a soñar nuevamente, luego del estallido social de 2019 volvieron a creer en el gobierno que llegó a dirigir nuestros destinos el año 2022, con promesas de cambio y compromiso con los derechos humanos, pero no ha sido lo que se esperaba y el ciudadano común se siente traicionado porque una vez más las promesas quedaron impresas sólo en los afiches y palomas de la campaña electoral.
Y en el remolino de des-informaciones, hace unos días nos enteramos por la prensa casi como si fuera una noticia de relleno, que la ministra de Defensa chilena Maya Fernández tuvo un encuentro con destacados generales norteamericanos, una reunión en que el Comando Sur de Estados Unidos reafirmó su “cooperación” con Chile en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa y el ataque del país. Ministra con cupo PS en el gobierno que poco hemos visto en los grandes temas nacionales.
Historias de abuelos
Y aquí me tomaré una licencia y les contaré unas historias de abuelos, que, aunque no parezca tiene tanto que ver con lo que sucede hoy en Chile. Hace unos días me contaban que la diputada Emilia Schneider visitó el ex Campo de Concentración de 3y4 Álamos, y que a través de sus palabras reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y los derechos humanos. Ella es bisnieta del valiente General y comandante en jefe del Ejército, René Schneider.
A él, ese hombre querido, respetado y recordado por su postura de neutralidad y prescindencia política de las fuerzas armadas, a él lo asesinaron. Un grupo de extrema derecha llamado Patria y Libertad, financiado y armado por la CIA, lo intentó secuestrar el 22 de octubre de 1970 en la comuna de Las Condes, él se defendió y enfrentó a los secuestradores con su revolver que no alcanzó a percutar, como lo haría un verdadero militar, como un militar de honor, no como un cobarde traidor y es asesinado por este grupo compuesto principalmente por “hijitos de papás” como les decimos en Chile a los hijos privilegiados de familias poderosas y adineradas, jóvenes que después del golpe se transformaron en empresarios y hoy pasan desapercibidos en sus fundos y empresas como buenos patrones, viviendo una vejez tranquila, esa que no tuvo el valiente soldado Schneider, el general de José Miguel Carrera.
La historia de Salvador Allende es parecida, pero él era un civil, un presidente honesto que recogió el dolor de su pueblo y quiso transformarlo en un futuro más justo, y que ante tamaña afrenta fue duramente castigado por Estados Unidos, quienes financiaron – sin escatimar gastos – atentados, desinformación, traiciones y el golpe militar que lo derrocaría y que cambió para siempre el destino de este pequeño y lejano país. Y sí, Allende – el presidente – no se sentó a negociar tratados internacionales ni acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, al contrario, siempre tuvo claro que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes y ellos también lo sabían, por eso como dato, antes de su llegada a la presidencia abandonaron rápidamente la base militar que habían instalado a mediados de los 60 en Isla de Pascua, y vieron con horror los procesos de nacionalización del cobre y el avance de la reforma agraria. Por eso nos cuesta entender – que su nieta – la ministra, orgullosamente reciba estas visitas para conversar sobre cooperación en materia de defensa. Que corta es la memoria, y que largo es el olvido.
La historia de mi abuelo Manuel Leiva Riquelme es otra, un campesino que vivía de inquilino en el fundo de los patrones Bunster en la IX región. Alguna vez les conté que a mi abuelo lo mataron en mayo de 1957, fue encontrado junto a su caballo, lo habían arrojado a una laguna para que no hallarán su cuerpo. No lo conocí, he visto fotos de él y creo que somos muy parecidos, y desde niño he sentido que pide justicia por él y por los muchos sin nombre como él. Pero a nadie le importó, ni a los patrones, ni a las policías, ni a los jueces, sólo a mi abuela, a sus hermanos y a sus hijos e hijas, entre ellas mi mamá. Mi conexión con el abuelo es única, es un hilo que nos conecta con el campo, con el cuidado de la tierra, con la siembra, lo llevo en la sangre. Pero, aunque él no haya sido conocido ni importante, jamás traicionaré su memoria, en ella guardo lo mejor de mí mismo y creo que es lo mismo para todos, por ello respeto a la diputada Schneider y me sorprendo por la ministra Fernández, claramente no es solo su responsabilidad, detrás de ella hay una línea política de un gobierno – lleno de nietos y nietas – que olvida el pasado y avanza ciegamente en dirección desconocida.
