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Etiqueta: Colombia

Es posible llegar a los autores intelectuales de las masacres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Se suceden casi a diario. El espectador las vive y padece. Están a ojos vista, pues no se ocultan. Conforman un dilatado paisaje panorámico de terror, angustia, zozobra, estado de intranquilidad, desasosiego, congoja. Se sabe que son resultado del conflicto. Para algunos otra modalidad u otra cara de ese prologado conflicto armado colombiano. Nadie aborda con exactitud porque se dan. Intentan negarlas, dándoles otro explicativo o denominaciones; pero imposible e incomprensible, puesto que ahí están. Se les puede seguir o ubicar en una génesis, con un encadenamiento de sucesos y factores que van de lo simple a lo complejo, que la precisan y fijan, estableciéndolas en una forma puntualizada y precisa. Se aplican, utilizan y conocen en Colombia como masacres; así crudo, sin eufemismos, que son usanzas de expresiones que buscan sustituir un calificativo o expresión que socialmente es ofensiva o de mal gusto y que políticamente, para el ente gubernamental es un calificativo que expresa acusación, señalamiento, condena. Masacre es el asesinato a varias personas en estado de indefensión, en forma cruel, alevosa e innecesaria.

Las masacres en Colombia no obedecen a un fenómeno social o resultado de un conflicto social o económico. Un conflicto social permanente como en Colombia, reviste otras connotaciones, con afectaciones diversas, evocadores a comportamientos diversos. Las masacres enmarcan dentro de un efecto político, resultado de afectaciones propias del conflicto armado interno. El móvil determinante de su causa es el Control de Territorio. Este factor, digamos, es el que ha contribuido a confusiones. No es que exista una confrontación directa de las comunidades con el Estado. Este, con sus fuerzas armadas intentan mantener un control único cuando persiste otros factores armados, con múltiples conformaciones que trae consigo la fragmentación de organizaciones armadas, con presencia e influencia local y hasta regional, pero corresponde abordar a que se debe ese auge. Al menos intentar explicar. La constante es que en los escenarios de masacres persiste la presencia dominante de grupos- bajo nuestro enfoque- de estatus insurgente. A diferencia de otros grupos armados, estos no son volátiles, ni transitorios, sino que radican por la permanencia de control territorial local. Esto, sí constituye el principal factor de enfrentamiento con la fuerza armada estatal. De por si, esto no implica que se de a diario la confrontación armada directa. Cabe otra presentación: los métodos de posiciones y control por parte de las tropas gubernamentales ajustan a una dinámica, por no decir juegos, de reacomodos; asegurando la sucesión de mando oficial, bajo las acciones de baja y media intensidad contra las guerrillas, que responden a todas, inclusive a los bombardeos, que de por sí escasean en el panorama del conflicto…

Saber abordar y distinguir lo de control de territorio

Dominando un semblante de variadas circunstancias, no obstante, resaltar el aspecto principal: control del territorio. Pero no bajo el enjuague de la tónica de dominio del narcotráfico para asegurar “los corredores”, “las vías”, “los santuarios”, sede de los laboratorios y grandes almacenamientos de cocaína procesada; con anuncios de elevados costos en dinero, contante y sonante, no se sabe cómo. El meollo del asunto obedece al control del territorio por parte del Estado, en cabeza de sus fuerzas armadas, que hacen masiva presencia, sin eficacia, producto del desconocimiento y mentiras almibaradas, tanto por el negacionismo oficial-que es tapar el sol con un dedo- de la no existencia del conflicto armado interno, a la luz y contenido del Derecho Internacional y en consecuencia desvirtuar la existencia de un contrario insurgente, rebelde, de estatus beligerante, que reúnen los requisitos elementales de mandos unificado, permanencia por más de cincuenta años en amplias zonas bajo su control, ahondando en la aplicación de un ideario político.

Una estrategia contra insurgente sobre presupuestos falsos, no reales, en que domina es el alias, los sobrenombres, calificativos, estigmatizaciones, prejuicios; conlleva al armatoste de un escenario que pugna con la realidad y objetividad del problema y trae consigo aplicaciones de estrategias fatales como el montaje de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha significado una guerra contra la nacionalidad colombiana y el uso y empedramiento de un ejército volcado contra el mismo pueblo, so pretexto de un “enemigo interno”. Conlleva el desgaste de unas fuerzas armadas estatales bajo desconocimiento de existencia real de un contrario al que la inteligencia militar desfigura y diluye sobre su existencia real. Un ejército despojado de la función de protección de las fronteras para evitar el tránsito de tropas extranjeras, para convertirse en mandadero de la oficialidad gringa y demeritar su naturaleza constitucional, al convertirse en una fuerza de choque policial antinarcóticos, con el saldo de atropellos, abusos, y asesinatos al campesinado de subsistencia cocalera. Da grima verlos en la función faldera de erradicadores forzosos, en contrario al espíritu de los Acuerdos de la Habana, que les quitó el peso de un ejército irregular al que no lograron vencer.

Analistas resaltan el fracaso del gobierno en su estrategia militar contra los grupos ilegales. Fracasan en verterlos en el mismo recipiente; por lo cual el esfuerzo diferenciador apunta al uso y provecho de aliados “indeseables” en la principal lucha del Estado colombiano, que lo es la contra insurgente. Ratifica la constante que en tanto hay conflicto armado y lucha contra las guerrillas, el trasfondo de la guerra sucia y el recurso del para militarismo es condicionante en la aplicación de una política y proceder militarista, para el enfrentamiento. Así ha sido y continua siendo; pero la mala hora por la que pasan las fuerzas armadas y sobre todo el ejército, por los escándalos de corrupción , atropellos, asesinatos, suicidios, inexplicables caídas de aeronaves, cantos misóginos, manifiestas divisiones internas, conducen a ineficacia en la aplicación de la doctrina militar, con un aumento significativo de las insurgencias ( ELN, EPL, Segunda Marquetalia, La continuidad de las Farc-ep, que no admiten el mote de “disidencias”, conforme a reciente y acertado trabajo periodístico de Ariel Ávila). Los ataques y eficacia contra las bandas de delincuentes comunes resultan tardías y suma acumulados de denuncias varias, sobre el apoyo y utilización de esas bandas en la inoperancia e inutilidad manifiesta del control territorial nacional

Indiscutible que los escenarios de las masacres en el campo obedecen al predominio, instalación y desarrollo, como forma de vida de estructuras de mercado, en ejercicio de salvajes competencias, entre competidores, por el negocio ilícito de la coca y sus derivados. En que los competidores relevantes armados influyen en la capacidad de incidir en precios, negocios, cantidades de mercancía y comprendiendo que es a la fuerza o con la ley del más fuerte, en la forma que obtienen el equilibrio apropiado. Esos actores armados actúan con funciones específicas: a unos los mueve la adquisición a todo costo de la coca, como materia prima. A otros lo indispensable para su procesamiento de la coca y consecución de recursos. Los hay quienes imponen gravosas cuotas conocidos como “bremajes”. Quienes influyen en el precio del alcaloide como la invasora DEA. Aplican, también, quienes ostentado autoridad y fuerza legal, recrean en el usufructo del enriquecimiento ilícito, producto de la corrupción. Todos y cada uno de esos actores armados que hacen presencia en esos territorios de violencia institucionalizada, por lo prolongado del conflicto sin fin, no escapan a ese azote como un signo maldito. La extensa y compleja Colombia, no admite que sea solo el móvil del narcotráfico el aliciente causante de las masacres. También influyen con peso específico el entorno de la explotación del oro; el lucrativo negocio del robo de hidrocarburos, con válvulas clandestinas a los tubos de los oleoductos, para extraer el “pategrillo”, combustible rudimentario en uso de los cristalizadores de cocaína y el refinamiento de una gasolina artesanal. El lucrativo negocio del contrabando de extracción, de especies, de gasolina, de ganado. El tráfico de armas. Todo un entramado que se adjudica a todos y cada uno de los actores armados y en el que la casta privilegiada del generalato militarista rumia, callado, enriqueciéndose en cifras exorbitantes.

Asomando un concepto de oligopolio, por este se sobreentiende una estructura de mercado, que tiende a una exclusividad de unos cuantos competidores relevantes, con sobrada y demostrada capacidad de influir en el auge del giro ordinario de tales negocios, en la imposición de precios, en el beneficio pecuniario garantizado, en cantidad y equilibrio.

Al difundir la mediática, como reconocimiento, que el móvil determinante de las masacres lo constituye el “control territorial” por el narcotráfico; avalan el esfuerzo por la redacción en lo mostrado, para sustentar la exposición del régimen militarista y dictatorial imperante en Colombia.

Puesto que las masacres obedecen a dinámicas como las expuestas; corresponde confrontar el relato oficial, implicatorio y justificante para el enturbio dispuesto de relación o situación.

Otra es la presentación. Excluyen la lucha frontal contra insurgente, como mandato imperial a un ejército y fuerzas armadas, made in Usa; cuando el hacedero, lo posible, es valerse del enfrentamiento de actores de delincuencia comunes, contra la insurgencia rebelde; como si les fuere dable afirmar, la no existencia de la confrontación directa, de los restantes actores armados, enunciados contra el Estado.

El control territorial obedece al monopolio de la fuerza por parte del Estado; cual carismática misión. El fin y objetivo de la actividad que implementa la dinámica de la guerra es borrar del escenario territorial la presencia de las fuerzas insurgentes, rebeldes. Para ello aplica lo de unirse hasta con el diablo. “Plata es lo que hay” resuena la lapidaria afirmación del generalote, que cual centurión romano dirige a mas de17.000 soldados en el Catatumbo nortesantandereano. Implica detenerse en la aplicación de los métodos contra insurgentes, de posiciones y control. No es por el control territorial de la insurgencia, que indiscutible lo ejerce por más de cincuenta años de conflicto. Mucho menos por el control de rutas del narcotráfico por parte de las guerrillas. Si algo asomó el fracasado, o mejor hecho trizas, proceso de terminación del conflicto armado definitivo con las Farc- ep, es que de ese control, en honor a la Verdad, debía responder eran las fuerzas armadas estatales. Se impone una redefinición al legado falsario de la dictadura mediática y el discurso oficial.

Indisoluble relación de asesinato de líderes y exguerrilleros desarmados con las masacres

Contribuye a extender un manto de impunidad el alegar que debido a la existencia de múltiples organizaciones armadas criminales, se impide identificar a los autores, tanto materiales, como intelectuales, de las masacres que han azotado a Colombia. Se suceden y los organismos investigadores del Estado, aportan solícitos la entrega o identificación de presuntos autores materiales. De esos solo el 49% resultan avante en lo investigable. Asombra la ofensiva simplicidad de atribuirlos a “organizaciones armadas” a “bandas criminales”, “grupos residuales armados”, “disidentes” de los acuerdos de paz. Como móviles han plasmado, cual tamaña desfachatez, que se originan por “ajustes de cuentas”, “control para la comercialización de la droga”, “control de rutas” “control de territorios” para el funcionamiento de negocios ilícitos, etc., etc.

Esas sucesivas masacres revelan el verdadero rostro y semblante de un conflicto armado agudizado. Tras la desmovilización de las antiguas Farc-ep, quedaron los efectos de su presencia popular arraigada en extensas regiones del país. La no implementación de los Acuerdos y en particular la no atención a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, generaron una situación explosiva de estallido social. Ha sido perverso el comportamiento estatal, luego de la anisada esperanza de erradicación voluntaria y la frustración por la no aplicación de programas a escala; volviendo a incrementar la guerra cual agudización de la lucha de clases en el campo y la sempiterna amenaza de volver a la fumigación aérea con el letal glifosato.

Según la ONU, durante el año 2018, se registraron 11 masacres. En el 2019, aumentaron a 36. El ultimo registro de masacres en Colombia, al redactar el presente artículo, se dio el fin de semana (22 de noviembre) y ocurrió en los departamentos de Cauca y Antioquia. Trece personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en una discoteca en el corregimiento de El Mango, zona rural del Cauca (8 victimas) y el otro en una finca de la vereda La Julia, en Betania, Antioquia (5 victimas). Es la masacre #74 ocurrida en el territorio nacional, durante el corriente año de 2.020.

¿El clamor nacional reclama Quién los mató? El escenario es mayoritariamente el campo: pero también crece la tendencia en zonas semi urbanas. En zonas urbanas se atribuyen este año a la Policía Nacional: 13 asesinados durante las protestas del 09 de septiembre en Bogotá, en repudio al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, en uno de los CAI de la capital. 9 asesinados en una cárcel provisional en Soacha, municipio cercano a la capital colombiana, al producirse un incendio en el que estaban hacinados 20 detenidos. El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía y se mantuvo callado, hasta que las madres y familiares de los inmolados, rompieron el silencio que amenazas y terror estatal les impusieron. Circulan pruebas de la omisión y desidia policial e imposibilidad a familiares para sofocar el incendio. La matanza de 23 reclusos en la cárcel Modelo de Bogotá, revelándose que no operó, por parte de la guardia penitenciara, el Inpec, una contención de fuga; sino el calculado accionar de asesinato a mansalva contra los amotinados. La aplicación de la pena de muerte, cual ley de fuga, que prohíbe el estatuto constitucional colombiano.

un cuadro desesperanzador

Amnistía Internacional (AI) cuestiona la voluntad política del gobierno colombiano, en cabeza del sub presidente Duque, para proteger a los (las) líderes sociales y advierte la carencia de eficacia de las medidas tomadas. Un tinte desesperanzado intoxica el ambiente al sucederse reiteradas amenazas y asesinatos de cuadros políticos del movimiento Colombia Humana; del destacado dirigente popular Gustavo Petro Urrego. El senador Gustavo Bolívar, de la misma agrupación política, ante nuevas amenazas de las “Águilas Negras” en su contra, da a entender que el Ministro de Defensa Holmes Trujillo actúa en complicidad con ellas. Petro, a su vez, ha sostenido que las tales “águilas negras” no existen, sino que obedecen a facciones o pandillas internas dentro de las mismas fuerzas armadas estatales. Es decir, en torno a la proyección analítica de ese elemento perturbador del ejercicio a la oposición política, las tales “águilas negras” actuarían como pandilla interna, con la aplicación de desaforados procederes con el proyecto de propósitos claros, e identificación de pensamiento e intención de llevar a cabo una política de contra insurgencia indiscriminatoria, resultado de un mandato político, que solo podría provenir del partido en el poder, que se comporta más como secta.

