El próximo miércoles 01 de septiembre a las 6:00 p.m. el Consejo Nacional de Rectores y su Programa Estado de la Nación presentarán el Octavo Informe del Estado de la Educación. Este será transmitido por Canal 13 y en las redes sociales del Estado de la Nación.
Comunicado de prensa:
La Sala Constitucional declaró 35 inconstitucionalidades de fondo en la Ley Marco de Empleo Público, la noche de este sábado 31 de julio. La Sala sesionó por 6 días a doble jornada y realizó una sesión extraordinaria con el fin de resolver las consultas, pues el plazo para pronunciarse expira el 02 de agosto.
Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mostró con beneplácito la declaratoria de la Sala IV “porque reconoce una vez más la importancia del respeto a la Constitución Política y al Estado Democrático y Social de Derecho.
El rector recalcó que este es el resultado de una lucha que se ha librado en distintas instancias en unión con diferentes sectores, en defensa de la autonomía universitaria y en el marco del Estado Social de Derecho.
La Ley Marco de Empleo Público fue aprobada en primer debate por el Congreso el pasado 17 de junio. Ahora los diputados deberán resolver los señalamientos de la Sala Constitucional para que dicho proyecto pueda ser aprobado en segundo debate.
Para mayor información se puede contactar con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).
Compartido con SURCOS por UNA Comunicación.
El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron este martes 27 de julio el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2022.
De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años precedentes, en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje del monto, en esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional.
A partir de lo anterior, el monto del presupuesto total para el 2022 es de ¢522.822,67 millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a un monto de ¢36.376,52 millones, con un aumentó en ¢7.394,187 millones, respecto al acordado para el 2021. Se acordó, además, establecer una mesa de negociación con el fin de analizar y definir un proyecto de inversión que permita recuperar los montos postergados en años anteriores.
Con este presupuesto las universidades públicas tendrán que enfrentar de manera prioritaria la necesidad de fortalecer la vida estudiantil a través de inversión en becas estudiantiles, conectividad, salud mental y las implicaciones del regreso seguro a la presencialidad.
Ambas partes reconocieron la importancia de atender las afectaciones generadas por las tormentas tropicales que han afectado varias zonas del país, para lo cual acordaron destinar un monto adicional de ¢3.145 millones para que el Ministerio de Educación Pública pueda hacer frente a esta situación.
En este espacio de diálogo y negociación, se reconocieron las medidas internas que han aplicado las instituciones de educación superior universitaria estatal de contención sin precedentes en sus gastos operativos y remuneraciones, así como el éxito alcanzado por las 5 universidades públicas en la continuidad exitosa del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En este contexto incluso se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situaciones que provocaron la necesidad de reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que asciende a un monto de 55 mil millones de colones, especialmente en zonas fuera del gran área metropolitana. De igual forma, se valoraron de manera muy positiva los aportes, en múltiples ámbitos, de las universidades públicas en la atención de la pandemia, especialmente el apoyo técnico científico de alto nivel.
Como parte de la negociación se acordó para el nuevo período una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades públicas, que integra varias líneas de acción, entre ellas:
Fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto,
Atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.
Innovación científica y tecnológica, entre otras.
Todas, tareas que serán asumidas desde el quehacer sustantivo desarrollado por la extensión y acción social, la docencia y la investigación científica y cultural.
Para la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyarla, como una inversión social necesaria para el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país.
Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González Alvarado el acuerdo tomado “es un reconocimiento a la educación como uno de los sectores prioritarios y que constituye una inversión estratégica y en especial en esta coyuntura, donde la educación es fundamental en el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense en sus localidades y regiones”.
El representante estudiantil César Andrés Alvarado Arguedas, se mostró satisfecho con el acuerdo “para el movimiento estudiantil es importante continuar fortaleciendo los programas de becas estudiantiles, así como los programas de regionalización universitaria para ampliar el acceso y la diversificación de la educación superior en las diversas regiones del país, de forma que se avance hacia una distribución más equitativa de las oportunidades educativas en el territorio nacional”.
El acuerdo se suscribió en la Comisión de Enlace por: Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República y Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez Badilla, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, Rector de la Universidad Técnica Nacional y César Andrés Alvarado Arguedas, representante estudiantil.
CONARE
Consejo Nacional de Rectores
*Imagen: La bandera patria y de la Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.
Eduardo Muñoz Sequeira. Periodista, Vicerrectoría de Acción Social UCR
Cuando de la construcción de viviendas se trata, mucho ha evolucionado a lo largo de la historia humana. El uso de determinados materiales, la distribución espacial y criterios de hasta en qué sitios se debe construir, son aspectos fundamentales.
En ese sentido, un proyecto de Acción Social del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) impulsa la articulación de acciones desde las universidades públicas para lograr, de mano de las personas habitantes del territorio indígena de Cabagra, en la zona sur costarricense, un diseño armónico a su cultura y la calidad constructiva.
Aunque en muchos sitios predomina el uso del concreto, las comunidades originarias costarricenses han usado por siglos otros materiales. Por eso, desde el proyecto “Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales utilizados en la construcción de viviendas de interés social para la Territorio Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas” (EC-580), liderado por las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA) y Tecnológico (TEC), trabajan de la mano con la asociación de desarrollo de esa zona.
La iniciativa tiene entre sus objetivos el diagnóstico de la situación de las viviendas de esa comunidad y, a partir de una articulación entre universidades y habitantes, lograr un diseño acorde a los usos culturales.
El equipo investigador es coordinado por el Dr. Guillermo González Beltrán, de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, la Dra. Guiselle Mora Sierra, de la UNA y el magister Luis Diego Camacho Cornejo, del TEC
Avances del proyecto
El profesor González explicó que este proyecto tiene una vigencia de dos años, inició en periodo de pandemia sanitaria, el 01 julio 2020. Esto implicó visitas muy limitadas a los poblados de Cabagra. Dada esta situación, se utilizaron plataformas para reuniones virtuales para discutir sobre la construcción tradicional indígena en madera, y para realizar talleres y charlas de divulgación sobre temas relacionados al proyecto.
Otros productos logrados a la fecha han sido la publicación de artículos, la aplicación de metodologías participativas, preparación de encuestas y entrevistas para su validación, así como un trabajo final de graduación en el grado de licenciatura.
Con autorización del CONARE y de las respectivas universidades, se visitaron 50 familias que habitan en las comunidades de Capri, Huacas, Santa Teresita, San Rafael, San Juan, Pueblo Nuevo y Alto Las Brisas.
Se escogieron 25 viviendas de tipo prefabricadas de concreto y 25 de madera, “el objetivo fue evaluar por medio de las encuestas y formularios, la calidad de los materiales utilizados en las construcciones; y establecer la percepción de habitabilidad en los ámbitos social, de diseño y de la calidad de los materiales utilizados en su construcción”, explicó González.
Para el segundo semestre del año 2021 se elaborará el informe técnico con los resultados y se presentará a la Asociación de Desarrollo Integral y a las comunidades. Como propuesta final se propondrá un diseño de vivienda construida en madera, siguiendo los estándares técnicos constructivos, que se adapten al clima, el paisaje geográfico y las tradiciones de este territorio.
Entre las principales fallas estructurales detectadas están los cimientos muy superficiales, al punto que pueden verse a simple vista, lo que compromete la estabilidad de la construcción. También, pisos muy delgados que tienden a resquebrajarse y sin revestimiento de ningún tipo. Otros fueron el uso inadecuado de elementos constructivos, como columnas preconstruidas, considerando que cada uno tiene una función específica.
En el caso de las casas prefabricadas, los techos presentan fallas en las uniones y con poca resistencia o indebida distribución a los pesos. En lo cultural, en el diseño predeterminado de ese tipo de viviendas las baterías sanitarias, áreas de lavado o cocina están dentro del hogar, lo que no respeta el uso de las personas de los pueblos originarios a ubicarlos fuera del espacio interno.
La idea de esta consulta a la comunidad fue determinar “cuál debe ser la mejor opción de espacio arquitectónico y uso de materiales en cada uno de ellos. Además, incluirá un apartado donde se formarán nuevos maestros de obra a partir del nuevo modelo que la comunidad construya en conjunto con las universidades”, explicó el Dr. Guillermo González Beltrán, investigador de la UCR y docente en la Escuela de Ingeniería Civil.
Aprendizaje compartido
Para Frander Torres Estrada, vecino de la comunidad Capri, muchas viviendas se han deteriorado a lo largo del tiempo por falta de mantenimiento y porque, en el caso de las hechas con madera, no usaron el mejor material. Asimismo, el sistema eléctrico es otro de los puntos de atención prioritaria, ya que en muchos casos las instalaciones fueron hechas por las mismas personas propietarias, lo que con el tiempo ha venido generando fallas continuas.
Torres fue el encargado de hacer la base de datos de las 50 familias entrevistadas. Él reiteró que la idea es usar la estructura tradicional, con las maderas que siempre han usado. Aunque para algunas ahora existen restricciones legales, en la actualidad la mayoría del material proviene de aserraderos locales con maderas de uso permitido.
Torres es un joven estudiante de la carrera de Gestión del Turismo Sostenible, impartida en la Universidad Nacional, y asistente de investigación de la docente Guiselle Mora Sierra, de la UNA, que sueña con iniciar un emprendimiento productivo en su localidad.
Por su parte, para Esteban Sibaja Miranda, estudiante del quinto año de la carrera de Ingeniería Civil en la UCR y asistente de investigación, esta experiencia ha sido más que provechosa, aseguró.
Desde que se incorporó al proyecto en julio del 2020, desarrolló una investigación comparativa entre las tipologías constructivas en Costa Rica y las existentes en Cabagra. También, se encargó de diseñar un manual de verificación para casas prefabricadas y es el encargado de los informes técnicos, que luego son avalados por el docente González.
Para Sibaja, estar en este proyecto le ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos técnicos de la carrera. “El ingeniero civil es el profesional que está más enfocado con las personas, tiene que aprender a hablar con otras personas, y esto permite el desarrollo de uno como profesional. Además, la parte de la investigación interdisciplinaria, y hablar con gente de las universidades TEC y de la UNA le ayuda a uno a desarrollar habilidades”. Finalmente, Frander Torres concluyó que ahora “hay que ver qué pasará con este proyecto, pero alguna gente cree que las cosas no cambiarán. Tenemos que esperar a los talleres y la construcción de una casa modelo a ver qué dicen. Además, como algunas de estas universidades han estado involucradas en los conflictos territoriales, y las recuperaciones de tierras, eso causa mucha desconfianza entre algunas personas”, comentó.
Lo que viene tras este proceso, será seleccionar del grupo de 15 personas que se formarán como maestros de obras con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto incidirá en la calidad de las construcciones y generará una nueva fuente de empleo. “En el segundo semestre de 2021 se definirá, desde la cosmovisión indígena, el diseño arquitectónico y estructural de una vivienda idónea según su cultura, materiales y presupuestos y se realizará en cuatro talleres participativos en diferentes comunidades de Cabagra”, concluyó el profesor González.
Más información en el enlace: http://ucr.cr/r/h16R
Imagen de cabecera de Jean Carlo Cascante Vargas-TEC, tomada de la nota original.
El martes 6 de julio se realizó, de manera virtual, una reunión de la Comisión de Enlace entre el Gobierno de la República y las Universidades públicas del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para dar revisión a los temas pendientes del acuerdo del Fondo de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES 2021) y abrir la negociación del presupuesto de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES 2022).
La reunión transcurrió en un ambiente de respeto y comprensión de la situación de crisis sanitaria y económica que enfrenta el país y de reconocimiento a la importancia de la educación superior para un desarrollo nacional con mayor equidad y justicia social.
Los objetivos que orientaron la sesión fueron:
Respecto a la negociación del FEES 2022, se compartieron como bases para la negociación los siguientes principios:
Las universidades públicas enfatizaron en la importancia de contar con un presupuesto 2022 que permita la continuidad educativa y recursos para fortalecer los siguientes ámbitos:
La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se unirá a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.
Consejo Nacional de Rectores
Imagen: Mural en edificio de Aulas de la Facultad de Artes 2019. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
“Reivindicamos a la educación como un bien público y social y un derecho humano fundamental que debe estar garantizado por el estado”, señaló la Declaratoria del XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria realizada en junio 2019 en la Universidad Nacional del Este, en Paraguay.
A partir de los postulados de esa declaración regional, y en medio de una crisis sanitaria que ha trastocado las economías de la región y acelerado las agendas políticas que inciden sobre el quehacer de la Educación Superior estatal, este año las universidades públicas costarricenses son las responsables de la organización de un nuevo encuentro que a la fecha ya suma la participación internacional de más 1000 personas, residentes en 16 países, y una tercera parte de ellas son estudiantes de diversas carreras.
Este año, el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria (Congreso ULEU 2021) tendrá como tema principal “La extensión universitaria latinoamericana frente a los desafíos del contexto regional”. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre el quehacer de la extensión y Acción Social de las universidades mediante el intercambio de saberes y experiencias de distintos actores de organizaciones civiles y la comunidad universitaria latinoamericana.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a las cinco universidades públicas nacionales, convocó a responsables de programas, proyectos, equipos de extensión, investigación, personal docente, administrativo y estudiantes. Además, a personas funcionarias, quienes representen las organizaciones civiles e internacionales y, en general, a la población interesada en la acción social, a participar de este evento académico.
El congreso se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre, bajo la modalidad virtual, con mesas de trabajo agrupadas en cuatro ejes temáticos, a saber: Perspectivas teóricas y metodológicas en la praxis de la extensión, vinculación y acción social; La extensión, vinculación y acción social ante el cambio climático y la crisis ambiental; La formación integral del estudiante universitario en la extensión, vinculación y acción social; y finalmente La innovación en la gestión universitaria de la extensión, vinculación y acción social en Latinoamérica.
Dada su relevancia para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, en la sesión No.5-2021 el Conare declaró de interés institucional este espacio. En la misma, el ente interuniversitario apuntó que “el trabajo de extensión y acción social que desarrollan las universidades estatales es parte de su labor sustantiva, que pone al servicio del país, la capacidad académica institucional, el proceso académico que procura fortalecer las capacidades de las diversas poblaciones donde interactúa de forma creadora y crítica, mediante el diálogo y la democratización del conocimiento, productos y servicios académicos, para el logro de un mutuo aprendizaje y el favorecimiento del desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad”.
Solo en Costa Rica, las universidades públicas ejecutan más de 1200 proyectos de vinculación universidad-sociedad, realizando aportes significativos a comunidades, sectores productivos, organizaciones sociales y otras entidades privadas y públicas. El objetivo de estas iniciativas es generar cambios locales que incidan en la calidad de vida de las personas y la construcción del bien común.
La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) es la institución no gubernamental, sin fines de lucro, que reúne a las organizaciones universitarias, universidades e instituciones de Educación Superior, con el propósito de formar la extensión.
Modalidades de participación
Hasta el momento se han inscrito 274 propuestas bajo las modalidades de ponencias, talleres y recursos como podcast, videos e infografías. Las mismas deben enviarse antes del 4 de junio, ya sea en idioma español o portugués.
Para concretar la participación la persona interesada debe ingresar a este enlace, e inscribirse y proseguir las indicaciones del portal para la descarga de las plantillas y su posterior envío al Comité Científico para su aprobación. En este otro enlace se detalla las consideraciones para cada una de las modalidades mencionadas.
Aunque la participación es gratuita, los cupos son limitados. Para más información del XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria puede visitar el sitio web oficial http://extension.conare.ac.cr/ o dirigir su consulta al correo: congresouleu@conare.ac.cr
En el perfil de Facebook del congreso se actualiza información sobre los avances y noticias referentes a las actividades, participantes y otros detalles vinculados a este encuentro internacional.
Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.
El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.
Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.
La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.
Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud
Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.
Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.
Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.
Riesgo del sistema sanitario
Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.
Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.
Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021
***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).
UNAComunica
Oficina Comunicación UNA
*Imagen ilustrativa, UCR.
M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.
Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:
La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.
La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.
En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).
El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).
La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.
Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.
En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.
La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.
San José, 25 de febrero de 2021
El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.
“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.
Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.
Contención del gasto desde Conare
× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.
La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.
Video adjunto:
***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).
Enviado por Oficina Comunicación UNA.
El expediente legislativo 21.336, denominado proyecto de Ley Marco de Empleo Público debería partir de un análisis con enfoque prospectivo del recurso humano que el Estado costarricense requiere a mediano y largo plazo para consolidar su especialización, su profesionalización y plena respuesta al nuevo contexto del mundo laboral. Debería también garantizar la incorporación al servicio público de las personas profesionales mejor preparadas, que estén en capacidad de liderar con espíritu de solidaridad social, excelencia y calidad, la prestación de los servicios fundamentales que el Estado debe procurar a la ciudadanía. Es imperativo de justicia que los intereses colectivos de los y las contribuyentes sean atendidos y administrados por el recurso humano mejor capacitado que el Estado pueda brindarles, como retribución a las importantes y constantes sumas de impuestos y contribuciones que pagan puntualmente.
El Estado podrá ser redimensionado o reestructurado con miras a una mayor eficiencia y eficacia, pero nunca podrá alcanzar los mejores estándares de la institucionalidad pública a los que se aspiran, si sólo promueve la contratación y conservación de personal poco o mediocremente capacitado, resultado de un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro y que no responde a los principios de trabajo decente y sostenible según la Organización Internacional del Trabajo. En este contexto la imposición de límites como los que contiene el proyecto de ley 21.336, condenarán al Estado costarricense a una gran pérdida de potencial profesional en su recurso humano. El contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza, menos eficiente en la prestación de sus servicios y con personal limitado para el ejercicio de sus competencias profesionales.
En la exposición de motivos del texto sustitutivo del proyecto de ley Marco de Empleo Público presentado por la Ministra de Planificación a la Asamblea Legislativa se indica que en su elaboración se consideró:
Sin embargo, de su lectura detallada, se concluye que esta propuesta más bien contradice por su fondo lo enunciado en dichos documentos de referencia, especialmente los relacionados con:
En el caso particular de las instituciones de educación superior, la misma OCDE en el documento “Benchmarking Higher Education System Performance” (Higher Education OCDE Publishing, París, 2019), afirma:
“La educación requiere necesariamente grandes volúmenes de mano de obra altamente calificada entre sus recursos de producción. Los salarios de los trabajadores altamente calificados en educación superior deben seguir el ritmo de los de otros sectores de la economía para retener a los trabajadores altamente calificados en el sector de la educación”.
En esta línea, las universidades públicas costarricenses han procurado generar condiciones que les permita competir en la atracción, sostenibilidad y relevo de las personas docentes, científicas, técnicas y de apoyo a la academia, con el fin de que las nuevas generaciones de profesionales sean formados por el mejor recurso humano posible y que la ciudadanía cuente con los mejores institutos de investigación y transferencia de conocimientos, centros de producción cultural y artística, cuya presencia y respuesta ha sido puesta en evidencia en cada crisis nacional vivida en distintos ámbitos, siendo la actual pandemia la última de ellas.
Preocupa al CONARE constatar que la eventual aprobación del proyecto de ley número 21.336 implicará:
Las naciones no deben escatimar la inversión en capital humano capacitado para el desarrollo de la institucionalidad pública que se requiere para la debida atención de las necesidades de su propio desarrollo.
Cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y de control de legalidad y constitucionalidad de la gestión administrativa; todo lo anterior dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad, que igualmente poseen rango constitucional. Compete a cada uno de los sectores de la Administración Pública velar por su observancia, sin que para ello sea necesario sustituirlos en el ejercicio de sus competencias de administración y gobierno.
Por voluntad directa de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 nuestra Constitución Política incorpora en sus artículos 84, 85 y 87 un régimen de autonomía universitaria que comprende una independencia plena de administración, organización, gobierno, política y patrimonial en favor de las universidades estatales que implica:
Para crear y regular sus regímenes de empleo, las universidades estatales ejercen la capacidad jurídica plena para adquirir y conferir derechos y contraer obligaciones contra su propio patrimonio, que literalmente estipulan los artículos 84 y 85 constitucionales, sin requerir de autorizaciones ni aprobaciones externas al ámbito de su propio gobierno. El régimen de empleo de los funcionarios universitarios no puede quedar sometido al Servicio Civil ni a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales.
El CONARE se opone y se opondrá a un proyecto de ley como el que se pretende aprobar por el Poder Legislativo en cuanto:
Dado en San José, Costa Rica, el segundo día del mes de febrero del dos mil veintiuno.
M.Ed. Francisco González Alvarado Presidente CONARE – Rector Universidad Nacional
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector – Universidad de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho Rector – Universidad Estatal a Distancia
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla Rector – Instituto Tecnológico de Costa Rica
Dr. Emmanuel González Alvarado Rector – Universidad Técnica Nacional
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