El establishment chileno quiere estar del lado del capitalismo
Que vergüenza el gobierno “progresista” de Gabriel Boric, tal vez confundidos con la idea de alcanzar el progreso, centran su accionar en intereses económicos y prebendas, que incluyen el entreguismo y la alineación con el imperialismo y con hacha en mano siguen destruyendo el bosque y algunos creen que por tener el mango de madera es un aliado. No es así, nos sentimos engañados, siguen desviando la atención hacia temas irrelevantes, mientras la reforma al sistema de pensión es letra muerta, la condonación del CAE no tiene financiamiento, la reforma tributaria hecha polvo y barrida bajo la alfombra; listas de espera eternas en salud, plan de búsqueda que no busca y el compromiso férreo de liberar a los presos políticos del estallido social se ha ido saliendo claramente de sus prioridades… la lista es larga.
Y aunque nos duela el alma ante tanta indiferencia y superficialidad, a nosotros nos queda seguir alzando la voz desde cada espacio, en cada foro, en cada calle, a nosotros nos queda no rendirnos, no perder la memoria, a nosotros nos queda recordar a los miles de hombres y mujeres valientes que lucharon por una sociedad más justa, a nosotros nos queda gritar sus nombres, recordar sus rostros, buscar sus restos. Lo haremos, sepan que lo haremos, nosotros, nuestras madres, nuestros padres y hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos y nietas valientes, los que no dejan espacio al olvido.
Lamentablemente nos enteramos hace unos días que la diputada RN Camila Flores, junto a un Consejero Regional visitó en la cárcel de Molina al ex Capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio efectivo, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras el hecho que en noviembre de 2019, le costó el sentido de la vista, el gusto y el olfato a la Senadora Fabiola Campillai (foto adjunta); hecho que fue y es repudiado tanto a nivel nacional como internacional por el uso desmedido de la fuerza aplicado por carabineros durante el estallido social.
Han pasado los años y vemos que la derecha chilena no cambia, no pide perdón, no se cuestiona, no aprende, al contrario se presentan orgullosos con su verdadero rostro justificando lo injustificable; tergiversando y mintiendo si es necesario, así como años atrás visitaban criminales de lesa humanidad en Punta Peuco negando la dictadura de Pinochet, hoy visitan y solidarizan con quienes cumplen condenas establecidas por los tribunales de nuestro país por violaciones a los Derechos Humanos, calificándolas de “injustas”.
Lo que hace la diputada Camila Flores es muy similar a lo que hizo la Diputada Luisa Cordero, y exigimos que sea llevada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y no sólo por cuestionar las decisiones de un poder del Estado autónomo, también por su falta de humanidad y sin duda, porque detrás de sus declaraciones hay un claro acto de negacionismo, que busca hacer invisibles a las y los cientos de jóvenes que perdieron sus ojos y a quienes murieron en las calles de nuestro país buscando un poco de justicia y equidad social.
La inmoralidad de la derecha no tiene límites ni fronteras, su doble moral es impresentable, leyes para proteger las AFP, leyes para reprimir la protesta social, leyes y platas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, leyes para proteger a las empresas privadas y nuevamente, a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad intentan lavarles la imagen.
Otra vez quieren que demos vuelta esta negra página de nuestra historia, otra vez se sienten dueños de la verdad, otra vez quieren que olvidemos. Desde la sociedad civil, desde los partidos y movimientos políticos de izquierda, desde todas las veredas progresistas debemos defender la memoria, nuestra memoria; y en esta tarea no ayudan los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos: lo que antes fue un estallido social lo han trasformado en un estallido delictual, los presos políticos de la revuelta hoy son tratados como delincuentes comunes; han borrado las huellas de Plaza Dignidad para que vuelva a ser Plaza Italia, Piñera pasó a la historia como un gran estadista tras su muerte, y en esta tendencia quizás estén pensando en devolver la estatua del general Baquedano al sitio desde donde el clamor popular la sacó.
La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas.
Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.
Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.
La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares.
En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación.
Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.
A 10 de julio de 2024
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.
La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 6 de agosto del 2024, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México remitieron a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sus observaciones con relación al anuncio hecho por parte del Fiscal a la CPI el pasado 20 de mayo, solicitando la emisión de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás y contra dos dirigentes en Israel: su Primer Ministro y su Ministro de Defensa.
Se trata de una solicitud del Fiscal de la CPI a los jueces de la CPI que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1).
Es de notar que el 26 de junio del 204, la prensa israelí se hizo eco de una información sobre la posibilidad de que estas órdenes de arresto se materializaran en cuestión de semanas (véase nota del Times of Israel). 24 horas después, el mismo medio israelí informó de una gestión ante la CPI por parte del Reino Unido para aplazar la emisión de estas órdenes de arresto (véase nota).
El drama indecible que se vive en Gaza
En el último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 5 de agosto del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 1 and 5 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 143 Palestinians were killed and 341 were injured. Between 7 October 2023 and 5 August 2024, at least 39,623 Palestinians were killed and 91,469 were injured, according to MoH in Gaza. Moreover, according to the Gaza Government Media Office (GMO) and Palestinian Civil Defense (PCD), there are some 10,000 people reportedly missing or under rubble in Gaza. The MoH documents the full identification details of casualties and has recently published the breakdown of 28,185 out of 37,900 fatalities as of 30 June for whom full details have been documented by MoH (also available on the Health Cluster’s Unified Dashboard here); according to MoH, these reportedly include 9,351 children, 5,320 women, 2,414 elderly, and 11,100 men. The documentation process is ongoing by the MoH. Fatalities include 885 health workers, MoH further reported«.
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimicen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
Las observaciones remitidas a la CPI por Estados de América Latina en breve
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En cuanto a Bolivia, optó por suscribir un texto conjuntamente con Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica: se trata de un grupo de Estados que tempranamente remitió una solicitud urgente («referral«) a la CPI con fecha del 17 de noviembre del 2023 (véase texto).
El documento presentado por Brasil está disponible en este enlacey se recomienda su lectura.
En el documento presentado por Colombia este 6 de agosto en La Haya (véase texto completo), Colombia (como Brasil) hace ver que la jurisdicción de la CPI debe aplicarse a todos los territorios palestinos ocupados, incluida Gaza, y que de ninguna manera se puede aceptar la idea que los acuerdos de Oslo de 1993 limitan o condicionan la aplicación plena de la jurisdicción de la CPI para examinar, investigar y sancionar a responsables de actos particularmente graves que califiquen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas militares de Israel.
En el párrafo 21 de su comunicación, Colombia precisa que:
«21.Without a doubt, international norms governing accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide, embody peremptory norms of international law accepted as such by the international community as a whole. Because of this high normative statute, States cannot be dispensed from the obligation to comply with these norms based on a bilateral agreement«.
Haciendo eco a lo dictaminado recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del pasado 19 de julio, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2), Colombia señala además que:
«23. The International Court of Justice also referred to the Oslo Accords in its Advisory Opinion concerning ïhe Legal Consequences arisingfrom the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rendered on l9 July 2024.The Court stated that «…the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory«.
La referencia a la reciente opinión consultiva de la CIJ reaparece en un gran número de opiniones enviadas a la CPI en este inicio del mes de agosto: sin lugar a dudas, se trata de uno de los primeros efectos de esta histórica opinión consultiva de la CIJ, llamada a inspirar no solamente a Estados y a los jueces de la CPI, sino a muchos jueces a nivel nacional a los que se les ha solicitado ordenar un cese de exportaciones de armas hacia Israel y de bienes y materiales que Israel utiliza para consolidar la ocupación ilegal del territorio palestino. Se trata de una opinión consultiva de la CIJ que desde ya está llamando a muchos juristas a exigir una revisión completa de las relaciones bilaterales de la Unión Europea (UE) con Israel (Nota 3) y que debería inspirar a muchos otros a exigir una revisión similar en otras latitudes del planeta.
