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Etiqueta: ciudadanía

Minería no metálica en Costa Rica: impactos y propuestas para su regulación

La minería no metálica es una actividad que busca producir materiales para la construcción, la cual ha generado preocupación en Costa Rica debido a los posibles impactos ambientales y sociales. Es así como el Observatorio de Bienes Comunes, la Alianza por la Defensa del Agua y la activista e investigadora Dylanna Rodríguez Muñoz plantean que a falta de regulación efectiva en la explotación de canteras y cauces, se han dado situaciones como la disminución del caudal de los ríos, la sedimentación y la afectación de la biodiversidad.

Las regulaciones actuales se consideran insuficientes para proteger los ríos y las comunidades afectadas. Se señala la falta de prioridad en los estudios de impacto ambiental en relación con la calidad del agua y la biodiversidad. Además, se destaca la ausencia de consultas con las comunidades locales y la falta de beneficios directos para estas.

Asimismo, estás organizaciones proponen modificar la legislación para incluir consultas comunales directas en el proceso de concesiones, establecer límites técnicos basados en el caudal ecológico de los ríos, evitar otorgar concesiones a empresas con antecedentes de corrupción y violación de derechos, y tomar medidas concretas para proteger el ambiente y la vida en el país.

Se destaca la necesidad de una institucionalidad con criterios científicos para evaluar los impactos, realizar monitoreo y garantizar la protección ambiental en la actividad minera no metálica en Costa Rica.

Le invitamos a conocer más detalles de este enfoque en el archivo que adjuntamos a continuación:

El mito de las elecciones judiciales

Por Vladimir Huarachi Copa

El nuevo orden establecido en Bolivia en 2011, relacionado a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular, con el principal objetivo de procurar una independencia real y efectiva de la jurisdicción constitucional a través del sistema de elección de sus miembros, se constituyó como novedoso. Pero también se sabe que todo orden imaginado siempre está en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos, y los mitos se desvanecen cuando la gente deja de creer en ellos.

Siendo así, parece que, tras 12 años, la ciudadanía ha estado obligado a actuar de acuerdo con el orden imaginado de justicia real y efectiva. ¿Pero qué ha sucedido para que este orden imaginado se sostenga durante estos años? Se podría decir que ha estado y está sustentado de creyentes verdaderos ligado a operadores jurídicos y de justicia, y de algunos ciudadanos que se benefician de dicho orden. Es por ello que, los magistrados autoprorrogados, persisten en hacer cumplir el orden imaginado que ellos mismos no creen.

No obstante, los magistrados autoprorrogados a sabiendas de que este orden imaginado se ha desvanecido tras 12 años, en la actualidad, después de que la Cámara de Senadores ha logrado “garantizar” el camino hacia las “Elecciones Judiciales” a través de la sanción del Proyecto de Ley N° 144, pese a numerosos desafíos y obstáculos enfrentados; el mito de las elecciones judiciales transciende dentro la creencia de los ciudadanos fieles de un orden imaginado, debido a que esta garantía hizo que se detenga las medidas de presión de los de abajo.

Hoy, con una Convocatoria aprobada por unanimidad para la preselección de candidatos judiciales 2024, de nueva cuenta, aparece ese orden imaginado vinculado a la elección de magistrados, pero está vez, con un desgaste manifiesto que encamina a una reforma urgente de la justicia. ¿Pero cómo reformar la justicia? Puede ser admitiendo que la justicia es un orden imaginado que está sujeto a cambio y que no está creada por dioses, en este sentido, coadyuvar al principal objetivo de las elecciones judiciales, por ende, a la ciudadanía. Por tanto, las ficciones que se vayan a construir en torno a la justicia, se deben edificar con base a un orden sujeto a cambio.

