El Tribunal de Trabajo nos ha dado la razón, al declarar legal la huelga de Ministerio de Educación Pública, en contra del Combo Fiscal, en sentencia definitiva.
Imagen ilustrativa.
Enviado por Marcos Chinchilla Montes.
Sea parte de SURCOS:
Con relación a la criminalización de la protesta social en el contexto de la huelga general indefinida contra el Combo fiscal:
Llamamos a:
1.- Solidarizarnos con CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
2.- Concentrarnos el próximo *Martes 24 de febrero de 2019 a las 10:00 horas frente a los Tribunales de Goicoechea, Tercer Piso.
3.- Instamos a la Fiscal General de la República, Msc. Emilia Navas Aparicio a que desestime* los cargos contra Pérez Sánchez.
4.- Denunciamos los discursos del Gobierno, principalmente el emitido por Carlos Alvarado, en su calidad de Presidente de la República, criminalizando, judicializando y condenando la protesta social*, y principalmente, su discurso en la prensa contra el PRESO POLÍTICO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
5.- Asimismo, condenamos las acciones represivas realizadas por contingentes policiales los días domingo 16 y lunes 17 de setiembre*, en Moín.
Carlos Andrés Pérez Sánchez: preso político en la cárcel de Limón – ¡Libertad ya!
Por: Trino Barrantes A.
Presidente Partido Vanguardia Popular
Email: camilosantamaria775@gmail.com
San Ramón, sábado 16 de febrero de 2019
El 1 de setiembre del año 2000, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, se apuntó un gran triunfo político, pues hizo posible la libertad de Daniel Alcides Vega Miranda. Bajo el lema: “Libertad para el último preso político”. Después de un largo recorrido de denuncias, visitas a ministerios y otras instancias, campañas internacionales por su libertad; se hizo posible que Vega Miranda, saliera libre, en su calidad de “Preso Político”.
Ciertamente, Mónica Nagel no quiso formalmente aceptar esta categoría, a pesar de que en la Resolución 2946, de la fecha indicada, reconocía que aunque los hechos cometidos por Daniel Vega, eran hechos políticos, al susodicho se le había juzgado por delitos de naturaleza exclusivamente penal.
Por todo lo anterior, nos corresponde al movimiento social, popular y sindical, hacer realidad, lo más pronto posible, la LIBERTAD DE CARLOS ANDRES PÉREZ SÁNCHEZ. Tal vez la vieja consigna que se usó en la lucha a favor de Vega: “LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, CÁRCEL A LOS QUE REPRIMEN AL PUEBLO”, no sea necesaria. Pero si es absolutamente obligado llamar la atención de los jueces para que revisen con mucho cuidado, todo lo que se articuló contra Carlos Andrés y las particularidades que asume este juicio, apelado en su doble vía, tanto por la fiscal, como también por parte del abogado defensor de Carlos Andrés Pérez Sánchez.
El arresto de Pérez se da en el marco de un gran desafío del movimiento social, popular, sindical y campesino contra el sistema político y principalmente contra una nefasta medida, originada del Proyecto Ley 20.580, conocido como el Combo Fiscal ( Ley de Modernización de las Finanzas Públicas).
Pareciera ser, que por todos los elementos que han salido a la luz pública, se ve claramente que la decisión de llevar a presión al joven trabajador Pérez Sánchez, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de conciencia y pensamiento. No hay en la sentencia un claro delito tipificado, porque Carlos Andrés, no cometió ningún delito. Digámoslo de manera sencilla. El gobierno del actual presidente de la república CARLOS ANDRÉS ALVARADO Q. quiso, en la figura del hoy PRESO POLÍTICO, que el movimiento social y principalmente sindical escarmentara.
Por eso y en atención a lo que describe el Convenio referido, nos parece que la duración de la detención y las condiciones bajo las cuales queda preso Carlos Andrés, son claramente desproporcionadas, violatorias respecto a un delito que no existió y que tampoco se pudo probar, aun con las argucias que se esgrimieron en su contra.
Pero lo que es aún más delicado. La huelga de RECOPE, fue declarada legal, y precisamente en la resolución se apela en que no hubo daños, sabotaje o atentados que pusieran en peligro a las instalaciones de dicha empresa. Más bien se reclama que eventualmente, terceros, pudieron haber sido los que llevaron a cabo intenciones de afectar el buen funcionamiento de la distribución del gas en el contexto, ya de por sí álgido, a que la huelga de setiembre/diciembre 2018 condujo al pueblo de Costa Rica.
Por todo lo anterior, si queda demostrado que la detención de CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, se dio bajo procedimientos políticos, claramente injustos. Lo que queda entonces es apelar a la conciencia de los jueces de la Tercera Sala, para que den libertad a Pérez Sánchez, en tanto que su caso es claramente injusto, abusivo y político.
