Skip to main content

Etiqueta: CLSS

Paz y justicia para Jehry Rivera Rivera

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, se unieron al llamado por la paz y la justicia para Jerhy Rivera Rivera, para su familia, para el pueblo Brörán de Térraba y para los pueblos originarios. 

En la página de Facebook de “La Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS” fue compartida la noticia de la unión al llamado por la paz y justicia para Jehry y los pueblos originarios, dicha publicación la puede visualizar en el siguiente link: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid0ZgkuuYUTbdqvEEuNsVCUTTequWDcaK8qTQuNUfrSEfe7Qs6JaPdxoL8M9LcN1CXml/?mibextid=Nif5oz

Inicia juicio por el asesinato del líder brörán de térraba, Jerhy Rivera Rivera

COMUNICADO PÚBLICO

– Organizaciones de Pueblos Originarios de la Zona Sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, familia de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.

– El Tribunal de Pérez Zeledón admite como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jehry Rivera e investigador judicial admite en su testimonio que Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por el conflicto existente por las tierras-territorios en la Zona Sur y que Jerhy fue arrastrado por el suelo al menos 5 metros del lugar donde fue asesinado.

Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.

En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.

Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*

Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*

Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.

*Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).*

Líder Bribri fue privado de su libertad por desconocimiento al derecho indígena y pluralidad jurídica del país

Denuncia Pública

Lesner Figueroa Lázaro, Bribri del Clan Tuadiwak y vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW), Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, estuvo detenido por más de 8 horas durante el día de ayer 2 de diciembre. 

Una vez más, el Poder Judicial de Costa Rica desconoce y viola el bloque de constitucionalidad, el derecho indígena y una serie de compromisos adquiridos por el país a nivel internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Lesner Figueroa, compañero recuperador, líder y miembro del Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre -Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW)- estuvo privado de libertad por más de 8 horas el viernes 2 de diciembre. Esto, en detrimento de una serie de Derechos Humanos particulares de los Pueblos Originarios, que deberían ser conocidos y aplicados por los operadores del Poder Judicial. Falta que incurre, por tanto, en una violación grave a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense. 

Los hechos son los siguientes: 

En medio del conflicto estructural de ocupación ilegal de terrenos dentro de los Territorios Indígenas, muchas personas recuperadoras de los Pueblos Originarios, que impulsan los procesos de recuperación de tierra-territorio, resultan imputadas en causas penales tras la denuncia de personas no indígenas que ocupan ilegalmente esos terrenos. Además, el conflicto se ha ido judicializando con el paso de los años. 

En ese contexto, las personas mayormente afectadas son las que pertenecen a los Pueblos Originarios en tanto esta judicialización del conflicto no se ha traducido en el acceso al derecho a la justicia y ni siquiera respeta las particularidades culturales de estos Pueblos.

En este caso, Lesner Figueroa Lazaro  es denunciado penalmente -además de otros compañeros y compañeras- por una persona no indígena, Rafael Salas Salazar quien ocupaba ilegalmente un terreno dentro del Territorio Bribri de Salitre. La causa penal es EXP: 22-000042-0030-PE. Por razones culturales, Lesner no pudo hacerse presente a una diligencia judicial en días pasados. Él se encontraba bajo un tratamiento especial, cultural y particular de la cultura Bribri que no le permitía atender nada fuera de su comunidad. 

Ante la inasistencia de Lesner, el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur emitió la Orden de Captura 280-TJPZ-2022 en su contra por el delito de rebeldía; voluntariamente, Lesner se dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires a las 8 a.m. el día viernes 2 de diciembre del 2022, estando en el sitio, se le pidió que esperara unos minutos para que fuera atendido. Posteriormente, dos sujetos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le indicaron que debía permanecer detenido por el delito de rebeldía, fue esposado y trasladado en un vehículo del OIJ hacia las oficinas de esta policía judicial que se encuentra en el edificio del Juzgado Penal de Buenos Aires.

Ahí, le fueron tomadas sus huellas y fotografías. Le fue indicado que debía esperar a la resolución final del Juez a cargo; la cual podría tardar porque éste se encontraba “muy ocupado”. Luego fue trasladado a unas celdas de la Fuerza Pública en Buenos Aires y ahí estuvo detenido hasta horas de las tarde (alrededor de las 2 p.m.), cuando fue trasladado nuevamente al Tribunal Penal.