Reclamo ciudadano en Moravia

La ciudadana María Elena Fournier se dirige a la Municipalidad de Moravia planteando la necesidad de una comunicación efectiva y accesible para la consulta ciudadana en el Concejo Municipal de Moravia. Ella destaca la importancia de informar a la comunidad moraviana a través de correos electrónicos y volantes sobre proyectos que puedan afectar sus derechos básicos, como la imposición de infraestructuras de telecomunicaciones. 

Además, menciona la violación de la Constitución Política y del Reglamento de Espacios Públicos en relación con la privatización de un parque público para fines comerciales, afectando la salud, el ambiente y la biodiversidad de la zona. Fournier hace referencia a la falta de participación ciudadana en las decisiones tomadas por el Concejo Municipal, y demanda que se tomen medidas concretas y se responda a las peticiones presentadas para garantizar la participación ciudadana y el respeto a los derechos de la comunidad.

Ante esto, la Municipalidad de Moravia responde que el medio oficial para su comunicación es la Gaceta, medio que utilizaron para comunicar la implementación de esas infraestructuras, además, mencionan que no pueden acatar esa demanda porque no está sustentada con estudios técnicos para poder afirmar que son infraestructuras que puedan perjudicar a la población.

Imagen ilustrativa.

La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies – libro

Héctor Ferlini-Salazar

Comparto mi libro La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies. Es una producción de la Editorial de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.

En la Introducción expongo lo siguiente:

En mi artículo “Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, las juventudes, y la participación en política pública”, -que se puede consultar en el anexo de este libro y fue publicado en 2017 por la Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica-, señalo que “hablar de democracia, o incluso de democracia participativa resulta un ejercicio cotidiano y en riesgo de estar vaciado de contenido. Por esto, como primer elemento, es necesario establecer una conceptualización para la democracia participativa no como un momento culminante o punto de llegada sino como un proceso de acumulación orientado al logro de un sistema político, según el cual, se supera la democracia representativa (o delegativa) para dar paso a la participación o incorporación efectiva de la ciudadanía en cuatro dimensiones: la formulación de la política pública, su ejecución, el control, y la re-formulación de política pública”.

A tono con este enfoque, en este volumen se incorporan tres artículos: “El consumismo como práctica irracional en una sociedad que se define como solidaria”, “Formación de estrategas para construir ciudadanía desde la dignidad como piedra angular” y “Construcción de comunidad y patrimonio cultural”. En estas reflexiones se muestra una situación que alude al título principal de portada: La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies.

Efectivamente, en el primer capítulo se aborda lo que denomino una supra-relación clave en la construcción de bloqueos a la participación consciente: la promoción del consumismo irracional; en el segundo se avanza en cuanto a la conceptualización de los procesos que pueden llevar a la construcción de cultura de ciudadanía, para, precisamente, superar ese bloqueo; el tercer artículo refiere a una experiencia concreta de construcción de cultura de ciudadanía mediante la patrimonialización de valores comunitarios.

Esa dinámica entre los recursos del sistema dominante para evitar la participación ciudadana consciente y comprometida y la construcción de ciudadanía gracias a la vida comunitaria, es lo que permite imaginar la ruta hacia la democracia participativa como un viaje entre los riesgos y durezas del risco y la fertilidad de la planicie que propicia los asentamientos humanos y la producción de la tierra.

Como resulta evidente, que en el 2003 se haya reformado el Artículo 9 de la Constitución Política para incluir el concepto de gobierno participativo, no es suficiente para asegurar la presencia ciudadana en la toma de decisiones claves. Por ello, en las siguientes páginas se aborda el reto de construir democracia de calidad teniendo presente las murallas que hay que enfrentar, la metodología que nos permite hacerlo con éxito, y los avances comunitarios que podemos tener en cuenta.

Puede descargar el libro desde este enlace.

Foro: Lecciones de la lucha social contra la minería en Panamá – reseña

En el marco de un foro promovido por la Alianza por una Vida Digna en Costa Rica, y transmitido a través de las páginas del diario SURCOS, se escucharon importantes aportes de las personas que participaron.

