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Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.

Por Carlos Meneses Reyes

El movimiento popular en Colombia pasa por una prueba de fuego, en la que le corresponde demostrar la eficacia y peso político en el cambio del derrotero anti popular, con el que se ha ensañado el gobierno derechista del binomio Uribe-Duque.

Desde el día anterior al inicio del Paro Nacional, arrancaron los abusos de la policía contra los estudiantes en la capital de la república, con decenas de allanamientos sin orden judicial al Colectivo feminista DEGENERO y al Grupo de Estudio y Organización Estudiantil ANARKISTA; como también a varios sindicatos.

El día anterior al Paro Nacional, el país fue sorprendido por una arbitraria decisión judicial expedida por el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, en la que ordenaba, exprofeso y en forma oficiosa la suspensión de la protesta popular del 28 de abril de 2.021. Aplicando una jurisdicción inexistente, puesto que para protestar no se requiere permiso. Jamás en la historia de las actuaciones judiciales en el país, por un acto propio de dictadura judicial, se había violado en forma tan fantasiosa y carente de fundamento el espíritu de la Constitución Política de Colombia(C91); careciendo de eficacia tal decisión y colocando a la susodicha funcionaria como sujeto incurso en el delito de prevaricato y sanciones disciplinarias. Se abrogó una jurisdicción nacional disponiendo que todos los alcaldes del país debían acatar la nulidad de esos actos de “permisos” y el que la orden de suspensión la haya dirigido al Despacho del anterior y fallecido ministro de la guerra, deja mucho que desear de su proceder patético.

Como normas constitucionales violadas por la magistrada Nelly Villamizar mencionamos: Artículos 3, 57, 12,157 in si tu. Código Penal Artículo 413. Prevaricato por acción

De la misma manera, la revocatoria de la orden de la Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, a la instalación, en la Plaza de Bolívar, de tarimas y permisos de audios y la difusión del libre pensamiento de los ciudadanos congregados, es un abuso de autoridad y viola los derechos fundamentales y de soberanía popular. Así como las advertencias del Ejecutivo, sobre los Paros programados, resultan dictatoriales.

La orden de Paro Nacional emitida por el Comité Nacional de Paro, se cumplió con marchas en todas las capitales de Departamento del país y en 660 municipios marcharon en protesta contra el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del binomio Uribe-Duque, al Congreso.

En Colombia estratifican los sectores de clase, conforme a la capacidad económica de 1 a 6. La esencia del proyecto de cargas tributarias pretende afectar a los sectores populares, de la clase media, pequeños y medios productores; cargando o imponiendo el IVA a los productos y servicios de sostenimiento esencial de la canasta familiar y combustibles, servicios funerarios e insumos agrícolas. A los servicios públicos en estratos 4,5 y 6, de clase media. Resalta el que las exenciones y gabelas a los adinerados nacionales, casa-tenientes, terratenientes, latifundistas, ganaderos, dueños y amos del sector financiero, y multinacionales asentadas; así como a extractivistas de los recursos naturales, en el escenario del blanqueo y legalización de capitales del narcotráfico, no son tocadas y continúan en el paraíso de su reinado impune y corrupto. Tan solo mencionar la iniquidad plasmada en las billonarias sumas de dineros dadas al sector financiero y a las mafias blancas de las EPS, del Sector Salud, durante los avatares de la pandemia y la negación a sostenimiento digno estatal a desempleados, informales, medianos y pequeños empresarios y comerciantes.

Además de la protesta contra tan lesiva e inoportuna reforma de tributo fiscal, la indignación popular enfiló en la denuncia por el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales, ataques sistemáticos y masacres a comunidades campesinas, población afrodescendiente, pueblos indígenas, la discriminación de género, de población LGTB. Contra la corrupción generalizada. Contra la fumigación de cultivos ilícitos y erradicación forzada. Por la defensa de la educación pública y contra la privatización de la salud. Por el cese de los asesinatos contra los exguerrilleros desmovilizados y por el cumplimento e implementación a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con parte de las desmovilizadas Farc-Ep, que se acogieron a desarmarse; siendo engañados por un Narco Estado- Casino.

El Paro Nacional fue extendido por sus organizadores hasta el día 29 de abril. Las subsecuentes protestas populares se han dado hasta el día 30; proyectándose las mismas para el día sábado 1o de mayo, pese a que en la mayoría de las ciudades capitales de Departamento, aplican medidas de control social por efecto de la pandemia del corona virus. (Covid19).

