La Universidad de Costa Rica (UCR) les exigió a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que cumplan con el mandato constitucional y transfieran a las universidades públicas los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sin condicionar su distribución.
Esta solicitud la realizó mediante un pronunciamientoaprobado este jueves, por el Consejo Universitario, en el cual pide corregirel presupuesto de las universidades públicas para que se refleje como un único ingreso en la Partida de Transferencias Corrientes, como corresponde.
El Órgano Colegiado fue enfático en aclarar a la comunidad universitaria y nacional que dichasolicitud no eliminanidisminuye el monto asignado para ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de las universidades públicas, sino que corresponde a la necesidad de que los recursos puedan ser utilizados para atender los diferentes requerimientosde estas instituciones.
La posición de esta casa de estudios superiores surge luego de que el Ministerio de Hacienda remitiera a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional, en el que tergiversó la cláusula cinco del acuerdo firmado con los rectores de las universidad públicas y condicionó el uso de ¢70 000 millones de los recursos asignados al FEES para infraestructura y equipamiento.
La distorsión que presenta el presupuesto tendría graves repercusiones para el funcionamiento ordinario de estas instituciones en el año 2020. Además, vulnera la educación superior pública, al limitar el desarrollo de las diferentes iniciativas que buscan contribuir con las transformaciones nacionales, y cercena de esta manera la función de las universidades como medio de movilidad social.
Además, el Consejo Universitario considera que esta situación menoscaba el trabajo realizado por la Comisión de Enlace, la transparencia del proceso y la acción planificada de las universidades estatales.
La Universidad reconoció que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa corrigió parcialmente este hecho. Sin embargo, la transgresión a lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica continúa.
Dentro de la Institución, el Órgano Colegiado le solicitó a la Rectoríahacer un llamado, urgente, coherente y claro, a la comunidad universitaria para que participe en las actividades en defensa de la autonomía financiera de la transferencia del FEES a las instituciones de educación superior universitaria estatal, así como en la marcha SOMOS U PÚBLICA, organizada por el Movimiento Estudiantil Universitario, el martes 22 de octubre de 2019, a las 9:00 a. m., hacia Casa Presidencial.
Mediante un pronunciamiento aprobado recientemente, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) alertó a la comunidad universitaria en relación con una serie de leyes de carácter fiscal, aprobadas en la Asamblea Legislativa y otros proyectos de ley que están actualmente en estudio, que atentan contra el Estado social de derecho, los objetivos y fines de la educación superior estatal pública.
A raíz de las recientes publicaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre situaciones de acoso sexual denunciadas por varias estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Universitario condenó esos hechos y decidió hacer una revisión integral al Reglamento contra del hostigamiento sexual.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, condenóel homicidio de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del pueblo de Salitre, perpetrado el pasado 18 de marzo.
En el documento, aprobado en la sesión ordinaria de este jueves 21 de marzo, el Órgano Colegiado exigió al Gobierno de la República una intervención inmediata que garantice la vida de los líderes de los pueblosindígenas en Buenos Aires y, en particular, del Territorio de Salitre, así como las investigaciones pertinentespara que este homicidio no quede en la impunidad.
Al mismo tiempo, le demandó el cumplimiento real y efectivo de las medidas cautelares N° 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Al respecto, le exigió que identifique a las autoridades de los gobiernos nacional y local, responsables de la no aplicación efectiva de esas medidas que hubieran salvaguardado la vida del líder indígena, y que ejecute las acciones correspondientes.
Para la UCR, el asesinato de Sergio Rojas confirma que el Estado costarricense ha sido incapaz de cumplir con dichas medidas cautelares, convirtiéndose así en el principal responsable de la violación sistemática de derechos humanos que vienen sufriendo las personas indígenas de Salitre.
“El Estado costarricense no ha mostrado la voluntad política ni la capacidad institucional suficientes para desarrollar acciones concretas, dirigidas a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país”, agrega el pronunciamiento.