En el panel se encontraban Jesús Alemancia, sociólogo, investigador social y educador popular; Merï Ngäbe, representante de la lucha autónoma Ngäbe de Horconcitos; Richard Morales, economista político y docente; y Damaris Sánchez, activista ambiental y coordinadora de la Red Nacional de Defensa del Agua de Panamá.

El papel de moderador fue desempeñado por el doctor José María Gutiérrez. La relevante actividad tuvo lugar el 14 de diciembre de 2023. Se abordaron temas de gran importancia en el ámbito social y ambiental, así como enseñanzas de la lucha social.

Enlaces de Facebook y YouTube para ver el foro completo:

Facebook: https://fb.watch/oXkqVvDYs7/
Youtube:

¡Agradezcan que queremos justicia y no venganza!

Carlos Campos Rojas
23 de octubre de 2023

Bajo esa consigna se lanzaron los sancarleños el 22 de octubre a las calles de Ciudad Quesada, para reivindicar la trágica pérdida de la vida de Yuliana Quirós Ureña a manos de un violador recurrente y asesino, que andaba en la calle haciendo de las suyas, mientras el sistema de justicia dormía plácida y holgadamente.

La ciudadanía manifestaba su desencanto de un sistema de representatividad que la abandonó y la dejó en manos del narcotráfico y en ese momento, un comando de sicarios baleaban a una inocente niña en una plaza de fútbol, porque saben que quienes deben ejecutar la ley, hace rato volvieron la cara para desentenderse, pues es una técnica fascista acrecentar el miedo y la ignorancia, para dominar y mantener un pueblo sometido, mientras sus jefes, los narcotraficantes, hacen de las suyas, porque cuentan con el apoyo de un político que les abre la puerta de par en par; un banquero que les guarda el dinero y un juez que no los meta a la cárcel y para redondear, como lo decía Pablo Escobar, un periodista que les haga bombo.

Desde la Presidencia de la República, el silencio y el menosprecio a enfrentar y ponerle coto a esta epidemia de violencia, solo tiene explicación porque: hay miedo a comerse la bronca o porque hay una autoridad política superior que da las órdenes y no le importa el país. Pero, además, porque cuenta con el respaldo para ello, de intereses empresariales poderosos, donde ni los gremios que los agrupan se atreven a llamar a cuentas, como sí lo hacen con rabia, cuando son sus intereses políticos e ideológicos los que están en juego. Hoy están escondidos, sumados a las disparatadas soluciones que emanan de palacio y respaldan los legisladores y una prensa irresponsable, no sabemos si por miedo o esperando el momento para aprovechar y hacer sus negocios.

También estamos claros que el problema se acrecienta, cuando los EEUU con todo su poderío y su incidencia en nuestro país y que además nuestro presidente se somete respetuosamente a su jerarquía, haya sido incapaz de contener el desplante del que se jactan quienes ponen la droga en los puertos europeos y estadounidenses, a no ser que estemos ante un experimento fracasado como el de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), cuando suplieron legalmente de abundantes armas de guerra a los carteles mexicanos y los hicieron más poderosos.

La ciudadanía fue abandonada y sometida al silencio, la orfandad política a que estamos sometidos, donde en medio de las elecciones municipales, no sabemos cuántas personas candidatas son financiadas por estos grupos, porque ni la Fiscalía, ni el TSE logran eficacia en detener este flagelo, haciendo de la democracia una palabreja sin sentido ni contenido y del sistema de representatividad un ejercicio fallido.

Como El Soberano y en el marco constitucional, solo quedan las personas ciudadanas responsables, acompañadas de las personas de la función pública y los empresarios responsables, para sacar adelante el país, debemos asumirnos con el poder que nos otorga la Constitución Política y convocarnos para poner en orden este desorden que nos han generado quienes les otorgamos un puesto de representación y usurparon un poder que nadie les confirió. Deberán rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos, tal como lo establece nuestra Carta Magna, debemos vencer el miedo y una legalidad inmoral y espuria, con la que han cobijado sus fechorías, no será la venganza lo que nos mueva, sino la justicia que anhelamos.

