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Etiqueta: Colombia

Carta abierta a la comunidad nacional e internacional – Docentes de la Universidad de Caldas

SURCOS comparte la carta abierta a la comunidad nacional e internacional publicada por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, Colombia. Las personas firmantes pertenecen al Departamento de Desarrollo Humano; el Programa de Trabajo Social; el Centro de Estudios Sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social; y la Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz.

El material fue enviado a SURCOS por el educador popular Óscar Jara Holliday. Le invitamos a leer y compartir el documento presentado en una secuencia de láminas.

EXPIACIÓN DEL DOLOR

Amo tu gente colmada de fantasía,
tus glorias, tu escudo, tu bandera,
centauros indomables como alegoría
de libertad de hermanos sin frontera.

Héctor José Corredor Cuervo –
Poeta Colombiano

La sombra inexorable
se aferra a los juegos
de las imágenes húmedas
del espejo de la vida
teñido de sangre.

Resulta incómoda
la sed del fuego
sin la explicación de la desnudez
descarnada y perversa
de un presidente fantoche.

Colombia es todo una Eva,
en sus marsupios se esconde
la metamorfosis de los equívocos,
la triste evolución del caudal del Magdalena.

Los pájaros resumen el negro de la noche
el dolor de las madres
que bajo un fuego asesino y cobarde
arrancan de su pecho la vida
que sintetiza el ritmo del arcoíris
de la bandera patria.

Bolívar, Gaitán, Marulanda, Petro
no nos importa el nombre por ahorita.

Todos y con ellos el pueblo,
sus guerreras, presumen la sinopsis
de esas imbricadas estrofas del Himno
en los pentagramas que cuelgan en las ramas
desnudando el universo errante
de cada Macondo y sus rincones.

O simplemente en el cambio
de las estaciones que resplandecen
el picoteo del cóndor
en las nuevas lecturas
de este reino animal joven
que no se somete a los designios
de un presidente inútil.

Tenemos hoy un vuelo de aves,
en la prestidigitación
de los milagros infinitos
del poder popular.

Sin la urgencia de los calendarios,
estas nuevas especies
no dejan que en su plumaje
se recicle la soledad de los días,
ni la frontera del ilusionismo
en el truco de una democracia enferma.

Con Julio Florez  y Corredor yo te canto
en esta exigida solidaridad de clase
la expiación del dolor absoluto.

“Golpea el mar el casco del navío

que me aleja de ti, patria querida”,

digo entonces al mundo

“…llevo en el alma la altivez de mi raza,
el indio, del negro, del blanco, del mestizo
que hizo de este suelo un bello paraíso
para vivir siempre en paz sin amenaza…”

Mi tierra está en mi corazón,
exijo la vida en este momento,
sin la renuncia de lo que me pertenece
sin el miedo que quieren sembrarnos
bajo las balas arteras
cuando se apagan las luces,
amo a Colombia
como ese pedazo de suelo
exigido en los regazos.

LEÓN TRIBA
San José-Costa Rica, 7 de mayo de 2021

Pronunciamiento frente a la masacre y represión violenta de la protesta social en Colombia

Colectivo CEAAL Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

El día 28 de abril diferentes actores sociales, populares y políticos del país, convocan una marcha como forma de protesta frente a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que se suma a una cantidad de decisiones y actuaciones que tienen sumida a Colombia en una profunda crisis social, económica y política.

El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, la activación de la aspersión con glifosato , la reforma a la salud, el incumplimiento de los acuerdos firmados en la Habana, la desfinanciación de la educación pública, el alto nivel de desempleo y una política fiscal que favoreció los grandes conglomerados financieros en el país, durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre otros temas, provocaron la salida masiva de las personas a las calles Colombianas en medio del pico más alto y mortífero de la pandemia con un promedio de 500 muertes diarias.

La respuesta estatal ante la fuerza y el heroísmo presentado sobre todo por los y las jóvenes no se hizo esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que  la situación  desde las 6am del 28 de abril y hasta la mañana del 4 de mayo del 2021 se tenía un registro de más de 30 muertos,  1181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de agresión en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Con base en esto desde el Colectivo Colombiano del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL, hacemos un llamado para que se haga un acompañamiento y denuncia internacional sobre las acciones que el gobierno genocida en complicidad con algunos alcaldes viene realizando a la población colombiana y de una manera particular a los, las y les jóvenes.

Por ello solicitamos que:

  • Desde los diversos movimientos sociales, populares, políticos, culturales, económicos de nuestra región y de otros países del mundo realicen acciones inmediatas de denuncia y solidaridad, así como el rechazo frente a las embajadas colombianas de sus países la situación que se vive hoy en Colombia.
  • Compartan el pronunciamiento con los partidos políticos de izquierda alrededor del mundo con respecto a la situación de violación de derechos humanos en Colombia e invitarlos a hacer las denuncias correspondientes.
  • Invitar a otras redes internacionales a denunciar la grave situación por la que atraviesa nuestro país.

Además de esto el Colectivo CEAAL Colombia:

  • Apoya, promueve y participa en el Paro Nacional.
  • Saluda y apoya las adhesiones al Paro de expresiones sociales y populares organizadas como la Minga Indígena, el sector de camioneros y taxistas.
  • Denuncia y promueve el desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) por considerarla una fuerza desproporcionada y letal de choque frente al legítimo derecho de la población a la protesta social.
  • Nos solidarizamos con las familias de los y las jóvenes que han sido asesinados y asesinadas, que han sido violentados en diferentes formas por las fuerzas del estado.

Reafirmamos nuestro compromiso como educadoras y educadores populares en las fundamentales transformaciones que requiere el país, la fuerza y compromiso de la juventud en las calles nos permiten entender mejor el potencial emancipatorio de la Educación Popular.

Lunes 3 de mayo de 2021)

(Ver más información: http://ceaal.org/v3/pronunciamientoceaal-frente-a-masacre-en-colombia-4mayo2021/)

ADHESIONES AL PRONUNCIAMIENTO:
REDES, ORGANIZACIONES, COLECTIVAS:
Centro Memorial Dr Martín Luther King de Cuba.
Red de Educadoras y Educadores Populares
Red Ecuménicos Fe por Cuba
Colectivo CEAAL Cuba
Colectivo CEAAL Brasil
Colectivo CEAAL México
Colectivo CEAAL Argentina
El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer – IMU de El Salvador
Grupo de educação gênero Feminismos e interseccionalidade-GEPEGEFI-UFPA
Corporación El Canelo de Nos- Chile
Servicios para una Educación Alternativa AC
Ong Entorno de Chile
PERSONAS:
Marbelis González Mesa – Cuba
Rosa Elva Zúñiga López – México
Víctor Ibarra – México

Adjuntamos el link del formulario para firmar la adhesión al pronunciamiento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu99l80EXqja0oVuUK3sRG8Bu8I_O_T2usbK8WpJGr4qus8A/viewform

 

Imagen de cabecera tomada de El País

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

Recuento de la jornada popular en Colombia (I)

Por Carlos Meneses Reyes

El movimiento popular en Colombia pasa por una prueba de fuego, en la que le corresponde demostrar la eficacia y peso político en el cambio del derrotero anti popular, con el que se ha ensañado el gobierno derechista del binomio Uribe-Duque.

Desde el día anterior al inicio del Paro Nacional, arrancaron los abusos de la policía contra los estudiantes en la capital de la república, con decenas de allanamientos sin orden judicial al Colectivo feminista DEGENERO y al Grupo de Estudio y Organización Estudiantil ANARKISTA; como también a varios sindicatos.

El día anterior al Paro Nacional, el país fue sorprendido por una arbitraria decisión judicial expedida por el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, en la que ordenaba, exprofeso y en forma oficiosa la suspensión de la protesta popular del 28 de abril de 2.021. Aplicando una jurisdicción inexistente, puesto que para protestar no se requiere permiso. Jamás en la historia de las actuaciones judiciales en el país, por un acto propio de dictadura judicial, se había violado en forma tan fantasiosa y carente de fundamento el espíritu de la Constitución Política de Colombia(C91); careciendo de eficacia tal decisión y colocando a la susodicha funcionaria como sujeto incurso en el delito de prevaricato y sanciones disciplinarias. Se abrogó una jurisdicción nacional disponiendo que todos los alcaldes del país debían acatar la nulidad de esos actos de “permisos” y el que la orden de suspensión la haya dirigido al Despacho del anterior y fallecido ministro de la guerra, deja mucho que desear de su proceder patético.

Como normas constitucionales violadas por la magistrada Nelly Villamizar mencionamos: Artículos 3, 57, 12,157 in si tu. Código Penal Artículo 413. Prevaricato por acción

De la misma manera, la revocatoria de la orden de la Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, a la instalación, en la Plaza de Bolívar, de tarimas y permisos de audios y la difusión del libre pensamiento de los ciudadanos congregados, es un abuso de autoridad y viola los derechos fundamentales y de soberanía popular. Así como las advertencias del Ejecutivo, sobre los Paros programados, resultan dictatoriales.

La orden de Paro Nacional emitida por el Comité Nacional de Paro, se cumplió con marchas en todas las capitales de Departamento del país y en 660 municipios marcharon en protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del binomio Uribe-Duque, al Congreso.

En Colombia estratifican los sectores de clase, conforme a la capacidad económica de 1 a 6. La esencia del proyecto de cargas tributarias pretende afectar a los sectores populares, de la clase media, pequeños y medios productores; cargando o imponiendo el IVA a los productos y servicios de sostenimiento esencial de la canasta familiar y combustibles, servicios funerarios e insumos agrícolas. A los servicios públicos en estratos 4,5 y 6, de clase media. Resalta el que las exenciones y gabelas a los adinerados nacionales, casa-tenientes, terratenientes, latifundistas, ganaderos, dueños y amos del sector financiero, y multinacionales asentadas; así como a extractivistas de los recursos naturales, en el escenario del blanqueo y legalización de capitales del narcotráfico, no son tocadas y continúan en el paraíso de su reinado impune y corrupto. Tan solo mencionar la iniquidad plasmada en las billonarias sumas de dineros dadas al sector financiero y a las mafias blancas de las EPS, del Sector Salud, durante los avatares de la pandemia y la negación a sostenimiento digno estatal a desempleados, informales, medianos y pequeños empresarios y comerciantes.

Además de la protesta contra tan lesiva e inoportuna reforma de tributo fiscal, la indignación popular enfiló en la denuncia por el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, ataques sistemáticos y masacres a comunidades campesinas, población afrodescendiente, pueblos indígenas, la discriminación de género, de población LGTB. Contra la corrupción generalizada. Contra la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación forzada. Por la defensa de la educación pública y contra la privatización de la salud. Por el cese de los asesinatos contra los exguerrilleros desmovilizados y por el cumplimento e implementación a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con parte de las desmovilizadas Farc-Ep, que se acogieron a desarmarse; siendo engañados por un Narco Estado- Casino.

El Paro Nacional fue extendido por sus organizadores hasta el día 29 de abril. Las subsecuentes protestas populares se han dado hasta el día 30; proyectándose las mismas para el día sábado 1o de mayo, pese a que en la mayoría de las ciudades capitales de Departamento, aplican medidas de control social por efecto de la pandemia del corona virus. (Covid19).

El escenario de protestas se ha centrado en varias ciudades capitales de Departamento, como Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Bogotá DC y varias ciudades del Departamento de Cundinamarca, cercanas a la capital del país.

En la ciudad de Cali la jornada popular de protesta no ha sido interrumpida durante los días 28,29 y 30 de abril y 1o de mayo, pese a las medias de militarización de la ciudad y la imposición del toque de queda desde la 1pm. Prácticamente, el pueblo está volcado a la calle. Ahora a la ciudad de Cali se le llama Puerto Resistencia.

Son múltiples los actos de barbarie policial. Uno de los sucesos más dramáticos lo constituyó el asesinato de Marcelo Agredo, un joven de 17 años. El Joven le pegó una patada a un policía que iba en la moto y salió corriendo. El policía sacó su arma de dotación y le disparo, desde la moto, por la espalda y a la cabeza, matándolo en el acto. El padre del joven, Armando Agredo Bustamante, habló para Noticiero CM& y visiblemente afectado aseguró que: “Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, cita Publimetro Colombia.

El 29 de abril, en Cali, Leydi Cadena recibió herida de bala o perdigón en su ojo, atribuido al Esmad de la Policía, cuando caminaba durante el desarrollo de las protestas. Fue operada y se prevé pierda ese órgano visual.

En la tarde del 30 de abril, la policía detuvo a varios miembros defensores de Derechos Humanos, quienes asistían en el escenario de la movilización popular. Vídeos registraron el momento del hecho.

También denuncian el asesinato de 7 personas en Cali en barrio Calipso, por parte de la policía, que disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes. La denuncia fue echa por parte de los senadores Feliciano Valencia y Wilson Arias, a través de sus cuentas Twitter y grupos de WhatsApp y Colectivos de Derechos Humanos de Cali. Son cientos los videos e imágenes de confrontación con la fuerza pública, en que reitera el accionar armado de la policía, mientras las organizaciones denuncian abusos en diferentes partes de la ciudad. La mediática falsaria pone en duda estas denuncias y permite la dilación de un pronunciamiento oficial al respecto. De igual manera registran saqueos a comercios y bancos.

Pese a la gravedad de la situación, el alcalde de Cali, no asumió las riendas como responsable del orden público en la ciudad. No presidió el Consejo de Seguridad. Fue subsumido por la presencia del ministro de la guerra, quien prácticamente lo desplazó en sus funciones. Además, habló y dispuso por él, junto con el Ministro del Interior. Mutismo total. Salió a relucir la danza de millonarias recompensas, acudiendo a los sapos para neutralizar la protesta social. Cali está totalmente militarizada y han llegado refuerzos de la policía y el ejército a la ciudad. Se sentó el precedente de la militarización de la ciudad. El sub presidente lo denomina de “asistencia militar” y en un tono de creerse superior y menospreciando al clamor popular, se mantiene en no retirar el fatídico proyecto de reforma tributaria, permitiendo que los ánimos caldeen y a ojo de buen cubero, preparar la arbitraria declaración de un estado de conmoción interior en Colombia.

