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Etiqueta: Código de Minería

Comunidades y ecologismo se manifiestan en contra de proyectos de ley 23.414 y 22.561 y proponen iniciativa para regular la minería no metálica

Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.

Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.

Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.

Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.

Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.

Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.

Nuestro oro nos llama a actuar

Freddy Pacheco León

Que se están robando el oro de los costarricenses, allá cerca de la frontera norte, es cierto. Que el daño ambiental iniciado hace más de una década, es, no solo una irreversible triste realidad, es igualmente cierto. Que hay muchas personas honestamente interesadas, en detener el saqueo y la destrucción, ambos provocados por los ladrones, que actúan impunemente en esa zona remota, es evidente. Que algunos han visto en los señores diputados, una esperanza de solución, aunque ésta nos luce innecesaria como tarea legislativa, es igualmente verdad. Que existe una prohibición expresa en el Código de Minería, que impide otorgar concesiones a mineras privadas, para aprovechamiento de la riqueza aurífera, con la técnica de cielo abierto, es bien conocido. Que, posiblemente, sin esa barrera legal, hace unos años ya habríamos visto, cómo empresas extranjeras habrían iniciado la extracción de esa riqueza, para su propio beneficio, es innegable.

Ante ello, hace unos ocho años, hemos compartido con diversos grupos y personas, la propuesta de aprovechar en una década, alrededor de US$2.300 millones, del oro nacional, localizado en el yacimiento de Crucitas, para beneficio de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente, para la atención sanitaria de los Ciudadanos de Oro, que hoy lamentablemente, la Caja, por su situación financiera, no puede atender, como lo merecen. Abuelitos y abuelitas, que por el problema demográfico que estamos viviendo en Costa Rica, ya hoy ocupan más del 65 % de los espacios de atención, en hospitales y clínicas, si es que logran superar las inhumanas listas de espera. Ancianos que van aumentando aceleradamente en números, y que, requieren de una acción efectiva, dirigida a su atención en todo el país, de Osa a Barra del Colorado, de Nicoya a Talamanca, de Puriscal a Pococí, de San Carlos a Cartago, de San José a Liberia. En fin, por todo el territorio nacional, a partir de una visión solidaria, muy costarricense.

Oro que propiciaría, si nos lo proponemos, la estructuración de un sistema hospitalario, integral, que se iría desarrollando gracias a la participación de profesionales médicos, planificadores, sociólogos, demógrafos, ingenieros, arquitectos, ¡que existen en el país!, y que se encargarían del diseño de hospitales geriátricos regionales, vinculados en algunos casos a los existentes, para ir atendiendo la demanda de esa venerable población de compatriotas. Asimismo, en lo posible, los más de un millar de Ebais, que brindan su fundamental atención primaria en tantas comunidades, tendrían áreas nuevas, dedicadas a atención geriátrica. Asimismo, se piensa que quizá sería necesario, un hospital de especialidades médicas, como soporte deseable, según lo determinen los profesionales que se involucrarían en este proyecto país. Propuesta que, como consecuencia, liberaría la presión sobre las listas de espera, que tanto dolor, causan a los pacientes que son incluidas en ellas, ante la falta de recursos humanos y financieros.

Para su identidad, hemos propuesto que ese sistema hospitalario sea conocido como Hospital del Oro.

¡Claro que entendemos algunas reacciones, en contra de la explotación del yacimiento de oro en Crucitas!, principalmente al recordar lo sucedido, con el manejo indebido, que provocara el gran conflicto que nos movilizó a tantos compatriotas, hace más de diez años, y que desembocara en la prohibición legal, a otorgar concesiones para su explotación. Concesiones que el Estado, como tal, no tendría que solicitar, por tratarse de bienes demaniales, a disposición de sí mismo, de interés público.

Superada la página del conflicto, nuestra propuesta, no solo tiene otra motivación, sino que es diametralmente opuesta. La misma, 1. Mantiene la prohibición, existente a otorgar concesiones a empresas privadas. 2. Es el único yacimiento bien explorado, existente en Costa Rica, y que estaba a punto de iniciar los trabajos para explotarlo. 3. Industrias Infinito (canadiense) esperaba extraer de la roca, tres toneladas de oro, al año, como mina comparativamente pequeña, que es. En otros países, como México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, se extraen más de cien toneladas anualmente. En el caso particular del vecino Nicaragua, los concesionarios, administran áreas, como es el caso de una sola concesión, cercanas al tamaño de Guanacaste, por lo cual dicha nación, ya se acerca a la exportación anual de oro, igual a US$1.000 millones. 4. En Costa Rica estamos hablando, de un área ambientalmente destrozada, donde no hay biodiversidad alguna que proteger, de menos de 1 km², de los 51.100 km² del país. Y, además, situado en una zona fronteriza remota, tan alejada, tan fuera de la vista de habitantes y visitantes, que, resulta, que hay menos distancia de la sede municipal de San Carlos, a la ciudad de San José, que, de allí, al sitio del yacimiento. 5. Como la mina es conocida, explorada al detalle desde hace años, el oro de la delgada capa superior está siendo robado, mientras otros se frotan las manos, esperando pasar a la siguiente etapa, que sería la de hacerse de ese oro, para su propio y egoísta beneficio, si se elimina del Código de Minería, la prohibición que hoy se los impide. 6. Es, muy clara la alternativa, entre dejar que extranjeros, y sus socios locales, nos arrebaten esa riqueza mineral, o aprovecharla para reforzar, significativamente, las finanzas de la Caja, que, por razones conocidas, renquea en la prestación de sus vitales servicios, precisamente, por la creciente deuda, sin aparente solución, del Poder Ejecutivo con ella. 7. Pensar, siquiera, que esa riqueza mineral, debidamente localizada, jamás va a ser extraída industrialmente, y que se va a mantener intocable, en ese pedacito del país, como pieza de museo, o como parte de un “monumento natural”, es un sueño. El potencial como “atractivo turístico”, de cualquier tipo, o de “investigación científica”, que se dice podría tener ese alejado sitio, es insustentable. El dilema, sencillo, en resumen, es que sea en beneficio de Costa Rica, o de empresarios privados, como únicos ganadores. 8. Por otro lado, la imagen ambientalista de la nación, no tendría por qué, verse afectada, pues el país mantendría el prestigioso sendero, donde ni la minería metálica a cielo abierto, ¡ni la explotación petrolera!, serían parte de su modelo de desarrollo. El aprovechamiento del oro del yacimiento de Crucitas, con sus particularidades únicas, y los muy loables objetivos anotados, sería solo una razonable excepción, en vista de las circunstancias especiales, si lo hace el Estado y con los fines como los propuestos. No existe en el mundo, algo similar.

Además de los puntos enumerados, finalmente hemos de anotar, que el costoso asunto de la delincuencia, que en Crucitas goza de un reino, se acabaría desde el instante en que los primeros funcionarios del Estado ingresen, con las debidas medidas de seguridad, a ejecutar las primeras acciones conducentes a la explotación del oro, que allí se realizaría. Es un asunto de lógica elemental.

29.10.2024

Oro de y para los ticos

Freddy Pacheco León

Las alternativas son claras

Como el yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, y muy bien conocido, desde hace años, la etapa de exploración (que el gobierno propone realizar) fue prácticamente ejecutada, por el concesionario canadiense que quería realizar su explotación. Lo que corresponde ahora, es proceder extraer el mineral, bajo el pleno cumplimiento de la legislación que nos rige.

Recordemos que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada hace una década, en Costa Rica NO se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las extrañas «subastas», de que ahora se habla, eventualmente terminarían llevándose el oro, hacia el extranjero, con los mayores beneficios para ellos. Por tanto, los estimables señores diputados, aquellos dispuestos a escuchar, han de tener muy claro, que mientras esa prohibición legal no sea derogada, se garantiza que solo el Estado costarricense, que obviamente no tiene que “solicitarse” a sí mismo una concesión para explotarlo, tendría la potestad de aprovechar ese valioso recurso, para nuestro exclusivo beneficio.

Ante esas alternativas (oro para extranjeros o para nosotros) reafirmamos la urgencia de que, los US$2.300 millones, que, al menos, produciría su aprovechamiento por espacio de, al menos diez años, se orienten hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro atendidos por la CCSS.

Para ese razonable objetivo, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente, en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más.

Nuestros adultos mayores, que ocupan más del 65 % de los espacios en clínicas y hospitales, no merecen seguir recibiendo en clínicas y hospitales de la Caja, el inhumano maltrato, provocado por la escasez de recursos financieros, por muchos conocido y sufrido, donde las inaceptables listas de espera, y la falta de espacios hospitalarios, son reflejo parcial, de la acongojante situación, que, igualmente, enfrenta el personal hospitalario de la Caja, que clama por más recursos, financieros, materiales y humanos.

Si el gobierno tomara la decisión de explotar, tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita vía costarricense, de inmejorables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros! Además, instantáneamente, con el inicio de las labores, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza, donde hoy, por desdén y falta de visión administrativa, la riqueza mineral está siendo robada impunemente.

Se trata, en fin, de aprovechar solo 1 km² de los más de 51.000 km² del país, para el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, para los que el Estado, ante sus crecientes necesidades, no tiene soluciones. Gravísimos problemas de deficiente atención, que tanto sufrimiento genera, en ellos y sus familias.

(Freddy Pacheco León, 8.10.2024).

La prohibición de la minería a cielo abierto en Costa Rica debe permanecer

Jorge Arturo Lobo Segura

El gobierno de Costa Rica ha decidido volver a un pasado que pensábamos superado. Ha propuesto la idea, ya aguardada por empresas mineras y los técnicos a servicio de ellas, de derogar el artículo del Código de Minería que prohíbe la minería a cielo abierto en Costa Rica. La excusa es “ya Crucitas está destruida y el oro se lo están llevando…”. Una burda simplificación de una realidad mucho más compleja, algo muy propio de las declaraciones del actual presidente.

La explotación de oro en Crucitas, a una escala que sufrague los costos y genere los beneficios sociales y económicos prometidos por el gobierno (dudosos beneficios, pero eso es otra discusión) requeriría necesariamente el uso de las técnicas de lixiviación química del suelo o de la roca subterránea, y posiblemente la construcción de grandes tajos de explotación. Es la llamada “minería metálica a cielo abierto”, prohibida por el artículo 8 bis del Código de Minería. Este tipo de minería, con su complejo de obras asociadas, constituye una las actividades de mayor magnitud e impacto ambiental que el hombre realiza sobre el planeta. Los destrozos producidos por los oreros ilegales en Crucitas palidecen ante la magnitud del impacto por la explotación industrial que caracteriza este tipo de minería. La razón es muy simple: su objetivo es extraer metales (oro en el caso de Crucitas) que se encuentra en bajas concentraciones en el suelo y subsuelo. Para lograr eso se realizan enormes excavaciones, donde el suelo y subsuelo (y toda la cobertura vegetal y la red hídrica superficial) desaparecen, para ser convertidos en lodos que son regados con substancias químicas, siempre venenosas. Estas substancias extraen el metal y lo concentran. Las toneladas métricas de roca y agua residuales se acumulan en varios tipos de estructuras, las más comunes en forma de lagos permanentes, llamados “lagunas de relaves”.

Sería muy difícil aquí recopilar todas las fuentes de destrucción y contaminación ambiental que este tipo de minería produce, sin contar sus impactos sociales y económicos negativos. Uno de ellos merece especial consideración: los accidentes en la laguna de relaves. Este depósito de desechos mineros, que en el caso del proyecto Crucitas tendría cerca de 150 has de superficie, es uno de los componentes más propensos a accidentes graves. Por ser lagos artificiales que no son necesariamente planeados para todas las contingencias ambientales, la ruptura de sus paredes o diques han provocado extensos derrames de su contenido, compuesto de lodos y aguas contaminadas, que se vierten sobre ríos y valles, arrasando muchas veces construcciones y habitantes. No son casos tan raros como para ser menospreciados. Una revisión de estos incidentes contabilizó 160 casos entre los años1960 – 2024.

Otra fuente informa de 214 casos entre los años 1940 y 2010, 67 de ellos en las categorías de “serios” o “muy serios”. Estos son incidentes donde se liberan más del 100,000 metros cúbicos de lodos y agua contaminada al ambiente, muchas veces con destrucción de viviendas, caminos y pérdidas humanas. Son datos necesariamente incompletos, por las dificultades obvias de registrar todo el universo de incidentes.

El exceso de lluvias es uno de los factores que han provocado muchos casos de rupturas de las presas en lagunas de relaves. Un dato interesante para entender lo que pueda pasar en Costa Rica. El cambio climático está incrementando la frecuencia de eventos climáticos extremos, como exceso de lluvias, que aumentan los riesgos de accidentes mineros. Esta afirmación se prueba con un accidente real ocurrido en Costa Rica: el derrumbe de las pilas de lixiviación de la mina Bellavista, en Miramar, cuyas consecuencias ambientales nunca fueron realmente investigadas.

El exceso de lluvias, y la acumulación de un exceso de desechos mineros, más allá de lo previsto en el diseño original, fueron las causas que provocaron dos desastres mineros en la historia reciente: los accidentes de Mariana (noviembre 2015) y de Brumadino (enero 2019) ambos en el estado de Minas Gerais, Brasil. En ambos accidentes millones de metros cúbicos de desechos mineros inundaron extensas áreas en ciudades, ríos y áreas rurales, la contaminación química llegó hasta el mar, y cientos de personas murieron enterradas bajo la ola de lodos que se liberaron tan rápidamente que no tuvieron oportunidad de ser advertidos y poder escapar.

Las compensaciones ambientales y de vidas humanas han sido un insuficientes para el tamaño de la tragedia, y han pasado por una enorme madeja legal y burocrática, donde la gran empresa minera responsable del proyecto (la compañía Vale, una de las mayores mineras del mundo) se escuda detrás de concesionarias y contratistas, a los que deja el trabajo de enfrentar las demandas del estado y la sociedad.

Vale la pena destacar que en estos accidentes en territorio brasileño la seguridad de los diques de las represas de relaves había sido inspeccionada previamente, y garantizada, por empresas consultoras “independientes”. ¿Mala praxis? ¿Corrupción? ¿Lluvias imprevistas? Quién sabe. Pero este antecedente es una buena lección de lo que se esconde a veces detrás de una actividad que se presenta como técnica, limpia y sostenible.

Costa Rica ya está incluida en la lista de países con accidentes mineros, pero si se permite la minería a cielo abierto tendríamos más casos de nuestro país en esta lista. Eso es lo que nos espera si derogamos el artículo 8 bis del Código Minero. Debemos superar esta especie de “fiebre de oro” que se ha desatado en nuestro país después de los incidentes en Crucitas. Es falso afirmar que “ya todo está destruido en Crucitas”. La experiencia real de los accidentes mineros prueba que podemos empeorar las cosas aún más.

Imagen: UCR

Después de diez años del litigio internacional por el oro de Crucitas se alcanza un final feliz

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

1. Recordemos que el laudo arbitral lo había ganado Costa Rica.

2. Que la minera, que ya había sido disuelta, se rearmó para presentar una última apelación.

3. Que hace unas dos semanas, la empresa canadiense había desistido, de dicha apelación.

4. Ahora se anuncia lo esperado; que la apelación no prosperó.

5. La vigilancia en Crucitas, nunca tuvo nada que ver, con lo que sucedía en el Ciadi, del Banco Mundial, pues el oro que se están robando, es del Estado costarricense y nada impedía, al menos, tratar de impedir la extracción que realizan maleantes.

6. Que, si se piensa dar en concesión a privados la explotación de ese oro, sí habría que reformar el Código de Minería.

7. Que, como debería ser, si el Estado decide explotar esa riqueza para beneficio del pueblo, NO haría falta, intervención alguna, de la Asamblea Legislativa, pues la prohibición a concesionar no afecta al mismo Estado.

8. Por ello, porque el camino ha estado siempre libre, desde hace siete años, se propone explotar, en esa relativamente pequeña, y muy degradada zona de Crucitas, más de US$2300 millones en diez años, a favor de un sistema hospitalario («Hospital del Oro»), regido por la CCSS, a favor de los más de 700.000 Ciudadanos de Oro, que lo están necesitando urgentemente.