Hoy, nos presentamos ante esta instancia legal con una consigna por derecho:
“LIBERTAD PARA CARLOS ANDRÉS. LA LUCHA NOS UNE”
Enviado por Trino Barrantes.
Sea parte de SURCOS:
Este miércoles 19 de diciembre se estará llevando a cabo Ciclo de Foros: «Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y Aprendizajes», a las 2 p.m. en el Auditorio de APSE.
Panelistas:
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El gran empresariado, representado por sus lacayos legislativos utilizando todo tipo de artimañas y maniobras para controlar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en contubernio con un sector de la prensa servil, a través de las fracciones neoliberales del PAC, PLN y PUSC aprobaron, este 3 de diciembre, en segundo debate el Combo Fiscal.
Este combo fiscal no sólo traerá mayor pobreza y desigualdad social, sino que, para aprobarlo, el trío conservador del PLUSPAC, ha pisoteado la institucionalidad formal costarricense, violentando el equilibrio básico de pesos y contrapesos que toda democracia formal exige.
El combo fiscal golpeará a los sectores más vulnerables con impuestos a los alimentos, medicinas y servicios de salud; impuestos por el uso de servicios como la cultura, recreación y el deporte; que establece una férrea política de austeridad presupuestaria pública para orientar todos los recursos al negocio de la deuda, lo que tendrá un impacto durísimo en materia de inversión social, y como objetivo final, menoscabar seriamente las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Esta nueva ley sigue protegiendo las verdaderas estructuras de privilegios y exoneraciones fiscales que benefician a los sectores político empresariales, sin tocar ninguno de los mecanismos que utiliza el gran capital para la evasión y elusión tributaria.
El pueblo trabajador ha combatido, con una hidalguía y un coraje admirable, contra esa casta político-económica, en manifestaciones, movilizaciones y una huelga heroica que llega a sus 86 días, que ha desgastado y deslegitimado social y políticamente al PAC, PLN y PUSC, ese es el precio que han de pagar.
Llamamos al pueblo, a las organizaciones sociales y sindicales, a organizarse en cada centro de trabajo, en cada barrio, porque ha llegado la hora de sacar del poder formal a los filibusteros; de poner nuestro esfuerzo en un programa de recomposición democrática, de inclusión, justicia social y equidad económica en beneficio de las mayorías.
Desde el BUSSCO señalamos que esta es la hora de la resistencia y la lucha contra el modelo neoliberal, no podrán detener este torrente de dignidad y patriotismo que en los últimos meses ha recorrido, a lo largo y ancho, el territorio nacional.
BUSSCO: ¡RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL!
Enviado por Rafael López Alfaro.
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El pasado miércoles 12 de setiembre de 2018, un grupo de estudiantes de distintas universidades públicas, en el marco de la huelga general indefinida convocada por las organizaciones sindicales, políticas y populares deciden realizar una manifestación, que toma la avenida, a la altura de la Iglesia de San Pedro de Montes de Oca para expresar su descontento y oposición al proyecto de ley conocido popularmente como Combo Fiscal.
Como consta en los videos que se realizaron ese día y en los testimonios de las y los manifestantes y otros testigos, al ser las 7:30 de la noche, un fuerte contingente de antimotines se hizo presente en el lugar y, sin previo aviso, arremetió fuertemente contra las y los estudiantes, los cuales se replegaron sin oponer resistencia, retirándose hacia la universidad por la calle central de Montes de Oca.
Sin embargo y a pesar de que las y los estudiantes realizaban un repliegue completamente pacífico, las fuerzas policiales arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, vapuleando a varios estudiantes y golpeando a periodistas e incluso a transeúntes.
Cuando las y los estudiantes ingresan al Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, un contingente policial irrumpe en el Recinto Universitario ‒violentando la Autonomía Universitaria‒ golpea violentamente a varios estudiantes, dos de los cuales debieron luego ser llevados al hospital por la gravedad de las heridas, realizan destrozos y daños a la propiedad pública de la Universidad y detienen a cuatro estudiantes durante el operativo.
Los cuatro estudiantes detenidos, tres estudiantes universitarios y un estudiante de secundaria no solo fueron golpeados y detenidos, sino que se les está judicializando y criminalizando por protestar, los cuatro tienen abiertos expedientes penales en investigación en el Ministerio Público.
Además de la agresión a las personas estudiantes y que se violentó la Autonomía Universitaria, la Fuerza Pública agredió al menos a dos periodistas, entre estos a Javier Córdoba Morales, Periodista del Semanario Universidad.
El abogado Mario Alb. Zamora Cruz, quien en ocasiones anteriores ha colaborado con nuestro colectivo esa noche interpuso un Recurso de Hábeas Corpus a favor de los estudiantes: Steven Castillo Hernández, Carlos Garro Nuñez, Estibalis Ríos Madriz y Emanuel Miranda Alexandropulos y del periodista: Javier Córdoba, Periodista, bajo el expediente de la Sala Constitucional: 18-014448-0007-CO.
