El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizará una sesión este miércoles 2 de julio a las 2:00 de la tarde en las oficinas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, sede San Pedro, para dialogar sobre el sistema de pensiones y el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo informó que la actividad contará con la participación de dos invitados especiales: el máster en ciencias Luis Pablo Zúñiga Morales, experto en derecho laboral y educación, y el licenciado Juan Antonio Vargas Guillén, representante de las personas trabajadoras ante CONASSIF.
La organización solicita confirmar asistencia mediante respuesta al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com o al número telefónico 86989553.
El foro forma parte de las iniciativas de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para generar espacios de discusión sobre temas laborales y de seguridad social que afectan a la población trabajadora del país.
La sesión se enfocará específicamente en analizar el estado actual del sistema de pensiones nacional y las implicaciones del proyecto de ley que propone la implementación de jornadas laborales de cuatro días por tres de descanso, una propuesta que ha generado debate en diferentes sectores de la sociedad costarricense.
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) envió una carta formal a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) denunciando el creciente aumento de fraudes digitales asociados a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad para apropiarse de los ahorros de las personas.
En la misiva fechada el 28 de marzo de 2025, OMERCON señala que «este problema de los fraudes digitales en el ámbito financiero se ha convertido en pandemia y está haciendo estragos en las finanzas y en la salud de las personas en nuestro país».
La organización manifiesta su preocupación por la aparente inacción de las entidades financieras y afirma que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) «presenta fila de denunciantes por delitos de estafas y fraudes contra las personas consumidoras financieras».
Según indica la carta, «pareciera que algunos de los entes financieros no están haciendo vigilancia en tiempo real de sus páginas gemeleadas, páginas mamparas o enmascaradas, que son trampas efectivas en las que caen las personas usuarias».
OMERCON cuestiona: «¿Cómo es posible que un ente financiero corrobore que ha habido un movimiento de recursos fraudulento de una cuenta hacia otra y que no se siga la cadena de transacciones para congelar los recursos donde estén y devolver lo robado al dueño?».
Responsabilidad civil objetiva
En la denuncia, OMERCON hace referencia a la responsabilidad civil objetiva y la teoría del riesgo creado, citando el Voto Número 655 del 19 de setiembre de 2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece que «quien ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus inconvenientes».
La organización también menciona el artículo 35 de la Ley N° 7472, «Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor», que instituye responsabilidad objetiva a proveedores que lesionen la esfera jurídica de la persona consumidora.
Solicitudes concretas
OMERCON solicita al CONASSIF que:
Reconozca la responsabilidad civil objetiva y la teoría del riesgo creado en casos de fraudes financieros digitales.
Fomente la creación de protocolos de seguridad más robustos y la implementación de tecnologías que detecten y prevengan fraudes en tiempo real.
Promueva programas de educación financiera que capaciten a la ciudadanía en el uso seguro de herramientas digitales.
Establezca mecanismos sencillos y accesibles para que las víctimas de fraudes puedan reportar sus casos y recibir asistencia.
La organización demanda que «hasta que no se demuestre que es entera culpa de la persona consumidora financiera la causa de una estafa, sus fondos, rendimientos, y todos sus derechos sean protegidos y sean resarcidos de inmediato».
OMERCON advierte que la falta de acción por parte de CONASSIF «terminará dañando seriamente la confianza de las personas consumidoras en las entidades de intermediación financiera y administradoras de medios de pago».
La denuncia está firmada por Welmer Ramos González, presidente, y Priscila Scott Zúñiga, secretaria de OMERCON.
SURCOS comparte la carta original que puede ver al seguir este enlace.
Una convocatoria urgente ha sido emitida por distintas organizaciones, entre ellas la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para este jueves 20 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en el edificio del Banco Central en San José. La manifestación surge ante la inminente implementación de la reforma de Fondos Generacionales que, según advierten, pondría en riesgo los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Antonio Vargas, CONASSIF
Antonio Vargas Guillén, representante de los trabajadores en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), ha expresado serias preocupaciones sobre la reforma aprobada en diciembre de 2023. «Esta reforma tiene implicaciones macroeconómicas importantes, tiene implicaciones en los fondos de los trabajadores, especialmente de la gente mayor», señaló Vargas.
Según el representante, existen «discrepancias sustantivas» entre miembros del consejo y la Superintendencia de Pensiones, que considera que tanto la parte legal como técnica están bien encaminadas. Sin embargo, Vargas y otros miembros del consejo no comparten esta visión optimista.
La reforma, cuya implementación fue adelantada del 1 de abril al 21 de marzo, podría tener consecuencias irreversibles según Vargas: «Si llega ese 21 de marzo, que faltan pocas horas, y no hemos suspendido el arranque, podemos tener consecuencias que podemos llorar por el resto de las décadas».
De acuerdo con el material informativo compartido con SURCOS, el Conassif «pretende adelantar la colocación del dinero del ROP en el mercado bursátil, sin ningún tipo de control, sin un marco legal definido por una ley de la República y sin que ninguna persona trabajadora sepa de esto».
La convocatoria hace un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales bajo el lema «¡Mi plata del ROP no se toca!» y el hashtag #elropnosetoca, reflejando la preocupación por la protección de los fondos de pensiones de la población trabajadora costarricense.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia el grave impacto de la reforma de Fondos Generacionales y llama al posicionamiento de todos los sectores sociales, laborales y productivos.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, con cuatro años de trabajo acumulado en la defensa de los derechos laborales, sociales y productivos del país, alerta sobre la amenaza que representa la reforma de Fondos Generacionales para la seguridad social de las y los trabajadores costarricenses.
Esta posición responde a las advertencias realizadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), que ha señalado los graves riesgos de esta reforma y su impacto negativo en la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a su labor de análisis y denuncia, la Mesa Nacional de Diálogo se suma con firmeza a este llamado de alerta y refuerza la exigencia de una revisión urgente de esta medida.
La reforma, aprobada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pone en grave riesgo el futuro de las pensiones y la estabilidad económica de miles de personas trabajadoras, al exponer sus ahorros a mayor vulnerabilidad financiera sin garantizar una mejora real en sus condiciones de retiro.
Denunciamos que esta medida se ha aprobado sin la debida transparencia, sin estudios técnicos claros y sin la consulta real a los sectores sociales y laborales afectados. Ante este atropello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales, laborales y productivos del país: sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general a unir fuerzas y rechazar este retroceso en materia de derechos laborales y seguridad social.
Con cuatro años de incidencia y construcción de fuerza en diversos sectores, la Mesa Nacional de Diálogo tocará las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir que diputadas y diputados se pronuncien sobre esta reforma y escuchen esta alerta que atenta contra la seguridad social de las y los trabajadores del país.
Durante la reciente actividad organizada por la ATTBPDC, expertos y representantes de diversos sectores expusieron las graves implicaciones de esta reforma y la falta de claridad en los cambios que afectarán a las futuras generaciones. Esta preocupación es compartida por la Mesa Nacional de Diálogo, ya que esta medida no solo debilita la protección social, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras modificaciones que sigan deteriorando los derechos de la población trabajadora.
Ante este panorama, exigimos la apertura de un diálogo nacional inmediato, donde las voces de los trabajadores y sectores sociales sean escuchadas y respetadas. Cualquier reforma al sistema de pensiones debe garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social, no su desmantelamiento en favor de intereses financieros.
La Mesa Nacional de Diálogo no permitirá que se juegue con el futuro de la clase trabajadora y del país. Es momento de organizarnos, alzar la voz y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestra seguridad social.
La ATTBPDC convocó a representantes de los sectores sociales a una jornada de análisis con el propósito de informar y adoptar las medidas que se juzguen pertinentes ante las intenciones de introducir la reforma de los fondos generacionales.
El foro conto con la asistencia de diversos sectores sociales y productivos de Costa Rica, incluyendo sindicatos del Magisterio, CCSS, solidaristas, representantes del sector cooperativo, colegios profesionales, artesanos y dirigentes comunales, entre otros.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), reafirma su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras costarricenses y expresa su firme oposición a la pronta implementación de la reforma del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), conocida como Fondos Generacionales.
Durante la reciente actividad organizada por la Asamblea, titulada «¿Qué deben saber las personas trabajadoras sobre esta metodología de gestión de inversiones para el ROP?», líderes de diversos sectores, expertos en la materia y representantes de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones sobre las implicaciones de esta reforma, dejando los siguientes cuestionamientos:
Posibles irregularidades legales: Existen dudas sobre si el CONASSIF y la SUPEN están extralimitando sus funciones al imponer restricciones a las libertades y derechos de terceros mediante un reglamento. Esto abre la posibilidad de que los Fondos Generacionales sean ilegales.
Ausencia de estudios técnicos y legales: El CONASSIF ha admitido que no dispone de estudios técnicos ni legales que respalden esta metodología. A pesar de ello, ha decidido avanzar con su implementación, generando incertidumbre y riesgo para los trabajadores.
Falta de transparencia y legitimidad social: Las personas trabajadoras y sus organizaciones no han recibido información clara y completa sobre los riesgos y posibles consecuencias de esta reforma.
¿Quién se beneficia realmente? Es crucial responder a la pregunta: ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma? La urgencia con la que se pretende implementar en abril, a pesar de las dudas razonables expresadas, genera sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de esta decisión.
En la jornada participaron como expositores: Roger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Juan Antonio Vargas Guillén, representante de la ATTBPDC ante el CONASSIF; Alejandro Solórzano Mena, experto en temas de pensiones; Melizandro Quirós Araya, consultor financiero; Vivian Rodríguez Araya, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
En los últimos años, el sector financiero costarricense ha sido golpeado por una serie de escándalos que han afectado a inversionistas, cooperativas y entidades financieras. Entre los casos más sonados están Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y, recientemente, DESYFIN. Aunque cada uno de estos casos tiene un origen diferente, todos comparten un final similar: quiebras financieras que han dejado a miles de inversionistas sin sus ahorros.
Sobre este tema Sergio Ortiz Pérez expone:
Aldesa: inversiones desaparecidas.
Uno de los primeros grandes golpes fue el caso de Aldesa. La empresa captó millones de dólares en inversiones que luego destinó a la adquisición de inmuebles. Sin embargo, estos proyectos no se desarrollaron y, en su lugar, Aldesa se sobre endeudó, generando la desaparición de más de 350 millones de dólares, que aparentemente terminaron en paraísos fiscales. La intervención judicial no fue suficiente para evitar que miles de inversionistas perdieran su dinero.
BCR SAFI: inversión cuestionada.
Otro caso relevante es el de BCR SAFI, cuestionado por la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico. La entidad pagó 70 millones de dólares por el inmueble, aunque el valor oficial del mismo, según la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), era de apenas 28 millones. La diferencia en los avalúos generó dudas sobre la transparencia de la operación y las gestiones dentro del Banco de Costa Rica.
Coopeservidores: fondos desviados.
En el caso de Coopeservidores, desde 2020 se detectó la desviación de fondos hacia la cooperativa COPA Fénix, que supuestamente brindaba servicios de cobro a clientes morosos. Esta mala práctica llevó a la pérdida progresiva del patrimonio de Coopeservidores, afectando la capacidad de la cooperativa para responder a sus acreedores, es decir, los ahorrantes e inversionistas.
DESYFIN: maquillaje financiero.
El caso más reciente es el de DESYFIN. La financiera fue intervenida judicialmente tras detectarse que sus administradores maquillaban los estados financieros, presentando datos incorrectos. Este engaño indujo a error a muchos ciudadanos y sociedades que invirtieron sus ahorros, sin saber que la situación financiera de DESYFIN era insostenible.
¿Dónde están los supervisores?
Estas situaciones han generado un fuerte cuestionamiento sobre el rol de las entidades supervisoras del sistema financiero costarricense, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). A pesar de contar con presupuestos millonarios, estas entidades no detectaron a tiempo los problemas que afectaban a las entidades financieras mencionadas, lo que llevó a la pérdida de ahorros de muchos costarricenses.
La figura de Rocío Aguilar.
Uno de los personajes más cuestionados es Rocío Aguilar, actual superintendente de la SUGEF y también de la SUPEN. Su gestión ha sido criticada por la falta de acción oportuna para prevenir las quiebras financieras. A pesar de los escándalos, sigue en su puesto, sostenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presidido por Laura Suárez Zamora.
¿Qué sigue para DESYFIN y los inversionistas?
El futuro de DESYFIN sigue el mismo camino que Coopeservidores: la resolución o disolución de la financiera. Con los activos que queden, se tratará de cubrir las deudas, aunque es probable que muchos inversionistas pierdan gran parte de sus ahorros. Este ciclo de quiebras pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero costarricense y la necesidad urgente de una supervisión más rigurosa.
Para más detalles sobre este tema, te invitamos a ver el siguiente video de Sergio Ortiz Pérez:
Un grupo de afectados por las quiebras financieras de Aldesa, la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) y la reciente disolución de Coopeservidores han alzado su voz de protesta en un documento dirigido a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En el comunicado, denuncian la negligencia y falta de acción de las entidades de supervisión financiera del país, particularmente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Los afectados señalan que, en el caso de Aldesa, las autoridades de supervisión financiera no actuaron a tiempo a pesar de los antecedentes que debieron haber activado alarmas. Además, critican que el presidente de CONASSIF, Luis Carlos Delgado Murillo, se haya abstenido de intervenir en el caso por motivos personales, lo que según ellos, agravó la situación y profundizó las pérdidas de los ahorrantes.
Ante denuncias presentadas contra funcionarios de la SUGEVAL por incumplimiento de deberes, los responsables evitaron consecuencias penales mediante una conciliación que los afectados consideran insuficiente y que deja un mal precedente. Aunque la superintendente de SUGEVAL en ese momento, María Lucía Fernández Garita, finalizó su periodo en 2022, los firmantes critican que otros funcionarios clave continúan en sus cargos sin enfrentar ningún proceso disciplinario, lo que consideran una muestra de la impunidad en el sistema de supervisión.
Los casos de la SAFI del BCR y Coopeservidores son mencionados como ejemplos adicionales de la ineficacia de las entidades de supervisión. En el caso de la SAFI del BCR, los sobreprecios pagados por inmuebles y las malas inversiones provocaron pérdidas significativas para muchos inversionistas, especialmente adultos mayores que dependían de estos fondos como su única fuente de ingresos. Por otro lado, la disolución de Coopeservidores, bajo la supervisión tardía de la SUGEF, expuso fallas similares en la fiscalización, afectando a miles de asociados y dejando a muchos sin empleo ni claridad sobre el estado de sus inversiones.
Los firmantes del documento acusan a las autoridades de haber creado un sistema financiero y de supervisión ineficaz que, lejos de proteger a los ahorrantes, ha generado un falso sentido de confianza. Sostienen que este sistema ha sumado burocracia, altos salarios y una cultura de irresponsabilidad que ha dejado a los inversionistas en un estado de indefensión total. Mencionan una larga lista de quiebras financieras en los últimos 30 años y exigen que se tomen medidas contundentes contra los responsables de la supervisión, advirtiendo que la confianza y estabilidad del sistema financiero están en peligro.
El grupo de afectados, que incluye a decenas de personas y asociaciones, insta a las autoridades a actuar de inmediato y evitar que se repita otro colapso financiero en el futuro.
SURCOS comparte la carta enviada a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras celebra el anuncio efectuado por el CONASSIF sobre la autorización al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que adquiera el 80,5% de los activos de mayor calidad de Coopeservidores R.L.
De conformidad con lo resuelto por el Plenario de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, en su Sesión Plenaria Ordinaria, realizada el pasado 20 de julio 2024, en el sentido de respaldar las gestiones promovidas por las autoridades de la Alta Gerencia, sus equipos técnicos y la Alta Dirección del Banco Popular y de Desarrollo Comunal de participar y concursar como adquirientes del denominado “banco bueno” producto de la intervención y posterior resolución bancaria de COOPESERVIDORES R.L.
La adquisición de estos activos denota el compromiso del Banco Popular de ofrecer una respuesta a los miles de ahorrantes e inversionistas perjudicados por el cierre de esta cooperativa.
El CONASSIF dio a conocer que, con base en la propuesta aprobada, el Banco Popular asumirá:
– el pago de todos los depósitos de hasta 6 millones de colones por persona, lo que representa el 97% de todos los ahorrantes.
– se estima que se podrá reconocer cerca del 50% de los depósitos que excedan el monto de 6 millones.
– otro beneficio que obtendrán las personas ahorrantes e inversionistas es que la recuperación de su dinero será más expedita en comparación a un proceso concursal, en el cual la tasa de recuperación de los depósitos es mucho menor y un periodo muy prolongado, que puede tomar años.
Con la adquisición del “banco bueno”, el Banco Popular hace evidente su misión social de brindar protección económica y social a las personas trabajadoras de Costa Rica. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, y los sectores que la integran, reconocen el liderazgo de nuestra institución para actuar en un contexto tan adverso, ofreciendo una solución pertinente y oportuna a las personas perjudicadas por el cierre de la cooperativa.
Continuaremos informando sobre la implementación de estas acciones de conformidad como la administración del Banco vaya haciendo las respectivas comunicaciones.
Los sectores que conforman la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, celebraron su LXXVI plenaria ordinaria y realizaron proceso democrático de elecciones para actualizar algunos de sus órganos internos.
Este sábado 20 de julio de 2024, La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, celebró su LXXVI Sesión Plenaria Ordinaria en el Hotel Radisson. En dicha sesión se dieron a conocer los informes de estados financieros, informes de gestión gerencial y del directorio nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Además se realizó la elección de tres órganos internos que por disposición vencían; el Directorio Nacional para el periodo 2024-2025, la Comisión Permanente de la Mujer, Comité de Vigilancia periodo 2024-2025. También se eligió un representante a la comisión de integración y se completó la terna a CONASSIF con dos postulantes que se requerían.
Es importante resaltar que el Banco Popular y Desarrollo Comunal representa una entidad financiera única por su propósito de creación, fortalecido por contar con un patrimonio propio y más estable del sistema financiero. Esta institución mantiene una relación directa con diversos sectores sociales y laborales, destacándose la participación de Cooperativas, asociaciones solidaristas, asociaciones comunales, sindicatos, colegios profesionales, los artesanos, trabajadores independientes y el magisterio nacional. Estos sectores contribuyen en la integración de otras organizaciones financieras sociales y productivas que, junto al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son pilares de la democratización financiera en Costa Rica. La convergencia y sinergia de todas estas organizaciones promueven un modelo social y productivo esperanzador para la sociedad.
El Directorio Nacional periodo 2024-2025 quedó conformado con las siguientes personas.
Vivian Arlet Rodríguez Araya – Sector Cooperativo: Presidencia del Directorio.
María Yorgina Alvarado Díaz. – Sector Sindical Confederado: Secretaría del Directorio.
Orietta María Zúñiga Vargas – Sector Comunal: Vocalía I del Directorio.
Marco Vinicio Flores Arroyo – Sector Colegios Profesionales: Vocalía II del Directorio.
En esta mañana del miércoles 10 de julio, en las afueras del Banco Central de Costa Rica, ANEP entregó una carta dirigida al presidente del Banco Central de Costa Rica, Don Roger Madrigal López, a la honorable Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y a la señora Laura Suárez Zamora, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión de entidades del sistema financiero (CONASSIF).
En la carta ANEP pide que se separe inmediatamente a Rocío Aguilar Montoya de los cargos importantes que ostenta, esto por las grandes fallas que ha tenido y el gran dolor causado en su gestión de supervisión financiera, donde la intervención que ya tenía en casos tan notorios y divulgados como el caso de ALDESA y el caso Coopeservidores, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo el hueco fiscal.
Por último, se mencionó que ya no genera o nunca ha generado la debida confianza en el sistema financiero de Costa Rica.