Por su parte, en la opinión conjunta dada a conocer por Chile y México (véase documento), ambos Estados reafirman también la plena competencia de la CPI para examinar la situación en el territorio palestino, lamentando la maniobra del Reino Unido y su efecto dilatorio (véase párrafos 7-8) para la emisión de las órdenes de arresto antes mencionadas, solicitadas desde el 20 de mayo por el Fiscal de la CPI. Cabe recordar que en enero del 2024, Chile y México remitieron de manera conjunta un «referral» de carácter urgente a la CPI (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2024 de Chile).
En el texto suscrito por Bolivia, así como por Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica (véase texto completo), se lee en la parte conclusiva que:
«32. The Court has duly defined the territorial scope of its jurisdiction in the Situation in Palestine. The matter is therefore res judicata. To the extent that renewed challenges to the Court’s jurisdiction are made, these must be undertaken in conformity with the Rome Statute.
The Court at present is only required to determine whether arrest warrants may be issued in terms of article 58, the requirements of which have been met. The Oslo Accords are not a bar to the Court exercising its jurisdiction. Any challenge to jurisdiction in individual cases may only be raised in accordance with article 19«.
La etapa procesal en breve
La comunicación remitida por Colombia a la CPI ha sido precedida por las de Irlanda (véase documento), así como de Noruega, presentada el 5 de agosto (véase documento completo) que van ambas en la misma dirección, así como por Palestina (véase documento).
El hecho que, desde la misma ciudad de Oslo, se precise a la CPI los alcances de los acuerdos de Oslo de 1993 con relación a su competencia, resulta bastante llamativo.
En la dirección contraria, alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar únicamente con un documento emitido por Alemania (véase documento), Estados Unidos (véase documento), Hungría (véase documento) y la República Checa (véase documento); en el caso de Estados Unidos, los párrafos 16-26 de su escrito constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Israel también ha podido contar con las opiniones provenientes de diversos académicos y organizaciones que buscan limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal internacional a los crímenes cometidos por Israel en el territorio palestino ocupado.
Entre las opiniones que emanan de académicos y de organizaciones en materia de derechos humanos, muchas refuerzan significativamente las posiciones sostenidas por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México: véase en particular una de las primeras opiniones en llegar a La Haya de un reconocido académico norteamericano (véase documento), y la suscrita por dos de sus colegas con amplia trayectoria (véase documento); así como la opinión de una ONG basada en Ginebra (véase documento), la de dos ONG radicadas en Francia (véase documento), la remitida por dos entidades basadas en Londres (véase documento), y la enviada por dos organizaciones basadas en Egipto y en Ramallah en Palestina (véase documento), entre muchas más opiniones.
A modo de conclusión
Lo llamativo es que esta etapa procesal no contemplada se debió a una maniobra inicial del Reino Unido formalizada el 11 de junio del 2024, la cual llevó a la Sala de lo Preliminar de la CPI a adoptar una decisión el 27 de junio del 2024 otorgando un plazo para la presentación de escritos sobre lo alegado por el Reino Unido (véase decisión del 27 de junio).
Nótese que en el párrafo 7 se lee que:
«The United Kingdom requests that the Request be reclassified, because ‘[t]he sensitivity of the situation and the need for secrecy in certain aspects do not mean that this particular Request needs to be secret or confidential’ and asks permission to file its observations, if granted, publicly. The Chamber instructs the Registry to reclassify the Request as ‘public’. The Chamber further agrees that given the matter the United Kingdom wishes to address, its observations may be filed publicly«.
El 1ero de julio, el Reino Unido solicitó una prórroga adicional a la Sala de lo Preliminar de CPI para remitir su opinión jurídica (véase solicitud), la cual fue otorgada unos días después, el 4 de julio (véase decisión).
En la doctrina especializada, se ha criticado duramente estas decisiones de los tres jueces de la CPI, al abrir un compás de tiempo innecesario que no se ajusta en lo más mínimo a la práctica de la CPI, ni tampoco a la urgencia de la situación en Gaza (Nota 4). El hecho que, en el caso de Rusia, una Sala de lo Preliminar de la CPI emitiera sin mayor preludios órdenes de arresto contra dos altos dirigentes rusos (incluyendo a su Presidente) debido a la comisión de crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, constituye un dato reciente (2023) de cierto interés.
Ahora bien, la gestión dilatoria inicial del Reino Unido sufrió un imprevisto para sus gestores y promotores: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, las nuevas autoridades británicas no consideraron necesario continuar la gestión iniciada, optando simplemente por no presentar ningun alegato sobre la supuesta limitación a la competencia de la CPI que derivaría de los acuerdos de Oslo de 1993: véase al respecto esta nota de The Guardian del 26 de julio del 2024.
Es de notar que en el hemisferio americano, Israel no pudo esta vez contar con un Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 como Canadá, usualmente muy solícito a los requerimientos provenientes de Israel, ni tampoco con insumos provenientes de Guatemala. En cuanto a la opinión jurídica enviada a la CPI por parte de Estados Unidos, plantea algunas interrogantes muy válidas al provenir de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998. ¿Un Estado no Parte explicando a los jueces de la CPI cómo deben interpretarse las disposiciones del Estatuto de Roma? ¿Cómo así? Como se lee.
En Europa, Israel solamente pudo contar con las gestiones de los aparatos diplomáticos de Alemania, Hungría y de República Checa, optando esta vez otros Estados europeos por no venir a apoyar las tesis jurídicas favorables a Israel: tesis que una Sala de lo Preliminar de la CPI ya descartó en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 5).
No se registra en el sitio de la CPI ninguna opinión legal a favor de las tesis jurídicas de Israel proveniente de Estados de África, de Asia o del Pacífico, siendo está última región del mundo una en la que Israel siempre ha encontrado Estados isleños actuando como aliados indefectibles en defensa de sus intereses.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad «, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase AL TAMIMI Y., «Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement«, EJIL-Talk, 30 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo VASILIEV S., «Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?«, EJIL-Talk, 1ero de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, 5 de febrero del 2021. Texto disponible aquí.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, llegó hoy miércoles 17 de julio, hasta la sede del Partido Republicano, para entregar una Declaración Pública a Ruth Hurtado, presidenta de esa entidad, en la que expresan el rechazo total a sus declaraciones, en las que señaló textualmente que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile”.
La sede del Partido Republicano, está ubicada en la calle Presidente Errázuriz 4305 en la comuna de Las Condes, casi al frente de la casa donde vivía el dictador Augusto Pinochet, barrio emblemático de la ultraderecha y del conservadurismo chileno.
Alicia Lira entregó la declaración pública a una funcionaria del Partido Republicano quien se mostró bastante incómoda con la presencia de miembros de la AFEP en la sede del partido, y luego procedió a leerla ante los transeúntes que pasaban por el lugar.
Los puntos principales de la misiva señalan que las declaraciones hechas por Ruth Hurtado muestran el siniestro rostro antidemocrático que violenta la memoria de las víctimas y sus familiares, que por décadas han luchado por la verdad y la justicia, y agrega que “aún buscamos más de 1.100 detenidos desaparecidos. Este sector político, cuya identificación con la dictadura de Pinochet, se expresa con una criminalidad natural que merece el más profundo rechazo”.
Decir que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile, es lo que pretendió la dictadura civil militar en nuestro país, bajo el amparo de la seguridad nacional y a través de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil como parte de una política articulada e institucional, poniendo al Estado al servicio de una acción criminal, con el resultado de miles de ejecuciones, desaparición forzada y tortura cuyas víctimas no sólo fueron militantes comunistas”.
Además, señaló Alicia Lira que “para nosotros es una actitud repudiable, antidemocrática que nos habla de una derecha fascista. No podemos no estar presentes en esta sede. Queríamos que nos recibieran para presentarles nuestro rechazo, porque aquí, a pesar de los más de 3.500 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, 1.100 personas que aún no se encuentran, tienen la inmoralidad y la mente criminal para ufanarse de la tragedia y del dolor que viven no sólo los familiares, sino esta sociedad. Es inaceptable quedarnos sin venir a enrostrarles la actitud de criminalidad, de negacionismo, el discurso de odio que no permitiremos nunca más. Cada vez que ellos ofendan la memoria y hablen en términos antidemocráticos, aquí estaremos para hacerles presente que en Chile existen personas dignas, que luchamos por la verdad y justicia y por una sociedad más justa e igualitaria”.
Después de leer la carta, procedieron a dejar distintas hojas con la declaración pública en el muro de la sede política. Los funcionarios del Partido Republicano que estaban en el lugar, quedaron muy desconcertados con la presencia de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se esperaban esta visita, y luego de que los miembros de la AFEP se fueron del lugar, procedieron a retirar las declaraciones que habían colgado en el muro.
Gestos como los de la AFEP se hacen cada día más necesarios ante fuerzas que pretenden ser parte de la política de este país con discursos negacionistas, antidemocráticos, peligrosos para la democracia y las garantías necesarias de no repetición.
Alicia Lira un ejemplo de perseverancia en la lucha por los Derechos Humanos y la justicia social
Por Félix Madariaga Leiva Periodista
Cuando faltan pocas semanas para conocer quién recibirá el Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, miles de personas junto a diversas organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos y exponentes del mundo de la cultura y las artes, ex presos políticos y familiares se han comprometido con Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para que reciba dicho reconocimiento, el que es otorgado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cada 2 años desde su institución en el año 2011.
Algunas personas y organizaciones que apoyan su candidatura son Roberto Márquez, Jorge Coulon, Marcelo Nilo, Natalia Valdebenito, Francisco Estévez, Faride Zerán, Fundación Víctor Jara, Amanda Jara, José Pérez (ANEF), Nelson Caucoto, Ana María Gazmuri, Boris Barrera, Daniel Núñez, Victoria Díaz, Ana Lamas (CTC), Tucapel Jiménez, Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH (cascos azules), Pablo Ruiz, Comisión Ética Contra la Tortura, CODEPU, Corporación para la Memoria Lonquén, Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos, entre muchas otras.
Alicia Lira tiene una trayectoria de décadas en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación en Chile, y como señala Roberto Márquez de Illapu, “es una querida amiga, luchadora de siempre, que no ha claudicado nunca. Ella está siendo postulada al premio Nacional de Derechos Humanos 2024, yo quiero pedirles a todos el apoyo, porque quién más merecido tiene este premio que mi querida Alicia Lira. Así que los invito a todos a apoyarla”.
Para Shaíra Sepúlveda, presidenta de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos “apoyamos la candidatura de Alicia Lira al porque consideramos que en su trabajo en la Agrupación de Ejecutados Políticos, ha logrado establecer puentes de trabajo, de apoyo y de solidaridad con otras organizaciones de Derechos Humanos, tanto vinculadas con el período de la dictadura civil militar, como con nuevas organizaciones que surgen vinculadas a la revuelta e incluso deportivas como el Club Social y Deportivo Colo Colo. La compañera Alicia Lira tiene una mirada integral, colaborativa, solidaria e intergeneracional, en lo que significa el movimiento de Derechos Humanos, y esto es muy importante para la preservación de la Memoria, para su transmisión y para el trabajo organizado y de redes de las organizaciones, especialmente en estos momentos de avance de la ultraderecha, de los discursos fascistas y negacionistas¨.
Tal como lo señala Consuelo Contreras, directora del INDH, en la página web del Instituto, donde invita a las organizaciones de todo el país a presentar candidaturas, destacando que “el Premio Nacional de Derechos Humanos constituye una de las acciones más importantes en materia de reconocimientos que hay en Chile porque se basa en la trayectoria en promoción, defensa, protección y exigibilidad de los derechos humanos”.
Para Alicia Lira este reconocimiento es significativo “para los hombres y mujeres que se han dedicado en forma permanente a luchar no solamente en temas de derechos humanos, también en temas medioambientales, sindicales, culturales, todos temas que nos permitirán construir sociedades más justas y solidarias. Lo importante es que se basa en aportes reales, es decir, personas que realmente han dedicado su tiempo, se han comprometido, se la han jugado en la calle, no solo detrás de un escritorio con un bellos discursos, si no con hechos concretos, recorriendo los territorios y enterándose de las necesidades reales de los distintos lugares. Lamentablemente el premio es solo uno cada dos años, pero es un estímulo que hace bien porque reconoce a una persona y al esfuerzo que ha realizado a lo largo de los años y a su real compromiso para alcanzar una mejor sociedad».
