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Etiqueta: ciudadanos

Evento virtual: “Construyamos una cultura de participación ciudadana”

La Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional invita a la actividad virtual “Construyamos una cultura de participación ciudadana” el próximo 04 de febrero a las 6:00 pm.

Si desea participar puede llenar el formulario de inscripción aquí. Todas las personas que se inscriban en cada una de las actividades de la Cátedra a lo largo del año, recibirán un certificado que les acreditará su participación en este esfuerzo de fortalecimiento ciudadano.

Todos los datos se manejarán de forma confidencial.

La transmisión se realizará en el Facebook de SURCOS Digital

Programa Alternativas: Ciudad para los ciudadanos

Hoy viernes 11 de septiembre a las 6 p.m., en el programa Radial Alternativas se estará hablando sobre el tema “Ciudad para los Ciudadanos”.

En esta ocasión se contará con la participación de Christian Castillo, Silvia Castro, Gustavo Jiménez y Eladio Soto.

Podrá sintonizarlo en los 1590 AM, o bien a través de Facebook Live.

Ante las marchas y movilizaciones que se están convocando

Vladimir de la Cruz

¿Hacia dónde debe enfocarse la atención de las personas, de los ciudadanos, de los que están interesados en el mundo político nacional, con todas sus aristas?

Hay en el ambiente político acciones, que como en un remolino, mezclan diversas fuerzas sin saber quién es el principal director de esas acciones, o mostrando diversos actores, algunos de ellos obviamente con un desconocimiento total de cómo es el engranaje político y la estructura política institucional del país.

Que la gente proteste es válido. No solo en un derecho reconocido en el país, sino que la propia institucionalidad oficial lo reconoce y defiende como un derecho de los ciudadanos. El propio Ministro de Seguridad Pública muchas veces, frente a las diversas manifestaciones, y hasta con actos de cierres de calles, ha reconocido este derecho ciudadano, exigiendo nada más que no se bloquee toda la calle, que al menos dejen un carril libre de circulación. Y aun cuando cierran ambas vías o una sola en su totalidad, por horas han permitido la acción ciudadana. Hace algunos años esto no era así. El aparato represivo, expresado policialmente, se hacía sentir rápidamente. Hoy hay márgenes de acciones de calle con “tolerancia” policial.

Marchas, manifestaciones, concentraciones, paros en las calles son hoy bastantes comunes. Diversos sectores las convocan y realizan.

Sin embargo, cuando se convoca a una marcha, a una manifestación, a una protesta organizada, frente a la Casa Presidencial, pareciera que se obnubilan los mismos dirigentes, que en el molote de “dirigentes” que convocan, sin articulación entre ellos, no saben qué hacer, o algunos de ellos salen públicamente a desdecirse de algunas de las consignas de movilización que se agitan, porque jurídicamente saben que no son posibles.

En las luchas sociales, en las huelgas, por ejemplo, hay que tener certeza de qué se quiere pelear, hay que tener certeza de que se puede lograr, hay que tener certeza de qué se puede negociar, para lo cual hay que llevar a la mesa de negociaciones propuestas negociables y no negociables, para poder sacar un resultado positivo. Y, sobre todo, hay que tener certeza de la capacidad organizativa y del apoyo que se va a recibir en la lucha, y de los aliados que se pueden lograr.

Ninguna huelga o protesta de este tipo puede realizarse con objetivos imposibles, porque se pierde. Lo ideal es que de una lucha social salga algo positivo, algo tangible, algo provechoso para los que están en lucha, porque ese resultado es el que va a posibilitar otras luchas se semejantes, y crecientes. Si las luchas, de este tipo se conducen con resultados reiteradamente perdedores, terminan debilitando las organizaciones convocantes de estas luchas, en el caso de este ejemplo, los sindicatos, a situaciones desmovilizadoras hacia el futuro, a la pérdida de confianza y de conciencia de quienes deben estar en esa lucha hacia sus dirigentes y sus organizaciones.

Está convocada una marcha, una movilización, una concentración, de diversos sectores sociales y de trabajadores, y con consignas mezcladas diversas y confusas entre ellas. Veamos dos de esas consignas. Una que llama a destituir al Presidente de la República, pidiéndole que renuncie. Los que enarbolan esa consigna pareciera que son analfabetos políticos totales, que nunca han leído ni siquiera la Constitución Política, ni la conocen, a pesar de que algunos son abogados y otros han sido hasta diputados. Uno de ellos, que fue diputado y es abogado, y también candidato Presidencial del Partido Liberación Nacional en 1998, José Miguel Corrales se corrió de esa consigna, porque sabe que eso no es posible, y que es una tontería estar agitando, y engañando a la gente, en esa dirección.

Si el Presidente, supongamos, renuncia, le sucede constitucionalmente la Primera Vicepresidencia de la República, y si ésta también renunciara, le seguiría, en orden de sucesión, la Segunda Presidencia de la República. Supongamos más. Que renuncian los tres juntos, los vicepresidentes, con gran sacrificio patriótico en solidaridad con su Presidente, renuncian a la vez, entonces, asume el Puesto de Presidente quien ejerce la Presidencia de la Asamblea Legislativa… si no renuncia, Y, si renunciara, en la Asamblea Legislativa hay tantos Presidentes legislativos, hasta 57, si todos son mayores de 30 años, que pudieran asumir ese puesto, si el Presidente Legislativa que nombren renuncia a su puesto y renuncia por ello a asumir la Presidencia de la República. Así de simple.

Si las cosas fueran así de sencillas, la sola renuncia del Presidente, no nos da a los costarricenses, con las dos Vicepresidencias que existen, y con el actual Presidente Legislativo, algo mejor que lo que dirige la Casa Presidencial y el Poder Ejecutivo Nacional.

Sería como tirarse a un precipicio, auto inmolarse o hacerse un harakiri, que es suicidarse rompiéndose todas las entrañas con una espada o un puñal especial.

De estas formas la del Harakiri al menos es la que hacen los guerreros, voluntariamente, sobre todo cuando quebrantaban algún Código de Honor. Pero no hay Código de Honor roto entre los manifestantes que demandan esta consigna de la renuncia. En cualquier caso, le correspondería al propio Presidente si considerara que el Código de Honor de su Mandato, surgido de la representación popular, lo ha violado o traicionado. Pero esto tampoco está en la discusión de la petición de su renuncia.

No se engañen los que agitan esta consigna. No sean tontos o idiotas. No les caben otras calificaciones. ¿Qué realmente prefieren de Presidente de la República?

Esa es una consigna imposible, irreal. Eso es movilizar gente a tontas, como a darle a una piñata o a jugar a la gallinita ciega. Obviamente los que convocan en esta dirección carecen de vista. No tienen claro cuál es el escenario en qué deben moverse. O tienen grandes cataratas en sus ojos, o tienen una degeneración macular aguda por su edad, que no les permite tener una visión central y aguda, por lo que no pueden leer, el escenario político, o no pueden ver detalles finos, de ese mismo escenario.

La otra consigna. La lucha contra la corrupción. Esta es absolutamente válida. La corrupción no está en La Luna ni en Marte. Campea en toda la institucionalidad pública. Aunque no se vea, ni se toque, se respira, hiede por todo lado. Esto es cierto. No se necesita ser brujo ni adivino para señalar la existencia de la corrupción en el país. Pero, la sola lucha contra la corrupción, y la movilización contra ella, no es por sí misma suficiente. La corrupción no es intangible, por eso no se puede movilizar contra la corrupción en general. O se moviliza contra actos de corrupción precisos, denunciables, contra los funcionarios que los han realizado, con nombres y apellidos, pidiendo cosas concretas contra ellos, renuncias de sus cargos, y la acusación penal respectiva, exigiendo las penas más altas posibles para que su castigo sea ejemplarizante. Pero, no se puede luchar contra la corrupción en abstracto, en general. Eso no resuelve nada.

Lo mejor sería que en este caso quienes se manifiestan en esta dirección elaboren un Proyecto de Ley, contra la corrupción, y se movilicen donde debe ser, a la Asamblea Legislativa a presentar el Proyecto de Ley, por iniciativa ciudadana, que ahora se puede, o presentándoselo a algún diputado, o grupo de diputados que lo acojan y presenten como propio. Entonces sí vale la movilización diaria, permanente frente a la Asamblea Legislativa, hasta que le den el trámite para que llegue ese Proyecto de Ley al Plenario legislativo, y con las calles llenas presionar por su aprobación.

La sola movilización contra la corrupción, si no hay una propuesta concreta, es un canto a La Luna. Los que han sido diputados y están en esa marcha y movilización comprometidos lo saben. Si lo que tratan es de ganar alguna imagen más de la que ya tienen, bien ganada o mal ganada, no pasarán de sumar a su récord personal que han movilizado gentes bien intencionadas al desgaste político.

Algunas de las Cámaras empresariales, hace poco tiempo plantearon, ante el Gobierno, como parte de sus luchas y demandas, la necesidad de luchar contra la corrupción, la elusión, la evasión y el contrabando, que a ellos, los empresarios honestos, también los afecta. Los sindicatos, por su parte, han hecho pronunciamientos similares.

Sin embargo, siendo este un punto de Unión Nacional, en el buen sentido, no se han puesto de acuerdo, estos sectores organizados, para presentar una propuesta conjunta. De pronto que puede salir, una propuesta concreta, si se sientan a hablar sobre esto.

El tercer elemento alrededor de esta convocatoria, de marcha, de protesta, es el río revuelto que se quiere realizar, y las aguas subterráneas que se mueven dentro de ese molote social. Es el elemento desestabilizador de quienes, desde hace poco tiempo, han empezado a agitar las banderas de la anarquía institucional, los que convocan contra los Poderes del Estado, contra su imagen, los que denigran a todos los funcionarios públicos políticos, a las Autoridades de Gobierno, de sus cuatro Poderes, y de las Instituciones públicas, son los que hablan en abstracto contra la corrupción del gobierno, la corrupción de los políticos, la corrupción de los partidos políticos, la corrupción de los trabajadores con altos salarios o con altas pensiones, como si fueran estos los que se recetaron sus salarios y sus pensiones, que son originadas por las luchas de los trabajadores y por Leyes de la República.

Quienes así están actuando está deslegitimando todo el sistema democrático, y democrático representativo, que tenemos. Solo están favoreciendo salidas políticas golpistas, antidemocráticas, autoritarias, despóticas, fascistas y hasta tiránicas. Qué nadie se engañe en esto.

En este escenario perdemos todos los costarricenses, de cualquier signo político o ideológico en que se ubiquen, y de cualquier clase social con la que se identifiquen o pertenezcan. Este sería el resultado de este tipo de luchas que conduzcan a hacer surgir, de la espuma que se levante, líderes de ocasión, populistas, que como canto de sirenas, puedan ilusionar a sectores sociales desesperados y desilusionados de su propia situación social, en este momento de crisis social, por los efectos socio laborales de la pandemia, y por los golpes económicos de la misma.

Algunos, de los que están convocando a estas movilizaciones, todavía tienen posibilidades en tiempo real de que constituyan su partido político para las elecciones del 2022, que pareciera son sus aspiraciones principales, y movilicen lo que puedan alrededor suyo, para tal vez volver a la Asamblea Legislativa como diputados.

Algunos de esos líderes que están convocando ya han participado en varios procesos electorales, sin haber logrado la confianza del electorado. Tal vez en medio de esta situación social logren sacar algunos votos de más, por lo menos, para volver a la Asamblea Legislativa, que es cada vez más difícil, por el número de votantes que se necesita para salir electo, cuando no se tiene la fuerza y el reconocimiento social y político del caso, o se tiene una imagen desgastada que ninguna movilización de este tipo les va a mejorar.

Los dirigentes sindicales que se han tirado en esta movilización, ¡cuidado queman lo poco que les queda de sus naves!

Territorios Seguros presenta su metodología de empoderamiento en video

Territorios Seguros es una organización que ha desarrollado y aplicado exitosamente una metodología de empoderamiento de los ciudadanos para proponer proyectos y ejercer procesos de rendición de cuentas a diversas organizaciones gubernamentales.

Este es un extracto de la introducción a la metodología, presentado por su fundador Carlos Campos Rojas, como un aporte del compañero Jonathan del Territorio Seguro que se construye en Sámara, Nicoya

 

Enviado por Carlos Campos.

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“Ahogaron” la Ley de Iniciativa Popular

Freddy Pacheco León (*)

 

Al aprobarse hace una década, la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) era para algunos diputados, una gran oportunidad para que se ampliara la democracia, para que el Soberano, el pueblo representado en al menos un 5% del padrón electoral, pudiera presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Antes de ello, no era posible que por esa vía, los señores diputados se vieran en la obligación de votar un proyecto de ley generado por ese mecanismo.

Así ingresó en el 2010 el proyecto de una nueva LEY DE AGUAS, acompañado por más de 150.000 firmas avaladas por el TSE, en hojas que decían en su encabezado, que el proyecto garantizaba “el derecho humano de acceso al agua potable EN CANTIDAD Y CALIDAD para las presentes y futuras generaciones”. Así fue fácil recolectar más firmas que el mínimo necesario.

Pero, las decenas de miles de ciudadanos que firmaron por ese proyecto, no se preocuparon de lo que diría EL TEXTO que se entregaría al Directorio Legislativo, y que, de acuerdo con la Ley, se votaría en un plazo máximo de DOS AÑOS. La buena fe de los que firmaron era tal, que jamás se imaginaron el VIL ENGAÑO que se estaba gestando a sus espaldas.

Pues resulta que a punto de finalizar el plazo de los dos años, los diputados de la Comisión de Ambiente corrieron para dictaminarlo y enviarlo al Plenario Legislativo para su votación. Carrera en la cual “olvidaron” algo fundamental, algo elemental, algo lógico, explicado por los señores magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, al responder una consulta legislativa.

Dicen: “no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen SU DESNATURALIZACIÓN, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía EL PROYECTO ORIGINAL con el proyecto QUE FUE APROBADO en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD”.

Y es que no podía haber sido de diferente manera, pues los señores diputados de comisión y los que lo aprobaron en Primer Debate el lunes 31 de marzo del 2014, obviaron que el “DERECHO DE ENMIENDA” ejecutado en proyectos de ley regulares, NO es posible practicarlo cuando se trata, por ejemplo, de convenios internacionales y aquellos regidos por la Ley de Iniciativa Popular. Y en estos últimos con mayor razón, porque podría suceder que al hacerle cambios sustanciales que lo afectaren negativamente (como sucediera en este caso) se desnaturalizaría TODO EL CONCEPTO DE LA INICIATIVA POPULAR. Podían, los señores diputados, aprobar o improbar el proyecto que les sometió para su votación el Soberano, pero no podían “aprovecharse” de él para, según intereses antidemocráticos, cambiarlo como producto de “UNA NEGOCIACIÓN”. Hacer tal cosa, haría aumentar la DESCONFIANZA que se tiene en la institución legislativa. La democracia ha de ser una realidad, no un “saludo a la bandera”. Mas, sin embargo, así lo hicieron.

Sin necesidad de entrar en detalles de la violación flagrante al desdeñado “Principio de Conexidad” que ha de existir entre la voluntad de los que firmaron en las hojitas, y lo que eventualmente se aprobaría (como por ejemplo el HABER ELIMINADO la expresión “EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS” en el Principio sobre el acceso al agua como un Derecho Humano, y la inserción del agua como “BIEN ECONÓMICO” en lugar de “BIEN SOCIAL”) la misma comisión legislativa en su dictamen, LE CONFESÓ cándidamente al Plenario Legislativo algo insólito.

LE DIJERON: “Antes de aprobar EL TEXTO SUSTITUTIVO, las y los legisladores que formamos parte de la comisión dictaminadora promovimos un ACUERDO POLÍTICO intersectorial, donde participaron, entre otras organizaciones, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), la Alianza de Redes Ambientales (ARA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional). También participó el Poder Ejecutivo”.

O sea, confiesan con una desfachatez superlativa, que el texto ingresado con las decenas de miles de firmas fue sustituido, FUE DESECHADO, que el que se votaría fue producto de una negociación con entes privados y políticos. Que, en otras palabras, SE HABÍA ENGAÑADO a los ciudadanos que creyeron estar participando de una nueva forma de participación democrática en la elaboración de las leyes.

Hoy, siguiendo ese mal “ejemplo”, hay algunos diputados que quieren no solo aprobarlo así, sino además, HACERLE MÁS CAMBIOS al “texto sustitutivo”. Cabe recordar que al aprobarse la Ley de Iniciativa Popular a inicios del 2006, algunos legisladores expresaron que ellos hubieran preferido que los proyectos ingresados por esa vía, se pudieren modificar como cualquier otro proyecto. Pues, aunque sus propuestas NO fueron acogidas, diputados actuales están actuando cual si eso se hubiere aprobado de esa manera, mal sustentados en “dictámenes” jurídicos “jalados del pelo”, que solo servirán para hacer más grande el embrollo. Para ellos, lo que importa es aprobar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, aunque éste sea IMPOPULAR E INCONSTITUCIONAL por su forma y su fondo.

TRISTE FINAL para la bien intencionada Ley de Iniciativa Popular, pues con lo sucedido, la misma Asamblea Legislativa se han encargado de “AHOGAR” una legislación que prometía ser un mecanismo efectivo de acercar al Soberano, al pueblo que ha de respetarse, a la Asamblea Legislativa, a través de un mecanismo que le permitiría participar directamente en el Primer Poder de la República. A partir de ahora, muy pocos, O QUIZÁ NADIE, estaría dispuesto a sumar su valiosa firma en un proyecto semejante.

(*)Dr. en Ciencias Biológicas.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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