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Etiqueta: condiciones laborales

SIMPOSIO SOBRE LA CONDICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Durante el aniversario de Mujeres en Escena se celebrará el simposio sobre la condición laboral de las mujeres de las artes escénicas, del 24 al 30 de enero del presente año. 

Sobre el evento, se señala que: “Este simposio es una actividad que estamos realizando como aniversario de la Colectiva Mujeres en Escena que, aunque iniciamos en el 2020, no hemos realizado un evento de aniversario.  Esta actividad marca la pauta de los proyectos que queremos seguir desarrollando, y nuestro objetivo principal es conectar con vos y las mujeres trabajadoras del sector de las artes escénicas en Costa Rica y que juntas podamos pensar posibilidades de mejoras de nuestras condiciones y organizarnos para generar incidencia. Este proyecto es ganador de la convocatoria Pro-artes en la categoría de Gestión Cultural. Las actividades son gratuitas, los conversatorios son abiertos a todo público y los talleres son exclusivamente para mujeres. Los cupos a las actividades son limitados, por lo que te pedimos que te anotés y que asistás a las actividades a las que te inscribís. Tu participación es muy valiosa, nuevamente agradecemos tu apoyo, tu voz y tu presencia”.

Para inscribirse solo debe acceder al siguiente enlace: https://forms.gle/BzjPasdLvR8D8iiQ6 

Cartas enviadas por CLATE en apoyo a la lucha sindical y social, contra el Proyecto Empleo Público

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 14 de abril del 2021 la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) enviaron cartas al señor Eduardo Cruickshannk Smith, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica con el motivo de apoyar la lucha sindical y social en contra del proyecto de Empleo Público.

Estas cartas, lo que expresan es la preocupación de que con el argumento del ajuste fiscal se puedan impulsar de alguna manera políticas que puedan eliminar derechos adquiridos y puede tender a precarizar aún más las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector público, quienes son los que día a día brindan servicios esenciales y garantizan los derechos de la población.

Si quiere conocer el documento a profundidad, lo adjuntamos para descarga:

 

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Facultad de Derecho UCR: Análisis del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Facultad de Derecho, UCR

Este documento tiene como objetivo principal hacer un análisis de los principales problemas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público tramitado bajo el expediente legislativo número 21.336. Como parte del trabajo aquí presente, se propone identificar dos objetivos centrales del proyecto, en sus distintas versiones: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales.

Algunos puntos importantes que se pueden encontrar en el documento son:

  1. El proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
  2. Violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir, o bien vaciar de contenido, la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, y al hacerlo violenta el derecho a la libertad sindical que tiene en aquellos, parte de sus elementos fundamentales.

En este análisis se abordan aspectos que tienen que ver con la inclusión del servicio civil en la Constitución, sobre la importancia que tiene la autonomía en la constitución política y el papel que tuvieron instituciones como: el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la CCSS, universidades y la Contraloría General de la Republica para la redistribución del poder del Ejecutivo. Por otro lado, también se toman elementos sobre empleo público desde lo normativo, económico y político.

Un apartado importante que se desarrolla en el análisis es la inconstitucionalidad del proyecto en relación a la invasión al ámbito de la independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno de las universidades estatales y su régimen autónomo de empleo, también se abarcan aspectos que están siendo fuertemente discutidos por sectores y agrupaciones de la sociedad costarricense y que tienen que ver con la negociación colectiva y el salario global.

Algunas observaciones que se mencionan en este análisis son de carácter estructural como: las Competencias otorgadas a MIDEPLAN, al Ministerio de Hacienda o al Servicio Civil para la fijación salarial, la gestión o evaluación del desempeño en la política pública del país, la homogeneización del empleo público, las prohibiciones e incompatibilidades.

Por último, en relación a las conclusiones, este análisis plantea:

  1. a) El proyecto tiene como objetivos centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo.
  2. b) Esto violenta los distintos regímenes de autonomía constitucional.
  3. c) El proyecto parte de un enfoque del empleo público construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas propias del constitucionalismo clásico, en violación del constitucionalismo social expresamente incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad por medio de las garantías sociales y por los tratados fundamentales de derechos humanos.
  4. d) Las autonomías se justifican, no solo como instrumentos para limitar el poder del gobierno central, sino como instrumentos para potenciar la eficiencia en cada ente público autónomo, así como para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de prácticas democráticas.
  5. e) Además, prohíbe, limita o vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva.
  6. f) El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social.
  7. g) Además, el salario global impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional.
  8. h) Crea competencias en manos de MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y/o la Dirección General de Servicio Civil que trascienden por mucho los objetivos expresamente establecidos en los artículos 191 y 192 constitucionales (eficiencia, nombramiento con base a idoneidad comprobada y estabilidad en el empleo).
  9. i) Homogeniza entes públicos que son radicalmente diversos en la naturaleza de sus funciones (administrativa y no administrativas).
  10. j) La gestión de evaluación se centraliza, con lo que se violan las autonomías constitucionales.

Adjunto se encuentra la versión completa del documento:

Sindicato de Hacienda pide definiciones para quienes no hacen teletrabajo

Sr. ministro
ESTO REQUIERE RESPUESTA URGENTE

Los funcionarios Hacendarios que no tenemos teletrabajo ni vacaciones requerimos nos indique que va a instruirse en cuanto el ingreso a la oficina y el traslado en su vehículo personal en virtud de ser sujeto de riesgo y el traslado en autobús resulta muy temerario y condicionado a:

  1. Minimizar el 20% del transporte.
  2. ¿Quién será la persona facultada para emitir la carta de autorización para el traslado toda la semana incluyendo día de restricción en su vehículo personal?
  3. ¿Bastaría la nota firmada por la jefatura consignando firma digital?
  4. ¿Pueden proveer el machote respectivo?
  5. ¿Ya se hizo el comunicado a las autoridades de tránsito y seguridad en virtud de la necesaria operación de las distintas aduanas en todo el país y administraciones tributarias y nuestros horarios 24/7, así cómo las demás oficinas del Ministerio de Hacienda adscritas a Ingresos y Egresos?

Al amparo de la Directriz, mientras no hay norma, en contrario el trabajador que no puede realizar teletrabajo y acceder a su medio de transporte y oficina, quedaría dispensado de sanción alguna por cuanto no se tomó en cuenta a sus representantes para instruir lo concerniente disculpándolo administrativamente por resultar siendo un caso de fuerza mayor.

En fin, requerimos sea provisto el actuar inmediatamente por la incertidumbre que se está generando.

Fundamentos de derecho: Art 7. 27 y 41 CP, 10 y 118 CPCA, 191 y 193 LGAP.

Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos – OPNA

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos: conflictos históricos evidenciados por la pandemia» a realizarse el jueves 9 de julio a partir de las 6:00 pm, a través del canal de YouTube de la unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas a los conferencistas, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr con las mismas o bien, hacerlas durante la actividad.

San Carlos y su mitológica excepcionalidad

Adriano Corrales Arias*

A mediados de junio San Carlos ingresó a la calificación de los cinco cantones con más diagnósticos de coronavirus en el país. La Región Norte, a la que pertenece el cantón junto con Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto, Upala, Sarapiquí, parte de San Ramón y Zarcero, concentra la mayor afectación del país. Lo anterior, qué duda cabe, obedece a la extensa zona fronteriza que posee; al otro lado, la dictadura familiar Ortega/Murillo, cual, si se tratase de una novela del realismo mágico o maravilloso con visos de terror, ha desdeñado la presencia del Covid-19, el cual ya es una pandemia de contagio comunitario en el hermano país. Muchos nicaragüenses que trasiegan por los nudos ciegos de esa amplia, lluviosa y compleja línea fronteriza, llegan contagiados y no guardan cuarentena. Pero ellos, según las cifras, están lejos de ser el mayor foco de contagio.

Cientos de sancarleños, alarmados, mejor dicho, asustados, han pegado el grito al cielo, incluido el sui generis alcalde. Varias comunidades se han “organizado” para protestar y no permitir la instalación de centros de atención sanitaria. Se ha desatado una ola de xenofobia que culpabiliza a los nicaragüenses, desconociendo o invisiblizando la triste historia de migrantes que han repoblado la región desde inicios del siglo XX, siempre huyendo de las patéticas condiciones políticas y socieconómicas de su país. Sobre ello volveré más adelante. Lo que me interesa señalar es que muchos habitantes del cantón más extenso de Costa Rica, y uno de los más prósperos, se parapetan en la supuesta exclusividad del mismo, reforzada por odas, ditirambos y canciones folclóricas que aluden a que “mi linda tierra” es única en el país y en el mundo, y que podría sobrevivir aislada del país (¿y de Nicaragua?) pues es poderosa y auto sustentable.

La mitología sancarleña que, con justa razón, critica el vallecentrismo sociocultural y político imperante, hace que también desde el centro se incube un imaginario que desvirtúa la realidad, tanto del cantón como de la región. Cuando se habla de sancarleños, en el valle central imaginan ganaderos o comerciantes, “polos con plata,” casi millonarios en un lugar donde llueve no solo agua, sino cántaros de leche y miel, durante trece meses al año. Si bien San Carlos concentra importantes polos de desarrollo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas Zarcas, Pital o Venecia, también posee amplios territorios con agudos problemas socioeconómicos. Las asimetrías, incluso al interior de esos mismos distritos, como en el resto del país, son extraordinarias.

Cutris, por ejemplo, es uno de los distritos más grandes de Costa Rica, el más extenso del cantón, junto a Pocosol; en conjunto suman 1504 km², lo que representa casi el 3% del territorio nacional. Pero incuban el drama y las contradicciones propias de un país sumido en la deriva neoliberal desde hace cuarenta años. Su nivel de infraestructura es pésimo, sus rutas de penetración desastrosas. Sí, han experimentado algunas mejoras por parte de la municipalidad (financiadas por la cooperación alemana); muchos kilómetros fueron reparados, aunque en lastre, así que, con los años y las lluvias, el deterioro se acrecienta. Y a malos caminos, peores puentes; la mayoría son viejos y construidos con tucas o tipo hamaca, o los ya tristemente célebres “Bailey”. Muchos son arrastrados por aguas crecidas en época lluviosa. Los comités de vecinos invierten esfuerzos y recursos propios para repararlos pero la burocracia poco ayuda; algunas estructuras de metal esperan a la orilla de ríos para su instalación. Son caminos restringidos por su condición de casi inaccesibilidad; grandes charcos y barriales impiden el paso de vehículos que no sean 4×4 y, en momentos extremos, de cualquier automotor. Eso provoca escasos y pésimos servicios de transporte público. El caballo sigue siendo el principal medio de transporte, o el sustituto posmoderno (para quienes pueden): la motocicleta.

En una zona altamente lluviosa, paradójicamente, el agua se convierte en otro grave problema. A pesar de ser una región casi devastada por madereros con los incentivos financieros que recibieron décadas atrás para talar grandes extensiones, aún sobreviven parches de bosques y hasta es posible encontrar nacientes de agua. Pero la atomización local y la falta de apoyo municipal, hace que en muchas comunidades no existan acueductos para llevar agua potable a sus pobladores. Es común encontrar pozos artesanales construidos a pico y pala sin más paredes que la misma tierra, lo que los convierte en depósitos de aguas lodosas, algunos cercanos a los escusados: bombas de tiempo en términos sanitarios. Pocas familias, por razones económicas, tienen pozos perforados con paredes de alcantarillas y desinfección rutinaria. En varios poblados, donde los hay, los puestos de salud presentan una infraestructura lamentable.

La electrificación es de reciente ingreso gracias a la condición solidaria de la cooperativa de electrificación (Coopelesca RL) y a los grupos locales que han servido de contraparte para el financiamiento de las obras. Largas distancias y malos caminos afectan también la atención de las emergencias. El Comité Auxiliar de Cruz Roja de Santa Rosa atiende a los dos extensos distritos. Es quizás el Comité Auxiliar que más territorio cubre en todo el país con los obstáculos agregados de caminos y puentes inexistentes o en mal estado. Sus funcionarios son auténticos héroes sancarleños. De tal modo que las asimetrías y carencias son enormes, no así las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la municipalidad. La organización local, por el escaso valor electoral para los partidos tradicionales, es débil y presa del clientelismo, en especial las Asociaciones de Desarrollo donde las hay. Por eso la presencia de proyectos como los de la minería a cielo abierto abrió el apetito de muchos dirigentes comunales, así como la utopía del “desarrollo” en comunidades dejadas, históricamente, a la mano de Dios. Este complejo tema requiere de un artículo aparte. Hasta el momento no se han producido iniciativas tangibles que permitan un mejor desarrollo social para Cutris donde, de nuevo, la minería ilegal propicia la reaparición de voces que exigen la actividad extractivista.

Por otra parte, el imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide con mayores calamidades como la contaminación con agroquímicos. Es el caso de comunidades como Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua. También causó indignación el incidente en agosto del año pasado en la comunidad de San Juan de Platanar, distrito de Florencia, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres de familia. De manera tal que San Carlos y la Región Norte son territorios con problemáticas muy complejas debido a una historia singular y al abandono del Estado, mismo que ha venido siendo desmontado por la contrarreforma neoliberal de la oligarquía criolla, empresas transnacionales y, sobre todo, organismos financieros internacionales, con la aviesa intención de convertir en negocio sus servicios estratégicos.

Recordemos que la región, en su parte norte, fue colonizada, en primera instancia, por nicaragüesnses. Huleros, raicilleros, cazadores y traficantes nicas esclavizaron y exterminaron a cientos de indígenas guatusos; los cazaban como venados. Hasta los años sesenta del siglo pasado la presencia del estado costarricense era casi nula; la moneda de curso en comunidades como Upala, Los Chiles, San Rafael de Guatuso o Boca de San Carlos, era el córdoba nicaragüense. Casi todos los pobladores de la linea fronteriza poseen vínculos familiares a ambos lados. Mientras tanto, la colonización del sur de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, expresamente San Carlos, se dio por habitantes del valle central o de cantones vecinos como Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, incluida la misma Alajuela. La herencia cultural entonces en Ciudad Quesada y los principales focos de desarrollo como La Fortuna, Aguas Zarcas, Venecia o Pital, es vallecentrista, es decir, individualista, desconfiada, católica y conservadora. Sin embargo, por lo rudo de dicha colonización, el sancarleño “sureño” también desarrolló un fuerte emprendedurismo, una vocación de ayuda mutua y una tendencia a la organización comunal (cooperativa) para enfrentar emergencias o edificar infraestructura comunitaria. De tal modo que un vecino de Ciudad Quesada, a pesar de sentirse sancarleño de “mi linda tierra”, en el fondo piensa parecido que un josefino respecto de sus congéneres en Cutris o Pocosol, por ejemplo. El vallecentrismo se replica de una manera obscena. Y ni se diga lo que se piensa acerca de los vecinos del norte.

En la década de los años noventa, con los inicios de la contrarreforma neoliberal (Paes), el país intenta incorporarse a los procesos de globalización de la economía mundial. La racionalidad económica del nuevo modelo hace que algunas actividades acudan a la contratación de población migrante. Los sectores de la agricultura de exportación como el banano, el café, la caña y los llamados productos no tradicionales (yuca, cítricos, macadamia, piña, melón, etc), basan su “fortaleza” en la utilización intensiva de fuerza de trabajo migrante contratada en precarias condiciones. El desarrollo turístico y la creciente informalización de la economía también abrieron espacios para la inserción de nicaragüenses en la construcción y otras actividades del sector servicios. Estas dinámicas ocurren en el marco de una modificación del mercado laboral costarricense caracterizada por la variación en la oferta laboral donde los trabajadores costarricenses gozan de salarios relativamente altos, puesto que la legislación laboral contempla un importante aporte del sector patronal a la seguridad social y se asegura una serie de prestaciones sociales. Por otra parte, los niveles educativos de la población costarricense le permiten desplazarse hacia sectores como el industrial y servicios, dejando un vacío en las labores menos calificadas, que son ocupadas por nicaragüenses.

Lo anterior permite comprender que ciertamente Nicaragua, por sus lamentables condiciones socieconómicas y políticas, es un país que expulsa mano de obra y a su población en general, pero que la nueva y asimétrica estructura productiva montada sobre un Estado Social de Derecho cada vez más fracturado y amenazado, propicia también la inmigración constante en busca de trabajo y sustento. San Carlos y la Región Norte son espacios donde, por la cantidad de empresas agroexportadoras instaladas, esta realidad es cotidiana y múltiple. En los últimos años, mucha mano de obra costarricense no calificada ha sido desplazada por la migrante, la cual no protesta ni exige las garantías sociales tal y como el costarricense suele hacerlo. Aunque la nueva y cada vez más anti trabajadora legislación, acorde con el estado galopante de la contrarreforma, ha empezado a cerrar derechos como el de sindicalización, de huelga o de salarios crecientes incluido. Hasta el seguro social quieren eliminar para favorecer grandes intereses que desean lucrar con la salud.

Así pues, las manifestaciones de muchos sancarleños oponiéndose a la instalación de centros de recuperación para el Covid-19 en sus comunidades, o en contra de los migrantes nicaragüenses, obedecen a un marco ideológico individualista y xenófobo, pero sobre todo chauvinista, potenciado por una falsa excepcionalidad. No dudo de que muchas de esas manifestaciones tóxicas estén siendo alentadas por intereses espurios y por predicadores de la mala fe, es decir, políticos de baja monta, esos que pululan en busca de curules o puestos gubernamentales. La incidencia de nuevos fundamentalismos religiosos es, probablemente, otro de los agentes que agitan la hoguera. Aterran esas expresiones por su aspereza filo racista, por la intolerancia y las falacias que esgrimen. Ojalá que la pandemia no produzca una hecatombe, pero que nos procure mayor humanidad, solidaridad, justicia y compasión, no sólo para combatir esas absurdas y peligrosas posiciones, sino para defender y profundizar el Estado Social de Derecho que permita el cierre de las grandes desigualdades que sufrimos; pero en especial la ignorancia, el chauvinismo, la xenofobia y la peligrosa intoxicación ideológica que padecemos.

*Escritor.

Imagen tomada de https://www.francetvinfo.fr

Acerca de las condiciones laborales piñeras: diálogos críticos con la ciudadanía

Este viernes 22 de febrero Diálogos críticos con la ciudadanía: “Acerca de las condiciones laborales en las piñeras: uno de come la piña y al otro le duele la panza”, junto a Ismael Gutiérrez Calero, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores y trabajador en finca piñata de la Zona Norte y Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE.
Conduce el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, Luis Paulino Vargas Solís.

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Analista UNA: Mujeres enfrentan discriminación en mercado laboral

Greivin Hernández González*

 

Los datos de la Encuesta Continua de Empleo no dejan lugar a dudas, a pesar de que las mujeres, en promedio, tienen un nivel educativo más alto, perciben un menor salario, se les dificulta más encontrar empleo y trabajan en mayor medida en la informalidad y en condiciones de subempleo.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el segundo trimestre de 2016, indica que de las 378 176 personas ocupadas con título universitario, el 53% son mujeres y el resto hombres. Según nivel de educación, el de mayor peso relativo para las mujeres que trabajan, es el universitario con título, seguida por la secundaria incompleta. A diferencia de los hombres, para los que los rubros de mayor importancia son primaria completa, y secundaria incompleta.

No obstante lo anterior, las mujeres padecen con mayor intensidad del desempleo y el subempleo. La tasa de desempleo abierto es del 11.2% entre las mujeres y 8.3% entre los hombres, mientras que la tasa de subempleo (porcentaje de personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana, y que desean trabajar más horas pero no encuentran más trabajo), es más alta entre ellas (10.3%) que entre ellos (7.2%). Esto a pesar de que, en promedio, las mujeres desempleadas también tienen un mayor nivel de educación, 17% cuenta con algún título universitario, más del doble que los hombres (8%).

Asimismo, las condiciones de empleo son peores para las mujeres, a pesar de que la informalidad ha caído en los últimos trimestres y que la brecha de género se ha venido cerrando, esta afecta más a las mujeres (43.3%) que a los hombres (41%). De igual manera, el 73% de las mujeres asalariadas cuentan con seguro por trabajo, mientras que entre los hombres dicho porcentaje llega al 82%. En términos de estabilidad laboral, la balanza también es negativa para las mujeres.

Estas son algunas de las causas por las que los hombres participan más en el mercado laboral, y trabajan más horas. Las mujeres han venido reduciendo su oferta de trabajo (se salen del mercado laboral), situación que se ha extendido a las jóvenes, pues en promedio seis de cada diez personas entre 15 y 24 años, que no trabajan ni estudian, son mujeres.

La situación descrita tiene implicaciones importantes en varias dimensiones de la vida de las mujeres, de forma directa en su ingreso, pues en promedio, el de los hombres es 6% más alto, para el segundo trimestre de 2016. El promedio de ingreso mensual nacional en el empleo principal fue de 467 mil colones para los hombres, y 440 mil colones para las féminas. Adicionalmente, si bien la pobreza alcanza a poco más del 20% de los hogares, cuando la mujer es jefa de hogar, este dato más que se duplica. Asimismo, la violencia está afectando más a las mujeres, pues la tasa de robos y hurtos con y sin violencia y los delitos sexuales las afectan en mayor medida.

Resulta claro entonces, que no obstante los esfuerzos de varios gobiernos por atender las necesidades laborales de las mujeres, y a pesar de los avances de los últimos años, las políticas de equidad de género en el mercado laboral aún no han logrado solucionar el problema.

 

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Eldiario.es

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

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Acciones de lucha en la Policía Penitenciaria

Comunicado de Prensa

Harta de incumplimientos, este lunes 12 y el próximo 19, la Policía Penitenciaria inicia jornadas de lucha

 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) desde hace más de 2 años, ha planteado a las autoridades de la Policía Penitenciaria y del Ministerio de Justicia y Paz, una agenda socio laboral tendiente a mejorar las precarias condiciones laborales del cuerpo policial penitenciario.

Particularmente, le hemos puesto empeño a la actualización y revaloración del Manual de Puestos, que busca un incremento de ¢17.000 a la base de los escuálidos salarios que gana este cuerpo policial. Este proceso, por diferentes motivos, lleva ya un año de atraso y aún está en las oficinas de MIDEPLAN esperando la aprobación de la estructura que sustenta el Manual.

Los trabajadores de la Policía Penitenciaria, cada vez que disfrutan vacaciones, licencias o por razones de salud son incapacitados, deben “completar jornada” para poder disfrutar de sus días libres. Esta es una práctica abusiva que carece sustento jurídico según el Ministerio de Trabajo, sin embargo, ese criterio no es atendido por el Ministerio de Justicia y en lugar de resolver, se traslada en consulta a la Procuraduría General de la República.

En el 2006 la Sala Constitucional ordenó que todos los cuerpos policiales del país, debían recibir un 18% sobre el salario base por concepto de riesgo policial. La Policía Penitenciaria, recibe un monto menor por ese concepto y además de ser los peor pagados, también son discriminados en la cuantía de ese sobresueldo. Ante el reclamo de la UNT para que equipare al 18%, las autoridades ministeriales en lugar de resolver, lo elevan a consulta de la Procuraduría General de la República.

Para demandar se atiendan con oportunidad estas justas reivindicaciones un importante grupo de trabajadores penitenciarios nos estaremos manifestando a partir de las 10 a.m. en el Ministerio de Justicia y Paz, a las 11:00 a.m. nos trasladaremos a la Procuraduría General de la República y a las 12:00 mediodía a MIDEPLAN.

El próximo lunes 19 de setiembre, a partir de las 7:00 a.m. en el CAI San Sebastián, estaremos tomando una fuerte medida de presión concentrando en este lugar, a policías de los distintos centros penitenciarios del área metropolitana y de no haber respuesta en estas fechas a las demandas planteadas, se continuaría con las medidas de presión el lunes 26.

¡30 años de olvido, nunca más!

Para más información con Susan Quirós Díaz al tel 8877-5471 y Edgar Morales Quesada al tel 8356-6251.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.youtube.com

Enviado SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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UNED forma parte del proceso “Sello de igualdad de género”

  • Entidades públicas y privadas firmarán carta de intención este 15 de julio donde se comprometen a mejorar condiciones laborales entre hombres y mujeres
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya iniciativa

 

Por: Renzo Kcuno Aimituma

UNED forma parte del proceso Sello de igualdad de genero

Implementar un sistema de gestión para la equidad de género es el objetivo que persiguen varias instituciones del país, entre ellas la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para llevar a cabo este plan, las entidades se integrarán en el Sistema de Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

La carta de intención que se firmará este 15 de julio propone trabajar de forma conjunta hacia la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, así como promover el ingreso de las mujeres al mercado laboral y el mejoramiento de la calidad de su empleo.

Las entidades que sellarán su compromiso iniciarán el proceso mediante la participación en el ciclo de sensibilización e información denominado “Igualdad de Género en el Empleo”.

Con esta primera acción obtendrán las capacidades y herramientas para la realización del diagnóstico de brechas y un plan de acción dentro de sus organizaciones.

Alejandra Mora Mora, Presidenta Ejecutiva del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, expresó que desde hace muchos años se ha venido trabajando en un modelo de gestión de igualdad de género para el cierre de brechas en el empleo, mediante la creación de mecanismos y herramientas como es el “Sello de Igualdad de Género”.

UNED forma parte del proceso Sello de igualdad de genero2

“Este año tenemos como meta contar con al menos 20 empresas comprometidas y que estén trabajando en garantizar la igualdad de género en sus organizaciones, lo que permitirá una inserción de las mujeres, permanencia y crecimiento en los espacios de trabajo que las empodera económicamente y que paralelamente le inyecta un enorme caudal de competitividad a las empresas e instituciones, y un crecimiento económico más inclusivo que logra incorporar al 50% de las mujeres que están fuera de la economía”, manifestó Mora Mora.

En representación de la UNED, quien firmará la carta de intención será Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la institución.

¿Qué es el Sello de Igualdad de Género?

Es una distinción a la implementación de un sistema de gestión para la igualdad de género, este sistema es una herramienta, que contribuye a la eliminación de brechas entre hombres y mujeres, aumentando su productividad y valor agregado como elemento diferenciador.

El Sello de Igualdad de Género busca establecer un modelo de igualdad de género con calidad en las empresas y organizaciones del país que incremente la competitividad y promueva acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar brechas de género e incrementar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.

Las organizaciones que manifiesten su interés en implementar un sistema de gestión con igualdad de género pueden escribir a selloigualdad@inamu.go.cr

 

Tomado de la página oficial de la UNED: http://www.uned.ac.cr/

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