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Etiqueta: Constitución de 1949

La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

Luis Alberto Monge Álvarez en la Asamblea Constituyente de 1949: pensamiento social, resistencia solitaria y legado democrático

Gerardo Castillo Hernández / Frank Ulloa Royo

Resumen

Este ensayo reconstruye el papel de Luis Alberto Monge Álvarez en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, destacando su pensamiento social y su defensa casi solitaria de las garantías laborales en un contexto de exclusión política, presión empresarial y amenaza contra el Código de Trabajo. A través del análisis de las actas oficiales y fuentes secundarias, se examina su vínculo con el sindicalismo cristiano, su relación con el padre Benjamín Núñez y su legado en la consolidación del Estado social costarricense.

Palabras clave: Luis Alberto Monge, Asamblea Constituyente, garantías sociales, sindicalismo cristiano, Constitución de 1949

1. Introducción: una constituyente en disputa

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue convocada tras la guerra civil de 1948, en un contexto de ruptura institucional y exclusión política. Los sectores vencedores, encabezados por José Figueres Ferrer y respaldados por compañías bananeras y actores externos como la CIA, impulsaron un proceso constituyente con el propósito de refundar el orden jurídico costarricense. Sin embargo, este impulso reformista contenía una amenaza: desmantelar el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el capítulo de garantías sociales promovido por Rafael Ángel Calderón Guardia.

Los dirigentes obreros, comunistas, republicanos y el propio presidente electo —Calderón Guardia— fueron excluidos del proceso. La Asamblea Constituyente quedó dominada por diputados afines al nuevo régimen, con apenas unos pocos representantes del Partido Socialdemócrata. En ese escenario, emergió una figura joven, sindicalista y católica: Luis Alberto Monge Álvarez, quien con apenas 23 años se convirtió en el defensor más firme del capítulo social de la nueva Constitución.

2. Formación ética y sindicalismo cristiano

Luis Alberto Monge se formó en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, bajo la tutela del padre Benjamín Núñez. Su pensamiento social se inspiraba en la doctrina social de la Iglesia, especialmente en la encíclica Rerum Novarum (1891), que reconocía el trabajo como fuente de dignidad y el sindicato como instrumento de justicia. Monge militó en el Ejército de Liberación Nacional, pero mantuvo una postura crítica frente a los intentos de desmontar las conquistas sociales.

Su participación en la Asamblea Constituyente fue marcada por una ética profunda, una visión democrática del trabajo y una valentía política que lo llevó a enfrentar, casi en solitario, a una mayoría hostil. Como recuerda su hijo, Guido Alberto Monge, “papá fue un maestro orientador de diálogo que permitió al país construir las garantías sociales. Nunca pensó que la democracia terminaba en lo jurídico: la democracia debía ser también económica y social”.

3. Intervenciones clave: pensamiento social en las actas

Las actas oficiales de la Asamblea Constituyente registran intervenciones memorables de Monge en defensa de los derechos laborales. En el debate sobre el artículo 58 (jornada máxima), propuso reducir las horas de trabajo en labores pesadas:

“No se puede legislar desde el escritorio para quienes trabajan con el cuerpo. La ley debe proteger al más débil, no justificar la explotación con argumentos técnicos” (Actas ANC, sesión 43).

En el artículo 60, sobre libertad sindical, enfrentó propuestas que buscaban limitar la organización obrera:

“El sindicato no es enemigo del orden, es garantía de justicia. Si el trabajador no puede organizarse, no puede defenderse. Y si no puede defenderse, no hay democracia” (Actas ANC, sesión 65).

En el artículo 56, que consagra el derecho al trabajo como derecho humano, afirmó:

“El trabajo no es una mercancía. Es el medio por el cual el ser humano se realiza, sostiene a su familia y contribuye a la comunidad. Negar ese derecho es negar la ciudadanía misma” (Actas ANC, sesión 61).

Estas intervenciones revelan un pensamiento social coherente, centrado en la dignidad humana, la justicia distributiva y la defensa del trabajador como sujeto político.

4. Resistencia solitaria y contexto político

Monge enfrentó una mayoría legislativa que buscaba eliminar o debilitar el capítulo de garantías sociales. Las compañías bananeras, interesadas en reducir costos laborales, presionaban para eliminar el Código de Trabajo. Algunos diputados proponían limitar el derecho a huelga, reducir las vacaciones y flexibilizar la jornada laboral. Monge, con el respaldo de pocos aliados, defendió cada artículo con argumentos éticos, jurídicos y sociales.

Su resistencia fue solitaria, pero efectiva. Logró preservar el capítulo de garantías sociales, consolidar el derecho a sindicalización, y mantener el Código de Trabajo como ley de la República. Su papel fue reconocido posteriormente por historiadores, sindicalistas y líderes políticos como uno de los pilares de la democracia social costarricense.

5. Legado y proyección

Luis Alberto Monge continuó su trayectoria como diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, embajador y presidente de la República (1982–1986). Pero su legado más profundo está en su papel como joven constituyente que, en medio de la exclusión y la presión empresarial, defendió la dignidad del trabajo y la justicia social como pilares de la democracia costarricense.

Su pensamiento social, registrado en las actas, sigue siendo referencia para quienes luchan por un Estado que proteja a los más vulnerables. En tiempos de regresión laboral y cuestionamiento del sindicalismo, sus palabras mantienen una vigencia luminosa.

Conclusión

La Asamblea Constituyente de 1949 fue un campo de disputa entre la refundación liberal y la memoria social. En ese escenario, Luis Alberto Monge Álvarez encarnó la voz de los excluidos, la ética del sindicalismo cristiano y la voluntad de construir una democracia con justicia. Su defensa de las garantías sociales no fue solo jurídica: fue moral, histórica y pedagógica. Hoy, cuando esos derechos vuelven a ser cuestionados, su ejemplo sigue siendo faro y fundamento.

Referencias

Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Tomos I–III. Edición digital: www.rodolfosaborio.com/actas/anc49.htm
Castillo Ulloa, G., & Ulloa Royo, F. (2023). El pensamiento sindical de Luis Alberto Monge en la Constitución de 1949. Fundación Friedrich Ebert – CEDAL.
De la Cruz, V. (2020). El ejército costarricense y su disolución. La Revista.
Monge Álvarez, G. (2023). Mi tata: el papel de Luis Alberto Monge en la construcción de las garantías sociales. Pódcast Teletica.
Oliva, M. (2005). Gremios, cofradías y organización laboral en la Costa Rica colonial. Editorial