Diferentes Portales a abril 30-2.021, registran La terrible violencia del Esmad. Noche de terror: el ESMAD desbordado contra la gente. Ha sido una horrible noche la de este viernes 30 de abril. La Fuerza Pública ha salido a las calles a sembrar el terror. Las imágenes son escalofriantes. En Pereira una tanqueta de la policía atropelló a personas que se manifestaban en la calle de manera pacífica. Aún no se sabe cuántos heridos dejó

El 30-04 Líderes de dignidad camionera se reunirán este sábado para decidir si se van a paro. Ya hoy, 1o de mayo, han anunciado que a partir del lunes 3 de mayo comienza el Paro Nacional de Transportadores, camioneros etc.

Por «glorificación de la violencia» Twitter sanciona al expresidente y exsenador cuestionado.

Durante todo el viernes 30 de julio las redes sociales tuvieron como tema el trino en donde el expresidente justificaba la violencia de las fuerzas armadas, indicando que podían utilizar las armas de dotación contra los manifestantes a quienes califica como “terroristas”. Un inequívoco gesto de apología al delito. Lo terminó pagando. Llamó al ejército y policía a que usaran sus armas para defenderse. Esto generó reacción en su contra. La primera reacción se dio por parte del alcalde de Medellín, que fue quien pidió a Twitter le cerrara su cuenta, por representar un peligro para la tranquilidad y seguridad ciudadana, incitando a acciones de Terrorismo de Estado. También en el Senado hubo insultos contra el expresidente y exsenador. Lo tildaron de «Degenerado, viejo cacreco» El congresista Inti Asprilla, fue uno de los miles de colombianos que reaccionaron ante el trino del expresidente en donde apoyaba el uso de la violencia de la policía y el ejército.

La youtuber y activista de derechos humanos, Lalis, respondió fuertemente al trino del expresidente, a quien señaló de máximo responsable si algo le llega a pasar. Expresó:” Si no vuelvo a casa, me mató el Estado, por orden de Uribe»(30 de abril)

También se registra la indignación del innombrable porque el INPEC salió al Paro. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente denunció a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que salieron a rechazar la reforma tributaria. Es sabido que los miembros del Inpec, no son fuerza policial, como empleados públicos.

Se asocia los asesinatos por disparos indiscriminado a manifestantes y el asesinato de 7 ciudadanos, como efecto de la orden y dispensa dada por el señalado autor del Twitter y firmes en la exigencia que se investigue “Quien dio la orden de disparar”.

También se relaciona como influencia antisocial del expresidente la denuncia del inusitado despliegue, en números, de efectivos de la fuerza pública, para la defensa y protección con tanquetas, del Centro Comercial de los hijos del expresidente, ubicado en Engativá. El CC. “Nuestro Bogotá”, fue inaugurado el pasado 15 de abril. Es uno de los emprendimientos multimillonarios de Tomás y Jerónimo Uribe, que podría ser blanco de las protestas contra la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, la secta, que, no partido, del innombrable o “Matarife”

En Cali, el congresista Wilson Arias interpeló a una patrulla de la policía y los obligó a dejar libres a unos jóvenes que protestaban pacíficamente y que eran torturados dentro de una patrulla policial. Otro congresista de apellido Orduz, reclamó a una patrulla policial en la carretera, en un puesto de entrada a la ciudad de Tunja, al observar a policías, vestidos de civil con ruanas, camuflados como campesinos, para enfrentar a manifestantes que comenzaban a concentrarse en el lugar. En el vídeo queda registrado la aceptación del oficial de estar bajo su mando en “asuntos de inteligencia”.

Se demostró que no se requirió de la orden de convocatoria del Comité Nacional de Paro, para salir a marchar y protestar el 1o de mayo. La dinámica de movilidad de masas esta activada en Colombia. En muchas ciudades del país se sucedieron marchas de protesta, no solo exigiendo el retiro del atacado proyecto de ley de reforma tributaria, sino expresamente la renuncia de Duque.

En las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá, las marchas populares fueron multitudinarias.

Como respuesta a la militarización de la ciudad de Cali, la Minga Indígena, en vocería del Concejero mayor del CRIC, Hermes Pete, manifestó que “No habrá fuerza pública que alcance para reprimir al pueblo” y en consecuencia, para ellos, hoy realmente inicia el Paro. De frente, resistiendo. A los congregados en el parque de Santa Librada el paso de dos helicópteros artillados, a muy baja altura de la multitud, los alertó como acto de intimidación a la libertad de reunión y expresión.

En Bogotá D. C las marchas de manifestantes no se dirigieron al centro de la ciudad, como es usual los primero de mayo, sino que enrutaron en dirección al Norte. Miles de jóvenes llegaron al Monumento de los Héroes y continuaron en bulliciosa marcha, de horas, hasta la carrera 7 con calle 147, lugar de residencia del sub presidente. En ese sitio se concentraron, pero fueron dispersados por tanquetas del escuadrón policial de la Muerte, el Esmad. Toda una tarde de tensión y enfrentamiento en vecindarios de gente adineradas, que no ocultan malestar por la presencia de tan demeritado vecino…

Se haría interminable la relación de más sucesos en esta convulsionada Colombia, que merece el análisis político de tan difícil paso por el que transita y que abordaré en próxima entrega.

El llamado de Rafael Alban

Por Carlos Meneses Reyes

Con ese nombre se registra el envió de un escrito, en contribución a demarcar el estadio actual de la izquierda legal colombiana y la posición ante la aspiración presidencial de Gustavo Petro, en el escenario de un sistema electoral corrupto, clientelista, electorero, signado por el control del narco para-militarismo y la danza del dinero. Para algunos es: “Un análisis crítico sobre la izquierda marxista colombiana y su posición frente a la candidatura de Petro”. Razón suficiente para abordar el momento crucial que desborda expectativas en torno al debate electoral por la presidencia de la república, en Colombia.

El contenido del enfoque de Rafael Alban, seguramente un seudónimo y por ende no ajustado a reproducirlo o citarlo como fuente de consulta, permite adaptarlo a la realidad del momento político de la izquierda marxista-leninista.

No se trata de resaltar el baldón- a la usanza de la derecha militarista- de descalificar a Gustavo Petro, por su modo de ser, para una contradictoria presentación de su aceptación, al final. Al respecto, la ausencia de un caudillismo aplica en la aceptación que el candidato no sea “monedita de oro” que le caiga bien a “todo mundo”. Ello garantiza el no impulso de un “culto a la personalidad”, como dosis a aportar de los activistas de izquierda. Hay mucho más por enfocar en torno a los contenidos del Programa Político del Progresismo, Humanismo, Socialdemócratas (liberales y conservadores) por superar la etapa neoliberal. Sirva para desenmascarar a la secta militarista en el poder y su estrategia de sumir a la opinión del pueblo colombiano en la confusión y el atraso político, con el tal “castro-chavismo”, que no existe como modelo económico, ni político.

Se da una presentación de significado claro en la distinción que se es de izquierda o se es de derecha, ante la no existencia de un “centro” político en Colombia, como resultando de no repetirse la coyuntura pasada, que permitió la exploración de la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno, o de existencia de esa tendencia en el grupo de poder de hegemonía oligárquico; fracasada la implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon y la traición estatal a lo pactado con peso en el Derecho Internacional. El montaje de un Plebiscito sin garantías electorales, dado el sistema corrupto que lo sustenta, y la aplicación de “hacer trizas” los Acuerdos; redundan en la no terminación del conflicto armado con las antiguas Farc-ep, sino en el resultado de la triplicación de sus frentes, en un caótico escenario de conflictivas incoherencias.

Por supuesto, que el debate electoral en ciernes, se da en medio de una agudización del conflicto 1. armado interno (militar) 2. económico 3. político 4. social 5. ecológico. Resulta simplista denominarlo “polarización”; siendo que obedece al análisis concreto de la situación concreta, de un estadio de la lucha de clases en Colombia, que no permite variantes en su abordaje y trato.

La existencia y vigencia de la lucha armada en Colombia, está indiscutiblemente ligada a la situación de causas y factores históricos internos, que dieron lugar a su surgimiento. Ello explica su permanencia. Pero el escenario de la izquierda legal no es de la confrontación armada.

A mediados del Siglo XX, asistimos en Colombia a un estado de guerra civil no declarada, producto de la violencia bipartidista liberal-conservadora. La izquierda en Colombia se vio sitiada en dos fuegos: en el del Estado formal y en del informal de la actividad política bipartidista.

UNA INTERPRETACION HISTORICA. Ello explica que en la interpretación de la historia de las ideas políticas en Colombia, se resuma en la Historia del Partido Comunista Colombiano (PCC), situado a la cola del liberalismo en Colombia. Luego de la capitulación de las guerrillas liberales en el campo, surgió la guerrilla de inspiración comunista. La escisión del campo socialista internacional en 1963, dio lugar al surgimiento de movimientos rebeldes e insurgentes guerrilleros, bajo las égidas de las doctrinas del campo socialista soviético, el chino (marxista-leninismo-maoísmo) y el guevarista cubano. La aplicación del sistema compartido del Frente Nacional, entre lo dos partidos de inspiración oligárquica en confrontación, con la exclusión de las corrientes opositoras socialista y comunista; con la ejecución de un reparto milimétrico de la función estatal, en forma excluyente; trajeron consigo la práctica del abstencionismo radical, el desconocimiento e ilegalidad de la izquierda colombiana y el surgimiento escalonado de las insurgencias rebeldes guerrilleras en el campo y su incidencia en las crecientes ciudades colombianas, debido al desplazamiento, precisamente ocasionado por la llamada Violencia.

Al darse el fin del Frente Nacional, que se prolongó por más de los 16 años inicialmente concebidos; permitir que la llame la izquierda abstencionista y no “el abstencionismo”, se replantearon lo de la participación electoral. Se superaba el contrasentido de partidos políticos “de masas”, siendo clandestinos. No operaba la disyuntiva que se era “clandestino” ante el Establecimiento y no ante las masas. El instrumento de la amplitud del trabajo político ante las masas implicaba la multiplicación del esfuerzo de dirigentes y de trabajo de organización popular y fue precisamente ese factor, el que ha venido acrecentando la cualificación del movimiento reivindicativo y el paso al contenido político de las luchas.

De manera que la ruptura de la izquierda con la practica abstencionista, se dio al surgir los Movimientos políticos Alternativos y de Masas, expresados en postulados de organización política; tales como la Unión Patriótica (UP), el Frente Popular (FP) el movimiento A Luchar, en los años de 1980. Ello evidenció el escenario de distinción de la izquierda legal. Cabe resaltar que como efecto de esas relaciones, las organizaciones rebeldes atinaron en su búsqueda de reconocimiento de status beligerante, en identificarse como organizaciones político-militares, diferentes a los colectivos políticos de la izquierda (legal). Esto es fundamental para diferenciar en la existencia de las diferentes formas de lucha, adoptadas en el movimiento popular colombiano y no en el avieso, torcido, y malintencionado estigma de la tal “combinación” de las formas de lucha, sacrificando el principio universal de la división del trabajo. No obstante, la respuesta contrainsurgente del Estado colombiano conllevó al desconocimiento, el destierro y la practica genocida de esa expresión política de la izquierda colombiana, hasta nuestros días.

LA IZQUIERDA HOY. En el escenario político y de confrontación social, asistimos al desempeño de la izquierda ilegal o insurgente armada y otra, la izquierda legal, como resultado del desempeño y ejercicio político en las organizaciones sociales, movimientos populares, cívicos, reivindicativos de las comunidades. La izquierda legal mantiene los postulados de vocación de poder popular y hace suyos los programas máximos y mínimos del movimiento popular, impregnándoles una filosofía de alcances revolucionarios. Se expresa en toda movilización popular, de protesta, mitines, plantones, paros, huelgas, mingas, etc. No obedece a un órgano representativo materializado, como en el derrotero de la actualización y dinamismo del cauce de protesta y de luchas vigentes expresadas en la llamada “democracia de la calle”. Se enmarca en lo legal de los instrumentos constitucionales de ejercicio y respeto de los Derechos Fundamentales, en esfuerzos de ocupación, dedicación y sacrificios de trabajo practico y aprendizaje de tareas y luchas adelantadas, de las distintas formas de participación democrática; adiestrando en el trabajo practico de esas disciplinas, en cuanto vehículos de protesta y de expresión de anhelos de cambios radicales a situaciones pétreas e injustificables, alentadas por el Establecimiento.

Para la izquierda legal, la determinante no es la participación en el debate electoral, aunque no la boicotea, ni impulsa el abstencionismo activo. Replantea la participación del voto universal ante un sistema electoral corrupto, clientelista y de casino y por ende propugna por una reforma radical y de fondo a ese sistema electorero, paralelo a implementar una vigencia de democracia directa en sustitución a la vigente de democracia indirecta o representativa delegada, causante de múltiples males, en contravía a un espíritu sano de la democracia en Colombia.

Al rompimiento del voto cautivo y comprado, se superpone el voto consciente. De manera que al identificarse la izquierda legal, con la presencia, llámese caudillo o no, de un candidato surgido de la vocación popular de poder, en la comprensión de las tareas de construcción histórica; ubica los caminos que conducen a participar en la definición de una competencia electoral, bajo el derrotero de Gustavo Petro a la presidencia. En modo alguno es un candidato de la izquierda legal ni el impulsor de un programa socialista de poder popular; pero ello no implica el avalar el gran timonazo de directriz de la conducción nacional, en la obtención de los anhelos frustrados del pueblo colombiano. Múltiples elementos condicionantes surgen en torno a la personalidad del candidato; pero ninguna opaca el talante de político honesto que permite por su don de dicción, comunicación y bagaje académico; sumado al conocimiento real que tiene del país, por su perfil de estadista. Si es dado afirmar que eso es lo producido por Nuestra Historia.

PD.19 de abril de 1970 a 2.021: otro aniversario del robo electoral, de practica repetida en Colombia.

La debacle del ministro de la Guerra

Carlos Meneses Reyes

Recrudecen los enfrentamientos y acciones militares por el conflicto armado interno. El discurso oficial, continúa vertiendo en un mismo recipiente, a los actores armados contra el Estado, al igual que organizaciones armadas al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico. Como si no les incumbiera las denuncias y corrillos a soto voces, en las regiones, que esos grupos armados organizados (gaos), sirven a un plan contra insurgente gubernamental de la inteligencia militar. “Plata es lo que hay” expreso un generalote en El Catatumbo, para enfrentar a los del ELN con Los Rastrojos.

Cual tenebroso mensajero de guerra, Molano llegó a Ocaña a presidir un Consejo, desplazando a los Alcaldes, que constitucionalmente, son los responsables del orden público en los municipios y reseña cual caustica pócima, vertida en la herida abierta de la comunidad de las veredas de Labranza- -Oropoma, que al menos “uno” de los jóvenes campesinos, que se encontraban en el billar, masacrados por paramilitares motorizados, hacia parte del EPL. Esa expresión expresa el conocimiento de inteligencia militar anticipado, sobre seguimiento y desempeño de la población. Genera relación de causalidad, entre el saber y el actuar del grupo paramilitar, como canal de información para el accionar tenebroso de la masacre ocurrida. Así, “mostró la cédula” el Chulavita Ministro. Jamás se había producido tanta conmoción e indignación en la ciudadanía ocañera, y los efectos políticos de la masacre, están por sopesarse.

Oropoma, de asentamiento indígena Hacaritama precolombino. La Labranza, de idílico paisaje campesino, surcado por el parque nacional de Los Estoraques, tan cercana zona rural a Ocaña; habitada por gente sana y trabajadora; núcleo de familias de predominio étnico blanco, semillero de hijos que han aportado al arte y la cultura, cuyos paisajes plasmó en bellos cuadros su pintor Jairo Rincón, conocido como “Labranza”.

Los cinco mártires campesinos fueron identificados como Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbosa, oriundos de la región.

Surgieron dificultades que aumentan el dolor de las victimas

Oficiosamente, los cinco cadáveres de los campesinos asesinados, fueron apresurada e inconsultamente trasladados a Cúcuta; siendo que la Unidad de Medicina Forense, Necrodactilia y Balística de la ciudad de Ocaña, está habilitada para ese cumplimiento legal. Pero resulta que con la masacre ocurrida, el Terrorismo de Estado siembra el miedo; pero más preocupación le genera al Establecimiento estatal, una respuesta del Movimiento Popular ocañero, que hubiera organizado un sepelio colectivo en la ciudad, desenmascarando la gravedad y crudeza del conflicto armado interno, en esa región.

Sepa, señor Molano, que usted por su función como administrador de las fuerzas armadas estatales, responde por la acción u omisión de sus dirigidos. Ese sábado 06 de marzo de 2021 a las 10 pm, llegaron al billar los motorizados asesinos. Hubieron de pasar en caravana por el frente de las instalaciones del Batallón Santander. Es la única carretera que une a Abrego con Ocaña, contando con unidades militares y estaciones policiales acantonadas en diversos sitos de control estratégico. Actuaron con total impunidad, saliendo hacia Ocaña, disparando tiros al aire, que se escuchaban en lo inmenso del lejano terreno. Es tan notoria en esa zona la claridad de la luna, que los oscuros son usted y sus dirigidos.

Queda demostrada la impunidad de la “seguridad democrática” del actual gobierno narco paramilitar, en malhadadas funciones.

Nueva masacre de niños en el Guaviare

Pero el estrenado Ministro Molano, también afronta otro escándalo por el bombardeo, el mismo día sábado dos de marzo, en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare; que hace recordar el pasaje en que el ex ministro Guillermo Botero se vio involucrado por la muerte de ocho niños y la afectación a más de 28 menores por bombardeo en el Caqueta, a un campamento de las Farc, a finales del año 2019. Quiso ocultar la masacre y luego afirmó que era “una operación licita hecha con toda rigurosidad”. El in suceso le costó el cargo y en premio a la impunidad el gobierno lo nombró embajador en Chile.

Teniendo conocimiento pleno de inteligencia militar que, en esa zona de jurisdicción de la base militar en Calamar, Guaviare, las citadas guerrillas vienen aumentando el alistamiento de menores de edad en sus filas, aprobó el bombardeo a ese campamento, dando como resultado la muerte de la menor, de 16 años Danna Lizeth Montilla, quedando heridos de gravedad dos niñas más menores de edad. Se conoce públicamente un listado de 14 heridos en la que se encuentra una niña de nueve años; un niño de 10 años; otro niño de 12 años; una niña y un niño de 13 años cada uno; otro niño de 14 años; cuatro niños de 16 años, de ambos sexos; un niño sin indicar la edad y dos jóvenes de 19 años; para un total de 14 víctimas. El locuaz ministro Molano manifestó que esos niños eran “Maquinas de Guerra”. El padre de la niña muerta en el bombardeo afirmó en declaraciones, que ella había salido a casa de familiares en búsqueda de la señal de Internet para hacer las tareas y se la entregaron desmembrada. Esa zona del Batallón del ejército en Calamar Guaviare, es tristemente recordada por haberse encontrado allí una de las fosas comunes más grandes en cuanto a falsos positivos, atribuidos precisamente a ese Batallón que hoy afecta a más de 14 niños para mostrarlos como una acción más de falsos positivos.

De la violación al derecho internacional humanitario

El calificativo dado por el ministro Molano a los niños de “Maquina de Guerra” hiere la sensibilidad nacional. Lamentable y triste que el ministro de la guerra no defienda a los niños de 9 a 16 años y los convierta y llame así. Indiscutiblemente este bombardeo en el Guaviare, representa una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, que debe ser de conocimiento abordado por la jurisdicción internacional. La fuerza armada estatal, bajo la dirección del ministro Molano, violó el Principio de Distinción, que es fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Violo el Estatuto Internacional del Menor y la prioridad universal del Interés del Menor, ante cualquier circunstancia. La esencia del principio de Distinción es primordial en la garantía a los civiles, en conflicto como el colombiano. De igual manera, el bombardeo en cuestión, es violatorio de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91); además de su artículo 44, in si tu: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

En el Guaviare, los habitantes de las veredas Nueva Colombia, Cachicamo, y en general los habitantes de caseríos de Buenos Aires, vienen denunciando que son objeto de estigmatizaciones por parte de las tropas gubernamentales, de ser colaboradores de las guerrillas de las Farc; teniendo que afrontar a diario las amenazas de los grupos armados y paramilitares por el reclutamiento forzado de menores, que se ha generalizado en constante multiplicador. Entre tanto, la posición del actual gobierno del sub presidente Duque, sigue engañando a la opinión pública nacional e internacional, negando la existencia del conflicto interno armado en Colombia, en asonancia con el mandato imperial de agudizar la guerra contra las drogas y la permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio.

El efecto de la nota diplomática cubana

Por Carlos Meneses Reyes

Un suceso de trascendencia política, de profundo efecto diplomático, representa la Carta enviada por el titular de la Embajada cubana en la capital colombiana, Bogotá DC. En esa Nota, el representante del gobierno de Cuba avisa, en tono de alerta, al gobierno colombiano, que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N) prepara una Operación Militar, en suelo colombiano.

Una Operación Militar significa un conjunto coordinado de acciones, con la utilización de recursos logísticos bélicos, para la obtención de un objetivo determinado. Obedece a una planificación estratégica. La Nota indica como Teatro determinado el Nor Oriente colombiano; sugestivo, por cuanto apunta a la frontera con la República Bolivariana de Venezuela; potencial para una cabeza de playa en los planes expansionistas del ejército, Made in Usa, colombiano. Pero a su vez, insinuante, al atraer como tema de análisis, la agudización del conflicto armado en el trazado fronterizo, desde La Guajira, El Catatumbo, Arauca; que actualmente genera la mayor concentración de miles de tropas colombianas, en unidades y capacidad bélica. Al parecer la mayor actividad de asesoría de las tropas norteamericanas acantonadas en Colombia, se sucede en la Zona Futuro de El Catatumbo y Arauca. Con nuestros limitados elementos para el análisis del “caso concreto de la situación concreta”; nos arriesgamos a descartar que la tal operación miliar pudiere obedece a una ofensiva concreta, en esa extensa región o zona del territorio colombiano. La guerra de guerrillas por la que transita la insurgencia colombiana no alude a una guerra de posiciones. Aunque la multiplicación de los actores insurgentes en ese teatro de operaciones sea mayor a la existente hacia el año 2.016 en que se da la desmovilizan de las antiguas Farc-EP.

El fracaso del fin del conflicto armado con esa cincuentenaria guerrilla, gracias a la hechura de trizas de lo Acordado en La Habana y el Teatro San Carlos, permite el distingo de los siguientes actores armados insurgentes, en Colombia: El Ejército de Liberación Nacional (E.L.N). El Ejército Popular de Liberación (E.P.L), Las Nuevas Farc-ep (engrosadas por quienes no se acogieron a la firma del Acuerdo). La Segunda Marquetalia. Aunque no unidas (por ahora) orgánicamente; pero sí ideológicamente, todas buscan, estratégicamente, la toma del poder y a profundidad, la derrota político-militar de las fuerzas armadas operacionales. Así planteado, esto no implica una correlación de fuerzas. Salvo que las condiciones internas de las guerrillas colombianas hayan adquirido o estén en capacidad de adquirir misiles, que los hay de tamaños y alcances muy variados y/o armas de tecnología de punta, con uso de drones(…)

No al margen, pero tampoco como tema central, la Nota descarta se tratare de alguna acción personal, contra personalidad en particular.

Alcances prácticos

Como resultado de este hecho de política internacional, resaltan varios alcances, como el elaborar la Nota Diplomática el Señor Embajador de la República de Cuba en Bogotá, DC. Al no hacerlo el gobierno central de Cuba, ante el Embajador Corso de Colombia, sitúa en una posición incómoda a esa representación diplomática; a la que relega a una oficina de representación, cual una Legación, que es de rango inferior a una Embajada. Queda como un ministro plenipotenciario y sabido es que los Embajadores superan en rango a esos ministros.

Las Embajadas cumplen el papel de informar a sus gobiernos. Al hacerlo el titular embajador al gobierno-parte, articula el ejercicio del Principio Internacional de Reciprocidad.

El “principio de reciprocidad internacional”

Es de ejercicio diplomático y opera conforme a la costumbre de un Estado que concede a otro, un trato semejante al que recibe de él, con base en la cooperación internacional. El conducto regular se ejerce por las respectivas Cancillerías. El proceder de la Embajada Cubana es acertado muestra de cooperación internacional. Causa verdadera desazón el protagonismo tomado, en las primeras de cambio, por el titular de la cartera de guerra, de Colombia y por el delgado de paz, que funge como un delegado de guerra. En cuanto al sub presidente Duque, aún no ha metido las de andar.

El Estado-parte, Colombia en este caso, haciendo uso del Principio citado, puede solicitar requerimientos a esa Nota, como un procedimiento formal para ahondar en el contenido de la misma. Partamos de la base que ya lo ha hecho. En tanto en el montaje de la dictadura mediática, teniendo como polichinelas en la trama de comedia, al insulso y falta de tacto político Delegado Ceballos y al desenfocado funcionario de guerra Molano, han aportado la sensación de falta de un acertado proceder diplomático al salirse de las funciones que les corresponden y constituirse, con sus almibaradas declaraciones, como voceros de la contra replica; saltándose los conductos diplomáticos, plasmando, con tan desagradable actuación, la inexistencia de una coordinada acción diplomática del Estado- parte colombiano

De igual manera, en ejercicio del desarrollo de este suceso o hecho político, causa profunda extrañeza el comportamiento de la alcaldesa de Bogotá, de asumir que la Nota alude a un “ataque” en Bogotá. Lamentable, que raye en lo ridículo al hacer eco de la política contra insurgente del bloque de poder oligárquico en Colombia. Contribuye a avalar la adulteración del mensaje diplomático, como si el Frente Nor oriental de Guerra del ELN, tuviera su sede en Bogotá. Alteran el sentido de la Nota, junto al papel de la desinformación dictatorial mediática.

Se impone el reconocimiento a la labor de Cuba

Son múltiples las razones por la cual el gobierno de Cuba acude a la cooperación internacional. Como país receptor de la Delegación de Plenipotenciarios del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N, en búsqueda a un Dialogo o Conversaciones por la salida política al conflicto armado, entre esa fuerza insurgente y el Estado colombiano. La realidad de esa organización alzada en armas es que puede subsistir en el desempeño de varias funciones, teniendo a sus máximos dirigentes nacionales en Cuba, logrando cooptar el desempeño de sus vacantes, en el seno de esa organización, en palpable demostración de ejercicio democrático interno, lejos de los ecos trágicos de una división organizativa a su interior. Ello solo explicablemente por la aplicación del principio universal de división del trabajo y compartimento clandestino. Los miembros del Comando Central (COCE) que se encuentran en Cuba, no conocen de los tales planes y acciones de esa Operación Militar a que alude la Nota diplomática. Al cooperar así, Cuba salva su responsabilidad. Demuestra la integridad y valía como país garante. Alienta en el deseo que a Cuba no se siga afectando, tratando de inmiscuirla en el medio del conflicto ELN-gobierno colombiano. Ya es hora de que cese tanto desconocimiento a su loable labor de garante. Por ello el instrumento allegado demuestra la capacidad, experiencia y maestría del uso de la diplomacia, como ejemplo de estado soberano y libre ante el mundo.

En cuanto a que sucederá

Conviene traer a colación que La Carta de las Naciones Unidas, en su Preámbulo, resalta como objetivo: «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».

Con la Nota diplomática analizada, queda despejado el escenario de confrontación bélica del conflicto armado interno colombiano. Al romper, el régimen colombiano, las Conversaciones se encuentra en mora de facilitar las condiciones del regreso, sano y salvos, de los Delegados Plenipotenciarios del E.L.N, a su país de origen. La persistencia en desconocer esos Protocolos es una clara violación al derecho internacional. Demuestra la tozudez y la ignorancia en algo demostrado: no se ha afectado la existencia organizacional insurgente y si se ha colocado al Estado colombiano en sujeto pasivo de acción de la justicia internacional por el incumplimiento o desconocimiento de aplicación de los Protocolos de regreso, dada la terminación o fracaso de las Conversaciones.

De la misma manera, dada la eminencia del recrudecimiento de las acciones armadas insurgentes en Colombia, es de resaltar que esas desafortunadas acciones militares, de darse, solo podrán dirigirse contra combatientes y objetivos militares. Las acciones de la Insurgencia están supeditadas en lo que regula el derecho internacional sobre la guerra (ius ad bellum) como beligerante ilegal y en el entendido que asimilan lo tipificado para ejércitos regulares, como si se tratare de una confrontación entre países. Obedecen a límites aceptables de conducta a observarse durante la guerra y plasmados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La ineficacia de la derogatoria al mandato de alcaldes

Carlos Meneses Reyes

La Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91) se ufana de ser garantista. En su artículo 103 consagra el mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía conocido como revocatoria del mandato. Pero como sucede en un país de leguleyadas (santanderismo), el mandato del constituyente primario resultó diluido en el cuerpo normativo de su reglamentación. El ejercicio de la democracia directa en contraposición al de la democracia representativa o indirecta, perece, como si se tratara de dos formas contrapuestas, en un mismo de sistema de poder. La conquista de las diversas formas de ejercicio soberano del pueblo, resultan letra muerta.

 En Colombia no existe el llamado Poder electoral. A diferencia de avances en el constitucionalismo latinoamericano que lo consagra expresamente; ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta en Colombia y para con el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospecto de efectividad o viabilidad, difuminada a lo etéreo en la maraña de recursos. Cito la frustración de la salida, por bien armada acción de revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá DC, Enrique Peñalosa y también traigo a colación la revocatoria contra la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, bajo condición de subjudice y expresidiaria por delitos comunes contra la Administración Pública.

Se trata de dos casos emblemáticos.

1.- En el del exalcalde Peñalosa primó el uso de argumentos traídos de los cabellos como el concluir que a los registradores distritales no les había sido posible expedir la certificación sobre firmas recaudadas al no fijar la ley plazos razonables para emitir tales certificaciones. Se creó hasta una fundación para defender al alcalde encartado, con mentiras, para su aval como comité. Lo convirtieron cual proceso contencioso declarativo, ungiéndolo con el debido proceso, a la defensiva y a ser elegido. Algo así como mistificar quien por ser elegido popular no se le podía revocar; o como quedaría los que ejercieron el voto a su favor. Reducida la acción directa popular de revocatoria del mandato a un contencioso administrativo; significó que el acto soberano de la recolección de firmas-que obviamente ha de ser certificado- lo redujeron a la mínima expresión de importancia, consistente en que, aunque se necesitaban 240.000 firmas, el golpe político lo represento el abultado recaudo de un millón de firmas en su contra.

Aquí el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales y por ende del artículo 103 citado de la carta Constitucional. El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Tampoco las manifestaciones de acción de participación del pueblo en ejercicio soberano, como lo son la revocatoria directa del mandato, el cabildo abierto, la consulta popular. Todas maniatadas por la enredadora legalista, leguleya y atrabiliaria. A ello agregarle el abusivo e improcedente uso de la tutela por parte de los gobiernos municipales en cuestión, para evitar que prospere el uso de la acción pública y popular de la población expresada en su contra.

Toda esa divagación sobre el debido proceso, a la defensa y a ser elegido conllevó a sepultar la iniciativa popular de revocatoria del mandato en una parodia con representación burlesca…Un experimento ciudadano parodia la revocatoria contra Peñalosa. La intervención de la Rama Judicial y su propósito ideo-político, plasmó lo improductivo de una acción de revocatoria del mandato, relegándolo a ninguna ganancia política. Es objetivo, de todo accionante contra el mandato, fundar en exposiciones objetivas demostrables, las razones que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno y la justificada acreditación de la inconformidad de la ciudadanía. Se sobreentiende y acepta que no se trata solo de la mecánica de la recolección de firmas. Se admite que el alcalde ejerza su derecho a demostrar la falta de fundamento de quienes quieren revocarlo. Pero se trata de una actuación procedimental breve y sumaria, de ejercicio directo, oral y abreviado, si se quiere y no a formalismos que desnaturalizan la esencia misma de la revocatoria del mandato, como tal. Desconocen que se trata de un ejercicio de oposición política y no de actuación administrativa alguna en contra del alcalde cuestionado. En el caso contra el alcalde Peñalosa, actuaron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que más da. En esa decisión, la Corte también ordenó al Congreso reglamentar los futuros procesos de revocatoria para garantizar los derechos al debido proceso y a la información. Y con euforia ese poder legislativo mafioso “le mete el diente”, como lo hizo al desnaturalizar los Acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de las FARC. De manera, que el CNE no solo sepultó la revocatoria, sino que sancionó a su promotor “tutelando” los derechos del alcalde.

  • – En el caso de la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, se acreditaron las firmas para la revocatoria. Se fundamentaron los cargos en el ejercicio fraudulento de su mandato contra las arcas públicas. Se demostró la procedencia de las acciones penales en su contra con reclusión en prisión. Se efectuó la jornada electoral de revocatoria respectiva trayendo como resultado que votaron en su contra más sufragantes que el número de votantes que la habían elegido. Pero en este caso particular jugo el Mefistófeles, aliado con Maquiavelo, con el recurso leguleyo del umbral de votos; el cual bajo operaciones matemáticas no alcanzaron los votos depositados – pese a todo-para la revocatoria. En el aquelarre de rituales, cual conciliábulo de brujos, el jefe puma blanca, entronizado por el clientelismo y corrupción, ordeno al acumulado de sus votos cautivos, la estrategia de abstención, de no votar. Ello, traducido en el lenguaje mesiánico, significo la no compra de votos o el pago por no salir a votar. Se considera, además, que la administración pública local buscó mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salieran a votar los ciudadanos. A ello se agregaron alcaldadas, como la disposición súbita de cambios de vías, cierre de acceso de vías principales y ajustadas reparaciones el “día de las elecciones” y a un sinnúmero de consideraciones que adornaron la ejecución de todo un plan diablesco, rayante con el cinismo, plasmando la estridente, sonora y burlona carcajada, a que quedó reducido el soberano interés popular.

La imperiosa necesidad de la reforma política y electoral

Pese a existir la CP91, que suprimió la medida del “Estado de Sitio”; el Sistema Electoral Colombiano continua vigente gracias a un Decreto de Estado de Sitio, sacado a espaldas del poder legislativo y es así como por medio del Decreto 2241 del 15 de junio de 1986, se adoptó el Código Electoral, en lo del binomio Código Electoral Colombiano- Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa vergüenza jurídica, empotrado en el “estado de derecho” colombiano, es el causante de múltiples males a la Nación colombiana. Sin pena ni gloria persiste un adefesio en contra del mandato constitucional. Esta ilegitimidad y estado de cosas inconstitucional (eci) no se puede ocultar y demuestra el ejercicio dictatorial del poder oligárquico en Colombia. Ahora, para remediar tales males, a fecha 22 de diciembre de 2.020, el actual congreso colombiano, de mayoría narco-paramilitar, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado, se aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley para reformar el Código Electoral. El Proyecto de Ley es el 234 de 2.020 Senado y 409 de 2.020 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones.” Motivan los votantes en contra, que permanecieron normas retardatorias intocables, que no garantizan unas elecciones limpias y que la aprobación de tal entuerto legislativo se hizo de manera virtual, violando el espíritu de la Constitución Nacional. No se resuelve la prohibición de la violencia política y de género en propaganda electoral y lo relacionado con la responsabilidad administrativamente en lo electoral. Lo de la jornada electoral en estado de emergencia. La implicación de facultades extraordinarias en lo electoral. Lo relacionado con el voto de extranjeros y la biometría en particulares. La constancia de la oposición política, por parte de (Colombia Humana) lo hizo el senador Gustavo Petro, expresando que “con este Código Electoral la Colombia Humana no tendría participación en las próximas elecciones 2.022.”