El Tribunal Penal entregó a Lesner una citación que indica la nueva fecha en la que debe hacerse presente ante esa misma instancia para continuar con el proceso penal de fondo. Es decir, fue privado de su libertad únicamente para recibir una nueva citación judicial.

Por su condición de ser una persona del Pueblo Bribri de Salitre, los hechos relatados anteriormente, evidencian una serie de faltas graves por parte del Poder Judicial y, consecuentemente, de violaciones graves a los Derechos Humanos de Figueroa Lázaro; quien además es beneficiario a título individual y como vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW) de las Medidas Cautelares #321 – 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Téraba.

En este sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificada por el Estado costarricense en 1993- en el artículo 9 inciso 2 establece: 

“Art 9. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.

Así mismo el numeral 10 de dicho convenio internacional estipula: 

“Art 10. 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales;

  1. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

La Constitución Política de Costa Rica indica en su artículo 7 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.

Entonces, si instrumentos internacionales de derechos humanos o sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos otorgan una protección más amplia, extensiva y favorable para las personas, que la establecida en la Constitución Política, estas normas y sentencias estarían por encima de la Constitución. En ese sentido La Sala Constitucional en el Voto No. 1319-97 indicó “los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.

Lesner y cualquier otra persona que pertenezca a un Pueblo Originario imputada penalmente tiene derecho a un trato particular y especial que respete su cultura, cosmogonía y cosmovisión además de sus condiciones socio económicas y políticas.

A Lesner y en general a las personas que pertenezcan a un Pueblo Originario son sujetas al Derecho Indígena; derecho que el Estado costarricense insiste en desconocer estructural y sistemáticamente. 

Lesner fue privado de libertad pese a que su cultura le impedía atender un proceso judicial que no conoce otra norma más que la civil/penal occidental y colonial y aun cuando la normativa internacional reconoce la preferencia de otro tipo de sanciones a la privación de libertad. Normativa a la que el Estado de Costa Rica debe respetar y no violentar. 

Como si lo anterior fuera poco, el Poder Judicial entra en una falta más al no priorizar el caso de Lesner y atenderlo 8 horas después. Los Pueblos Originarios, de acuerdo a instrumentos internacionales reconocidos por el Estado costarricense, tienen derecho a un trato diferenciado en materia penal.

En Costa Rica, se estaría ante un caso de pluralismo jurídico, ya que el Convenio 169 de la OIT,  la Declaración  de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otra normativa internacional y nacional,  reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, han reconocido la necesaria coexistencia de sistemas normativos y de justicia propios de estos Pueblos con la jurisdicción estatal; coexistencia que en la realidad se ha convertido en una imposición del sistema judicial estatal que ha derivado en hegemónico. 

El desconocimiento al Derecho Indígena es una falta grave de las y los funcionarios del Poder Judicial de Costa Rica.

Además, esta acción constituye una de las múltiples formas de violencia institucional contra los Pueblos Originarios del país. Todo incurre en la violación de los Derechos Humanos -y colectivos- de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense; violación que tiene un fondo estructural: la ocupación ilegal por parte de personas no indígenas de tierras-territorios que se encuentran dentro de los Territorios Indígenas. En ese sentido, el Estado costarricense constantemente violenta los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de forma sistemática y estructuralmente. 

Ante ello, demandamos:

  1. El Poder Judicial y Ejecutivo realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de las y los funcionarios involucrados en los hechos descritos, se establezcan las sanciones correspondientes y se brinde un informe al respecto.

Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/655513739397361/?mibextid=Nif5oz

Se filtra información confidencial del OIJ y Fuerza Pública sobre recuperación de tierra de la familia Sandí Morales

Miércoles 30 de noviembre de 2022. Miembr@s de la familia Bribri Sandí Morales y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, recibieron el día de hoy, con suma preocupación, imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas  y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón; sobre los hechos acaecidos durante los días 4 y 5 de noviembre del año en curso en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).

Las imágenes, fueron difundidas el día de hoy de forma masiva por medio del grupo de WhatsApp “GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» de la localidad y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, de quien se muestra su rostro e información personal.