El escenario de protestas se ha centrado en varias ciudades capitales de Departamento, como Barranquilla, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Bogotá DC y varias ciudades del Departamento de Cundinamarca, cercanas a la capital del país.

En la ciudad de Cali la jornada popular de protesta no ha sido interrumpida durante los días 28,29 y 30 de abril y 1o de mayo, pese a las medias de militarización de la ciudad y la imposición del toque de queda desde la 1pm. Prácticamente, el pueblo está volcado a la calle. Ahora a la ciudad de Cali se le llama Puerto Resistencia.

Son múltiples los actos de barbarie policial. Uno de los sucesos más dramáticos lo constituyó el asesinato de Marcelo Agredo, un joven de 17 años. El Joven le pegó una patada a un policía que iba en la moto y salió corriendo. El policía sacó su arma de dotación y le disparo, desde la moto, por la espalda y a la cabeza, matándolo en el acto. El padre del joven, Armando Agredo Bustamante, habló para Noticiero CM& y visiblemente afectado aseguró que: “Mi niño falleció allí a consecuencia de un tiro que le metió un agente de policía. Mi hijo atacó al policía de una patada, pero en el cual no era conveniente de que me le disparara a quemarropa a quitármele la vida”, cita Publimetro Colombia.

El 29 de abril, en Cali, Leydi Cadena recibió herida de bala o perdigón en su ojo, atribuido al Esmad de la Policía, cuando caminaba durante el desarrollo de las protestas. Fue operada y se prevé pierda ese órgano visual.

En la tarde del 30 de abril, la policía detuvo a varios miembros defensores de Derechos Humanos, quienes asistían en el escenario de la movilización popular. Vídeos registraron el momento del hecho.

También denuncian el asesinato de 7 personas en Cali en barrio Calipso, por parte de la policía, que disparó en forma indiscriminada contra los manifestantes. La denuncia fue echa por parte de los senadores Feliciano Valencia y Wilson Arias, a través de sus cuentas Twitter y grupos de WhatsApp y Colectivos de Derechos Humanos de Cali. Son cientos los videos e imágenes de confrontación con la fuerza pública, en que reitera el accionar armado de la policía, mientras las organizaciones denuncian abusos en diferentes partes de la ciudad. La mediática falsaria pone en duda estas denuncias y permite la dilación de un pronunciamiento oficial al respecto. De igual manera registran saqueos a comercios y bancos.

Pese a la gravedad de la situación, el alcalde de Cali, no asumió las riendas como responsable del orden público en la ciudad. No presidió el Consejo de Seguridad. Fue subsumido por la presencia del ministro de la guerra, quien prácticamente lo desplazó en sus funciones. Además, habló y dispuso por él, junto con el Ministro del Interior. Mutismo total. Salió a relucir la danza de millonarias recompensas, acudiendo a los sapos para neutralizar la protesta social. Cali está totalmente militarizada y han llegado refuerzos de la policía y el ejército a la ciudad. Se sentó el precedente de la militarización de la ciudad. El sub presidente lo denomina de “asistencia militar” y en un tono de creerse superior y menospreciando al clamor popular, se mantiene en no retirar el fatídico proyecto de reforma tributaria, permitiendo que los ánimos caldeen y a ojo de buen cubero, preparar la arbitraria declaración de un estado de conmoción interior en Colombia.

Diferentes Portales a abril 30-2.021, registran La terrible violencia del Esmad. Noche de terror: el ESMAD desbordado contra la gente. Ha sido una horrible noche la de este viernes 30 de abril. La Fuerza Pública ha salido a las calles a sembrar el terror. Las imágenes son escalofriantes. En Pereira una tanqueta de la policía atropelló a personas que se manifestaban en la calle de manera pacífica. Aún no se sabe cuántos heridos dejó

El 30-04 Líderes de dignidad camionera se reunirán este sábado para decidir si se van a paro. Ya hoy, 1o de mayo, han anunciado que a partir del lunes 3 de mayo comienza el Paro Nacional de Transportadores, camioneros etc.

Por «glorificación de la violencia» Twitter sanciona al expresidente y exsenador cuestionado.