Debemos reconocer nuestra responsabilidad como pueblo, al haber permitido que nos construyeran como una nación individualista que no le importa el vecino, que condenó la solidaridad y el bien común con los que construimos nuestra República y que nos tiene en esta ola de violencia y desigualdad social.

Es el momento de darnos la mano, de encontrarnos, participar activamente en la toma de decisiones y demostrar que somos capaces de recuperar el país y construir las oportunidades, la riqueza y la paz que nos pertenecen.

Mentira, pero…

Freddy Vargas Aguilar
Teléfono 8620 0780

¿Conversamos?

La Ley Fundamental de Educación afirma que “Todo habitante de la República tiene derecho a la Educación…” esa educación, dice es, entre otros, la que lleva a “la formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana” que se cumple en “educación escolar y, extraescolar”, en instituciones de “Educación preescolar, educación primaria, educación media y, educación superior”.

Mentira

No es cierto que el habitante de la República tiene derecho a esa educación. No decirlo, no aceptarlo, es compartir la responsabilidad de que no exista.

Cuando un sujeto colectivo tome la iniciativa de hacer cierto que este derecho exista, cuando organice a la ciudadanía con un proyecto realizable, creará el núcleo que aglutinará a un pueblo hacia una sociedad justa, libre, sana.

¿Quién se atreve?

ATEC defiende turismo social y ambientalmente responsable y pide verdadera participación y transparencia en Talamanca

La Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación (ATEC) dirigió una carta a la Municipalidad de Talamanca, en la cual señala que “el ecoturismo procura proteger la naturaleza y preservar los estilos de vida de las comunidades tradicionales, entendiendo que sin estos dos importantes elementos un territorio pierde toda su esencia y lo que lo hace único en el mundo”.

Asimismo, indica que “el ecoturismo verdadero es un fenómeno que produce resultados económicos muy favorables pues hoy más que nunca el turista consciente busca disfrutar de zonas donde la actividad humana conviva en armonía con la naturaleza, y donde a la vez, las personas locales puedan vivir dignamente en sus territorios conservando sus formas culturales de vivir y sin ser desplazados”.

La carta firmada por la presidenta de ATEC enfatiza que “cualquier otra propuesta turística, especialmente el modelo de mayor escala que se promueve en este Plan Regulador Costero posiblemente hará que el Caribe Sur pase de ser un sitio diferente, único y llamativo a un sitio común y equiparable a cualquier destino de playa y sol donde este modelo de mayor escala se encuentra instaurado”.

“Además, señala el documento de ATEC, restará su identidad, creará mayor presión sobre la naturaleza, encarecerá el costo de la vida y posiblemente traiga consecuencias sociales comunes en sitios donde existen desarrollos turísticos de mayor escala”.

Por ello propone suspender la consulta programada para el 4 de agosto a fin de propiciar “verdadera participación y transparencia” en torno a este tema que interesa a la comunidad y organizaciones sociales de la zona.

SURCOS comparte el texto de la carta enviada por Elena Spencer Buril, presidenta de ATEC a la Municipalidad de Talamanca.

Concejo Municipal de Talamanca
Sr. Alcalde Rugeli Morales Rodríguez
Comisión PRC

Puerto Viejo, 25 de julio, 2023

Estimadas señoras y señores:

Enviamos un cordial saludo de parte de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) y a la vez mostramos agradecimiento por su respuesta, mediante oficio OLPSDV-029-23 redactado por el Sr. Enrique Joseph, a nuestras primeras observaciones referentes a la propuesta de la Municipalidad de Talamanca del Plan Regulador Costero.