Este grupo de WhatsApp ha sido denunciado públicamente y de manera formal ante el Estado de Costa Rica, por difundir mensajes de odio, racismo y amenazas contra las familias recuperadoras de tierra – territorio de los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica.

Solicitamos que de manera inmediata se realicen las investigaciones necesarias para determinar cómo se filtraron y se hicieron públicas imágenes sobre 2 Informes Oficiales de instancias judiciales y administrativas, información que es parte de una investigación judicial y que según el ordenamiento jurídico son confidenciales y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes; además de brindar un informe sobre lo acontecido.

Las imágenes indicadas fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de WhatsApp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet, como ha sido denunciado pública y judicialmente de forma reiterada.

Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.

Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios y de los Defensores de Derechos Humanos que acompañan sus justas causas.

Consejo Iríria Sätkök.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Aumenta tensión por información de eventual ataque en turba y con armas de fuego contra familia recuperadora de Yäbamï dí Kátá (Cabagra)

En los últimos días la familia Bribri Sandí Morales, recuperador@s de un terreno ubicado en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà ha recibido información de fuente confiable, que los finqueros no indígenas del sector de Bolas, están organizando un grupo de personas que atacarían en turba y con armas de fuego a esta familia, ingresando por la montaña al terreno recuperado.

También, recibieron información, sobre la supuesta traída de personas no Indígenas que ocupan ilegalmente el Territorio Brörán de Térraba para atacar a esta familia a más tardar el próximo 26 de noviembre. Está coordinación supuestamente la está realizando el señor Luis Pérez Jiménez, quien ocupaba ilegalmente la tierra recuperada por la familia Sandí Morales.

Nos preocupa enormemente está situación, ya sabemos y el Gobierno ha sido informado por diversos medios de las múltiples amenazas de muerte en contra de la familia Sandí Morales y de la supuesta contratación de servicios de sicariato en su contra, hechos denunciados públicamente en las Alertas Tempranas emitidas por la familia, el Consejo Iríria Sätkök y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y enviadas formalmente al Estado de Costa Rica los días 10 y 16 de noviembre.

Los días viernes 18, 19 y 20 de noviembre desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se enviaron 3 correos sobre está situación a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas y  no han sido contestados de manera satisfactoria, ni se conoce una posición oficial al respecto.

Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.

Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios. Por lo que exigimos:

  1. El Poder Ejecutivo tome acciones inmediatas y efectivas para garantizar la vida e integridad de la familia recuperadora.
  2. El Poder Ejecutivo coordine con el señor Pérez Jiménez el retiro definitivo de su ganado del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
  3. El Poder Judicial haga cumplir de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares que desde hace meses fueron dictadas contra Luis Pérez Jiménez y sus peones, pero que no se han cumplido y realice las investigaciones y diligencias necesarias para garantizar la vida e integridad de la Familia Sandí Morales.

Consejo Iríria Sätkök.

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Primera reunión de lanzamiento de Comité de Solidaridad con los pueblos originarios

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) convocan a las organizaciones y personas conscientes e interesadas en las luchas de los pueblos originarios, su derecho humano a la tierra-territorio, por el acceso a la justicia y un alto a la impunidad, a una primera reunión de análisis y trabajo, para brindar apoyo, a la causa de estos pueblos, sus procesos de recuperaciones y defensa del territorio.

La primera reunión de este evento será el miércoles 16 noviembre del 2022, a partir de las 5:00 p.m., en la Casa Cultural Simón Bolívar, San José. Avda. 10, Frente antigua Embajada de Venezuela.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Comunicado público: Köe Diglé nueva recuperación de tierra – en el territorio cabécar de China Kichá

El pueblo cabécar de China Kichá tiene una nueva recuperación de tierra-territorio, su nombre es Köe Diglé, que en español es quebrada tortuga

SURCOS comparte la siguiente información:

Miércoles 9 de noviembre del 2022. La familia Ríos del Clan Julabluwak, que pertenece al Pueblo Cabécar, alrededor de las 5:30 de la mañana recuperó un terreno ocupado ilegalmente por José Naranjo, no indígena que obtenía ganancias de ese terreno a través de la empresa Inversiones Agrícolas Navas desde 2011. 

El terreno se encuentra ubicado a 2.5 kilómetros al este del salón comunal del Territorio, mide 12 hectáreas y limita con: Sa Ka Keglö Kaska al norte y al este, y con calle pública al sur.

Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar, fundamentada en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), la Ley Indígena de 1977 y el marco constitucional del país. Además, la Sala Constitucional recientemente declaró la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas realizadas después de la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977. El fallo es el No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022. 

El terreno recuperado el día de hoy, en un primer momento fue del Cabécar Ramón Ríos Calderón, luego pasa a ser ocupado por Alfredo Ureña, no indígena, quien lo vende a Cacho Porras, también no indígena. 

Este último lo hereda a su hijo, Antonio Porras, quien finalmente lo vende a la empresa Inversiones Agrícolas Navas, cuyo socio mayoritario es José Naranjo. 

Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país.

Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.

Recuperadores y recuperadoras cabécares de Köe Diglé.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Alerta temprana: amenazas contra las recuperaciones del territorio de China Kichá

En horas de la tarde, las personas recuperadoras cabécares de China Kichá conocieron de amenazas en su contra

Miércoles 9 de noviembre del 2022. Según información recibida por las y los recuperadores cabécares de China Kicha, las personas ex ocupantes ilegales responderán a las 5 recuperaciones de tierra-territorio que fueron alcanzadas por el Pueblo Cabécar desde el sábado 5 de noviembre al día de hoy. Entre las amenazas se encuentran la posibilidad de que en las próximas horas (noche o madrugada) irán contra las nuevas recuperaciones en China Kichá. 

El contexto ampliado refiere a que desde el sábado anterior inició una oleada de recuperaciones de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá. El día de hoy fueron realizadas tres en total: 1) Köe Diglé, ocupada ilegalmente por José Naranjo con el funcionamiento de la empresa Inversiones Agrícolas Navas; 2) en ese mismo terreno, el ex ocupante ilegal de la recuperación Sa Ka Duwé Senaglö de apellido Badilla contaba con un pequeño terreno, que fue recuperado junto a Koé Diglé y; 3) Nama Jú, ocupada ilegalmente por Joaquín Delgado y su empresa de Tres Jotas. Ante ello, los ex ocupantes ilegales pretenden accionar de forma violenta en su contra. 

Es importante señalar que el ganado de Badilla aún se encuentra dentro de Koë Diglé, situación que puede contribuir a un factor de riesgo en contra de las y los recuperadores cabécares. También se encuentra dentro de Nama Jú el ganado de Tres Jotas. Únicamente fue posible que el ganado de Naranjo fuera retirado el día de hoy, desde las 2 p.m.

Así, en este contexto, las y los recuperadores cabécares de China Kicha: 

– Exigimos la presencia policial en el Territorio de forma inmediata y permanente. 

– Solicitamos a la Mesa Interinstitucional sobre el tema indígena, creada por el Gobierno de Chaves, se haga presente en el Territorio Cabécar de China Kichá.

Solicitamos a las organizaciones, colectivos y personas solidarias a que estén pendientes del clima de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá. Ahora es cuando la solidaridad se hace más necesaria. 

Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado costarricense, único responsable en que los Pueblos Originarios accionemos procesos de recuperación de tierra-territorio, procesos que ya llevan más de 12 años. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

– Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá. 

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Nueva recuperación de tierra-territorio en el territorio cabécar de China Kichá

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado martes 8 de noviembre del 2022 alrededor de las 7 de la mañana, cuatro familias de apellidos Zúñiga Fernández, Vargas Fernández, Fernández Estrada y Zúñiga Obando, quienes pertenecen a los Clanes Kibegröwak y Julabuluwak, pertenecientes al Pueblo Cabécar, toman posesión y recuperan terreno ocupado ilegalmente por el no indigena Hugo Valverde y adquirió el terreno dentro del Territorio Cabécar de China Kichá lo cual va en contra a lo establecido por la Ley Indígena de 1977.

Jawa Senaglö je i töri es el nombre de la nueva recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá, que comprende 7 hectáreas. El terreno fué ocupado ilegalmente por el no indígena Rubén Segura, posteriormente, en los 80 fue adquirido por Rafael Solís. Finalmente, en el año 88 fue adquirido por Hugo Valverde.

