Academia, sectores sociales y productivos integran el Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel para encontrar soluciones a favor de la justicia social y el impulso de la competitividad de Costa Rica ante los retos que enfrenta el país actualmente.
El 5 de marzo se instalará oficialmente el Foro con perspectiva inclusiva, que tiene como objetivo llevar la visión social y económica a los tres Poderes de la República para el desarrollo de estrategias en política pública.
Ante las oportunidades que presenta la post pandemia y situación actual del país, diversas organizaciones sociales y productivas de todo el país se unen en un llamado al Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Invitamos a todos los sectores sociales, productivos y políticos del país, incluyendo los Poderes de la República, a sumarse a este llamado en la construcción de acuerdos nacionales de corto, mediano y largo plazo, para generar soluciones precisas e innovadoras a problemas complejos que enfrenta el país desde una perspectiva de justicia social.
Históricamente Costa Rica ha encontrado soluciones a sus principales problemas por medio del intercambio y discusión de ideas.
La cita es el martes 5 de marzo, a partir de las 9:00 am, en el Auditorio CIMAR, Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.
La riqueza cultural del Territorio Norte-Norte, conformado por los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, representa un enorme potencial de crecimiento para esa zona, que además de sus atractivos turísticos es una de las grandes productoras de cacao, raíces y tubérculos del país. Fotomontaje Eduardo Muñoz, UCR.
Un proyecto de Acción Social del CONARE creó alianzas con productores agrícolas y agroturísticos
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
El Territorio Norte-Norte costarricense es una de las zonas del país con enormes potenciales para el crecimiento económico, social y productivo, pero que requiere el acompañamiento técnico para que el talento humano adquiera las habilidades y conocimientos que complementen los saberes que han aprendido a lo largo de generaciones.
Con ese fin en la mira, el proyecto de Acción Social denominado “Innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos, vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, Guatuso y Los Chiles”, que tuvo su origen en una solicitud del Consejo Territorial de Desarrollo Norte-Norte (CTDNN) al CONARE a finales del año 2020, ya rinde sus frutos.
Tras la aprobación de dicha iniciativa, el CONARE realizó reuniones con representantes comunitarios y grupos de personas productoras de la región para diseñar una propuesta de intervención de intercambio de saberes y experiencias entre las universidades y dichas comunidades.
Y como una manera de compartir los avances en el proyecto, el pasado 29 de noviembre se reunieron delegaciones en el Campus Tecnológico, en el cantón de San Carlos, donde se expusieron diversos temas relacionados a las iniciativas que se han impulsado desde el inicio del proyecto.
Personas que se dedican a la producción de cacao, raíces, tubérculos y emprendimientos turísticos compartieron, se reencontraron y siguieron definiendo una ruta para el mejoramiento de su región, con el objetivo último de ofrecer más y mejores posibilidades de organización comunitaria, empleo y comercio justo de la producción de esa rica zona.
MANO A MANO
Desde la aprobación por parte del CONARE a la solicitud del CTDNN, las universidades públicas realizaron jornadas de trabajo para sistematizar una propuesta de intervención a partir de proyectos en ejecución en la zona, y finalmente se agruparon en nueve temáticas, a saber: emprendimiento, turismo, cultura, educación, gestión ambiental, migración, modernización del aparato municipal, infraestructura, capacitación y asistencia técnica a productores, y gestión del riesgo de desastres.
Las cinco universidades públicas: la de Costa Rica (UCR), la Nacional (UNA), la Técnica Nacional (UTN), la Estatal a Distancia (UNED) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) articularon un plan de trabajo para diseñar protocolos y planes estratégicos a partir de procesos de cocreación, innovación y transferencia tecnológica para la implementación de los sectores productivos y turísticos.
En este proceso las universidades, además de aportar los saberes de docentes e investigadores, contaron con el apoyo de estudiantes comprometidos con la Acción Social. Con el trabajo del estudiantado se realizaron los mapeos de actividades grupos de productores, talleres y capacitaciones y brindaron apoyo en la evaluación de los procesos realizados.
RESULTADOS COMPARTIDOS
Entre los logros se destacan la construcción de redes entre cantones, mismas que han favorecido las relaciones entre personas productoras y emprendedoras, que se constituyen en un factor para futuras colaboraciones comerciales y oportunidades de crecimiento para las comunidades involucradas.
Además, mediante el intercambio de experiencias se han fortalecido los canales de distribución y comercialización, gracias al conocimiento adquirido en las capacitaciones y las discusiones entre las organizaciones sobre las mejoras formas de colocar lo producido y promocionar los atractivos del Territorio Norte-Norte.
Para Rebeca Marchena Quirós, representante de la comunidad indígena Maleku y una de las líderes de la plataforma del cacao, este proceso “ha sido todo un reto, ha implicado días de sacrificio para trabajar juntos, nos hemos hecho una comunidad y tenemos grupos que nos pasamos información indiferentemente de la comunidad. Esa iniciativa de conformar una plataforma fue eficaz para nosotros porque a veces tenemos escasez de cacao, y ahora puedo contactar a compañeros de Upala y decirles ‘no tengo cacao, necesito semilla para poder abastecer a un cliente’”.
“Yo soy una mujer cacaotera, de 25 años, y hace tres años no sabía nada sobre el cacao y poder unirme con todas estas personas que tienen muchos conocimientos ha sido de mucho enriquecimiento no solo a nivel personal, sino de trabajo. He tenido ‘toures’ de cacao, y no sabía las variedades, pero ahora nos ayudamos y no estamos en esa rivalidad que teníamos antes de este proyecto de CONARE; ahora Upala, Guatuso y Los Chiles estamos en una sola plataforma”, agregó Marchena.
Por su parte, Marta Alvarado, vecina de Upala e integrante de la Asociación de Productoras y Productores de Tubérculos y Raíces, recalcó que “ser productora, madre, jefe de familia y estudiante es bien difícil, hay que hacer estrategias para sacar todas estas tareas”. Además, afirmó, que “todo esto ha sido de gran aprovechamiento porque hemos aprendido cómo manejar los suelos y sacar provecho de los recursos naturales. Nos capacitamos en muchas áreas, y nos integramos porque a veces no estamos acostumbrados a compartir con otra gente, antes de esto estábamos carentes de conocimiento lo cual es como una herramienta sin filo que no puede funcionar; pero ahora somos como una herramienta con filo que ya puede utilizarse”.
Coincidiendo con Alvarado, el productor Vicente Rojas Ortiz comentó que aunque tenían conocimientos básicos para la producción de tubérculos, gracias al apoyo brindado por las universidades públicas lograron “comprender que los análisis de los suelos nos ayudan a ahorrar en fertilizantes, que podemos producir insumos naturales y planificar nuestras cosechas para tener una mejor comercialización. Como grupo organizado nos beneficiamos porque nos conversamos entre nosotros y buscamos la manera en que podemos innovar, dándole valores agregados a nuestros productos, y con el acceso de las semillas mejoradas que nos han dado las universidades tenemos menores riesgos en las cosechas y así volver a cosechar otras cosas que no hemos cultivado antes por las enfermedades y plagas”.
CON MIRAS AL FUTURO
Fernando Sandí Castro, expresidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Los Chiles (CATUCHI), indicó que uno de los aspectos destacados de este trabajo entre universidades y comunidades fue “la formalización del destino turístico, de las microempresas que están naciendo y otras que ya están pero les faltaba alguna cosa, pero ya se habla de pensar en más grande y tener las pólizas de seguros y todos los permisos al día, así como mejorar la seguridad para visitantes. Lo que estamos buscando es calidad de primera porque en turismo no hay segunda oportunidad y estamos agradeciendo a las universidades públicas que nos han ayudado y esperamos que este 2024 y 2025 sigan pensando en la importancia de este acompañamiento que ustedes dan a la zona”.
Durante su participación Campus Tecnológico, en el cantón de San Carlos, el pasado 29 de noviembre, y con la llegada del CONARE se empezó a discutir sobre las necesidades y aspiraciones para impulsar los emprendimientos turísticos y darles un nuevo rumbo. “El Territorio Norte-Norte está lleno de atractivos históricos, naturales, gastronómicos, de ríos, montañas, volcanes. Estamos buscando su visibilización para lo que se hace necesario la formación del recurso humano y que las personas se vayan con ganas de regresar; y en esto las universidades han sido un aliado importantísimo en este trabajo”.
El proyecto “Innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos, vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, Guatuso y Los Chiles”, además de vincular a asociaciones de personas productoras y turísticas contó con el acompañamiento de aliados estratégicos como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Costarricense de Turismo; así como cámaras locales de Turismo Local, de Exportadores de Raíces y Tubérculos, y diversas organizaciones no gubernamentales que aportaron su experiencia.
Una parte de las y los funcionarios que trabajan en el CIEDES UCR participaron en la ceremonia de entrega del premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida. Foto cortesía VAS UCR.
Se trata del premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2023, que organiza la Defensoría de los Habitantes en conjunto con el Conare
El Centro de Investigación en Estudios para el Desarrollo Sostenible (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue galardonado con el prestigioso premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, en su edición 2023.
Este reconocimiento se otorga a personas, proyectos y organizaciones que realizan contribuciones significativas al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de actividades económicas, sociales, ambientales y productivas.
El Ciedes UCR es un centro de investigación dedicado a promover el desarrollo sostenible. Su enfoque multidisciplinario aborda la interacción entre las sociedades y el medio ambiente, con el objetivo de identificar soluciones que satisfagan las necesidades actuales, sin comprometer a las futuras.
Su misión es ser líderes en la promoción de la cultura del desarrollo sostenible, tanto en el ámbito nacional como internacional, dando impulso al uso eficiente y sostenible de los recursos. Un ejemplo de este trabajo son los proyectos que llevan a cabo en Abangares, Guanacaste, para mejorar el acceso al recurso hídrico para las comunidades locales.
El galardón que recibió el CIEDES UCR significa un reconocimiento a su labor y un impulso a sus esfuerzos por promover los principios del desarrollo sostenible en el país. Foto cortesía VAS UCR.
Todas y todos sus funcionarios trabajan para armonizar el desarrollo social, económico e industrial con los sistemas naturales, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
Por su parte, este reconocimiento tiene como meta destacar los aportes positivos realizados por distintos sectores de la sociedad, promoviendo valores como la solidaridad contributiva, la seguridad social, la protección, la conservación y el uso sostenible de los recursos, así como la integración del concepto de equidad de género en los programas y proyectos presentados.
Este galardón fue creado en 1992 y posteriormente pasó a ser organizado por la Defensoría de los Habitantes, en conjunto con las universidades estatales y el Consejo Nacional de Rectores (Conare); de esta manera, se reconoce el compromiso del Ciedes UCR con el bienestar de la sociedad costarricense.
Dicha premiación se dio en la categoría Organización de la Sociedad Civil, en donde el Ciedes UCR ha destacado por su continuo esfuerzo en la promoción del desarrollo sostenible, como un modelo que contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.
La ceremonia de premiación se realizó en la sede de la Universidad Técnica Nacional (UTN), que se ubica en Alajuela, el pasado mes de octubre.
Alejandro Vílchez Asistente de comunicación en el Ciedes UCR
CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora
25 de octubre del 2023. Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.
Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.
Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.
Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.
De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.
Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.
Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.
Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la protección de las conquistas del Estado Social de Derecho
Proponen establecer un diálogo entre los tres poderes de la República y la sociedad civil para encontrar soluciones concretar y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.
Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y firmantes, se dirigieron a Casa Presidencial con una profunda preocupación por la creciente destrucción de los fundamentos del Estado Social de Derecho en nuestro país, y por las consecuencias que esto trae en la supervivencia de distintos sectores de la sociedad costarricense.
El compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Política de Costa Rica busca el mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo el sector productivo nacional y promoviendo una equitativa distribución de la riqueza.
Además, el movimiento aboga por garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el reconocimiento de los derechos humanos, como parte esencial para la convivencia democrática y el progreso de la nación.
El incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y sociales de este Gobierno se centra en 12 áreas críticas entre las que se destacan:
Protección de la democracia y las autonomías
Respeto de los derechos
Reforzamiento de la educación pública.
Mejoras en los sistemas de la salud pública y la seguridad
Soberanía y seguridad
Creación de empleo y
Justicia económica y
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Facilidad de acceso a la
Reducción de la pobreza y pobreza
Preservación del medio ambiente y la promoción de energías
Fortalecimiento de la cultura y el
Más y mejores oportunidades de
Por todo lo anterior, los sectores que representan este movimiento hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República y a todos los actores políticos para establecer un diálogo social de alto nivel, que involucre a la sociedad civil organizada y a los tres Poderes de la República, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país.
Esto garantizaría el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo, el cual ha sido desatendido hasta el momento.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo entiende que la solución integral de los problemas del país requiere la participación y el compromiso de todas y todos, incluidos los poderes de la República, sin olvidar que, el artículo 9 de la Constitución Política reconoce que el gobierno también lo ejerce el pueblo.
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
10 de octubre del 2023. Costa Rica atraviesa por una situación crítica con respecto a la atención de salud, cada vez las listas de espera se agravan y se amplían, poniendo en riesgo la vida de miles de personas, que aguardan la atención y acceso a los servicios de salud en los diferentes niveles.
Las listas de espera en el Sistema de Salud Público costarricense son producto de una prolongada crisis que aún no se ha podido resolver.
Actualmente, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), suministrados por el Área de Estadística en Salud (AES) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 1.063.366 personas se encuentran en lista de espera para una cirugía, procedimiento, o atención con un especialista.
Vivimos un gran reto en el Sector Salud que se debe atender y responder con prontitud por parte de las autoridades gubernamentales para recuperar la calidad, la oportunidad, la equidad y la viabilidad de los servicios médicos.
Esta situación obliga al análisis y acciones innovadoras capaces de proponer un cambio de modelo o las reformas a nivel administrativo, humano, educativo y de planificación, que permitan asegurar el futuro acceso de todas las personas al sistema de salud, con una aplicación rápida y efectiva de los procedimientos médicos.
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se une al planteamiento y recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina y exhorta a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social a brindar una respuesta definitiva que contribuya a garantizar el derecho a la salud de la población y atender las listas de espera con prontitud.
Cumpliendo con el mandato de velar por el bienestar social de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y por la salud de la población que es un bien de interés público tutelado por el Estado, y una función esencial del mismo velar por la salud de la población, como lo establece la Ley General de Salud Pública que nos ampara.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.
25 de julio del 2023. Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.
Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.
Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.
En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.
Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.
Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.
Los Rectores y Rectora de las cinco universidades estatales sostienen un duro pulso con el actual gobierno tratando de lograr acuerdos en torno al 1% que se les adeuda del presupuesto 2023, así como para definir el presupuesto (Fees) 2024. Presupuestos definidos y ordenados por la Constitución Política de nuestro país (Foto cortesía Tecnológico de Costa Rica).
Consejo Nacional de Rectores
Desde el 2015 compromisos, metas e indicadores se incorporan en los convenios y acuerdos de financiamiento del FEES
El Consejo Nacional de Rectores, Conare, con el fin de promover una sana discusión sobre el compromiso de las universidades estatales con el desarrollo del país, la transparencia y la rendición de cuentas, se refiere y aclara lo expresado en el comunicado del Mideplan, titulado “Gobierno compromete a Universidades Públicas a cumplir Metas pactadas en conjunto y a reportar anualmente el estado de su cumplimiento”.
El Conare aclara que en cada acuerdo negociado del presupuesto para las universidades públicas, “las universidades y el Gobierno de turno, asumieron de forma responsable y respaldados por indicadores, compromisos más allá de los establecidos en los planes quinquenales de las universidades públicas”.
Según se lee en el comunicado público hecho por CONARE este 21 de julio: “Esto queda demostrado con solo leer los últimos convenios y acuerdos del Fondo Especial de la Educación Superior (Fees) razón por la cual no es de recibo que el MIDEPLAN asevere que es un logro de este Gobierno,cuando queda evidenciado que este ha sido desde siempre el proceder serio, responsable y pertinente de las Universidades en su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción participativa de soluciones a las necesidades nacionales y locales”.
También enfatiza dicho comunicado que las universidades públicas se rigen por el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) en cumplimiento con lo establecido por el Artículo 85 de la Constitución Política. Por tanto, aclara Conare, los 9 puntos a los cuales se refiere el comunicado de Mideplan están incorporados con metas al año 2025, en los indicadores, tanto sustantivos como estratégicos, del PLANES 2021-2025.
En su comunicado público, Conare sostiene que “no es cierta ni es aceptable la afirmación de que las “Las universidades públicas no están acostumbradas a fijar metas en conjunto…” nada más apartado de la verdad y la realidad de los hechos. Las universidades públicas asumen un compromiso con el país a partir de un plan quinquenal como lo pide la Constitución Política”. Los últimos Convenios y Acuerdos de financiamiento del Fees demuestran que desde el 2015 se incorpora un capítulo de fortalecimiento de la gestión universitaria con un artículo especifico de compromisos, metas e indicadores.
El comunicado de Conare señala que los últimos convenios del Fees incluyen cláusulas específicas para fomentar la cooperación entre las universidades y las instancias del Ejecutivo, necesarias para el fortalecimiento del sistema educativo costarricense en sus diferentes niveles, denominada en dichos convenios como “Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades”.
Esta cooperación entre las universidades públicas y las instancias del Ejecutivo, no contó con el interés del actual Gobierno para construir esa Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades en el Acuerdo de Financiamiento del Fees 2023
CONARE manifiesta que el actual Gobierno “intenta invisibilizar la acción universitaria y su preocupación por atender como sistema, de forma coordinada e integrada, los grandes problemas que aquejan a la sociedad costarricense”.