Primero deseamos indicar que entre los objetivos de ATEC se encuentra el promover un turismo social y ambientalmente responsable apoyando iniciativas y el manejo de facilidades, servicios y actividades ecoturísticas de la población local de Talamanca. El ecoturismo procura proteger la naturaleza y preservar los estilos de vida de las comunidades tradicionales, entendiendo que sin estos dos importantes elementos un territorio pierde toda su esencia y lo que lo hace único en el mundo. El ecoturismo verdadero es un fenómeno que produce resultados económicos muy favorables pues hoy más que nunca el turista consciente busca disfrutar de zonas donde la actividad humana conviva en armonía con la naturaleza y donde a la vez las personas locales puedan vivir dignamente en sus territorios conservando sus formas culturales de vivir y sin ser desplazados.

Este es el caso del Caribe Sur, que creó de forma orgánica y exitosa su propio modelo ecoturístico que motiva al turista a visitar este sitio único, irreplicable y ejemplar, en muchas ocasiones regresan y también promueven que otros viajeros visiten la localidad debido a esas características únicas. El ecoturismo educa a visitantes y genera comunidades locales con habitantes comprometidos de ser guardianes y protectores de sus bosques, humedales, ríos, playas y mar. Cualquier otra propuesta turística, especialmente el modelo de mayor escala que se promueve en este PRC, posiblemente hará que el Caribe Sur pase de ser un sitio diferente, único y llamativo a un sitio común y equiparable a cualquier destino de playa y sol donde este modelo de mayor escala se encuentra instaurado. Además, restará su identidad, creará mayor presión sobre la naturaleza, encarecerá el costo de la vida y posiblemente traiga consecuencias sociales comunes en sitios donde existen desarrollos turísticos de mayor escala.

En respuesta al oficio OLPSDV-029-23 y a su propuesta del PRC queremos agregar lo siguiente:

1. Dado a que los estudios de IFA contienen muchos términos técnicos y en el enlace que compartieron hubo formatos de Shape imposibles de abrir, la población y diferentes organizaciones de las comunidades están expresando que no hubo suficiente transparencia de información y participación en la planificación, solicitamos a la Municipalidad de Talamanca de facilitar antes de cualquier audiencia pública presentaciones de expertos correspondientes donde nos den explicaciones de los resultados de los diferentes estudios de fragilidad ambiental y que den la oportunidad de responder cualquier pregunta de parte de la población.

2. Consideramos que los talleres indicados que se llevaron a cabo en julio 2018 eran más que todo de carácter diagnóstico y poco informativo, y no fueron realmente participativos. Pensamos que para garantizar una verdadera participación y transparencia habría que facilitar toda una serie de charlas y talleres de forma tal que la población adecuadamente informada y conociendo los diferentes términos que integran un plan regulador pueda verdaderamente ser parte de la propuesta para cada área de cobertura, tamaño mínimo y máximo de lotes, y cantidad permitida de habitaciones, comercios y viviendas, entre otras.

3. Consideramos que propiedades, especialmente en zonas fuera de los cuadrantes de los pueblos designadas como MIX y TAP con una cobertura de 70% y 50 habitaciones/hectárea estarían causando serios daños a la aún exuberante naturaleza que hace el Caribe Sur diferente y especial a otros destinos en el país y a nivel internacional, además de interrumpir los corredores para la vida silvestre, fauna y flora, que aún existen. Sugerimos que se permitan solamente hoteles de no más de 25 habitaciones por propiedad con un mínimo de 10.000 m2 y la misma cantidad de habitaciones en caso de propiedades aún más grandes. Eso para garantizar que serían mayoritariamente empresas familiares con énfasis en la población local y con menor impacto ambiental. La cobertura que sugerimos para todas las áreas fuera de los cuadrantes sería no más de 20%, y la altura de edificaciones máxima de 2 pisos. Enfatizamos que en cualquier propiedad construida debería ser obligatorio garantizar un corredor bilógico ininterrumpido a largo entre todas las zonas para mantener sana conexión de hábitat para la flora y fauna.

