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Etiqueta: Colombia

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.

La mala-hora del conflicto armado en Cúcuta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientas cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra.

Ya no basta denunciar un estado cosas inconstitucional (eci) en la Frontera de Cúcuta y parte del municipio de Tibú, con Venezuela; sino que, conforme a la redacción y contenido del citado Comunicado de agravamiento de una situación, totalmente apartada al funcionamiento lógico de un Estado, que así no se llamare estado de derecho, expresa una ilógica ausencia de forma de convivencia civilizada. Las amenazas, sometimientos, extorsiones y exigencias afectan a la población civil. Los constantes combates sucedidos en esa zona, con el instrumento contra insurgente utilizado por las fuerzas armadas estatales para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), se expresa en que desde hace varios meses las fuerzas estatales como tal no combaten en ese escenario fronterizo, sino que lo hace, como punta de lanza, el grupo paramilitar Los Rastrojos, de amplio conocimiento nacional e internacional por ser base de apoyo del opositor venezolano Juan Guaidó, erigido, mutuo propio, como presidente de Venezuela y apoyado por más de 50 países , en el gesto más dramático de aplicación de la Diplomacia de Las Cañoneras, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Denuncia el citado Comunicado, que los Organismos de Control Constitucional colombiano, no toman, ni han tomado, las medidas de urgencias demandadas. En forma cruda y categórica recuerdan, que al igual como en décadas anteriores, las autoridades de policía, militares, de la Fiscalía, colaboraban con las acciones criminales de los Bloque Frontera y Catatumbo lideradas por paramilitares, hoy vienen haciendo lo mismo. Que es latente la exigencia de los actores sociales, victimas del conflicto armado, defensores de la paz y de los derechos humanos e incansables propulsores de la aplicación y respeto a los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, reafirmando que esos Acuerdos, con las antiguas y desmovilizadas Farc, deben ser implementados. Dan cuenta de la omisión de los deberes y protección constitucional por parte de la Fuerza Pública, para con las comunidades, quienes han dejado a la población a merced de los grupos paramilitares en labor de vándalos, de reclutamiento forzado, homicidios y violencia institucionalizada. Ese Comunicado y su contenido de denuncias como tal es una fuerte lapidación, de lanzamiento de piedra airado, de un colectivo poblacional hastiado de tantos golpes padecidos y dirigida a la conciencia del movimiento popular para su reactivación en la resistencia y la movilización.

Causas y efectos

El calamitoso escenario de masacres en la zona rural de la fronteriza Cúcuta apunta al origen y las relaciones del para militarismo con la fuerza pública y engranaje con los intereses del ejercicio político en esa región del país.

Impera la mentira oficial en torno a la denuncia, como a la presentación de ese panorama de trágica desolación que conmueve por el salvajismo aplicado y la desidia en afrontar sus verdaderas causas, imperando la negligencia u omisión de las “autoridades”, invocando vehemente la causa en la falta de lo gobernable. Ante esa mentira la labor periodística se limita a los registros de los hechos, ausentes a toda profundización en abordar un análisis objetivo y verdadero, sin beneficio o deseo manifiesto profesional por producir un resultado de ventaja en la función de esa labor; limitándose todo solo a dar lo noticioso. Si eso se predica de la labor periodística, que decir de la conducta asumida por los funcionarios públicos, en una conducta insensible asumida y de guarda de silencio ante la barbarie. Pues ante eso corresponde asumir que no se está en momentos de callar; correspondiendo a los analistas exponer, al desnudo, la dramática situación.

Lo de la zona fronteriza y metropolitana de Cúcuta, corresponde asumirlo dentro del tema de la ofensiva contra insurgente aplicada. Desentrañar el porqué del ensañamiento contra esa población y el escoger prioritario de un escenario de confrontación allí, precisamente ubicado e identificado.

El proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas FARC- que no proceso de paz- se limita a eso. Pero toda la causa objetiva, política, social, etc., continua inalterable. Lo que no logró el ejercito burocrático, Made in Usa, lo obtuvo la sagacidad del tahúr oligárquico en escena. Huelga discutir sobre la ganancia oligárquica y del imperio y el golpe a las expresiones de luchas del pueblo colombiano. Pero eso no es ganancia política, es oportunismo ventajoso. En la sucesión de poder oligárquico, el impuesto sub-presidente actual, aplicó el desconocimiento a lo Acordado y la No implementación. Por ello se impuso, al darse el triunfo ilegitimo y fraudulentamente obtenido, la sucesión de efectos como la de una contraofensiva contra insurgente, en el plano militar y en el político. Esto expresado en varias dimensiones o estadios, como la de intensificar los asesinatos selectivos, aumentar la acción deliberada contra líderes sociales; así como contra desmovilizados de las antiguas FARC, y toda expresión emanada de manifestación ciudadana y de la justicia. Todo lo expresado por el partido o secta de gobierno, cumplido, contra las aspiraciones populares. Sepultar cualquier asomo de soberanía y política autónoma exterior, supeditándose el “gobierno” colombiano, al plan militar para la región, elaborado por Trump y sus asesores, con relación a la suerte de la República Bolivariana de Venezuela. La inexistencia de una política, por el cierre de la frontera; la amenazante cabeza de playa para los potenciales 5.000 marines, en un momento álgido en el que el trampero Trump, puede acudir a la descabellada intervención directa, para asegurar ganancia de votos para su absurda e irracional reelección. Estos elementos, combinan lo exógeno, exterior, para incidir en los factores internos de lo “caliente” de una frontera, de peso en el juego perverso de los intereses de poder.

Nunca se había entramado una escena tan patética, para rechazar cualquier intento de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN; intensificando las operaciones militares en la frontera colombo venezolana. Resulta indiscutible, que en tanto en la contra parte del territorio venezolano existe una pacificación regional fronteriza, en los mojones de frontera colombianos, impera un escenario de guerra, que no revierte, puesto que la estrategia militar del Estado colombiano consiste en no desgastar sus fuerzas de despliegue expansionista, manteniendo el uso de los irregulares paramilitares como escudo. “Plata es lo que hay” para eso…, resuena la expresión constante del general Villegas, quien actúa como un verdadero centurión o pretor romano, pisoteando la Constitución del 91, erigiéndose como autoridad civil y militar.

Registro de masacres en la zona fronteriza de Cúcuta

Para el pasado 20 de julio, había tres masacres registradas en la zona rural del área metropolitana de Cúcuta. Dejan un saldo de 18 muertos durante los meses de marzo a julio de 2.020. El 9 de marzo, se perpetró una matanza de ocho hombres en el corregimiento Palmarito y, el 5 de julio, de cuatro personas en Puente León. Tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta: Banco de Arena, Puerto león y Vigilancia, son las que colindan con Tibú, Puerto Santander, que conectan con Boca de Grita, al lado venezolano.

Mantienen en un estado de alerta permanente a la población de los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte, donde ya no se puede hablar de la alteración del orden público, sino de una situación de guerra, dada la profunda crisis humanitaria en esa zona. El día anterior a la matanza asesinaron a Ernesto Aguilar Barreras, líder de la Asociación Campesina de El Catatumbo- ASCAMCAT- en la vereda Totumito, limite rural entre Tibú y Cúcuta. De 34 años, también era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia. Iba con un amigo en su carro, a ver un ganado que tenía. Lo bajaron del carro, lo identificaron y lo mataron hombres armados que circulaban por allí, en Totumito. Encontraron su cadáver, torturado, con las manos cortadas y apuñalado a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca de Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos. En el lado colombiano quedan las veredas de Totumito y Carboneras en cuyo lugar se presentó la masacre que dejó en el lugar, apilados, los cadáveres. Se generó un desplazamiento inicial de 120 personas. El hecho se atribuye al grupo paramilitar de Los Rastrojos.

Días antes se había registrado la masacre de cuatro personas que habían salido de Cúcuta a Tibú y en Banco de Arena fueron abordados por sujetos armados que tomaban cerveza. Los hermanos Juan Andrés y Jorge Sánchez Pacheco, viajaron para encontrase con su papá, que trabaja en una finca y al que no veían desde hace tres años. Al viaje se unieron un primo y una amiga. Fueron abordados en el sector de La Invasión, a menos de un kilómetro de Banco de Arena. Se supo que los habían desparecido para asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en costales 22 días después.

Penosa la labor de estos recuentos y martilla cual agudo cincel en el ánimo y conciencia que no se arruga ante el reto de la denuncia. Todo ocurre en zona poblada. Extensa, sí, pero poblada. Con fuerte presencia de la Fuerza Pública, a un nivel de militarización regional. La Policía Nacional generalmente realiza operativos policiales individuales, en conjunto con las Fuerzas Militares y en unidades mixtas. Cuenta con Grupos de Operaciones Especiales «GOES», como son: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal «GAULA», Escuadrones móviles de carabineros «EMCAR», (grupo con armamento bélico pesado, unidades contra guerrilleras Rurales y Urbanas), Compañía Jungla Antinarcóticos «JUNGLA», Comandos de operaciones especiales «COPES», Comando de Operaciones Rurales “C.O.R”, y Granaderos. Son las llamadas Fuerzas Especiales que aplican en dirección y objetivo: el pueblo. De sentimiento antipopular y violadoras de los Derechos Humanos (DDHH). En este escenario de guerra se erigen con trofeos a la desidia, por el abandono de sus funciones, la inoperancia, la omisión, la permeabilidad corrupta, en y por la aplicación soterrada de una adoctrina de guerra, en que impera la concepción del enemigo interno y el decir de anatema y maldición que se maten entre ellos. Endosan la aplicación de una macabra lógica: todo es producto de la guerra por las rutas del narcotráfico, el imperio de la droga y el dominio territorial por parte de grupos armados organizados, debidamente etiquetados y que reciclan en un mismo recipiente, para que las “honrosa” y “leales” fuerzas estatales sean los buenos del paseo. Lo demás: chusma y terroristas, sellando así la suerte del macabro juego geopolíticamente de intereses oligárquicos e imperiales, en toda esa extensa región.

WILFRIDO CAÑIZARES, director de la Fundación Progresar, caracterizado y valiente defensor de los Derechos Humanos en el Departamento de Norte de Santander y quien ha enfrentado ataques y señalamientos por parte del coronel José Luis Palomino López, Director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país. “El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró. “y no va a parar mientras el Estado las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres para las más de 800 familias desplazadas. Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros y la Minga.

La confrontación en la frontera

Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío. Falso que operen en San Antonio de El Táchira. Todo se da en territorio colombiano, puesto que el control territorial de las fuerzas armadas bolivarianas es incuestionable. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, ejerce control-históricamente reconocido, también en esa zona. 50 AÑOS DE TRABAJO POLITICO CLANDESTINO NO TRANSCURREN EN VANO. Pasan a retiro impune los generalotes y continua el conflicto. Con la misma lógica aplicada por la contrainsurgencia militar; originalmente el ejército no actúa. La punta de lanza tiene como protagonista para el enfrentamiento contra la guerrilla al grupo paramilitar, sugestivamente denominado Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUCV); en inocultable muestra de la expansión intervencionista del paramilitarismo hacia la vecina República Bolivariana. Aparecen muertos a granel, con bandas como el Tren de Aragua, que se enseñorean en el sector y asentados en una invasión conocida como Quilombo, detrás de los Moteles y zona de influencia comercial del municipio de Villa de Rosario. Toda esa área, incluido, Boconó, está infectado de paramilitarismo y en permanente enfrentamiento con las guerrillas, sumándose a ello la presencia de unidades del Ejército Popular de Liberación, EPL. Al respecto conviene resaltar que el pasaje de enfrentamientos con estos es vuelta de hoja; sin que ello implique una colaboración o alianza entre ambas expresiones insurgentes colombianas, en el escenario de hechos motivo de estas redacciones. No obstante, el análisis manido de la Policía sigue siendo el mismo: “No es nada raro que el EPL quiera ganar terreno y por eso busca unirse con bandas locales para así poder atacar al ELN” agregando que les entregan armas y granadas a esas organizaciones delincuenciales para que sigan ganando terreno. Tal bagaje, gastado, vulgar y nada original, no admite consideración alguna de seriedad. Por el contrario, ratifica el interés expreso de permanencia de esas formas delincuenciales como muro de contención en el ataque contra insurgente.

Los asesinatos de líderes son crímenes políticos

De inocultable relevancia esta referencia. Ahora resulta que a las masacres las quieren denominar “homicidios colectivos”. Falso, son lo que son. En estas denuncias ha sido incansable el activista social y de Derechos Humanos Wilfrido Cañizares que al frente de la Fundación Progresar denuncia masacres, amenazas, extorsiones; así como la reciente pretensión de los narco Rastrojos, de iniciar una “limpieza social” en el municipio de Cúcuta, área metropolitana y zona limítrofe con Puerto Santander. Esto le valió la estigmatización por parte del coronel Palomino López, quien no solo ha sido objeto en los últimos días de duros cuestionamientos; sino que también tiene una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía y la Procuraduría de sus mismos policías. No escatima en anunciar la participación de 250 efectivos policiales, nuevos o reciclados, para afrontar la situación en estas lineas planteadas. Lo sintomático es que cuando esos anuncios de fuerza se hacen públicos, proliferan versiones, documentos con llamados falsos, iniciativas de conducción a la opinión pública, “comunicados” apócrifos del EPL, acciones o proyecciones falsas del ELN. Difunden que se harán reconocimientos de trochas y su destrucción en 164 kilómetros de frontera que unen al Táchira con el Norte de Santander, de acuerdo con levantamientos satelitales. Mencionan algo insulso como “prohibiciones territoriales” con fundamento en la realidad de los “embudos migratorios”, siendo la constante la inexistencia de una política de fronteras, precisamente por lo obtuso de cerrar las fronteras y las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La confrontación en la frontera sacrifica hasta misiones internacionales. Felipe Muñoz, jefe de la Unidad Internacional de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde febrero de 2018, no salió de sus oficinas en Cúcuta. Sin pena ni gloria renunció. Destacan entre sus logros la recuperación de un balón a un niño que lo había perdido y el regalo de una bicicleta. Hace propia la incitativa de la medida presidencial “primero la niñez” garantizando el derecho fundamental de niños y niñas de padres venezolanos nacidos en Colombia y contar con una nacionalidad. Falso, además de exabrupto que no tiene soporte constitucional. Manejan cifras de cientos de miles de migrantes beneficiados en raciones de alimentos, millones de vacunas e incluidos en el sistema de salud. Cual sistema de salud si en Colombia todo ese andamiaje esta privatizado. No logró coordinar con entes burocráticos migratorios que persisten en Cúcuta, simple o solemnemente por el desconocimiento de una política diplomática hacia el vecino país.

Los asesinatos son selectivos. La movilidad para extraños a la región o zonas, son prohibidas. Se ha dado más de 800 desplazamientos en los últimos 4 meses y algunos sectores de población intentan retornar. No existe una tendencia de repoblamiento como en décadas anteriores en que “refundaron” la región con el consiguiente botín político electorero que ello implicó. A todas luces, les interesa a las fuerzas gubernamentales colombianas, en aplicación a su doctrina militar contra insurgente, la permanencia del foco paramilitar, que no puede subsistir sin el elemento de “lavada de cara” de las acciones armadas encubiertas. Todo un andamiaje de determinadores relacionados con las estructuras paramilitar contrainsurgentes. Es decir, Terrorismo de Estado puro, con fundamento en la Doctrina de Seguridad Nacional e identificación política con lo del enemigo interno. Todos esos crímenes son, sin lugar a duda, política de Estado. La aplicación de la llamada “paz con legalidad” en su lucha contra la “ilegalidad”, que amenaza la “seguridad interna”. Ufanarse de contar ahora con huéspedes instructores, como asesores militares USA, en las llamadas Zonas Futuro, como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). Cada día que transcurre presenta situaciones nuevas de análisis. Baste solo mencionar que, entre julio y agosto del presente año, al fin aparecen logros del ejercito localizando depósitos ilegales de armas; capturando cerca de una veintena de miembros de Los Rastrojos y ahora último, la incautación de 47 fusiles de su pertenencia. Pero cómo registran esa confiscación: que efectivos iban tras la captura de dos individuos que resultaron escapándoseles misteriosamente y en cambio- así porque sí- hallaron la caleta con las armas. A otros con ese hueso duro de roer, a no ser que merezca reconocimiento que la veeduría de los asesores gringos les está aportando nuevas luces e iniciativas.

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales entreven una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas y en la reiterada aplicación de negar la salida a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de conformidad a lo ya Acordado. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos continúa vigente. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas. 5.La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con en el fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos.

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

LO FALSARIO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Después del descalabrado gobierno de R. Nixon, se impuso que el problema de consumo de las drogas no fuere estimado como un asunto de salud pública, exportándose junto con la CIA y la DEA, como una “Guerra contra las drogas”; significando el afianzamiento de una estrategia de intervención neocolonial de control y dominación en lo político y militar, en sus países satélites y en particular en Colombia. Conviene traer a colación la reunión en Londres, entre el coronel estadounidense Oliver North y el general panameño Manuel Noriega, para intervenir en Nicaragua, apoyando el conflicto armado de la Contra nicaragüense. Se conoce como el escándalo Irán- Contras, durante la administración de Ronald Reagan, que casi le cuesta la presidencia, junto con su “Doctrina Reagan” (1986-1987) y apoyo contra la lucha anticomunista guerrillera en Afganistán. Consistió en un acuerdo secreto de intercambio de armas y misiles de Estados Unidos, para liberar a unos estadounidenses tomados como rehenes por guerrilleros en El Líbano; pero también utilizó fondos oficiales para apoyar con armas a los Contras enfrentados al gobierno Sandinista, invirtiéndolos en cocaína, de los carteles de la droga colombianos.

Bajo el mismo prurito de la “Guerra contra las drogas”, se ejecutó la invasión a Panamá, el 19 de diciembre de 1989, para derrocar a su antiguo socio e integrante de la CIA, general Manuel Noriega, bajo la presidencia de George H. W, Bush (padre), con una movilización de 26.000 efectivos de mar y aire, contra un ejército carente de aviación.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); luego de los fracasados Diálogos del Caguán, acordaron con el gobierno de los Estados Unidos la intervención militar con la aplicación del Plan Colombia, que continúa con la directriz de la “Guerra contra las drogas” alentada por los actos del 11 de septiembre de 2001 (11S)y hasta nuestros días; registrando el derroche de miles de millones de dólares del erario gringo y colombiano en esa “guerra” y que en Colombia ha significado, hayan hecho “su agosto”, los contratistas de empresas privadas de aviación; los dedicados a la fumigación con glifosato fabricado por la Monsato; los beneficiados con la erradicación forzosa de cultivos, en contra de las comunidades campesinas e indígenas; con grandes, jugosas y ventajosas ganancias, enriquecidos sin mayor esfuerzos y dudosos desvíos de esos dineros al conflicto contrainsurgente y avalando, en beneficio redondo, a los jerarcas de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Esa “Guerra contra las drogas” que ha significado un total fracaso, por lo inútil e improcedente, en un escenario de juegos de legalidades e ilegalidades, aplicado en el conflicto armado interno colombiano, en que la suerte de judicialización o no, va parejo con la finalidad de intereses al gobierno norteamericano de turno para su reelección; ratificando que es precisamente, el logro de grandes precios de la droga- gracias a la prohibición- el mayor estimulo e incentivo para el tráfico de drogas. Cómo afirman los campesinos en El Catatumbo: son los del ejército y los de la DEA, los que imponen el precio de la cocaína.

Pero la dinámica de esa “guerra” en territorio colombiano no se estanca; sino que por el contrario va tomando nuevos giros o injertos de degradación. La capacidad de corrupción de las inconmensurables sumas de dinero e intereses en juego en esa “guerra” reviste particular atención, en cuanto, cómo las fuentes de financiación apuntan a actividades, tanto legales como delictivas, en estrecha colaboración con el crimen organizado y en particular en la zona y territorios de El Catatumbo colombiano, de nuestro interés en la presente, no digo investigación, sino análisis o disertación.

La llamada “guerra contra las drogas” tomó una dimensión de aplicación e injerencia intervencionista en el conflicto armado más prolongado en el mundo: el colombiano.

La fatídica Guerra del Golfo (1991) ha generado una fase que podría llamarse de la profesionalización de la guerra. Profesionalizar la guerra, es convertirla en lucrativa y eso es precisamente lo sucedido en Colombia, al ir pareja a las enormes, pingues, ingentes ganancias y dineros que se mueven a su alrededor en los territorios, incursos. Bajo la concepción de lo “terrorista”, de un conjunto de ideas, propias del engendro de la lucha imperial antiterrorista, resultado del 11S, el imperio elevó a categorías el encauce contra las luchas de liberación de los pueblos y ajuste del control global de sus aventuras anexionistas. Surgieron grupos de personas destacadas, de ropaje y amparo académico; con sustentaciones seudoteorizantes; pero en el fondo de aplicación utilitaria en el rol de la “política” internacional de la potencia imperial. El Departamento de Estado norteamericano concibió “los Halcones de la Guerra” de igual manera a los “Perros Rabiosos” de la guerra; apareciendo como personalidades a manera de oráculos, que dan respuesta a todo lo habido y por haber, maquillados bajo el manto de la sabiduría y la captación de atención. Cada Administración presidencial estadounidense tiene a sus exponentes, como citar a Bolton, luego caído en desgracia, por el despelucado Trump.

EL PASO HACIA LA GUERRA HIBRIDA.

Trump, llegó a reciclar como secretario de Guerra, a un Perro Rabioso de la Guerra del Golfo, el ex general de tropas estadounidense TJ. Mattis. En el año de 2005, éste explicaba sobre la Guerra Híbrida. Utilizaré el termino Guerra, en el entendido que el Derecho Internacional, erradico ese concepto y habla de conflicto entre países con ejércitos y no de guerra. Pero como se trata del manejo técnico que da o utiliza el Imperio, la Guerra Convencional o tradicional, es la que se da entre ejércitos de distintos países. La “Guerra Irregular” es la que se da dentro de un país, enfrentando fuerzas rebeldes y que la normativa internacional define como “conflicto armado interno”. Con la filosofía guerrerista expuesta, el Pentágono aprobó como directiva política de definición, el concepto de “Guerra Irregular”, al mismo nivel de la Guerra Convencional o Tradicional y denomina a los actores insurgentes como “terroristas”; independiente del etéreo concepto de materializar de hecho lo de “terrorismo”. Explicable el uso de esta terminología, porque la invasión a Irak, que era cuestión de meses y que había “ganado” en el año 2003, resultó en una batalla de más de nueve años.

Para el Pentágono, guerra irregular es la que aplica en acciones o batallas en tierra, mar o aire, contra insurgentes y terroristas, por lo general clandestinas. El viraje radica en que el Imperio utiliza y promueve movimientos “subversivos”, de “resistencia”, (contras, autodefensas paramilitares, etc) al interior de países vulnerables, de ingobernabilidad, no viables; para imponer gobernantes subordinados a los intereses del Imperio. En el escenario latinoamericano es lo que piensan aplicar en la Bolivariana Venezuela; en tanto que lo aconsejado, en lo mutante del conflicto interno colombiano, en el que, sin haber triunfado la revolución, se aplicó toda una contrarrevolución, con el uso de fuerzas irregulares internas bajo el paramilitarismo. El trato para Colombia lo circunscriben a países “hostiles”; en el caso de Venezuela, como países “enemigos” en sí.

Más los oráculos de la guerra impulsan la Guerra Híbrida. Esta se explica como la aplicada en países en donde combinan la guerra irregular con la asimétrica. Corresponde asimilar de forma sencilla que asimétrico es lo contrario a simétrico: el modo de estar colocadas las cosas de manera que existen dos partes exactamente iguales. Los sabios oráculos de la Guerra aplican reglas de transformación efectiva, como cambios de algoritmos matemáticos, para obtener efectos sustanciales en el derrotero de la guerra, innovando, para buscar los mismos propósitos; pero ambos lados son diferentes (asimetría). Combinan la guerra irregular con la asimétrica, en el conflicto interno. En el caso de un Estado en conflicto, pues este actúa con sus propias fuerzas armadas. Al aplicar la Guerra Hibrida, ese Estado actúa de manera directa; pero utiliza redes criminales o contratistas bélicos privados, como proxies o reciclados que “lavan la cara”, hacen el trabajo sucio, para mantener la imagen de institucionalidad. Huelga detenerse en el caso colombiano y a todas luces resulta obvio. Para el caso venezolano requeriría de otro desarrollo de exposición concreta. (Consulté y cito el articulo Guerra Irregular, de Eva Golinger-Counterpunch, de EE. UU, publicado el 11/12/2008 en Rebelión.org).

De manera que la comprensión actual del conflicto armado interno, pasa por asimilar lo de Guerra Híbrida, en la que la contraparte estatal colombiana, delega sus actuaciones de enfrentamientos bélicos a agentes domésticos, en un negociado de contratistas privados; utilizando fuentes de financiación provenientes de actividades ilícitas, generalmente de lavado de activos y recursos del narcotráfico y en una relación indisolublemente estrecha y de dominada atadura con el crimen organizado, a quien mantienen como un aliado desechable.

Lo anteriormente expuesto concatena con el uso de operaciones psicológicas contra la población, con la práctica de la mentira y el montaje, engranado con la dictadura mediática, generando confusión, división y conflictos en la sociedad civil.

LA GUERRRA CONTRA LA COCAINA SIRVE AL CAPITAL LEGAL Y AL ILEGAL POR IGUAL.

El caso latente de los enfrentamientos en la zona rural de Cúcuta, por su extensión fronteriza resulta emblemático, en lo de la “Guerra Híbrida”, puesto que la vorágine del conflicto con afectación esencialmente a la sociedad civil está al orden del día. Toda esa franja desde Vigilancia, Puerto Santander y La Fría es teatro de combates presentados entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el grupo paramilitar de los Rastrojos. ¿Qué papel juega en ese enfrentamiento el ejército y las fuerzas armadas colombianas? Pues el de dejar que se maten entre ellos…Pero no es tal. La declaración del general Villegas, al mando de más de 4.000 soldados de la Fuerza Vulcano y que se comporta como un procónsul o centurión romano, de que a “si hay que sicariar”, pues sicariamos, para acabar con el ELN y para eso están los “pelusos” bajo la afirmación: “pues plata es lo que hay”. Las fuerzas armadas actúan soterradamente. Utilizando las redes de criminales organizadas aplica esos enfrentamientos que por lo general se han dado en territorio colombiano. Sobra resaltarlo, pero el ELN, al parecer diezmó esas estructuras de los Rastrojos y a manera de utilización de desechables, en estos días han capturado las “autoridades” de Policía a más de 20 integrantes de los Rastrojos. Les aplicaron su profilaxis de aliados desechables. También han dado de baja al alias el “Grillo” mando expulsado del EPL, quien con su trabajo de sapa contribuyó al asesinato de su jefe “Pacora”, quien mantenía acercamientos y acuerdos con el ELN y logró -al aliarse con el ejército y paramilitares- el más serio enfrentamiento que se haya podido registrar, entre esas dos fuerzas insurgentes, en la zona de El Catatumbo colombiano, en los primeros meses del corriente año. Divide y vencerás. Con esa etiqueta de aprovechamiento presente, alentaran que se maten unos a otros, sirviéndoles de perilla para justificar su negación al Dialogo.

 La argumentación que todos esos combates ELN- paramilitares Rastrojos, con fuerte presencia del ejército, se han dado en territorio colombiano, obedece a que las fuerzas bolivarianas están consolidadas en grado sumo en la defensa de sus fronteras y análisis de referencia como que Venezuela, según HRW: De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.

Así como todos los caminos conducen a Roma, necesariamente al abordar tan espinoso tema de la guerra contra las drogas, el sonajero popular, -la vox populi- marca la pauta e involucra al ejército nacional de Colombia.

En referencia anoto y me refiero a solo uno de los aspectos a que está siendo sometida esa institución de guerra y que la coloca en el momento histórico de mayor desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional; puesto que sobre ese tema si hay tela para cortar.

Tomado de fuentes periodísticas que sobra mencionar, el teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego, confirma que el ejército está traficando drogas e intimidan a soldados que denuncian corrupción. Confirma las denuncias de indígenas de elementos corruptos dentro de la 3a. Brigada, involucrados en el tráfico de drogas. En el mes de enero de 2.020 el líder y representantes de víctimas Leyner Palacios, hizo polémicas declaraciones, al ser invitado al Palacio de Nariño, en una carta que personalmente entregó al presidente y en la que textualmente el líder social le dice al presidente: “Niegue que el ejército de Colombia está trabajando junto con narcoparamilitares”. Las comunidades en el Departamento del Chocó reposan sospechas de colusión entre las paramilitares Autodefensas Gaitanistas (AGC)y la Fuerza de Tarea Conjunta Titan y como existen tantos efectivos militares USA en la Séptima División del ejército, ahora al Clan del Golfo lo denominan, los soldados criollos, como mascando chicle: el “Gulf Clan”.

Tan álgida situación, a tono con la aplicación de la Guerra Híbrida y su engendro, la guerra contra las drogas, la traiga a colación pues podría existir malestar en el Pentágono por la criminal asociación de militares colombianos con la que Estados Unidos considera la mayor organización mundial del tráfico de drogas y que socava la legitimidad del gobierno. Ante eso se dio el anuncio de la Séptima División del ejército en Medellín, prometiendo investigar esos vínculos entre el ejército de Colombia y el grupo paramilitar AGC. Indiscutible mente, su comandante, mayor general Juan Carlos Ramírez, sopesa la erosión en búsqueda de pruebas de confiabilidad, confianza, legitimidad, en momentos en que se recibe dineros de los contribuyentes estadounidenses para combatir el narcotráfico, en esta absurda guerra de contrainsurgencia en Colombia.

DE LA IGNOMINIOSA VEEDURIA DEL EJERCITO ESTADOUNIDENSE.

No lo podrá ocultar jamás el general Naranjo y pesará sobre su conciencia. La llegada de 50 efectivos oficiales de tropas élite del Comando Sur del ejército imperial, a las instalaciones del ejército colombiano made in USA, aplica al derrotero de fracaso por lo ineficaz e ineficiente de esa tal lucha contra las drogas en Colombia. Pedro Pueblo no cree que duraran 4 meses. Ante los fracasos tácticos-teniendo a Cúcuta como epicentro- de no poder asentar la cabeza de playa, para invadir a Venezuela: Primero con el hazmerreír del 23F de la “ayuda humanitaria” en los puentes fronterizos y ahora con la derrota infringida a los reconocidos paramilitares “Rastrojos” por parte del ELN. Argumentar que no son tropas para operar, sino para asesorar, revela el efecto de injerir en el asunto interno de efectos sociopolítico, como es la imposición de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, en contrario a la solución política alcanzada con los Acuerdos de La Habana para la traicionada desmovilización de las Farc-Ep. Incluido El Catatumbo como “zona futuro” resulta oportuno destacar que llegan esas tropas élites en el momento oportuno en que por la desmovilización popular a raíz del Coronavirus, centraran sus acciones vandálicas en golpear a la población beneficiada por los cultivos ilícitos como única forma de subsistencia. Además, los fracasos de la invasión por la Guaira (Atlántico-Caribe), ponen al orden del día, la agresión contra la Patria Bolivariana en la extensa zona de frontera colombo-venezolana.

LA SUCIA ESTRATEGIA INFORMATIVA.

En Colombia aplican medidas de los anteriores estados de sitio de la Constitución de 1986, en contraria a la CP91. Toda la información sobre el conflicto armado lo dirige la inteligencia militar desde sus escritorios, en una cadena de desinformación, montajes y engaños. No hay cabida al periodismo investigador y de cuestión.

 Me he dado a la tarea de recopilar las informaciones de la prensa local del Norte de Santander, en lo atinente a los “golpes” que el accionar contrainsurgente de las tropas oficiales dan a “a las finanzas” de la Insurgencia. Desde mayo de 2.019, a la fecha; recrudeciendo la destrucción de laboratorios y decomiso de cocaína en los tres últimos meses del presente año. Así:

El 24-05-19. Descubren en Tibú, el complejo cocalero más grande, que producía 3.000 kilos diarios de cocaína, atribuido al ELN y que representa para ellos un golpe de $7.000 millones de pesos.

04-02-2.020. Destruyen complejo productor de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, con fluido eléctrico para trabajar todos los días.

27-03-2.020. En asalto aéreo y de patrullas terrestres, destruyen dos laboratorios de cocaína, que corresponden a las FARC y al ELN. No indican monto económico.

04-04-2.019. Destruyen en Sardinata dos complejos de estructuras cocaleros y un laboratorio, con producción de 1.500 kilos mensuales de coca. Decomisan 1.118 kilos de clorhidrato de cocaína. 336 kilos de pasta de coca. Que es un duro golpe al Frente Juan Fernando Porras martines del ELN.

15-04- 2.020. Destruyen complejo cocalero del ELN, en Tibú. Que pierden $4.500 millones de pesos. Procesan 150 galones de crudo, para convertirlos en Pategrillo; indispensables para producir cocaína.

16-04-2.20. Localizan y destruyen 8 laboratorios de cocaína, en El Tarra, ¡San Calixto, Tibú, Convención! ¡Así, por que sí!

18-04-2.020. Destruyen complejo cocalero que pertenecería al Nuevo Frente 33 de las Farc. El hallazgo y destrucción fue en zona rural de Tibú, vereda Cuervos. Además, las autoridades hallaron un destilador artesanal o comúnmente llamado ‘marciano’, un evaporador casero ‘gusano’, siete hornos microondas, una prensa hidráulica, dos plantas eléctricas, dos compresores y 10 tanques plásticos. Ubicados 8.091 galones de acetona y gasolina; hallados 680 kilogramos de insumos sólidos, necesarios en el procesamiento del alcaloide. Según el comunicado del Ejército, esta infraestructura estaba avaluada en aproximadamente 5 mil millones de pesos.

26-04-2.020. Hallan en zonas semiurbanas de Arboledas (Vereda Bejucales), Tibú, Ocaña (Pueblo Nuevo), laboratorios de cocaína, pertenecientes al EPL y el de Tibú, al ELN. Decomisan 712 kilos de droga preparada. 16 kilos de cocaína en procesos y 336 kilos de pasta de coca.

27-04-2.020. Hallan Depósitos del ELN en Tibú, donde almacenaban 6.340 galones de petróleo, 1.500 metros de manguera plástica, 13 tubos galvanizados y una piscina. Producían el pategrillo…

28-04-2.020. Ubican y destruyen 21 Laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra, que generan $2.600 millones de pesos…Es un golpe al andamiaje financiero del Nuevo Frenterente 33 de las Farc, de más de $3.000 millones, informó el Ejército. Los laboratorios tenían una capacidad de producción mensual de 2.520 kilos de pasta base de coca. Intervinieron los soldados de la Trigésima Brigada, de la Segunda División, Campaña Militar y Policial Esparta’. De acuerdo con el perito antinarcóticos de la Policía Nacional, el contundente golpe a las finanzas del grupo terrorista asciende a más de 3.000 millones de pesos.

Del 11-05 al 13-05-2.020. Destruyen artefactos explosivos del Eln y EPL, en dos veredas diferentes de Sardinata….Único: no hallaron laboratorios. 13-05. El hecho ocurrió en la vereda Las Pailas de Sardinata, donde se desarrollan labores de erradicación de cultivos ilícitos.

25.05. 2019.Hallan en Tibú laboratorios de cocaína avaluados en $7 mil millones.

Las instalaciones pertenecían al Nuevo Frente 33 de las FARC. Un duro golpe a sus finanzas y a su capacidad de producir droga, en el Catatumbo. Luego de destruir dos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en Tibú. Podían procesar hasta 3000 kilos de coca al mes… “La Fuerza de Tarea Vulcano continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.

TOTALES. La institución castrense subrayó que, en lo corrido del año, la Trigésima Brigada, unidad perteneciente a la Segunda División, ha destruido siete laboratorios para procesar clorhidrato de cocaína, cinco para pasta base de coca, tres depósitos ilegales y tres semilleros e incautado gran cantidad de insumos. En total 18 locales o lugares en zonas rurales. Lo registrado en el análisis de prensa, es de 42 locales. Solo el 28 de abril de 2.020, anuncian que destruyeron 21 laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra. El estimativo en dinero invertido o costos decomisados es de$30.000 millones de pesos, mayoritariamente atribuidos al ELN. En cocaína e insumos, pasta, totalizan 2.518 kilos. La proyección de dejar de producir cocaína en solo dos laboratorios de los destruidos asciende a 5.540 kilos mensuales.

De manera que quien sabe cómo va el agua al molino y quien le pone el cascabel al generalato para conocer la veracidad de todo ese bagaje de información. Adónde va a parar la cocaína decomisada; puesto que las fuerzas armadas no son agentes judiciales. Qué réditos trae el “descubrimiento” de esa cantidad de laboratorios, en momentos en que el despelucado Trump, presiona, presiona y está que revienta. Además, ningún laboratorio pertenece a narcotraficantes. Cuando los encuentran no apresan a nadie; pero sí indican que son de las distintas Insurgencias. Cuando encuentran caletas de armas de las guerrillas, se cuidan-por lo anotado- de no hallar cocaína y/o insumos. Explicable pues de señalarlos como guerrilleros en rebeldía operaria lo de la conexidad del delito político, que no depende del calificativo del partido o secta de gobierno; sino de la jurisprudencia internacional, al respecto. O simple y llanamente, porque no son de las guerrillas.

De manera que como impera el estado de cosas inconstitucional (eci) y el ejército es “un Estado dentro del Estado”, pues el Tío Sam les impone la Veeduría de las fuerzas élites de seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Que desgracia!

 

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Cuál choque de trenes ni que carajo…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Corresponde aclarar que la Corte Constitucional de Colombia, en fallo normal de ajuste del ordenamiento jurídico interno, ha reconocido la obligatoriedad de Colombia, como Estado Parte, en el concierto internacional, de garantizar la segunda instancia a todo quien haya sido condenado en única instancia, así sea funcionario aforado.

Andrés Felipe Arias Leyva, fungió como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, durante el primer mandato del narcoparamilitarismo en Colombia. Durante su gestión estuvo salpicado en el escándalo de la hacienda Carimagua, de 17.000 hectáreas, propiedad de la nación, ubicada en el municipio colombiano del Departamento del Meta, en Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y escenario del paramilitarismo, como política oficial contra insurgente que aplica el ejército colombiano. Hizo los trámites para que el predio fuera entregado a los latifundistas y ante el escándalo suscitado reculó. Por no tratarse de un gobierno popular, los predios se destinaron a la explotación de la producción de bio combustibles, sembrando Palma africana y maíz con capital lavado del narcoparamilitarismo; la asistencia internacional y bajo el ropaje de legalidad de la estatal Ecopetrol. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en Carimagua, condenados a ser peones o apareceros de uno que otro patrón. Una grosera copia del modelo malayo de exportar lo agrícola e importar alimentos agrícolas.

En otro descalabro del exministro Arias, el cual le costó su libertad, aplicó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Su gestión buscó consolidar la producción de biocombustibles en Colombia para auto abastecer al país a base de caña de azúcar y palma africana. Esto con relación a la crisis alimentaria mundial (2007-2008) y al debate que generó la destinación de alimentos para abastecer la demanda por combustibles más baratos. Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación habría favorecido a acaudaladas familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una línea de crédito FINAGRO- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – o del gobierno colombiano, para entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino a desarrollos agropecuarios, a agricultores colombianos, víctimas de despojos y de la violencia paramilitar substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

Estalló un escándalo por corrupción alrededor de AIS, siendo beneficiadas, en la práctica, con donaciones oficiales, familias de latifundistas como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, Davilo Jiménez, (subsidios de $2.200.000.000 de pesos colombianos) hasta la reina de belleza, Valerie Domínguez Tares. Todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto. Que la mayoría de los beneficiados fueron aportantes a la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue tal el festín que los titulares segregaron las tierras a nombre de familiares, para así obtener mayores montos de subsidios. Tal desfalco, en su equivalente en cientos de millones de dólares, no fueron recuperados por el erario público. Todos los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) conllevaron a que el 03 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual se le condenó a 17 años y 4 meses de prisión.

LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Habíamos anticipado que procedería la Tutela interpuesta por Uribito alegando-como condenado y por el régimen de aforado- que tenía derecho a impugnar la sentencia en su contra, por ser de única instancia y no haberle concedido el derecho universal de la doble instancia o “doble conformidad” acorde a la expresión técnico-jurídica. Lo sucedido no es un triunfo para la “democracia” en Colombia, en donde no existe tal, en tanto se imponga la actual legislación electoral, corrupta, clientelista y de casino, que permite que un sub presidente- que no es mi presidente- permanezca, con avalada legalidad, pese al fraude de la ÑEÑE política. Pero Sí es un triunfo para el Estado de Derecho, en Colombia.

Al darse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2014, condenando al Estado de Surinam a conceder la revisión de sentencia condenatoria de un ciudadano que había sido condenado en única instancia, corresponde a todos los Estados Asociados acogerse a ese efecto, que en en el caso colombiano se dio con el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Ese, ni lo actual, constituye un logro de la secta o partido político centro democrático (CD). El Innombrable, en su ego idolatra, utilizó la dictadura mediática para que la llamaran en cita a su pupilo “y buen” muchacho “la ley Arias” y así la tramitó, con parafernalia publicitaria, el Congreso, con mayoría de derecha narco paramilitar.

El artículo 3° de ese Acto Legislativo, modificó el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91) el cual quedará así: “.5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.  6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La suerte del Uribito está echada desde que huyó a USA y fue extraditado, a pagar la condena en Colombia. Al interponer la Tutela, pidieron medida de excarcelar y no les prosperó. ¡Aja!, prueba que no la pedirán en el alegato de la doble conformidad, por que como sede de instancia la Corte Suprema puede decidir que no continué pagando la pena en un casino de oficiales milicos, sino en La Picota, como corresponde. Pidieron que la segunda instancia-en forma personalizada y prepago- se cumpliera ante un Tribunal Especial y la Corte Constitucional no les otorgó tal abuso y exabrupto jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló conforme a derecho y en sustento a las pruebas. Si es sólida y los nuevos magistrados en Sala Penal-que son diferentes- no se tuercen ante el dios mercado y dinero, pues obvio que la sentencia condenatoria se confirma. Si no resulta, pues queda la instancia de la Justicia Popular en Colombia. Desde ya aclaro, que no se trata de la Justicia Insurgente, puesto que a este actor político le importa un bledo la suerte moral del Establecimiento constitucional que por principio rebelde ataca y busca destruir. Déjese de pensar en justicialismos guerrilleros. Si fuera así hubieran aplicado el “ojo por ojo” ante el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y ante el actual del asesinato selectivo y sistemático de líderes y lideresas sociales.

Corolario de lo anterior: 1. La aplicación de la doble conformidad, reitera el valor del Derecho Internacional y el acatamiento de lo dispuesto en sus actos e instancias; por lo cual coloca al régimen del sub presidente actual a la ineludible exigencia de otra conducta, respecto a respetar los Protocolos, asentados en Ginebra, de garantías para que la Delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) pueda regresar al país y se respete la soberanía de la gloriosa Cuba Libertaria. 2. Cese la conducta de perjurio contra el ELN, contra Cuba y consecuencia diplomática con los países garantes y acompañantes (Noruega, Venezuela, etc.); en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia. 3. Se defina la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los delitos radicados contra el Innombrable.4. Cuéntese como un golpe político al Innombrable y su aspiración fascista a la creación de una Sola Corte en Colombia.

 

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La captura de la Merlano y los ejercicios conjuntos militares

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

UNO. Y DE LA MERLANO ¿QUÉ?

Tan exacto como desconocer el desgobierno colombiano los Protocolos de Protección a los voceros insurgentes del E.L.N y de paso ofender a un país garante como Cuba; pretender que un anodino “presidente interino” insignificante, ridículo, incapaz, vacío, suso, insustancial, carente de juridicidad, como de jurisdicción; carente de control territorial, sin autoridad sobre fuerzas policiales y el aparato judicial de la República Bolivariana, pueda tramitar una solicitud de extradición o cualquier trámite por simple que sea.

Lo de La Merlano se trata de un caso de extradición pasiva: en alusión a la solicitud del Estado (no el gobierno) colombiano al Estado (no al gobierno del presidente Maduro) de la República Bolivariana de Venezuela, de solicitar a esa persona que ya fue condenada por las autoridades (no justicia) judiciales colombianas. Técnicamente es una “acción de entregar”, no de extraditar a La Merlano como delincuente condenada. Esa “acción” se genera en Colombia por la autoridad judicial (Corte Suprema de Justicia) no por el desgobierno en cabeza del presidente títere que nos representa. La función del Poder Ejecutivo,en el caso de marras, radica en la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de incoar (hacer la primera gestión) la “acción de entregar”, vía Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ( no al aparecido Guaidó), para que mediante el aspecto técnico procesal corresponda al máximo Tribual venezolano, resolver soberanamente sobre la suerte de La Merlano.

La dictadura mediática imperante en Colombia, desvía la atención en Guaidó; pero como efecto bumerang facilita al gobierno legítimo y constitucional bolivariano del presidente Maduro, entrar en escena. Simplifiquemos la situación: La Merlano fue detenida en Maracaibo por indocumentada, no por delito alguno cometido en territorio venezolano, ni porque existía una orden de la Interpol. No sea que haya sido una estrategia de sus abogados dado el desgobierno colombiano en materia de relaciones internacionales y política exterior.

Ella, La Merlano, puede solicitar asilo e inclusive refugio. No porque sea una perseguida política en Colombia, aun cuando a la luz de la Convención de Ginebra puede incoar el refugio porque su vida peligre en Colombia (circunstancias objetivas y particulares de su proceso penal). Además- en gracia de discusión- ella como ex senadora, no fue juzgada por la jurisdicción ordinaria en lo penal. Lo fue por un Tribunal de excepción (así lo haya sido la Corte Suprema), por lo de su fuero de Congresista y con esa calidad y ante esa excepción, la normativa del derecho internacional prevé que, en su caso, no prosperaría la solicitud. Quepa aquí que entre profanos, la llaman extradición y entre doctos en la materia- egresados de la Universidad Nacional de Colombia, por puro ejemplo- se denomina la solicitud de entregar a una condenada colombiana que está en un país soberano, a toda prueba, como la República Bolivariana Venezuela.

De otro lado, como el reconocimiento de “presidente provisional” no obedece a presupuesto tipificado del Derecho internacional Público, sino resultado de la política de las cañoneras del imperio gringo, esto de la captura de La Merlano contribuirá a que el presidente Maduro, con su capacidad de estadista demostrada y comprobada, gane puntos. Ya se anuncia que la Fiscalía Bolivariana la interroga. Que relata todo el historial de delitos y corrupción en Colombia por parte de una casta politiquera corrupta en el poder y avalada por un sistema electoral corrupto, como el que más, ante el mundo.

Y ojo: Siendo que la condición de asilado es facultativo soberanamente del presidente Maduro; el no reconocimiento de la condición de asilada a La Merlano, no impedirá la denegación de su entrega, por cualquiera de las causas previstas en la ley venezolana y/o tratados internacionales y en cabeza del Juez de esa República…

Presenciaremos el desenvolvimiento del acontecer comentado, con la seguridad que la independencia y soberanía de la Venezuela bolivariana dará otra lección histórica a la decadente oligarquía de castas politiquera y de militares en franca decadencia en Colombia.

DOS: DEL TRÁNSITO DE TROPAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA

A partir del 27 de enero de 2.020, el despliegue noticioso en Colombia centró en los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y Colombia. Con el prurito de reafirmar las capacidades de reacción y combate de las Fuerzas del ejército colombiano y en constante entrenamiento de una fuerza potencialmente agresora. El sitio de estacionamiento de las tropas extrajeras lo fue la Base Militar de Tolemaida, una de las siete tristes conocidas como bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Participaron tropas de los Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. En esa Base funciona el Centro Nacional de Entrenamiento de las Fuerzas Militares. El lacayo Ministro de la Guerra colombiano, Holmes Trujillo, en perorata oficial de mancomunada conducta, resaltó que era un esfuerzo con el fin de enriquecer en el ejercicio de la cooperación internacional. Se necesita verdaderamente tener agallas para resaltar esa connotación. Toda la oficialidad y generalato colombiano estuvo bajo las vergonzosas órdenes del Comandante del Ejército Sur de EEUU, Daniel R. Walrath, quien ejemplifico el lema de ese ejército de defensa de sus intereses geopolíticos, disfrazados de fraternidad. Para él la fraternidad, unida a hermandad compartida, los mueve a proteger de la manera más segura “la forma de vida en nuestro vecindario (léase patio trasero) del hemisferio occidental y nuestros valores compartidos de democracia, soberanía y libertad individual”.(Su accionar en el mundo demuestra lo contrario) Pero en realidad de verdad, como lo resalta el analista político Álvaro Villarraga Sarmiento, esos ejercicios fueron una demostración agresiva y fatal precedente para la búsqueda de la salida política al conflicto armado interno colombiano.

La explicación oficial del gobierno colombiano y su cacareada mediática la centran en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Manido argumento ante el fracaso de esa guerra, con la penosa ansiedad de agredir al soberano país bolivariano.

Conviene resaltar qué legitimidad acompaña al gobierno colombiano en permitir la presencia de esas tropas de asalto especiales, de dos países, en el territorio nacional

La espuria y como tal falsa e ilegítima orientación justificante de los ejercicios conjuntos e intercambio de experiencias, basados en convenios internacionales, deja el sinsabor del engaño a la opinión pública y la violación crasa a la Constitución Política. De igual manera el manido argumento, traído de los cabellos, de la permisividad de esa conducta por ser Colombia miembro de la Otan.

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia 1991(CP91) expresa: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Y el artículo 94, ibidem, “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los Convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

Significa lo anterior, que prevalece y debe acatarse lo especial determinado en los presupuestos de hecho de la norma. Es así como el artículo 173 de la CP91, atribuye al senado: “Permitir el tránsito de tropas extranjeras”. La presencia de más de un centenar de efectivos de tropas de EEUU y de Brasil, para el ejercicio de las mencionadas maniobras en Tolemaida, significó el ingreso y por ende el tránsito de más del centenar de tropas extranjeras, estacionadas en territorio nacional, de forma inconstitucional. Transitar alude a pasar por una vía pública, terrestre o aérea. Esas tropas penetraron el espacio aéreo colombiano y viajaron por tierra en Colombia. Permanecieron varias días, es decir, haciendo estaciones, paradas etc. Indiscutiblemente significó, las tales maniobras conjuntas de ejercicios militares, una excusa para la presencia militar estadounidense en Colombia y la ratificación que la Base militar Tolemaida, es una Base militar del ejército estadounidense, en contrario a lo discernido por el Consejo de Estado en Colombia con relación a esa materia. La comandancia del ejército, así sea en cabeza del presidente, no tiene la capacidad constitucional de autorizar, mutuo propio, esos ejercicios.

La lectura de esos ejercicios conjuntos de maniobras de los ejércitos de Colombia, Brasil y Estados Unidos, constituye un mensaje de agresividad a la libre determinación del pueblo y del Estado Bolivariano. Demuestra la posición de una línea militarista en la conducción del Estado colombiano, potencialmente agresiva para la estabilidad del continente latinoamericano y acción contra insurgente interna, en contrario al mandato del artículo 22 de la CP91: “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

 

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Colombia firma finalmente el Acuerdo de Escazú: apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin

Este 11 de diciembre del 2019, finalmente se oficializó en Naciones Unidas la firma del Acuerdo de Escazú (instrumento regional suscrito en Costa Rica en el 2018) por parte de Colombia: véase notificación oficial de la Secretaría General. En las líneas que siguen desmenuzaremos el alcance de esta firma, que no se deja ver en el escueto documento circulado por el departamento de tratados de Naciones Unidas.

Ello no sin antes recordar que, para que un tratado internacional sea vigente en el ordenamiento jurídico de un Estado, este último primero debe firmarlo (una atribución que recae usualmente en el Poder Ejecutivo) y luego aprobarlo (una postedad tradicionalmente reconocida al Poder Legislativo): el negarse a firmar un instrumento internacional impide a sectores políticos y de la sociedad civil iniciar una campaña para lograr su ratificación.

El resultado de una fuerte presión de la sociedad civil colombiana

La palabra «finalmente» usada previamente obedece a la fuerte movilización de organizaciones ambientales y sociales en Colombia, desde que oficialmente el Poder Ejecutivo colombiano afirmara que no iba a firmar este tratado, aduciendo un sinnúmero de razones tan insólitas como falaces (véase por ejemplo nota del prensa de RCN del 30.09.2019).

Cabe señalar que la víspera de la firma, es decir el 10 de diciembre del 2019, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en la ciudad colombiana de Cartagena a una actividad en homenaje a líderes sociales y defensores de los derechos humanos en la que afirmó que:

«Combatir la violencia que se ejerce contra estos defensores de los Derechos Humanos es una responsabilidad de los gobiernos, pero también de nuestras sociedades, de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y de la comunidad internacional. Es una responsabilidad y un deber sagrado compartido por todos» (véase texto de su discurso).

La decisión del Poder Ejecutivo de Colombia de firmar el Acuerdo de Escazú en semejantes condiciones merece mención y anuncia que la campaña por lograr su debida ratificación será bastante álgida. No está de más precisar que durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú (2014-2018), la delegación colombiana se mostró incómoda, presentando diversas propuestas en aras de reducir el alcance de varias disposiciones del futuro instrumento.

«No firmaremos el Acuerdo de Escazú porque…»: un insólito unísono oído en Bogotá y en Santiago (y en ninguna otra parte)

Con ocasión de la PreCop25 celebrada en Costa Rica en octubre del 2019, habíamos tenido la oportunidad de señalar lo inédito que resultaban las posiciones de Chile y de Colombia de no firmar un instrumento regional como el Acuerdo de Escazú. En esta nota publicada en el sitio de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, titulada: «Ambiente y Derechos Humanos: el Acuerdo de Escazú a un año de su firma«, nos permitimos señalar que:

«La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental.»

La posición de Chile así como los argumentos (un tanto originales) esgrimidos por parte de sus máximas autoridades fueron desmenuzados y desvirtuados uno tras uno en esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa» por parte de representantes chilenos de la sociedad civil (véase emisión disponible en este enlace).

Con relación a aspectos estrictamente jurídicos, remitimos también a nuestros estimables lectores a una entrevista titulada «¿Cuál es el tratado de derechos humanos y ambientales que Chile y Colombia se rehúsan a firmar?» realizada en noviembre del 2019, disponible en este enlace, en la que hacemos ver la verdadera revolución jurídica que proponen Chile y Colombia al presentar una serie de argumentos sobre las consecuencias de la firma de un tratado que desconoce … la misma Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 (véase lo que dispone el artículo 18 de dicha convención).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019

El Acuerdo de Escazú a más de un año desde su firma

El tablero oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial), con 22 firmas pero tan solo cinco ratificaciones obtenidas en poco más de un año evidencia que a algunos sectores políticos (y a influyentes sectores económicos) no les interesa en lo más mínimo que se combine la protección de los derechos humanos con la defensa del ambiente.

En días recientes, el Ejecutivo de Paraguay optó por retirar el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú en trámite en el Congreso, causando un profundo malestar entre diversos sectores paraguayos (véase nota de prensa de Última Hora del 2/1/2019): no se tiene claro si el señor Arzobispo confundió este instrumento con otro texto al que se opone la Iglesia Católica sobre derechos humanos.

Es de notar que entre las firmas ausentes, figuran, además de las de Colombia (hasta este 11 de diciembre) y la de Chile, las de Cuba, El Salvador, Honduras y de Venezuela.

La COP25 que se lleva a cabo en España en este mes de diciembre constituye una ocasión propicia para que algunos Estados de América Latina reafirmen su compromiso con la defensa del ambiente y los derechos que ello conlleva para las comunidades y las organizaciones ecologistas.

Como bien lo señala una misiva colectiva de entidades colombianas,

«La firma de este Acuerdo representa también un compromiso con la agenda climática de Colombia y se convierte en un nuevo acercamiento del Gobierno Nacional con la democracia ambiental y las y los defensoras/es de derechos humanos y ambientales del país» (véase texto del Comunicado de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, con fecha del 10.12.2019).

Hay que agradecer a Bolivia y a Uruguay por haber sido los primeros en América Latina en depositar su respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de Naciones Unidas, al tiempo que persisten interrogantes muy válidas sobre la ausencia de Costa Rica como Estado Parte a este novedoso instrumento (habiéndose transcurrido más de un año desde que puede serlo).

A modo de conclusión

Las organizaciones colombianas que lograron obtener esta firma por parte de Colombia podrían compartir su valiosa experiencia con sus homólogas chilenas: a pesar de haber sido, con Costa Rica, un activo promotor durante más de cuatro años de las negociaciones que culminaron en el 2018 en Escazú, y a pesar de la movilización de organizaciones sociales exigiendo mayor coherencia por parte de sus autoridades de cara a la COP25 inicialmente prevista en Santiago, Chile se resiste a firmar el Acuerdo de Escazú.

La movilización de organizaciones ecologistas colombianas permitió, entre muchas otras acciones, una publicación extremadamente completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados de América Latina), titulada “Colombia y el Acuerdo de Escazú” (véase texto integral ), en la que se concluye que:

“Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país” (p. 89).

Un amicus curiae presentado el pasado 6 de diciembre por diversas entidades internacionales en la causa penal que enfrenta el líder mapuche en Chile Pascual Curamil Millanao (véase texto completo, cuya lectura también recomendamos) nos viene a recordar la opción latente de algunos Estados (y sectores económicos) de optar por criminalizar a líderes comunitarios y ecologistas en América Latina, con la única finalidad de intimidar a los integrantes de sus comunidades.

Nótese que en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coïnciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR.

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Tsunami de no-violencia en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

 

«Todas las revoluciones son imposibles,

hasta que se tornan inevitables.»[1]

[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.

Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.

Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».

El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.

La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.

El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.

Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!

[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.

[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.

[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.

[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.

[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.

[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).

[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»

[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.

[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.

 

Foto de: http://www.resumenlatinoamericano.org/

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APORTE A UN ANÁLISIS DEL PASADO DEBATE ELECTORAL

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Un evento político como el desarrollo de las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019 en Colombia, contribuye al análisis de la situación política concreta del país, sin que signifique sea el derrotero electoral el determinante para identificar la situación política nacional y del movimiento popular en Colombia.

Con esfuerzo de concentración aspiro no desviarme del objeto del presente artículo al destacar el civilizado comportamiento de las fuerzas insurgentes (ELN, EPL, Nuevas Farc-ep) en torno al desarrollo del cuestionado debate electoral en Colombia. Por primera vez, en varias fechas electorales, no rigió un cese al fuego unilateral y pese a ello no imperó el saboteo y primo la permisividad al libre ejercicio del derecho ciudadano a acudir a las urnas.

Tema aparte corresponde al analizar el toque a fondo de un sistema electoral corrupto en contrario a la sana práctica de la política, expresado en los registros de violencia salvaje inter partidaria que caracterizo el evento electoral y el significativo rechazo al sistema de escrutinios que mantiene en vilo la tranquilidad ciudadana en varios municipios del país, precisamente porque a algunos no les salieron las cuentas de inversión y de derroche de dinero para el logro de sus aspiraciones. Dejo así, no sin la mofa de que “el día de la quema se ve el humo”.

La metodología para abordar el tema bifurca consideraciones como la de incidencia de los resultados electorales en el viraje gubernamental de un gobierno caracterizado por la improvisación, el desgobierno, la falta de caracterización y capacidad del gobernante de turno y por ende imprimir un timonazo de desgobierno, en el sentido de perturbar el mal orden de gobierno imprimido o con caracterizada impresión de descalificación en variados aspectos. Otro, el definir una línea de acción del movimiento popular colombiano consecuencial a la búsqueda de la solución a los grandes males que aquejan a la población. Así planteado, no está al orden del día la toma del Poder Popular como la eficacia de aplicaciones dinámicas en la equivalencia de fuerzas políticas en el escenario nacional, para salir avante, tanto en la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno colombiano; como la sintonía con la tendencia pos capitalista y de manejo alternativo al cambio del modelo económico neo liberal, acorde con la nueva ola de tendencia progresista que cabalga en Latinoamérica.

CONTRIBUCIÓN DESDE UNA CULTURA DEMOCRATICA

Para proceder a conocer el resultado de lo actual conviene el recuento de cuál fue el cálculo que impuso la hegemonía en el manejo del Estado colombiano, luego del fracaso del experimento contra insurgente paramilitar.

El impulso personalizado en un sujeto de extracción del campesinado rico, en dos periodos presidenciales consecutivos que plasmó una década de horrible noche de Terrorismo de Estado, dio paso a un cambio de “política de encerrona” de la rancia oligarquía y el predominio de la tendencia socialdemócrata (que con beneficio de inventario aceptemos como de Centro), para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno colombiano. La filosofía de esa “tendencia” fue de gatopardismo: “anunciar que todo cambia, para que nada cambie”. Los dos periodos de Juan Manuel Santos, convergieron en los Acuerdos de La Habana y el Teatro San Carlos, logrando – que no la paz- sí un fin del conflicto armado con la insurgencia de las Farc- ep y su desmovilización y entrega de armas “a cambio de nada”. En interés de confluencia nacional e internacional tanto el imperio vio y apoyó una salida bajo la sustitución de cultivos con base realista de ataque a los cultivos de coca y golpe a la producción de cocaína. Se manifestó el entusiasmo de la Banca internacional. El ansia desmedido de los intereses inversionistas extranjeros con fauces de invasores. Se plasmó todo un programa mínimo de alcances democrático populares…hasta que llegó el cálculo de tahúr y el abrazo de oso, del concebido referendo por la paz que dio triunfo al NO y la subsecuente echada por la borda de los Acuerdos de La Habana hecho trizas. La no implementación de los Acuerdos con la aplicación de la “enredadera jurídica” con la quinta columna en ejercicio del poder legislativo y judicial, que sin haber sido Delegados Plenipotenciarios de lo firmado, se dieron a la tarea de sembrar la confusión, quitando la naturaleza y esencia de lo firmado y con una práctica de malas artes leguleyas, hacen transito al despojo de lo esperanzadamente logrado.

 Recalco con alusión a lo referenciado, por la caracterización de ser un acto electoral como el llamado plebiscito refrendatorio, bajo el imperio de un sistema electoral amañado, el que cambio- desde entonces- la tendencia política de “Centro” a una de derecha militarista y guerrerista contra insurgente, expresado en el Bloque de Poder Hegemónico de Derecha Contrainsugente y retomando lo enunciado, concluir que es nuevamente un “acto electoral” ( el del 27 de octubre) el que redirecciona la política de derecha militarista de la hegemonía oligárquica en el poder a una con asomo de Derecha a secas.

Lo anterior significa que en Colombia todos esos matices de centro-derecha, centro-izquierda, son una entelequia o sofisma de distracción. Lo irreal relevante radica como método de clasificación de dos partes que constituyen la base de las leyes de los contrarios en la definición de los dos caracteres concretos: la derecha o la izquierda, en política. El resto de matices y sub matices de predominio o no, es metodología que se aplica en el entorno explicativo de lo mecánico electoral del Establecimiento.

Es decir, presentan dizque un “nuevo” mapa político con estos un poco más a la izquierda, aquellos más cerquita de la derecha, esos otros al centro derecha (!) y los del centro izquierda, casi se tocan etc, etc.

De manera que al aceptar o calificar que las elecciones pasadas del 27 de octubre constituyen un punto de inflexión, corresponde caracterizarlo como retroceso a la salida guerrerista, de terrorismo estatal, encarnado en el Uribismo, sí; pero no por ello exento el predominio de una tendencia en hegemonía de derecha contrainsurgente. Forma esta de salvaguardar el estado de cosas. En estos términos no hay un triunfo democrático de viraje de caracterización de una nueva política de Estado. Esta será un logro conquistable.

No hay derecha moderada, solo a secas derecha. El hecho político sucedido por el resultado electoral derrota la tendencia militarista, guerrerista y de aplicación de Terrorismo de Estado para policial. Pero queda intacta, casi sin modificación la tendencia de derecha contrainsurgente que subsume todo el problema del conflicto interno. En ello está el quid de la salida política al conflicto armado, político, económico, social y ecológico, colombiano.

Obvio que existen fuerzas o tendencias democráticas, progresistas, socialdemócratas liberales, cuya razón de ser es enfilar a una posición de izquierda. No de Centro, que repito es una entelequia. Pero en Colombia, desde el siglo próximo pasado, no resultan consecuentes con esa concepción y al enfilar con la hegemonía de derecha, colocan a las vanguardias políticas del movimiento popular, partido comunista colombiano (PCC), marxistas-leninistas, socialistas y a la izquierda legal revolucionaria, a la cola del Progresismo. Ahora lo del Progresismo podrá ser anatema para la derecha confesonaria pero no para el movimiento popular. Pero corresponde decantar al Progresismo y los programas Alternativos.

La hegemonía de derecha impera al aglutinar las fuerzas tradicionales liberales, conservadoras, de partidos nuevos, por lo general regidos por caciques caudillistas locales y de proyección nacional. Los matices citados no operan en escenarios diferenciados. Aglutinan dentro del juego de los poderes mafiosos y narco paramilitares. No existe causa que los diferencie de los otros. Argüir por ejemplo que la posición de Galán, siendo “liberal” es de centro derecha, busca y pretende ocultar la tendencia de derechización. Eso de que no es progresista; pero tampoco extremista: para que tantas cabalas.

Desde el triunfo del NO la tendencia retomo como de derecha. Un partido fascista impuso la hegemonía y a ellos se unieron acólitos, como dependientes. Luego del triunfo con un partido de poder fascista, hoy duramente golpeado, consolidó lo académicamente denominado Bloque Hegemónico de Poder de Derecha Contrainsurgente. A ese Bloque contribuyó precisamente el que no triunfara en la elección presidencial pasada el Progresismo y por ende confluyeron a ese Bloque todos esos matices descalificados. Sin temor a equivocarnos y como referencia gráfica hacen parte actualmente de ese Bloque: los partidos Centro Democrático.CD, Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, las iglesias evangélicas, y otros grupúsculos denominados partidos menores, El Polo Alternativo- salvo sus bases conscientes- los Verdes-salvo sus bases conscientes y el sin número de matices, tendencias, en el cotorro político de imposturas conscientes. Desde ya visora el lente para la suerte de una política Alternativa triunfante al decaído neoliberalismo, como modelo económico.

De esa manera aportemos para lograr el análisis concreto de la situación concreta, del espectro político colombiano, que es la inmodificable regla metodológica que nutre el materialismo dialecto en cuanto conocimiento y devenir de la realidad del Estado colombiano.

CRONOGRAFIA ELECTORAL

Para un mejor entendimiento del escenario electoral colombiano destaco aspectos relevantes que se dieron.

Los analistas no coinciden que hayan sido las elecciones más seguras transcurridas en el país.

La constante fue los disparos, ataques, amenazas a candidatos, crímenes en el entorno, asesinatos contra aspirantes resaltando las rencillas y odios internos partidistas como manifestación expresa de decadencia de una política libre de violencia.

Para el Centro de estudios en Seguridad y Paz: “Esta campaña mostró que sigue habiendo violencia política en el país, se demostró que no solo era por la guerrilla que había violencia sino por las mismas estructuras y caciques políticos”.

En plena campaña electoral se escapa la ex senadora Aida Merlano, condenada por fraude electoral a 15 años de prisión. El Procurador General de la Nación expresa: «Detrás de la fuga de Aida Merlano existe una empresa criminal electoral». La periodista Jimena Dussan, acota: «así está la política en Colombia. Convertida en un ejercicio feudal, con un claro talante mafioso».

Como se vio en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, fue marcado el predominio de los clanes políticos regionales en estas elecciones.

A nivel nacional los analistas debieran decantar el concepto de Carteles políticos y no el de Clanes en el predominio de las regiones. Esto por cuanto que la denominación CARTEL Político, compagina todos los elementos requeridos para su denominación. Converge, en la práctica, en un convenio de intereses tanto económicos como delictivos en el marco de un ejercicio político. Como tal el Cartel Político monopoliza el control de la política a nivel regional y de áreas metropolitanas y hasta departamentales y condicionan el destino de los cargos públicos de elección y en tal sentido fijan las condiciones y controles de la Administración como si se tratare del reparto de un determinado producto. Así no podrán alegar “que no existen pruebas suficientes”.

En particular ejercicio investigue en la definición y conocimiento del Cartel de Atalaya, en el Norte de Santander, en el artículo de “Entretelones en la Intromisión del Cartel de Atalaya en la Elección del Alcalde de Ocaña”. Allí aplicaron una “disidencia táctica” entre dos candidatos que la conducción mediática y de encuestas señalaron como los mas opcionados. Fueron dos caras de la misma moneda y aseguraron la inversión de miles de millones de pesos en ambas campañas. La inversión quedó asegurada.

En las huestes del partido Conservador en el Departamento de Norte de Santander da grima el saber que dos candidatos en sendos municipios presentaron, copiado, idéntico programa de gobierno, en un insulto de desazón y mal gusto a las aspiraciones del electorado.

Llama la atención la clase de juego o jugarreta ocurrida en el Departamento de Sucre tras la jugada entre Carteles políticos para atajar al candidato Yahir Acuña, de la misma camada narcoparamilitar, caído en desgracia, con arraigo en varios municipios como Tolu y Majagual, sacrificando el uno la candidatura para la gobernación y lograr que el candidato del partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa llegara triunfante.

En Santander destacó la noticia de los mil millones de pesos (US$300.000 dólares) que el Partido Conservador recibió o cobro para dar el aval para la gobernación al candidato de apellido Anaya. A la larga resultó perdedor y la picaresca popular hace cabalas sobre cuantos miles de millones de pesos invirtió el Cartel Aguilar para que su candidato resultare electo.

Reaparece el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP). En medio del proceso electoral en Bogotá. DC, el día 11 de octubre en horas de la madrugada fue atacada con disparos y una bomba incendiaria la sede del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC). Lugar que es compartido con el Partido Unión Patriótica (UP). Seguidamente la sede del Partido Farc, resultado de los Acuerdos de La Habana, también fue objeto de sabotaje. Destruido su emblema de la Flor Roja. Los atacantes dejaron una hoja de papel con la palabra “Regresamos” y una calavera. Pese a la cercanía de sedes policiales, no hubo detenidos, ni acumulado probatorio alguno.

Lo corrupto del sistema político y electoral en Colombia deja un sin sabor y descontento aun cerradas las elecciones. El proceso de escrutinios ha sido duramente criticado y expuesto en picota pública. En distintos municipios a lo largo y ancho del país han sucedido hechos de alteración del orden público, que han desembocado en asonadas. La población ha protestado por las formas confusa, variables inusitadas y sorprendente en el conteo de votos a candidatos. Presiones indebidas de administraciones municipales en el favorecimiento a determinados candidatos, son algunas de las manifestaciones que han puesto en vilo la credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Por lo anterior, no se compadece un análisis de respuesta objetiva a los resultados electorales, en cuanto a las implicaciones, de conjunto, que tengan sobre el partido perdedor de la jornada, que lo es el Centro Democrático (CD). Tampoco sobre las incidencias sobre el sub gobierno títere de Duque. Eso dejemos los para otros cojonudos expertos, ellos sí en las elucubraciones de la mecánica electorera…

Téngase lo anterior como muestra del corrupto sistema electoral colombiano. Sí, ese mismo que el Estado colombiano no reforma como implementación a los acuerdos de La Habana con las desmovilizadas Farc.

El recién fallecido cuadro de la oligarquía colombiana Guilermo Perry (q.e,p.d) señaló que “resulta clave hacer la reforma política a la que nos comprometimos en el acuerdo de paz”.

Dejemos así, “por ahora”.

 

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