La justicia de un reconocimiento
Cada dos años se otorga este importante premio que ha recaído desde el año 2011 en 6 personas que se destacaron en este difícil y noble trabajo, por ejemplo, en 2011 lo recibió Viviana Díaz Caro por su incansable defensa de los derechos humanos durante y post dictadura; en 2014 lo recibió María Soledad Cisternas por su labor en pro de los derechos de las personas en situación de discapacidad, en 2018 lo recibió la reconocida abogada Fabiola Letelier del Solar, por su trabajo en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura. En 2020, fue para el abogado Roberto Garretón Merino, incansable defensor de los/as perseguidos/as por la dictadura, y en 2022, fue para Elizabeth Andrade Huaringa, defensora del derecho a la vivienda en la Región de Antofagasta, entre otros.
La incógnita será develada a principios de junio, cuando el INDH resuelva entre los postulantes que han presentado diversas organizaciones de la sociedad civil.
Por su larga trayectoria de lucha política y social, Alicia Lira logra un amplio consenso entre las personas y organizaciones que la han postulado y, con su habitual franqueza y humildad, Alicia señala que lo más importante “ha sido el afecto, el cariño y el reconocimiento de la gente porque he sido propuesta como Alicia Lira Matus más que como presidenta de la AFEP, porque mi trabajo ha sido muy amplio y esa es la riqueza de esta propuesta que he recibido con mucho orgullo porque ha sido impulsada por gente común que se organizó en colectivos y por personas y organizaciones que he conocido y con las que he trabajado a lo largo de los años».
Una historia de consecuencia
¿Quién es Alicia Lira? tratar de contar o resumir su historia no es fácil, porque Alicia ha estado ahí, en cada lucha que ha dado nuestro país, antes, durante y luego de la dictadura, ha luchado en contra de cada injusticia que nos han infringido, ha dejado – dicho en buen chileno – los pies en la calle.
Siendo muy joven fue elegida dirigente sindical cuando trabajaba como obrera textil, antes de eso, a los 15 años, había comenzado a militar en las juventudes comunistas. Es en esa organización donde conoce a su marido y compañero de toda la vida, el militante del Partido Comunista Felipe Rivera, con quien se fue a vivir a la población La Victoria, en la zona sur de Santiago, comprometidos con la lucha de los más excluidos de nuestro país, buscando juntos construir un Chile más justo.
A mediados de los años 80, en plena dictadura cívico militar, y a raíz de la detención de su hermano, Diego Lira, quien es detenido, torturado y procesado por la Fiscalía Militar, tomó la decisión de integrarse a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos. Su lucha fue tenaz y solidaria en cada espacio en el que se requiriera, en la calle enfrentándose de frente a carabineros cuando reprimían sin piedad a los familiares que exigían la libertad para los presos políticos.
Aproximadamente un mes después de la detención de su hermano, sufre otro duro golpe cuando el 8 de septiembre de 1986, a las 2 AM, su compañero Felipe Rivera, es raptado por un comando de la CNI (Central Nacional de Informaciones) desde su casa en la comuna de Pudahuel. Felipe Rivera es secuestrado, no se conoce su destino, horas después aparece su cuerpo ejecutado con 6 balazos en Américo Vespucio, frente a la planta Toyota. Esa misma noche, en distintos lugares de Santiago, fueron secuestrados el Periodista José Carrasco, el publicista Abraham Muskabith y el profesor Gastón Vidaurrazaga ellos también fueron asesinados. Así vengaba la CNI el atentado al dictador Augusto Pinochet.
Y es normal preguntarse de dónde – esta mujer bajita y sonriente – ha sacado fuerzas para seguir adelante, la respuesta sólo la tiene ella. Alicia Lira es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desde el año 2009, durante su gestión se han impulsado distintas demandas, en conjunto con el equipo jurídico de la AFEP, contra ex agentes de policía y del Ejército que participaron en violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1989. Su motivación ha sido «luchar por la verdad, la justicia y la reparación de las decenas de víctimas del golpe» y durante su gestión se han presentado 1.164 querellas por mujeres, hombres y niños cuyos casos nunca se habían investigado.
Es reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su larga y tenaz entrega a la defensa de los Derechos Humanos. En 2016 fue invitada a Palestina como observadora de DDHH por la organización ADDAMER, quienes ofrecen asistencia jurídica gratuita a las presas y presos políticos, defienden sus derechos a nivel nacional e internacional y trabajan para poner fin a la tortura y otras violaciones de los derechos de las personas, a través del seguimiento, procedimientos legales y campañas de solidaridad. En la ocasión también recorrió Jerusalén Occidental, Belén, Cisjordania y Tel Aviv, constatando las atrocidades cometidas por el ejército israelí contra la población palestina.
En septiembre de 2018, la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz le hizo entrega del Premio Paz Internacional 2017, junto al cubano Silvio Platero.
Alicia Lira también ha actuado en favor de las víctimas de violencia policial en la revuelta del año 2019.
En 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile, fue reconocida con la Medalla Derechos Humanos y Democracia otorgada por la Universidad de Chile por su «destacada contribución en materia de derechos humanos y democracia en el ámbito nacional” y en 2019 recibió la medalla al honor en la Defensa de los Derechos Humanos entregada por la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos.
Estamos esperanzados en que Alicia recibirá este reconocimiento, que es un reconocimiento a la consecuencia, a la dedicación y a la convicción con la que ha vivido su vida y en la que miles de chilenos y chilenas – y creo que nos quedamos cortos en los números – nos sentimos reconocidos. Esta postulación es una muestra de nuestro cariño y afecto, es el reconocimiento de sus pares a su labor y a su transparencia en tiempos en que las confianzas son escasas.
Protestas de la comunidad de Campo Maripe contra la empresa estadounidense Chevron. Foto de la Confederación Mapuche de Neuquén en Argentina
Por Pablo Ruiz*
Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.
El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.
«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.
Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile.
¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse.
En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado.
En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.
Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.
“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”.
El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”.
Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.
“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.
Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.
“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje.
Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.
Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”.
Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.
El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.
En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social.
Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.
Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana.
* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Porqué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«.
Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de Naciones Unidas, 15 de enero del 2024
En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completodel Estatuto).
El artículo 14 de dicho instrumento multilateral faculta a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:
«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante«
México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009, al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.
Breve puesta en contexto
Como bien se sabe, la CPI es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos particularmente graves como el genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).
En 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo. En su conclusión se puede leer (página 60) que:
«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;
FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;
and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».
Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto en la fecha en la que fue dada a conocer (Nota 1).
No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus operaciones militares en el territorio palestino ocupado (Nota 2).
Los comunicados de México y de Chile en breve
En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:
«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».
El texto del comunicado de México también señala que:
«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.«
Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:
«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos en territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí, a menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio.
Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en el estado oficial de firmas y ratificaciones) que:
« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»
Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3).
Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza
Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da justo una semana después de haberse realizado las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 4).
En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en detalle lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.
Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros, Sudáfrica y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 5).
A modo de conclusión
Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como un grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.
Ello con el fin de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.
El último informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casi 25.000 víctimas mortales y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:
«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.
Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.
No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a muerte, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, en el frío, sin acceso a comida ni agua. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios sobrepoblados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.
Tampoco está de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.
Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase textocompleto) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “LibmannotedthattheICCwasthemostdangerousissueforIsraelandwonderedwhethertheU.S.couldsimplystatepubliclyitspositionthattheICChasnojurisdictionoverIsraelregardingtheGazaoperation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.
Materiales / Documentos: Documento 1: Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI)
El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.
La remisión se fundamenta en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.
La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.
A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.
El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.
El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.
México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas«.
Documento 2: Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Chile y México presentan remisión de la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que el embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó hoy, junto a México, un escrito de remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de reforzar la investigación de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel, ilícitos contemplados en el Estatuto de Roma.
Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Desde el pasado 7 de octubre, Chile ha insistido reiteradamente, al igual que muchos países y organismos internacionales, en condenar los ataques terroristas de Hamas y en exigir la liberación inmediata de los rehenes; en reconocer el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; en condenar las operaciones militares en Gaza que no han cumplido con los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario; en exigir el respeto del derecho internacional y los derechos humanos; y en solicitar un cese inmediato al fuego.
Finalmente, Chile reitera nuevamente su llamado al diálogo, que conduzca a la única solución posible para poner fin a este conflicto histórico: dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas».