4. Urge un reglamento de tamaños permitidos de propiedades, densidad de construcciones e infraestructura no solamente para la zona marítima terrestre sino una visión integral para toda la zona del Caribe Sur. Vemos que ya se están presentando graves problemas de deterioro de nuestros recursos donde en fincas de cacao con todo su propio ecosistema se cortan todos los árboles y segregan en parcelas de 300 y 500 m2.

5. El problema grave del faltante de abastecimiento de agua potable ya ampliamente conocido dentro y fuera de la ZMT no se resolvería solamente con un aumento de número de pozos. Sabemos que Talamanca no cuenta con acuíferos adecuados para el consumo humano. Una inversión y ejecución de nuevos acueductos puede llevar años y hoy no se puede garantizar su eficiencia ni capacidad real. No se debe ni se puede promover un modelo sin contar hoy con la disponibilidad suficiente de agua, sin asegurar que la población local no sufrirá de escasez y asumiendo que puedan haber alternativas que hoy no cuentan con diseños, planes o estudios técnicos.

6. Queremos dar énfasis en que estamos en pro de un planeamiento responsable del desarrollo del Caribe Sur, del cual se desprenda un plan de ordenamiento o plan regulador, que no solamente abarque la ZMT sino incluya el resto de la jurisdicción de cada comunidad costera de Talamanca, que no promueva dependencia hacia una sola actividad como es el turismo sino que promueva diversidad de actividades económicas locales, que promueva el empoderamiento cultural y mejoras reales en la calidad de vida, una soberanía alimentaria y que la preservación de los recursos naturales se sostenga a través del tiempo.

Les recordamos que en el año 2004 la comunidad de Puerto Viejo entregó una propuesta de Uso de Tierras y de zonificación a la Municipalidad de Talamanca y al ICT como contra propuesta a la del ICT de 2003, elaborada por una comisión de trabajo del pueblo, y aprobada por la ADI PV de entonces.

Para terminar, solicitamos respetuosamente que la audiencia pública del 4 de agosto no se lleve a cabo, para dar paso a un proceso de verdadera participación ciudadana en la construcción conjunta de un plan regulador acorde con las decisiones y necesidades de la comunidad.

Nos despedimos con la esperanza de que esta Municipalidad escuche y facilite soluciones viables con una verdadera participación de la población en la planificación. Esperando su respuesta, atentamente.

Elena Spencer Buril, Presidenta de ATEC

Posicionamiento político ADI Keköldi ante la propuesta del Plan Regulador Costero Distrito Cahuita de la Municipalidad de Talamanca

Resumen de hechos:

La Municipalidad de Talamanca ha elaborado una Propuesta do Plan Regulador Costero, afectando al Pueblo Indígena Bribri de Kekoldi violentando nuestros derechos sobre la tierra y la consulta bajo el Principio del Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI), ambos aspectos tutelados por el convenio 169 de OIT, la Declaración de Pueblos indígenas de las Naciones Unidas (DPI-ONU). fallos de la sala IV y resolución N’ 04507-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre la tierra en Cocles. Hemos iniciado la defensa de nuestros derechos con la presentación de un recurso de amparo bajo el expediente No. 23- 016449-000–CO el cual fue acogido por la Sala IV.

Afectación:

Al no ser consultado el Plan Regulador a nuestro territorio visualizamos las siguientes afectaciones.