Durante todo el viernes 30 de julio las redes sociales tuvieron como tema el trino en donde el expresidente justificaba la violencia de las fuerzas armadas, indicando que podían utilizar las armas de dotación contra los manifestantes a quienes califica como “terroristas”. Un inequívoco gesto de apología al delito. Lo terminó pagando. Llamó al ejército y policía a que usaran sus armas para defenderse. Esto generó reacción en su contra. La primera reacción se dio por parte del alcalde de Medellín, que fue quien pidió a Twitter le cerrara su cuenta, por representar un peligro para la tranquilidad y seguridad ciudadana, incitando a acciones de Terrorismo de Estado. También en el Senado hubo insultos contra el expresidente y exsenador. Lo tildaron de «Degenerado, viejo cacreco» El congresista Inti Asprilla, fue uno de los miles de colombianos que reaccionaron ante el trino del expresidente en donde apoyaba el uso de la violencia de la policía y el ejército.

La youtuber y activista de derechos humanos, Lalis, respondió fuertemente al trino del expresidente, a quien señaló de máximo responsable si algo le llega a pasar. Expresó:” Si no vuelvo a casa, me mató el Estado, por orden de Uribe»(30 de abril)

También se registra la indignación del innombrable porque el INPEC salió al Paro. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente denunció a varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que salieron a rechazar la reforma tributaria. Es sabido que los miembros del Inpec, no son fuerza policial, como empleados públicos.

Se asocia los asesinatos por disparos indiscriminado a manifestantes y el asesinato de 7 ciudadanos, como efecto de la orden y dispensa dada por el señalado autor del Twitter y firmes en la exigencia que se investigue “Quien dio la orden de disparar”.

También se relaciona como influencia antisocial del expresidente la denuncia del inusitado despliegue, en números, de efectivos de la fuerza pública, para la defensa y protección con tanquetas, del Centro Comercial de los hijos del expresidente, ubicado en Engativá. El CC. “Nuestro Bogotá”, fue inaugurado el pasado 15 de abril. Es uno de los emprendimientos multimillonarios de Tomás y Jerónimo Uribe, que podría ser blanco de las protestas contra la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque quien pertenece al Centro Democrático, la secta, que, no partido, del innombrable o “Matarife”

En Cali, el congresista Wilson Arias interpeló a una patrulla de la policía y los obligó a dejar libres a unos jóvenes que protestaban pacíficamente y que eran torturados dentro de una patrulla policial. Otro congresista de apellido Orduz, reclamó a una patrulla policial en la carretera, en un puesto de entrada a la ciudad de Tunja, al observar a policías, vestidos de civil con ruanas, camuflados como campesinos, para enfrentar a manifestantes que comenzaban a concentrarse en el lugar. En el vídeo queda registrado la aceptación del oficial de estar bajo su mando en “asuntos de inteligencia”.

Se demostró que no se requirió de la orden de convocatoria del Comité Nacional de Paro, para salir a marchar y protestar el 1o de mayo. La dinámica de movilidad de masas esta activada en Colombia. En muchas ciudades del país se sucedieron marchas de protesta, no solo exigiendo el retiro del atacado proyecto de ley de reforma tributaria, sino expresamente la renuncia de Duque.

En las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Neiva, Medellín, Cali y Bogotá, las marchas populares fueron multitudinarias.

Como respuesta a la militarización de la ciudad de Cali, la Minga Indígena, en vocería del Concejero mayor del CRIC, Hermes Pete, manifestó que “No habrá fuerza pública que alcance para reprimir al pueblo” y en consecuencia, para ellos, hoy realmente inicia el Paro. De frente, resistiendo. A los congregados en el parque de Santa Librada el paso de dos helicópteros artillados, a muy baja altura de la multitud, los alertó como acto de intimidación a la libertad de reunión y expresión.

En Bogotá D. C las marchas de manifestantes no se dirigieron al centro de la ciudad, como es usual los primero de mayo, sino que enrutaron en dirección al Norte. Miles de jóvenes llegaron al Monumento de los Héroes y continuaron en bulliciosa marcha, de horas, hasta la carrera 7 con calle 147, lugar de residencia del sub presidente. En ese sitio se concentraron, pero fueron dispersados por tanquetas del escuadrón policial de la Muerte, el Esmad. Toda una tarde de tensión y enfrentamiento en vecindarios de gente adineradas, que no ocultan malestar por la presencia de tan demeritado vecino…

Se haría interminable la relación de más sucesos en esta convulsionada Colombia, que merece el análisis político de tan difícil paso por el que transita y que abordaré en próxima entrega.