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Etiqueta: compras públicas

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la economía campesina: la decisión todavía no está tomada

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Carlos Alberto Hernández Porras
Cokomal / Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS)

La pregunta no es cuántos mercados se abren, sino quién los va a poder aprovechar y quién va a pagar el costo.

Esa es la pregunta que hoy debemos hacernos frente a la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Las negociaciones técnicas concluyeron sustancialmente en mayo de 2026, pero el protocolo aún debe pasar por revisión legal, firma y aprobación de la Asamblea Legislativa. Es decir, el debate democrático no ha terminado. Y es ahí donde la ciudadanía y las organizaciones campesinas tenemos algo que decir.

Lo que está en juego

El discurso oficial habla de oportunidades de exportación. Pero la economía campesina no compite en igualdad de condiciones. Quien produce arroz, frijol o maíz en una finca familiar enfrenta a países con escalas industriales, subsidios y costos que nuestra agricultura de pequeña escala jamás podrá igualar. Lo mismo vale para la leche y los quesos artesanales ante las importaciones lácteas, para la carne de cerdo, para las hortalizas y frutas locales, y para la pesca artesanal frente a flotas industriales.

Se trata de soberanía alimentaria: el derecho de nuestro pueblo a decidir qué se produce, cómo y para quién. Un país que depende cada vez más de alimentos importados es un país más vulnerable ante crisis de precios, de transporte o de geopolítica. Con cada parcela que cierra se pierde también conocimiento, semilla criolla, cultura alimentaria y arraigo en el territorio.

Del “libre mercado” a la economía solidaria

Desde la economía social solidaria sostenemos que la economía debe estar al servicio de la vida y de las comunidades, no al revés. Por eso, además de exigir cautela, tenemos propuestas concretas para que cualquier apertura no se convierta en una sentencia contra el campo:

  • Desgravación gradual y larga para los productos más sensibles, con salvaguardas reales y mecanismos ágiles de activación.

  • Fondos de apoyo a la producción alimentaria accesibles para organizaciones de pequeña escala, no solo para grandes empresas, con acompañamiento técnico y financiero.

  • Compras públicas con enfoque local: comedores escolares, hospitales y otras instituciones deben priorizar a cooperativas y productores nacionales.

  • Circuitos cortos de comercialización: ferias del agricultor, mercados comunitarios, tiendas solidarias y plataformas digitales que acerquen a quien produce con quien consume, a precios justos para ambos.

  • Consulta real a los territorios: la presidenta ha dicho que consultará a los productores. Esa consulta debe ser vinculante en la práctica, amplia y con tiempo, no un trámite de última hora.

Una oportunidad para fortalecer lo propio

Si el CPTPP avanza, el país tendrá que demostrar que sabe acompañar la apertura con políticas internas que protejan a quienes alimentan a la nación. Tenemos que blindar los mercados locales, fortalecer la asociatividad y las redes de comercio justo, y reconocer que la agricultura campesina no es un sector que sobra, sino la base de nuestra seguridad alimentaria.

El CPTPP no puede ser una sentencia de desaparición para la economía campesina. Todavía estamos a tiempo de exigir que Costa Rica defienda sus territorios rurales, su cultura alimentaria y la dignidad de quienes producen en pequeña escala. Esa defensa es la condición para la justicia para las familias campesinas.

RENASES rechaza la adhesión al Tratado Transpacífico y pide evaluar primero los 18 acuerdos comerciales vigentes

Escrito en . Publicado en Alimentación.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) dio a conocer su posición ante la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado Transpacífico. En el documento, fechado en San José el 29 de setiembre de 2026, la organización rechaza la firma del protocolo de adhesión. Aclara que no lo hace por oposición al comercio, sino porque, a su juicio, dos décadas de política comercial muestran que “el problema de Costa Rica no es la falta de tratados, sino la incapacidad del Estado para convertirlos en producción, empleo y exportaciones nacionales”.

Lo que exige RENASES

La organización plantea seis exigencias:

  • Al Poder Ejecutivo, no firmar el protocolo de adhesión.

  • A las diputadas y los diputados, votar en contra de cualquier instrumento de adhesión que llegue a la Asamblea Legislativa.

  • Publicar de forma íntegra el protocolo, sus anexos, listas arancelarias, cuotas, plazos, reservas y cartas paralelas.

  • Declarar una moratoria de nuevas negociaciones comerciales hasta evaluar los acuerdos vigentes y contar con una política para aprovecharlos.

  • Encargar esa evaluación a instituciones independientes, como las universidades públicas, y someter sus resultados a discusión ciudadana.

  • Que las organizaciones sociales, productivas, sindicales, ambientalistas, cooperativistas y de consumidores se sumen a esta exigencia.

“Trece tratados para mover seis décimas de punto”

Según los datos que cita RENASES, entre 2007 y 2025 el país pasó de 5 a 18 acuerdos comerciales vigentes y de 12 a 54 países con acceso preferencial. Sin embargo, la proporción de exportaciones dirigidas a países con tratado apenas pasó del 92,9 % al 93,5 %. Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica siguen concentrando más del 80 % de las ventas externas.

La organización describe esta situación como una “apertura hacia adentro”: los tratados han servido más para que otros países vendan en Costa Rica que para que Costa Rica venda en el mundo. Como ejemplo, señala un déficit comercial de más de US$4.100 millones con China en 2025, quince años después del tratado, y un saldo negativo de US$1.562,7 millones con los seis miembros del CPTPP con los que el país ya tiene acuerdos. Agrega que las empresas chinas emplean a 290 personas en el país, frente a unas 6.000 de empresas japonesas y 2.500 de empresas indias, aunque con Japón e India no existe tratado.

Críticas a la negociación de COMEX

RENASES sostiene que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) mide su éxito por tratados firmados y no por resultados, y que negocia “de espaldas a los sectores productivos”. Señala que el protocolo, las listas y los plazos no se han publicado, y que lo que Costa Rica entregó se conoce por los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Entre los puntos que destaca:

  • Canadá: según su gobierno, Costa Rica abrirá 98 líneas agrícolas que antes protegía (carne de res, cerdo, hortalizas como cebolla, papa, tomate y zanahoria, y leguminosas), mientras Canadá no hizo concesiones adicionales en lácteos, aves ni huevos.

  • Nueva Zelanda: informa que el 94,9 % de las líneas arancelarias costarricenses quedarían libres de arancel desde la entrada en vigor, con calendarios de eliminación para carne bovina, mantequilla, leche en polvo y quesos entre 2029 y 2037.

  • Sector lechero: el propio estudio de COMEX reconoce caídas de 3,3 % en la producción láctea y de 3,7 % en el empleo lechero, en una cadena que, según la Cámara Nacional de Productores de Leche, sostiene unos 48.000 empleos directos e indirectos.

Más que aranceles

El pronunciamiento advierte que el CPTPP impone reglas que reducen las herramientas de desarrollo del país:

  • Compras públicas: se abren a proveedores extranjeros las de municipalidades, hospitales y universidades públicas.

  • Empresas públicas: banca, seguros, telecomunicaciones, energía y transporte quedan sujetas a disciplinas internacionales cuando compiten comercialmente. RENASES aclara que el tratado no obliga a privatizar.

  • Inversión extranjera: se prohíbe exigir a la inversión extranjera compras de insumos nacionales, contenido local o transferencia de tecnología.

  • Propiedad intelectual: el país asume compromisos en esta materia.

Añade que el bloque seguirá creciendo con reglas que no se renegocian. Uruguay, gran exportador de carne bovina, lácteos y arroz, negocia su ingreso, y Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia iniciaron conversaciones.

Una ganancia mínima

Según la simulación de COMEX citada por RENASES, al final de toda la desgravación, que en algunos productos se extiende hasta 2037, el PIB sería alrededor de 0,34 % mayor: unas tres centésimas de punto por año. En ese escenario, las exportaciones hacia el bloque crecerían en US$61,9 millones y las importaciones en US$252,4 millones. RENASES señala que el Gobierno no ha presentado ningún plan de transición ni de compensación para los sectores afectados. Sobre los precios, advierte que una rebaja en aduana no siempre llega a quienes consumen y que el país nunca ha medido cuánto de las rebajas de tratados anteriores llegó a los hogares.

De firmar a aprovechar

RENASES propone una nueva etapa de la política comercial, con cinco ejes:

  1. Una evaluación pública e independiente de los 18 acuerdos vigentes, con indicadores de resultado: uso de las preferencias arancelarias, nuevas empresas y productos exportadores, participación de las pymes y de las regiones fuera de la GAM, valor agregado nacional, saldo comercial por socio y efecto real sobre los precios.

  2. Reorientar los recursos de COMEX y PROCOMER de la negociación al acompañamiento de las empresas exportadoras.

  3. Un plan de aprovechamiento por mercado con los socios de resultados pobres, empezando por China.

  4. Un mecanismo de transición y compensación para los sectores y territorios expuestos, definido y financiado antes de cualquier nueva apertura.

  5. Definir los instrumentos de política productiva que el país necesita conservar para los próximos veinte o treinta años.

El documento lo firma José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, y cierra con esta frase: “Costa Rica no necesita más firmas, necesita resultados. Antes del tratado número diecinueve, que COMEX demuestre para qué han servido los dieciocho”.

El pronunciamiento completo, con sus fuentes, puede descargarse desde SURCOS: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES-PRONUNCIAMIENTO-TRANSPACIFICO.pdf

Territorios que alimentan: Propuesta para políticas públicas

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Carlos Hernández
Cokomal / Red Economía Solidaria / Redess

Cifras y demandas de la agricultura familiar en Costa Rica

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 (ENA 2022, INEC) registra aproximadamente 630.972 unidades agropecuarias en Costa Rica. Más del 70 % de esas fincas son de pequeña escala (menos de 20 ha) y constituyen la base de la producción destinada al consumo interno. Este documento sintetiza el diagnóstico territorial, identifica los principales retos y propone un conjunto de medidas organizadas por ejes para fortalecer la agricultura familiar, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y promover la resiliencia local.

Datos y fuentes

Cifra clave: ~630.972 unidades agropecuarias según ENA 2022 (INEC).

Caracterización: más del 70 % de las fincas son de pequeña escala (< 20 ha), según el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020–2030 y documentos sectoriales.

Destino de la producción: la agricultura familiar abastece la mayor parte de los alimentos básicos para el consumo nacional (frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas y raíces), mientras que la agroindustria se orienta mayoritariamente a cultivos de exportación.

Diagnóstico territorial

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación interna, pero enfrenta limitaciones estructurales que reducen su potencial:

• Fragmentación y dispersión: muchas unidades productivas operan de forma aislada, lo que debilita la negociación colectiva y el acceso a servicios.

• Acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica: las líneas existentes no siempre se adaptan a la escala familiar ni a los saberes locales.

• Mercados desiguales: la concentración de canales comerciales y la presión de cadenas de supermercados afectan ferias y mercados locales.

• Desafío generacional: el envejecimiento rural y la falta de incentivos para jóvenes ponen en riesgo la continuidad productiva.

• Pérdida de control sobre semillas y recursos: la entrada de tecnologías patentadas y modelos industriales amenaza la soberanía sobre insumos básicos.

Estas limitaciones se traducen en menores ingresos familiares, pérdida de biodiversidad y una dieta menos sana para la población.

Soberanía alimentaria y rol de la agricultura familiar

La soberanía alimentaria implica el derecho a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos, priorizando la producción local, la diversidad cultural y la sostenibilidad ecológica. En los territorios se expresa mediante prácticas agroecológicas, recuperación de semillas criollas, mercados solidarios y ferias que fortalecen la relación directa productor-consumidor. Defender la soberanía requiere reconocer el papel central de las mujeres en la alimentación familiar y garantizar su acceso a tierra, agua y semillas.

Propuestas por ejes

A continuación, se presentan propuestas organizadas por ejes, con responsables sugeridos y resultados esperados.

Organización y gobernanza territorial

• Medida: Fortalecer asociaciones, redes territoriales y mercados locales solidarios.

• Acciones: apoyo a gestión organizacional y administrativa; formación en negociación colectiva; creación de plataformas locales de comercialización.

• Responsables: municipalidades, organizaciones de productores, ONG y ministerios sectoriales.

• Resultado esperado: mayor poder de negociación, acceso a programas públicos y reducción de la dispersión productiva.

Financiamiento y asistencia técnica diferenciada

• Medida: Diseñar líneas de crédito y servicios técnicos adaptados a la pequeña producción.

• Acciones: condiciones y plazos realistas; asistencia técnica basada en saberes locales; programas de extensión agroecológica.

• Responsables: bancos públicos, cooperativas de crédito, MAG y agencias de desarrollo.

• Resultado esperado: incremento de la inversión productiva familiar y mejora de la productividad sostenible.

Mercados y compras públicas

Medida: Incentivar compras públicas y fortalecer circuitos cortos.

• Acciones: priorizar compras locales en escuelas, hospitales y programas sociales; facilitar certificaciones y logística para proveedores familiares.

• Responsables: ministerios de educación y salud, municipalidades, comités de compras.

• Resultado esperado: demanda estable para productores locales y precios justos.

Marco normativo y reducción de barreras

Medida: Promover marcos normativos diferenciados para pequeña y gran producción.

• Acciones: simplificar trámites administrativos para productores familiares; reconocer regímenes especiales que protejan la producción destinada al consumo interno.

• Responsables: Asamblea Legislativa, MAG, instituciones regulatorias.

• Resultado esperado: menor carga administrativa y mayor inclusión en programas públicos.

Juventud y relevo generacional

Medida: Incentivar la permanencia y el retorno de jóvenes al campo.

• Acciones: programas de acceso a tierra, formación técnica, incubadoras rurales y apoyo a emprendimientos agroecológicos.

• Responsables: ministerios de juventud, educación técnica, universidades y organizaciones locales.

• Resultado esperado: renovación generacional y dinamización de economías rurales.

Semillas, biodiversidad y soberanía

• Medida: Proteger semillas criollas y promover bancos comunitarios.

• Acciones: políticas públicas que regulen la entrada de tecnologías patentadas; apoyo a bancos de semillas y prácticas agroecológicas.

• Responsables: MAG, institutos de investigación, organizaciones campesinas.

• Resultado esperado: conservación de agrobiodiversidad y autonomía en insumos.

Educación y sensibilización ciudadana

• Medida: Promover consumo de productos nacionales y sostenibles.

• Acciones: campañas informativas, ferias educativas y programas de alimentación escolar con enfoque local.

• Responsables: ministerios de educación y salud, organizaciones civiles.

• Resultado esperado: mayor demanda de productos locales y fortalecimiento del mercado interno.

Llamado a la acción

Las políticas públicas deben priorizar a la agricultura familiar para garantizar alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y sostenibles. A continuación, tres medidas prioritarias inmediatas:

1. Implementar compras públicas locales: establecer cuotas y procedimientos que faciliten la participación de productores familiares en los programas de alimentación escolar y hospitalaria.

2. Lanzar líneas de crédito adaptadas: crear instrumentos financieros con plazos y requisitos acordes a la pequeña producción, acompañados de asistencia técnica.

3. Fortalecer redes territoriales: financiar procesos de organización local y creación de mercados solidarios para mejorar la comercialización y el acceso a servicios.

Pasos inmediatos sugeridos: conformar mesas territoriales con productores, autoridades municipales y representantes del MAG; diseñar un piloto de compras públicas en una región; y abrir una convocatoria para líneas de crédito piloto dirigidas a asociaciones de pequeños productores.

Apoyar a la agricultura familiar es invertir en salud pública, empleo rural digno, conservación de recursos y resiliencia frente a crisis. La acción coordinada entre comunidades, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales es imprescindible. Si actuamos ahora desde los territorios, garantizamos que las próximas generaciones tengan acceso a alimentos sanos y a una vida digna en el campo.