Esta recuperación de tierra-territorio se da en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley Indígena de 1977 y el marco constitucional del país. Además, la Sala Constitucional recientemente declaró la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas después de la vigencia de la Ley Indígena de 1977, el fallo es el No 20222024725, del pasado miércoles 19 de octubre del 2022.

Mediante este tipo de acto llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país, se exige la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra, a recuperadores y recuperadoras cabécares de Jawa Senaglö je i töri y Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Imagen ilustrativa.

Sala Cuarta rechaza acción de inconstitucionalidad de la Asociación Multiétnica y Pluricultural contra la ley indígena

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

– “La Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), no tiene entre sus fines, la defensa de los derechos autóctonos de los pueblos indígenas de Costa Rica” señala la Sala Constitucional.

Martes 13 de setiembre de 2022. Mediante resolución Nº 2022014850 de las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, rechazó de plano, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), la Autoridad Étnica Tradicional de Mayores de Buenos Aires y Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, expediente: 21-026066-0007-CO; contra Ley Indígena. No. 6172 de 29 de noviembre de 1977.

Las 3 organizaciones accionantes pretendían que se declarara inconstitucional la Ley Indígena 6172 de 1977, alegando que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta a la población indígena, no están regulados en esa Ley, también señalan que durante la aprobación de la Ley No. 6172 se incurrió en vicios de forma y que la ley impugnada tiene también vicios de fondo, además, reclaman que se ha producido una violación al derecho fundamental a la consulta, contemplado en el artículo 6 del Convenio 169 citado, por la ausencia de un marco regulatorio en la Ley indicada en perjuicio de los pueblos indígenas.

Para efectos de legitimación, señalan los recurrentes que deriva del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto acuden en defensa de los intereses de los miembros de la Asociación referida y la población indígena costarricense.

La pretendida acción de inconstitucionalidad de las cuestionadas organizaciones, fue rechazada de plano por la Sala Constitucional, que en el Considerando I con respecto a los accionantes manifiesta “…en su condición, según manifiestan, de representantes de los pueblos indígenas de Costa Rica. AMPBA, es una asociación civil, cuyos objetivos son totalmente académicos, sociales y culturales. No está consignado, como uno de sus fines, la defensa nacional de la comunidad indígena o de algún grupo indígena en particular”.

Además, considera la Sala “la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA), no tiene entre sus fines, la defensa de los derechos autóctonos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Asimismo, su marco de actuación, se reduce a los territorios de Buenos Aires de Puntarenas, de manera que no puede, sin más, pretender impugnar una ley que afecta a la totalidad de los pueblos indígenas del país.”

En el mismo sentido, reitera el Tribunal Constitucional “Si la Asociación pretende defender los derechos de todos los pueblos indígenas, debe, al menos, demostrar que ese es uno de sus fines, así como acreditar previamente, las condiciones que los legitiman a impugnar una normativa que es nacional y de enorme importancia para los pueblos indígenas.

Por su parte, la Coordinadora General, «si bien es representante de las Autoridades Ancestrales de Mesoamérica, no puede atribuirse, por ese solo hecho, la representación legal de toda la población indígena de Costa Rica como pretenden en la acción. En razón de lo expuesto, la acción debe ser rechazada.”

La Asociación Multiétnica y Pluricultural (AMPBA) es una organización que conglomera personas ocupantes ilegales de terrenos en Territorios Indígenas y personas afines, ha sido identificada como un actor que agrede a los Pueblos Originarios.

Por lo tanto, llamamos y exigimos:

– A la comunidad nacional, internacional, a las autoridades competentes así como a las organizaciones amigas, a estar alertas sobre los movimientos de la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA). Todos, todas, Pueblos Originarios y no, somos testigos (as) de la profunda violencia y odio que promueve ésta organización.

– Al Poder Judicial, a que investigue el actuar de la AMPBA y de las personas que la integran, por su vínculo claro con agresiones, violencias y delitos que han sido denunciadas pública y judicialmente; y a los que sobreviven los Pueblos Originarios que se encuentran recuperando tierras-territorios.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Concejo Ditsö Iriria Ajkönu Wakpa de Salitre.
Consejo Iriria Sat Kök de Yamabï Dí (Cabagra).
Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.
Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Nota de la redacción: Puede ver la resolución completa en el siguiente enlace compartido con SURCOS por Elides Rivera Navas:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1098995