La Sala Constitucional se ha tomado el tiempo para analizar este expediente, en este tiempo ha solicitado Informe a la Presidencia de la República y al Ministerio de Seguridad, Informe al periodista Javier Córdoba y copia de los videos de las cámaras de la Municipalidad de Montes de Oca.
El 15 de setiembre de 2018 fue recibido en la Sala Constitucional la Contestación al Recurso de Hábeas Corpus por parte de Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia y de Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad Pública.
El periodista Javier Córdoba presentó el 17 de octubre de 2018, en tiempo, su informe refiriéndose a los hechos del 12 de setiembre de 2018.
La Sala Constitucional ahora, como parte del análisis del expediente citado, está convocando al periodista Javier Córdoba Morales, en su condición de periodista del Seminario Universidad, junto con el abogado que presentó el Recurso de Hábeas Corpus, a una vista oral y pública que se realizará a las 9 horas del día 6 de diciembre del 2018, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia en Barrio González Lahmann, San José; con el fin de que expongan de forma oral sus argumentos dentro del presente asunto.
El periodista tendrá 15 minutos para referirse a los hechos frente a los Magistrados de la Sala Constitucional, de la misma manera, el Ministerio de la Presidencia tendrá 15 minutos para referirse a los hechos, 5 minutos cada parte de Réplica y luego los Magistrados harán las preguntas que consideren pertinentes.
Ante esto, convocamos a los medios de comunicación a cubrir esta audiencia por la importancia que tiene con relación a la Libertad de Prensa y de manera más amplia la Libertad de Expresión en Costa Rica.
Vista Oral y Pública
Fecha: Jueves 06 de diciembre de 2018.
Hora: 9 am.
Lugar: Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.
Barrio González Lahmann, San José
San José, Costa Rica, 04 de diciembre de 2018.
Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Imagen tomada de la nota: UCR Fuerza publica ingresa al campus universitario y agrede a estudiantes dentro del mismo
Enviado por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
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El pasado lunes 26 de noviembre se realizó una Velada para apoyar la lucha contra el combo fiscal en el Parque de San Ramón.
Se contó con la participación de los músicos: Jonatan Zamora, Jorge Armando Arroyo, Rolbin Montero y Óscar Espinoza.
Enviado por Óscar Espinoza.
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Este lunes 19 de noviembre a las 4 p.m. se llevará a cabo en el Auditorio del APSE el ciclo de foros: “Pensando sobre la huelga contra el Combo Fiscal. Retos y aprendizajes”, con la participación de los siguientes panelistas: Manuel Hernández, Eugenia Román y Ariane Grau.
Enviado por Manuel Hernández Venegas.
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Estimado señor Diputado Villalta:
Reciba nuestros atentos saludos.
Nos interesaría mucho si usted nos puede compartir esas consultas con sus respuestas.
El Diputado del RN don Eduardo Cruickshank se ha referido muchas veces a que no se menciona la información de cómo está el asunto de la deuda externa y compartimos definitivamente su preocupación.
Específicamente solicitamos información, en caso de que usted la tenga, sino solicitaríamos que usted, el Lic. Eduardo Cruickshank de RN y el Dr. Walter Muñoz del PIN nos puedan ayudar a solicitarla al Ministerio de Hacienda, por favor:
No es posible que las y los costarricenses que todavía no han nacido, nazcan con una deuda encima de sus frágiles hombros, es una grave irresponsabilidad de parte de todas las administraciones y la Asamblea Legislativa, que han dado el visto bueno a préstamos, que como usted sabe, muchos de ellos son para obras de infraestructura para el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá (con sus redes de transporte: carreteras, aeropuertos, puertos, red eléctrica, red telecomunicaciones, gaseoducto…todo para el libre comercio que no tiene ni le interesa el rostro humano y que en la administración pasada, la gran mayoría de las y los diputados de todas las fracciones, votaron a favor.
Se cuestionan los préstamos del BID, Banco Mundial, etc., para las Universidades estatales, pues ya tienen que obedecer a las necesidades profesionales de los de las transnacionales y sus mercados, eso es inaudito, es inaceptable que seamos parte de semejante horror y seamos tan serviles…siervos-as menguados.
Y…¿qué pasa con las necesidades socio-económicas-ecológicas de Costa Rica?, en unos pocos años vamos a ver los resultados de estas malas decisiones, más pobreza, más depredación al ambiente, nuestros frágiles ecosistemas en peligro, más amenazas a las Áreas Silvestres Protegidas, en especial los Parques Nacionales y el saqueo de parte de las transnacionales y nacionales sin escrúpulos.
Que por cierto ya lograron, el Banco Mundial y su agencia GWP, en una ley que pasó esta administración, el irónicamente el Día del Ambiente, 5 de junio, con el aval de muchos diputados y diputadas, asegurarse el agua para de aquí a unos 50 años o más…, ¿cómo? engañando con el término: agua para consumo humano y así felizmente ya la Coca Cola y todas las que venden agua embotellada para consumo humano tienen la puerta abierta para el saqueo del agua en los Territorio Indígenas ( nunca les consultaron, violentando el Convenio 169…), de los Parques Nacionales, de las Areas Silvestres Protegidas, etc.
En fin, esperamos que nos pueda responder a esta solicitud y sino que los Diputados Dr. Muñoz y Lic. Cruickshank nos ayuden a conseguir la información solicitada, por favor.
Quedamos atentamente,
Ma. Elena Fournier S.
Presidenta
Asociación Conservacionista YISKI
(Fundada en 1990)
*Imagen ilustrativa tomada de www.libertadyprogresonline.org
Enviado por María Elena Fournier.
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“(…) por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres” (Cervantes)
De las tantas sentencias de los juzgados de trabajo, que en seguidilla han declarado ilegales las huelgas de los servidores públicos, contra el proyecto de ley de reforma fiscal, muchas podrían pasar por su contenido común inadvertidas, salvo una, que por su extraordinaria gravedad no puede ser susceptible de esa indiferencia.
Un Juez de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, rubricó la ilegalidad de la huelga de las personas trabajadoras del MEP, no porque no se hayan cumplido los requisitos que exige el Código de Trabajo, sino porque en criterio del justiciero, los servidores incurrieron en actos “(…) que deben necesariamente entenderse como violatorios de la naturaleza pacífica” que debe tener el movimiento; es decir, en actos de violencia y coacción desautorizados por la Constitución Política.
Pero estas apreciaciones subjetivas del juzgador no llegaron hasta aquí, de toda manera, absolutamente ausentes de fundamento probatorio, lanzadas gratuitamente contra las reglas de la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano, a contrapelo del artículo 481 del Código de Trabajo.
Como si lo anterior no fuera poco, además, el veredicto afirmó que las acciones de los trabajadores vulneraron “las mismas bases constitucionales” del sistema costarricense (así como lo estoy escribiendo, por aquello de alguna incredulidad).
Entonces, no fue por cualquier cosa que se declaró ilegal esta huelga, por cierto la única que se mantiene firme contra aquel proyecto legislativo. No fue por el incumplimiento de algún requisito ordinario de la legislación laboral, que ya de por sí la Reforma Procesal Laboral se encargó de endurecer, sino por una razón de grueso calibre, inconcebible a estas alturas, cuando ya nuestro sistema republicano se apresta a cumplir 7 décadas, fundado en la supremacía de los Derechos Humanos.
La sentencia del juzgador, sin más, criminalizó la protesta social, censurando la libertad de expresión, reunión y manifestación pública de las personas trabajadoras, que no son menos ciudadanos, libertades inescindibles del derecho de huelga. La huelga es libertad de presión y expresión.
El fallo condena las movilizaciones y manifestaciones de los trabajadores en las vías públicas, en el imaginario del juez contrarias a la sobredimensionada libertad de tránsito, seducido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina -así como lo leen-, un país cuya tradición democrática deja mucho que desear, donde el ejército ha puesto y quitado los jueces.
La sentencia preterió aplicar la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro país, vinculante, que resuelve que la libertad de expresión confluye en la libertad de reunión y manifestación pública –la dimensión colectiva de la libertad de expresión-, que “(…) al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”. (Entre otras, Res. 2012-017027)
Además, la jurisprudencia constitucional define que no se lesiona la libertad de tránsito “(…) cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas”. (id)
Decir, como lo predica la sentencia, que las movilizaciones de los trabajadores violentaron la libertad de tránsito, implicaría sostener, por paridad de razón, que la Romería a Cartago, la Caminata de la Lucha contra el cáncer y otras tantas actividades que se realizan en los espacios públicos, son eventos que no tienen carácter pacífico, porque, en definitiva, implican una limitación de la libertad de tránsito.
Sólo que a nadie, eso sí, se le ocurriría afirmar que estas actividades vulneran las bases constitucionales del sistema democrático, que fue la premisa ideológica de la que partió el juez para reprochar la ilegalidad de la huelga, revelando una fuerte animosidad contra los derechos de libertad, participación política y ciudadana de las personas trabajadoras.
La sentencia está recurrida y le corresponderá al Tribunal de Apelaciones revisar este pronunciamiento judicial.
No hay duda que la sentencia será examinada rigurosamente, por jueces con sensibilidad democrática y el serio agravio, por un lado, contra las libertades fundamentales y por otro lado, contra las maestras y profesores, prácticamente tratados como sujetos sediciosos, será reparado.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por el autor.
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