El Consejo Universitario, en varias oportunidades, había alertado al Estado costarricense sobre la preocupante escalada de la violencia que se ha venido gestando en Buenos Aires, particularmente en el Territorio Indígena de Salitre, producto de las disputas crecientes en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en el territorio.
En el pronunciamiento emitido este jueves, declaró que la UCR, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
“Fomentamos la construcción de formas de convivencia pacífica y sin violencias y con la convicción de que necesitamos una nueva y ordenada forma de vivir; lo que obliga a aprender a coexistir sin destruirnos”
La Universidad Nacional, institución benemérita de la educación, la tecnología, la ciencia y la cultura costarricense en su misión histórica de propiciar la transformación social, la búsqueda de la verdad, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana; desea manifestar su profunda preocupación por la creciente espiral de conflictividad y violencia que hoy aqueja a la sociedad costarricense.
Como institución de educación superior y vigilante de las diversas circunstancias que se han presentado y han puesto en riesgo el quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, repudia el uso de la violencia contra manifestantes opositores a posiciones gubernamentales o de la clase política; en particular, cuando se actúa con fuerza desproporcionada, afectando la integridad física de las personas o limitando su libre expresión, enmarcada en el derecho a la disidencia y la resistencia civil.
Es así como, el Consejo Universitario considera inaceptable los actos de violencia verbal y física contra el Presidente de la República en las inmediaciones del Teatro Nacional, quien por su condición humana y su investidura presidencial, debe de ser también motivo del respeto pleno por la comunidad nacional.
El país enfrenta una crisis que afecta la credibilidad de los sectores tanto político como sindical; lo cual se ha generado principalmente a partir de la propuesta del proyecto N.° 20580: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Hacemos un llamado a la tolerancia, la cordura, el respeto, el diálogo y la paz; aspectos que siempre han caracterizado a Costa Rica y que históricamente ha sido un ejemplo para el mundo entero.
En medio de esta compleja situación, se hace una exhortación a deponer posturas inflexibles y a la búsqueda de resolver la actual conflictividad social, de una manera justa y equilibrada, por lo que se hace un llamado a la concordia nacional, a quienes se han manifestado en las actuales circunstancias, a la dirigencia del movimiento social, al Gobierno de la República y a quienes constituyen la Asamblea Legislativa.
El Consejo Universitario deja constancia una vez más de la disposición reiterada que la Universidad Nacional ha hecho a las partes, para contribuir a resolver la situación encaminada a recuperar la estabilidad de la convivencia democrática y la paz social.
Aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, en sesión ordinaria según el artículo V, inciso único, de la sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2018, acta n.o 3761.
M.Sc. José Carlos Chinchilla Coto
Presidente del Consejo Universitario
Cédula 1-0537-0508
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Documento es producto de un proceso de consultas a la comunidad académica
El pasado 14 de marzo el Trabajo Comunal Universitario celebró su 43 aniversario con actividades recreativas y de reflexión en los campus universitarios. Foto archivo VAS.
Tras un arduo proceso participativo de consultas a la comunidad académica, el pasado 14 de agosto del año en curso el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un nuevo Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (TCU) con el fin de actualizar la normativa a la luz de los cambios institucionales y solventar algunos vacíos en el anterior reglamento.
Con esta aprobación, se reformó integralmente el que regía desde el 13 de diciembre de 1981. Para lograr esta nueva reglamentación, el CU abrió un periodo de consultas en marzo pasado que fueron analizadas por la Comisión de Investigación y Acción Social del CU y el equipo especializado de asesores y asesoras de Trabajo Comunal de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Finalmente, el articulado presentado al CU incluyó una actualización de los objetivos del TCU, define con claridad las responsabilidades de las partes vinculadas, los derechos y deberes estudiantiles, el financiamiento de proyectos con vínculo externo, así como los requisitos mínimos para inscribir una propuesta, entre otros aspectos.
“Este reglamento es resultado de un amplio proceso de consulta con la comunidad universitaria. En su fase de borrador se realizaron grupos focales tanto con docentes como con estudiantes. Paralelamente se remitió el borrador a consulta a las Comisiones de Acción Social, de lo cual también surgieron muchas recomendaciones que fueron incorporadas para posteriormente presentarlo como ponencia ante el VII Congreso Universitario”, acotó la Dra. Adilia Solís Reyes, coordinadora de Trabajo en Comunidad de la VAS.
Además, dijo Solís, el reglamento genera nuevas reglas en cuanto a las funciones y competencias y define el TCU como un proceso pedagógico cuyos resultados deben garantizar la sostenibilidad y autonomía en las comunidades y sectores donde se actúa.
Cambios sustantivos
Entre los objetivos del TCU, el nuevo reglamento destaca que los proyectos inscritos deben fortalecer el quehacer universitario mediante el intercambio y diálogo de conocimientos entre las personas de las comunidades y la universidad.
En esa misma línea, estos se conciben como iniciativas que contribuyen “con las transformaciones que la sociedad necesita para el buen vivir, potenciando las capacidades de los grupos con los que se trabaja e incidiendo en la solución de problemas”.
Estos proyectos pueden ser propuestos por unidades de investigación, de docencia y estudiantiles, así como de iniciativas presentadas por las comunidades y los grupos o instituciones del país. Estas podrán presentarse tanto individualmente o en conjunto.
Como mínimo, los proyectos de TCU deben tener una vigencia de tres años y una persona docente nombrada por un cuarto de tiempo durante el periodo de vigencia del proyecto, a la cual se le debe brindar con continuidad en su nombramiento. Esta persona coordinará un equipo de al menos ocho estudiantes llegando a un máximo de 25 con ese nombramiento.
Además, cuando intervengan varias unidades académicas en la formulación y gestión del TCU, las involucradas definirán la unidad base y la persona que asumirá la coordinación y las responsabilidades establecidas en el nuevo articulado.
“Para clarificar y ahondar en los detalles del reglamento, la VAS ya está realizando actividades de capacitación con las CAS y coordinadores de proyectos de TCU”, agregó Solís.
Equipos de docentes y estudiantes recorren las comunidades del país con propuestas que fortalecen los procesos pedagógicos. En la foto aparece el profesor Carlos Rubio con universitarios de los proyectos TC-503 y ED-1732 que fomentan la lectura creativa en escuelas de primaria. Foto Carlos Rubio.
Para conocer las fechas sobre estos talleres puede seguir este enlace con detalle de las fechas aún disponibles.
El nuevo reglamento también incluye cambios en las funciones de la VAS, al determinar que su labor es de articulación académica, sin abandonar la generación de lineamientos académicos y administrativos. Asimismo, se establecen más claramente las funciones de la Unidades Académicas, de las Comisiones de Acción Social (CAS) y se actualizan las funciones de las y los docentes.
Deberes estudiantiles
El capítulo IV reglamentó la relación de la comunidad estudiantil con la universidad y las comunidades.
En este apartado se determina, entre otros puntos, cuando el estudiantado puede realizar cambios, pasantías entre proyectos, traslados, retiros, interrupciones y prórrogas.
Igualmente, enfatiza que además de presentar propuestas al equipo y cumplir con los planes de trabajo, debe “visibilizar la participación de organizaciones y comunidades en los productos elaborados en el marco del proyecto”.
Otro de los aspectos que regula es la participación de estudiantes en condición de colaboradores. Según la normativa podrán serlo aquellas personas que no están matriculados en algún TCU, pero que participan activamente en la ejecución de un proyecto vigente.
También, quienes luego de aprobar su TCU deseen seguir siendo parte del equipo bajo esta modalidad o estudiantes de intercambio amparados bajo convenios establecidos por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE).
El reglamento establece un debido proceso en caso de incumplimiento de los compromisos estudiantiles y señala puntualmente cómo se contabilizan las horas necesarias para la aprobación de TCU.
El nuevo reglamento concluye con dos artículos transitorios que establecen un periodo de un año para elaborar un documento con las normas éticas para el trabajo en las comunidades desde un enfoque desde los derechos humanos, en coordinación con la Escuela de Estudios Generales. Estos temas serán parte del curso de Seminario de Realidad Nacional I.
Finalmente, en un periodo similar la VAS se enfocará en el protocolo para determinar “los procesos, metodologías y acciones necesarias para compartir saberes entre proyectos de TCU, mediante la ejecución de las pasantías”.
El texto completo del nuevo Reglamento de Trabajo Comunal Universitario está disponible en este enlace.
No se suspenderá ninguna actividad sustantiva ni de obligaciones regulares
El paro activo promueve espacios de reflexión y análisis en todas las áreas del conocimiento. Foto: Anel Kenjekeeva.
El Consejo Universitario (CU) acordó este 21 de septiembre llamar a la comunidad de la Universidad de Costa Rica a un paro activo. Este se entiende como el proceso en el que funcionarias, funcionarios y estudiantes de la Institución cumplen con sus actividades sustantivas y obligaciones regulares; sin embargo, pueden participar en los eventos programados y autorizados por la Rectoría.
Al respecto, el órgano universitario exhorta a las unidades académicas e instancias administrativas a que, en el ámbito de su competencia, organicen y faciliten el debate crítico –al tiempo que promueven, en todo momento, la participación estudiantil– en torno a las implicaciones del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para el país y la Institución.
La unidad insta al Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa a tomar en consideración los argumentos de los diferentes sectores sociales con respecto a la reforma fiscal y a atenderlos de manera efectiva y oportuna, así como a suspender el Proyecto en debate. Esto con el fin de facilitar la negociación política entre las partes y renegociarlo de manera urgente, en beneficio de una mayor justicia y equidad. Además, la Universidad de Costa Rica ofrece su apoyo para elaborar una nueva propuesta.
Medidas similares fueron tomadas en las coyunturas de marzo del 2000 y setiembre del 2005, cuando este órgano decretó paros activos ante la posibilidad de aprobar leyes que pretendían privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, respectivamente. De la misma manera, lo hizo la Rectoría mediante la resolución R-4831-2010, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el 11 de agosto de 2010.
Cuarto foro de la UCR sobre la reforma fiscal.
Sobre la urgencia fiscal
El Consejo se manifestó de acuerdo con una reforma fiscal para ajustar las finanzas del Estado, sobre todo ante el evidente deterioro en que estas se encuentran. No obstante, no está de acuerdo con los medios que se han escogido en este proyecto de ley, en el que están ausentes aspectos, entre otros, como renta mundial e impuestos a grandes capitales. Asimismo, advierte que la afectación para la Universidad de Costa Rica es inminente.
El paro activo supone el fomento de espacios de reflexión y análisis en todas las áreas del conocimiento.
Igualmente, la Universidad acuerda crear una comisión institucional para coordinar y definir las políticas y las actividades que sean necesarias realizar para promover la participación activa y permanente de la comunidad universitaria en el análisis crítico sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Expediente N.° 20.580. Esto para construir una conciencia crítica de la sociedad costarricense y una defensa de la Institución por las afectaciones que esa iniciativa le podría generar.
La comisión estará integrada por dos personas del Consejo Universitario (una de ellas la coordinará) y una persona representante de la Rectoría, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el sector administrativo, el sector docente, el Sindicato de Empleados Universitarios y las Sedes Regionales.
(Acuerdo firme de la sesión N.º 6218, artículo 4, del jueves 13 de setiembre de 2018)
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1.La Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 84, establece:
La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios.
2.La Universidad de Costa Rica, como institución de educación superior pública e Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense, siempre ha actuado apegada al principio de legalidad y no permitirá que el campus universitario sea refugio delincuencial alguno.
3.La Institución cuenta con el Protocolo de ingreso y coordinación de cuerpos policiales en la Universidad de Costa Rica, que establece sus formas de actuar. Por lo tanto, existen mecanismos de información, coordinación y apoyo entre las autoridades universitarias y la Fuerza Pública.
4.La Fuerza Pública, al invadir la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio el miércoles 12 de septiembre, en horas de la noche, y al emprenderla a golpes contra miembros de la comunidad universitaria, violentó los derechos constitucionales de la ciudadanía, en circunstancias que no representaban ningún peligro inmediato para las demás personas, lo cual constituyó un uso desproporcionado de la fuerza.
5.Ante esta situación, las universidades públicas realizaron una marcha multitudinaria el jueves 13 de setiembre, que culminó con el acuerdo suscrito entre los rectores y las federaciones de estudiantes de las universidades públicas con el Gobierno de la República, para investigar y aclarar los hechos acontecidos.
ACUERDA:
1.Deplorar y condenar la actuación de la Fuerza Pública por invadir y ocupar el campus de la Sede Rodrigo Facio el día 12 de setiembre, dado el irrespeto al Protocolo de ingreso y coordinación de cuerpos policiales en la Universidad de Costa Rica. En consecuencia, exigir su aplicación, sin excepción.
2.Rechazar el abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra la comunidad universitaria, lo cual puso en riesgo la seguridad de las personas, los bienes de la Institución y de particulares, con un proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense.
3.Condenar toda acción ilícita cometida por miembros de la comunidad universitaria, como la de cualquier otra persona, y manifestar, categóricamente, a la comunidad nacional que la Universidad de Costa Rica nunca encubrirá acciones de este tipo en su campus.
4.Reiterar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el ordenamiento jurídico y su disposición a colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
5.Apoyar el acuerdo suscrito entre los rectores y las federaciones de estudiantes de las universidades públicas con el Gobierno de la República.
6.Comunicar estos acuerdos al presidente de la República y al ministro de Seguridad Pública.
7.Publicar en diversos medios de comunicación el presente pronunciamiento.
Pronunciamiento del Consejo Universitario, del 20 de agosto de 2018
Como una forma de contribuir con el análisis de la reforma fiscal y sus posibles implicaciones para la UCR, el Consejo Universitario instó al personal académico de la Institución a promover espacios que faciliten el diálogo y el debate sobre este tema. Foto: Andrea Jiménez.
La Universidad de Costa Rica, mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, les recordó a los medios de comunicación que su labor esencial es brindar a la sociedad costarricense información veraz y confiable sobre el acontecer nacional, con estricto apego a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.
Este llamado surge de la preocupación por las constantes noticias vinculadas con el quehacer de la UCR, que se han publicado en las últimas semanas en diversos medios, en el marco del análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la luz de la firma del Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Universitario considera que dichas informaciones contienen datos sesgados que pretenden demeritar la labor de las universidades públicas y que, además, de manera irresponsable, por medio de argumentos falaces, buscan desacreditar la organización y el trabajo de las instituciones de educación superior estatal.
Ante esta circunstancia, la UCR le reiteró a la comunidad nacional su compromiso de contribuir con el análisis y debate de las reformas que necesita el país para atender la crisis fiscal y mantener el bienestar de toda la población.
Al mismo tiempo, reconoció la realidad fiscal y la urgencia de implementar acciones que permitan atender el creciente déficit, sin dejar de lado que invertir en educación es fundamental para asegurar el desarrollo nacional.
El órgano colegiado agregó en el pronunciamiento que la propuesta de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas genera un impacto directo en la sociedad costarricense y en las instituciones de educación superior. Por esto, es pertinente discutirlo y analizarlo en diversos espacios, con el propósito de que las reformas establezcan una estructura tributaria justa y equitativa.
En el caso específico de las universidades públicas, se recalcó que este proyecto pone en peligro la hacienda universitaria, pues incluye otras instituciones (además de las estipuladas en el artículo 78 de la Constitución Política) en el presupuesto destinado a la educación estatal superior. Asimismo, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades, y le da potestad al Ministerio de Hacienda para otorgar los montos a las universidades de acuerdo con el estado de las finanzas públicas.
Su labor es destacada en la defensa de los derechos humanos de pueblos indígenas
La Dra. María E. Bozzoli Vargas es la cuarta mujer galardonada con este premio y la décimo tercera persona que lo recibe. Foto: Andrea Jiménez.
La Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas será condecorada por la Universidad de Costa Rica (UCR) con el Premio Rodrigo Facio Brenes 2018, por su destacada labor y aportes en diferentes campos, especialmente, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El galardón se le entregará durante la ceremonia de celebración del 78.° aniversario de esta casa de estudios superiores, el lunes 27 de agosto, a las 10:00 a. m., en el Aula Magna, de la Plaza de la Autonomía.
La Comisión Dictaminadora del Premio consideró que la obra de esta antropóloga trasciende el ámbito académico, pues su labor ha tenido grandes repercusiones, tanto dentro como fuera de Costa Rica.
“El trabajo de la Dra. Bozzoli ha sido numeroso, amplio y diverso, ya que comprende la producción de conocimiento pionero en temas como los pueblos indígenas, el medio ambiente, la historia de la antropología centroamericana, la arqueología, los derechos humanos, la diversidad cultural y el patrimonio cultural”, señala la resolución que fue entregada al Consejo Universitario, el pasado 7 de agosto.
En el documento también se destacan sus aportes al debate público sobre dichas temáticas, los cuales ampliaron la visión y los márgenes de la integración y la inclusión social de todos los grupos y culturas en el país.
Además, la Comisión tomó en cuenta la fortaleza, generosidad, espíritu humanista y cívico que la han caracterizado y que la mantienen, hasta la fecha, a sus 83 años, en permanente colaboración con causas sociales y políticas que buscan generar el mayor bienestar de las personas.
Pese a que se jubiló desde 1988, la Dra. Bozzoli se ha mantenido activa en la Universidad como profesora emérita e interlocutora de científicos sociales, dirigentes ecologistas e investigadores de las lenguas indígenas, entre otros.
Al ser consultada sobre lo que significa para ella este reconocimiento, expresó que si bien su trabajo tiene proyección pública, le sorprendió el homenaje.
Pionera de la antropología
La Dra. Bozzoli es pionera de los estudios antropológicos en Costa Rica. En 1962, inició su labor docente e investigativa en la UCR, impartió los cursos de Antropología General y Sociología. Más tarde, fungió como encargada de sección, subdirectora y directora del Departamento de Ciencias del Hombre, y profesora de Ciencias Sociales en la Escuela de Enfermería.
Con un doctorado y una maestría en antropología de las universidades de Georgia y Kansas, respectivamente, está reconocida universitaria ocupó diferentes cargos dentro de la UCR. Fue vicerrectora de Acción Social (1976-1981), profesora y directora del Departamento de Antropología, subdirectora de la Escuela de Antropología y Sociología (1982-1985), miembro del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales (1984-1988), y directora de ese órgano colegiado (1985-1986), entre otros. Desde 1992, es profesora emérita en la Escuela de Antropología.
Entre sus numerosas publicaciones sobre asuntos rurales, indígenas y ecológicos, sobresalen los libros: Localidades indígenas costarricenses y El nacimiento y la muerte entre los bribris, al igual que los artículos «El desarrollo de la Región Brunca. Tendencias y perspectivas» y “La frontera agrícola de Costa Rica y su relación con el problema agrario en zonas indígenas”.
El Premio Rodrigo Facio se une a otras distinciones que ha recibido y que reconocen su extraordinaria labor. Entre ellas, el Premio Nacional de Cultura Magón, 2001; premio Malinowski, otorgado por la Society for Applied Anthropology de EE. UU. Además, es presidenta honoraria de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, y en el 2017 recibió la Medalla al Mérito en la Paz y en la Democracia, otorgada por la Presidencia de la República, en el marco del 69.° aniversario de la Abolición del Ejército.
