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Etiqueta: Colombia

La mala sombra del innombrable

Carlos Meneses Reyes

Por la calidad del sujeto abordado, en modo alguno redactaré un libelo, que de por si es siempre injurioso; acomodándome a repasar un escrito a manera de diatriba, que en el arte de presentación redactada puede ser o resultar seria y/o respetable, bajo ningún parámetro elogiosa.

Lo de sombra alude a una sensación o efecto bidimensional. Dejemos al Innombrable de una sola dimensión: de faceta intrascendente de algo. Las ramas, dan sombra. La sombra conlleva a un texto invertido. En el famoso cuadro del pintor renacentista.

Massacio (1.425), San Pedro cura a los enfermos con su sombra. Lo de texto político es más exigente que lo de texto literario. No. La acepción adecuada a desarrollar es la del imperio de las sombras, que aloja el sitio de los muertos. Para un personaje oscuro lo cubre es la sombra de la noche; las sombras del crimen. Media lo sombrío. No protección. Para el lector político, el que estuviese a buen recaudo por la justicia colombiana: pues al meterlo a la cárcel y reseñarlo, lo pusieron bajo la sombra.

Diversos artículos sobre el sombrío personaje destacan que “alentó una polarización radical en la sociedad”. “sus presuntos vínculos con grupos paramilitares…” (aunque a la sazón no ya tan presuntos). Paseaba por el país con un discurso de mano fuerte; sosteniendo que “la nación entera clama por reposo y seguridad” y a la sazón apoyando, con sospechoso afecto, a las Fuerzas Armadas. Su perseverancia en la seguridad, no es que lo lleve a ser un “un gran comunicador”; resulta ser un manipulador con acomodo a “su” verdad. Es autoritario por imponerse por pasión, venganza, odio; algo que no admite se le compare, por ejemplo, con Hugo Chávez; quien no perteneció a ninguna oligarquía tradicional y tampoco necesitó ser adobado con maquillajes publicitarios. jamás uso “gafas de seminarista” por lo que no tuvo que acudir a costosas monturas de Armani.

Los aúlicos del sujeto de marras resaltan la disciplina que practica: como el rasgo de meter los pies en hielo para no dormirse. Esto alude a la escena de la película del Código de Da Vinci, del coadjutor en el Vaticano que se auto flagelaba; puesto que al no explicar los alcances de esa auto tortura, deja que desear en lo subliminal del hecho.

En forma perniciosa es constante la glosa de su perseverancia en la seguridad como el camino de la paz. No mencionan para nada su caída como ídolo con los pies de barro, que resultó. No requiere aguda creatividad la emulación de una presentación como Mesías y su relación con el grupo paramilitar porque el que responde su hermano, denominado de los 12 Apóstoles. Sin embargo, predomina el modelo cívico- militar del para militarismo contra insurgente con las autodefensas y extendidas a comunas populares en ciudades. Al uso del “sapeo” y la compraventa de votos; así como a la malévola practica de las recompensas, como desangre del erario público.

En tratándose del perfil del sujeto objeto de estas apreciaciones resulta difícil no acudir a fuentes como la organización National Security Archive, que publica documentos en desarchivo de agencias de inteligencia y en ocasiones de agencias gubernamentales, que aluden a tratos y relaciones del Innombrable con grupos paramilitares, en curso de investigación y cargos específicos en su contra, también por masacres. No puede brillar por su ausencia, la nunca irrelevante cita del número 82 de la lista de vínculo con el narcotráfico y al que aluden siendo gobernador de Antioquia. Acusaciones que al propio hacen hasta antiguos compañeros suyos del partido liberal colombiano. Las aseveraciones del narco paramilitar Don Berna de su apoyo con grandes sumas de dinero para la candidatura de él y sus familiares, de al menos cita y referencia en su entorno familiar de su primo ex senador y condenado Mario Uribe.

En la actualidad se le conoce por los apodos.

Algo de suma importancia como es el que se haya adoptado como distintivo del sujeto analizado la generalizada y popular denominación del INNOMBRABLE. No se puede reducir a un pasaje anecdotario de trámite en el Senado, en sesiones del año 2014, en que al senador Iván Cepeda solo le permitieron adelantar uno de los tantos debates sobre paramilitarismo en ese recinto; permitiéndole el hacerlo en una comisión, bajo la exigencia de no mencionar el nombre de ese ex presidente y que aunque Cepeda ignoró esa prohibición se ganó el apodo de “el innombrable”. Castran la inventiva de la creatividad popular. El primer apelativo o alias a él asignado fue el de “Miniführer”. Y el del Innombrable obedece a la picaresca popular, dada su personalidad psicopática narcisista y para contrarrestar el efecto de culto a la personalidad por parte de sus sectarios. Surgió de cualquier analista de provincia al emularlo con el famoso inicio “de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Posteriormente dada su tendencia a la litis-manía, optando por denunciar por injuria y calumnia a todo el que lo criticare y por ende mencionare, pues se acreditó con más énfasis el apodo. Esa manía por litigar o pleitear ha sido la causante de sus desvelos judiciales actuales que resultaron con efecto bumerán. Hasta el registro actual de desistir de las demandas de injuria y calumnia contra opositores parlamentarios, sobre el vago argumento de no encontrar garantías en los magistrados de la Sala Disciplinaria encargados de conocer. Fácil concluir que acudirá a la justicia por mano propia. Por ello también es dable concluir que el destino del Innombrable no es “la pelea”; como la del disidente contra todo lo establecido, que dice defender.

Estadio en el movimiento popular actual asociado con el innombrable.

En Colombia desdibujan lo de las oligarquías, conllevando a perdida de claridad y precisión. La hegemonía conservadora de finales del siglo XIX y parte del Siglo XX, trascendió lo de oligarquía tradicional de la capital, bifurcando a las oligarquías regionales, como grupos de poder (corporativamente: grupos de presión). Se formó la casta politiquera de los caciques regionales; afianzada durante el prolongado Frente Nacional excluyente impuesto en 1957, hasta la fecha, contra toda expresión de oposición y libre pensamiento. Esas castas en el poder afinaron lo de la representatividad política basado en un sistema electoral clientelista y corrupto, cual eficaz maquina aceitada; lo cual permitió asentarse a los clanes de la droga, que como antecedente traduce en la construcción de un Estado mafiosos o Narco Estado, de naturaleza y características materia de mayor detenimiento y análisis.

Al personaje no se le concede gratuidad. Algunos resaltan que simplemente no pertenecía a la oligarquía tradicional de la capital. Pasan por alto la década de enfrentamientos de fracciones internas de la oligarquía colombiana, dentro de su seno, como adalid del latifundismo agro industrial, bajo la privatización a ultranza en el acumulado ahorro de capital narco ganadero; con el perenne enfrentamiento con otra fracción oligárquica de los financistas transnacionales, tradicionales amigos del Club del Coutry, emparentados con J.ML Santos, quien paso a ser su contradictor luego de protegido y aliado en crímenes de Estado, como su ministro de la guerra; siendo ambos involucrados en los falsos positivos.

El alcance de hito histórico inocultable, radica en que experimentan con el oligarca regional, proveniente de campesinos ricos, aliado del narcotráfico, materializando las doctrinas militaristas en la conducción del Estado. Luego de una década de “horrible noche” prima una escogencia tacita de Centro, en el seno de la oligarquía, ante el fracaso del experimento paramilitar de guerra total contra la insurgencia; para luego resolver la contradicción interna volviendo al predominio del centrismo pacificador, encarnado en la búsqueda de la salida política al conflicto armado con las antiguas Farc y una vez obtenido su desarme y desmovilización, contribuir a la situación de desconocimiento e instalación del sucesor en el maquiavelista juego oligarca de perpetuación del poder. Todo bajo la característica de un Estado mafioso; manteniendo la alternante frente nacionalista, gracias a elecciones, bajo un sistema electoral corrupto y clientelista, de compra de votos, inyección de dineros narcos bajo la égida de mafias electorales, que dibujan el panorama actual de coordenada “institucionalidad” gubernamental. A este escenario político se le denomina en la actualidad Bloque de Hegemonía Oligarca Contrainsurgente.

La característica principal de este estadio es que se borran los linderos del Centro, puesto que predomina la derecha y el centrismo, como conservadurismo y por ende, el movimiento popular se encuentra ante la definición de una preponderancia de políticas de derecha o de izquierda. No hay términos medios, ni tibios. Esto lo entiende muy bien la izquierda legal (no la insurgente y armada). Pero corresponde asimilarlo, en lo estratégico, a la socialdemocracia, el progresismo humanista y/o reformista. Aunque predomina en lo nacional e internacional lo Alternativo, esta se fabrica sobre una concepción de tendencia hacia la izquierda, no al Centro.

Corolario de lo anterior es que predomina una tendencia militarista contra insurgente oligárquica, siendo esa la brújula del próximo debate electoral presidencial; lo cual augura la lejanía a una nueva búsqueda de salida política al conflicto armado interno colombiano y seria con el triunfo popular de un gobierno Alternativo en la que se obtendría una negociación política hacia la búsqueda definitiva del fin del conflicto armado en Colombia.

 

Enviado por el autor.

¿Injerencia Colombiana en las Elecciones Norteamericanas?

Lic. José A. Amesty R.

En artículo reciente del 19 de septiembre pasado, titulado “Las Visitas no Gratas, no Deseadas”, señalamos la visita del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a algunos países de América Latina, durante los días 17 al 20 de septiembre del año en curso, y específicamente a Bogotá, Colombia, como una visita injerencista, y como un país aliado de Washington en la región suramericana.

En este sentido, conocimos que durante una reunión de Iván Duque con Mike Pompeo, éste le habría solicitado en privado, su apoyo para articular, aún más, a la comunidad colombiana, radicadas en Texas, New Jersey y el sur de la Florida, a favor del voto republicano.

A pocos días de esta reunión, amigos/as colombianos nos comentan que cumpliendo estas indicaciones, desde la cancillería en Bogotá, se emitieron instrucciones al embajador de Colombia en EEUU Francisco Santos, para que éste viajara lo más pronto posible a los Estados norteamericanos mencionados, y se reuniera con la comunidad colombiana, para hacer campaña y recaudación de fondos, a favor del presidente Donald Trump.

Para esto, debería entrar en contacto con el equipo de campaña de Trump, para informarle de estas acciones, y proponerle expresar su interés sobre esta comunidad.

Además, se le instruyó que evaluara el posible apoyo de algún funcionario del Gobierno colombiano, para su rápida tramitación.

Según, fuentes con acceso a la cancillería colombiana, esta semana se recibió una queja formal del Departamento de Estado estadounidense, indicando una supuesta intromisión en los asuntos internos de EEUU, en la que se cuestiona el papel desarrollado por el embajador colombiano.

Otras fuentes consultadas en USA, vinculadas al Departamento de Estado, ratifican esta información e indican que esto ha causado un revuelo político en Washington, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el temor que existe, en las estructuras del partido republicano, que sea usado por los demócratas en su contra.

En este sentido, en suelo neogranadino, el senador colombiano por el partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cita a la canciller de Colombia, Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, a la Comisión Segunda, por vínculos de Iván Duque en la campaña de Donald Trump y responder por presuntos lazos del Ejecutivo.

Cepeda, desde su cuenta oficial de Twitter señalo: “he citado a debate de control político, para examinar si funcionarios del Gobierno Nacional, han estado promoviendo la intervención en la campaña para la elección del presidente de los Estados Unidos”.

“Hay informaciones de medios de comunicación, que indican que personas habrían estado tramitando, apoyar la candidatura del hoy presidente Trump”, indicó el senador colombiano.

Cepeda, cuestiona a la canciller Blum, si es cierto que embajador de Colombia en Washington Francisco santos, sostuvo varios encuentros con organizadores de la campaña electoral de Donald Trump.

El senador Cepeda, inquirió a la alta funcionaria, si es cierto que el presidente Iván Duque, ha planeado viajar a USA, días antes de realizarse los comicios generales estadounidenses, los cuales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre 2020.

Iván Cepeda, se pregunta: “¿Cómo es posible que el gobierno colombiano esté comprometiéndose a intervenir en un asunto, que tiene que ver con la política (interna) de USA?”.

Una posible respuesta es la gran cantidad de colombianos/as que reside, legal e ilegalmente, en EEUU, que pudieran eventualmente (¿los pondrían a “votar”?) o ejercer influencia en las elecciones estadounidenses.

Es ya conocido, que si un funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del país, es considerado “miembro activo del Servicio Exterior” y, por ende, no puede participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género; esto es en política interna de cualquier país, imagínense si se tratara de un país en el exterior.

Ahora, lo más escandaloso de esta situación es la injerencia atrevida y delictiva del Ejecutivo colombiano, más la actitud permisiva y cómplice del Estado norteamericano. Además, del precedente que se marca en términos diplomáticos y las consecuencias a futuro tras una actitud como esta.

¡Acontecimientos en pleno desarrollo! Veremos qué consecuencias conlleva esta actitud intrusiva.

 

Imagen ilustrativa tomada de https://www.dinero.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

Las FARC entre el infundio o lo cierto

Por, Carlos Meneses Reyes

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,
si por dónde empiece ignoro,
mal sabré por dónde acabe.

Luis de Samaniego

Puede que el país esté de por medio en la averiguación o búsqueda de la Verdad en torno al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado (Álvaro Álvaro); pero que el asunto del debate de si fueron o no las antiguas Farc las causantes del hecho, sitúa en si ese hecho delictivo fue causado directa o indirectamente ligado con el conflicto armado. A diferencia de la justicia ordinaria, en la JEP no se reciben denuncias individuales. A su conocimiento llegan informes. Estos los pueden presentar cualquier persona o entidad, sin que medie personería jurídica de por medio y contendrá toda la relación detallada, con la información relevante sobre el hecho denunciado, sin que se trate de un análisis jurídico. Importa el relato del hecho victimizante con marcos de referencia concretos en el orden geográfico, económico, político y social, en el cual, se cometió el delito o delitos; esforzándose en la identificación de los presuntos responsables, con liberalidad en los datos aportados. Ubicar a los actores armados en ese momento en Colombia, que en modo alguno descarta al ejercito Made in Usa. La ubicación territorial de esos actores y sus relaciones, su uso, control, ocupación.

La dictadura mediática ha hecho de las suyas, sobre el infundio que las antiguas Farc están reconociendo, “confesando” la autoría de tal delito.

Violando toda reserva sumarial, dos sobrevivientes del Secretariado, Lozada y Timochenko hicieron eco de lo mediático sobre un informe presentado por ellos a la JEP en el que desean aportar conocimiento y verdad acerca del asesinato del dirigente conservador. No medio el texto de un comunicado de las antiguas farc, por el partido de La Rosa, al respecto. Obviamente el texto de la carta o informe dirigida a la JEP no se conoce; lo cual no ha sido óbice para que esos dos incrustados en el seno de las antiguas farc para manipularlas; o incrustados para derribarlas, se atribuyan que fueron (las) los autores y uno de ellos el perpetrador responsable de las milicias urbanas Antonio Nariño de las antiguas Farc y en tal sentido, atribuyéndose el “hecho de verdad” en el informe o declaración a la JEP

 El tal Comunicado de la JEP, en el cual se dice que las antiguas Farc hacen un “reconocimiento anticipado” es apócrifo: no contiene firma autorizada de la JEP y al mismo no alude la Dra. Patricia, como presidente de la JEP. Ella menciona que la Carta está firmada por unos del antiguo Secretariado. De manera que sobre el asunto hasta el mismo padre Vicente de la Roux, especula al dar por hecho que lo conocido al respecto del dicho de las Farc y la existencia de unas fotocopias de “correspondencia” de Manuel Marulanda al Mono Jojoy, que aporta el ejército (de por sí involucrado en el delito), sean Verdad y darlas por creídas. En perdida de objetividad periodística, incurre Ariel Ávila en la difundida entrevista al expresidente Samper y a Horacio Serpa. Todo obedece a un montaje mediático, para lavar caras. A ese juego sombrío también se han prestado los Directivos del Partido Farc.

Los medios reseñaron que la farc, en una carta a la JEP cuyo texto no se conoce, citan y afirman que contribuirá a esclarecer el crimen de ese político de la derecha colombiana y que “La orden del asesinato se dio, según consta en carta enviada a la JEP, porque Gómez era “un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-Ep”.

De manera que remontar a la causa del asesinato a lo de la creación contra insurgente de las “repúblicas independientes” contra Marquetalia, en 1964; es reducirlo a un acto justicialista, que no ajusta al comportamiento de las insurgencias durante el prolongado conflicto armado, de no aplicar la Ley del Talión, de “diente por diente”, durante todo el comportamiento genocida del Estado terrorista colombiano de ayer y hasta hoy

Para agencias internacionales como EFE, los jefes de la antigua guerrilla de las FARC se atribuyeron el asesinato del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado, a quien consideraban «un objetivo militar» y «enemigo de clase», el 2 de noviembre de 1995. Citan: «Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», informaron en un comunicado. Que… “Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado», agregó la información…. «Ante la JEP y la Comisión de la Verdad explicaremos por qué Álvaro Gómez Hurtado era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años», detallaron los jefes de la desarmada guerrilla. Lo gravitante está en que, siendo un informe reservado para la JEP, locuaz mente reveló su contenido anticipado a la opinión; pero a todas luces el texto de la carta no se conoce; no es público.

En forma por demás tardía, en un comunicado hecho público, esa antigua organización armada desmovilizada, en cabeza del hoy partido político, manifestaron “que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez”.

LAS DISTINTAS ARISTAS O VERSIONES.

La versión más conocida es que Álvaro Álvaro fue asesinado por la inteligencia del ejército involucrada en una conspiración contra el gobierno de Samper (periodo 1994-1998), como consecuencia del escándalo del proceso 8.000, por injerencia del dinero del narcotráfico en las elecciones presidenciales; en la que Horacio Serpa era el Ministro del interior, y que al no aceptar Álvaro Álvaro, el cambio de gobierno mediante el golpe militar, lo asesinaron los milicos. Al respecto la versión del finado embajador de USA, Frechet, es única. Esa hipótesis llevó incluso a que fuera llamado a juicio el coronel (r) Bernardo Ruíz Silva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, quien fue señalado por un testigo con reserva de identidad conocido como Emilio, de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen… Luego absuelto por inconsistencia del testigo…

La otras fue la versión de Rasguño que fue el cartel del Norte del Valle y así…hasta a Rito Alejo del Río lo involucran…

Dable es concluir que las diferentes aristas de autorías de ese homicidio, también llamado magnicidio, permanece vigente en este país de candela. El que haya sido un delito de Terrorismo de Estado, armado por el Ejecutivo y el ministro del Interior del momento, es la más débil. El que hayan sido las antiguas Farc, está por verse, conforme a lo analizado de momento. Aplica lo sostenido por los litigantes en derecho: “recibido, pero con beneficio de inventario”. La versión más solida es la del producto del pretendido golpe Estado, instaurado; que mantiene soto voces al expresidente Santos, conocido como el “conspi”. Otros aluden a los “conspis”. A la inteligencia militar, sobre el entramado de un golpe de estado, en el que el finado Frechet, ex embajador de USA, aportó a la Verdad y sentó que Álvaro Álvaro, si bien quería la destitución del gobierno involucrado en el escándalo del 8000, no se prestó para un golpe de facto y ello produjo su ajusticiamiento. Resulta irrefutable lo argumentado por el analista Jorge Gómez, en su libro al respecto y el que el “Ruido de Sables” se dio, fue un suceso histórico irrefutable. “Hijo: hay ruido de sables” le avisó, esa noche, el Dr. Eduardo Umaña Luna, al sacrificado por la inteligencia militar, Eduardo Umaña Mendoza, cuando vio el paso de tanquetas desde la ventana de su casa.

Al conocerse la atribución de las Farc, el sub-presidente Duque puso en duda ese reconocimiento. El expresidente y ex senador Innombrable también lo hace. Los del uribismo siempre difundieron noticias de crímenes contra las farc; como (auto) atentados, o el del collar bomba y ahora no aceptan la “confesión” de las farc…; como también corresponde registrar que la familia del asesinado tampoco cree en la autoría de las Farc; pues todos a una claman que fue un crimen de Estado. Al así posesionarse, el actor material del asesinato lo fueron las fuerzas armadas y el motivante intelectual, la existencia de una conspiración que conllevaba el derrocamiento del gobierno de Samper.

En valoración política cabe considerar que la atribución del crimen a las farc beneficia al Establecimiento y al militarismo de derecha oligárquico.

De manera que como la derecha hegemónica oligárquica, contra insurgente, aun hoy en el poder, no aceptan la atribución de las Farc; ¿no es dable a un desconocido analista de Provincia disentir de la puesta en escena por parte de las antiguas Farc y que todo lo dicho y afirmado sea, sin exigibilidad de otra conducta la Verdad oronda que requiere el país?

Durante 25 años de investigación del crimen tratado, se verifica que pasaron varios fiscales, como Mario Iguaran, renombrado súbdito de bolsillo del gobierno de Uribe Vélez, entre 2005 a 2009. Alfonso Valdivieso, quien ejerció durante la presidencia de Samper (1994-1997). Alfonso Gómez Méndez (1997-2001). Ni el obsesionado anti farc Humberto Martínez Salcedo. Ninguno investigó una sola hipótesis; ni un solo indicio que vinculara a las Farc. Pese a que fueron manipulados los computadores atribuidos al fallecido comandante Raúl Reyes, en ninguno de ellos se insinuó evidencia, o hallazgo de prueba alguna o información que asomara la actuación de las farc en ese asesinato. Para resultar ahora que un sospechoso volumen de hojas mimeografiadas, que pesan sobre el prurito que son falsos, recopilados, en el año 2012, por el siniestro José Obdulio Gaviria, sobre cartas cruzadas entre Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y en el que en fuera de contexto hacen suyas, alusiones o referencias de Marulanda atribuidas al hecho del asesinato; se erija como una prueba, dizque para demostrar la autoría de las Farc. A todas luces eso es producto de la infiltración constante de militares y agentes de inteligencia del Estado en esa guerrilla, que no obstante no demostraron la eficacia de derrotarlas.

Al parecer todo este berenjenal, embrollo o jaleo, comenzó con la declaración de la exsenadora liberal Piedad Córdoba quien informo, que a última hora había tenido conocimiento de los autores del crimen de Álvaro Álvaro. Esta citada para escucharla en versión en la Fiscalía el próximo 23 de octubre. Agrega que acudirá a la Comisión de La Verdad, que no tiene efecto punitivo.

El periodista Jorge Gómez Pinilla, quien escribió un libro sobre el tema: “Los Secretos del Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado” ha calificado esa carta de las Farc como una falsedad articulada para que sea reconocida como verdad.

LA UNICA OPCION. LA DETERMINACION DE LA VERDAD

Las conductas relacionadas con el conflicto que asume conocer la JEP son aquellas vinculadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad, con la violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Eso de delito de lesa humanidad el homicidio de Álvaro Álvaro, no está calificado. Juega un papel determinante el que se haya cometido por la existencia de un conflicto armado, en relación directa o indirecta con el mismo, causa esencial en la determinante para cometer ese delito. De lo contrario no se hubiera realizado. Tal asesinato, no califica como crimen de guerra y de lesa humanidad (única competencia de la JEP) y no fue producto directo o indirecto de dos bandos en conflicto armado; siendo solo la JEP, la única juez natural para definirlo.

El escenario de la ¿quid juris?: ¿qué solución da el derecho? resulta compleja; no solo para el equipo de 51 asesores que tienen las desmovilizadas Farc, sino para el foro jurídico nacional; además de prueba de fuego para la consistencia de la JEP, como justicia alterna.

SE REQUIERE UN ALTO NIVEL DE COMPRENSIÓN O DEL SABER

Al explorar la Verdad corresponde distinguir:

Verdad demostrativa, alude a la verificación de un hecho. Aplica a la efectividad de todos los medios de prueba. La verdad demostrativa y la verdad de los escritos o afirmado no pueden estar en conflicto. Opera en el administrador de justicia que influye más, si lo deductivo o lo inductivo.

La Verdad retórica, utiliza los sofismas para la obtención del convencimiento y por imposición del argumento y en esto sacrifica hasta el mismo argumento para lograr el convencimiento. Dice probar; pero se ocultan o ignoran aquellas evidencias que resultan evidentes; pero invalidan. Resulta una falacia conocida como la verdad a medias.

La falacia de la verdad a medias o medias verdades. Conlleva lo engañoso o falso, para hacerlo creíble. Aportando argumentos confluyen a una conclusión; pero ocultan o ignoran evidencias que al salir a flote resultan negativas o invalidan lo alegado o presuntamente probado.

La Parresia griega, que aparece con Eurípides, consistente en que se puede decir todo; hablar con atrevimiento, libremente. Inclusive so perjuicio de sacrificar la autonomía individual. Alude a franqueza, valentía, Llbertad confiada. Semeja a lo locuaz, audaz.

QUE SIGUE A CONTINUACIÓN

El asunto está en determinar si todo esto se toma como un elemento de verdad para la paz; sino como una salida de última hora de los exmiembros directivos de la guerrilla farc, presionados por las revelaciones publicas hechas por la defensora de la Paz y los derechos humanos Piedad Córdoba, quien informó que había tenido conocimiento de última hora sobre los autores del crimen del jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pero no se trata solo de afirmar, o aceptar, deben demostrarlo.

Ahora bien, que sigue ya radicado el Informe en la JEP. Pues el Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición – SRVR- faculta para ampliar el Informe. Convoca a aportar la Verdad y para ello podrá reconocer, parcial o totalmente el informe o rechazarlo. El SRVR, hará un trabajo de contraste entre lo recibido en el Informe y el cumulo de lo conocido por ella (JEP). Ampliar las pruebas. Pedir una audiencia pública con presencia de organizaciones e interesados citados por la Sala.

Luego de eso, podrá emitir una Resolución de Conclusiones; que es el acto, como documento judicial, por medio de cual el SRVR recoge los ofrecimientos de Verdad y la aceptación de responsabilidades de las personas que se acogieron a ese procedimiento.

Si la JEP rechaza el tal informe, queda el tufo de impunidad. Lo único que no ha sido “hecho trizas”, es el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SVRNR). La afectada ha sido la JEP, por ese inusitado afán publicitario, que busca lavar caras del entramado corrupto oligárquico en decadencia. Pero con el cuento de la “cooperación armónica” violan los Acuerdos, en lo de disposición absoluta de la guerrillerada desmovilizada y agentes del Estado, bajo competencia exclusiva de la JEP. Como dicen los campesinos en El Catatumbo: “se les puso el café a $0.80” a los del antiguo Secretariado. Los empapelaran como hicieron con J. Santrich.

Han golpeado a la Verdad, al no acudir a la Comisión de la Verdad.

Desafortunadamente, hoy esa Verdad solo puede asumirse y tratarse a través del arte y la literatura. Aquí entraría a imperar la función en el género de la Novela Negra. Y ese género permitiría plantearse: ¿sería que las farc participaron en ese tal complot conspirativo contra el gobierno de Samper?

No apoyar declaración a favor de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Meneses Reyes

El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.

No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:

  1. Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.

MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la Perpetuatio Jurisdictionis, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.

Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.

Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.

Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.

La mala-hora del conflicto armado en Cúcuta

Carlos Meneses Reyes

La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientas cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra.

Ya no basta denunciar un estado cosas inconstitucional (eci) en la Frontera de Cúcuta y parte del municipio de Tibú, con Venezuela; sino que, conforme a la redacción y contenido del citado Comunicado de agravamiento de una situación, totalmente apartada al funcionamiento lógico de un Estado, que así no se llamare estado de derecho, expresa una ilógica ausencia de forma de convivencia civilizada. Las amenazas, sometimientos, extorsiones y exigencias afectan a la población civil. Los constantes combates sucedidos en esa zona, con el instrumento contra insurgente utilizado por las fuerzas armadas estatales para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), se expresa en que desde hace varios meses las fuerzas estatales como tal no combaten en ese escenario fronterizo, sino que lo hace, como punta de lanza, el grupo paramilitar Los Rastrojos, de amplio conocimiento nacional e internacional por ser base de apoyo del opositor venezolano Juan Guaidó, erigido, mutuo propio, como presidente de Venezuela y apoyado por más de 50 países , en el gesto más dramático de aplicación de la Diplomacia de Las Cañoneras, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Denuncia el citado Comunicado, que los Organismos de Control Constitucional colombiano, no toman, ni han tomado, las medidas de urgencias demandadas. En forma cruda y categórica recuerdan, que al igual como en décadas anteriores, las autoridades de policía, militares, de la Fiscalía, colaboraban con las acciones criminales de los Bloque Frontera y Catatumbo lideradas por paramilitares, hoy vienen haciendo lo mismo. Que es latente la exigencia de los actores sociales, victimas del conflicto armado, defensores de la paz y de los derechos humanos e incansables propulsores de la aplicación y respeto a los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, reafirmando que esos Acuerdos, con las antiguas y desmovilizadas Farc, deben ser implementados. Dan cuenta de la omisión de los deberes y protección constitucional por parte de la Fuerza Pública, para con las comunidades, quienes han dejado a la población a merced de los grupos paramilitares en labor de vándalos, de reclutamiento forzado, homicidios y violencia institucionalizada. Ese Comunicado y su contenido de denuncias como tal es una fuerte lapidación, de lanzamiento de piedra airado, de un colectivo poblacional hastiado de tantos golpes padecidos y dirigida a la conciencia del movimiento popular para su reactivación en la resistencia y la movilización.

Causas y efectos

El calamitoso escenario de masacres en la zona rural de la fronteriza Cúcuta apunta al origen y las relaciones del para militarismo con la fuerza pública y engranaje con los intereses del ejercicio político en esa región del país.

Impera la mentira oficial en torno a la denuncia, como a la presentación de ese panorama de trágica desolación que conmueve por el salvajismo aplicado y la desidia en afrontar sus verdaderas causas, imperando la negligencia u omisión de las “autoridades”, invocando vehemente la causa en la falta de lo gobernable. Ante esa mentira la labor periodística se limita a los registros de los hechos, ausentes a toda profundización en abordar un análisis objetivo y verdadero, sin beneficio o deseo manifiesto profesional por producir un resultado de ventaja en la función de esa labor; limitándose todo solo a dar lo noticioso. Si eso se predica de la labor periodística, que decir de la conducta asumida por los funcionarios públicos, en una conducta insensible asumida y de guarda de silencio ante la barbarie. Pues ante eso corresponde asumir que no se está en momentos de callar; correspondiendo a los analistas exponer, al desnudo, la dramática situación.

Lo de la zona fronteriza y metropolitana de Cúcuta, corresponde asumirlo dentro del tema de la ofensiva contra insurgente aplicada. Desentrañar el porqué del ensañamiento contra esa población y el escoger prioritario de un escenario de confrontación allí, precisamente ubicado e identificado.

El proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas FARC- que no proceso de paz- se limita a eso. Pero toda la causa objetiva, política, social, etc., continua inalterable. Lo que no logró el ejercito burocrático, Made in Usa, lo obtuvo la sagacidad del tahúr oligárquico en escena. Huelga discutir sobre la ganancia oligárquica y del imperio y el golpe a las expresiones de luchas del pueblo colombiano. Pero eso no es ganancia política, es oportunismo ventajoso. En la sucesión de poder oligárquico, el impuesto sub-presidente actual, aplicó el desconocimiento a lo Acordado y la No implementación. Por ello se impuso, al darse el triunfo ilegitimo y fraudulentamente obtenido, la sucesión de efectos como la de una contraofensiva contra insurgente, en el plano militar y en el político. Esto expresado en varias dimensiones o estadios, como la de intensificar los asesinatos selectivos, aumentar la acción deliberada contra líderes sociales; así como contra desmovilizados de las antiguas FARC, y toda expresión emanada de manifestación ciudadana y de la justicia. Todo lo expresado por el partido o secta de gobierno, cumplido, contra las aspiraciones populares. Sepultar cualquier asomo de soberanía y política autónoma exterior, supeditándose el “gobierno” colombiano, al plan militar para la región, elaborado por Trump y sus asesores, con relación a la suerte de la República Bolivariana de Venezuela. La inexistencia de una política, por el cierre de la frontera; la amenazante cabeza de playa para los potenciales 5.000 marines, en un momento álgido en el que el trampero Trump, puede acudir a la descabellada intervención directa, para asegurar ganancia de votos para su absurda e irracional reelección. Estos elementos, combinan lo exógeno, exterior, para incidir en los factores internos de lo “caliente” de una frontera, de peso en el juego perverso de los intereses de poder.

Nunca se había entramado una escena tan patética, para rechazar cualquier intento de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN; intensificando las operaciones militares en la frontera colombo venezolana. Resulta indiscutible, que en tanto en la contra parte del territorio venezolano existe una pacificación regional fronteriza, en los mojones de frontera colombianos, impera un escenario de guerra, que no revierte, puesto que la estrategia militar del Estado colombiano consiste en no desgastar sus fuerzas de despliegue expansionista, manteniendo el uso de los irregulares paramilitares como escudo. “Plata es lo que hay” para eso…, resuena la expresión constante del general Villegas, quien actúa como un verdadero centurión o pretor romano, pisoteando la Constitución del 91, erigiéndose como autoridad civil y militar.

Registro de masacres en la zona fronteriza de Cúcuta

Para el pasado 20 de julio, había tres masacres registradas en la zona rural del área metropolitana de Cúcuta. Dejan un saldo de 18 muertos durante los meses de marzo a julio de 2.020. El 9 de marzo, se perpetró una matanza de ocho hombres en el corregimiento Palmarito y, el 5 de julio, de cuatro personas en Puente León. Tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta: Banco de Arena, Puerto león y Vigilancia, son las que colindan con Tibú, Puerto Santander, que conectan con Boca de Grita, al lado venezolano.

Mantienen en un estado de alerta permanente a la población de los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte, donde ya no se puede hablar de la alteración del orden público, sino de una situación de guerra, dada la profunda crisis humanitaria en esa zona. El día anterior a la matanza asesinaron a Ernesto Aguilar Barreras, líder de la Asociación Campesina de El Catatumbo- ASCAMCAT- en la vereda Totumito, limite rural entre Tibú y Cúcuta. De 34 años, también era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia. Iba con un amigo en su carro, a ver un ganado que tenía. Lo bajaron del carro, lo identificaron y lo mataron hombres armados que circulaban por allí, en Totumito. Encontraron su cadáver, torturado, con las manos cortadas y apuñalado a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca de Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos. En el lado colombiano quedan las veredas de Totumito y Carboneras en cuyo lugar se presentó la masacre que dejó en el lugar, apilados, los cadáveres. Se generó un desplazamiento inicial de 120 personas. El hecho se atribuye al grupo paramilitar de Los Rastrojos.

Días antes se había registrado la masacre de cuatro personas que habían salido de Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordados por sujetos armados que tomaban cerveza. Los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez Pacheco, viajaron para encontrase con su papá, que trabaja en una finca y al que no veían desde hace tres años. Al viaje se unieron un primo y una amiga. Fueron abordados en el sector de La Invasión, a menos de un kilómetro de Banco de Arena. Se supo que los habían desparecido para asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en costales 22 días después.

Penosa la labor de estos recuentos y martilla cual agudo cincel en el ánimo y conciencia que no se arruga ante el reto de la denuncia. Todo ocurre en zona poblada. Extensa, sí, pero poblada. Con fuerte presencia de la Fuerza Pública, a un nivel de militarización regional. La Policía Nacional generalmente realiza operativos policiales individuales, en conjunto con las Fuerzas Militares y en unidades mixtas. Cuenta con Grupos de Operaciones Especiales «GOES», como son: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal «GAULA», Escuadrones móviles de carabineros «EMCAR», (grupo con armamento bélico pesado, unidades contra guerrilleras Rurales y Urbanas), Compañía Jungla Antinarcóticos «JUNGLA», Comandos de operaciones especiales «COPES», Comando de Operaciones Rurales “C.O.R”, y Granaderos. Son las llamadas Fuerzas Especiales que aplican en dirección y objetivo: el pueblo. De sentimiento antipopular y violadoras de los Derechos Humanos (DDHH). En este escenario de guerra se erigen con trofeos a la desidia, por el abandono de sus funciones, la inoperancia, la omisión, la permeabilidad corrupta, en y por la aplicación soterrada de una adoctrina de guerra, en que impera la concepción del enemigo interno y el decir de anatema y maldición que se maten entre ellos. Endosan la aplicación de una macabra lógica: todo es producto de la guerra por las rutas del narcotráfico, el imperio de la droga y el dominio territorial por parte de grupos armados organizados, debidamente etiquetados y que reciclan en un mismo recipiente, para que las “honrosa” y “leales” fuerzas estatales sean los buenos del paseo. Lo demás: chusma y terroristas, sellando así la suerte del macabro juego geopolíticamente de intereses oligárquicos e imperiales, en toda esa extensa región.

WILFRIDO CAÑIZARES, director de la Fundación Progresar, caracterizado y valiente defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Norte de Santander y quien ha enfrentado ataques y señalamientos por parte del coronel José Luis Palomino López, Director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país. “El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró. “y no va a parar mientras el Estado las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres para las más de 800 familias desplazadas. Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros y la Minga.

La confrontación en la frontera

Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío. Falso que operen en San Antonio de El Táchira. Todo se da en territorio colombiano, puesto que el control territorial de las fuerzas armadas bolivarianas es incuestionable. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, ejerce control-históricamente reconocido, también en esa zona. 50 AÑOS DE TRABAJO POLITICO CLANDESTINO NO TRANSCURREN EN VANO. Pasan a retiro impune los generalotes y continua el conflicto. Con la misma lógica aplicada por la contrainsurgencia militar; originalmente el ejército no actúa. La punta de lanza tiene como protagonista para el enfrentamiento contra la guerrilla al grupo paramilitar, sugestivamente denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUCV); en inocultable muestra de la expansión intervencionista del paramilitarismo hacia la vecina República Bolivariana. Aparecen muertos a granel, con bandas como el Tren de Aragua, que se enseñorean en el sector y asentados en una invasión conocida como Quilombo, detrás de los Moteles y zona de influencia comercial del municipio de Villa de Rosario. Toda esa área, incluido, Boconó, está infectado de paramilitarismo y en permanente enfrentamiento con las guerrillas, sumándose a ello la presencia de unidades del Ejército Popular de Liberación, EPL. Al respecto conviene resaltar que el pasaje de enfrentamientos con estos es vuelta de hoja; sin que ello implique una colaboración o alianza entre ambas expresiones insurgentes colombianas, en el escenario de hechos motivo de estas redacciones. No obstante, el análisis manido de la Policía sigue siendo el mismo: “No es nada raro que el EPL quiera ganar terreno y por eso busca unirse con bandas locales para así poder atacar al ELN” agregando que les entregan armas y granadas a esas organizaciones delincuenciales para que sigan ganando terreno. Tal bagaje, gastado, vulgar y nada original, no admite consideración alguna de seriedad. Por el contrario, ratifica el interés expreso de permanencia de esas formas delincuenciales como muro de contención en el ataque contra insurgente.

Los asesinatos de líderes son crímenes políticos

De inocultable relevancia esta referencia. Ahora resulta que a las masacres las quieren denominar “homicidios colectivos”. Falso, son lo que son. En estas denuncias ha sido incansable el activista social y de Derechos Humanos Wilfrido Cañizares que al frente de la Fundación Progresar denuncia masacres, amenazas, extorsiones; así como la reciente pretensión de los narco Rastrojos, de iniciar una “limpieza social” en el municipio de Cúcuta, área metropolitana y zona limítrofe con Puerto Santander. Esto le valió la estigmatización por parte del coronel Palomino López, quien no solo ha sido objeto en los últimos días de duros cuestionamientos; sino que también tiene una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y la Procuraduría de sus mismos policías. No escatima en anunciar la participación de 250 efectivos policiales, nuevos o reciclados, para afrontar la situación en estas lineas planteadas. Lo sintomático es que cuando esos anuncios de fuerza se hacen públicos, proliferan versiones, documentos con llamados falsos, iniciativas de conducción a la opinión pública, “comunicados” apócrifos del EPL, acciones o proyecciones falsas del ELN. Difunden que se harán reconocimientos de trochas y su destrucción en 164 kilómetros de frontera que unen al Táchira con el Norte de Santander, de acuerdo con levantamientos satelitales. Mencionan algo insulso como “prohibiciones territoriales” con fundamento en la realidad de los “embudos migratorios”, siendo la constante la inexistencia de una política de fronteras, precisamente por lo obtuso de cerrar las fronteras y las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La confrontación en la frontera sacrifica hasta misiones internacionales. Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Internacional de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde febrero de 2018, no salió de sus oficinas en Cúcuta. Sin pena ni gloria renunció. Destacan entre sus logros la recuperación de un balón a un niño que lo había perdido y el regalo de una bicicleta. Hace propia la incitativa de la medida presidencial “primero la niñez” garantizando el derecho fundamental de niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia y contar con una nacionalidad. Falso, además de exabrupto que no tiene soporte constitucional. Manejan cifras de cientos de miles de migrantes beneficiados en raciones de alimentos, millones de vacunas e incluidos en el sistema de salud. Cual sistema de salud si en Colombia todo ese andamiaje esta privatizado. No logró coordinar con entes burocráticos migratorios que persisten en Cúcuta, simple o solemnemente por el desconocimiento de una política diplomática hacia el vecino país.

Los asesinatos son selectivos. La movilidad para extraños a la región o zonas, son prohibidas. Se ha dado más de 800 desplazamientos en los últimos 4 meses y algunos sectores de población intentan retornar. No existe una tendencia de repoblamiento como en décadas anteriores en que “refundaron” la región con el consiguiente botín político electorero que ello implicó. A todas luces, les interesa a las fuerzas gubernamentales colombianas, en aplicación a su doctrina militar contra insurgente, la permanencia del foco paramilitar, que no puede subsistir sin el elemento de “lavada de cara” de las acciones armadas encubiertas. Todo un andamiaje de determinadores relacionados con las estructuras paramilitar contrainsurgentes. Es decir, Terrorismo de Estado puro, con fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional e identificación política con lo del enemigo interno. Todos esos crímenes son, sin lugar a duda, política de Estado. La aplicación de la llamada “paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, que amenaza la “seguridad interna”. Ufanarse de contar ahora con huéspedes instructores, como asesores militares USA, en las llamadas Zonas Futuro, como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Cada día que transcurre presenta situaciones nuevas de análisis. Baste solo mencionar que, entre julio y agosto del presente año, al fin aparecen logros del ejercito localizando depósitos ilegales de armas; capturando cerca de una veintena de miembros de Los Rastrojos y ahora último, la incautación de 47 fusiles de su pertenencia. Pero cómo registran esa confiscación: que efectivos iban tras la captura de dos individuos que resultaron escapándoseles misteriosamente y en cambio- así porque sí- hallaron la caleta con las armas. A otros con ese hueso duro de roer, a no ser que merezca reconocimiento que la veeduría de los asesores gringos les está aportando nuevas luces e iniciativas.

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales entreven una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas y en la reiterada aplicación de negar la salida a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de conformidad a lo ya Acordado. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos continúa vigente. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas. 5.La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con en el fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos.

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

LO FALSARIO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Por, Carlos Meneses Reyes

Después del descalabrado gobierno de R. Nixon, se impuso que el problema de consumo de las drogas no fuere estimado como un asunto de salud pública, exportándose junto con la CIA y la DEA, como una “Guerra contra las drogas”; significando el afianzamiento de una estrategia de intervención neocolonial de control y dominación en lo político y militar, en sus países satélites y en particular en Colombia. Conviene traer a colación la reunión en Londres, entre el coronel estadounidense Oliver North y el general panameño Manuel Noriega, para intervenir en Nicaragua, apoyando el conflicto armado de la Contra nicaragüense. Se conoce como el escándalo Irán- Contras, durante la administración de Ronald Reagan, que casi le cuesta la presidencia, junto con su “Doctrina Reagan” (1986-1987) y apoyo contra la lucha anticomunista guerrillera en Afganistán. Consistió en un acuerdo secreto de intercambio de armas y misiles de Estados Unidos, para liberar a unos estadounidenses tomados como rehenes por guerrilleros en El Líbano; pero también utilizó fondos oficiales para apoyar con armas a los Contras enfrentados al gobierno Sandinista, invirtiéndolos en cocaína, de los carteles de la droga colombianos.

Bajo el mismo prurito de la “Guerra contra las drogas”, se ejecutó la invasión a Panamá, el 19 de diciembre de 1989, para derrocar a su antiguo socio e integrante de la CIA, general Manuel Noriega, bajo la presidencia de George H. W, Bush (padre), con una movilización de 26.000 efectivos de mar y aire, contra un ejército carente de aviación.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); luego de los fracasados Diálogos del Caguán, acordaron con el gobierno de los Estados Unidos la intervención militar con la aplicación del Plan Colombia, que continúa con la directriz de la “Guerra contra las drogas” alentada por los actos del 11 de septiembre de 2001 (11S)y hasta nuestros días; registrando el derroche de miles de millones de dólares del erario gringo y colombiano en esa “guerra” y que en Colombia ha significado, hayan hecho “su agosto”, los contratistas de empresas privadas de aviación; los dedicados a la fumigación con glifosato fabricado por la Monsato; los beneficiados con la erradicación forzosa de cultivos, en contra de las comunidades campesinas e indígenas; con grandes, jugosas y ventajosas ganancias, enriquecidos sin mayor esfuerzos y dudosos desvíos de esos dineros al conflicto contrainsurgente y avalando, en beneficio redondo, a los jerarcas de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Esa “Guerra contra las drogas” que ha significado un total fracaso, por lo inútil e improcedente, en un escenario de juegos de legalidades e ilegalidades, aplicado en el conflicto armado interno colombiano, en que la suerte de judicialización o no, va parejo con la finalidad de intereses al gobierno norteamericano de turno para su reelección; ratificando que es precisamente, el logro de grandes precios de la droga- gracias a la prohibición- el mayor estimulo e incentivo para el tráfico de drogas. Cómo afirman los campesinos en El Catatumbo: son los del ejército y los de la DEA, los que imponen el precio de la cocaína.

Pero la dinámica de esa “guerra” en territorio colombiano no se estanca; sino que por el contrario va tomando nuevos giros o injertos de degradación. La capacidad de corrupción de las inconmensurables sumas de dinero e intereses en juego en esa “guerra” reviste particular atención, en cuanto, cómo las fuentes de financiación apuntan a actividades, tanto legales como delictivas, en estrecha colaboración con el crimen organizado y en particular en la zona y territorios de El Catatumbo colombiano, de nuestro interés en la presente, no digo investigación, sino análisis o disertación.

La llamada “guerra contra las drogas” tomó una dimensión de aplicación e injerencia intervencionista en el conflicto armado más prolongado en el mundo: el colombiano.

La fatídica Guerra del Golfo (1991) ha generado una fase que podría llamarse de la profesionalización de la guerra. Profesionalizar la guerra, es convertirla en lucrativa y eso es precisamente lo sucedido en Colombia, al ir pareja a las enormes, pingues, ingentes ganancias y dineros que se mueven a su alrededor en los territorios, incursos. Bajo la concepción de lo “terrorista”, de un conjunto de ideas, propias del engendro de la lucha imperial antiterrorista, resultado del 11S, el imperio elevó a categorías el encauce contra las luchas de liberación de los pueblos y ajuste del control global de sus aventuras anexionistas. Surgieron grupos de personas destacadas, de ropaje y amparo académico; con sustentaciones seudoteorizantes; pero en el fondo de aplicación utilitaria en el rol de la “política” internacional de la potencia imperial. El Departamento de Estado norteamericano concibió “los Halcones de la Guerra” de igual manera a los “Perros Rabiosos” de la guerra; apareciendo como personalidades a manera de oráculos, que dan respuesta a todo lo habido y por haber, maquillados bajo el manto de la sabiduría y la captación de atención. Cada Administración presidencial estadounidense tiene a sus exponentes, como citar a Bolton, luego caído en desgracia, por el despelucado Trump.

EL PASO HACIA LA GUERRA HIBRIDA.

Trump, llegó a reciclar como secretario de Guerra, a un Perro Rabioso de la Guerra del Golfo, el ex general de tropas estadounidense TJ. Mattis. En el año de 2005, éste explicaba sobre la Guerra Híbrida. Utilizaré el termino Guerra, en el entendido que el Derecho Internacional, erradico ese concepto y habla de conflicto entre países con ejércitos y no de guerra. Pero como se trata del manejo técnico que da o utiliza el Imperio, la Guerra Convencional o tradicional, es la que se da entre ejércitos de distintos países. La “Guerra Irregular” es la que se da dentro de un país, enfrentando fuerzas rebeldes y que la normativa internacional define como “conflicto armado interno”. Con la filosofía guerrerista expuesta, el Pentágono aprobó como directiva política de definición, el concepto de “Guerra Irregular”, al mismo nivel de la Guerra Convencional o Tradicional y denomina a los actores insurgentes como “terroristas”; independiente del etéreo concepto de materializar de hecho lo de “terrorismo”. Explicable el uso de esta terminología, porque la invasión a Irak, que era cuestión de meses y que había “ganado” en el año 2003, resultó en una batalla de más de nueve años.

Para el Pentágono, guerra irregular es la que aplica en acciones o batallas en tierra, mar o aire, contra insurgentes y terroristas, por lo general clandestinas. El viraje radica en que el Imperio utiliza y promueve movimientos “subversivos”, de “resistencia”, (contras, autodefensas paramilitares, etc) al interior de países vulnerables, de ingobernabilidad, no viables; para imponer gobernantes subordinados a los intereses del Imperio. En el escenario latinoamericano es lo que piensan aplicar en la Bolivariana Venezuela; en tanto que lo aconsejado, en lo mutante del conflicto interno colombiano, en el que, sin haber triunfado la revolución, se aplicó toda una contrarrevolución, con el uso de fuerzas irregulares internas bajo el paramilitarismo. El trato para Colombia lo circunscriben a países “hostiles”; en el caso de Venezuela, como países “enemigos” en sí.

Más los oráculos de la guerra impulsan la Guerra Híbrida. Esta se explica como la aplicada en países en donde combinan la guerra irregular con la asimétrica. Corresponde asimilar de forma sencilla que asimétrico es lo contrario a simétrico: el modo de estar colocadas las cosas de manera que existen dos partes exactamente iguales. Los sabios oráculos de la Guerra aplican reglas de transformación efectiva, como cambios de algoritmos matemáticos, para obtener efectos sustanciales en el derrotero de la guerra, innovando, para buscar los mismos propósitos; pero ambos lados son diferentes (asimetría). Combinan la guerra irregular con la asimétrica, en el conflicto interno. En el caso de un Estado en conflicto, pues este actúa con sus propias fuerzas armadas. Al aplicar la Guerra Hibrida, ese Estado actúa de manera directa; pero utiliza redes criminales o contratistas bélicos privados, como proxies o reciclados que “lavan la cara”, hacen el trabajo sucio, para mantener la imagen de institucionalidad. Huelga detenerse en el caso colombiano y a todas luces resulta obvio. Para el caso venezolano requeriría de otro desarrollo de exposición concreta. (Consulté y cito el articulo Guerra Irregular, de Eva Golinger-Counterpunch, de EE. UU, publicado el 11/12/2008 en Rebelión.org).

De manera que la comprensión actual del conflicto armado interno, pasa por asimilar lo de Guerra Híbrida, en la que la contraparte estatal colombiana, delega sus actuaciones de enfrentamientos bélicos a agentes domésticos, en un negociado de contratistas privados; utilizando fuentes de financiación provenientes de actividades ilícitas, generalmente de lavado de activos y recursos del narcotráfico y en una relación indisolublemente estrecha y de dominada atadura con el crimen organizado, a quien mantienen como un aliado desechable.

Lo anteriormente expuesto concatena con el uso de operaciones psicológicas contra la población, con la práctica de la mentira y el montaje, engranado con la dictadura mediática, generando confusión, división y conflictos en la sociedad civil.

LA GUERRRA CONTRA LA COCAINA SIRVE AL CAPITAL LEGAL Y AL ILEGAL POR IGUAL.

El caso latente de los enfrentamientos en la zona rural de Cúcuta, por su extensión fronteriza resulta emblemático, en lo de la “Guerra Híbrida”, puesto que la vorágine del conflicto con afectación esencialmente a la sociedad civil está al orden del día. Toda esa franja desde Vigilancia, Puerto Santander y La Fría es teatro de combates presentados entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el grupo paramilitar de los Rastrojos. ¿Qué papel juega en ese enfrentamiento el ejército y las fuerzas armadas colombianas? Pues el de dejar que se maten entre ellos…Pero no es tal. La declaración del general Villegas, al mando de más de 4.000 soldados de la Fuerza Vulcano y que se comporta como un procónsul o centurión romano, de que a “si hay que sicariar”, pues sicariamos, para acabar con el ELN y para eso están los “pelusos” bajo la afirmación: “pues plata es lo que hay”. Las fuerzas armadas actúan soterradamente. Utilizando las redes de criminales organizadas aplica esos enfrentamientos que por lo general se han dado en territorio colombiano. Sobra resaltarlo, pero el ELN, al parecer diezmó esas estructuras de los Rastrojos y a manera de utilización de desechables, en estos días han capturado las “autoridades” de Policía a más de 20 integrantes de los Rastrojos. Les aplicaron su profilaxis de aliados desechables. También han dado de baja al alias el “Grillo” mando expulsado del EPL, quien con su trabajo de sapa contribuyó al asesinato de su jefe “Pacora”, quien mantenía acercamientos y acuerdos con el ELN y logró -al aliarse con el ejército y paramilitares- el más serio enfrentamiento que se haya podido registrar, entre esas dos fuerzas insurgentes, en la zona de El Catatumbo colombiano, en los primeros meses del corriente año. Divide y vencerás. Con esa etiqueta de aprovechamiento presente, alentaran que se maten unos a otros, sirviéndoles de perilla para justificar su negación al Dialogo.

 La argumentación que todos esos combates ELN- paramilitares Rastrojos, con fuerte presencia del ejército, se han dado en territorio colombiano, obedece a que las fuerzas bolivarianas están consolidadas en grado sumo en la defensa de sus fronteras y análisis de referencia como que Venezuela, según HRW: De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.

Así como todos los caminos conducen a Roma, necesariamente al abordar tan espinoso tema de la guerra contra las drogas, el sonajero popular, -la vox populi- marca la pauta e involucra al ejército nacional de Colombia.

En referencia anoto y me refiero a solo uno de los aspectos a que está siendo sometida esa institución de guerra y que la coloca en el momento histórico de mayor desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional; puesto que sobre ese tema si hay tela para cortar.

Tomado de fuentes periodísticas que sobra mencionar, el teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego, confirma que el ejército está traficando drogas e intimidan a soldados que denuncian corrupción. Confirma las denuncias de indígenas de elementos corruptos dentro de la 3a. Brigada, involucrados en el tráfico de drogas. En el mes de enero de 2.020 el líder y representantes de víctimas Leyner Palacios, hizo polémicas declaraciones, al ser invitado al Palacio de Nariño, en una carta que personalmente entregó al presidente y en la que textualmente el líder social le dice al presidente: “Niegue que el ejército de Colombia está trabajando junto con narcoparamilitares”. Las comunidades en el Departamento del Chocó reposan sospechas de colusión entre las paramilitares Autodefensas Gaitanistas (AGC)y la Fuerza de Tarea Conjunta Titan y como existen tantos efectivos militares USA en la Séptima División del ejército, ahora al Clan del Golfo lo denominan, los soldados criollos, como mascando chicle: el “Gulf Clan”.

Tan álgida situación, a tono con la aplicación de la Guerra Híbrida y su engendro, la guerra contra las drogas, la traiga a colación pues podría existir malestar en el Pentágono por la criminal asociación de militares colombianos con la que Estados Unidos considera la mayor organización mundial del tráfico de drogas y que socava la legitimidad del gobierno. Ante eso se dio el anuncio de la Séptima División del ejército en Medellín, prometiendo investigar esos vínculos entre el ejército de Colombia y el grupo paramilitar AGC. Indiscutible mente, su comandante, mayor general Juan Carlos Ramírez, sopesa la erosión en búsqueda de pruebas de confiabilidad, confianza, legitimidad, en momentos en que se recibe dineros de los contribuyentes estadounidenses para combatir el narcotráfico, en esta absurda guerra de contrainsurgencia en Colombia.

DE LA IGNOMINIOSA VEEDURIA DEL EJERCITO ESTADOUNIDENSE.

No lo podrá ocultar jamás el general Naranjo y pesará sobre su conciencia. La llegada de 50 efectivos oficiales de tropas élite del Comando Sur del ejército imperial, a las instalaciones del ejército colombiano made in USA, aplica al derrotero de fracaso por lo ineficaz e ineficiente de esa tal lucha contra las drogas en Colombia. Pedro Pueblo no cree que duraran 4 meses. Ante los fracasos tácticos-teniendo a Cúcuta como epicentro- de no poder asentar la cabeza de playa, para invadir a Venezuela: Primero con el hazmerreír del 23F de la “ayuda humanitaria” en los puentes fronterizos y ahora con la derrota infringida a los reconocidos paramilitares “Rastrojos” por parte del ELN. Argumentar que no son tropas para operar, sino para asesorar, revela el efecto de injerir en el asunto interno de efectos sociopolítico, como es la imposición de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, en contrario a la solución política alcanzada con los Acuerdos de La Habana para la traicionada desmovilización de las Farc-Ep. Incluido El Catatumbo como “zona futuro” resulta oportuno destacar que llegan esas tropas élites en el momento oportuno en que por la desmovilización popular a raíz del Coronavirus, centraran sus acciones vandálicas en golpear a la población beneficiada por los cultivos ilícitos como única forma de subsistencia. Además, los fracasos de la invasión por la Guaira (Atlántico-Caribe), ponen al orden del día, la agresión contra la Patria Bolivariana en la extensa zona de frontera colombo-venezolana.

LA SUCIA ESTRATEGIA INFORMATIVA.

En Colombia aplican medidas de los anteriores estados de sitio de la Constitución de 1986, en contraria a la CP91. Toda la información sobre el conflicto armado lo dirige la inteligencia militar desde sus escritorios, en una cadena de desinformación, montajes y engaños. No hay cabida al periodismo investigador y de cuestión.

 Me he dado a la tarea de recopilar las informaciones de la prensa local del Norte de Santander, en lo atinente a los “golpes” que el accionar contrainsurgente de las tropas oficiales dan a “a las finanzas” de la Insurgencia. Desde mayo de 2.019, a la fecha; recrudeciendo la destrucción de laboratorios y decomiso de cocaína en los tres últimos meses del presente año. Así:

El 24-05-19. Descubren en Tibú, el complejo cocalero más grande, que producía 3.000 kilos diarios de cocaína, atribuido al ELN y que representa para ellos un golpe de $7.000 millones de pesos.

04-02-2.020. Destruyen complejo productor de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, con fluido eléctrico para trabajar todos los días.

27-03-2.020. En asalto aéreo y de patrullas terrestres, destruyen dos laboratorios de cocaína, que corresponden a las FARC y al ELN. No indican monto económico.

04-04-2.019. Destruyen en Sardinata dos complejos de estructuras cocaleros y un laboratorio, con producción de 1.500 kilos mensuales de coca. Decomisan 1.118 kilos de clorhidrato de cocaína. 336 kilos de pasta de coca. Que es un duro golpe al Frente Juan Fernando Porras martines del ELN.

15-04- 2.020. Destruyen complejo cocalero del ELN, en Tibú. Que pierden $4.500 millones de pesos. Procesan 150 galones de crudo, para convertirlos en Pategrillo; indispensables para producir cocaína.

16-04-2.20. Localizan y destruyen 8 laboratorios de cocaína, en El Tarra, ¡San Calixto, Tibú, Convención! ¡Así, por que sí!

18-04-2.020. Destruyen complejo cocalero que pertenecería al Nuevo Frente 33 de las Farc. El hallazgo y destrucción fue en zona rural de Tibú, vereda Cuervos. Además, las autoridades hallaron un destilador artesanal o comúnmente llamado ‘marciano’, un evaporador casero ‘gusano’, siete hornos microondas, una prensa hidráulica, dos plantas eléctricas, dos compresores y 10 tanques plásticos. Ubicados 8.091 galones de acetona y gasolina; hallados 680 kilogramos de insumos sólidos, necesarios en el procesamiento del alcaloide. Según el comunicado del Ejército, esta infraestructura estaba avaluada en aproximadamente 5 mil millones de pesos.

26-04-2.020. Hallan en zonas semiurbanas de Arboledas (Vereda Bejucales), Tibú, Ocaña (Pueblo Nuevo), laboratorios de cocaína, pertenecientes al EPL y el de Tibú, al ELN. Decomisan 712 kilos de droga preparada. 16 kilos de cocaína en procesos y 336 kilos de pasta de coca.

27-04-2.020. Hallan Depósitos del ELN en Tibú, donde almacenaban 6.340 galones de petróleo, 1.500 metros de manguera plástica, 13 tubos galvanizados y una piscina. Producían el pategrillo…

28-04-2.020. Ubican y destruyen 21 Laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra, que generan $2.600 millones de pesos…Es un golpe al andamiaje financiero del Nuevo Frenterente 33 de las Farc, de más de $3.000 millones, informó el Ejército. Los laboratorios tenían una capacidad de producción mensual de 2.520 kilos de pasta base de coca. Intervinieron los soldados de la Trigésima Brigada, de la Segunda División, Campaña Militar y Policial Esparta’. De acuerdo con el perito antinarcóticos de la Policía Nacional, el contundente golpe a las finanzas del grupo terrorista asciende a más de 3.000 millones de pesos.

Del 11-05 al 13-05-2.020. Destruyen artefactos explosivos del Eln y EPL, en dos veredas diferentes de Sardinata….Único: no hallaron laboratorios. 13-05. El hecho ocurrió en la vereda Las Pailas de Sardinata, donde se desarrollan labores de erradicación de cultivos ilícitos.

25.05. 2019.Hallan en Tibú laboratorios de cocaína avaluados en $7 mil millones.

Las instalaciones pertenecían al Nuevo Frente 33 de las FARC. Un duro golpe a sus finanzas y a su capacidad de producir droga, en el Catatumbo. Luego de destruir dos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en Tibú. Podían procesar hasta 3000 kilos de coca al mes… “La Fuerza de Tarea Vulcano continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.

TOTALES. La institución castrense subrayó que, en lo corrido del año, la Trigésima Brigada, unidad perteneciente a la Segunda División, ha destruido siete laboratorios para procesar clorhidrato de cocaína, cinco para pasta base de coca, tres depósitos ilegales y tres semilleros e incautado gran cantidad de insumos. En total 18 locales o lugares en zonas rurales. Lo registrado en el análisis de prensa, es de 42 locales. Solo el 28 de abril de 2.020, anuncian que destruyeron 21 laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra. El estimativo en dinero invertido o costos decomisados es de$30.000 millones de pesos, mayoritariamente atribuidos al ELN. En cocaína e insumos, pasta, totalizan 2.518 kilos. La proyección de dejar de producir cocaína en solo dos laboratorios de los destruidos asciende a 5.540 kilos mensuales.

De manera que quien sabe cómo va el agua al molino y quien le pone el cascabel al generalato para conocer la veracidad de todo ese bagaje de información. Adónde va a parar la cocaína decomisada; puesto que las fuerzas armadas no son agentes judiciales. Qué réditos trae el “descubrimiento” de esa cantidad de laboratorios, en momentos en que el despelucado Trump, presiona, presiona y está que revienta. Además, ningún laboratorio pertenece a narcotraficantes. Cuando los encuentran no apresan a nadie; pero sí indican que son de las distintas Insurgencias. Cuando encuentran caletas de armas de las guerrillas, se cuidan-por lo anotado- de no hallar cocaína y/o insumos. Explicable pues de señalarlos como guerrilleros en rebeldía operaria lo de la conexidad del delito político, que no depende del calificativo del partido o secta de gobierno; sino de la jurisprudencia internacional, al respecto. O simple y llanamente, porque no son de las guerrillas.

De manera que como impera el estado de cosas inconstitucional (eci) y el ejército es “un Estado dentro del Estado”, pues el Tío Sam les impone la Veeduría de las fuerzas élites de seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Que desgracia!

 

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Cuál choque de trenes ni que carajo…

Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Corresponde aclarar que la Corte Constitucional de Colombia, en fallo normal de ajuste del ordenamiento jurídico interno, ha reconocido la obligatoriedad de Colombia, como Estado Parte, en el concierto internacional, de garantizar la segunda instancia a todo quien haya sido condenado en única instancia, así sea funcionario aforado.

Andrés Felipe Arias Leyva, fungió como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, durante el primer mandato del narcoparamilitarismo en Colombia. Durante su gestión estuvo salpicado en el escándalo de la hacienda Carimagua, de 17.000 hectáreas, propiedad de la nación, ubicada en el municipio colombiano del Departamento del Meta, en Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y escenario del paramilitarismo, como política oficial contra insurgente que aplica el ejército colombiano. Hizo los trámites para que el predio fuera entregado a los latifundistas y ante el escándalo suscitado reculó. Por no tratarse de un gobierno popular, los predios se destinaron a la explotación de la producción de bio combustibles, sembrando Palma africana y maíz con capital lavado del narcoparamilitarismo; la asistencia internacional y bajo el ropaje de legalidad de la estatal Ecopetrol. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en Carimagua, condenados a ser peones o apareceros de uno que otro patrón. Una grosera copia del modelo malayo de exportar lo agrícola e importar alimentos agrícolas.

En otro descalabro del exministro Arias, el cual le costó su libertad, aplicó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Su gestión buscó consolidar la producción de biocombustibles en Colombia para auto abastecer al país a base de caña de azúcar y palma africana. Esto con relación a la crisis alimentaria mundial (2007-2008) y al debate que generó la destinación de alimentos para abastecer la demanda por combustibles más baratos. Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación habría favorecido a acaudaladas familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una línea de crédito FINAGRO- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – o del gobierno colombiano, para entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino a desarrollos agropecuarios, a agricultores colombianos, víctimas de despojos y de la violencia paramilitar substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

Estalló un escándalo por corrupción alrededor de AIS, siendo beneficiadas, en la práctica, con donaciones oficiales, familias de latifundistas como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, Davilo Jiménez, (subsidios de $2.200.000.000 de pesos colombianos) hasta la reina de belleza, Valerie Domínguez Tares. Todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto. Que la mayoría de los beneficiados fueron aportantes a la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue tal el festín que los titulares segregaron las tierras a nombre de familiares, para así obtener mayores montos de subsidios. Tal desfalco, en su equivalente en cientos de millones de dólares, no fueron recuperados por el erario público. Todos los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) conllevaron a que el 03 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual se le condenó a 17 años y 4 meses de prisión.

LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Habíamos anticipado que procedería la Tutela interpuesta por Uribito alegando-como condenado y por el régimen de aforado- que tenía derecho a impugnar la sentencia en su contra, por ser de única instancia y no haberle concedido el derecho universal de la doble instancia o “doble conformidad” acorde a la expresión técnico-jurídica. Lo sucedido no es un triunfo para la “democracia” en Colombia, en donde no existe tal, en tanto se imponga la actual legislación electoral, corrupta, clientelista y de casino, que permite que un sub presidente- que no es mi presidente- permanezca, con avalada legalidad, pese al fraude de la ÑEÑE política. Pero Sí es un triunfo para el Estado de Derecho, en Colombia.

Al darse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2014, condenando al Estado de Surinam a conceder la revisión de sentencia condenatoria de un ciudadano que había sido condenado en única instancia, corresponde a todos los Estados Asociados acogerse a ese efecto, que en en el caso colombiano se dio con el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Ese, ni lo actual, constituye un logro de la secta o partido político centro democrático (CD). El Innombrable, en su ego idolatra, utilizó la dictadura mediática para que la llamaran en cita a su pupilo “y buen” muchacho “la ley Arias” y así la tramitó, con parafernalia publicitaria, el Congreso, con mayoría de derecha narco paramilitar.

El artículo 3° de ese Acto Legislativo, modificó el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91) el cual quedará así: “.5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.  6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La suerte del Uribito está echada desde que huyó a USA y fue extraditado, a pagar la condena en Colombia. Al interponer la Tutela, pidieron medida de excarcelar y no les prosperó. ¡Aja!, prueba que no la pedirán en el alegato de la doble conformidad, por que como sede de instancia la Corte Suprema puede decidir que no continué pagando la pena en un casino de oficiales milicos, sino en La Picota, como corresponde. Pidieron que la segunda instancia-en forma personalizada y prepago- se cumpliera ante un Tribunal Especial y la Corte Constitucional no les otorgó tal abuso y exabrupto jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló conforme a derecho y en sustento a las pruebas. Si es sólida y los nuevos magistrados en Sala Penal-que son diferentes- no se tuercen ante el dios mercado y dinero, pues obvio que la sentencia condenatoria se confirma. Si no resulta, pues queda la instancia de la Justicia Popular en Colombia. Desde ya aclaro, que no se trata de la Justicia Insurgente, puesto que a este actor político le importa un bledo la suerte moral del Establecimiento constitucional que por principio rebelde ataca y busca destruir. Déjese de pensar en justicialismos guerrilleros. Si fuera así hubieran aplicado el “ojo por ojo” ante el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y ante el actual del asesinato selectivo y sistemático de líderes y lideresas sociales.

Corolario de lo anterior: 1. La aplicación de la doble conformidad, reitera el valor del Derecho Internacional y el acatamiento de lo dispuesto en sus actos e instancias; por lo cual coloca al régimen del sub presidente actual a la ineludible exigencia de otra conducta, respecto a respetar los Protocolos, asentados en Ginebra, de garantías para que la Delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) pueda regresar al país y se respete la soberanía de la gloriosa Cuba Libertaria. 2. Cese la conducta de perjurio contra el ELN, contra Cuba y consecuencia diplomática con los países garantes y acompañantes (Noruega, Venezuela, etc.); en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia. 3. Se defina la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los delitos radicados contra el Innombrable.4. Cuéntese como un golpe político al Innombrable y su aspiración fascista a la creación de una Sola Corte en Colombia.

 

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