A ello se suma la campaña de sindicar y estigmatizar de la secta, que no partido, el centro democrático (CD), a la organización nacional del magisterio colombiano FECODE, por el interés y actividad de la juventud colombiana por protestar dentro del movimiento popular contra el actual estado de cosas. Esa campaña difamatoria y de estigma, trae como resultado recientes asesinatos a profesores; ensañamiento de extorsiones económicas en regiones como el Catatumbo contra el cuerpo magisterial. El reciente asesinato en la ciudad de Ocaña, contra el líder opositor Jorge Solano Vega (Coqui); valiente denunciante contra el maridaje corrupto de alianzas de grupos políticos y el señalamiento personal contra actuaciones del diputado del tal centro democrático, en unión con conservadores, con demostradas andanadas de críticas con que mantenía atenta a la opinión pública; sustentadas citas de corrupción en los manejos de los recursos de los Hospitales de Ocaña y de Abrego, el desvío de dos mil millones de pesos, de los recursos públicos para obtener salidas de carreteables en finca ganadera de propiedad de uno de ellos; e innumerables denuncias sustentadas con que martirizaba, tanto de día como de noche, a una calaña de politiquerías corruptos en la Administración municipal de su terruño. Ese, su asesinato, enmarca dentro de la sistematicidad de praxis política, para acallar las voces opositoras en Colombia.

Colombia: Rechazan amenazas contra la vida de defensores y defensoras de DD.HH integrantes del Pacto Nacional Por la Salud y la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.

En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.

Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.

El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.

La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.

Por eso exigimos;

Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.

También solicitamos a:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.

Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.

Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,

– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública.
– Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ).
– Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.
– Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta.
– Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS).
– Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT).
– Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá.
– Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME).
– Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología.
– Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Alicia Milena Torres, profesora universitaria.
– Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia.
– Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria.
– Ana Marcela Bueno, docente universitaria.
– Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF).
– Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados.
– Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral.
– Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC).
– Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina.
– Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS).
– Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila.
– Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN).
– Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá.
– Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga.
– Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR).
– Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking.
– Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).
– Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA)
– Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana.
– Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina
– Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional.
– Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina.
– Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur.
– Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida.
– Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE)
– César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut.
– Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social.
– Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL).
– Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria.
– Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador.
– Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia.
– Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE).
– Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia.
– Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia.
– Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC).
– Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona.
– Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia.
– Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle.
– Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
– Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Corporación Grupo Guillermo Ferguson.
– Cristina Ruiz, Argentina.
– David Cuéllar Gálvez, profesor universitario.
– Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH.
– Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga.
– Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia.
– Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva
– Diego I. Lucumí, profesor universitario.
– Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH).
– Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN).
– Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME).
– Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública.
– Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
– Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín.
– Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE).
– Elba Luz Martínez, docente universitaria.
– Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil.
– Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
– Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G).
– Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador.
– Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria.
– Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES).
– Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia.
– Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM).
– Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca.
– Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia.
– Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP).
– Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente.
– Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO).
– Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN)
– Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD).
– Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México.
– Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá.
– Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina.
– German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC).
– German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia
– Gilberto Ríos, Uruguay.
– Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC).
– Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia.
– Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
– Gloria Leal, profesora universitaria.
– Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Haydali Rodríguez, profesora universitaria.
– Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD).
– Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín.
– Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia.
– Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI).
– Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria.
– Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL.
– Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
– Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
– Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario.
– Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá.
– Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos.
– Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción.
– Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador
– José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios.
– José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana.
– José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB).
– José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.
– Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL).
– Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana.
– Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina
– Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
– Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA).
– Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ).
– Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR).
– Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR).
– Katia Cesa, Brasil.
– Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores
– Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS).
– Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario.
– Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina.
– Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados.
– Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia.
– Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
– Luz Marina Suaza, profesora universitaria.
– Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
– Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores.
– Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina.
– Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO).
– María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
– María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá.
– María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS).
– María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
– María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua.
– María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY).
– María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina.
– María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia.
– Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria.
– Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz.
– Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile.
– Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB).
– Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación.
– Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP).
– Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial.
– Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP).
– Maylen Rojas, doctora en epidemiología.
– Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería.
– Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud.
– Mesa Ecuménica por la paz (MEP).
– Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA).
– Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES).
– Miguel López, comunicador social.
– Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
– Sandra Milena Montoya, profesora universitaria.
– Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Miryam Rico, presidentes, ACCES.
– Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil.
– Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento.
– Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay.
– Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana
– Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia
– Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización.
– Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).
– Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)
– Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador.
– Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT).
– Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia.
– Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
– Nora Aller, odontóloga, Argentina.
– Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
– Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito.
– Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología.
– Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela.
– Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD).
– Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC).
– Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora
– Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina.
– Patricia Uribe, profesora universitaria.
– Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional.
– Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia.
– Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.
– Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).
– Red Colombiana de Salud Perioperatoria.
– Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz)
– Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ.
– Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador.
– Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC).
– Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá.
– Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública.
– Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria.
– Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia.
– Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE).
– Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño.
– Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina.
– Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT).
– Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina.
– Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia.
– Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia.
– Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria.
– Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC).
– Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria
– Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección.
– Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia.
– Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina.
– Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia.
– Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá
– Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT)
– Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República.
– Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista.
– Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala.
– Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina
– Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC).
– William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).
– William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial.
– William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST).
– Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador.
– Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia.
– Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.

Pandemia al Sur

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:

“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.

Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.

En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.

Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.

Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.

Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.

Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.

Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.

Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.

El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.

En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).

Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.

Olver Quijano Valencia
Universidad del Cauca, Colombia

Compartimos el documento para descargar.

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La mala sombra del innombrable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

Enviado por el autor.

¿Injerencia Colombiana en las Elecciones Norteamericanas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

En artículo reciente del 19 de septiembre pasado, titulado “Las Visitas no Gratas, no Deseadas”, señalamos la visita del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a algunos países de América Latina, durante los días 17 al 20 de septiembre del año en curso, y específicamente a Bogotá, Colombia, como una visita injerencista, y como un país aliado de Washington en la región suramericana.

En este sentido, conocimos que durante una reunión de Iván Duque con Mike Pompeo, éste le habría solicitado en privado, su apoyo para articular, aún más, a la comunidad colombiana, radicadas en Texas, New Jersey y el sur de la Florida, a favor del voto republicano.

A pocos días de esta reunión, amigos/as colombianos nos comentan que cumpliendo estas indicaciones, desde la cancillería en Bogotá, se emitieron instrucciones al embajador de Colombia en EEUU Francisco Santos, para que éste viajara lo más pronto posible a los Estados norteamericanos mencionados, y se reuniera con la comunidad colombiana, para hacer campaña y recaudación de fondos, a favor del presidente Donald Trump.

Para esto, debería entrar en contacto con el equipo de campaña de Trump, para informarle de estas acciones, y proponerle expresar su interés sobre esta comunidad.

Además, se le instruyó que evaluara el posible apoyo de algún funcionario del Gobierno colombiano, para su rápida tramitación.

Según, fuentes con acceso a la cancillería colombiana, esta semana se recibió una queja formal del Departamento de Estado estadounidense, indicando una supuesta intromisión en los asuntos internos de EEUU, en la que se cuestiona el papel desarrollado por el embajador colombiano.

Otras fuentes consultadas en USA, vinculadas al Departamento de Estado, ratifican esta información e indican que esto ha causado un revuelo político en Washington, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el temor que existe, en las estructuras del partido republicano, que sea usado por los demócratas en su contra.

En este sentido, en suelo neogranadino, el senador colombiano por el partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cita a la canciller de Colombia, Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, a la Comisión Segunda, por vínculos de Iván Duque en la campaña de Donald Trump y responder por presuntos lazos del Ejecutivo.

Cepeda, desde su cuenta oficial de Twitter señalo: “he citado a debate de control político, para examinar si funcionarios del Gobierno Nacional, han estado promoviendo la intervención en la campaña para la elección del presidente de los Estados Unidos”.

“Hay informaciones de medios de comunicación, que indican que personas habrían estado tramitando, apoyar la candidatura del hoy presidente Trump”, indicó el senador colombiano.

Cepeda, cuestiona a la canciller Blum, si es cierto que embajador de Colombia en Washington Francisco santos, sostuvo varios encuentros con organizadores de la campaña electoral de Donald Trump.

El senador Cepeda, inquirió a la alta funcionaria, si es cierto que el presidente Iván Duque, ha planeado viajar a USA, días antes de realizarse los comicios generales estadounidenses, los cuales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre 2020.

Iván Cepeda, se pregunta: “¿Cómo es posible que el gobierno colombiano esté comprometiéndose a intervenir en un asunto, que tiene que ver con la política (interna) de USA?”.

Una posible respuesta es la gran cantidad de colombianos/as que reside, legal e ilegalmente, en EEUU, que pudieran eventualmente (¿los pondrían a “votar”?) o ejercer influencia en las elecciones estadounidenses.

Es ya conocido, que si un funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del país, es considerado “miembro activo del Servicio Exterior” y, por ende, no puede participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género; esto es en política interna de cualquier país, imagínense si se tratara de un país en el exterior.

Ahora, lo más escandaloso de esta situación es la injerencia atrevida y delictiva del Ejecutivo colombiano, más la actitud permisiva y cómplice del Estado norteamericano. Además, del precedente que se marca en términos diplomáticos y las consecuencias a futuro tras una actitud como esta.

¡Acontecimientos en pleno desarrollo! Veremos qué consecuencias conlleva esta actitud intrusiva.

 

Imagen ilustrativa tomada de https://www.dinero.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

Las FARC entre el infundio o lo cierto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,
si por dónde empiece ignoro,
mal sabré por dónde acabe.
Luis de Samaniego

Puede que el país esté de por medio en la averiguación o búsqueda de la Verdad en torno al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado (Álvaro Álvaro); pero que el asunto del debate de si fueron o no las antiguas Farc las causantes del hecho, sitúa en si ese hecho delictivo fue causado directa o indirectamente ligado con el conflicto armado. A diferencia de la justicia ordinaria, en la JEP no se reciben denuncias individuales. A su conocimiento llegan informes. Estos los pueden presentar cualquier persona o entidad, sin que medie personería jurídica de por medio y contendrá toda la relación detallada, con la información relevante sobre el hecho denunciado, sin que se trate de un análisis jurídico. Importa el relato del hecho victimizante con marcos de referencia concretos en el orden geográfico, económico, político y social, en el cual, se cometió el delito o delitos; esforzándose en la identificación de los presuntos responsables, con liberalidad en los datos aportados. Ubicar a los actores armados en ese momento en Colombia, que en modo alguno descarta al ejercito Made in Usa. La ubicación territorial de esos actores y sus relaciones, su uso, control, ocupación.

La dictadura mediática ha hecho de las suyas, sobre el infundio que las antiguas Farc están reconociendo, “confesando” la autoría de tal delito.

Violando toda reserva sumarial, dos sobrevivientes del Secretariado, Lozada y Timochenko hicieron eco de lo mediático sobre un informe presentado por ellos a la JEP en el que desean aportar conocimiento y verdad acerca del asesinato del dirigente conservador. No medio el texto de un comunicado de las antiguas farc, por el partido de La Rosa, al respecto. Obviamente el texto de la carta o informe dirigida a la JEP no se conoce; lo cual no ha sido óbice para que esos dos incrustados en el seno de las antiguas farc para manipularlas; o incrustados para derribarlas, se atribuyan que fueron (las) los autores y uno de ellos el perpetrador responsable de las milicias urbanas Antonio Nariño de las antiguas Farc y en tal sentido, atribuyéndose el “hecho de verdad” en el informe o declaración a la JEP

 El tal Comunicado de la JEP, en el cual se dice que las antiguas Farc hacen un “reconocimiento anticipado” es apócrifo: no contiene firma autorizada de la JEP y al mismo no alude la Dra. Patricia, como presidente de la JEP. Ella menciona que la Carta está firmada por unos del antiguo Secretariado. De manera que sobre el asunto hasta el mismo padre Vicente de la Roux, especula al dar por hecho que lo conocido al respecto del dicho de las Farc y la existencia de unas fotocopias de “correspondencia” de Manuel Marulanda al Mono Jojoy, que aporta el ejército (de por sí involucrado en el delito), sean Verdad y darlas por creídas. En perdida de objetividad periodística, incurre Ariel Ávila en la difundida entrevista al expresidente Samper y a Horacio Serpa. Todo obedece a un montaje mediático, para lavar caras. A ese juego sombrío también se han prestado los Directivos del Partido Farc.

Los medios reseñaron que la farc, en una carta a la JEP cuyo texto no se conoce, citan y afirman que contribuirá a esclarecer el crimen de ese político de la derecha colombiana y que “La orden del asesinato se dio, según consta en carta enviada a la JEP, porque Gómez era “un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-Ep”.

De manera que remontar a la causa del asesinato a lo de la creación contra insurgente de las “repúblicas independientes” contra Marquetalia, en 1964; es reducirlo a un acto justicialista, que no ajusta al comportamiento de las insurgencias durante el prolongado conflicto armado, de no aplicar la Ley del Talión, de “diente por diente”, durante todo el comportamiento genocida del Estado terrorista colombiano de ayer y hasta hoy

Para agencias internacionales como EFE, los jefes de la antigua guerrilla de las FARC se atribuyeron el asesinato del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado, a quien consideraban «un objetivo militar» y «enemigo de clase», el 2 de noviembre de 1995. Citan: «Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», informaron en un comunicado. Que… “Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado», agregó la información…. «Ante la JEP y la Comisión de la Verdad explicaremos por qué Álvaro Gómez Hurtado era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años», detallaron los jefes de la desarmada guerrilla. Lo gravitante está en que, siendo un informe reservado para la JEP, locuaz mente reveló su contenido anticipado a la opinión; pero a todas luces el texto de la carta no se conoce; no es público.

En forma por demás tardía, en un comunicado hecho público, esa antigua organización armada desmovilizada, en cabeza del hoy partido político, manifestaron “que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez”.

LAS DISTINTAS ARISTAS O VERSIONES.

La versión más conocida es que Álvaro Álvaro fue asesinado por la inteligencia del ejército involucrada en una conspiración contra el gobierno de Samper (periodo 1994-1998), como consecuencia del escándalo del proceso 8.000, por injerencia del dinero del narcotráfico en las elecciones presidenciales; en la que Horacio Serpa era el Ministro del interior, y que al no aceptar Álvaro Álvaro, el cambio de gobierno mediante el golpe militar, lo asesinaron los milicos. Al respecto la versión del finado embajador de USA, Frechet, es única. Esa hipótesis llevó incluso a que fuera llamado a juicio el coronel (r) Bernardo Ruíz Silva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, quien fue señalado por un testigo con reserva de identidad conocido como Emilio, de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen… Luego absuelto por inconsistencia del testigo…

La otras fue la versión de Rasguño que fue el cartel del Norte del Valle y así…hasta a Rito Alejo del Río lo involucran…

Dable es concluir que las diferentes aristas de autorías de ese homicidio, también llamado magnicidio, permanece vigente en este país de candela. El que haya sido un delito de Terrorismo de Estado, armado por el Ejecutivo y el ministro del Interior del momento, es la más débil. El que hayan sido las antiguas Farc, está por verse, conforme a lo analizado de momento. Aplica lo sostenido por los litigantes en derecho: “recibido, pero con beneficio de inventario”. La versión más solida es la del producto del pretendido golpe Estado, instaurado; que mantiene soto voces al expresidente Santos, conocido como el “conspi”. Otros aluden a los “conspis”. A la inteligencia militar, sobre el entramado de un golpe de estado, en el que el finado Frechet, ex embajador de USA, aportó a la Verdad y sentó que Álvaro Álvaro, si bien quería la destitución del gobierno involucrado en el escándalo del 8000, no se prestó para un golpe de facto y ello produjo su ajusticiamiento. Resulta irrefutable lo argumentado por el analista Jorge Gómez, en su libro al respecto y el que el “Ruido de Sables” se dio, fue un suceso histórico irrefutable. “Hijo: hay ruido de sables” le avisó, esa noche, el Dr. Eduardo Umaña Luna, al sacrificado por la inteligencia militar, Eduardo Umaña Mendoza, cuando vio el paso de tanquetas desde la ventana de su casa.

Al conocerse la atribución de las Farc, el sub-presidente Duque puso en duda ese reconocimiento. El expresidente y ex senador Innombrable también lo hace. Los del uribismo siempre difundieron noticias de crímenes contra las farc; como (auto) atentados, o el del collar bomba y ahora no aceptan la “confesión” de las farc…; como también corresponde registrar que la familia del asesinado tampoco cree en la autoría de las Farc; pues todos a una claman que fue un crimen de Estado. Al así posesionarse, el actor material del asesinato lo fueron las fuerzas armadas y el motivante intelectual, la existencia de una conspiración que conllevaba el derrocamiento del gobierno de Samper.

En valoración política cabe considerar que la atribución del crimen a las farc beneficia al Establecimiento y al militarismo de derecha oligárquico.

De manera que como la derecha hegemónica oligárquica, contra insurgente, aun hoy en el poder, no aceptan la atribución de las Farc; ¿no es dable a un desconocido analista de Provincia disentir de la puesta en escena por parte de las antiguas Farc y que todo lo dicho y afirmado sea, sin exigibilidad de otra conducta la Verdad oronda que requiere el país?

Durante 25 años de investigación del crimen tratado, se verifica que pasaron varios fiscales, como Mario Iguaran, renombrado súbdito de bolsillo del gobierno de Uribe Vélez, entre 2005 a 2009. Alfonso Valdivieso, quien ejerció durante la presidencia de Samper (1994-1997). Alfonso Gómez Méndez (1997-2001). Ni el obsesionado anti farc Humberto Martínez Salcedo. Ninguno investigó una sola hipótesis; ni un solo indicio que vinculara a las Farc. Pese a que fueron manipulados los computadores atribuidos al fallecido comandante Raúl Reyes, en ninguno de ellos se insinuó evidencia, o hallazgo de prueba alguna o información que asomara la actuación de las farc en ese asesinato. Para resultar ahora que un sospechoso volumen de hojas mimeografiadas, que pesan sobre el prurito que son falsos, recopilados, en el año 2012, por el siniestro José Obdulio Gaviria, sobre cartas cruzadas entre Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y en el que en fuera de contexto hacen suyas, alusiones o referencias de Marulanda atribuidas al hecho del asesinato; se erija como una prueba, dizque para demostrar la autoría de las Farc. A todas luces eso es producto de la infiltración constante de militares y agentes de inteligencia del Estado en esa guerrilla, que no obstante no demostraron la eficacia de derrotarlas.

Al parecer todo este berenjenal, embrollo o jaleo, comenzó con la declaración de la exsenadora liberal Piedad Córdoba quien informo, que a última hora había tenido conocimiento de los autores del crimen de Álvaro Álvaro. Esta citada para escucharla en versión en la Fiscalía el próximo 23 de octubre. Agrega que acudirá a la Comisión de La Verdad, que no tiene efecto punitivo.

El periodista Jorge Gómez Pinilla, quien escribió un libro sobre el tema: “Los Secretos del Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado” ha calificado esa carta de las Farc como una falsedad articulada para que sea reconocida como verdad.

LA UNICA OPCION. LA DETERMINACION DE LA VERDAD

Las conductas relacionadas con el conflicto que asume conocer la JEP son aquellas vinculadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad, con la violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Eso de delito de lesa humanidad el homicidio de Álvaro Álvaro, no está calificado. Juega un papel determinante el que se haya cometido por la existencia de un conflicto armado, en relación directa o indirecta con el mismo, causa esencial en la determinante para cometer ese delito. De lo contrario no se hubiera realizado. Tal asesinato, no califica como crimen de guerra y de lesa humanidad (única competencia de la JEP) y no fue producto directo o indirecto de dos bandos en conflicto armado; siendo solo la JEP, la única juez natural para definirlo.

El escenario de la ¿quid juris?: ¿qué solución da el derecho? resulta compleja; no solo para el equipo de 51 asesores que tienen las desmovilizadas Farc, sino para el foro jurídico nacional; además de prueba de fuego para la consistencia de la JEP, como justicia alterna.

SE REQUIERE UN ALTO NIVEL DE COMPRENSIÓN O DEL SABER

Al explorar la Verdad corresponde distinguir:

Verdad demostrativa, alude a la verificación de un hecho. Aplica a la efectividad de todos los medios de prueba. La verdad demostrativa y la verdad de los escritos o afirmado no pueden estar en conflicto. Opera en el administrador de justicia que influye más, si lo deductivo o lo inductivo.

La Verdad retórica, utiliza los sofismas para la obtención del convencimiento y por imposición del argumento y en esto sacrifica hasta el mismo argumento para lograr el convencimiento. Dice probar; pero se ocultan o ignoran aquellas evidencias que resultan evidentes; pero invalidan. Resulta una falacia conocida como la verdad a medias.

La falacia de la verdad a medias o medias verdades. Conlleva lo engañoso o falso, para hacerlo creíble. Aportando argumentos confluyen a una conclusión; pero ocultan o ignoran evidencias que al salir a flote resultan negativas o invalidan lo alegado o presuntamente probado.

La Parresia griega, que aparece con Eurípides, consistente en que se puede decir todo; hablar con atrevimiento, libremente. Inclusive so perjuicio de sacrificar la autonomía individual. Alude a franqueza, valentía, Llbertad confiada. Semeja a lo locuaz, audaz.

QUE SIGUE A CONTINUACIÓN

El asunto está en determinar si todo esto se toma como un elemento de verdad para la paz; sino como una salida de última hora de los exmiembros directivos de la guerrilla farc, presionados por las revelaciones publicas hechas por la defensora de la Paz y los derechos humanos Piedad Córdoba, quien informó que había tenido conocimiento de última hora sobre los autores del crimen del jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pero no se trata solo de afirmar, o aceptar, deben demostrarlo.

Ahora bien, que sigue ya radicado el Informe en la JEP. Pues el Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición – SRVR- faculta para ampliar el Informe. Convoca a aportar la Verdad y para ello podrá reconocer, parcial o totalmente el informe o rechazarlo. El SRVR, hará un trabajo de contraste entre lo recibido en el Informe y el cumulo de lo conocido por ella (JEP). Ampliar las pruebas. Pedir una audiencia pública con presencia de organizaciones e interesados citados por la Sala.

Luego de eso, podrá emitir una Resolución de Conclusiones; que es el acto, como documento judicial, por medio de cual el SRVR recoge los ofrecimientos de Verdad y la aceptación de responsabilidades de las personas que se acogieron a ese procedimiento.

Si la JEP rechaza el tal informe, queda el tufo de impunidad. Lo único que no ha sido “hecho trizas”, es el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SVRNR). La afectada ha sido la JEP, por ese inusitado afán publicitario, que busca lavar caras del entramado corrupto oligárquico en decadencia. Pero con el cuento de la “cooperación armónica” violan los Acuerdos, en lo de disposición absoluta de la guerrillerada desmovilizada y agentes del Estado, bajo competencia exclusiva de la JEP. Como dicen los campesinos en El Catatumbo: “se les puso el café a $0.80” a los del antiguo Secretariado. Los empapelaran como hicieron con J. Santrich.

Han golpeado a la Verdad, al no acudir a la Comisión de la Verdad.

Desafortunadamente, hoy esa Verdad solo puede asumirse y tratarse a través del arte y la literatura. Aquí entraría a imperar la función en el género de la Novela Negra. Y ese género permitiría plantearse: ¿sería que las farc participaron en ese tal complot conspirativo contra el gobierno de Samper?

No apoyar declaración a favor de la Corte Suprema de Justicia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.

No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:

  1. Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.

MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.

Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.

Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.

Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.

La mala-hora del conflicto armado en Cúcuta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientas cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra.

Ya no basta denunciar un estado cosas inconstitucional (eci) en la Frontera de Cúcuta y parte del municipio de Tibú, con Venezuela; sino que, conforme a la redacción y contenido del citado Comunicado de agravamiento de una situación, totalmente apartada al funcionamiento lógico de un Estado, que así no se llamare estado de derecho, expresa una ilógica ausencia de forma de convivencia civilizada. Las amenazas, sometimientos, extorsiones y exigencias afectan a la población civil. Los constantes combates sucedidos en esa zona, con el instrumento contra insurgente utilizado por las fuerzas armadas estatales para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), se expresa en que desde hace varios meses las fuerzas estatales como tal no combaten en ese escenario fronterizo, sino que lo hace, como punta de lanza, el grupo paramilitar Los Rastrojos, de amplio conocimiento nacional e internacional por ser base de apoyo del opositor venezolano Juan Guaidó, erigido, mutuo propio, como presidente de Venezuela y apoyado por más de 50 países , en el gesto más dramático de aplicación de la Diplomacia de Las Cañoneras, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Denuncia el citado Comunicado, que los Organismos de Control Constitucional colombiano, no toman, ni han tomado, las medidas de urgencias demandadas. En forma cruda y categórica recuerdan, que al igual como en décadas anteriores, las autoridades de policía, militares, de la Fiscalía, colaboraban con las acciones criminales de los Bloque Frontera y Catatumbo lideradas por paramilitares, hoy vienen haciendo lo mismo. Que es latente la exigencia de los actores sociales, victimas del conflicto armado, defensores de la paz y de los derechos humanos e incansables propulsores de la aplicación y respeto a los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, reafirmando que esos Acuerdos, con las antiguas y desmovilizadas Farc, deben ser implementados. Dan cuenta de la omisión de los deberes y protección constitucional por parte de la Fuerza Pública, para con las comunidades, quienes han dejado a la población a merced de los grupos paramilitares en labor de vándalos, de reclutamiento forzado, homicidios y violencia institucionalizada. Ese Comunicado y su contenido de denuncias como tal es una fuerte lapidación, de lanzamiento de piedra airado, de un colectivo poblacional hastiado de tantos golpes padecidos y dirigida a la conciencia del movimiento popular para su reactivación en la resistencia y la movilización.

Causas y efectos

El calamitoso escenario de masacres en la zona rural de la fronteriza Cúcuta apunta al origen y las relaciones del para militarismo con la fuerza pública y engranaje con los intereses del ejercicio político en esa región del país.

Impera la mentira oficial en torno a la denuncia, como a la presentación de ese panorama de trágica desolación que conmueve por el salvajismo aplicado y la desidia en afrontar sus verdaderas causas, imperando la negligencia u omisión de las “autoridades”, invocando vehemente la causa en la falta de lo gobernable. Ante esa mentira la labor periodística se limita a los registros de los hechos, ausentes a toda profundización en abordar un análisis objetivo y verdadero, sin beneficio o deseo manifiesto profesional por producir un resultado de ventaja en la función de esa labor; limitándose todo solo a dar lo noticioso. Si eso se predica de la labor periodística, que decir de la conducta asumida por los funcionarios públicos, en una conducta insensible asumida y de guarda de silencio ante la barbarie. Pues ante eso corresponde asumir que no se está en momentos de callar; correspondiendo a los analistas exponer, al desnudo, la dramática situación.

Lo de la zona fronteriza y metropolitana de Cúcuta, corresponde asumirlo dentro del tema de la ofensiva contra insurgente aplicada. Desentrañar el porqué del ensañamiento contra esa población y el escoger prioritario de un escenario de confrontación allí, precisamente ubicado e identificado.

El proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas FARC- que no proceso de paz- se limita a eso. Pero toda la causa objetiva, política, social, etc., continua inalterable. Lo que no logró el ejercito burocrático, Made in Usa, lo obtuvo la sagacidad del tahúr oligárquico en escena. Huelga discutir sobre la ganancia oligárquica y del imperio y el golpe a las expresiones de luchas del pueblo colombiano. Pero eso no es ganancia política, es oportunismo ventajoso. En la sucesión de poder oligárquico, el impuesto sub-presidente actual, aplicó el desconocimiento a lo Acordado y la No implementación. Por ello se impuso, al darse el triunfo ilegitimo y fraudulentamente obtenido, la sucesión de efectos como la de una contraofensiva contra insurgente, en el plano militar y en el político. Esto expresado en varias dimensiones o estadios, como la de intensificar los asesinatos selectivos, aumentar la acción deliberada contra líderes sociales; así como contra desmovilizados de las antiguas FARC, y toda expresión emanada de manifestación ciudadana y de la justicia. Todo lo expresado por el partido o secta de gobierno, cumplido, contra las aspiraciones populares. Sepultar cualquier asomo de soberanía y política autónoma exterior, supeditándose el “gobierno” colombiano, al plan militar para la región, elaborado por Trump y sus asesores, con relación a la suerte de la República Bolivariana de Venezuela. La inexistencia de una política, por el cierre de la frontera; la amenazante cabeza de playa para los potenciales 5.000 marines, en un momento álgido en el que el trampero Trump, puede acudir a la descabellada intervención directa, para asegurar ganancia de votos para su absurda e irracional reelección. Estos elementos, combinan lo exógeno, exterior, para incidir en los factores internos de lo “caliente” de una frontera, de peso en el juego perverso de los intereses de poder.

Nunca se había entramado una escena tan patética, para rechazar cualquier intento de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN; intensificando las operaciones militares en la frontera colombo venezolana. Resulta indiscutible, que en tanto en la contra parte del territorio venezolano existe una pacificación regional fronteriza, en los mojones de frontera colombianos, impera un escenario de guerra, que no revierte, puesto que la estrategia militar del Estado colombiano consiste en no desgastar sus fuerzas de despliegue expansionista, manteniendo el uso de los irregulares paramilitares como escudo. “Plata es lo que hay” para eso…, resuena la expresión constante del general Villegas, quien actúa como un verdadero centurión o pretor romano, pisoteando la Constitución del 91, erigiéndose como autoridad civil y militar.

Registro de masacres en la zona fronteriza de Cúcuta

Para el pasado 20 de julio, había tres masacres registradas en la zona rural del área metropolitana de Cúcuta. Dejan un saldo de 18 muertos durante los meses de marzo a julio de 2.020. El 9 de marzo, se perpetró una matanza de ocho hombres en el corregimiento Palmarito y, el 5 de julio, de cuatro personas en Puente León. Tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta: Banco de Arena, Puerto león y Vigilancia, son las que colindan con Tibú, Puerto Santander, que conectan con Boca de Grita, al lado venezolano.

Mantienen en un estado de alerta permanente a la población de los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte, donde ya no se puede hablar de la alteración del orden público, sino de una situación de guerra, dada la profunda crisis humanitaria en esa zona. El día anterior a la matanza asesinaron a Ernesto Aguilar Barreras, líder de la Asociación Campesina de El Catatumbo- ASCAMCAT- en la vereda Totumito, limite rural entre Tibú y Cúcuta. De 34 años, también era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia. Iba con un amigo en su carro, a ver un ganado que tenía. Lo bajaron del carro, lo identificaron y lo mataron hombres armados que circulaban por allí, en Totumito. Encontraron su cadáver, torturado, con las manos cortadas y apuñalado a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca de Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos. En el lado colombiano quedan las veredas de Totumito y Carboneras en cuyo lugar se presentó la masacre que dejó en el lugar, apilados, los cadáveres. Se generó un desplazamiento inicial de 120 personas. El hecho se atribuye al grupo paramilitar de Los Rastrojos.

Días antes se había registrado la masacre de cuatro personas que habían salido de Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordados por sujetos armados que tomaban cerveza. Los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez Pacheco, viajaron para encontrase con su papá, que trabaja en una finca y al que no veían desde hace tres años. Al viaje se unieron un primo y una amiga. Fueron abordados en el sector de La Invasión, a menos de un kilómetro de Banco de Arena. Se supo que los habían desparecido para asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en costales 22 días después.

Penosa la labor de estos recuentos y martilla cual agudo cincel en el ánimo y conciencia que no se arruga ante el reto de la denuncia. Todo ocurre en zona poblada. Extensa, sí, pero poblada. Con fuerte presencia de la Fuerza Pública, a un nivel de militarización regional. La Policía Nacional generalmente realiza operativos policiales individuales, en conjunto con las Fuerzas Militares y en unidades mixtas. Cuenta con Grupos de Operaciones Especiales «GOES», como son: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal «GAULA», Escuadrones móviles de carabineros «EMCAR», (grupo con armamento bélico pesado, unidades contra guerrilleras Rurales y Urbanas), Compañía Jungla Antinarcóticos «JUNGLA», Comandos de operaciones especiales «COPES», Comando de Operaciones Rurales “C.O.R”, y Granaderos. Son las llamadas Fuerzas Especiales que aplican en dirección y objetivo: el pueblo. De sentimiento antipopular y violadoras de los Derechos Humanos (DDHH). En este escenario de guerra se erigen con trofeos a la desidia, por el abandono de sus funciones, la inoperancia, la omisión, la permeabilidad corrupta, en y por la aplicación soterrada de una adoctrina de guerra, en que impera la concepción del enemigo interno y el decir de anatema y maldición que se maten entre ellos. Endosan la aplicación de una macabra lógica: todo es producto de la guerra por las rutas del narcotráfico, el imperio de la droga y el dominio territorial por parte de grupos armados organizados, debidamente etiquetados y que reciclan en un mismo recipiente, para que las “honrosa” y “leales” fuerzas estatales sean los buenos del paseo. Lo demás: chusma y terroristas, sellando así la suerte del macabro juego geopolíticamente de intereses oligárquicos e imperiales, en toda esa extensa región.

WILFRIDO CAÑIZARES, director de la Fundación Progresar, caracterizado y valiente defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Norte de Santander y quien ha enfrentado ataques y señalamientos por parte del coronel José Luis Palomino López, Director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país. “El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró. “y no va a parar mientras el Estado las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres para las más de 800 familias desplazadas. Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros y la Minga.

La confrontación en la frontera

Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío. Falso que operen en San Antonio de El Táchira. Todo se da en territorio colombiano, puesto que el control territorial de las fuerzas armadas bolivarianas es incuestionable. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, ejerce control-históricamente reconocido, también en esa zona. 50 AÑOS DE TRABAJO POLITICO CLANDESTINO NO TRANSCURREN EN VANO. Pasan a retiro impune los generalotes y continua el conflicto. Con la misma lógica aplicada por la contrainsurgencia militar; originalmente el ejército no actúa. La punta de lanza tiene como protagonista para el enfrentamiento contra la guerrilla al grupo paramilitar, sugestivamente denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUCV); en inocultable muestra de la expansión intervencionista del paramilitarismo hacia la vecina República Bolivariana. Aparecen muertos a granel, con bandas como el Tren de Aragua, que se enseñorean en el sector y asentados en una invasión conocida como Quilombo, detrás de los Moteles y zona de influencia comercial del municipio de Villa de Rosario. Toda esa área, incluido, Boconó, está infectado de paramilitarismo y en permanente enfrentamiento con las guerrillas, sumándose a ello la presencia de unidades del Ejército Popular de Liberación, EPL. Al respecto conviene resaltar que el pasaje de enfrentamientos con estos es vuelta de hoja; sin que ello implique una colaboración o alianza entre ambas expresiones insurgentes colombianas, en el escenario de hechos motivo de estas redacciones. No obstante, el análisis manido de la Policía sigue siendo el mismo: “No es nada raro que el EPL quiera ganar terreno y por eso busca unirse con bandas locales para así poder atacar al ELN” agregando que les entregan armas y granadas a esas organizaciones delincuenciales para que sigan ganando terreno. Tal bagaje, gastado, vulgar y nada original, no admite consideración alguna de seriedad. Por el contrario, ratifica el interés expreso de permanencia de esas formas delincuenciales como muro de contención en el ataque contra insurgente.

Los asesinatos de líderes son crímenes políticos

De inocultable relevancia esta referencia. Ahora resulta que a las masacres las quieren denominar “homicidios colectivos”. Falso, son lo que son. En estas denuncias ha sido incansable el activista social y de Derechos Humanos Wilfrido Cañizares que al frente de la Fundación Progresar denuncia masacres, amenazas, extorsiones; así como la reciente pretensión de los narco Rastrojos, de iniciar una “limpieza social” en el municipio de Cúcuta, área metropolitana y zona limítrofe con Puerto Santander. Esto le valió la estigmatización por parte del coronel Palomino López, quien no solo ha sido objeto en los últimos días de duros cuestionamientos; sino que también tiene una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y la Procuraduría de sus mismos policías. No escatima en anunciar la participación de 250 efectivos policiales, nuevos o reciclados, para afrontar la situación en estas lineas planteadas. Lo sintomático es que cuando esos anuncios de fuerza se hacen públicos, proliferan versiones, documentos con llamados falsos, iniciativas de conducción a la opinión pública, “comunicados” apócrifos del EPL, acciones o proyecciones falsas del ELN. Difunden que se harán reconocimientos de trochas y su destrucción en 164 kilómetros de frontera que unen al Táchira con el Norte de Santander, de acuerdo con levantamientos satelitales. Mencionan algo insulso como “prohibiciones territoriales” con fundamento en la realidad de los “embudos migratorios”, siendo la constante la inexistencia de una política de fronteras, precisamente por lo obtuso de cerrar las fronteras y las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La confrontación en la frontera sacrifica hasta misiones internacionales. Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Internacional de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde febrero de 2018, no salió de sus oficinas en Cúcuta. Sin pena ni gloria renunció. Destacan entre sus logros la recuperación de un balón a un niño que lo había perdido y el regalo de una bicicleta. Hace propia la incitativa de la medida presidencial “primero la niñez” garantizando el derecho fundamental de niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia y contar con una nacionalidad. Falso, además de exabrupto que no tiene soporte constitucional. Manejan cifras de cientos de miles de migrantes beneficiados en raciones de alimentos, millones de vacunas e incluidos en el sistema de salud. Cual sistema de salud si en Colombia todo ese andamiaje esta privatizado. No logró coordinar con entes burocráticos migratorios que persisten en Cúcuta, simple o solemnemente por el desconocimiento de una política diplomática hacia el vecino país.

Los asesinatos son selectivos. La movilidad para extraños a la región o zonas, son prohibidas. Se ha dado más de 800 desplazamientos en los últimos 4 meses y algunos sectores de población intentan retornar. No existe una tendencia de repoblamiento como en décadas anteriores en que “refundaron” la región con el consiguiente botín político electorero que ello implicó. A todas luces, les interesa a las fuerzas gubernamentales colombianas, en aplicación a su doctrina militar contra insurgente, la permanencia del foco paramilitar, que no puede subsistir sin el elemento de “lavada de cara” de las acciones armadas encubiertas. Todo un andamiaje de determinadores relacionados con las estructuras paramilitar contrainsurgentes. Es decir, Terrorismo de Estado puro, con fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional e identificación política con lo del enemigo interno. Todos esos crímenes son, sin lugar a duda, política de Estado. La aplicación de la llamada “paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, que amenaza la “seguridad interna”. Ufanarse de contar ahora con huéspedes instructores, como asesores militares USA, en las llamadas Zonas Futuro, como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Cada día que transcurre presenta situaciones nuevas de análisis. Baste solo mencionar que, entre julio y agosto del presente año, al fin aparecen logros del ejercito localizando depósitos ilegales de armas; capturando cerca de una veintena de miembros de Los Rastrojos y ahora último, la incautación de 47 fusiles de su pertenencia. Pero cómo registran esa confiscación: que efectivos iban tras la captura de dos individuos que resultaron escapándoseles misteriosamente y en cambio- así porque sí- hallaron la caleta con las armas. A otros con ese hueso duro de roer, a no ser que merezca reconocimiento que la veeduría de los asesores gringos les está aportando nuevas luces e iniciativas.

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales entreven una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas y en la reiterada aplicación de negar la salida a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de conformidad a lo ya Acordado. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos continúa vigente. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas. 5.La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con en el fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos.