Skip to main content

Etiqueta: Consejo Universitario

UNA exhorta alto al fuego en la franja de Gaza

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un acuerdo en que rechaza el uso de la fuerza e insta al alto al fuego en la franja de Gaza. Asimismo, repudia cualquier manifestación de violencia que atente contra los derechos humanos y por ende, se solidariza con las personas afectadas por el conflicto bélico de Israel contra la población palestina en esa zona.

En el acuerdo UNA-SCU-ACUE-369-2023, los concejales universitarios hacen un llamado al uso de canales conducentes a la paz y la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales; la defensa de las normas del derecho internacional humanitario; la protección de las personas y los pueblos, así como el absoluto rechazo a todas las formas de terrorismo; por lo que reiteramos el compromiso de la UNA a favor de la paz en el mundo.

“Exhortamos al cese de los ataques directos a infraestructuras hospitalarias, educativas y centros de refugiados. Más bien, dotar de acceso a servicios básicos como agua y electricidad para el bienestar y salud de las personas”, menciona el texto.

Este Consejo comparte la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide tregua humanitaria e inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza, en exigencia de que todas las partes cumplan con el derecho internacional humanitario de suministrar servicios esenciales, así como la liberación inmediata e incondicional de los civiles cautivos y asegurar su seguridad y bienestar.

A continuación, la transcripción del acuerdo:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-369-2023

24 de noviembre de 2023

Señores y señoras
Comunidad Universitaria

M.ag. Sara González Bonilla
Directora de la Oficina de Relaciones Públicas

M.ag. Maribelle Quirós Jara
Directora de la Oficina de Comunicación

Estimados señores y estimadas señoras:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2023, acta no 058-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN RECHAZO AL USO DE LA FUERZA Y UN LLAMADO AL ALTO AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica repudia cualquier manifestación de violencia que atente contra los derechos humanos y manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por el conflicto bélico de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza.

La Universidad Nacional es una institución en la que los valores de la paz, el diálogo y el entendimiento son los únicos recursos disponibles contra la guerra y el fundamento de toda solución a las controversias internacionales, por lo que como universidad humanista está comprometida con la defensa de los derechos humanos, en apego a nuestros principios, valores y fines estatutarios.

Hacemos un llamado al uso de canales conducentes a la paz y la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales; la defensa de las normas del derecho internacional humanitario; la protección de las personas y los pueblos, y el absoluto rechazo a todas las formas de terrorismo; por lo que reiteramos el compromiso de la Universidad Nacional a favor de la paz en el mundo.

Este consejo comparte la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide tregua humanitaria e inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades en Gaza, en exigencia de que todas las partes cumplan con el derecho internacional humanitario de suministrar servicios esenciales, así como la liberación inmediata e incondicional de los civiles cautivos y asegurar su seguridad y bienestar.

No existe justificación para la violencia, ya que la guerra no es la vía para resolver y conquistar los derechos de la humanidad; por el contrario, estos recursos niegan y rechazan todas las opciones y oportunidades que debemos otorgar a la paz y al diálogo, los fundamentos que sustentan el destino de la civilización humana.

Como universidad crítica, sensible y humanista reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de la paz, los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos e instamos a la comunidad universitaria para que fomente la discusión académica de los temas relacionados

con el conflicto armado, mediante un abordaje interdisciplinario que permita profundizar en el análisis y la investigación.

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Pronunciamiento del Consejo Universitario sobre la situación en Gaza: omisiones de un comunicado temeroso

El pasado 2 de noviembre, un mes después del inicio de la fase actual del conflicto en el Medio Oriente, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) ha decidido pronunciarse al respecto. En su parte esencial, el comunicado declara “Hacer un llamado al respeto, a la tolerancia y a la solución pacífica de conflictos en estricto cumplimiento del derecho internacional y la apertura del diálogo, la búsqueda de consensos y a que se materialice la reconciliación entre todas las partes». En ese comunicado, el CU no se refiere de manera directa al genocidio en Gaza, ni a la masacre del pueblo palestino en la Cisjordania. Pero especialmente grave es omitir nombrar al responsable por ese genocidio, el estado de Israel.

Tales omisiones reflejan el temor de los miembros del CU a llamar las cosas por su nombre. El genocidio en Gaza y Cisjordania es un proceso de limpieza étnica que ha sido impulsado por el movimiento sionista desde antes de la fundación formal del estado de Israel. El ataque actual de las fuerzas armadas israelíes sobre Gaza alcanza hospitales, campos de refugiados, iglesias, escuelas, ambulancias y cientos de blancos civiles. Cada 10 minutos muere un niño palestino en Gaza. No es una guerra, es un proceso de desplazamiento de una población entera por medio del terror. Así lo hacen ver pronunciamientos y comunicados de organizaciones humanistas, estados y movimientos civiles alrededor del mundo en una ola internacional contra este genocidio, a la cual no ha querido adherirse el CU.

En sus acuerdos, el comunicado del CU hace un llamado por el respeto de la vida humana, los derechos humanos y por un cese al fuego. No hay más detalles. La redacción del pronunciamiento pareciera propio de una situación donde dos estados se encuentran en guerra, ambas igualmente responsables del escenario bélico. Nada más lejos de la realidad. El conflicto actual en Gaza-Cisjordania se ubica en un contexto totalmente asimétrico, donde uno de los ejércitos más poderosos del mundo, financiado por Estados Unidos y la CE Europea, desata todo su poder de fuego contra un movimiento de resistencia de índole popular, que recibe apoyo limitado de algunas naciones árabes, pero principalmente de la población palestina. Las acciones de la resistencia palestina, aceptables o no desde un punto de vista humanitario, son una respuesta al desplazamiento forzoso de la población palestina de su territorio, el cerco económico y militar de sus poblaciones, la represión de su protesta y finalmente, la creación del mayor campo de concentración del mundo, la franja de Gaza. Todo esto a lo largo de más de 75 años. Y son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, lo que han convertido al estado de Israel, en la práctica, en un estado ilegal y terrorista.

Por lo tanto, en este orden de cosas, son insuficientes y equívocos los llamados tibios de cese al fuego entre las partes y al cese de la violencia, sin señalar las causas históricas del conflicto. El pronunciamiento del CU es precisamente lo contrario de lo que se espera del máximo órgano de poder de una universidad pública. Esperaríamos más bien una visión que caracterice con claridad y sin rodeos la naturaleza del conflicto, y que salga en defensa de la población civil indefensa atrapada en Gaza y del derecho a la autodeterminación que se le ha negado a Palestina desde hace más de siete décadas. Hay un responsable central de lo que está ocurriendo, el estado de Israel y sus socios.

Por lo tanto solicitamos al Consejo Universitario rectificar su pronunciamiento, en favor de otro que considere el ”mandato de nuestro Estatuto Orgánico, el cual proclama una universidad siempre en favor de los pueblos y contra las injusticias sociales.

  1. Jorge Arturo Lobo, Escuela de Biología
  2. Ciska Raventós, profesora pensionada UCR
  3. Wajiha Sasa Marín, Instituto de Investigaciones Psicológicas
  4. Mahmood Sasa Marín, Instituto Clodomiro Picado
  5. Javier Tapia Balladares, Instituto de Investigaciones Psicológicas
  6. Jaime García, profesor pensionado UCR
  7. Isabel Avendaño Flores, Facultad de Ciencias Sociales
  8. Jaime Lobo Segura, profesor pensionada UCR
  9. Zuhra Sasa Marín, Escuela de Arquitectura
  10. Lucia Riba Hernández, Escuela de Arquitectura
  11. Helga von Breymann Miranda, Escuela de Arquitectura
  12. Rodolfo Mejías Cubero, Escuela de Arquitectura
  13. Rolando Pérez Sánchez, Instituto de Investigaciones Psicológicas
  14. Eugenia Gallardo Allen, Escuela de Estadística
  15. José María Castro Madriz, Escuela de Artes Plásticas
  16. Viviana Paniagua Hernández, Escuela de Arquitectura
  17. Sofía Trujillo Quesada, Escuela de Arquitectura
  18. Jorge Barrientos Valverde, Escuela de Estudios Generales
  19. Dylanna Rodríguez Muñoz, Facultad de Ciencias Sociales
  20. Mauricio Álvarez Mora, Facultad de Ciencias Sociales
  21. Andrés Ruiz Sánchez, Instituto de Investigaciones Psicológicas
  22. Fabián Bonilla Murillo, Instituto Clodomiro Picado
  23. Manuel Morales Alpízar, Escuela de Arquitectura
  24. Eugenia Solís Umaña, profesora pensionada UCR
  25. Carlos Mata Quesada, Escuela de Arquitectura
  26. Luis Armando Durán Segura, Escuela de Arquitectura
  27. José Vargas Hidalgo, Escuela de Arquitectura
  28. Zuiri Méndez Benavides, Facultad de Ciencias Sociales
  29. Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Facultad de Ciencias Sociales
  30. José Antonio Mora Calderón, Facultad de Ciencias Sociales
  31. Manuel María Murillo, profesor pensionado UCR
  32. Mónica Vul Galperín, Instituto de Investigaciones Psicológicas
  33. Roberto Ayala Saavedra, Escuela de Sociología
  34. Roberto Herrera Zúñiga, Sede de Occidente
  35. David Castillo Mora, estudiante Posgrado en Sociología
  36. Minerva Solano Campos, estudiante de Sociología
  37. Brenda Rey Chavarría, estudiante de Inglés
  38. Leonora de Lemos Medina, Escuela de Ingeniería Mecánica
  39. Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología e IIP
  40. Robert Laurent Sanabria, Escuela de Ingeniería Topográfica
  41. Yeimer Gerardo Ramos Torres, Escuela de Formación Docente
  42. Jorge Sanabria León, Escuela de Psicología
  43. Andrés Molina Araya, Escuela de Estudios Generales
  44. Julio Loría Cordero, profesor pensionado UCR
  45. Sandra Araya Umaña, profesora pensionada UCR
  46. Amarilis Eunice Acevedo Mejía, estudiante Posgrado en Sociología
  47. Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor pensionado UCR
  48. Vera Victoria Sancho Mora, profesora pensionada UCR
  49. Lucía Gutiérrez Espeleta, profesora pensionada UCR
  50. Virginia Ramírez Cascante, profesora pensionada UCR
  51. Alicia Guardián Fernández, profesora pensionada UCR
  52. Koen Voorend, Instituto de Investigaciones Sociales
  53. Alexander Rojas Parajeles, Sede del Pacífico
  54. Jorge Montoya Alvarado, profesor pensionado UCR
  55. Marielos Giralt Bermúdez, profesora pensionada UCR
  56. Mario Villalta Florez-Estrada, Escuela de Arquitectura
  57. Silvia Arguedas Méndez, Escuela de Ingeniería Industrial
  58. Rodiney Chacón, Asociación de estudiantes de Sociología
  59. Verónica Ramírez, Asociación de estudiantes de Sociología
  60. Gabriel García, Asociación de estudiantes de Sociología
  61. Carolina López, Asociación de estudiantes de Sociología
  62. Priscila Madrigal, Asociación de estudiantes de Sociología
  63. Sofía Jiménez, Asociación de estudiantes de Sociología
  64. Julieth Bolaños, Asociación de estudiantes de Sociología
  65. Alex Gómez, Asociación de estudiantes de Sociología
  66. Valentina Palacio, Asociación de estudiantes de Sociología
  67. Yaser Ramos, Asociación de estudiantes de Sociología
  68. José Julián Llaguno, Escuela de Ciencias Políticas
  69. Carlos Mora Aguilar, Facultad de Odontología y CEA
  70. María José Cabezas Castro, Facultad de Ciencias Sociales
  71. Claudia Palma, Escuela de Antropología
  72. Mauricio López Ruiz, Escuela de Sociología
  73. Pietro Scaglioni Solano, Escuela de Ingeniería Mecánica
  74. Marietta Villalobos Barrantes, Escuela de Psicología
  75. Marco Fournier Facio, profesor pensionado UCR
  76. Jeannette Aguilar, Escuela de Psicología
  77. Pascal Girot Pignot, Escuela de Geografía
  78. Gerardo Hernández Naranjo, Escuela de Ciencias Políticas
  79. Adriana Monge Arias, Sede de Occidente
  80. Mariano Sáenz Vega, Centro de Investigaciones Antropológicas
  81. Manuel Zumbado Retana, Escuela de Arquitectura
  82. Marta Montero Calderón, Escuela de Ingeniería de Biosistemas
  83. Javier Vargas Nieto, profesor pensionado UCR
  84. Jorge Enrique Garnier Zamora, profesor pensionado UCR
  85. Rosaura Chinchilla Calderón, Facultad de Derecho
  86. Roberto Herrera Zúñiga, Sede Occidente
  87. Rebeca Gu Navarro, Escuela de Ciencias Políticas
  88. Juan Diego García-Castro, Sede de Occidente
  89. Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología
  90. Alejandra Paniagua Bonilla, Sede de Occidente
  91. Rubén Chacón Castro, Facultad de Derecho
  92. Erick Gatgens Gómez, Facultad de Derecho
  93. Ilka Treminio Sánchez, Escuela de Ciencias Políticas
  94. Johnny Alberto Montoya Arroyo, Escuela de Educación Física y Deportes
  95. Tania Rodríguez, Escuela de Ciencias Políticas
  96. Lisbeth Araya Jiménez, Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva
  97. Liliana Monge Sánchez, Escuela de Trabajo Social
  98. Liliana Sánchez Angulo, Vicerrectoría de Acción Social
  99. Mauricio Castro Méndez, Facultad de Derecho
  100. Juliana Martínez Franzoni, Escuela de Ciencias Políticas
  101. Vilma Leandro Zúñiga, Escuela de Psicología
  102. Luis Ángel Oviedo Carballo, Instituto de Investigaciones Económicas

UCR: Pronunciamiento sobre la situación socio-política entre Israel y Palestina

Acuerdo firme de la sesión ordinaria N.° 6752, artículo 12, celebrada el 2 de noviembre de 2023

El Consejo Universitario, considerando que: 

  1. La Universidad de Costa Rica (UCR) ha seguido con suma preocupación el desenlace de los hechos bélicos en Israel y Gaza, y las consecuencias ocurridas a la población. A la fecha, las víctimas se contabilizan por los miles desde los primeros ataques terroristas del pasado 7 de octubre, con saldo de muertes de civiles, en especial de niños y niñas y toma de rehenes. El conflicto ha provocado una crisis humanitaria agravada por la destrucción masiva de zonas residenciales, parcelas campesinas, hospitales e infraestructura vital para la supervivencia de las poblaciones israelíes y palestinas, lo que impide ofrecer servicios mínimos a personas presentes en la zona en conflicto armado. 
  2. La Asamblea General de la ONU aprobó el viernes 27 de octubre de 2023, con amplia mayoría, una resolución que exigía un cese al fuego inmediato para permitir el ingreso de ayuda humanitaria en beneficio de la población civil.
  3. La Carta de Naciones Unidas, en su artículo segundo para la realización y cumplimiento de sus propósitos, señala en su apartado tercero la resolución de controversias por medios que promuevan la paz y no se ponga está en peligro. Esta misma norma hace referencia a la igualdad soberana de todos los miembros . En este sentido, el respeto a la autodeterminación de los pueblos que se vuelve crucial en el mantenimiento de ambientes de paz y convivencia. 
  4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1976), establece:

Artículo 1

  1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
  2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
  1. Los pueblos afectados con este conflicto tienen el derecho a vivir en paz, preservar su soberanía y ejercer su libre determinación, y que la vía para resolver de la mejor manera este conflicto sea la coexistencia respetuosa de los Estados, de conformidad con las normas del Derecho Internacional.
  2. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en los artículos 3 y 5, dispone:

Artículo 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

Artículo 5: Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes propósitos: (…)

  1. b) Buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.

7. La Universidad de Costa Rica, en apego a sus principios y valores, reconoce la libertad, la justicia y la paz que deben prevalecer en el mundo, así como la dignidad y respeto a los derechos humanos inherente a todas las personas.

Por tanto, en el marco de los principios humanísticos que orientan el quehacer de esta casa de enseñanza de educación superior estatal, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda: 

  1. Reafirmar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, que deben prevalecer en todas las naciones del mundo. Además, hacer un llamado a las naciones a mantener una unidad en la defensa de los valores fundamentales de la vida humana y del bienestar general de las sociedades. 
  2. Instar al Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa para que utilicen todos los foros internacionales para apelar por un cese al fuego y el uso del derecho internacional en todo sus mecanismos, para avanzar hacia un proceso orientado hacia una paz duradera y la existencia de dos Estados: Israel y Palestina. 
  3. Hacer un llamado al respeto, a la tolerancia y a la solución pacífica de conflictos en estricto cumplimiento del derecho internacional y la apertura del diálogo, la búsqueda de consensos y a que se materialice la reconciliación entre todas las partes.
  4. Instar al cese inmediato de la violencia a fin de que se permita el urgente ingreso de asistencia humanitaria en Gaza. 
  5. Condenar cualquier tipo de conducta bélica y el uso sistémico del terror que quebrante la paz y la seguridad social de los pueblos. 
  6. Incentivar a la comunidad universitaria a generar espacios académicos de discusión y análisis sobre esta temática. 
  7. Dar la mayor difusión al presente pronunciamiento.

Consejo Universitario UCR. Pronunciamiento ante la situación Palestina-Israel

El Consejo Universitario de la universidad de Costa Rica se pronunció por la defensa de los derechos del pueblo palestino. Considerando que: 

El pueblo palestino ha visto violentados sus derechos humanos desde el inicio del conflicto palestino-israelí; las tensiones y la violencia aumentaron recientemente en Jerusalén entre los palestinos e israelíes debido al fallo emitido por un tribunal israelí (febrero 2021); el 13 de mayo de 2021, algunas diputaciones de la Asamblea Legislativa en Costa Rica suscribieron un comunicado mediante el cual se solidarizaban con el pueblo y el Estado israelí y condenaron los actos terroristas sobre su región, pero fueron omisos sobre el origen del conflicto, la ocupación del territorio palestino; el apartheid al que se encuentra sometido el pueblo palestino y la violación sistémica de sus derechos y del derecho internacional humanitario, entre otras.

Según el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en los artículos 3 y 5, dispone: ARTÍCULO 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

ARTÍCULO 5: Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes propósitos.

Por lo cual se acuerda:

  1. Repudiar cualquier manifestación de violencia que atente contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
  2. Solidarizarse con el pueblo palestino ante la nakba que han sufrido la limpieza étnica que afrontan, el desplazamiento forzado, la destrucción de la propiedad, la apropiación de su cultura y la pérdida de vidas humanas.
  3. Instar a la Cancillería de la República y a las 28 diputaciones que suscribieron el comunicado de solidarización con el Estado de Israel a posicionarse a favor de la lucha por garantizar el respeto de los derechos humanos y en contra de la violencia que sufre el pueblo palestino.
  4. Hacer un llamado a los medios de comunicación nacionales, los cuales hasta el momento han realizado una cobertura sesgada de los hechos, han ignorado el apartheid contra Palestina y han reducido el conflicto a una lucha entre “Israel y Hamás”.
  5. Declarar a la Universidad de Costa Rica como un espacio libre de apartheid.

Las universidades públicas ante al cambio climático

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Científico Social

luis.martinez.sandoval@gmail.com

Luis G. Martínez Sandoval.

La Tierra es nuestro hogar y el daño a la Madre Tierra es irreversible. Los límites del crecimiento (Meadows:1972) han sido superados y hemos talado el árbol de la ciencia del bien y del mal.  El Huerto del Edén creado por Dios para que el ser humano lo “labrara y lo guardase” (Génesis: 2:15) no solo está devastado y destruido sino también hemos eliminado los querubines (Génesis: 3:24) que con sus espadas encendidas guardaban el árbol de la vida.

Hoy, a veintitres años del Siglo XXI y la Tierra con más de 8 mil millones de seres humanos guiados por la sociedad capitalista hiperconsumista global como las sociedades de economia planificada que depredan sin límites los seres vivos de los reinos biológicos, la academia e investigación científica debe dar las respuestas a los problemas desde los centros de educación superior universitaria pública.

Las Universidades Públicas ante el cambio climático tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo para crear seres humanos diferentes, que le hagan frente al calentamiento global inducido por: los seres humanos cuyos impactos (IPCC: 2023) son generalizados y severos con emisiones globales que alcanzarán su punto máximo antes de 2025 en las trayectorias alineadas a 1.5 °C y que son producto de la quema de combustibles como el carbón, petróleo y gas. La detonación de más de 2.500 bombas nucleares o dispositivos con carga atómica desde 1945 a nuestros días encabezados por EUA, ex URSS y Francia. La deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes, los residuos y  la ganadería.

Este cataclísmo guiado por ese “atlas del sufrimiento humano y una acusación incriminatoria del fallido liderazgo climático” obliga a  las universidades públicas a cumplir con la Carta de la Tierra y sus pilares: Respeto y Cuidado de Vida, Integridad Ecológica, Justicia Social y Económica, Democracia, No violencia y Paz para cuidar la Pachamama, o Madre Tierra. Están llamadas a liderar, guiadas por sus principios de la conservación, mejoramiento del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible.

Desde la academia, la extensión, la acción social, la investigación, el movimiento estudiantil y el Consejo Universitario deben contribuir en la búsqueda de soluciones concretas y de corto plazo a los desafíos del cambio climático. Esa es su razón de ser en el Siglo XXI dado, que tienen el deber de desarrollar programas especiales para construir sociedades guiadas por la responsabildad social ambiental y la economía circular. Asimismo, deben estimular la indagación y la construcción de nuevos conocimientos y el impulso del modelo de desarrollo socio económico autosostenible.

En este momento crítico de la humanidad, las universidades públicas tienen el compromiso de hacer suyo el gran mensaje del Jefe indio Seattle, de la tribu Suwamish (1854) y la Carta de la Tierra (lanzada formalmente el 29 de junio de 2000) y sus pilares, para no solo ayudar a enfrentar el cambio climático sino la gran soledad espiritual que permea al ser humano, desde que perdió su misión de labrar y guardar el Huerto del Edén y proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida.

UNA pide a ministra Müller atender recomendaciones del Estado de la Educación

Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), hace llamado a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro acoger las recomendaciones del noveno Informe del Estado de la Educación 2023 como base científica y académica para priorizar acciones que atiendan la crisis educativa que padece el país de forma estructural.

Los resultados del noveno Informe Estado de la Educación 2023, evidencian la grave crisis de la educación que el país atraviesa colocándose frente a un desastre intergeneracional de grandes dimensiones.

Tal y como se desprende del Informe, este debacle es resultado de un estudiantado que avanza en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos y que ponen en riesgo sus trayectorias educativas; las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas estructurales, y el financiamiento de la educación que en lugar de avanzar hacia el 8% del PIB ha venido disminuyendo durante los últimos años, esto a pesar de lo establecido constitucionalmente.

Ante este aterrador escenario, el Consejo Universitario se suma al llamado del Estado de la Educación para actuar con extrema celeridad y realizar una declaratoria de un “estado de necesidad y urgencia dentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política».

El informe plantea recomendaciones puntuales que otorgan responsabilidades a actores claves para el cumplimiento de los acuerdos nacionales suscritos, entre ellas revertir los retrocesos en la inversión en educación, mejorar sustantivamente los aprendizajes de estudiantes, su evaluación, dignificar a las personas docentes, mejorar las condiciones de contratación, desarrollo laboral y profesional.

Por lo anterior, la Universidad Nacional continúa consciente y atenta de su misión de formar profesionales humanistas con actitud crítica y creativa, que contribuyan con la transformación democrática y progresiva de las comunidades y la sociedad. Lo anterior implica dirigirnos hacia planos superiores de bienestar para contribuir a la sustentabilidad ecosocial y a una convivencia pacífica derivada de acciones pertinentes y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión.

La sociedad requiere de acciones inmediatas en beneficio de la educación. Para ello es menester que los entes gubernamentales y todos los artífices del proceso educativo asuman sus responsabilidades para seguir en la loable labor de asegurar una enseñanza de calidad a partir de lo dispuesto en la Constitución Política.

Hacemos un llamado al Gobierno de la República y de forma específica a la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller Castro, acoger las recomendaciones derivadas del noveno Informe del Estado de la Educación 2023, como una base científica y académica que conlleve a priorizar las acciones inmediatas que debe de abocarse el Ministerio de Educación Pública con el propósito de atender la crisis educativa que en estos momentos nuestro país padece ya de forma estructural.

Reiteramos nuestro compromiso como Universidad Nacional con la educación como derecho humano y bien social. Así mismo, la institución se pone al servicio de las autoridades del país con su equipo para contribuir en la formación de profesionales.

Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR alerta sobre posible cierre técnico del Lanamme debido a problemas presupuestarios

El Lanamme contribuye a mejorar la calidad, reducir los costos e incrementar la innovación tecnológica, desde una perspectiva de ingeniería moderna, esencial para un sector clave de la economía. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)

Alejandra Amador Salazar

Periodista, UCR

Mediante un Pronunciamiento aprobado la mañana de este jueves por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó las disminuciones presupuestarias que ha debido afrontar el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) desde el año 2019 y le exigió al Poder Ejecutivo que cumpla con lo que establece la Ley N.° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria y su reforma en la Ley 8603 y asigne el 1% del impuesto a los combustibles que le corresponde a este Laboratorio.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, la reducción de los recursos ha perjudicado gravemente la operación y correcta ejecución de las tareas del LanammeUCR, dejándolo a las puertas de un posible cierre técnico para el 2024.

Ante esta situación, la UCR alerta a la sociedad costarricense, ya que la fiscalización de las obras públicas, que por ley le compete a esta casa de estudios superiores a través del LanammeUCR, se vería limitada, con el consecuente riesgo que implica el uso inadecuado de los fondos públicos invertidos en infraestructura y posible pérdida de vidas humanas.

Los recortes presupuestarios han provocado, entre otros inconvenientes, que el LanammeUCR dejara de adquirir equipos especializados, así como una baja importante en el mantenimiento de equipos, adquisición de repuestos y accesorios, material e instalaciones de laboratorio y flotilla vehicular que se utiliza para la evaluación y fiscalización de proyectos de infraestructura vial.

Asimismo, se han limitado los cursos de capacitación, se suspendió la compra de software y se ha dado fuga de personal técnico y profesional, debido a la incertidumbre laboral y a la falta de salarios competitivos.

La UCR considera que si la disminución de recursos persiste, en el corto plazo se podría ver afectada la atención que el Laboratorio brinda durante situaciones de emergencia en eventos extremos, por solicitud del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para evaluar de forma rápida los daños a la infraestructura vial.

El LanammeUCR es un laboratorio de ámbito nacional especializado en la investigación aplicada, la docencia y la transferencia tecnológica en el campo de la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales, cuyo objetivo es proteger la vida humana y las inversiones que se hagan en la materia de su competencia.

El Consejo Universitario manifiesta su profunda preocupación ante un eventual y desmedido recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud

Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Pronunciamiento del Consejo Universitario

La Universidad de Costa Rica hace un llamado al Gobierno de la República para que mantenga y fortalezca el presupuesto para el funcionamiento de todas las dependencias del Ministerio de Cultura y Juventud. Con base en los acuerdos tomados en el Consejo Universitario, en la sesión n.º 6700, celebrada el 19 de mayo de 2023, la Universidad se pronuncia en contra del recorte al presupuesto de este ministerio.

El Consejo Universitario reitera el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el fortalecimiento de las artes, reconoce la diversidad cultural de la sociedad costarricense y manifiesta su “profunda preocupación y solidaridad ante un eventual y desmedido recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, pues limita el acceso a las diversas prácticas culturales”.

El acuerdo también reafirma el compromiso de la UCR con el fomento y respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, modos de vida y patrimonio histórico-cultural de una sociedad pluriétnica y multicultural como la costarricense.

Por medio de la circular del Ministerio de Cultura y Juventud MCJ-DVA-0575-2023, se informa que, para el 2024, el Ministerio tendría un rebajo en su presupuesto del 8,4 %, lo cual equivalente a ¢4 099 345 414 (cuatro mil noventa y nueve millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos catorce colones).

El Consejo Universitario señala en sus acuerdos que el Ministerio de Cultura y Juventud ha sufrido recortes presupuestarios importantes en la última década, justificados en reducciones del aparato estatal y en el gasto público, y amparados en la adopción de un modelo neoliberal. El presupuesto del Ministerio pasó de un 1,2 % del producto interno bruto (PIB) en 1990 a un 0,1 % del PIB en el 2020.

 

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR manifiesta preocupación ante recorte presupuestario en cultura

La UCR reconoce que las artes contribuyen a generar espacios apropiados para analizar y entender la vida de las personas y de la sociedad en la que se desarrollan. (Imagen con fines ilustrativos. Orquesta de Cámara de la UCR. Anel Sancho-OCI)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

La Universidad de Costa Rica manifestó una profunda preocupación y solidaridad ante un eventual y desmedido recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual limitaría el acceso a las diversas prácticas culturales en el país.

Así lo hizo saber mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario la mañana de este viernes, en el cual esta casa de estudios superiores también hizo un llamado al Gobierno de la República para que mantenga y fortalezca el presupuesto para el funcionamiento de todas las dependencias adscritas a dicho Ministerio.

La preocupación de la UCR surge a raíz del comunicado emitido por el Gobierno el pasado 9 de mayo, en el cual se informa que para el año 2024, el Ministerio de Cultura y Juventud tendría un rebajo en su presupuesto del 8,4% equivalente a ₡4.099.345.414.

Para la Universidad este escenario es inquietante, debido al impacto que tendría en la gestión y ejecución de los proyectos principales del Ministerio, así como las repercusiones que estas acciones podrían ocasionar en el funcionamiento de los programas y órganos desconcentrados, que inclusive se presume podría desencadenar en el cierre técnico de algunos de ellos.

El Consejo Universitario reconoció que el Ministerio de Cultura y Juventud ha sufrido recortes presupuestarios importantes en la última década, pasando de un 1,2% del producto interno bruto (PIB) en 1990, a un 0,1% en 2020, justificados en reducciones del aparato estatal y el gasto público, amparados en un modelo neoliberal.

Ante esta situación, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el fortalecimiento de las artes y reconoció la diversidad cultural de la sociedad costarricense.

Asimismo, destacó que la cultura es un componente esencial para gestar una convivencia centrada en la equidad, la solidaridad, el bienestar colectivo y el respeto; por lo que considera que en lugar de debilitarla, se deben buscar los mecanismos que permitan fortalecer los programas, proyectos y actividades que se encuentran a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud.

UNA rechaza acuerdo de Incopesca

Comunicado de prensa

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.


Acuerdo completo:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-146-2023

18 de mayo de 2023
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.

La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.

Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.

El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.

El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.

El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:

  1. 1. No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del INCOPESCA sobre la información requerida.
  2. Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado.
  3. Aunque el mencionado listado contempla: peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, en su nombre solo se consignan peces y crustáceos, con lo cual la nueva norma aprobada por INCOPESCA induce a error y evidencia negligencia sobre este importante tema.
  4. El extenso listado aprobado, que incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables, no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
  5. Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense.
  6. Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social.
  7. Conscientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, nuestras unidades académicas están a disposición para aportar conocimiento técnico y científico al INCOPESCA.
  8. Para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante nuestras unidades académicas.
  9. Por las anteriores consideraciones, el acuerdo AJDIP/057-2023 debe derogarse de inmediato.

Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.

Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.

Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica