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Etiqueta: Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Colegio de Psicología pide incluir la anticoncepción de emergencia sin requisitos en el expediente 23.633

Pronunciamiento:

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), a través de sus comisiones institucionales: Género y Sexualidad, Derechos Humanos y Psicología Perinatal, expresa su profunda preocupación ante las modificaciones realizadas al expediente legislativo N. 23.633, que busca dar rango de ley al Protocolo de las 72 horas y a los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales.

El pasado miércoles 21 de octubre, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo que excluyó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos contemplados en el proyecto. Posteriormente, el jueves 22 de octubre, se anunció la intención de reincorporar esta medida, pero condicionando su acceso a la realización previa de una prueba de embarazo.

Si bien reconocemos la importancia de reconsiderar su exclusión, advertimos que establecer requisitos que no respondan a una justificación clínica podría generar nuevas barreras en una ruta de atención que debe caracterizarse por la oportunidad, la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana.

Desde la Psicología, enfatizamos que la atención a las víctimas de violación sexual debe contribuir a su recuperación y no convertirse en una nueva fuente de sufrimiento.

La violencia sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y puede generar profundas consecuencias en la salud mental, entre ellas ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afectaciones emocionales. Ante esta realidad, una respuesta institucional oportuna, integral y respetuosa resulta fundamental para favorecer la seguridad, la autonomía y los procesos de recuperación de las personas sobrevivientes.

En este contexto, preocupa especialmente el riesgo de revictimización. Esta no se produce únicamente mediante el cuestionamiento de los testimonios o el trato inadecuado, sino también cuando los procedimientos institucionales imponen obstáculos innecesarios, retrasan la atención o limitan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

La protección de las víctimas exige evitar que las instituciones, mediante sus decisiones o procedimientos, profundicen el daño ocasionado por la violencia sexual.

Asimismo, consideramos indispensable que la discusión legislativa se sustente en evidencia científica y criterios técnicos especializados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido. Por tanto, es fundamental evitar interpretaciones que confundan la anticoncepción de emergencia con la interrupción del embarazo y que puedan traducirse en restricciones injustificadas para las víctimas.

Debe recordarse, además, que el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual de 2022 ya contempla la anticoncepción de emergencia como parte de la atención sanitaria, bajo criterios clínicos, información clara y consentimiento informado. En consecuencia, su incorporación expresa en la legislación representa una oportunidad para fortalecer las garantías de protección existentes.

Desde los enfoques de género, derechos humanos, Psicología Clínica y Perinatal, destacamos que las necesidades de las personas sobrevivientes deben abordarse de manera integral, considerando tanto su salud física como su bienestar psicológico, su autonomía y sus circunstancias particulares. Esta protección adquiere especial relevancia cuando se trata de niñas y adolescentes, cuya atención debe orientarse por el interés superior de la persona menor de edad y la prevención de daños adicionales.

Por estas razones, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que:

  1. Garantice la inclusión expresa de la anticoncepción de emergencia entre los servicios mínimos establecidos en el expediente N.º 23.633, sin incorporar requisitos carentes de justificación científica o clínica que puedan retrasar su acceso.
  2. Asegure que la atención a víctimas de violación sexual se desarrolle bajo principios de oportunidad, confidencialidad, consentimiento informado, autonomía y prevención de la revictimización.
  3. Incorpore criterios técnicos de profesionales en salud sexual y reproductiva, Psicología, trauma, violencia y derechos humanos en la revisión de las disposiciones legislativas.
  4. Fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice el acceso oportuno a la atención psicológica, así como la continuidad del acompañamiento durante los procesos de recuperación.

Reiteramos que la responsabilidad del Estado no se limita a reconocer y atender una agresión sexual, sino que comprende también el deber de prevenir daños adicionales derivados de sus propias actuaciones.

El CPPCR reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, la promoción de la salud mental y el desarrollo de respuestas institucionales fundamentadas en la evidencia científica, la ética profesional y el respeto a la dignidad de todas las personas.

Proteger a las víctimas también significa garantizar que encuentren en las instituciones una respuesta segura, humana y libre de revictimización.

Junta Directiva.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Pronunciamiento: La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Ante la creciente ola de violencia que, en sus diversas manifestaciones, viene sufriendo la población costarricense, retomando la inquietud de una cantidad significativa de sus integrantes acerca del particular y al tenor de la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro Colegio, la Junta Directiva del CPPCR, da a conocer públicamente las siguientes consideraciones y propuestas.

Partiendo de que:

  1. Todos los indicadores de violencia muestran una curva de crecimiento a lo largo de los últimos años, con un nivel de generalización que abarca prácticamente cualquiera de sus formas de manifestación.
  2. La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas.
  3. La violencia social se manifiesta de diversas formas, con diferentes actores y escenarios. Sin perjuicio de ello, esa violencia debe ser asumida de manera integral, tanto en sus consecuencias como en sus múltiples orígenes.
  4. Al tener diversas y complejas manifestaciones, resulta contraproducente y peligroso reducir estos grandes fenómenos a una visión “psicologista” de la realidad. Es decir, si bien algunas situaciones pueden y deben ser explicadas y afrontadas con individuos concretos, con sus propias vicisitudes y su “mundo interno”, ello no puede ser desprovisto de su contexto socio histórico que le da sentido. La explicación y abordaje de la violencia incluye una dimensión subjetiva, pero no se agota ahí, debe incluir las condiciones objetivas que la determinan y la explican. Por lo tanto, es imprescindible acudir a una perspectiva social más amplia, que involucra a otras disciplinas y saberes.
  5. La generalización de esta violencia necesita considerar el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Desde la década de los noventa, todos los indicadores apuntan a un alarmante aumento de la brecha social y un sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pasamos de ser un país con amplios sectores medios y baja inseguridad, a ocupar actualmente uno de los peores lugares en América Latina y entre los países de la OCDE. Factores íntimamente asociados a este creciente deterioro son el sistemático recorte de los programas sociales y la concentración de políticas dirigidas a favorecer a pequeños sectores orientados por el clientelismo político, así como el favorecimiento de crecientes procesos de corrupción.
  6. Es evidente que el sistema le ha fallado a amplios sectores de la población, por lo que es evidente un creciente cansancio en la gente, que lleva al resentimiento, al enojo, a la desesperanza y a su escalamiento al no ver resueltas sus necesidades más básicas y al sentirse engañados por la clase política del país. Estos sentimientos son un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una cultura de violencia.
  7. Al mismo tiempo, la decepción, el desencanto y el enojo favorecen a su vez alternativas políticas de tipo autoritario, aderezadas con el creciente y alarmante papel del narcotráfico en nuestros países, en los que montan su negocio y reclutan a personas, sobre todo jóvenes. Estas circunstancias han acelerado el proceso de normalización de la violencia y ayudan a legitimarla como forma de interacción social habitual.
  8. Dentro de esta dinámica de creciente violencia, se comprueba el redireccionamiento de las emociones negativas hacia grupos determinados que reciben con más énfasis la carga afectiva y los procesos de exclusión, dirigidos principalmente contra la niñez y la adolescencia, contra personas con discapacidades, contra personas migrantes, contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y contra personas adultas mayores, entre otras. A este respecto, es sobrecogedora y en niveles de agresividad. Las acciones dirigidas a individuos particulares deben ser entendidas en ese contexto sociocultural más amplio.
  9. A todo lo anterior se abona la actual dinámica de las redes sociales, en las que fácilmente se acusa, se juzga y se sanciona a cualquiera, con derivaciones tan serias como, por ejemplo, el suicidio en personas adolescentes. Del mismo modo, debe contemplarse el aparato mercadológico cada vez más sofisticado y orientado a generar y reforzar patrones compulsivos de consumo, mediante el reforzamiento sistemático de hábitos, actitudes y comportamientos contrarios a una cultura de paz.

Dado lo anterior:

  1. Esta JD se compromete a fomentar, con carácter de urgencia, una amplia participación del conjunto de colegas en unas jornadas de reflexión que permitan, en un diálogo abierto, un análisis profundo de toda esta situación y en la construcción de las mejores alternativas de enfrentamiento. También se compromete a incorporar y gestionar las recomendaciones que se deriven de este proceso de análisis.
  2. Esta JD hace una excitativa general a sus integrantes para que, en sus actividades profesionales tomen como tarea urgente la reflexión y la toma de las medidas que sean posibles en aras de fomentar relaciones humanas más empáticas y solidarias. Esto como un imperativo ético y de responsabilidad de nuestro quehacer.
  3. Hacemos una alerta máxima ante la violencia de género, dadas las características y la dinámica de ensañamiento que está tomando. Las medidas por tomar tendrán que abarcar las de corto, mediano y largo plazo, ampliando o rectificando lo hecho hasta el momento.
  4. Instamos a la prensa y a la población que accede a las diferentes plataformas a tener el mayor cuidado en el momento de publicar y exponer escenas de agresiones, mutilaciones y asesinatos. La exposición a estos materiales puede conducir a exacerbar procesos de modelaje de ciertas conductas y a aumentar la sensación de inseguridad. Así mismo, exhortamos a las personas colegiadas que sean entrevistadas en medios, para que no repliquen visiones cortoplacistas, simplificadas o hiper individualistas de este doloroso y complejo fenómeno.
  5. Exhortamos a toda la población a que procure desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. El Colegio tiene a disposición el Centro Integral de Resolución de Conflictos (CIREC) que, a cargo de profesionales con capacitación y amplia experiencia, puede colaborar para ese propósito.
  6. En nuestro criterio, debe haber una mayor inversión en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y los organismos de investigación. Por lo tanto, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado al gobierno para que modifique sus políticas sociales. También hacemos una clara advertencia acerca de las consecuencias al corto, mediano y largo plazo de no rectificar la línea que está imponiendo. De no modificarse la orientación actual, pronosticamos un empeoramiento de la situación en dimensiones y consecuencias insospechadas.

Comisión AD-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica del CPPCR.

Fuente: https://psicologiacr.com/pronunciamiento-la-violencia-social-constituye-una-de-las-principales-condiciones-que-deterioran-la-salud-mental-y-el-bienestar-integral-de-las-personas/

Compartido con SURCOS por Marco Vinicio Fournier.