  1. El desconocimiento u otorgamiento de derechos a favor de terceros y planes de desarrollo para las tierras de Kekoldi, que la Sala Primera a ordenado al Estado devolverlas al Pueblo de Keköldi, agudizará la problemática jurídica, social, cultural y ambiental de estas tierras.
  2. Al ser aplicado un Plan Regulador en el Distrito de Cahuita donde está nuestro Territorio io planteado en dicho plan tiene implicación directa en el derecho de nuestro pueblo en definir nuestro propio desarrollo, (Art#3 DPI-ONU).
  3. Al afectar el Plan Regulador los ecosistemas de Manglares de la Costa, y teniendo muy cerca la desembocadura del río Sixaola, que se alimenta de los ríos Yorkin, Uren Lari, Coen y Telire todos ellos fuente vital de los medios de vida los indígenas Bodrio y Cabécares de Alta Talamanca, el potencial desequilibrio de este ecosistema, pondrá en peligro los micro ecosistemas de estos ríos teniendo una afectación directa al pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca a quienes también deberían consultarles.
  4. La Municipalidad al querer aprobar el Plan Regulador, sin el más mínimo criterio de consulta al Pueblo Bribri de Kekoldi y eventualmente a los de Alta Talamanca ha violentado el derecho fundamental de nuestros pueblos de una consulta bajo el principio del CPLI.

Demandamos:

Que se anule todo lo actuado y trabajado para este Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca y se construya un verdadero proceso con los y las afectadas especialmente con el Territorio Indígena de Kekoldi, bajo el principio del CPLI. El principio del CPLI implica y se reconoce internacionalmente los siguientes aspectos a trabajar.

  • Derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para el plan regulador, el cual debe ser expuesto en nuestra lengua indígena y la utilización de mediadores culturales, en este apartado tenemos el derecho como Pueblo de elaborar nuestros propios estudios técnicos o solicitar asesoría especializada a profesionales de nuestra confianza.
  • Realizar la consulta a la comunidad indígena bajo nuestro procedimiento de diálogo Siwá Pakók (Dialogando sobre conocimiento) con el derecho que nos ampara de elegir mediadores culturales que logren interpretar el sentir de la población con relación a lo propuesta del Plan Regulador.
  • Que los tiempos culturales indígenas no son los tiempos de ley, por lo tanto, tenernos el derecho a analizar hasta que logremos comprender y emitir un criterio positivo. negativo o de solicitar más información o estudios sobre lo consultado.
  • La ADI Kekoldi como autoridad representativa del Pueblo indígena de Keköldi, demandamos a la Municipalidad de Talamanca, iniciar el proceso de consulta bajo las condiciones aquí planteadas, elaborar junto a nosotros un plan de consulta a la comunidad indígena de Keköldi.

Llamado a la Solidaridad Indígena:

Hermanos y hermanas del Pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca, del Caribe y todos los 24 territorios indígenas del País, hacemos un llamado a solidarizarse con nuestra lucha una lucha por nuestras tierras, por nuestros derechos al desarrollo propio a la protección de Iriria la madre tierra y la protección de las futuras generaciones de nuestros pueblos.

Territorio Indígena de Keköldi Talamanca, 22 de julio 2023

Atentamente:

Signia Villanueva Morales
Presidenta ADI Keköldi

Posicionamiento político de Talamanca Siempre Verde ante la propuesta del Plan Regulador Costero

El Colectivo comunitario Talamanca Siempre Verde es un colectivo de índole socio-ambiental de la sociedad civil del distrito de Cahuita.

Nos posicionamos en defensa y solidaridad, tanto con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios Kéköldi, Bribri, y Cabécar de Talamanca, nuestra yàmi̱pa, como con la Comunidad Tribal Afro de los pueblos del Caribe Sur, además de la biodiversidad del Patrimonio Natural del Estado, ante las flagrantes amenazas a la autonomía, la subsistencia, y la realidad sociocultural y ambiental de los mismos, expuestas en la recién desvelada propuesta de Plan Regulador Costero, elaborado y presentado por la Municipalidad de Talamanca ante la sociedad civil a mediados del mes pasado (junio 2023).

Solicitamos:

La suspensión de la Audiencia Pública prevista para el 4 de agosto de 2023 hasta que se cumpla con los requisitos de participación ciudadana.

La creación de grupos de trabajo en conjunto con referentes de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y sociedad civil hasta la elaboración de un ordenamiento territorial vinculado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ratificados con la ONU, siguiendo los lineamientos de la guía realizada por Mideplan y el IFAM junto con las Naciones Unidas.

El respeto y cumplimiento de las leyes territoriales e internacionales, junto a la investigación de parte del Poder judicial sobre casos de corrupción, irregularidades en permisos de construcción y conflictos de intereses.

La Constitución Política de Costa Rica reza, en su primer artículo, que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. El artículo 9 nos indica que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí.” El artículo 50 nos garantiza que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Nos garantiza este mismo artículo que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Además, que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.” Por último, pero no por ello de menor importancia, el artículo 89 nos indica que “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación…” a lo que le agregamos la protección y la conservación de la riqueza cultural de los diferentes pueblos originarios y las comunidades tribales afro.

Reconocemos y apoyamos la urgente necesidad de un ordenamiento territorial.

Sin embargo, la propuesta de zonificación presentada por la Municipalidad de Talamanca presenta serias fallas legales y graves riesgos para las poblaciones del Caribe Sur, los ecosistemas y la biodiversidad característica de la zona.

El proceso de consulta ciudadana no ha cumplido con los requisitos legales para reconocerlo bajo el principio de consentimiento previo, libre e informado (CPLI). No se cumplió con el derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para la elaboración del PRC.

Se está negando el principio constitucional de participación ciudadana en la elaboración y la validación del PRC. Las charlas informativas en la fase final no pueden ser reconocidas como participativas. Se han realizado peticiones y recursos de amparo solicitando suspender la fecha de la Audiencia del 4 de agosto de 2023 hasta que no se cumpla con el derecho de participación ciudadana.

No respeta el tratado internacional RAMSAR suscrito por Costa Rica y la UNESCO sobre la protección de los humedales. Para la realización de la propuesta del PRC, se utilizaron mapas incorrectos reconociendo solo 2 humedales en lugar de los más de 15 que se encuentran en la zona de afectación.

No se ha consultado con los pueblos indígenas (Kéköldi) tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además que no se puede brindar información exacta sobre los límites del territorio, que ni han sido establecidos.

Ignora la decisión de la Sala sobre los límites del Refugio Silvestre Gandoca-Manzanillo que declaró la ley Céspedes como inconstitucional.

Hay una falacia flagrante sobre los recursos básicos como el agua, y sobre la gestión de los residuos sólidos/líquidos en la cual la Municipalidad niega escasez, cuando hace varios años el pueblo está frecuentemente sin agua, y con una gestión precaria de los residuos (por ejemplo en el cantón de Talamanca, la Municipalidad no ofrece desde hace meses la gestión de los residuos revalorizables).

Se está engañando a la comunidad ofreciendo una falsa seguridad jurídica cuando en realidad plantea las herramientas legales para poder manipular los derechos de tierra hacia el mejor postor. Los habitantes de la ZMT tendrán que conformarse con las nuevas características de la zonificación según el PRC, bajo riesgo de demolición y afectación de su concesión a otro. Los cánones podrán aumentar cada 5 años, creando una fragilidad financiera para los habitantes, a favor de grandes inversionistas.

La intención de este ordenamiento territorial apunta claramente hacia el desarrollo turístico a gran escala y forma parte de planes ya hablados entre el gobierno corrupto e inversionistas turísticos. Esto generará una gentrificación, es decir, una pérdida de la identidad cultural de la zona, alta dependencia de los habitantes hacia el sector turismo y un irrespeto a los frágiles ecosistemas.

Los índices de fragilidad ambientales están descuidados en la propuesta de zonificación, autorizando densidades de construcción hasta el 70%, sin ninguna mención de medios de conservación del medioambiente. Fragilizando nuestra barrera natural contra los efectos climáticos, y resultando en la destrucción de la belleza biológica del Caribe Sur.

Defienda la cultura y biodiversidad del Caribe Sur