De manera que son muchas las preocupaciones y con 82 artículos que generaron múltiples discrepancias, nos encontramos con un acto legislativo de reforma constitucional fallido y una frustración más para el pueblo colombiano, debiendo afrontar lo que ello repara. Esta tal reforma resulta ser un remedio peor que la enfermedad. No cumple con el mandato consignado en los Acuerdos de La Habana, de compromiso ineludible, por parte del Estado colombiano, en su implementación

Se hace imperiosa la necesidad de la reforma estructural a los procedimientos en lo de reforma política y electoral consagrada en el numeral 4 de los citados Acuerdos, agobiados por la constante de hacerlos “trizas” en violación al pacta sud servanda que inspiro la dejación de las armas por parte de las traicionadas a FARC-EP.

El análisis de la ineficacia a que ha sido reducido el mecanismo de expresión soberana y popular de la revocatoria del mandato enfila en la consideración del análisis del sistema corrupto electoral colombiano, que continua vigente. Obedece a la constante del llamado “orden contra insurgente” que la secta política, que no partido, en el poder, impulsa en todos los ámbitos de la vida nacional; siendo el causante de tantas desgracias. Todo ello por cuanto que el actual sistema electoral es el que ha permitido la permanencia e influencia de una casta política inspirada en lo antipopular y alimentada de los recursos del narcotráfico y el para militarismo, que les permite atornillarse en el ejercicio dictatorial del poder. Ante los avances del descontento social y del movimiento popular de masas, perciben pasos liberatorios que los colocan en una defensiva de miedo al pueblo y apresuran presentar proyectos estentóreos, con ecos mediáticos, que resultan impotentes a sus propósitos hegemónicos.

El papel jugado por la Registraduría continúa siendo el de su utilización como un botín burocrático al servicio de quien resulte ganador en el proceso electoral. Actualmente la Registraduría cuentas con 4.000 funcionarios y solo eran de planta unos 600. Con este proyecto conciliado 1.120 registradores municipales quedan en el vaivén de la libre remoción, perdiéndose la confianza y calidad de independencia en el cargo, anunciando lo incierto de las reglas de juego para la oposición y la suerte de la contienda electoral. Se confirma así que el que escruta elige.

La tal reforma resultó ser la prolongación de la práctica del carrusel de la compraventa de votos, que emprende con diligencia y presteza el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se refleja en su ejecución por las mafias narco paramilitares en las regiones

Un gobierno ilegitimo le teme a l debate y la confrontación directa con la población organizada

Se es dado en afirmar, que en Colombia proyectar los profundos y radicales cambios políticos, sociales, económicos, militares y de defensa de lo ecológico, aún con propuestas Alternativas, resulta utópico. Esas rémoras políticas retrasan al movimiento popular; detienen el ansiado cambio e impiden la realización de aplicación de verdaderos programas que conlleven a una Revolución Institucional. La oposición política de la izquierda legal viva y expresa en las movilizaciones de masas, no tiene dueños. Obedece a una visión propia de país en lo político-social; subsiste con la presentación de programas máximos y mínimos, cual universo de ideas y propuestas inspiradas en la vocación de poder popular. Por eso trasciende, con cosmovisión propia, ante el alcance de los Progresistas, Reformistas, Socialdemócratas liberales, Humanistas; los cuales son sus aliados en la identificación de alianzas y lucha de resistencia contra la derecha militarista y ante la hegemonía oligárquica contra insurgente impuesta en el país.

En Colombia, se logra superar el desdibuje de la realidad política, al aceptar la inexistencia del llamado “centro”. Dinamiza la iniciativa en asonancia con la supremacía de las convicciones de posmodernidad que impera en el mundo. Se cuenta con el mayor acervo teórico de distinción y claridad, en el presupuesto dialéctico que, sin teoría revolucionaria, no se dan cambios revolucionarios. Comenzando por perder el miedo impuesto por la dictadura mediática a lo de “revolucionario”. Esto contribuye a la cualificación de la actividad política en la aplicación de una lingüística de distinción. Triunfa la aplicación de la lucha de los contrarios. Contribuye a su identificación, superando lo de “blandos”, “centristas”, “conservaduristas” y reivindicando al vergonzante de izquierda ubicado como “mamerto”. En el entorno de la actividad política se está ante la identificación de la lucha de contrarios entre la derecha y la izquierda. Este presupuesto se da como resultado de la cualificación del movimiento popular y el asomo de concretar una política de proyección, en el ineludible paso de obtención de un gobierno de transición en Colombia.

Primando la lucha contra el neoliberalismo y por la defensa de la democracia, acudir en las actuales circunstancias políticas por la que atraviesa el país – que he intentado esbozar en lo anteriormente escrito- a la revocatoria de mandato a alcaldes, como mecanismo de participación popular, resulta improductivo. A más de 28 alcaldes en el país intentan aplicarle la revocatoria del mandato, transcurrido un año de su posesión y con aplicación de los requisitos en la Ley 134 de 1994. Pero no se trata de una aplicación de uso mecánico en el tiempo, como si llegara la época del invierno o el verano. Seguro que ese número de alcaldes arribaron al poder con sobrado juego de engaños y artimañas, propio de un sistema electoral corrupto y de casino, imperante. A sus motivadores les puede asistir la convicción y demostración que como mandatarios han incumplido el programa de gobierno, por el cual fueron elegidos. Se darán casos sobrados de existencia de descontento generalizado entre la ciudadanía contra la gestión de determinados actores en cuestión. Resaltarán los indicios y pruebas de incumplimiento descarado a las promesas de campaña y querrán, con el uso de ese instrumento, definir el futuro de tales elegidos y someterlos a la voluntad ciudadana. Pero tal como está el estado de cosas inconstitucional (eci) en el país, todo resultará vano e ineficaz. No compensa el desgaste político de líderes y de activistas que le restan dinámica al avance del movimiento de protesta de Resistencia social. Precisamente, ese acumulado de incumplimientos es el que deben afrontar los ilegítimos ungidos de falsa autoridad ante el reclamo de la lucha popular, la Minga indígena, el Paro Cívico Político Nacional. Todas las causas y motivaciones están dadas para la movilización popular en esos 28 municipios citados. Esos alcaldes y sus asesores, cual perros rastreadores, en el uso astuto de los recursos, preverán que si dieren con alguien sagaz, no les tomarían el pelo de manera aguda y perspicaz. Ese recurso de participación popular, mediante el instrumento legal de reglamentación, quedó cual armatoste de gran tamaño y poca utilidad y el diligente líder social queda a la zaga, en la parte trasera, cual corredor que no asimila la competitividad, en esa desigual competencia. Seria más de lo mismo.

La indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).